San Cristóbal de Las Casas no es un lugar seguro: A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan

Comunicado de la Colectiva «Gritamos contra el acoso» y la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 31 de mayo de 2018

  • El Estado mexicano, en sus tres niveles, es permisivo y cómplice de la creciente violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en este municipio.
  • En Chiapas, de 2017 a la fecha, se han registrado 57 casos de niñas y adolescentes mujeres desaparecidas.

A más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género en el municipio, las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad. En el último mes se registraron dos feminicidios que siguen en la impunidad.

El 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, en esta ciudad, encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género ni han activado medidas para identificarla.

Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en la colonia San José Buena Vista, al norte de la ciudad, y era estudiante de la escuela secundaria «General Miguel Utrilla», ubicada en la colonia Prudencio Moscoso.

En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios.

La constante criminalización de las victimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas, «Pueblo Mágico», no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en los últimos meses (de enero a la fecha) se han registrado 13 feminicidios. Éstos se suman a las graves expresiones de violencia machista que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias regiones del estado.

A pesar de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para el municipio de San Cristóbal de Las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres. Las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas además en su obligación de actuar con base en el Interés Superior del Niñez establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales.

Hemos denunciado en repetidas ocasiones que, ante el alarmante incremento de desapariciones en la entidad, la implementación de la Alerta Amber y los mecanismos de prevención en el caso de niñas o adolescentes desaparecidas son continuamente retrasados bajo argumentos machistas como «se fue con el novio». Las expresiones de violencia machista, como ésta, ejercidas desde las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia.

Condenamos el secuestro de Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, originaria del municipio de Huixtán, así como la incapacidad de la Fiscalía General del Estado en la investigación y el abandono del caso.

Resulta más que preocupante que las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas, y del actual Ayuntamiento, se caractericen por su carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales porque su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres.

Desde la Colectiva «Gritamos contra el acoso», la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, las organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas nos acosan, desaparecen, violan, y asesinan.

Hoy, 31 de mayo, salimos a las calles de San Cristóbal de Las Casas «Pueblo Trágico» para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras asesinadas y exigir se nos garantice una vida libre de violencia. Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas rechazar firmemente la violencia machista que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en esta ciudad, y a exigir:

  • Se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, por contravenir claramente su derecho a la protección e integridad.
  • Se capacite a las autoridades para que actúen e investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia.
  • Se establezca un Protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia.
  • De manera particular hacemos un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en nuestra entidad.
  • Exigimos se investigue el caso de Pascuala, que se recupere a salvo, se entregue a su familia y se sancione a los responsables.

Nosotras las nombramos y no las olvidamos porque nos duelen. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos.

Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos, nos defendemos.

¡Vivas nos queremos!

¡Ni una muerta más!

Atentamente:

Colectiva «Gritamos contra el acoso»; la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, Formación y Capacitación AC (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal AC, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración; Semilla del Sur; Centro Educativo Sueniños; Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC; Colectiva Cereza, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Otros Mundos AC; Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»: Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo» (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro «Fray Julián Garcés» Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos «Fray Matías de Córdova», A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos «Juan Gerardi», A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz «Bety Cariño», A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas «Flor y Canto», A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos «Fray Juan de Larios», A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos «Hasta Encontrarlos» (Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas); y personas que habitamos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Más información:

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Informe «Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017»

Justicia Climática: Demandan a Shell por no querer reducir su uso de combustibles fósiles

El 4 de abril 2018, la organización holandesa Milieudefensie/Amigos de la Tierra Países Bajos envió una carta a la empresa Royal Dutsch Shell Company en la que le exigía reducir su uso de combustibles fósibles y sus emisiones de gases invernadero, avisándole que al no cumplir con esta exigencias poulares, la organización emprendería una acción judicial contra la compañía. Este 28 de mayo, Shell respondió a Milieudefensie negándose a cumplir con estas demandas, por lo que la ONG iniciará una acción judicial histórica contra Shell con el apoyo de más de 15.000 co-querellantes honorarios y más de 11.000 co-demandantes.

>> Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional:

Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie) cursó a Shell una notificación de intención de demanda a la empresa el 4 de abril 2018 por su responsabilidad por el cambio climático, dándole ocho semanas para evitar un litigio si accedía a satisfacer los reclamos de Milieudefensie. Desde entonces más de 15.000 personas de 70 países se han sumado a esta causa por el clima como co-querellantes honorarios y más de 11.000 personas se han sumado a la causa como co-demandantes.

En la carta de respuesta de Shell recibida el 28 de mayo, la Secretaria de la Royal Dutch Shell Company Linda Szymanski rechazó los reclamos de Milieudefensie manifestando: «No me propongo responder en detalle a los reclamos que han planteado». Shell a cambio se refiere a su nivel de ambición actual frente al cambio climático. Sin embargo, la asamblea general de accionistas de Shell rechazó la semana pasada una resolución que proponía que la empresa adoptase metas de reducción de emisiones acordes al Acuerdo de Paris. 

El abogado de Milieudefensie Roger Cox dijo: «Shell no se tomó la molestia de responder a los reclamos y argumentados presentados en la misiva de Milieudefensie. Su modelo de negocios sigue encaminado a un choque frontal con el acuerdo sobre el clima. Shell solamente reitera las medidas marginales que ha adoptado para proteger el clima y que ya conocemos, pero no aborda el asunto del que trata la acción judicial: frenar el cambio climático peligroso».

Shell sostiene en su carta de respuesta que los tribunales no son «el foro adecuado para hacer avanzar la transición energética mundial». El director de Milieudefensie Donald Pols señaló: «Shell claramente ha malinterpretado el ordenamiento jurídico. Si las empresas o los gobiernos violan la ley, es un asunto que pasa a ser de los jueces. La gente está reclamando justicia cada vez más por la contaminación que provocan empresas como Shell».

Sara Shaw, activista de campaña de Amigos de la Tierra Internacional expresó: «Es ilegal prenderle fuego a la vivienda de alguien. Nosotras y nosotros consideramos que es asimismo ilegal que las empresas de combustibles fósiles pongan intencionalmente en llamas nuestro hogar común. El reclamo mundial por justicia climática está cobrando hoy cada vez más fuerza».

Amigos de la Tierra Internacional invita a más personas a sumarse a la causa judicial contra Shell como co-querellantes honorarios.

Contactos:

> Lowie Kok o Marlijn Dingshoff, Amigos de la Tierra Países Bajos – Celular: +31 (0) 62 959 3883 – Teléfono fijo: +31 (0) 20 550 7333

> Sam Cossar-Gilbert, Amigos de la Tierra Internacional – sam.cossargilbert@foe.org.au – Celular: +61 413496570

Más información:

La carta de respuesta de Shell a Milieudefensie a 28 de mayo (PDF)

Ocho escándalos que demuestran el largo historial de menosprecio de Shell hacia la gente y el planeta

Jueves 31 de mayo a las 5.30 PM: Marcha en San Cristóbal de las Casas contra los feminicidios en Chiapas

Mañana jueves 31 de mayo de 2018 a las 5:30 de la tarde se llevará a cabo una marcha contra los feminicidios en San Cristóbal de Las Casas, partiendo del la Plazuela de Guadalupe. La marcha está convocada por la Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas.

LLamado de la Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas:

Durante los últimos meses se han registrado decenas de agresiones en distintas regiones de Chiapas; tan sólo en el último mes se registraron dos feminicidios en San Cristóbal de Las Casas; reportados y escasamente difundidos por la prensa.

El primero de ellos ocurrió el 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, con el asesinato de una mujer que no se logró identificar pero que en las notas periodísticas aparece como una mujer alcohólica, justificando así el feminicidio tan crudo y violento que vivió la compañera.

El segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años.

La constante en las víctimas de feminicidios es su criminalización. Estos dos casos son muestra de ello. En redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios se culpabilizó a las dos mujeres, justificando su deceso en las prácticas de consumo de alcohol, y el horario nocturno de sus actividades.

La criminalización de las víctimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y no señala a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas «pueblo mágico», no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en lo que va del año 2018, se han registrado 13 feminicidios en Chiapas (conteo hasta el 14 de mayo).

Desde «Gritamos contra el acoso», la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas, organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas no sólo nos acosan, nos desaparecen o violan, también nos asesinan.

Por ello invitamos a todas las mujeres, colectivas, organizaciones, barrios, colonias, estudiantes y a todxs los que se quieran sumar a que salgamos a las calles este 31 de mayo para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras y exigir se nos garantice una vida libre de violencia.

Nosotras las nombramos y no las olvidamos porque nos duelen. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos.

Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos, nos defendemos.

Fecha: Jueves 31 de mayo a las 5:30 PM
Lugar de encuentro: La plazuela de Guadalupe

Trae tu cartel, tu esténcil, tu cuerpo, tu voz, tu corazón o aquello con lo que gustes protestar.
Pedimos una vela y flores para colocar una ofrenda para recordarles.

>> Descarga aquí y comparte la carta de invitación a la marcha <<

>> AUDIO: invitación a la marcha <<

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VIDEO: Pronunciamiento de Juan Almendares contra el servicio militar obligatorio en Honduras

El Doctor Juan Almendares Bonilla es miembro del Movimiento Madre Tierra Honduras/Amigos de la Tierra Honduras y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4) y presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de las Torturas y sus Familiares en Honduras.

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«Estamos ante un Estado policial, militar, punitivo, represivo. Un estado militar no porque haya militares sino porque está ocupado militarmente por los Estados Unidos.

Cada vez que se anuncia un servicio militar obligatorio es que el ejército se siente débil frente a una guerra. Pero aquí lo que tenemos es una guerra total contra el pueblo. Hemos tenido a más de 50.000 muertos en los últimos seis años. Es más que una guerra. Aquí tenemos no solamente una guerra contra los pobres sino también contra los mismos empresarios que tengan un sentido nacional.

¿Qué paradigma representan las Fuerzas Armadas de Honduras para los jóvenes? ¿Qué soberanía defienden si defienden más los intereses del Comando Sur y del Pentágono que los intereses del país? ¿Cuál es el fin de ellos si han sido realmente los ejecutores de la Doctrina de Seguridad Nacional? ¿Y qué significa la Doctrina de Seguridad Nacional? Entrenar torturadores en la Escuela de las Américas o en los planes de agresión de Estados unidos contra América Latina. Quieren un servicio militar porque necesitan fuerzas, ¿para qué? ¿Para golpear a los jóvenes?

La nueva Doctrina de Seguridad Nacional es la limpieza social, es la agresión contra la juventud y también la agresión contra las mujeres. Las fuerzas armadas de Honduras representan al patriarcado que está articulado a las fuerzas actuales del neoliberalismo que nos afecta a todos. Por eso una feminista como Rita Segato, llama muchas cosas que tiene que ver con el cuerpo. Todas las denuncias que se han hecho es contra las violencias contra los cuerpos, sean de hombres, de mujeres o de las personas LGBT. Ella habla de la «pedagogía de la crueldad». El servicio militar obligatorio es una pedagogía de la crueldad en su gran extremo.

La política que sigue el ejército, no hay que verla aislada de un modelo económico y de un modelo intervencionista. Por eso nosotros preferimos tener conciencia antes de prestar la conciencia a los intereses de una cooperación que ayuda al servicio militar obligatorio. Estamos contra eso. No queremos recibir un centavo de ninguna cooperación internacional que es intervencionista a la dignidad de este país.

Por otro lado, es importante entender porqué tenemos impunidad en este país, porqué tenemos los gastos mayores en ejército, y no en salud ni en educación. Hay un Consejo de Seguridad, hay una Inteligencia que realmente está haciendo estragos en todos los niveles. Los jóvenes son reprimidos. Ya lo vimos con la militarización de la universidad y la tortura en la universidad. Ya hemos visto el asesinato de Soad Bastilla Ham, de 13 años, que levantó su voz y que apareció estrangulado en un saco y tirado en la calle. Como el asesinato de jóvenes del Instituto Vicente Caceres.

¿Para qué queremos un ejército y una policía que ha fracasado en todos los sentidos y cuando algunos de estos cuerpos han estado metidos en crímenes? Tenemos una política criminal del estado que atenta contra la libertad y por eso ahora, lo que tenemos es un sistema carcelario, una democracia encarcelada. tenemos cárceles y militares por todos lados y no han podido ni vencer el gorgojo. El gorgojo los derrotó.

La premisa de un ejército para cuidar al ambiente es falsa. La premisa de un ejército para que cuide los centros hospitalarios es falsa. La premisa para que cuide a los jóvenes en las escuelas es falsa. Ese paradigma militar es vergonzoso. No puede servir de ejemplo a los jóvenes.

Por otro lado, están involucrados cuerpos militares y policiales en la trata de blancas y el abuso sexual y la violación de mujeres. Este Estado no tiene límites, pero hay que ponerle un límite. La gente que se ha opuesto a este Estado está en las cárceles de máxima seguridad, que son centros de tortura donde la tortura es cotidiana. La bota militar se impone porque detrás de ella está la bota del poder económico de las multinacionales que golpean a nuestra juventud y a nuestras mujeres.

Hay que desmantelar el patriarcado en esta sociedad. Hay que desmantelar esta dimensión histórica que nos sumía como pueblo. Hay que levantar la conciencia. No solamente hay que decir NO al servicio militar obligatorio sino que hay que decir NO al Estado policial-militar y a la ocupación militar noerteamericana.»

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Chiapas: A pesar de la Alerta de Género, las autoridades siguen sin contar con datos sobre el feminicidio

Comunicado de prensa de Mujeres Libres COLEM A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio – Tuxtla Gutiérrez, a 26 de mayo 2018 (Descarga el comunicado en PDF)

A pesar de la Alerta de Género, las autoridades siguen sin contar con datos sobre el feminicidio, lo que impide la generación de políticas públicas para su erradicación

En el periodo de enero de 2014 a octubre de 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país, documentó en el Informe «Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017»: 282 asesinatos de mujeres en Chiapas, de los cuales 125 fueron considerados como feminicidios, es decir sólo 44.32%.

Durante el periodo referido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas informó de manera parcial sobre los datos registrados durante dicho periodo. Aunado a ello, sólo proporcionó información sobre 4 de las 22 variables solicitadas por el OCNF, es decir, de los feminicidios ocurridos únicamente en 2014 y 2015, limitado a 64 casos.

Las variables proporcionadas tienen que ver con la edad de la víctima, el método utilizado para asesinar a las mujeres, el lugar del hallazgo y la relación entre la víctima y el victimario, sin embargo, esta información no permite realizar un diagnóstico a profundidad que pueda generar políticas públicas de prevención, atención y sanción del delito, mucho menos para que estás atiendan de manera particular a las mujeres indígenas, mujeres trans o a las mujeres migrantes.

Ante la ausencia de información oficial, las organizaciones de la sociedad civil han tenido que recurrir al registro hemerográfico y a los datos de los casos que acompañan.

Según datos obtenidos por Mujeres Libres COLEM A.C., organización feminista integrante del OCNF, en lo que va del 2018 se han registrado 29 casos, 13 han sido feminicidios, 2 posibles feminicidios, 4 tentativas de feminicidio y 9 más han sido muertes violentas por accidentes, suicidios, entre otros.

A pesar de que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas (AVG) -declarada el 18 de noviembre de 2016- mandata al gobierno de del Estado contar con una base de datos que permita conocer la problemática, la autoridad no da características de los feminicidios, lo que es grave e impacta de manera negativa en la vida y seguridad de las mujeres, además de impedir la creación de una política de prevención de los delitos.

Si bien las consignaciones realizadas por feminicidios son de el 87.30% (contrario a los casos de homicidios dolosos de mujeres los cuales son judicializados sólo en un 26%) estos son en su mayoría feminicidios íntimos, lo que impide reconocer la participación de otros actores y otros casos.

En cuanto al protocolo de investigación del estado de Chiapas, el cual se emitió en 2016, este no incorpora la perspectiva de género en la investigación del delito, ni especifica las diligencias particulares que deben realizarse para la acreditación de las razones de género y no está actualizado al nuevo sistema de justicia penal.

Cabe mencionar que en los casos documentados se ha identificado un patrón relacionado con la desaparición y el feminicidio, frente a lo que las autoridades no han realizado las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar dicha violencia.

Ante ello, es grave que a año y medio de la Declaratoria de AVG, las autoridades no implementen de manera eficaz las recomendaciones realizadas y no actualicen la información sobre los nuevos contextos de la violencia contra las mujeres, por lo que como organizaciones y defensoras de los derechos humanos exigimos al gobierno federal y de Chiapas, en sus respectivos ámbitos y mandatos:

– Cree e implemente una Unidad de Análisis y Contexto en Chiapas, que fortalezca las investigaciones, que identifique los diversos contextos de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios;

– Que la entidad cuente con un protocolo especializado para la investigación del delito de feminicidio, que promueva la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones del personal y las autoridades encargadas de la investigación, para que en este mismo sentido, se promueva la capacitación para las y los operadores, hecho que garantizará la debida diligencia, lo cual permitirá el esclarecimiento del hecho y el acceso a la verdad y a la justicia;

– Que se reformen los marcos penales y administrativos para reconocer como delitos y faltas graves los actos de estigmatización a las víctimas, de omisión, negligencia y obstrucción de justicia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, y que se investiguen de manera oficiosa;

– Que se establezcan los mecanismos efectivos para garantizar la reparación integral del daño que incorpore las medidas de atención y rehabilitación a niñas, niños y adolescentes huérfanos/as (como lo hicieron los estados de México y Jalisco en el marco de la AVG), sin que éstos se supediten a los procesos judiciales;

– Que la Fiscalía investigue desde un inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio, incluyendo los suicidios, accidentes y los que se comentan en contextos relacionados con el crimen organizado y los conflictos armados en la entidad.

– Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) establezca medidas específicas de política criminal relacionada con el feminicidio, con base en las recomendaciones hechas por medio de las alertas de género.

El Informe sobre feminicidio presentado en el Museo de Tuxtla, Gutiérrez, documentó a nivel nacional el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales 2,188 fueron investigados como feminicidio, es decir, sólo el 24.57%. Dicho Informe fue realizado gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y la Embajada de los Países Bajos.

Atentamente,

Mujeres Libres COLEM A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Contacto: Atziri Ávila – Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio – Cel.9512536082 – ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org
– Twitter: @OCNF – FB: OCNFeminicidio México – www.observatoriofeminicidiomexico.org

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Comunicado del M4 ante atentado contra compañeros de la organización Nuevo Día de Guatemala

Comunicado del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), a 25 de mayo 2018

Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- repudiamos enérgicamente el atentado en contra de la organización hermana Nuevo Día en la madrugada del día martes 22 de mayo de 2018.

Esta agresión forma parte de una serie de ataques en contra de dirigentes de movimientos sociales, que luchan por la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos. Se suma a cuatro asesinatos de defensores de derechos humanos en Guatemala en menos de un mes en medio de una crisis política.

Denunciamos el carácter criminal que asumen las empresas y las oligarquías en la región, así como la complicidad de los gobiernos, al no garantizar el pleno ejercicio de Derechos Humanos.

Nos solidarizamos con la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo Día. Exigimos a las Organismos de Justicia que investiguen a los autores materias e intelectuales de este atentado.

¡Basta de hostigamiento a las y los defensores del territorio!
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4)

MÁS INFORMACIÓN:

Publicación de la Central de Organizaciones Indígenas Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND) en Facebook:

Boletín del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos:

«El Observatorio ha recibido con grave preocupación información de fuentes fidedignas sobre las amenazas en contra de la Central de Organizaciones Indígenas Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND) y, concretamente, en contra de su Coordinador General, el Sr. Omar Jerónimo. La CCCND ofrece a las comunidades indígenas acciones de capacitación y asesoría legal en temas relacionados con la economía rural, el medio ambiente, derechos y tierra. Su trabajo está centrado en la protección del medio ambiente y del territorio, cosa que les ha llevado a sufrir fuertes presiones por parte de los proyectos hidroeléctricos Las Tres Niñas y Jombo, y de los proyectos de explotación minera Cantera de los Manantiales.

Según la información recibida, durante la madrugada del 22 de mayo de 2018 unos desconocidos dispararon contra el vehículo de la organización CCCND que se encontraba estacionado frente a la casa del Sr. Omar Jerónimo, en la localidad de Camotán, Chiquimula, dejándole además un mensaje amenazador en un papel de periódico. Tras reportar este ataque la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se personaron en el lugar de los hechos.

El Observatorio destaca que no se trata de un ataque aislado contra CCCND, sino que se enmarca en una larga lista de ataques recientes en contra de la organización incluyendo el asesinato de una persona integrante de CCCND y de dos familiares de personas vinculadas a CCCND desde junio de 2017, así como el allanamiento y desconexión de cámaras de seguridad de la oficina de la CCCND el día 24 de abril de 2018. Además, el Sr. Omar Jerónimo ha sido objeto de ataques contra su propiedad y su seguridad recientemente: destrucción de cables de la luz en su domicilio; informaciones sobre un supuesto plan para asesinarle junto con los líderes de las comunidades de Lelá Chancó y Lelá Obraje un día antes de la visita de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; actos de seguimiento por personas presuntamente vinculadas al Ejército de Guatemala desde el 15 de mayo de 2018. (…)»

Tres asesinatos de defensores de derechos humanos en Guatemala en mayo 2018: Luís Arturo Marroquín del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) asesinado el 9 de mayo en el departamento de Jalapa; José Can Xol, miembro del Comité Campesino Del Altiplano (CCDA) de Alta Verapaz, asesinado el 10 de mayo; Mateo Chamán Pauu, del CCDA, asesinado el 14 de mayo.

Comunciado de Tzk´at-Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario:

«Estos deleznable hechos contextualizan la intensificación de la criminalización y la persecución política de hombres y mujeres quienes a diario defienden los Derechos colectivos y de Madre Tierra en un contexto brutal y de empobrecimiento agudo, en donde las comunidades se enfrentan a la hambruna cotidiana, y donde en medio de las complejidades políticas, las comunidades están organizadas para la defensa territorial. Las amenazas y ataque al movimiento originario y campesino Nuevo Día se dan en un marco de asesinatos a dirigentas y dirigentes de otros movimientos Indígenas y campesinos que únicamente buscan el Buen Vivir, que respete a los pueblos así como a los ríos, bosques, montañas, animales, autonomía alimentaria, así como a mujeres, niñas, hombres y personas mayores.»

VIDEO: Conversatorio con Antonino García sobre el avance del extractivismo en Chiapas

El 3 de abril 2018, Antonino García García, profesor en Desarollo Rural de la Universidad Autónoma Chapingo en Chiapas, México, fue el invitado del conversatorio mensual organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR).
 
En este conversatorio titulado «El avance del extractivismo en Chiapas», Antonino García García compartió una parte del libro «Extractivismo y Neoextractivismo en el Sur de México: Múltiples Miradas» que él coordinó y se publicó este año.

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>> DESCARGAR el libro «Extractivismo y Neoextractivismo en el Sur de México: Múltiples Miradas» <<

Extracto de la presentación del libro, por Antonina García García:

«La presente obra que el lector tiene en sus manos es producto del seminario internacional denominado Las venas abiertas del Chiapas contemporáneo, diálogos socio-ambientales entre actores, de lo local a lo global, celebrado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, los días 23, 24 y 25 de octubre de 2013. Se acordó entre varios ponentes, después de terminar el seminario, elaborar manuscritos de tipo artículo científico para conformar un libro colectivo. Esta determinación se hizo con base en el éxito del seminario donde la asistencia de participación promedio diario estuvo de alrededor de seiscientas personas de organizaciones civiles, en resistencia, lucha agraria, contra megaproyectos, asociaciones no gubernamentales, académicos y estudiantes(as) nacionales e internacionales, público en general interesado en la temática, medios de comunicación libres y no libres.

El objetivo del seminario antes mencionado es el mismo de este libro, sólo que ampliado el espacio geográfico, no circunscrito únicamente a Chiapas; se pone en evidencia el modelo extractivista en sus diferentes fases cíclicas en las últimas seis décadas a través de estudios que dan cuenta de la dinámica de concentración de tierra, minería a cielo abierto, hidroenergía e hidrocarburos, parques eólicos, areas naturales protegidas con enfoque conservacionista y de exclusión de comunidades agrarias, turismo rural, innovación agropecuaria en un contexto de mercado competitivo.

El extractivismo es una modalidad de acumulación que inició masivamente hace 500 años; con la conquista y la colonización de América, África y Asia se empezó a estructurar la economía mundial, ésos son los antecedentes del actual sistema capitalista (Acosta, 2011). El uso del término extractivismo se vinculó en un principio a la minería y al petróleo (Seoane, 2012; Gudynas, 2013). Se entiende como extractivismo todas aquellas actividades relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales en grandes volúmenes o alta intensidad, destinados a la exportación en 50% como materias primas sin procesar o con mínimo procesamiento; incluye las fases de exploración, descubrimiento, explotación, así como las etapas posteriores de cierre y abandono de los sitios de apropiación (Gudynas, 2013).

En un acercamiento más abarcador se incluye a los monocultivos con orientación agroexportadora (soja, banano, palma africana, entre otros), forestales (por ejemplo, monocultivo de teca y eucalipto), pesquerías en alta mar (harina de pescado) y en costas (granjas de salmón y camarón), así como el turismo a gran escala (cruceros) (Gudynas, 2013).

Los rasgos centrales que caracterizan al extractivismo según Gudynas (2009, 2011a, 2011b, 2012, 2013), Acosta (2011), Svampa (2011a y 2011b) y Seoane (2012) son la explotación intensiva a gran escala de recursos naturales (RRNN), tanto renovables como no renovables; el grado de procesamiento es nulo o mínimo, y los recursos que se extraen se destinan fundamentalmente a la exportación. Generalmente, la población local no se beneficia de este tipo de proyectos y es despojada de sus tierras; un proceso de desestructuración sociocultural de pueblos y comunidades se hace presente.

El capitalismo no es una economía, aunque evidentemente existe una economía capitalista, es en esencia una formación social o tipo de sociedad impregnada por la debacle de valores ético-culturales, donde el poder y el individualismo juegan un papel preponderante; el extractivismo es una categoría de extensión de ese tipo de formación social dentro del actual capitalismo. La economía capitalista es acumulación por extracción de plusvalor, es decir, reproducción ampliada del capital; en la sociedad capitalista se produjo la separación de la esfera económica del ámbito político en el sentido ético.

La economía extractiva de conquista, robo, pillaje, engaño y poder supranacional manifiesto en escalas inferiores es uno de los aspectos de una sociedad extractiva (formación social extractiva). Esa sociedad extractiva en su ser y estar en la vida (plano psicológico) es la columna central del capitalismo, en su fase de dominio del capital financiero.

El bien-estar y ser psicológico de ese tipo de sociedad depende fundamentalmente del consumismo, la competencia, la estrategia de acumular bienes materiales, la felicidad superficial (materializada) y el individualismo; ésas son las raíces profundas de ese nuevo espacio societal ocupado, donde la locura individual y colectiva cobra relevancia en tiempos de carrera de todos contra todos. Los espacios locales, comunitarios, círculos afines en pequeña escala, comunicación directa y afectiva, son la energía que puede agrietar las múltiples cabezas de ese sistema socio-psicológico de violencia.»

El extractivismo actual como modelo impuesto por el sistema capitalista en su fase neoliberal es, en esencia, continuidad del saqueo histórico de recursos o bienes de la naturaleza que impone el mundo occidental al Sur del planeta; el imaginario del Norte es una concreción lineal de la historia y la cultura, donde todo tiene un principio, un camino único de recorrido y una meta, es decir, una receta reticular.

Ese imaginario de linealidad trastoca las raíces culturales-históricas de pueblos y comunidades indígenas y agrarias, donde la concreción del mundo es circular y dendrítica, con ondas de expansión de cambio y continuidad, avance y retroceso como un todo entrelazado por la misma sustancia (cultura e historia).»

>> DESCARGAR el libro completo <<

Más información:

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En la prensa:

El avance del extractivismo en Chiapas

 

Colombia: Ayuda a las víctimas de Hidroituango

Llamado a la solidaridad Nacional e Internacional:

El proyecto hidroeléctrico Hidroituango en el departamento de Antioquia, es la obra de infraestructura más grande que se ejecuta actualmente en el país. Desde el 28 de abril presenta serias fallas técnicas por el taponamiento del túnel de desviación del río Cauca, que han generado una emergencia por el desbordamiento del cauce, poniendo en riesgo la vida, viviendas, medios de producción y trabajo de miles de familias.

El 16 de mayo se derrumbó la casa de máquinas de la represa, por medio de la cual se estaba tratando de evacuar el agua acumulada, configurando una catástrofe que podría convertirse en la más grave en términos ecológicos y sociales que haya vivido este país latinoamericano.

Las condiciones antes mencionadas han llevado a la evacuación de 4985 personas aguas abajo de las obras implicadas; más de 1000 se encuentran en albergues riesgosos, con escasez de alimentos y medicinas y cuando menos, 12 municipios ribereños estén en alerta por inundaciones y avalanchas, producto del represamiento del río Cauca. El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), compañía que ejecuta el proyecto, habla de 120mil afectados potenciales aguas abajo. Esto tan sólo refiriéndonos al drama humanitario.

El ambiente en la región es de temor, desesperanza y desconsuelo. En estos momentos urge la solidaridad nacional e internacional para las comunidades que han perdido sus viviendas, formas de sustento y de relacionarse con el entorno. Hacemos un llamado enérgico a sumarnos a las voces que reclaman conocer responsabilidades de los actores implicados en esta tragedia, así como formas de apoyo urgentes para las familias afectadas, quienes ahora requieren medidas inmediatas para resolver las necesidades más acuciantes.

Por esto apelamos a su sensibilidad para realizar donaciones desde fuera de Colombia.

Debido a la emergencia en curso en Colombia, estamos utilizando la cuenta bancaria de la Coalición Mundial por los Bosques (Global Forest Coalition – GFC) para aceptar donaciones para los esfuerzos de emergencia.

Debe indicar que está transfiriendo una «donación para Colombia».

Donación por única vez:

Usted puede transferir su donación a la cuenta de la Coalición Mundial por los Bosques en Amsterdam:

Bank Name: Triodos Bank Nederland
Utrechtseweg 44, 3704 HD Zeist
Postbus 55 , 3700 AB Zeist
IBAN: NL75 TRIO 0390 9649 48
Swift: TRIONL2U

Donación en línea:

Usted puede hacer su donación en línea con total seguridad, utilizando este formulario de donación en línea, mediante iDeal, tarjeta de crédito, cheque, PayPal o autorización por única vez. La conexión es segura y sus datos no pueden ser leídos por terceros.

Donación periódica:

Para transferir una cantidad regular de su cuenta, por favor complete este formulario de la Coalición. De acuerdo con la legislación de los Países Bajos, gracias a las características de la GFC como fundación su donativo es deducible de impuestos.

Por más información sobre modalidades de apoyo sírvase consulta la página web de la Coalición o dirigirse a la Secretaría de la Coalición: info@globalforestcoalition.org.

Valoramos cualquier aporte que esté a su alcance ofrecer. ¡Juntos podemos lograr más!

Más información:

Cronología de una tragedia provocada

El Río Cauca se debe liberar y a las comunidades escuchar

Desde México nos solidarizamos con los defensores y las defensoras del Río Cauca en Antioquia, Colombia

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[AUDIO] Se cumplen 25 años del Convenio sobre la Diversidad Biológica

Este 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, acordado por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Un buen momento para recordar que al final del presente año la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD) de la ONU cumplirá 25 años.

La Convención sobre la Diversidad Biológica fue uno de los principales acuerdos alcanzados durante la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Establece tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios por el uso de recursos genéticos. Esos objetivos están deteminados por las «Metas de Aichi», una serie de veinte metas acordadas en Aichi, Japón, en 2010, por los países miembros de la CBD, para frenar la perdida de biodiversidad entre 2011 y 2020.

Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, comentó a Radio Mundo Real, los alcances de la CBD y qué lógicas están en disputa para llevar a cabo las Metas de Aichi.

> Escuchar la entrevista completa en Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional <

Extractos:

«Desde 1922 esta Convención ha tenido por objetivo tomar medidas efectivas y urgentes para detener la perdida de diversidad biológica a nivel mundial a fin de asegurar que para el 2020 los ecosistemas tengan capacidad de recuperación, asegurando de este modo la variedad de vida del planeta. Al cumplir estas medidas, según el Convenio, las presiones sobre la diversidad biológica se reducen, los ecosistemas se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible y los beneficios que surgen de la utilización de los recursos genéticos se comparten de forma justa y equitativa. Además de aplicar eficazmente políticas adecuadas, la adopción de estas decisiones, según el Convenio, se basa en fundamentos científicos sólidos y enfoques precautorios.

En las discusiones de la CBD han participado organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidades indígenas, movimientos, grupos de la comunidad científica e individuos. Se ha dado una pelea muy dura porque la CBD trata temas muy delicados como los conocimientos tradicionales asociados al uso y el manejo de la biodiversidad o la regulación de organismos genéticamente modificados (OGM).«

«Hay que tener mucho cuidado con lo cortoplazista que suelen ser metas de este tipo que todavía no analizan las causas subyacentes del cambio climático. Por ende, muchas de las soluciones que se están implementando en los países tienen que ver con el modelo de las mal llamadas energías limpias como los parques eólicos o solares que desplazan comunidades y le apuestan otra vez a formas centralizadas de producción de energía.

Por otro lado, la implementación de estas agendas tienen que ver mucho con el poder de los países que participan en las discusiones. Siempre se corre el riesgo que la agenda sea ganada para implementar proyectos como la agricultura climáticamente inteligente, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) o los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD). Todo esto crea un modelo que vulnerabiliza las comunidades y agudiza la disputa en este tipo de espacios por que se enfrentan dos tipos de lógica: una cortoplazista y otra que quiere implementar soluciones desde los pueblos y los territorios.

Es allí donde cobra importancia el trabajo de organizaciones como Amigos de la Tierra Internacional, que junto con aliados y aliadas empuja para que estas cuestiones importantes para todos y todas no se queden solo en el plano de las discusiones entre gobiernos sino que se tomen en cuenta las voces de los pueblos y las comunidades. El cómo seguir está determinado por el trabajo de las organizaciones, los pueblos y las comunidades y nuestra capacidad para seguir apostándole a las soluciones que vienen desde, con y para los pueblos.«

> Escuchar la entrevista completa en Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional <

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[AUDIO] Caso Mariano Abarca: «Confiamos en que al final la justicia se va a imponer»

Participación de Miguel Ángel de los Santos (Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chiapas -UNACH), abogado de la familia del defensor Mariano Abarca asesinado en noviembre 2009, durante la conferencia de prensa que organizamos el 18 de mayo 2018 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para anunciar que acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia.

> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO <<

Foto: Miguel Ángel de los Santos durante la conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 18 de mayo 2018

«Mariano Abarca fue asesinado el 27 de noviembre del 2009. Desde entonces, la familia y las organizaciones civiles que la acompañamos iniciamos este largo recorrido en la búsqueda por la justicia que todavía no se alcanza. Nos ha llevado a tocar la puerta en reiteradas veces de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Nos ha llevado a la ciudad de Washington en Estados Unidos para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017 contra el Estado mexicano. Y en febrero del 2018 nos ha llevado a Canadá para buscar que se haga justicia y cese la impunidad.

Hemos pedido a una instancia del gobierno de Canadá que se llama el Comisionado para la Integridad de la Admistración Pública de Canadá (CIAPC) que se revise la actuación de la misión diplomática canadiense en México en el caso de Mariano Abarca. El Embajador de aquel entonces y otros miembros de la misión diplomática estuvieron intercediendo a favor de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration. Esta actividad a favor de la empresa implicó incluso visitas reiteradas al Estado para entrevistarse con el gobernador, con el secretario de gobierno de Chiapas. Generó un mayor riesgo para la vida de Mariano Abarca. Nosotros estamos convencidos de que esa conducta de la misión diplomática constituye una extra limitación de las funciones de la diplomacia canadiense en México y por eso pedimos que se investigara.

Mariano Abarca fue encarcelado en agosto 2009, unos meses antes de que lo asesinaron. Durante ese tiempo, los miembros de la Embajada canadiense en México estuvieron interviniendo no para defender a Mariano, sino para defender los intereses de la empresa canadiense. Podemos entender que el gobierno de Canadá tenga que proteger sus intereses económicos. Lo que no aceptamos es que se lleve a cabo esa actividad de privilegiar los intereses económicos de una empresa poniendo en riesgo la vida de un defensor de los derechos humanos y de los derechos ambientales. Cuando la vida de una persona se encuentra en mayor riesgo derivado de la actividad diplomática, esas conductas no pueden estar permitidas. Creemos que las leyes de Canadá lo prohiben, y por eso hicimos ese planteamiento al CIAPC.

No obstante, la respuesta de CIAPC fue bastante contradictoria con sus políticas y con sus leyes. Negó llevar a cabo esta investigación porque según ellos las acciones llevadas a cabo por la diplomacia canadiense a favor de la empresa no constituye una conducta que deba ser investigada. Creemos que la decisión es equivocada y merece ser revisada por una autoridad federal, en este caso la Corte Federal de Canadá, porque estamos convencidos de que sí hay elementos para que el CIAPC lleve a cabo una investigación sobre las acciones de la diplomacia canadiense en México.

La idea de acudir a los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico de Canadá atiende también a otra necesidad que tenemos, que es agotar los recursos legales en ese país para posteriormente presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado canadiense. El camino por la justicia es largo y nos ha llevado por diferentes lugares pero confiamos en que al final la justicia se va a imponer y la impunidad sea erradicada en este caso.

A la par, estamos por supuesto insistiendo en que la Fiscalía General del Estado continúe con la investigación ministerial porque esa investigación sigue abierta. A pesar de que haya pasado casi nueve años, no se han esclarecido los hechos ni llegado a los autores materiales e intelectuales del crimen. Hemos señalado en varias ocasiones que el asesinato de Mariano Abarca obedeció a intereses de carácter político-económico que involucró no solo la acción de un autor material que accionó un arma, sino la decisión de otras personas que se beneficiaron con la muerte de Mariano.

El mensaje que se quiere dar siempre que se asesina a una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos y ambientales es inhibir la acción de todas las personas y organizaciones que trabajan en ese campo. El mensaje es que si ustedes siguen con eso, les puede pasar lo mismo. Hay autores intelectuales en este caso y queremos que la investigación hasta ese nivel. Han declarado ya algunas personas como exfuncionarios del gobierno de Juan Sabines y al exalcalde de Chicomuselo, entre otros, pero la investigación todavía no concluye.»

Más información sobre nuestra denuncia ante el Comisionado:

Conozca nuestra denuncia ante el Comisionado

Descarga el resumen de la denuncia admnisitrativa que entregamos en febrero (7 páginas)

Descarga el texto completo de nuestra denuncia administrativa (26 páginas)

Descarga la respuesta decepcionante que recibimos del Comisionado en abril (4 páginas)

Más información sobre el caso Mariano Abarca:

Visita nuestro blog Justicia Para Mariano

> Firma: Exigimos a los gobiernos de Chiapas y de México, Justicia para Mariano Abarca <

Contacto

Dirección:

Centro Ecológico Alternativo «Alter Natos»

Camino a San José Buena Vista,
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico

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Sierra Norte de Puebla: Asesinan a un compañero defensor del territorio en Cuetzalan

Comunicado del Consejo Tiyat Tlali – Cuetzalan, Puebla, a 15 de mayo de 2018

Las organizaciones que integramos el Consejo Tiyat Tlali en la sierra norte de Puebla condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos Manuel Gaspar Rodríguez integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala -Movimiento Nacional (MIOCUP – CNPA MN), ocurrido el 14 de mayo 2018 en Cuetzalan, Puebla.

Manuel Gaspar, integrante también de la comisión de desarrollo sustentable del Comité de Derechos Humanos Antonio Esteban, denunció en numerosas ocasiones la amenaza al derecho al agua, a la salud, a un medio ambiente sano que representan para los pueblos de la sierra norte los proyectos extractivos que se pretenden imponer en la región, en particular los proyectos de minería a cielo abierto, así como la pretendida instalación de torres de alta tensión en el municipio de Cuetzalan con la finalidad de generar energía eléctrica para proyectos de muerte, debido a lo cual había recibido amenazas de muerte. En el mes de enero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso una denuncia penal contra él y otros 2 integrantes de CNPA MN, así como contra 4 integrantes del Consejo de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC).

Ante estos hechos:

  • Demandamos de las instancias judiciales investigar a cabalidad y esclarecer este asesinato a fin de determinar responsables materiales e intelectuales del mismo. Dada la participación en la defensa de los derechos humanos de Manuel Gaspar, consideramos que las líneas de investigación de su homicidio por ningún motivo deben agotarse en términos delincuencia común o rencillas personales y deben orientarse a la identificación de quienes tienen fuertes intereses económicos en el avance de los proyectos extractivos.
  • Exigimos a las autoridades estatales y federales intervengan para detener la creciente ola de hostigamiento y agresiones a defensores de derechos humanos y del territorio que se está dando en Cuetzalan, en especial a compañeros de CNPA MN y del COTIC a quienes la CFE está denunciando sin razón en una clara acción de intimidación. La omisión por parte de autoridades de los distintos niveles de gobierno no hace más que favorecer un clima de inseguridad y tensión.
  • Responsabilizamos a los gobiernos de Oscar Paula Cruz, de Antonio Gali Fayad y de Enrique Peña Nieto de cualquier agresión a defensores del territorio en Cuetzalan.
  • Exigimos la inmediata cancelación de los proyectos de muerte en la sierra norte de Puebla a fin de evitar devastación ambiental, desplazamientos forzosos y una creciente conflictividad social.

Con nuestra solidaridad para la familia de Manuel Gaspar así como a los integrantes del MIOCUP CNPA MN.

Por la construcción de paz y justicia.

Respeto a los derechos y soberanía de los pueblos de México.

CONSEJO TIYAT TLALI EN  DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

 ADHERENTES:
Agencia Timomachtikan A.C. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Instituto Mexicano para el desarrollo comunitario A.C., Makxtum kgalhaw chuchutsipi, Maseualsiuamej mosenyolchikauanij, Centro de Estudios Ecuménicos, Unión de Cooperativas Tosepan, Órgano Ejecutivo del COTIC, Consejo Maseual Altepetajpianij, Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social, Radio voces de la tierra, Movimiento Atzin, Comisión Takachiualis para la Defensa de los Derechos Humanos de la Sierra Norte de Puebla, Organización Tutunaku Nahua en defensa del territorio y de sus pueblos, Universidad de la Tierra Puebla, Alianza Mexicana contra el Fracking, Mtra. Eliza Gutiérrez Díaz académica Universidad Iberoamericana, Sindicato Mexicano de Electricistas, Movimiento mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Rios (MAPDER), Agrupación de Lucha Socialista, Consejo Ciudadano de Huitzilan, Organización Política Multimedios, Comité de Defensores del Río Ajajalpan, Unión de Ejidos y Comunidades «Atcolhua», Unidad Indígena Totonaca Nahua de la S.nte pue, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Coordinadora Nacional Estudiantil Sección Metropolitana, Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, Comaletzín A.C., Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Maestría en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco.

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de mayo de 2018

A la opinión pública,

El asesinato del defensor de derechos humanos Manuel Gaspar Rodríguez, integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala -Movimiento Nacional (MIOCUP – CNPA MN), activista defensor de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, en la Sierra Norte del estado de Puebla, sucedido el pasado 14 de mayo en la cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso, viene a confirmar la soberbia, intransigencia, impunidad con la cual actúa el estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, al implementar, en todo el territorio nacional, una estrategia de despojo y muerte en contra de las comunidades y pueblos campesinos que se niegan a entregar las tierras y la vida para el falso progreso y desarrollo que el modelo extractivo impone en toda Latinoamérica.

Nuevamente nos encontramos ante un crimen instrumentado en un clima de hostigamiento y criminalización previa en contra de los integrantes y representantes de la CNPA MN así como a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE AC), aunque no podemos obviar, se trata también de una agresión permanente en contra de todas las y los mexicanos que hemos tomado la determinación de defender la vida en contra de un modelo económico y ambiental depredador y ecocida que solo favorece a quienes desde las cúpulas de poder lo promueven aún por encima de la vida.

Nuestro abrazo solidario a la familia de Manuel Gaspar Rodríguez y a todas y todos sus compañeros de lucha, ratificando que cada vez somos más quienes decimos: «¡Basta!», «¡Sí a la vida, no a la mina!».

Fraternalmente,

 RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

 (BAJAR COMUNICADO DE LA REMA EN PDF)

>> FIRMA LA PETICIÓN: Verdad y justicia para Manuel Gaspar Rodríguez <<

Más lectura:

Presión judicial sobre el COTIC de cuetzalan

Criminalización y defensa en la Sierra Norte de Puebla

Los problemas económicos no se resuelven vulnerando a la población y a su territorio

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