Autor: Otros Mundos AC

El Escaramujo 78: LA «MINI REPRESA» SANTO DOMINGO, UN PROYECTO INVIABLE

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Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Una nueva tendencia de la supuesta energía limpia y renovable es la sustitución de los grandes embalses por las «mini» hidroeléctricas. Bajo este esquema, la empresa en México no pierde, su inversión es subsidiada por el gobierno y los bancos y mecanismos multilaterales, su ganancia es segura por décadas, y las aguas superficiales y las cuencas se ponen a su disposición para el negocio.

De cualquier manera la afectación social y ambiental es considerable y se convierte en irreversible cuando se instalan varias «mini» represas en la misma cuenca. El argumento central ahora es que no inundan, no afectan a poblaciones ni al medio ambiente y combaten el cambio climático.

Las represas se pueden clasificar de varias formas, según el tamaño de la cortina, la cantidad de agua embalsada o la cantidad de energía que generan. Así, existen presas mayores, grandes, pequeñas, micro y minis. Según la «Comisión Internacional de Grandes Represas», define a las grandes represas aquellas cuya cortina mide 15 o más metros de altura.

La represa: La represa Santo Domingo, de construirse, mediría 12 metros. Una supuesta «mini» hidroeléctrica sobre el Río Lacantún produciría 110 Mw. Para ello la Empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. DE C.V. presentó en junio de 2018 un «Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable Santo Domingo» con muchas deficiencias técnicas y de información. La empresa dice que no generar. Gases Efecto Invernadero, lo que obviamente es imposible.

¿Quién es ENERSI?: Es una empresa mexicana productora de energía que tiene proyectos en varios estados del país. Entre ellos en el estado de Puebla. En Colima su proyecto hidroeléctrico en el río Almería en el municipio de Comala fue rechazado por la SEMARNAT. En Oaxaca pretende construir otra presa con el rechazo de las comunidades del municipio de San Felipe Usila. En Guerrero se ha encontrado con la oposición a la represa de riego Andrés Figueroa, en el municipio de Ajuchitlán.

¿En qué consiste el Proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo? Veamos algunos de sus componentes según su Manifiesto de Impacto Ambiental:

¿Dónde se ubicaría?: Entre las comunidades Loma Bonita y Las Nubes, en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. Coordenadas 16º12’12.66″N; 91º19’43.34″O y 16º12’18.66″N; 91º19’34.60″O. Se pretende desviar parte del Río Lacantún que cuenta con un flujo constante de agua. La cuenca de escurrimiento pertenece a la Región Hidrológica No. 30 Rio Grijalva-Usumacinta. El río principal es el Rio Lacantún producto de la confluencia de los Ríos Pojom, en la República de Guatemala y Santo Domingo, en México, a 4 km al sur de la comunidad de Nuevo San Juan Chamulla (El Pacayal). Y confluye el Río Seco a 2 km al noroeste de la comunidad Nuevo Marzám. Luego se unen los Ríos Dolores, Calinete, Euseba y Jatat.

Duración de la represa: El proyecto hidroeléctrico tendría una duración de 34 años donde la empresa pretende tardar 2 años en preparar el sitio y en construir la represa. Luego 30 años de vida útil en que estará operando y produciendo energía; y por último dos años de restitución ambiental y restitución del paisaje en sus condiciones iniciales incluida el abandono de las instalaciones y restauración del cauce intervenido por obra de descarga, algo imposible, pero solo en caso necesario, ya que pretende mantener la presa indefinidamente.

¿Quiénes son los actores involucrados? La Secretaria de Energía, La Comisión Reguladora de Energía, La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, El instituto de Investigaciones Eléctricas, La Comisión Federal de Electricidad, La Compañía de Luz y Fuerza del Centro, La Secretaria del Medio Ambiente y Recurso Naturales, La Secretaria de Desarrollo Social, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, y diversas asociaciones que actualmente promueven la explotación de las Energías Renovables.

¿Cómo funcionaría? El proyecto se compone de 5 partes.

1. Estructura para la toma de agua. En un punto del Río Lacantún se represará el agua y se canalizará una parte hacia otro punto del río aguas abajo. En el intermedio de 5.5 km, el caudal de agua disminuiría afectando a los ejidos Ni.os H.roes, las Nubes, Loma Bonita, Santa María Agua Azul y La Fortuna del Gallo Giro. Por otro lado, el ejido Loma Bonita sería cruzado de lado a lado por el túnel de desviación del agua del río. La presa tendría una elevación de 200 m.s.n.m., con una dimensión de 50 x 100 m, y una superficie de 4,800 m2. La toma de agua tendrá un canal de llamada, una estructura de entrada, otra de transición y tendra una superficie de 500 m.. La superficie requerida para la obra derivadora sería de 1,440 m2., con una altura de cortina de 12 m y un ancho de cause de 60 m.

Sin embargo, toda la Cuenca Lacantún-México tiene una disponibilidad de 515.13 m./s, y la represa pretende tomar 238 m3/s para captar y desviar, que equivale a casi el 50% de toda la cuenca, cuando en el punto de la toma de agua para el desvío solo se dispone de 92.72 m./s. Esto significar.a que el río se quedaría seco en los siguientes 5.5 km en que encuentra nuevamente el punto de descarga. O sea, es inviable.

2. Conducción: una tubería a presión conducirá el agua cruzando el Ejido Loma Bonita de lado a lado para alcanzar el mismo Río Lacantún en el otro punto a 52 metros menos de altura, donde estaría la Casa de Máquinas. Este túnel de desviación tendrá una pendiente de inclinación de 5%, e introduciría el agua en las tuberías insertadas en túneles a la Casa de Máquinas a razón de 238 metros cúbicos por segundo. La tubería sería de concreto reforzado con un diámetro nominal de 2.50 m y 1.80 m con remoción de vegetación de 1440 m2. Sin embargo, en el punto de toma no hay toda esta agua disponible para desviar.

3. Casa de Maquinas con subestación elevadora: La Casa de Máquinas es el edificio que recibe el agua y es donde se instalan las turbinas, bancadas, generadores, alternadores, cuadros eléctricos, cuadros de control, etc. Tendría una extensión de 6 mil m2. Tendría 4 turbinas que recibirían el agua para obtener una potencia instalada de 110 Mw. La Casa de Máquinas estaría conectada a una subestación eléctrica con un transformador. Se llama subestación eléctrica «elevadora» porque está situada en las inmediaciones de la central generadora de energía y eleva el nivel de tensión. Además, se construiría el desagüe hacia el canal de descarga que contaría con una superficie de 60 m2, con estructuras encajonadas de concreto de 60 A x 10 L x 3.50 H, 4 tuberías de 2.00 m de diámetro y descarga a superficie libre.

La estructura estaría diseñada para que se pueda retornar el agua al río en caso de que las turbinas se detuvieran. Tendría compuertas para regular la cantidad de agua que llegue a las turbinas y equipamiento que impida el acceso a objetos extraños como ramas, troncos, rocas, etc. que puedan provocar desperfectos en las instalaciones o da.os en los alabes de las turbinas.

Se construiría un muro de contención perimetral de mampostería. La construcción del edificio de la Casa de Máquinas sería a base de cimentación de concreto armado, block de concreto ligero, techos a dos aguas de losa armada. Para este mismo, se construiría también un área de servicios donde se concentrarían las oficinas, bodega, taller y sanitarios con descarga hacia una fosa séptica.

4. Línea de transmisión hasta el punto de Interconexión: La línea de conducción de la energía por los ejidos hasta encontrar la conexión con la CFE tendría una longitud de 1,584 metros. Esto implicaría despalme y desmonte; perforación de pozos para la construcción de los cimientos de las torres donde va el cableado. Las líneas eléctricas también tendrán que cruzar varios ríos, uno de ellos es el mismo Río Lacantún. Encontrada la conexión con la CFE, de ese punto la energía sería transmitida a lo largo de 5 municipios con un total de 96 kilómetros desde los municipios de Maravilla Tenejapa pasando por Las Margaritas, La Trinitaria, La independencia hasta la Subestación de Energía Eléctrica en Comitán interconectándose con el sistema de la CFE.

La construcción de las torres de la línea de transmisión comenzará con la limpieza un área de 20 x 20m en donde se emplazará cada estructura, y de la franja central de 2 m que será posteriormente utilizada para el tendido de cables. La limpieza consistir.a principalmente en el roce y despeje de la vegetación y la remoción del material superficial (piedras u otros). Se realizaría la restauración de caminos en una longitud de 20.37 kilómetros en un ancho de 15 metros.

5. Caminos de acceso y operación: Se aprovecharían los caminos, principalmente el que conecta a la localidad de Loma Bonita del Municipio de Maravilla Tenejapa con el Centro Ecoturístico Loma Bonita. Se construirían otros caminos para el acceso a la construcción de la toma de agua, el Túnel para la Conducción, el acceso a la Casa de Maquinas y a la Subestación.

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Más información:

Rechaza SEMARNAT presa hidroeléctrica Santo Domingo, en Chiapas

#DESACulpable: Campaña para juzgar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres

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Hoy, 5 de septiembre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) dió a conocer en conferencia de prensa el lanzamiento de su campaña «DESA Culpable». Eso para recordar que los autores intelectuales del asesinato de la excoordinadora del COPINH Berta Cáceres en marzo 2016 se encuentran en la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», contra el cual resistitía la defensora.

Ayer, segundo día de la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal rechazó la solicitud del COPINH de llamar a testificar a los directivos de DESA, conocidos como la familia Atala.

En conferencia de prensa hoy en Tegucigalpa, Honduras, la coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, Berta Zúñiga, invitó a apoyar la campaña difundiendo los siguientes tres mensajes en las redes sociales en texto o en video:

     1. DESA constituyó una estructura criminal apoyada por el estado de Honduras, responsable del asesinato de Berta Caceres y los ataques sistemáticos al COPINH.

     2. Este es solo el primer juicio. Exigimos que se juzguen y castiguen a quienes ejecutaron el asesinato de Berta, pero la justicia solo llegara hasta que se alcanza a quienes planificaron y ordenaron el crimen. no pararemos hasta alcanzarlos

     3. Berta Cáceres reivindicó la dignidad del pueblo lenca y su derecho a la autodeterminación. Su asesinato es producto de la política extractivista del estado de Honduras y de la imposición de proyectos de muerte.

El COPINH lanzó una nueva página web en la que se concentra toda la información sobre el caso, el juicio, y la empresa DESA: https://berta.copinh.org/.

Estamos invitad@s a enviar por Twitter los dos mensajes siguientes:

1) @JuanOrlandoH ¿Por qué DESA, una empresa criminal, aún tiene la concesión del Río Gualcarque? #JusticiaParaBerta #DESACulpable

2) @MP_Honduras ¿Por qué no han capturado a TODOS los asesinos intelectuales de Berta Cáceres? #JusticiaParaBerta #DESACulpable

Podemos también descargar estos materiales gráficos para apoyar la campaña en nuestras redes sociales o actos públicos.

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A continuación, compartimos el último comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que resume las conclusiones de la Audiencia de Proposición de Pruebas:

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto con la familia de la compañera Berta Cáceres y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) informa a la comunidad nacional e internacional las conclusiones de la audiencia de proposición de pruebas en el primer proceso judicial contra 8 personas acusadas por arrebatarle la vida, o propiciar las condiciones para ello, a nuestra hermana Berta Cáceres y atentar contra el compañero Gustavo.

Esta audiencia que se desarrolla a pocos días de la apertura del juicio que dará condena o absolverá a las personas hasta hoy detenidas, ha ocupado varias sesiones, demoradas por la falta de resolución ante la información faltante.

Concluye, entonces, con la negación del tribunal de gran parte de la prueba de nuestra acusación que pretendía contextualizar el clima de ataque sistemático que sufrió Berta por cumplir su papel como coordinadora de COPINH, que era parte del plan para neutralizar y atacar la lucha en defensa de los territorios contra el saqueo de la empresa privada.

Esto en lo concreto significa el rechazo del testimonio de quienes son parte de la Junta directiva de la empresa Desarrollo Sustentable S.A (DESA) y tenían voz de mando frente a todo el trabajo operativo desplegado por DESA para atacar la labor de Berta Cáceres: Pedro, José Eduardo y Jacobo todos de apellido Atala Zablah y del señor Daniel Atala Midence. La «justicia» hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa.

Además, el tribunal ha rechazado la pericia de contexto social y político, que sería realizada por expertos para desarrollar un análisis especializado sobre la situación en la que Berta, como lideresa frente a un proceso popular del pueblo Lenca, realizaba su trabajo y por ende determinar los intereses que ella adversaba.

Esta es una laceración a la perspectiva de búsqueda integral de la verdad ya que no debe desconocerse que Berta fue asesinada por su trabajo organizativo y labor como defensoras de derecho humanos y he aquí la necesidad de reinvidicar al COPINH como víctima formal del ataque.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que «la ejecución de un líder sindical […] no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor«.

Eso es lo que el Estado sigue desconociendo, el peso político de la figura de Berta en integralidad y por eso reduce el juzgar los hechos del 2 de marzo únicamente y no ver la cadena de hechos que querían parar su trabajo y al no poder es que se decide darle muerte.

Más información:

Desafiar al sistema de justicia (reporte en Radio Mundo Real)

A 30 Meses de la siembra de Berta

Caso Berta Cáceres: el Ministerio Público de Honduras obstaculiza el camino hacia el juicio

[AUDIOS] Radio Novela del COPINH: «Justicia para Berta, Justicia para los pueblos»

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[INFORME] Geoingeniería: el gran fraude climático

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Informe publicado por el Grupo ETC, Biofuelwatch y la Fundación Heinrich Böll en castellano en agosto 2018

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The Big Bad Fix (El gran fraude climático – Argumentos contra la geoingeniería), informe publicado hoy por el Grupo ETC, Biofuelwatch y la Fundación Heinrich Böll, advierte que la geoingeniería (la manipulación del clima a gran escala) está ganando aceptación en países altamente contaminantes, como una «solución» tecnológica al cambio climático, ya que esos países se niegan a cambiar sus economías basadas en combustibles fósiles. Por ello proliferan los programas y proyectos de investigación sobre geoingeniería, planeados y financiados por la industria e instituciones privadas, principalmente en los países que son grandes emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos, Reino Unido y China. El gran fraude climático analiza el contexto y riesgos de la geoingeniería, revela sus actores, intereses creados y las políticas que subyacen al avance de esquemas tecnológicos a gran escala para manipular los sistemas naturales de la Tierra.

Pese a que sea considerada muy peligrosa y hasta inaceptable para muchos expertos científicos y políticos, la geoingeniería se posiciona cada vez más en los debates y negociaciones sobre cambio climático, porque crea la ilusión de que hay atajos tecnológicos con los que se podría manejar los síntomas del cambio climático, sin tener que enfrentar las causas de raíz.

Sin embargo, como detalla el informe, la geoingeniería plantea muchos riesgos para la gente, los ecosistemas y la seguridad. Se basa en un consumo excesivo de tierra, agua y recursos, amenaza por tanto la seguridad alimentaria y erosiona el control democrático de los bienes comunes del planeta, también debido a que estas tecnologías las están desarrollando principalmente quienes buscan lucrar con patentes y desarrollos comerciales de las mismas. Por lo tanto, enfatiza el documento, es altamente probable que se incurra en daños irreversibles a la biodiversidad y a la integridad de los ecosistemas. También existen graves preocupaciones sobre la gobernanza de la geoingeniería, incluyendo el potencial que tiene de que se despliegue unilateralmente, el riesgo de conflictos ante la posibilidad de impactos adversos y daños laterales en algunas regiones, y el riesgo de utilizar las tecnologías de la geoingeniería con fines hostiles.

«La geoingeniería es una defensa peligrosa de un status quo fallido, no una necesidad técnica o científica. De hecho, las técnicas que la geoingeinería desarrolla tienen mayores posibilidades de empeorar que de resolver los diversos problemas ocasionados por el cambio climático. Asegurar que ‘debemos‘ desplegar la geoingeniería equivale a asumir que preferimos dañar irreparablemente nuestro planeta antes que alterar el sistema económico que beneficia solo a los que se encuentran en la cima.» Rachel Smolker, Co-Directora de Biofuelwatch.

El gran fraude climático se presentó el 22 de agosto 2018 en Nairobi, durante la 3a Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en el periodo previo a una reunión del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) también de la ONU, en Montreal. La geoingeniería se encuentra bajo una moratoria de facto en el CDB, y la geoingeniería marina está prohibida por el Protocolo de Londres del Convenio de Londres sobre la Prevención de la Contaminación del Mar. Los autores del informe argumentan que esas decisiones se deben mantener y deben constituir el punto de partida de cualquier discusión legítima, internacional y democrática sobre la gobernanza de la geoingeniería.

«La geoingeniería exacerbará el desequilibrio de poder global, creará ganadores y perdedores. Sería una locura permitir que un grupo de países tomaran control del termostato global», afirma Silvia Ribeiro, Directora para América Latina del Grupo ETC. «La gobernanza no debe mal-entenderse como el establecimiento de regulaciones para legalizar y permitir el desarrollo de tales tecnologías. Prohibir tecnologías sumamente riesgosas y peligrosas es un enfoque legítimo y prudente hacia la gobernanza, como se la puso en práctica con el Tratado de Prohibición de las Pruebas Nucleares y la adopción por la ONU del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en julio de 2017″, agrega Ribeiro.

En vez de poner el foco en arreglos técnicos, no probados, riesgosos, el informe llama a la implementación de una visión con justicia climática para limitar el calentamiento global por debajo de 1.5 °C.

«Quienes proponen la geoingeniería alientan la ilusión de que podemos escapar de nuestras crisis climáticas sin tener que ajustar nuestros estilos de vida, que en muchos casos son altamente emisores de gases. Pero la realidad no es tan simple. Las técnicas de geoingeniería no solo vienen con nuevos riesgos y efectos laterales, sino que también distraen de la única solución probada para el cambio climático: la reducción radical de las emisiones de gases que cambian el clima. Antes de poner en marcha la geoingeniería, necesitamos regulaciones claras y vinculantes para esas tecnologías. Un marco internacional para la regulación debe basarse en un estricto principio de precaución, y las tecnologías con riesgos asociados que no son predecibles, justificables o manejables deben directamente prohibirse”, afirma Barbara Unmüssig, Directora de la Fundación Heinrich Böll.

El informe concluye que los numerosos riesgos de alto impacto que puede tener la geoingeniería, y los problemas políticos, sociales, culturales, económicos, éticos, morales, intergeneracionales y de derechos que implica, la vuelven inaceptable. Más aún, los autores argumentan que constituye una peligrosa distracción de las alternativas viables que se requieren urgentemente: reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo y transformar nuestras economías, para abrirle posibilidades a un futuro sostenible justo social y ecológicamente, en vez de confinar al mundo a una dependencia de largo plazo a tecnologías de alto riesgo, que además aún no existen.

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Informe sobre la jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México

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Informe publicado por la Fundación por el Debido Proceso – Agosto 2018

Autores: Gabriela Torres Mazuera, Jorge Fernández Mendiburu, Claudia Gómez Godoy

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INTRODUCCIÓN:

Este informe tiene por objetivo realizar un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS) a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas (DHPI) y en relación al proceso de despojo de tierra que experimentan hoy en día ejidos y comunidades en regiones indígenas de México.

Nos interesa plantear recomendaciones y destacar la importancia de concebir a los ejidos y comunidades en términos de patrimonio colectivo, fundamental para la reproducción sociocultural de los pueblos indígenas y campesinos del país. Esto es, nos interesa destacar la función de los ejidos y comunidades no solo para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa, lo cual conlleva necesariamente a extender la noción restrictiva de tierra hacia la de territorio.

El argumento central del presente informe es que la legislación agraria en México, aunque ha tenido un importante desarrollo para regular la propiedad social de la tierra constituida por ejidos y comunidades, no ha garantizado una protección cabal de la propiedad indígena -entendida como territorio colectivo-. Hasta la fecha no existen mecanismos legales bien establecidos con un enfoque intercultural para la protección y defensa del territorio indígena en México. A ello se suma que tampoco existe una institución gubernamental que en la práctica esté protegiendo la dimensión social de la propiedad ejidal y de bienes comunales en territorios indígenas, ni que ofrezca asesoría dirigida a fortalecer la dimensión colectiva de la propiedad, menos aún que respete la libre determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio.

Aunque existen instancias gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos agrarios e indígenas, que por disposición legal deberían salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los hechos se alejan de su misión favoreciendo intereses privados. Como mostraremos en este informe con algunos casos documentados, estas instituciones han facilitado la privatización y mercantilización de las tierras ejidales de uso común y las tierras de comunidades.

En el mismo sentido, sostenemos que los Tribunales Agrarios -cuya misión es brindar justicia en el sector agrario- no están cumpliendo con su cometido en la medida en que muchos magistrados han optado por una interpretación basada en criterios y principios que corresponden al derecho civil pasando de largo mecanismos de protección especial de los territorios indígenas, cuya dimensión y protección de manera colectiva es fundamental.

Hoy en día, en un contexto de fuerte presión por parte de empresas nacionales e internacionales interesadas en diversos recursos asociados a la tierra ejidal y de bienes comunales, existe una falta de protección a las tierras y al territorio de pueblos indígenas y campesinos a nivel nacional por parte de autoridades responsables del sector agrario. Como mostraremos en este informe, el desconocimiento, indiferencia y/o negación a la libre determinación de los pueblos indígenas asociada a un territorio persiste como enfoque al interior de la jurisdicción agraria en México.

Todo esto a pesar de las múltiples reformas legales en materia de derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos, así como la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, y las reformas en materia indígena y derechos humanos en México que han establecido el reconocimiento del carácter pluricultural de la población mexicana (artículo 4 constitucional), el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (artículo 2 constitucional) y la obligación de las autoridades de todos los niveles a considerar, en el ejercicio de sus funciones, el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos y las resoluciones que se han derivado de los tribunales internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han interpretado de manera progresiva los derechos de los pueblos originarios.

Actualmente, las principales batallas legales en la defensa de los territorios colectivos indígenas y campesinos se sustancian en los juzgados de distrito, por la vía del juicio de amparo, incluso en tribunales civiles -mucho más abiertos a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que los propios Tribunales Agrarios-. En efecto, de acuerdo a su misión, los Tribunales Agrarios tendrían que estar más cerca y resolver la conflictividad que se genera en el sector campesino e indígena, pero se han negado sistemáticamente a adaptar su actuar a los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación ya había sido alertada por el entonces Relator Especial de Naciones Unidas Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen, al emitir su informe respectivo derivado de su visita a México en el año 2003 [1].

En aquella ocasión, el funcionario de las Naciones Unidas señaló lo siguiente:

17. Una de las causas principales de los conflictos radica en la cuestión de la tierra. La reforma agraria, que benefició a más de 3 millones de campesinos a partir de 1917, dejó en su cauda un sinfín de problemas no resueltos. La desigualdad social y económica se mantuvo mediante formas de corrupción y simulación a favor de la gran propiedad, aunada a la creciente presión demográfica sobre los recursos agrícolas. Un número cada vez mayor de campesinos pobres carece de acceso a la tierra, teniendo que buscarse la vida como jornaleros agrícolas, trabajadores migratorios en el país y en Estados Unidos, y emigrantes a los centros urbanos. Ello se debe también a la falta de una política efectiva de apoyo a la economía campesina durante muchas décadas.

18. Las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas, conflictos por el uso de recursos colectivos como bosques y aguas, invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores privados, acumulación de propiedades en manos de caciques locales etc. La defensa de la tierra, que se lleva primero por la vía institucional, judicial y política, puede conducir a enfrentamientos con otros campesinos, o con propietarios privados, autoridades públicas y las fuerzas del orden (policías, militares). En este contexto, se denuncian persistentes violaciones a los derechos humanos, a las cuales no son ajenos en ocasiones las autoridades locales o estatales y elementos de la fuerza pública, ya sea por omisión o por comisión. (…)

20. En algunas partes las comunidades indígenas no poseen seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra, por la lentitud y la corrupción que ha caracterizado a los trámites agrarios, así como los intereses de diversos particulares. El Relator Especial fue informado de casos que involucran a los indígenas yaquis de Sonora, huicholes de Jalisco, tarahumaras de Chihuahua, y huaves de Oaxaca, entre otros. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), que fue creado para resolver estos problemas, no ha contribuido a mejorar la situación de la tenencia, según informes recibidos [2].

En dicho documento, el Relator hizo referencia a diversos conflictos y situaciones de despojo que estaban viviendo diversos pueblos originarios en el país, derivados en buena medida de la falta de certeza jurídica sobre el territorio que poseían y de la incapacidad de las instituciones agrarias para dar respuesta, desde una perspectiva que incorporara los derechos de los pueblos originarios, a dichos conflictos. Tan es así, que emitió diversas recomendaciones en las que instaba a incorporar la perspectiva indígena al ámbito agrario:

73. La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.

74. Se recomienda crear grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos, sociedad civil y gobierno para revisar los casos de conflictos agrarios en todo el país, a fin de proponer mecanismos adecuados de solución a cada uno de ellos, asegurando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la existencia de recursos adecuados, medidas compensatorias y el respeto a las formas de resolución de conflictos de los pueblos.

76. Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios [3].

A quince años de la emisión de dicho documento, la situación no sólo no ha variado, sino que los conflictos derivados de los procesos de despojo se han agudizado por la implementación de múltiples «proyectos de desarrollo» en territorio indígena, donde la justicia agraria no ha significado un espacio que permita la protección plena de los derechos de las comunidades.

En este informe describimos el desempeño actual de autoridades agrarias de dependencias que conforman lo que aquí llamaremos la jurisdicción agraria (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Tribunales Unitarios Agrarios). Nuestra perspectiva es desde los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. La elaboración de este informe se apoya en doce entrevistas a profundidad realizadas a abogadas y abogados que litigan en Yucatán, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua, así como en una revisión bibliográfica, de archivo, y por medio de solicitudes de información al portal de infomex (www.infomex.org.mx).

Metodológicamente, nos aproximamos a los conflictos considerando no solo su dimensión meramente jurídica sino también social. Para ello realizamos una revisión bibliográfica exhaustiva de estudios de caso que describen conflictos agrarios asociados a procesos de despojo con una mirada etnográfica.

Esta revisión nos ha permitido definir el despojo como un proceso de corta, mediana y larga duración en la que participan muchos actores. El despojo no solo significa la privación o pérdida permanente de la posesión, goce y aprovechamiento de un recurso o un bien. Con esta noción nos referimos, por un lado, al proceso de privatización e individualización de un patrimonio comunitario, el ejido y la comunidad, que se convierte en «propiedad» de algunos (los ejidatarios y comuneros).

Por otro lado, consideramos el despojo como: la transformación forzada de un modo de vida asociado a un territorio con efectos diferenciales al interior de ejidos y comunidades. Por tanto, el despojo significa una transformación en las relaciones de propiedad que a su vez son también relaciones sociales, de ahí que cuando nos remitimos a esta noción resaltamos las maneras diferenciales en que la pérdida de tierra y recursos asociados a ésta, afecta a los diferentes miembros de un mismo grupo social (hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores) y altera las relaciones sociales al interior de una comunidad.

En este sentido, es fundamental aclarar que las comunidades indígenas no son grupos homogéneos e integrados, compuestos por personas que forzosamente comparten los mismos valores, intereses y marcos de interpretación de la realidad. Por lo común, se ignora o se evade el hecho de que los grupos indígenas son, en muchos casos, entidades heterogéneas, fragmentadas políticamente, atravesados por diferencias de clase, de género, religiosas, partidistas e incluso de tipo étnico.

Una aproximación detallada del despojo requiere tomar en cuenta la complicidad, colaboración y cooptación de los mismos ejidatarios/comuneros indígenas y/o campesinos en los procesos de despojo, así como los diferentes tipos de despojo de acuerdo a los sujetos implicados, además de la acción de empresarios foráneos a los núcleos agrarios indígenas. En particular, es importante considerar el despojo desde la perspectiva de las mujeres y de los jóvenes que residen en los núcleos agrarios, quienes, en el contexto ejidal y comunal, son generalmente excluidos de la toma de decisiones de la asamblea general de ejidatarios o de bienes comunales y afectados, no se toma en cuenta su posición y tampoco reciben beneficios cuando el patrimonio colectivo es enajenado.

En esta misma dirección es importante señalar que en este informe la categoría de indígena no será tomada como una categoría objetiva ni estable en el tiempo y espacio nacional. Por un lado, es una categoría de clasificación social que en muchos casos es rechazada por aquellas personas hablantes de lenguas nativas y pertenecientes a comunidades étnicas debido a su carga de dominación colonial. Uno de los argumentos de este trabajo es que justamente es a partir del reconocimiento por parte de una legislación internacional de un conjunto de derechos para personas y grupos «indígenas» que la categoría comienza a ser reivindicada por organizaciones y movimientos sociales en ciertas disputas por los recursos naturales y agrarios en México. Este fenómeno ha sido descrito por antropólogos, en diversos contextos nacionales (por ejemplo, en Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y México por mencionar algunos) quienes identifican procesos de re-etnización, revitalización o renovación étnica asociados a nuevos derechos vinculados a la categoría de indígena [4].

La categoría indígena es una herramienta de lucha por el acceso y control a ciertos recursos y derechos por parte de personas que históricamente han sido marginadas de la toma de decisiones de los proyectos de desarrollo nacional. Esta posición nos aleja de ciertas concepciones adjetivadas como esencialistas y románticas atribuidas a los grupos indígenas, en particular, el supuesto según el cual los indígenas son esencialmente ecológicos, comunitarios o anti desarrollistas. También nos permite considerar grupos campesinos que experimentan procesos de revitalización étnica y evitar una distinción tajante entre indígena o no indígena.

El informe está organizado en cinco secciones. La primera sección es una breve descripción histórica del reparto agrario, la tenencia de la tierra y los grupos indígenas en México (1915-2017). Lo que nos permite comprender por qué el proyecto agrarista posrevolucionario significó la disociación entre tierra y territorio. Y también nos permite explicar las razones por las cuales en México no existe una asociación directa entre tipo de tenencia de la tierra y grupos indígenas.

En la segunda sección hacemos una revisión de las principales reformas legales y nuevas legislaciones promovidas entre 1992 y 2013 que afectan a ejidos y comunidades indígenas y campesinos. Destacando el carácter contradictorio de este conjunto de leyes que, por un lado, abren al mercado recursos indispensables para el sustento de la vida indígena y campesina en México, a la par que reconocen el carácter multicultural de la nación mexicana y se proponen definir los derechos de personas y colectivos indígenas a fin de permitirles determinar los términos de su propio desarrollo como grupo socio-cultural.

En la tercera sección realizamos una descripción esquemática de tres instituciones que conforman parte de la jurisdicción agraria en México (PA, RAN, TUAs) para señalar sus objetivos institucionales, características en términos de presupuesto y organización.

En la cuarta sección, analizamos patrones de despojo de las tierras ejidales y de bienes comunales de poblaciones indígenas y campesinas. Nos interesa señalar la complejidad de estos procesos y la variedad de actores involucrados, en particular la actuación de empresarios, empresas o corporaciones nacionales e internacionales y los gobiernos en sus tres ámbitos de competencia.

En la quinta sección, nos referimos a la violación al derecho al debido proceso en procedimientos agrarios en los que se dirimen controversias de comunidades indígenas en relación a sus tierras, territorios y recursos naturales.

Finalmente, en la sexta sección se demostrará cómo la política agraria -que ha facilitado el despojo de territorio en perjuicio de comunidades indígenas- representa una violación al derecho a la libre determinación. El informe culmina formulando algunas recomendaciones.

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Notas:

[1] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.

[2] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.

[3] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.

[4] Ver, por ejemplo, Ramos, R.A. (1992). The Hyperreal Indian. Serie Antropología 135; Bastos, S. y Cumes, A. (Coords). (2007). Mayanización y vida cotidiana. La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca. Guatemala: Flacso; Agier, M. y Hoffmann, O. (1999). Las tierras de las comunidades negras en el Pacífico colombiano: interpretaciones de la ley, estrategias de los actores. Territorios, Revista de estudios Regionales y urbanos, 53-76; Canessa, A. (2007). Who is Indigenous? Selfidentification, indigeneity, and claims to justice in contemporary Bolivia. Urban Anthropology, 36(3),14-48; Torres-Mazuera, G. (2018). Nosotros decimos Má: La lucha contra la soya transgénica y la rearticulación de la identidad Maya en la Península de Yucatán. The Jornal of Latin American and Caribbean Anthropology, 23(2)

Más información:

México: la defensa del territorio desde la propiedad social agraria

[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México

La minería en México: Un despojo legalizado

Alertan abogados estrategias de privatización de tierras colectivas en México

 

Zacatecas: Los engaños del gobierno en torno a la presa Milpillas

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Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros De Zacatecas (OCMZac), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – A 28 de agosto de 2018

Análisis crítico del Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo, publicado en mayo 2015

Antes de iniciar surgen varios cuestionamientos:

¿Por qué si desde el año 2015 se publicó un Estudio de Factibilidad de más de 500 páginas, hasta ahora el Gobierno del Estado de Zacatecas busca «dialogar» con las y los ejidatarios? Además, dicho estudio tuvo un costo de más de 16 millones de pesos, y aun así le falta información básica y se basa en una suposición no comprobada y errónea, a saber, que la presa Milpillas permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos de la región centro de Zacatecas.

Por otro lado, ¿por qué el Gobierno Estatal falsificó el Acta ejidal inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) con fecha del 19 de abril del 2018? Esta acta tiene como asunto: Someter a consideración de la Asamblea la anuencia para que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) realice trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y/o cualesquier otra autoridad de carácter federal, estatal o municipal, el cambio de uso de suelo respecto a aproximadamente 11 ha de tierras ejidales. E incluso la Delegación de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, el ombudsman de los campesinos encargado de asesorar y orientar a los sujetos agrarios y garante de la legalidad, solapa y se presta a este tipo de actos, incurriendo en delitos penados por las leyes mexicanas. Son muchos los atropellos y engaños que se han presentado en esta promesa de progreso y desarrollo.

El Estudio de Factibilidad enuncia cuatro áreas amenazadas y dedica centenares de páginas a describir y justificar los impactos de la presa y el acueducto sobre la fauna y flora en los ocho municipios afectados. Estos impactos no son despreciables. Por otra parte, falta información básica, por ejemplo: sobre la altura y anchura de la cortina, sobre el caudal del río Milpillas durante las diferentes temporadas, y sobre los impactos hidrológicos y sociales aguas abajo de la presa. De esta manera, el Estudio de Factibilidad no analiza algunos de los impactos socioambientales más importantes del proyecto. Estos tienen que ver con la extracción de docenas de millones de metros cúbicos de agua de una cuenca que ya sufre estrés hídrico, para transportarla a otras cuencas entre Fresnillo y la Zona Conurbada Zacatecas Guadalupe (ZCZG), donde el manejo del agua se caracteriza por la falta de contabilidad, ineficiencia, pérdidas y desigualdad. El Estudio afirma que la presa Milpillas aliviará la presión sobre los acuíferos en el corredor Fresnillo-ZCZG, pero no presentan los cálculos para respaldar esta afirmación. Resulta ser una falacia.

Dicen que el agua será sólo para el sector público urbano. Hay que desnudar que, aun siendo el caso, el proyecto sirve para entregar por completo las aguas subterráneas al gran capital. Es decir, las aguas de mejor calidad y las más accesibles en términos técnicos y económicos seguirán siendo explotadas por la cervecera (No olvidamos que Tello era el representante del Grupo Modelo para negociar con el Gobierno de Zacatecas, antes de que se incorporara en el equipo de Miguel Alonso Reyes). Y sirve también para abandonar el agua subterránea a los grandes agricultores. ¡Más del 90% de las agua subterráneas en la región centro del estado se consume en el sector agrícola!

La superficie afectada, dentro del ejido El Potrero, para la construcción de la presa es de 11 hectáreas aproximadamente. ¿Cómo pueden convivir el Megaproyecto de la presa Milpillas y la comunidad del Potrero? Si la superficie afectada es la zona de uso común del Ejido y el proyecto contempla claramente la afectación de asentamientos humanos, es decir la comunidad donde viven ejidatarias y ejidatarios, avecindadas y avecindados y la ciudadanía en general.

Además, como ya lo advertimos, no es sólo el ejido El Potrero el que debe de otorgar el permiso al Gobierno del Estado para el megaproyecto sino 19 ejidos. Dos de Jiménez del Teúl: Atotonilco y El Potrero; cuatro en Sombrerete: Estancia de Guadalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México; 11 ubicados en Fresnillo: La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia. Dos ejidos más están en la ruta del acueducto: Hacienda Nueva en Morelos y La Pimienta en Zacatecas.

Finalmente, al respecto de las declaraciones y acusaciones de Luís Fernando Maldonado, encargado de SAMA, sobre los mitos que se han creado en torno al proyecto Milpillas, queremos señalar lo siguiente. El riesgo de inundación es latente en todo proyecto de esta envergadura, no se puede desestimar esa posibilidad con sus argumentos tan débiles y la medida de la cortina, que ha generado dudas sobre si será de 87.5 m de altura o no. Del mismo modo, y como lo hemos señalado a través de un mapa donde se describe la trayectoria del acueducto, se corrobora que serán 19 los ejidos impactados y no sólo dos, El Potrero y Atotonilco son los afectados directamente por el embalse, pero los demás sufrirán daño por la construcción del conductor de agua.

También, sobre la escasez de agua río abajo y el argumento de que la presa retendrá sólo el 15 por ciento del flujo total de la cuenca, y que por eso los impactos ambientales serán mínimos, el investigador Darcy Tetreault de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, señala al respecto: al extraer 42 millones de metro cúbicos al año (Mm3/año) del río Atenco denominado para el proyecto como Milpillas, incrementaría el estrés hídrico en la sub-cuenca Milpillas, sobre todo
aguas abajo de la presa. El proyecto implica un transvase entre cuencas, de la cuenca Bajo Santiago (específicamente la subcuenca Milpillas) a las cuencas en la región centro del estado: Alto Aguanaval y El Salado. Según el Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas, elaborado durante la primera parte del sexenio de Miguel Alonso Reyes, la zona hidrológico-administrativa Bajo Santiago sufre de un déficit de agua de 34 Mm3/año. El Estudio de Factibilidad para la presa Milpillas reconoce que aguas abajo de la presa, «habrá de modificar las condiciones hidrológicas, con menor disponibilidad de agua, destinada para el consumo humano y para el riego de terrazas fluviales a lo largo del cauce del río» (p. 237). Sin embargo, ¡no incluye un análisis de estos impactos!

Entonces ¿de quiénes son los mitos y los engaños, si en nombre del progreso se está mintiendo y agrediendo a comunidades y ejidos enteros? Engaño, corrupción, discriminación, ecocidio, despojo y el riesgo de desplazamiento forzado envuelven el megaproyecto Milpillas. Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, La Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos exigimos que Gobierno Federal y del Estado, así como SAMA y SEMARNART rindan cuentas por los crímenes cometidos y que se suspenda de inmediato el Proyecto. Del mismo modo, nos deslindamos de las acciones y/o declaraciones que hagan otras organizaciones sobre la problemática como la UNTA o el propio Ignacio Fraire.

¡No a los megaproyectos de muerte!
¡Ríos para la vida no para la muerte!

Atentamente,

Red de Afectados por la Minería
Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas

Más información:

Zacatecas: ejidatarios logran anular asamblea que pretendía imponer la presa Milpillas

Zacatecas: rechazan la presa Milpillas, destinada a transferir agua al corredor industrial Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe

La diversidad de nuestras voces expresada en la diversidad de nuestros medios

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Texto escrito por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), publicado originalmente en francés en el Número 32 de la revista «Caminando» del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) en 2017

En la actualidad los medios masivos de comunicación a los que hoy también hacemos referencia como «tradicionales» continúan ocupando un espacio importante en la política pública de los países, marcando agenda y definiendo, en muchas ocasiones, el sentir y pensar de la opinión pública. Si bien es cierto que muchos de ellos hoy miran ya con interés las voces que se expresan en Internet, lo hacen a su vez de una manera sesgada y nada reflexiva.

En efecto, Internet vino a mostrarnos hace ya más de 20 años que cada una y uno de nosotros podíamos plasmar nuestra voz y seríamos escuchados por otras y otros. El interés democratizador de Internet que nació con ánimo de ser multidireccional (en contraposición a la unidireccionalidad que poseen los medios tradicionales) hoy aún se mantiene.

Para los movimientos sociales, quienes históricamente han visto acallados sus reclamos, estas plataformas digitales dan la posibilidad de estar presentes de forma permanente en las pantallas (y las vidas) de otras y otros y amplificar las voces de las y los defensores ambientales.

Gracias a estos nuevos medios de comunicación es hoy más accesible transmitir información en tiempo real y desde las voces de las propias personas protagonistas a la vez que cuestionar la desinformación.

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), una red de organizaciones, comunidades y grupos que luchan contra la minería en los territorios que van desde México hasta Panamá, Colombia, Perú y Paraguay se planteó, desde sus inicios allá por el año 2012, contar con una plataforma web que le permitiera ser el canal de comunicación con otros procesos y con aquellas personas interesadas en la defensa territorial en contra del extractivismo minero.

Desde allí compartimos nuestros comunicados, análisis, publicaciones y contenido multimedia, pero también nos hemos esforzado por recopilar materiales de otros procesos y organizaciones que trabajan por la defensa de los territorios. La intención es ser puente entre esos materiales didácticos, que nos apoyan en nuestras luchas, y los grupos que los generaron para a su vez, estrechar lazos en la defensa de la tierra.

Por aquel entonces también se abrieron otros canales que nos permitieron difundir toda esta información: elegimos un correo electrónico institucional, listas de correos y perfiles en redes sociales comerciales como Twitter y Facebook. De esta manera lograríamos tener una comunicación más directa con personas y procesos. Más tarde, sumamos algunos canales más. A través de todos los espacios mencionados pudimos comprobar que las plataformas digitales tienen un rol importante hoy en día en la difusión de los sucesos y situaciones que viven constantemente las y los defensores de la naturaleza. También hemos visto crecer los debates y las acciones que se emprenden para la búsqueda de formas de vida digna y han sido espacios a través de los cuales hemos generado alianzas con investigadores académicos, periodistas y personas sensibles a estos temas.

Con el tiempo, fuimos enlazándonos a otras luchas. Fue entonces cuando a finales del año 2014 decidimos migrar nuestra plataforma web y listas de correos a servidores más seguros. Desde entonces nuestros contenidos habitan en el espacio de la cooperativa tecnológica Mayfirst/Primero de Mayo. Otro cambio que hicimos, fue migrar gran parte de nuestros contenidos a la plataforma libre archive.org. Sabemos que en cuestiones tecnológicas nos quedan muchos pasos por dar, sin embargo, lo vamos haciendo en el convencimiento de que necesitamos transitar hacia otros modelos que estén en consonancia con los principios de autonomía y autodeterminación que defendemos.

Nuestra fuerza va de lo local a lo global.

Algunos ejemplos de la comunicación en la defensa de nuestros territorios:

→ Acciones urgentes y acciones prevención contra la criminalización:

Diferentes grupos de base que conforman el Movimiento M4 sufren diariamente criminalización, hostigamientos, difamaciones. Si desde el inicio se planteó la plataforma web como el espacio más importante desde el cual lanzar nuestras denuncias, felicitaciones y vinculaciones, hacia mediados de 2013 vimos que era desde allí desde donde queríamos lanzar nuestras acciones urgentes, de denuncia y/o prevención. Inauguramos el espacio con la acción para detener el Consorcio Minero Peña Colorada en un territorio en disputa entre los estados de Colima y Jalisco, en México.

Más tarde, las acciones urgentes que se hicieron para apoyar a la comunidad de Zacualapan y a Víctor Chí, Gabriel Martínez, Esperanza Salazar y el Consejo Indígena, a través de nuestra plataforma web fueron fundamentales para visibilizar la violencia que desde el gobierno estatal se volcaba contra los compañeros, lo que ayudó a minimizar los riesgos y fortalecer su seguridad. En sus palabras:

«La difusión de eventos importantes para nuestra lucha como el Foro Nacional contra la Minería que se llevó a cabo en la comunidad indígena de Zacualpan en 2015 o la Misión Nacional e Internacional de Observación para el caso Zacualpan, fue decisiva para internacionalizar nuestra lucha, lo que ha logrado, junto a muchas estrategias más, que hasta el momento el proyecto extractivo no se haya llevado a cabo.

Para Bios Iguana A.C y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan el apoyo que hemos recibido desde 2013, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4, ha sido clave para enfrentar las amenazas, la criminalización, la estigmatización y la violencia a lo largo de nuestra lucha contra el proyecto minero a cielo abierto.»

Las acciones se siguieron sucediendo según se necesitaba. El 3 de marzo del año 2016 nos despertamos muy de madrugada con la tristísima noticia de que nuestra compañera Berta Cáceres había sido vilmente asesinada. Tampoco encontrábamos sosiego para la situación de persecución y criminalización que estaban viviendo las demás compañeras y compañeros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Pero nuestro dolor y preocupación no acaban allí. Nuestro compañero Gustavo Castro, quien se encontraba en casa de Berta para impartir talleres de alternativas al modelo extractivista, también había sufrido un intento de asesinato y se encontraba retenido injustificadamente en Honduras.

Desde la plataforma del Movimiento en M4, en contacto directo con sus compañeras y compañeros de la organización Otros Mundos A.C. de Chiapas, México, nos pusimos a disposición para sacar en tiempo real acciones e informaciones sobre la situación de Gustavo. Necesitábamos decirle al mundo entero que nuestro compañero y único testigo del asesinato de Berta no podía continuar en Honduras a merced de un estado que no garantizaba su integridad física y psicológica. Nos mantuvimos todo el mes en que nuestro compañero estuvo retenido allí, exigiendo #SeguridadParaGustavo.

Las acciones emprendidas recibieron un fuerte apoyo. La comunidad internacional se mantuvo vigilante de la situación y seguimos con el convencimiento de que nuestro compañero salió de Honduras gracias al apoyo de las personas, organizaciones y autoridades de todo el mundo que expresaron su indignación y apoyo. Al día de hoy continuamos exigiendo #JusticiaParaBerta.

Finalmente a finales del año 2016 cuando el grupo Acción Ecológica fue criminalizado por el gobierno ecuatoriano, nos sentimos honrados de que contaran con nuestra plataforma para poder lanzar su denuncia al mundo y pedir solidaridad en sus reclamos en contra de la minería en defensa del pueblo Shuar.

→ Desde el sureste mexicano

El equipo de Otros Mundos A.C., con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, tiene su propia área de comunicación para fortalecer su trabajo de defensa del territorio tanto como su espacio área de Alternatos, dedicada a la búsqueda de alternativas locales al sistema capitalista. Alimenta cotidianamente su sitio web, portal informativo alternativo que permite al público en general, a organizaciones sociales y a comunidades en resistencia entender mejor los impactos del modelo extractivo en los territorios, y conocer a los pueblos que resisten día a día al despojo en México y el mundo. Contiene comunicados, denuncias de diversos pueblos organizados, así como muchas producciones de Otros Mundos en acceso libre: análisis, videos, audios, notas informativas, manuales, ilustraciones y mapas. Los lectores están invitados a descargarlos y reproducirlos para su uso propio o para repartirlos.

Desde Otros Mundos A.C. consideramos que el video es una herramienta particularmente potente, como lo vimos con el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), un grupo que acompañamos en su resistencia a la minería en la costa de Chiapas. Cuando sus integrantes instalaron campamentos en septiembre 2016 para exigir la clausura de la mina Casas Viejas explotada por El Puntal S.A. de C.V., realizamos un video para contarlo, lo cual se volvió útil contra la desinformación y los intentos de criminalización del movimiento, al mostrar que los miembros del FPDS eran hombres y mujeres luchando pacíficamente por una vida digna y sana.

El sitio y las redes sociales de Otros Mundos siguen siendo el principal canal de información sobre la lucha del FPDS. Por un lado le permite tener impacto mediático y contar con una buena red de aliados en situaciones de emergencia (hostigamiento policíaco por ejemplo). Por otro lado, vemos que es difícil que las defensoras y defensoras se integren a la estrategia de comunicación, tomando ellas mismas una cámara y manejando las redes sociales de su movimiento cuando se trata de personas adultas no particularmente interesadas en la comunicación, el audiovisual o Internet, sin embargo a través de los materiales que se generan desde la organización reproducimos su voz y su palabra como instrumentos importantes del acompañamiento.

→ El COPINH habla a través de la radio comunitaria la Voz del Gualcarque

En el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la comunicación popular, alternativa, en manos de las comunidades en resistencia, ha sido un arma fundamental para la lucha en todas las comunidades a las que se ha podido llegar. En muchas de las comunidades que conforman el COPINH no hay electricidad, sin embargo en cada casa hay una radio.

En este contexto, la radio comunitaria ha sido un elemento importante de formación política de la comunidad, compartiendo los programas y productos de otras radios y medios alternativos y estableciendo un espacio libre de discusión e información, buscando alejarse de las malas prácticas y vicios amarillistas y tergiversadores de los medios corporativos. La radio ha sido un instrumento de lucha para la liberación de las mujeres quienes encuentran en ella un espacio de incidencia, denuncia y expresión.

Un ejemplo claro es el proceso de la radio comunitaria La Voz del Gualcarque en Río Blanco, Intibucá, Honduras, que, entre otros temas, brinda información en contra de la construcción de la represa asesina «Agua Zarca».

Tal ha sido la fortaleza que la radio ha dado a la comunidad que la empresa pagó para montar una radio en la misma frecuencia y entorpecer la frecuencia de La Voz del Gualcarque. Sin embargo, lo que no puede pagar el dinero sucio de esa represa es el trabajo comunitario y la alegría de la gente de poner su antena, construir su cabina y organizarse para que cada quien, desde sus posibilidades, participe en la radio de toda la comunidad.

Es por eso que desde allí se sigue construyendo comunicación popular y denunciando el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, quien perdió la vida por incentivar la organización y rebeldía del pueblo Lenca.

Día tras día constatamos que la comunicación en manos de los procesos y en los diversos formatos que adopta es una herramienta fundamental para caminar las luchas. Juntando ésta a otras formas de organización podemos hacer frente a las embestidas del capital para seguir construyendo día a día la vida digna que merecemos vivir.

Más información:

[INFORME] Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

Libro en PDF: «Aire, no te vendas» cuenta la experiencia de la radio comunitaria Totopo en Oaxaca (AUDIO)

Caso Berta Cáceres: el Ministerio Público de Honduras obstaculiza el camino hacia el juicio

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Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 24 de agosto 2018

Faltan pocos días para que inicie el juicio oral y público de las 8 personas acusadas en el caso del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro, perpetrados el 2 de marzo 2016. Se debe llevar a cabo en Tegucigalpa, capital de Honduras, del 10 al 28 de septiembre 2018. La presión es alta y la agenda muy apretada, ya que el 2 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los acusados.

El problema es que aún falta que el Ministerio Público analice y entregue informaciones claves antes de que pueda desarrollarse el juicio de manera justa para las víctimas, las cuales son los familiares de Berta y la organización que coordinaba hasta su muerte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El Ministerio Público omitió analizar elementos recolectados en los allanamientos realizados a los imputados y en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA). Esta empresa es la encargada del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» contra el cual luchaba Berta para defender al pueblo lenca y al río Gualcarque con el COPINH, y sabemos que tiene una alta responsabilidad en el crimen. En una investigación independiente publicada en noviembre 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) documentó la estrategia de DESA para eliminar cualquier oposición a «Agua Zarca». Por ello, urge analizar estas informaciones, almacenadas principalmente en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros y computadoras. Además, falta peritar el arma de fuego encontrada en la vivienda de Mariano Díaz Chávez, que podría ser el arma del crimen. Esto es lo que no ha hecho el gobierno de Honduras en dos años.

Un obstáculo a la Audiencia de Proposición de Pruebas

La omisión del Ministerio Público está obstaculizando el desarrollo de la Audiencia de Proposición de Pruebas, ya que las víctimas requieren que toda esta información esté disponible poder construir una acusación sólida y ejercer plenamente su derecho a la verdad. La audiencia estaba prevista ayer 23 y hoy 24 de agosto, pero el tribunal decidió posponerla al viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre, debido a la abundancia de la información que aún falta por analizar.

Es la segunda vez que la Audiencia de Proposición de Pruebas se cancela a causa de las omisiones del Ministerio Público. Debía llevarse a cabo inicialmente el pasado 27 de julio, pero se pospuso debido a que el Ministerio Público no había entregado la información necesaria. En total, el Ministerio Público hondureño ha negado 35 requerimientos de información solicitados por la organización y la familia de Berta desde el inicio del proceso. Estas irregularidades «evidencian la falta de voluntad política para resolver el asesinato de la compañera Berta Cáceres, crimen de alto impacto a nivel nacional e internacional y que desde el COPINH consideramos un crimen de Estado», denunció la organización en un comunicado publicado el 23 de agosto.

Ocultamiento de la verdad y revictimización de las víctimas

Según el abogado del COPINH, Victor Fernández, entrevistado por Radio Progreso el 22 de agosto, esto contribuye a la «revictimización de las víctimas». «El no haber realizado esta serie de diligencias a este momento del proceso implica un ocultamiento por parte del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente en el crimen y de negar verdad y justicia integral», agregó el abogado.

En esta búsqueda de justicia integral, el COPINH contempla llegar a los autores intelectuales del crimen, y no solo a los autores materiales, para que se reconozca que Berta fue asesinada por su trabajo político en defensa de los derechos y el territorio y que se trató de un crimen de estado. No solo quiere hacer la luz sobre los hechos ocurridos la noche del 2 al 3 de marzo 2016 en la casa de Berta en La Esperanza, Honduras, donde ella fue asesinada y su amigo Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C., sobrevivió a un intento de asesinato. Exige que se acepten pruebas que permitan develar también lo sucedido antes del 2 de marzo 2016, durante la persecución y criminalización que sufrió Berta por parte de DESA y el estado.

Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos

«Estamos en un momento crítico donde o se va a tener la verdad en su integralidad, o se tendrá que pensar si seguimos participando, y cómo, en un proceso legal que está violando el derecho a la verdad de las víctimas», advirtió Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora del COPINH.

En un contexto en el que más de 200 personas son asesinadas cada año en el mundo por defender el territorio, hacer justicia para Berta significa hacer justicia para los pueblos y las mujeres en defensa de sus territorios. La actuación del Ministerio Público cobra una dimensión nacional e internacional ante la impunidad que se acerca.

*Los 8 acusados son: Sergio Ramón Rodríguez (exgenrente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.

Más información:

[AUDIOS] Radio Novela del COPINH: «Justicia para Berta, Justicia para los pueblos»

Caso Berta Cáceres: no quieren que se siente un precedente de justicia

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Asambleas Comunitarias: la conspiración de personas valientes

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Artículo publicado en La Jornada del Campo por Gustavo Lozano Guerrero, miembro de Acción Colectiva A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 18 de agosto 2018

Foto: Asamblea agraria, comunidad Vergel de Bernalejo, San Luis de la Paz, Guanajuato.

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó «Tierra Arrasada», su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé «REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios», a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez años del surgimiento de la REMA– es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’- mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer «Territorios Libres de Minería». Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país han logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear «Territorios Libres de Minería», sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear «Territorios Libres de Minería», por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, «solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades».

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir «Territorios Libres de Minería», sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

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Emisiones imposibles: Cómo están calentando el planeta las grandes empresas de carne y lácteos

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Informe de GRAIN y el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)

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Las más grandes compañías de cárnicos y de lácteos del mundo podrían superar a Exxon, Shell y BP como los contaminadores climáticos más grandes del mundo en los próximos decenios. En un momento en que el planeta debe reducir drásticamente sus emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI), estas corporaciones gigantes de las proteínas animales globales están impulsando el consumo mediante el aumento de la producción y las exportaciones. GRAIN y el IATP examinaron las 35 compañías más grandes del mundo y encontraron que la mayoría de ellas no está reportando los datos de sus emisiones de GEI y pocas se han fijado metas con el fin de reducir sus emisiones totales. Necesitamos con urgencia construir sistemas alimentarios que satisfagan las necesidades del planeta, los agricultores y los consumidores. Para hacerlo, debemos romper el poder de los grandes conglomerados productores de carne y lácteos, y lograr que rindan cuentas por su inmensa huella climática.

Esta nueva investigación de GRAIN y el IATP demuestra que:

  • En su conjunto, las cinco principales corporaciones productoras de carne y lácteos del mundo, son actualmente responsables de un mayor número de emisiones anuales de gases con efecto de invernadero que Exxon, Shell o BP.
  • Para el año 2050 debemos reducir las emisiones globales en 38 mil millones de toneladas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Si todos los demás sectores siguen esta tendencias en tanto las industrias productoras de carnes y productos lácteos continúan creciendo según lo previsto, el sector ganadero podría dar cuenta de hasta el 80% de los GEI permisibles en sólo 32 años.
  • La mayoría de los 35 gigantes productores de carne y productos lácteos subregistran o de plano no reportan sus emisiones. Sólo cuatro de ellos ofrecen cálculos completos y fidedignos de las emisiones.
  • Catorce de las 35 compañías han anunciado algún tipo de objetivos de reducción de emisiones. De éstas, tan sólo seis tienen objetivos que incluyen emisiones de la cadena de suministro, aun cuando estas emisiones pueden representar hasta el 90% del total de las emisiones. Las seis compañías que prometen recortes de emisiones en la cadena de suministro están presionando simultáneamente hacia un crecimiento de la producción y de las exportaciones, impulsando un aumento en sus emisiones globales más allá de su intención de reducir las emisiones por kilo de leche o carne producida.

Para evitar la catástrofe climática, debemos reducir la producción y el consumo de carne y productos lácteos en países superproductores y superconsumidores, en las poblaciones opulentas en todo el mundo, y al mismo tiempo apoyar la transición hacia la agroecología.

Ganancias versus el planeta

El 25 de marzo de 2014, los altos ejecutivos de JBS, la gigante brasilera productora de carne, estuvieron en Nueva York para celebrar el «Día JBS», encuentro anual de la compañía, donde anunciaron los resultados financieros del año. El mayor productor mundial de carne tenía un mensaje triunfal para Wall Street: El consumo mundial de carne estaba subiendo y JBS se iba a beneficiar inmensamente de este crecimiento. [1] La compañía, con sede en Brasil, dijo a sus accionistas que el pilar de su estrategia era que se proyectaba un aumento del 30% en el consumo mundial de carne per cápita, pasando, de un máximo de 37 kg por persona en 1999, a 48 kg para 2030. [2]

Aquél día, JBS olvidó mencionar a sus inversionistas el crítico problema subyacente en su estrategia de crecimiento: el cambio climático. Si la producción mundial de carne aumentara a 48 kg per cápita, sería imposible evitar el aumento de la temperatura global a niveles peligrosos. [3] Para poner en perspectiva las cifras de JBS, un nuevo informe de Greenpeace considera que el promedio de consumo de carne per cápita debe bajar a 22 kg en 2030, y luego a 16 kg en 2050, para evitar un cambio climático peligroso. [4]

En su presentación, JBS no hizo ninguna mención acerca del cambio climático pero, como con los otros conglomerados mundiales de productos cárnicos y lácteos, es su deber conocer el impacto climático que conlleva el aumento de la producción. Hace más de una década, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) publicó el primer informe mundial de contabilidad de emisiones de gases con efecto de invernadero procedentes de la industria de productos cárnicos y lácteos, en el cual se demostró el papel global del sector pecuario mundial que exacerba el cambio climático. [5] Algunos estudios posteriores respaldan esta evaluación inicial. [6] A pesar de estas conclusiones, las más grandes compañías cárnicas y lácteas siguen comprometidas con niveles de crecimiento que van en total contradicción con el acuerdo logrado por los gobiernos del mundo en París en 2015 con el fin de mantener el aumento de la temperatura mundial «por debajo de 2 grados centígrados (°C)», con el objetivo de limitarlo a 1.5 °C. [7]

Si queremos alcanzar el objetivo de 1.5 °C, el total de las emisiones mundiales debe declinar rápidamente de 51 gigatoneladas a 13 gigatoneladas [8] en 2050. Si sectores como la energía, el transporte y otros reducen exitosamente las emisiones en conformidad con los objetivos de París, mientras las compañías cárnicas y lácteas continúan aumentando su producción, el sector ganadero representará una porción cada vez más grande de las emisiones disponibles de GEI de 13 gigatoneladas. En el escenario sin cambios donde todos quieren seguir con el negocio, el sector ganadero puede consumir más del 80% del presupuesto, por lo que resulta virtualmente imposible impedir que la temperatura suba a niveles peligrosos por encima de 1.5 °C.[9]

En directa contradicción con las perspectivas de un fuerte crecimiento de JBS, los imperativos del cambio climático exigen una reducción pronta y significativa de la producción por parte de las más grandes compañías cárnicas y lácteas del mundo.

Este informe se centra en los más grandes actores de la industria cárnica y de lácteos. Lo que está en juego es de gran importancia: sin recortes drásticos en sus emisiones de GEI, el mundo bien podría fracasar en su intento de evitar un cambio climático catastrófico. Estas compañías generan no solamente una enorme huella climática —comparable a las grandes compañías de combustibles fósiles— sino que dominan la producción de carne y productos de lácteos en aquellos lugares del mundo donde se presentan excedentes de producción y altos niveles de sobreconsumo de carne y productos lácteos.[10] Éstos son los lugares del mundo donde se hace más necesario implementar abruptas reducciones de emisiones procedentes de la producción de carne y productos lácteos. Esto incluye las exportaciones que alimentan el consumo excesivo entre las más opulentos clases medias y altas de los países en desarrollo.

La huella climática de los grandes productores de carne y lácteos

A diferencia de sus homólogos en el sector de la energía, las grandes compañías cárnicas y de lácteos han escapado hasta ahora al escrutinio público acerca de su impacto en el cambio climático. La falta de información pública sobre la magnitud de sus huellas de GEI es uno de los factores que contribuyen a esto. GRAIN y el IATP han examinado los esfuerzos emprendidos por las 35 compañías más grandes del mundo [11] productoras de carne de res, cerdo, aves de corral y las compañías de lácteos, con el fin de cuantificar sus emisiones de GEI. Encontramos que los datos disponibles públicamente acerca de sus emisiones son incompletos, incomparables entre compañías o años y, en la mayoría de los casos, simplemente son inexistentes. Tan sólo cuatro compañías —NH Foods (Japón), Nestlé (Suiza), FrieslandCampina (Países Bajos) y Danone (Francia)— ofrecen cálculos completos y confiables acerca de las emisiones. Sin embargo, en las actuales circunstancias, incluso estas cuatro compañías no están obligadas a reducir sus emisiones. La mayor parte de las compañías que informan acerca de las emisiones han infravalorado seriamente sus emisiones y no han incluido en sus cálculos la mayor parte de las emisiones de su cadena de suministro.

Estas emisiones de la cadena de suministro, que abarcan todo, de la producción de cultivos para la alimentación animal al metano emitido por el ganado, generalmente representan del 80% al 90% de las emisiones de la industria cárnica y láctea. [12] Sin embargo, las grandes compañías de cárnicos y lácteos tienen la responsabilidad particular de incluir en su contabilidad estas emisiones ascendentes de la cadena de suministro. Siendo compañías integradas verticalmente ejercen un importante control, a menudo directo, sobre sus cadenas de suministro, incluyendo las unidades de engorda y las operaciones de procesamiento, los sistemas de agricultura por contrato y las unidades de producción de piensos. Por ello es imprescindible que las grandes compañías cárnicas y de lácteos sean consideradas directamente responsables de las emisiones de la cadena de suministro ascendente, y se les niegue la posibilidad de trasladar la responsabilidad (y los costos) a sus proveedores agrícolas o al público.

En ausencia de datos completos y transparentes de las compañías más grandes, GRAIN y el IATP realizaron cálculos aproximados de las emisiones procedentes de las divisiones de producción de carne y lácteos de estas compañías. Para ello utilizamos una nueva metodología para el cálculo de emisiones y de datos regionales acerca de las emisiones procedentes de la producción ganadera, desarrollada por la FAO, llamada Modelo Interactivo de Contabilidad Ambiental para la Ganadería Mundial (Global Livestock Environmental Assessment Model, GLEAM), combinado con datos corporativos de los volúmenes de producción disponibles públicamente (véase el anexo). Las cifras son estremecedoras: las emisiones combinadas de las cinco principales compañías están a la par de las de Exxon y significativamente superiores a las de Shell o BP (ver Gráfica 4). En su conjunto, los 20 principales emisores de industria cárnica y de lácteos producen más emisiones que muchos países de la OCDE.

(…)

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[1] JBS, JBS Day New York, 4Q13 and 2013 Results Presentation, 25 de marzo de 2014. Http://jbss.infoinvest.com.br/enu/2892/JBSDayNY_4Q13_eng.pdf

[2] JBS, «JBS Day Transcription – 2013 and 4Q13 results», 25 de marzo de 2014. Https://docslide.com.br/documents/jbs-day-transcription-2013-and-4q13-results.html

[3] Para un buen resumen de literatura revisada por pares, que asocia el aumento del consumo de ganado con un cambio climático catastrófico, véase Kim, B., Neff, R., Santo, R. & Vigorito, J. «The importance of reducing animal product consumption and wasted food in mitigating catastrophic climate change», Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for a Livable Future, 2015. https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/2015-12-07e-role-of-diet-food-waste-in-cc-targets.pdf

Las cifras de crecimiento citadas por JBS se basan en los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación acerca del aumento de la producción de carne de vacuno, cerdo, aves de corral y carne ovina, datos que constituyen también la base de las proyecciones de las emisiones presentadas en la Figura 1 del presente informe.

[4] Greenpeace International, «Less is more: Reducing meat and dairy for a healthier life and planet,» 2018. http://www.greenpeace.org/livestock_vision.

[5] FAO, «Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options», 29 de noviembre de 2006. Http://www.fao.org/3/a-a0701e.pdf

[6] P.J. Gerber et al. «Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities,» FAO, 2013. Http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf

[7] «El objetivo central del Acuerdo de París es fortalecer la respuesta mundial frente a la amenaza del cambio climático, manteniendo un aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de 2 °C, por encima de los niveles pre-industriales y continuar los esfuerzos para limitar aún más el aumento de temperatura hasta hacia 1.5 °C.» https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

[8] 1 gigatonelada = 1 mil millones de toneladas

[9] Aquí nos referimos a un presupuesto basado en la cantidad acumulada de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas durante un periodo de tiempo para mantener los aumentos promedio de la temperatura global dentro de 1.5 °C.

[10] Con base en las emisiones de las compañías de productos de ganadería, incluyendo las emisiones de los sistemas de ganadería y los sistemas de combustibles fósiles que incluyen las emisiones finales.

[11] En términos de volumen de producción.

[12] P.J. Gerber et al. «Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities,» FAO, 2013. http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf

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[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista

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Rosalinda Santiz, presidenta del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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Foto: Rosalinda Santiz durante el seminario de Otros Mundos A.C. el 1 de mayo 2018 (Crédito: Otros Mundos A.C.)

Yo voy a hablar sobre el tema de las cooperativas como una alternativa al sistema capitalista. En 2016, se conformó la Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR), una red de cooperativas en diferentes estados del país (Quintana Roo, Oaxaca, Michoacan, Guerrero y Chiapas). Nosotras no nos llamamos feministas, porque al final este concepto no nace desde aquí, desde los pueblos. A lo mejor se puede decir de otra manera, no lo sé, tampoco lo hemos encontrado todavía. Sin embargo, las mujeres creemos que las luchas de las mujeres han sido de muchas maneras. El caminar de las mujeres es super importante.

Para nosotras es muy importante ver cómo desde las cooperativas podemos defender el territorio, las tierras y nuestros propios recursos naturales. Es una forma de luchar, de unirnos como mujeres y también de lograr la autonomía económica porque antes no existía. El que administraba los pocos pagos que las mujeres recibían de sus productos o tejidos eran los hombres. A las mujeres no nos educan a participar, ni siquiera a tomar decisiones. Sin embargo, uno de los logros que han habido dentro de las cooperativas es la toma de decisiones y también el hecho de que las mujeres conozcan sus propios derechos, aunque han habido diferentes dificultades en el camino. Hasta han habido muertes de mujeres. Las quisieron violar porque estaban participando y tomando decisiones.

Una de las cosas que queremos también defender es nuestro patrimonio cultural, porque se ha ido perdiendo de muchas maneras. Otra de las cosas que estamos defendiendo como red de cooperativas es la defensa de la propiedad intelectual de nuestros diseños. Es un problema muy grande que está pasando en el país, no solo en México, sino también en Guatemala y otros países. Todos nuestros diseños se los están llevando a otros países y cada vez es menos lo que nos está quedando.

Y otra de las cosas que estamos empezando a construir en nuestra red entre todas es valorar el trabajo entre nosotras, las mujeres, rescatando el trabajo de las pocas mujeres mayores que quedan. Uno de los trabajos que queremos seguir haciendo es que se sumen otras cooperativas de mujeres, otros esfuerzos, otros colectivos. Si somos más grupos de mujeres, tendremos más fuerza para enfrentar las situaciones.

Actividades organizadas con la cooperativa de mujeres Jolom Mayaetik en Chiapas (Crédito: CEFOCAM)

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Nicaragua: alto a la criminalización y represión de las defensoras de derechos humanos

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Pronunciamiento lanzado por la Iniciativa Mesoamerica de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Agosto 2018

>> Organizaciones y articulaciones locales, nacionales e internacionales pueden firmar el pronunciamiento en línea aquí <<

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante la sistemática campaña de represión, hostigamiento, amenazas, ataques y criminalización por parte del Estado, actores parapoliciales y otros vinculados al gobierno, que están enfrentando en Nicaragua las mujeres defensoras y sus organizaciones en el marco de la crisis política y de derechos humanos desencadenada en el país desde el pasado 19 de abril.

Desde el inicio de la crisis, las mujeres defensoras y sus organizaciones han desarrollado un papel fundamental en los movimientos de resistencia pacífica en todo el país, jugando roles importantes de liderazgo en distintos niveles, contribuyendo también al monitoreo, verificación, denuncia y acompañamiento de las numerosas violaciones a derechos humanos en todo el país. Por este motivo se han convertido en blanco sistemático y reiterado de ataques de toda índole y gravedad, tal y como reflejan las veinte #AlertaDefensoras, individuales y colectivas, emitidas en los últimos tres meses y que afectan a más de cien defensoras.

Pese a la presión internacional, las recomendaciones y auditoría de instancias oficiales de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lejos de detenerse, estos ataques se intensifican y se complejizan a través de iniciativas gubernamentales como las recientemente aprobadas «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva», claramente orientadas a fiscalizar y criminalizar la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la protesta social.

Evidencia de ello es el reciente señalamiento vertido en redes sociales contra el Grupo Venancia, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y La Finca – Campamento de Vida Joven, organizaciones de Matagalpa de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, donde se las acusa de apoyar a «terroristas» y se pide que «les hagan auditorías y las cierren por ser parte de los vándalos y los delincuentes».

Este tipo de señalamientos en redes sociales no son inocuos ya que muchas veces son el preámbulo de agresiones más graves, como por ejemplo, el levantamiento de cargos por terrorismo en contra de defensoras, sus organizaciones y/o movimientos, como lo hemos visto ya en otros casos. En relación a esto, en comunicado emitido el pasado 9 de agosto un grupo de expertos de la ONU (1) expresa su preocupación ante el hecho que «estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas».

Ante ello, las organizaciones firmantes señalamos al Estado nicaragüense como responsable de cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país, y le exigimos:

  • En sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, el cese inmediato de la «caza de brujas» contra las organizaciones y personas que defienden y ejercen los derechos humanos en Nicaragua, poniendo un alto a distintas formas de violencia y represión contra actores de movimientos autoconvocados.
  • La derogación de las anticonstitucionales «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva».
  • El cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CIDH el 21 de mayo tras su visita al país.
  • Proporcionar todo el apoyo a la Misión en Nicaragua del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y a la Misión de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH (MESENI), para que puedan tener acceso a información relevante y diferentes instancias (como centros de detención), trasladarse en condiciones de seguridad, para que puedan cumplir a cabalidad con su papel crucial ante esta crisis.
  • La libertad inmediata y sin cargos de todas las defensoras víctimas de detención arbitraria y criminalización por ejercer su legítimo derecho a la protesta social y a defender derechos.
  • Apoyar el retorno a una mesa de diálogo verdadero, que contribuya a asegurar una salida pacífica y democrática a la crisis actual, en el que las voces de los diversos movimientos autoconvocados, incluyendo las mujeres, tengan una participación fundamental.

(1) Los Expertos: El Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; el Sr. Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; el Sr. Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; la Sra. Ivana Radačić, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; la Sra. Fionnuala Ní Aoláin; Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; el Sr. Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; el Sr. Seong-Phil Hong, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.

Foto:Una estudiante se cubre con una bandera de Nicaragua mientras realizaba vigilancia en una barricada, ubicada en semáforos de la Rafaela Herrera. Carlos Herrera| Niú (más fotos aquí)

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Caso Berta Cáceres: no quieren que se siente un precedente de justicia

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Artículo del periodista Giorgio Trucchi, publicado en la Agencia latinoamericana de Información (ALAI) el 6 de agosto 2018

Del 10 al 28 de septiembre se llevará a cabo en Honduras el debate oral y público contra ocho personas acusadas de participar en la preparación y ejecución del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres. Entre ellas figuran ex militares y militares activos, así como directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Durante años, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -organización de la cual Cáceres fue coordinadora- ha luchado con ahínco para frenar el intento de DESA y de la empresa estatal china de construcción Sinohydro de realizar el proyecto. Una obra que nunca fue socializada con las comunidades de la zona y que generaría graves impactos ambientales, en especial al río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

El largo conflicto generó enfrentamientos y divisiones. La zona de Río Blanco, Intibucá, fue repetidamente militarizada y miembros de las comunidades lencas locales fueron perseguidos y reprimidos, sufrieron atentados, su lucha fue criminalizada y judicializada. Los ataques contra el Copinh dejaron un saldo de varios activistas heridos y asesinados.

Fue en este contexto de defensa del territorio y los bienes comunes, de persecución y represión, que Berta Cáceres fue asesinada en la noche entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por un comando armado.

Faltan los autores intelectuales

Tanto el COPINH como los familiares de la dirigente indígena asesinada aseguran que aún no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.

Durante una entrevista con Radio Mundo Real, Bertha Zúñiga, actual coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, habló de la importancia del juicio. «No es el juicio que nosotros queremos porque no juzga la autoría intelectual del crimen. Más bien es un gesto que el gobierno quiere hacer hacia la comunidad internacional que está exigiendo justicia. Pese a eso, va a ser algo histórico que va a dar una señal importante contra la injusticia. Queremos -continuó Zúñiga- que este juicio no sea solo ‘justicia para Berta’, sino que contribuya a producir cambios estructurales en el país. Que sirva a denunciar y transformar situaciones de fondo que ocurren en Honduras, como asesinatos, persecución y represión que quedan en la impunidad”, manifestó durante la entrevista.

Lamentablemente, no parecen ser estos los planes de las autoridades hondureñas. Antes bien, en los últimos meses se ha desatado una ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el trabajo investigativo independiente. Tampoco puede ser considerado casual que dicha ofensiva se esté dando a un mes del inicio del juicio en contra de los acusados del asesinato de la lideresa indígena.

Como distorsionar la realidad

Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo sobre el asesinato de Cáceres realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE). El objetivo sería sembrar dudas sobre la posible vinculación de la empresa con el brutal asesinato.

La investigación del Grupo de expertos internacionales concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.

Pese las fuertes acusaciones y a la decisión de los bancos europeos FMO de Holanda y FinnFund de Finlandia, de retirarse del proyecto Agua Zarca, la empresa prefirió no cerrarlo definitivamente, optando por suspenderlo temporáneamente. Lamentablemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mantiene su financiamiento de 24 millones de dólares a DESA.

«DESA mantiene la ilegal concesión de 50 años sobre el río Gualcarque, lo que significa que el proyecto no se cierra, sino que está en suspensión esperando que pase el tiempo para reanudar sus operaciones. Ratificamos nuestra lucha permanente por la expulsión definitiva del proyecto Agua Zarca, y denunciamos a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados«, explicó el COPINH en un comunicado.

La decisión de no cerrar el proyecto hidroeléctrico y de contratar a un experto penalista internacional para deslegitimar el trabajo del GAIPE sería parte de una ofensiva mucho más amplia, «que incluye pseudo biografías de Berta Cáceres y textos que tienen el propósito de distorsionar hechos y crear nuevas y espurias líneas de investigación«.

Tampoco ha parado «el trabajo de manipulación y ataque contra las comunidades de Río Blanco«, así como «el fortalecimiento de estructuras comunitarias paralelas» para dividir a la población y mantener vivo el conflicto, señala el COPINH en la nota.

La organización indígena lenca alertó también sobre el reiterado incumplimiento de parte del Ministerio Público (MP) de entregar la información del caso a los representantes legales de la familia de Cáceres. En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar dicha información. «La falta de acceso a la información se utiliza para ocultar verdades, para beneficiar a los culpables de la muerte de nuestra compañera Berta. Se utiliza para manipular la verdad y evitar que los máximos responsables de su muerte enfrenten a la justicia», denunció el COPINH el 3 de agosto.

La información que el MP sigue ocultando es la que fue recabada en los allanamientos a la empresa DESA, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el COPINH. También oculta la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.

El mismo año en que asesinaron a Berta Cáceres, Honduras fue señalado por la organización británica Global Witness como el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Negocios que matan

Dos años después, el nuevo informe de la organización británica «¿A qué precio?» señala que en 2017 fueron 207 las personas asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes en el mundo. Se trata de la cantidad más alta jamás registrada. Cifras escalofriantes que, incluso, ocultan un considerable subregistro de casos debido a la dificultad de detectar, identificar y denunciar asesinatos.

La agroindustria resulta ser el sector de negocios más vinculado a los ataques, seguido por la minería y la industria extractiva. También hubo un aumento considerable de los asesinatos múltiples (masacres). Casi una cuarta parte de las personas asesinadas en 2017 se oponían a proyectos agrícolas. Esto representa un aumento del 50 por ciento respecto del año anterior.

América Latina es la región más peligrosa. El 60 por ciento de las muertes ocurrieron en esta región. Brasil (57), Filipinas (48), Colombia (24), México (15) y Congo (13) encabezan la trágica lista de asesinatos. México fue el país que registró el mayor aumento del número de víctimas mortales en comparación con el 2016.

Asimismo, cientos de personas en el mundo fueron atacadas, perseguidas, amenazadas, estigmatizadas, criminalizadas y judicializadas por tener la valentía de hablar abiertamente y denunciar los ataques contra sus comunidades, su forma de vida y su ambiente.

En el caso de Honduras, el informe de Global Witness evidencia una disminución de los asesinatos. «Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016. Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los fiscales”, se lee en el informe.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (Oea), está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del oficialista Partido Nacional y empresas que ganaron licitaciones para desarrollar proyectos hidroeléctricos, incluido Agua Zarca. El informe señaló también que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores, advirtió Global Witness.

Negocios irresponsables

Para la organización británica, los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado. «Cuando bosques tropicales son arrasados para sembrar monocultivos, cuando se explota la tierra para la minería, cuando se acapara la tierra, se pone en riesgo el futuro de las comunidades cercanas. Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible», increpó.

Gobiernos cómplices

La colusión o la inacción de los gobiernos ha permitido la impunidad sistémica en los delitos cometidos contra defensores y defensoras. Impunidad que alienta más violaciones de derechos humanos. «Los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria», señala el informe.

Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos, y a fuerzas no estatales con al menos 90 casos más. «A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situación. Pero su discurso y sus promesas aún no se ha traducido en políticas convincentes y cambios concretos».

Ante esta situación, Global Witness pidió a los diferentes actores abordar las causas fundamentales de la violencia contra personas defensoras, entre otras, la falta de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades.

También exigió apoyo y protección para defensores y defensoras en riesgo, así como garantizar la investigación, captura y castigo para los responsables de los ataques. «Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia”, concluye el informe «¿A qué precio?».

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