La visión y el legado de Berta Cáceres: entrevista a sus hijas Berta y Laura

Artículo de Beverly Bell, de la organización estadounidense Other Worlds – A 5 de abril 2017

El 2 de marzo 2016, Berta Cáceres fue asesinada por el gobierno local del departamento de Intibucá y por el gobierno nacional de Honduras, y por una compañía multinacional hidroeléctrica, Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el apoyo -al menos tácito- de los Estados Unidos. En septiembre del año pasado, toda la evidencia que la familia Cáceres había recopilado durante meses fue robada, casi con seguridad, por el gobierno hondureño. El gobierno también se ha negado a compartir información con la familia y no ha permitido que instituciones independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apoyen el proceso.

Mensaje para los ciudadanos estadounidenses:

Por favor contacte a su representante del Congreso de los Estados Unidos para instarlo/a a apoyar el Proyecto de Ley Berta Cáceres de los Derechos Humanos en Honduras que fue re-introducido el 2 de marzo 2017. Éste compromete al gobierno de Estados Unidos a recortar la ayuda militar que presta a Honduras, hasta tanto no mejore su historial en derechos humanos. Por favor difunda el llamado a través de sus redes sociales, también.

>> #JusticeForBerta is the #BertaCaceresAct

>> Endorse the Berta Cáceres Act / Apoyar la Ley Berta Cáceres

El legado del trabajo y la visión de Berta Cáceres aún viven. Aquí, dos de sus hijas discuten su legado política, espiritual e intelectual:

Beverly Bell: ¿Cómo ven el legado de su madre, Berta Isabel Cáceres Flores?

Berta Zúñiga Cáceres: Es un legado de mucho compromiso con muchas tareas. Habría mucho de qué hablar, pero sobre todo, es cómo ella logró rescatar la identidad, la cultura, la espiritualidad, la cosmovisión del pueblo Lenca. También logró traducirlo en un proyecto político de formación y organización de las comunidades Lenca enfrentando a otros modelos de vida que son chocantes con esa forma de entender el mundo.

En sus 44 años, logró hacer muchísimas cosas. Claro, eso también viene de un trabajo colectivo de la lucha y la resistencia del pueblo Lenca. No lo miraba de una manera vertical de “yo rescato el pueblo”, sino que realmente reconocía los valores que allí estaban presentes y que siempre se invisibilizaron.

Su legado tiene que ver con la comunicación popular, la formación política en estos pilares anti-capitalistas, anti-patriarcales, anti-racistas, a lo interno de la organización como hacia fuera. Siempre poniendo en la mesa estos principios, sobre todo el tema, digamos, de las mujeres.

Laura Zúñiga Cáceres: Una de las cosas que va dejando mi mami es empezar a cuestionarse entre lo dado, y a partir de eso enfrentarse ante esas cosas dadas que no están buenas a partir de acciones efectivas. Y por eso también esto de pensar y de organizarse de forma colectiva para poder ampliar la magnitud de sus acciones.

Una de las cosas mas lindas de mi mami es la rebeldía, ¿no entiende? Esto de rebelarse ante los sistemas económicos y temas culturales que imponen roles. Ella lo va luchando a partir de su propia forma de ver el mundo, pero también enriqueciéndose en diálogo directo con personas que piensan cosas distintas. Todo esto a partir de construir ese colectivo y de rescatar las mejores cosas de las personas.

BZC: Berta nunca se paralizó ni se conformó en el mundo.  Es bien importante, sobre todo para la juventud, siempre sentirse actor o actriz de la historia. O sea, no es que las cosan pasan porque sí, sino que realmente pasan porque somos los seres humanos los que construimos nuestra historia.

LZC: Otra cosita más, mi mami sabía cómo ser alegre. No se dejó agüevar. A veces costaba, pero en medio de cualquier cosa, en vez de decir, “Qué feo lo que esta pasando,” se reía. Era otra herramienta de rebeldía, y también parte de la construcción de nuevas formas de vivir.

BB: Muchas personas ven el trabajo del COPINH como defensivo: defensa de aguas, defensa de tierras, defensa de pueblos indígenas. Pero sabemos que eso es una lectura parcial de la historia. La profundidad y la integración de su visión es lo que distingue al COPINH de muchos otros movimientos, en la misma manera en que los zapatistas, los sandinistas, y otros movimientos revolucionarios han puesto su posición alrededor de cómo puede ser del mundo. ¿Qué pueden decir sobre esta visión alternativa?

BZC: Es una visión bastante rica y que es muy similar entre los pueblos indígenas. Tiene que ver con construir lógicas totalmente diferentes a las que siempre nos enseñan, y a esa manera hegemónica en que se construye todo. Son propuestas bastante desafiantes, con una visión totalmente distinta a la visión académica, patriarcal, racista, cientificista. Es otra visión de las relaciones entre los seres humanos que son mucho más comunitarias y colectivas, que tienen una relación fuerte con los bienes comunes en la naturaleza. Esto desafía toda esa visión antropocéntrica que siempre nos niega el tema de la espiritualidad y las relaciones que tenemos, o sea, es una visión holística del mundo y de la vida.

Es una forma diferente de procesar el conocimiento, de pensar, de sentir, y de muchas otras cuestiones. Por eso siempre son los pueblos indígenas que se encuentran en batallas contra el extractivismo, contra empresas, contra la minería. Es allí donde se manifiesta esa contradicción entre esas formas del entendido de las cosmovisiones.

Es la riqueza que se encuentra en los pueblos indígenas, pero significa una amenaza para todo el modelo económico, que se instala a partir de otras lógicas que tienen como centro la ganancia y el dinero. Siempre tiene que haber exclusión, represión, porque así funciona.

LCZ: En un sistema tan violento como este, siempre hay una cuota bien grande de estar a la defensiva, que es muy difícil. Es muy difícil crear cosas porque siempre estamos en esta cosa de sobrevivir, y que es uno de los avances que ha tenido el capitalismo en ese sentido.

El COPINH tiene la cosmovisión indígena ancestral, que es lo que permite otra visión del mundo. Y, a partir de esa visión, nos empezamos a relacionar entre nosotros y con la tierra dentro de este sistema.

Todo ese proceso no se lograría entender solo en el enfrentamiento directo con el sistema, porque va más allá.  Sino que la misma creatividad, la historia, la lucha, están implícitas en todo esto.

BB: ¿Qué visión de democracia tiene COPINH?

LZC: En Honduras, todo el impulso del sistema democrático ha significado algo que no es democracia, que ha excluido sobre todo a los pueblos indígenas históricamente, que los ha invisibilizado, que los ha negado.

Realmente la profundidad del sentido tiene que ver con construir relaciones de lo más local, de consejos indígenas, hasta llegar a la Asamblea General. Es la oportunidad de incluir a todas las personas en un máximo posible, y no solo como personas, sino también como seres vivos, que implica mucho mas. Yo creo eso está en construcción permanente, porque realmente no se llegue nunca al ideal; implica tener la capacidad no solo de hablar, sino de transformar la realidad propia constantemente.

BB: ¿Podrían extender la visión de la que hablan hacia los sistemas nacionales y transnacionales, políticamente y económicamente? O para ustedes, ¿ésta forma de ver las cosas sería contradictoria, porque la democracia debe ser algo que se construye desde abajo?

BZC: La forma de construir cualquier cosa que se construya, si se plantea que sea autentica, tiene que salir a partir de los pueblos, de lo local, lo regional, en todo el mundo.

LZC: Los procesos nacionales deben ser capaces de expresar los deseos de todas estas luchas. Por eso decimos que es posible vivir de otra manera y tener una armonía para todo el mundo, no solo para uno y una.

BB: ¿Hay algo más que quieran agregar?

LZC: Yo lo que agregaría es que la lucha de los pueblos indígenas y otros sectores es una lucha por la vida. Estamos resguardando la posibilidad de que sigamos viviendo en este mundo y viviendo de una manera armónica.

Gracias a Tanya Kerssen y Laura Vargas

Crowdfunding: Apoya la publicación de «Mesoamérica se Levanta», un libro desde las resistencias para las resistencias

Campaña de fondeo popular/crowdfunding lanzada por Colectivos en Acción, una red de 12 colectivos de México, Europa, Estados Unidos y varias partes del mundo que, tras organizar «La Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia», quieren publicar su libro «Mesoamérica se Levanta» sin depender de financiamientos corporativos

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Desde los Sioux de Standing Rock hasta los Mapuches, los pueblos originarios en todas partes se están levantando para defender su tierra y agua frente a los proyectos extractivos como son las minas, los gasoductos, y las presas.

Desde 2012, Colectivos en Acción ha trabajado en apoyo mutuo con comunidades indígenas y barrios que están luchando contra estos proyectos de muerte, y en su lugar sembrando semillas de la vida digna: a través de brigadas de salud y cooperativas de agricultores; escuelas autónomas y radios comunitarias; comités de manejo comunitario de agua y energías alternativas a pequeña escala. En 2015-16, como Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia, colaboramos con 17 comunidades en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica, documentando movimientos en defensa de la tierra y compartiendo herramientas sobre medios comunitarios y tecnologías apropiadas.

Ahora estamos recaudando los fondos necesarios para transformar este rico compendio de conocimiento y experiencia en un libro práctico, desde y para los pueblos en todas partes que están luchando para derribar el modelo extractivo y construir  justicia en su lugar.

Foto: Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia

Este libro nos conectará tras fronteras:

Desde las altas montañas hasta las costas tropicales, cada resistencia Mesoamericana brinda distintos aprendizajes, sueños, y planes de acción. Ante las estrategias que usan los corporaciones para dividir comunidades, sobresale la capacidad de la radio comunitaria para unir vecinxs contra las empresas poderosas; ante los peligros de los agroquímicos, se retoma el poder de la medicina natural y ancestral. Sin importar el país, resalta el papel de las mujeres, quienes al frente de la resistencia van organizándose y caminando contra el extractivismo, y  llenando de significado la autonomía en la vida diaria.

Nuestra meta es sistematizar estas reflexiones, mapas y manuales en una antología viva, desde y para lxs defensorxs comunitarixs, con la finalidad de seguir incitando diálogo y retroalimentando las semillas de autonomía.

El Reto

Buscamos financiar este proyecto desde las bases, apoyado por nuestrxs vecinxs inspiradxs y comunidades extendidas que ven el gran valor en iniciativas autónomas construidas con amor desde abajo. No dependeremos de financiamientos que cambiarían el contenido del proyecto, porque nuestro deber principal es devolver este volumen a las comunidades con las que compartimos, construimos y acompañamos en Mesoamérica. Aseguraremos que las voces de lxs defensorxs serán devueltas a sus lugares de origen, amplificadas junto a las voces de resistencias de toda Mesoamérica, para que se sigan alimentando formas creativas de comunicación y resistencia.

Los fondos se dirigirán a la publicación del libro, incluyendo ilustraciones y dos DVD’s con audio y video, para que este material pueda ser accesible a personas de todas edades y niveles de alfabetización. Nuestra intención es circular este libro ampliamente, y, especialmente que su distribución pueda ser de forma gratuita para los pueblos indígenas, comunidades, colectivos y organizaciones sin fines de lucro que participaron en la caravana.

Sobre lxs Autorxs:

Colectivos en Acción es una red de 12 colectivos de México, Europa, Estados Unidos, y otras partes del mundo. Juntxs contamos con años de experiencia en el uso de los medios comunitarios y tecnologías apropiadas en defensa de los territorios autónomos. Trabajamos para fortalecer mutuamente a los pueblos que defienden sus territorios de los proyectos de muerte.

Presupuesto:

– Impresión de 1000 libros: $2,550 USD

– Compra, quema e impresión de DVD’s: $666 USD

– Papel blanco: $1,235 USD

– Papel colorado: $1,349 USD

>> Total: $5,800 USD

Defensore/as de la Costa de Chiapas denuncian el contubernio del gobierno estatal con las empresas mineras

Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de abril

 

Denunciamos el contubernio del gobierno de Chiapas

con las empresas mineras en el Soconusco

  • La empresa minera el Puntal S.A. de C.V. hostiga, amenaza y bloquea a los ejidos que denuncian la actividad minera;
  • El gobierno de Chiapas omite las denuncias de la población, simula atención al conflicto y apoya a las empresas mineras.

>> AUDIO + VIDEO:

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En febrero de este año, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) comunicamos nuestra decisión de suspender las mesas de trabajo establecidas con el gobierno de Chiapas por incumplimiento de acuerdos, así como los hechos que nos demostraron su complicidad con la empresa El Puntal S.A de C.V. para crear división comunitaria en los ejidos y deslegitimar nuestra lucha.

Hoy, alzamos la voz y llamamos a los medios de comunicación, organizaciones y colectivos para denunciar que las amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera El Puntal S.A de C.V. se elevan con la protección de la Policía Estatal y que las instancias de Salud y Medio Ambiente del gobierno de Chiapas cierran el trabajo de investigación que les correspondería realizar para atender los casos de afectación a la salud, niegan todo tipo de contaminación o alteración al medio ambiente, justifican los permisos autorizados a las empresas y desvían responsabilidades entre diferentes instancias para no asumirlas.

Lo que afirman las instancias de Salud y Medio Ambiente, y lo que les contestamos:

a) El Dr. José Esaú Guzmán Morales, Jefe de Jurisdicción Sanitaria No.7 afirma no encontrar casos sospechosos de afectación a la salud o indicios de algún problema en el agua por la minera en el ejido Libertad, tampoco acepta aumento en la mortalidad en Acacoyagua (Oficio no. JST/ST/005/2147/2017).

>> Contestamos: Las conclusiones que elabora el Dr. José Esaú Guzmán Morales son a base de una brigada de visita al ejido Libertad que realizó una campaña de limpieza de manos, en una sola visita de 3 horas el 6 de octubre del 2016, sin presentar perfil profesional del personal, protocolo de investigación epidemiológica y estudios del agua que comprueben que la comunidad no se encuentra expuesta a ningún tipo de contaminación.

b) Amado Ríos Valdez, Delegado en Chiapas de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) detalla que los permisos para la explotación y exploración para la empresa El Puntal S.A de C.V. fueron otorgados para que la ilmenita (la roca de donde se extrae el titanio) fuera extraída en bruto y se llevara a otro lugar para la separación de minerales (oficio Núm. 127DFSMARNT/15S.114.3/626/2017). Expone que el titanio no es contaminante e incluso que el dióxido de titanio se utiliza en varios productos.

>> Contestamos:

– El proyecto «Casas Viejas» es solo uno de los cinco proyectos establecidos desde el 2012 en Acacoyagua y Escuintla que se encuentran en el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo y en un área de una de las fallas tectónicas más importantes de México: la falla de Matagua (de la que ya se han extraído 49,000 toneladas de titanio, según reporte de la empresa Male S.A de C.V.).

– Además, la SEMARNAT no contempla los impactos acumulativos de todos los proyectos para la Reserva de la Biósfera La Encrucijada (ubicada río debajo de los ríos Cacaluta y Cintalapa): deforestación, riesgo para la biodiversidad que mantiene el ecosistema, daño a los mantos acuíferos por los barrenos, entre otros. Además, aunque afirma que no ha otorgado permisos en área de reserva natural si los ha otorgado para 17 concesiones más.

c) La PROFEPA por su parte, junto con la delegación de la SEMARNAT, asegura que no realiza ninguna inspección porque la mina «Casas Viejas» apenas se encuentra en fase de exploración.

>> Contestamos: La población ha comprobado la extracción del mineral y dos carreteras clandestinas para transportar el material. La PROFEPA no presentó los reportes semestrales de atención a medidas de mitigación para la supuesta fase de exploración.

Por todo lo anterior, denunciamos que el gobierno de Chiapas no cumplió con los compromisos que tomó en el marco de las mesas de trabajo y simuló atender el conflicto minero y las violaciones a derechos humanos que sufrimos en la región a causa de la actividad minera.

Expresamos nuestra preocupación por el avance de las amenazas y hostigamiento hacia los campamentos y a los integrantes del FPDS:

– El bloqueo de la empresa  El Puntal S.A. de C.V. al paso para la administración del agua potable en el ejido de La Cadena, en el lote «El Encuentro»;

– Hostigamiento a los y las integrantes del FPDS por parte de elementos la Policía Estatal el 8 de abril 2017 en el campamento «José Luciano» ubicado en La Cadena;

– Notas en periódicos y en la radio donde se asegura que los/as integrantes del FPDS son grupos de choque, amenazan a la población y extorsionan a la población para dar paso en los campamentos.

Exigimos:

  1. La suspensión definitiva de la actividad minera en la región, así como realice la vigilancia correspondiente por parte de las Autoridades ambientales;
  2. El cese al hostigamiento y amenazas al FPDS. Alertamos sobre el incremento de las amenazas y protección del gobierno hacia las mineras;
  3. La cancelación definitiva de los permisos y concesiones otorgados a empresas mineras en Escuintla y Acacoyagua.

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Fotos: Conferencia de prensa del FPDS y REMA en Tuxtla Gtz el 10 de abril 2017

1 (Crédito: FPDS): 4 integrantes del FPDS; Libertad Díaz de Otros Mundos A.C./REMA y Miguel Angel Mijangos de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. (PIAP A.C.)/REMA; Sandra Urania, investigadora de la UNICACH; Nataniel Hernández, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

2 (Crédito: Otros Mundos A.C.): 4 integrantes del FPDS; Libertad Díaz de Otros Mundos A.C./REMA y Miguel Angel Mijangos de Procesos Integrales para la Autonomía de los Pueblos (PIAP)/REMA

Más información:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco sigue reclamando que se respeten las declaratorias de municipios libres de minería

– La lucha contra la minería en Chiapas se oye desde la radio pública de Madrid

– Lo/as oponentes a la minería en la Costa de Chiapas denuncian al gobierno por no cumplir con acuerdos

Después de la visita de la MODH, la lucha del Frente Popular en Defensa del Soconusco continúa

– Soconusco, Chiapas: llevan 15 días en campamentos para detener la minería (+VIDEO)

En los medios:

Activistas denuncian «contubernio» entre el gobierno de Chiapas y mineras (Proceso)

¡Hartos de delegados corruptos! ¡Que se vayan Sagarpa y Semarnat! (Diario de Chiapas)

Denuncian el contubernio del gobierno con las empresas mineras en Costa-Soconusco (Chiapas Paralelo)

El gobierno de Chiapas es omiso y simula atención al conflicto y apoya a las mineras: FPDS (Regeneración Radio)

Lunes 10 de abril, 10 AM, Tuxtla Gtz: Conferencia de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS)

 

LUNES 10 DE ABRIL 2017, 10 AM, TUXTLA GUTIÉRREZ

EL FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO «20 DE JUNIO» (FPDS)

Y LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

LES INVITAN A SU CONFERENCIA DE PRENSA:

«EL ESTADO DE CHIAPAS NO ACTÚA ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROVOCADAS POR LA MINERÍA EN LA ZONA COSTA»

 

Los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» quienes resisten a la minería en Escuintla y Acacoyagua, Zona Costa de Chiapas, darán una conferencia de prensa para denunciar la falta de actuación por parte del gobierno del Estado ante las violaciones a derechos humanos provocadas por la actividad minera en dichos municipios.

CAFETERÍA BIO CAFÉ, TUXTLA GTZ
Calle 13 A Oriente Sur / Avenida Primera Norte Oriente
(Al lado del Parque 5 de mayo)

Más información:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco sigue reclamando que se respeten las declaratorias de municipios libres de minería

– La lucha contra la minería en Chiapas se oye desde la radio pública de Madrid

– Lo/as oponentes a la minería en la Costa de Chiapas denuncian al gobierno por no cumplir con acuerdos

Después de la visita de la MODH, la lucha del Frente Popular en Defensa del Soconusco continúa

– Soconusco, Chiapas: llevan 15 días en campamentos para detener la minería (+VIDEO)

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Chiapas: Defensores del territorio zoque rechazan ola de proyectos extractivos y exigen la liberación incondicional de Silvia Juárez

Boletín de prensa del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR), el Centro de Lengua y Cultura Zoque (CLYCZ), el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad (CECOCISE) y la Asamblea estattal de organizaciones – Tuxtla Gutiérrez, a 6 de abril 2017

>> Escuchar y descargar el audio de la lectura del comunicado

A los organismos de Defensa de los Derechos Humanos,
A las organizaciones sociales,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,
Al pueblo de Chiapas y de México,

Contexto

A partir de la aprobación de la reforma energética en el 2013, se legaliza que, en el tema de hidrocarburos, empresas privadas nacionales e internacionales puedan participar en los diferentes procesos de la industria, por lo que han ocurrido diversas situaciones con las rondas otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (SENER), por mencionar dos de ellas:

– En la ronda 1.3, el bloque conocido como Catedral fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, quien fue Secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari y fue un fuerte impulsor de la reforma energética, siendo beneficiado por ella, ya que ahora puede adquirir bloques de extracción.

– En diciembre de 2015 se concesionaron 5 campos petroleros. Los municipios en los que se instalarán son: Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa. 3 de estos campos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una empresa mexicana que es sucursal de otra empresa canadiense y uno a una empresa mexicana.

En agosto del 2016, la SENER dio a conocer el proceso de licitación que se denomina Ronda 2.2 para el concesionamiento de pozos de extracción de hidrocarburos en los estados costeros del Golfo de México, la cual se compone de 12 bloques, 2 de los cuales tienen impacto en el Estado de Chiapas.

El bloque 10 afectaría 42,600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo. Por otra parte, el bloque 11 afectaría 41,900 hectáreas de los municipios de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y aceite superligero. En total, están en riesgo por despojo y contaminación ambiental 84,500 hectáreas de territorio Zoque.

La superficie afectada en cada municipio indica una afectación que parte de lo demográfico hasta lo más importante para el desarrollo de los pueblos indígenas, el equilibrio ambiental del territorio.

En el mes de septiembre de 2016 se llevaron a cabo asambleas en Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan con autoridades comunitarias, encabezadas por los presidentes municipales y la Secretaría de Energía (SENER), las cuales fueron anunciadas como informativas, pero es de resaltar que solo se han dado dichas asambleas en 4 de los 9 municipios involucrados de Chiapas, información dada a conocer por la SENER.

Durante el mes de octubre, por parte de la Secretaría de Energía, se visitaron comunidades del municipio de Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan, para dar a conocer las características y condiciones del proceso de licitación. En términos de la SENER, asambleas informativas.

Se agendaron posteriores visitas a las comunidades de los municipios de Francisco León y Tecpatan, para dar continuidad, las cuales ya no se realizaron y siguen sin realizarse hasta el momento. Para el caso de Ixtacomitan, solo la comunidad de La Candelaria 2ª Sección está de acuerdo para «participar en el procedimiento de consulta a comunidades indígenas en relación al área contractual 11…” Y en caso contrario a las visitas que se han llevado a cabo en Tecpatan y Francisco León, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha acompañado el proceso.

Estos acontecimientos violentan el protocolo de consulta que se debe establecer para proyectos de estas características, lo cual está asentado en la misma Ley de Hidrocarburos e incluso en normas internacionales, pero además, no se presentó previamente al proceso de licitación la Manifestación de Impacto Ambiental ya que, los proyectos como la extracción de hidrocarburos para que sean viables requieren el cambio de uso de suelo del territorio en el que se instalarían, por lo que las 84,500 hectáreas que están en riesgo dejarían de estar destinadas a las actividades agropecuarias que sustentan la vida de los pueblos zoques y pasarían a un uso en el cuál las beneficiarias serían las empresas extractivas que dejarían tras de sí un paisaje desolador, por eso los denominamos: proyectos de muerte.

Panorama Social

A partir de que se da a conocer la Ronda 2.2, las comunidades que serían afectadas se han dispuesto a establecer un proceso de organización y articulación comunitaria frente al despojo del territorio que pretende hacer el gobierno federal, acompañado del gobierno estatal y de algunos de los gobiernos municipales de los pueblos zoques.

Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, pero también para defender su derecho a la autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, mítines, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y municipales, se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectaciones que los beneficios de los proyectos de extracción de hidrocarburos (desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, agua y aire, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública).

Solo por citar uno de los más graves daños que se cometerían, además del excesivo uso de agua que se requiere para cada pozo (se calculan 20 millones de agua), en caso de que alguno de los tubos que atravesarían los mantos freáticos se rompiese, generaría una contaminación de toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kms. a la redonda.

Para tal efecto, en el municipio de Chapultenango se han levantado cerca de 2,000 firmas en 22 actas de asamblea de comunidades del municipio que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio, así como lo ha hecho Francisco León en sus 7 ejidos que lo conforman y como lo están haciendo los municipios de Tecpatan e Ixtacomitan.

Las actas con las que se cuenta, ya han sido entregadas a instancias federales, así como legislativas para que se den los cauces necesarios y se dé cumplimiento a las exigencias de las comunidades que defienden su territorio:

  • Ante la omisión para saber el sentir de los Pueblos Zoques, respeto al derecho de AUTOCONSULTA de las comunidades indígenas de los Pueblos Zoques
  • RECHAZO para otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen al bloque 10 y 11, debido a que solo dejan pobreza; la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas que ganan las licitaciones; pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria, porque también se confronta a los pueblos.
  • Declaración por parte de los Pueblos Zoques como TERRITORIOS LIBRES DE PROYECTOS EXTRACTIVOS, QUE ATENTAN CONTRA LOS RECURSOS NATURALES (HIDROCARBUROS, MINERÍA, PRESAS HIDROELÉCTRICAS, CENTRALES GEOTÉRMICAS).

Hacemos de su conocimiento que se hará entrega copia de las actas ya recopiladas al Gobierno del Estado y a las presidencias municipales.

Ante lo acontecido, manifestamos que para la Defensa del Territorio Zoque procederemos a hacer las denuncias correspondientes ante los tribunales por la omisión ante la falta de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, así como por las faltas que se están cometiendo en el proceso de información y consulta.

En este marco, con la finalidad de intimidar a quienes se han dispuesto a la Defensa del Territorio Zoque y de garantizar que se lleve a cabo el proceso de licitación, la compañera Silvia Juárez Juárez que es Defensora del Territorio Zoque, fue detenida el pasado 21 de febrero y recluida en el Amate por los delitos fabricados de secuestro, daños y motín, ante lo cual, después de 35 días de estar recluida, fue liberada el pasado 28 de marzo debido a que hubo un desistimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado al considerar que no hay elementos que acrediten los delitos que se le imputan.

Pero sus Derechos Humanos como Defensora del Territorio siguen siendo violentados por las restricciones jurídicas y políticas que pesan sobre ella, ya que no se le permite regresar a su lugar de residencia y porque el Juez de Control (Lic. César Rodríguez Flores) considera que existen elementos para acreditar el delito de daños, por lo que aún está sujeta a proceso, siendo obligada a firmar cada 15 días.

Por si fuese poco, ante la campaña que ha desatado Armando Pastrana Jiménez, presidente municipal de Tecpatan, exigiendo que sea reaprehendida, ante las amenazas de riesgo a su integridad y ante el hostigamiento que existe en contra de las y los defensores del Territorio Zoque, Silvia Juárez, no puede regresar a su hogar con su familia y quienes cuentan con orden de aprehensión, no pueden desenvolver su vida en plena calma.

Es por lo anterior que seguimos exigiendo la Libertad incondicional de Silvia Juárez Juárez, ante los delitos que se le fabricaron, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de quienes, como Silvia, defienden el Territorio Zoque y exigimos que, al ser Defensores de Derechos Humanos y del Territorio Zoque, se tomen las medidas cautelares para garantizar la integridad física de Silvia y de todas y todos los que cuentan con órdenes de aprehensión.

¡POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO!
¡FUERA PROYECTOS DE MUERTE!
¡NO A LA REFORMA ENERGÉTICA!
¡NO A LOS HIDROCARBUROS!
¡CESE AL HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DE LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ZOQUE!

Foto: Conferencia de prensa del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (MOPOR), el Centro de Lengua y Cultura Zoque (CLYCZ), el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad (CECOCISE) y la Asamblea estattal de organizaciones en Tuxtla Gutiérrez el 6 de abril 2017 (Otros Mundos A.C.)

>> Escuchar y descargar el audio de la lectura del comunicado

Más información:

El nuevo extractivismo en el norte de Chiapas

Tierras zoques de Chiapas: enclave de la defensa territorial

Chiapas: Amenazan de muerte a ejidatarios del municipio de Chicomuselo por defender sus tierras de las compañías mineras

Boletín informativo del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruíz García» – Chicomuselo, Chiapas, a 14 de marzo 2017

Foto: Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruíz García»

A los distintos niveles de gobierno,

A las organizaciones de derechos humanos,

A las organizaciones ambientalistas en mexico y el mundo,

A los medios de comunicación,

A la opinion pública,

Este Comité de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la amenaza de muerte que sufrieron un grupo de pobladores de diversas comunidades del municipio de Chicomuselo, Chiapas, por defender sus territorios, temen que se reinicie la actividad minera en la zona.

Los hechos ocurrieron como a las 15 horas del día 09 de marzo del presente año en las inmediaciones del ejido Ricardo Flores Magón de este mismo municipio, cuando el grupo organizado de pobladores inconformes con la actividad minera retuvieron al C. EDUARDO CLEOFAS TRUJILLO TOVAR, con domicilio en el barrio Guadalupe de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, quien momento antes se encontraba en compañía de dos personas más e intentaban llevar a cabo una reunión en el ejido Grecia para negociar nuevamente la entrada para explotar la mina de barita que se localiza en ese lugar.

Fue en el momento del interrogatorio que le hacían a esta persona cuando apareció el C. ISIDRO LOPEZ ALVARADO, vecino del poblado Ricardo Flores Magón quien portaba un arma tipo revolver, cacha blanca, desconociendo el calibre y apuntando hacia el grupo, dijo: «Me vale madre matar, porque estoy en mi ejido y puedo hacer lo que quiera.» En ese momento se encontraban los CC. OLEGARIO VELAQUEZ BRAVO, REYNOL PEREZ VAZQUEZ, ESTEBAN SILVERIO VELAZQUEZ PEREZ, ROSALINDA VELAZQUEZ LOPEZ, UVIN PEREZ BARRIOS, EFRAIN VELAZQUEZ PEREZ, JUAN JOSE DIAZ RIVERA, GILBERTO ALVARADO BRAVO, JOSE LUIS DIAS VELAZCO, DEMETRIO GARCIA AGUILAR, REFUGIO ROBLERO GONZALEZ, EUGENIA DIAZ VELAZCO, RAMIRO PEREZ BORRALLAS, SILVESTRE HERNANDEZ SANCHEZ, SANTIAGO PEREZ VAZQUEZ, MARGARITO PEREZ ORTIZ, FRANCISCO GARCIA JIMENEZ, FEDERICO HERNANDEZ SANCHEZ, MARDONIO HERNANDEZ SANCHEZ, MARISOL ROBLERO VERDUGO, CESAR FUENTES DIAZ, ERNESTINA PEREZ VAZQUEZ, ELEAZER FERNANDEZ DIAZ, ENTRE OTROS, quienes al ver a esta persona amenazando con dispararles, prefirieron no hacer nada, después de esto el sujeto se fue del lugar quien seguía amenazándolos de muerte, posteriormente el retenido fue trasladadoa la cabecera municipal y entregado a las autoridades municipales quienes levantaron un acta de acuerdos en el que insisten a la Subsecretaria de Gobierno de la Región XI Sierra Mariscal se de atención al presente asunto.

En este mismo día los inconformes levantaron una denuncia de los hechos ante el Fiscal del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas. LIC. LEVI SANCHEZ GONZALES por la probable comisión de hechos delictuosos, amenaza y homicidio en grado de tentativa, EN AGRAVIO DEL C. ESDRAS PEREZ ZUNUN Y DEL GRUPO DE PERSONAS ANTES MENCIONADAS por la cual se dio inicio a la indagatoria bajo el número R.A. 016-030-0605-2017.

Cabe señalar que la oposición de las comunidades del municipio de Chicomuselo a los proyectos mineros inició en el año 2008 ante las afectaciones ambientales ocasionado por la minera canadiense Black Fire, el cual se incrementó con el asesinato del defensor ambientalista MARIANO ABARCA ROBLERO en noviembre de 2009.

Desde esa fecha las comunidades se han organizado para detener la entrada de empresas mineras a las comunidades y a la vez, han realizado foros, encuentros, marchas, peregrinaciones y reuniones con diversas dependencias para frenar definitivamente la explotación minera en este municipio, lo cual no ha sido cumplido hasta el momento.

Como ejemplo, el 18 de mayo del año 2016, la Subsecretaria de Gobierno de la región con cabecera en la ciudad de Motozintla Chiapas, se comprometió a solicitar la presencia de funcionarios de SEMARNAT, PROFEPA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para una reunión con habitantes del ejido Grecia donde se daría a conocer el posicionamiento del Gobierno del estado de Chiapas de no permitir la explotación minera.

El 14 de junio de ese mismo año 2016, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se firmó una minuta de trabajo en la que estuvieron presentes, por las dependencias. Los CC. MARCO ANTONIO MORALES LIEVANO, en representación del gobierno del estado y representantes de la Secretaría de Economía, de CONAGUA, SEMARNAT, SEMANHT, Representantes del Ayuntamiento Municipal de Chicomuselo, así como representantes de las comunidades inconformes con la actividad minera, en el que la subsecretaría de Gobierno se comprometió a convocar a una reunión entre ejidatarios inconformes y el Secretario de Gobierno para iniciar el proceso de revocación de las concesiones mineras en este municipio, minutas a las que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento, por lo tanto los problemas se incrementan cada vez más.

Por tal razón las comunidades inconformes continúan en constante vigilancia para proteger sus territorios y evitar que empresas continúen con la depredación del medio ambiente a través de la explotación minera, por lo que en reiteradas ocasiones han retenido a empleados de diversas empresas interesadas en la explotación de minerales en la región.

En diversas ocasiones este Comité de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno del Estado su pronta intervención en el presente asunto, toda vez que la actividad minera sigue provocando la división en algunas comunidades e incrementando el riesgo de un enfrentamiento cada vez mayor entre campesinos.

Es importante señalar que en el caso de Mariano Abarca Roblero en el año 2009, días antes había sido amenazado, por lo que se inició un acta administrativa ante el Agente del Ministerio Público, y a pesar de esto, días después fue asesinado.

Por todo lo anterior, solicitamos:

– A los tres niveles de gobierno, el cumplimiento a los acuerdos firmados entre ejidatarios inconformes y las dependencias involucradas a fin de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio, toda vez que el estado tiene la obligación de garantizar los derechos individuales y colectivos plasmados en normas nacionales e internacionales de protección a sus tierras y sus recursos naturales.

– Se garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y el país.

– Que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas garantice los medios necesarios para dar el seguimiento que corresponda a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Ministerio Público de Chicomuselo, Chiapas el 09 de marzo del presente año a fin de que se apliquen medidas para salvaguardar la integridad de las personas agraviadas.

Documento original:

 

Más información:

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

Chicomuselo en Defensa y Cuidado de la Madre Tierra

Declaran a Chicomuselo territorio libre de minería

Minería: 5 empresas canadienses declaradas responsables de violaciones de derechos humanos en América Latina por el TPP

Complicidad del Estado canadiense en abusos del sector minero: el caso Blackfire Exploration y la embajada de Canadá

Video 1: Tercer Foro en defensa y cuidado de la Madre Tierra – Chicomuselo, Chiapas, Noviembre 2014

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Video 2: A 5 años del asesinato de Mariano Abarca, su familia pide justicia y denuncia amenazas en su contra, Noviembre 2014

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El COPINH celebra 4 años de resistencia y lucha de la comunidad Río Blanco en defensa del río Gualcarque

El 1ro de abril 2017, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) celebró el cuarto aniversario de la lucha de la la comunidad Río Blanco por la defensa del río sagrado Gualcarque. Fue un día como este, en el 2013, que el pueblo lenca de esta comunidad ubicada en el municipio de Intibucá empezó a enfrentarse al proyecto hidroeléctrico letal e ilegal Agua Zarca impulsado por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

«Son 4 años de ardua lucha, constante, con amenazas de sobornos queriendo comprar nuestras conciencias con falsas promesas, intimidaciones y asesinatos de nuestras compañeras y compañeros por parte de la empresa DESA a quien el estado de Honduras le otorgó en concesión nuestro Río, sin consultarnos», escribió el COPINH en su página web. El proyecto ha venido imponiéndose en Río Blanco mediante la compra ilegal de tierras, la violación del derecho a la consulta del pueblo lenca, reconocido por el artículo 169 de la OIT que ratificó Honduras, y una represión extremadamente violenta que ha dejado a 5 miembros del COPINH asesinados, entre los cuales la coordinadora Berta Cáceres, acribillada por sicarios el 2 de marzo 2016 en su domicilio de La Esperanza, municipio vecino de Intibucá, donde se encuentra la sede del Consejo.

El pueblo de Río Blanco celebró el aniversario en la comunidad, gritando consignas tales como «¡Berta Vive Vive!, ¡La lucha Sigue!» y «¿De dónde vino el asesinato? ¡De DESA!». A un año del asesinato de la defensora lenca, el COPINH exige que los autores intelectuales del asesinato sean juzagados, apuntando directamente a los responsables de la empresa DESA. Un recien informe de OXFAM, Lands Right Now y Defensoras Madre Tierra abunda en ese sentido y denuncia: «Los hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres ponen en evidencia la necesidad de que el Ministerio Público de Honduras amplíe y profundice en la investigación de los supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de licencias del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca«.

«Pensaron que matando el cuerpo matarían el pensamiento y las ideas que nos compartio y enseñó», escribió el COPINH en su página. «Pero continuamos nuestro caminar por liberar este sagrado río de los intereses mesquinos de unos pocos empresarios que cada día quieren despojar nuestros territorios. Aquí, nadie se rinde!».

Durante la ceremonia, un integrante del COPINH destacó dos momentos históricos en el caminar de Río Blanco contra Agua Zarca. Primero, el momento llamado «ejercicio de control territorial»: los defensores del Gualcarque «hacían movilizaciones para pasar por los lugares donde se estaba construyendo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, pasando incluso por las instalaciones donde los empleados de DESA dormían y tenían sus comedores, y también por el alojamiento de la empresa Sinohydro». Segundo, la salida de la empresa china Sinohydro, que inicialmente impulsaba la construcción de Agua Zarca junto con DESA, el 15 de julio 2013: «Eso es otro momento importante que da esperanza y un empuje muy fuerte a esta comunidad.»

«Como compañeros que estamos en el COPINH, tenemos que estar fuertes y firmes porque es el legado que la compañera Berta nos ha dejado», compartió una defensora de Río Blanco durante la ceremonia. «Tenemos que seguir adelante, no desmoralizarnos, sino darnos fuerza, porque estamos en una defensa de nuestro territorio y no la hemos terminado«, agregó.

El COPINH sigue en pie de lucha para defender al río Gualcarcarque de Agua Zarca y exige que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el banco de desarrollo holandés FMO y el bando de desarrollo finlandés FINNFUND retiren definitivamente todo tipo de financiamiento a este proyecto hidroeléctrico ilegítimo.

Más información:

Escuchar los audios de la celebración realizados por el COPINH

Leer el texto del COPINH celebrando el 4º aniversario de la lucha de Río Blanco

Agrotóxicos y transgénicos: asalto a la salud y derechos humanos

Artículo de Silvia Ribeiro, investigadora de la organización ETC Group, publicado en La Jornada el 18 de marzo 2017, a propósito del último informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, quien denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano

>> Descargar y Leer el informe completo de la relatora de Naciones unidas sobre el derecho a la alimentación

«¿Cómo puede alguien haber pensado alguna vez que cultivar nuestra comida con veneno era una buena idea?», preguntó Jane Goodall, antropóloga inglesa. A pocas décadas de su introducción, los agrotóxicos -llamados asépticamente plaguicidas para disimular su nocividad- han llegado a contaminar a la gran mayoría de la población mundial. Sea a través de residuos en alimentos -vegetales y animales- o por la contaminación de aguas, suelos y aire, los impactos en la salud y el ambiente han ido mucho más lejos que los lugares donde se aplican y la mayor parte son de larga duración.

Son algunas de las conclusiones del informe sobre plaguicidas (agrotóxicos) presentado a principios de 2017 por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, redactado en colaboración con el relator especial sobre productos tóxicos. El reporte, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano. Afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas, además de trabajadores rurales, entre quienes también hay muchos niños, ya que 60 por ciento del trabajo infantil en el planeta es en labores rurales.

Notablemente, el informe señala que el supuesto fundamento para justificar el uso de plaguicidas -terminar con el hambre aumentando la producción agrícola- nunca se cumplió. Pese al aumento de la producción, el hambre persiste y el número de personas con deficiencias nutricionales aumentó dramáticamente, hechos vinculados al avance de la agricultura industrial, basada en monocultivos y transgénicos. Con los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, el uso de agrotóxicos aumentó además en forma exponencial en la última década.

Reportan que las trasnacionales de los agronegocios se han dedicado sistemáticamente y por diversos medios a tratar de ocultar los riesgos de los agrotóxicos, desde mercadotecnia engañosa hasta presión para alterar regulaciones que los hagan aparecer menos dañinos. «Se plantean graves conflictos de intereses, ya que las empresas de plaguicidas [Monsanto y Bayer, Dow y DuPont, Syngenta y ChemChina] controlan 65 por ciento de la ventas mundiales de plaguicidas, pero también 61 por ciento de las semillas. Los esfuerzos de la industria de plaguicidas por influir en quienes formulan las políticas y en las autoridades reguladoras han obstaculizado reformas y paralizado las restricciones a los plaguicidas en todo el mundo». El documento plantea que existen alternativas viables y sin tóxicos para alimentar al mundo, como la agricultura campesina y agroecológica, que es urgente apoyar. (Documento A/HRC/34/48 del Consejo de Derechos Humanos).

Digamos, a manera de resumen, aunque existen vías reales y alternativas sanas, que sí alimentan, son nutritivas, no contienen veneno y dan trabajo a la mayoría de los que viven en el campo; todas y todos estamos expuestos a sustancias altamente tóxicas en alimentos y ambiente, no porque sean necesarias, sino solamente para el lucro de unas pocas trasnacionales.

Esto es exactamente el trasfondo de la lucha que llevan las comunidades indígenas, de campesinos y apicultores de la Península de Yucatán que se oponen a la plantación de soya transgénica en sus territorios, por la autorización que otorgó la Sagarpa a Monsanto para sembrar 235 mil hectáreas de soya transgénica tolerante a glifosato en siete estados. En las demandas presentadas por organizaciones de Campeche y Yucatán, la Suprema Corte reconoció que las comunidades indígenas tienen derecho a consulta, pero negó el fondo de la demanda, justamente lo que los relatores de Naciones Unidas señalan: los impactos y violación de derechos a la salud y al medio ambiente. El 22 de marzo se iba a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de comunidades y organizaciones de Quintana Roo (Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y otras) que denuncia los daños por la soya transgénica en sus comunidades y ecosistemas, enfatizando que no se trata de que los «consulten», porque ya desde sus asambleas lo han discutido y su respuesta es clara: demandan anular el permiso de siembra de soya transgénica. Pero los magistrados pospusieron la sentencia.

El 15 de marzo, Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y director de la carrera de medicina de la Universidad del Chaco, Argentina, brindó una conferencia magistral en la UNAM, mostrando los impactos de la soya transgénica en ese país, tercer productor mundial de transgénicos. De 1996 a 2016, el uso de glifosato debido a esta siembra aumentó 848 por ciento en Argentina. Verzeñassi coordinó 24 campamentos sanitarios que relevaron 28 localidades en las cuatro provincias de mayor intensidad de siembra de soya transgénica del país. Los resultados son abrumadores, con casi el doble de incidencia de cáncer que el resto del país, aumento de deformaciones neonatales y abortos espontáneos, alergias, trastornos endócrinos y neurológicos, entre otros. En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como agente cancerígeno.

Por todo esto, la demanda de las comunidades de Quintana Roo no es un tema sólo de su región, es la defensa del derecho a la salud, al medio ambiente y a la alimentación sana de todas y todos, frente a la brutal agresión de las trasnacionales de agronegocios que por sus ganancias no dudan en contaminar el planeta entero.

Más información:

Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación A/HRC/34/48

Justicia se niega a suspender permiso a Monsanto en QRoo: abogado

Denuncian mayas violaciones al proceso de consulta en la Suprema Corte

Mapa interactivo: Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios

El mapa «Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios» fue elaborado en marzo 2017 por la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales, CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice).

>> Consultar el mapa

Este trabajo de mapeo visibiliza por el momento solo 21 de los numerosos conflictos ambientales en los que las mujeres juegan un papel decisivo en la defensa del territorio. Se concentra exclusivamente en conflictos mineros por ahora, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay. El objetivo es «visibilizar el rol fundamental que desempeñan las mujeres latinoamericanas en la defensa de sus territorios, estrategias y sentires que las ponen al frente en los conflictos mineros, pero también conocer los impactos diferenciados que generan las actividades mineras en la vida de las mujeres», explica la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales en su página web.

Cada conflicto está vizibilizado por un punto en el mapa, acompañado de un video y un texto de contextualización, de datos sobre el proyecto minero al origen del conflicto, así como de una descripción de sus impactos específicos sobre mujeres y de la manera en que ellas se organizan para resistir.

Por ejemplo, a propósito del proyecto de mina de cobre a cielo abierto «Mirador», de la empresa china ECSA EcuaCorriente S.A., en la Cordillera del Condor, Ecuador, que viola el derecho del pueblo Shuar a la consulta y a un medioambiente sano, se puede leer que las mujeres sufren de «criminalización en protestas contra la minería a gran escala y por resistirse a salir de las zonas que según la empresa le pertenecen». «Viven en permanente hostigamiento por mecanismos administrativos y judiciales (indagaciones, en varios casos con prisión preventiva, y procesos judiciales), y otras formas extrajudiciales (represiones violentas, amedrentamiento y agresiones físicas y psicológicas, así como mensajes y apelativos discriminatorios y estigmatizantes) por parte de funcionarios de la empresa y de las instituciones gubernamentales. Frente a esto y otras violaciones a sus derechos los moradores desconocen los principios judiciales y carecen de recursos económicos para contratar su defensa legal. Se acentúa la dependencia y violencia patriarcal especialmente patrimonial ya que los hombres adultos depende de un jornal y de actividades extractivas y las mujeres junto a niños y niñas trabajan de forma riesgosa y precaria en actividades de subsistencia. Con los desalojos violentos se sufrió violencia física, violencia psicológica tanto las mujeres como sus niños, impotencia, temor, angustia, desesperación al verse sin hogar sin tierra, atentando a su seguridad e integridad.»

«En los diversos países de America Latina se impulsa un modelo de desarrollo extractivista basado en el despojo de los recursos naturales, caracterizado por generar cada vez más violencia y criminalidad, atentando sobre los territorios y los cuerpos, y en especial sobre las mujeres», escribe la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales. «A pesar de ello, las mujeres defensoras de los territorios, de los bienes comunes y de la vida desarrollan acciones y estrategias pacificas para defenderse y hacerle frente a este sistema, manteniéndose en la resistencia, articulándose en redes, capacitándose, demandando el ejercicio de sus derechos y planteando alternativas.»

 

>> Consultar el mapa

Colombia: el gobierno debe respetar la voluntad del pueblo de Cajamarca quien dijo NO a la minería

El domingo 26 de marzo, se llevó una consulta popular en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, Colombia, amenazado por el proyecto de mina de oro a cielo abierto La Colosa, de la empresa AngloGold Ashanti. La pregunta fue: «¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?». La respuesta fue NO al 97.92%. Pero el gobierno niega el carácter vinculante de la decisión del pueblo, reconicido por la Ley colombiana. Lo que sigue es el comunicado del Comité Ambiental en Defensa de la Vida en respuesta al Gobierno.

Ministro de Minas de Colombia desconoce la democracia y la ley

Hay que enfatizarle al Ministro de Minas, Germán Arce, que el proyecto minero de La Colosa no tiene licencia ambiental, es decir, no tiene ningún derecho adquirido. Es importante recordar que en relación a los títulos mineros, la Corte Constitucional (ver Sentencia C-035 de 2016) definió que el Estado puede limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión (entiéndase título minero), cuando con ello se pretenda proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional. En este caso podemos afirmar que el derecho colectivo al ambiente sano, el derecho a la participación ciudadana y la autonomía de los territorios son superiores y prevalecen sobre las expectativas económicas de los mineros. En tal sentido, es falso afirmar que la tenencia de un título minero representa derechos adquiridos.

Al Ministro de Minas hay que recordarle que el artículo primero de la Constitución Política de Colombia define que somos un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista; que los municipios tienen la competencia para reglamentar los usos del suelo y promover la defensa del patrimonio ecológico desde el principio de la autonomía territorial (ver artículos 287, 311 y 313).

El Ministro olvida intencionalmente que uno de los principios del Estado Social de Derecho colombiano es la participación ciudadana, la cual es reconocida como derecho fundamental. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana tenemos que la CONSULTA POPULAR se encuentra soportada constitucionalmente en los artículos 40, 103, 104, 105 p y por medio de ella se convoca al pueblo para decidir asuntos de competencia para la comunidad, cuya decisión es de obligatorio cumplimiento en los términos de la Ley 134 de 1994 y la Ley 1557 del 2015.

En relación al carácter vinculante de las Consultas Populares es importante referenciar los aportes que el Centro de Investigación Jurídica de Justicia plantea sobre el asunto: La decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular es vinculante y obligatoria[1]. La ley establece de forma clara que si la votación en la consulta supera el umbral (un tercio del censo) la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse. Si se cumple con esos requisitos, el Consejo Municipal está obligado a tomar las medidas que se requieren para hacer efectiva la decisión del pueblo[2]. Entonces, si el pueblo se manifiesta en contra de las actividades mineras, el Concejo Municipal (y en última instancia el alcalde) está obligado a tomar las medidas necesarias para prohibir la minería.

Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que la Consulta Popular de Cajamarca tiene un soporte constitucional, legal y democrático que permite proteger el patrimonio ecológico del municipio, la vocación agroalimentaria, el derecho colectivo al ambiente sano, la salud de nuestra niñez y familias, la identidad campesina y el agua frente a la amenaza que representan los proyectos mineros contaminantes.

Pese a las posturas centralistas, autoritarias y unilaterales que esboza el Ministro de Minas que desconocen la Constitución Política Colombiana, la Convención Americana de Derechos Humanos, la autonomía de las entidades territoriales, la democracia y la voluntad popular, es claro que la decisión de los cajamarcunos debe ser asumida por las autoridades locales y no puede ser desconocida por el gobierno nacional. En conclusión, la AngloGold Ashanti debe salir de la despensa agrícola de Colombia y respetar la voluntad popular.

Gracias Cajamarca por ratificar que nuestros derechos

no se negocian y que nuestra dignidad no se vende

[1] Ley 134 de 1994. “Artículo  8º.- Consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.”

Ley 1757 de 2015. “Artículo 41. Carácter de la decisión y requisitos. La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los siguientes requisitos: (…)c). En la Consulta popular que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral;”

[2] Ley 1757 de 2015. “Artículo 42. Consecuencias de la aprobación popular de un mecanismo de participación ciudadana que requiere votación. Los mecanismos de participación ciudadana, que habiendo cumplido los requisitos contemplados en el artículo anterior, hayan sido aprobados tienen las siguientes consecuencias: (…)c). Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.

Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, la corporación respectiva deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente. Si vencido, este plazo el Congreso, la asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la República, el gobernador, el alcalde dentro de los quince (15) días siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resolución local, según el caso. En esta circunstancia el plazo para hacer efectiva la decisión popular será de dos meses.

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Más información:

VIDEO: Este pueblo colombiano le dijo no a la minería (CNN)

«La Anglogold debe irse de Cajamarca», dice líder del NO

AUDIO: El ministro de Minas afirma que hay un título que le permite a Anglo Gold Ashanti explorar

Revista de Prensa #12: Colombia dice NO a la minería

El Twitter de la Consulta Popular

[PDF] Cartilla de Protección Integral para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Honduras

Compartimos esta publicación de Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto Honduras (PBI) – Marzo 2017

 

Autoría y edición: Valdivia Moutawali, Maripaz Gallardo, y María José Urgel
Ilustraciones: Irene Cuesta
Diseño: Bricelda Contreras

Introducción

Esta cartilla de protección es el resultado de un interesante proceso que comienza con la ejecución del proyecto impulsado por PBI Honduras entre 2016 y parte de 2017 y financiado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales bajo el título «Aumentando las capacidades de protección y seguridad integral de personas, comunidades y organizaciones de defensores de derechos humanos – con enfoque de género – en Honduras».

Las actividades clave de este proyecto han sido una serie de capacitaciones en materia de seguridad y protección integral, que comprendieron diversas visitas de seguimiento para asegurar que los conocimientos se consolidaran. Desde el principio, nuestra intención fue extender los efectos de las capacitaciones y dotar de herramientas a los y las participantes para que el proyecto pudiera tener un efecto multiplicador y su impacto continuara una vez finalizado.

Para fortalecer las capacidades existentes en materia de protección integral, pusimos en común las experiencias de más de 200 personas defensoras de derechos humanos de unas 40 organizaciones, colectivos y comunidades e impulsamos metodologías novedosas que nos ayudaron a abordar los distintos componentes de la seguridad y protección integral, teniendo siempre en cuenta el enfoque de género y la particular situación y protección de las defensoras de derechos humanos.

A través de este proceso de compartir y aprender en colectivo, desarrollamos herramientas que nos ayudaron a identificar las medidas de protección más adecuadas a las situaciones de riesgo particulares de las personas que defienden derechos en Honduras. Los ejemplos, las historias compartidas, la creatividad y resistencia de hombres y valientes mujeres que, de manera frecuente, experimentan amenazas, hostigamiento y violencia, han sido el material de base para elaborar el contenido de esta publicación.

Queremos agradecer a las y los protagonistas de estas historias procedentes de diferentes regiones del país, que nos permitieron entrar en un pedacito de sus vidas y nos recibieron con gran confianza y hospitalidad, en un clima en el que los espacios de defensa de derechos humanos se han ido estrechando a pasos agigantados. El entusiasmo, la valentía, el compromiso y capacidad de trabajo común mostrada, son para el proyecto de Brigadas Internacionales de Paz en Honduras, fuentes de inspiración y aprendizaje.

También, nos gustaría agradecer a todas las organizaciones y personas expertas hondureñas que ayudaron en la facilitación de los talleres, y a las organizaciones internacionales en materia de protección, pues rescatamos algunas de sus herramientas en la materia y las contextualizamos, siendo este un valioso aporte en nuestro proceso metodológico. Queremos agradecer a Acceso, Front Line Defenders, UDEFEGUA, Protection International, Capacitar.Internacional.Inc y Tactical Tecnology Collective.

De forma especial, agradecemos al Fondo Canadá para Iniciativas Locales, que creyó en nuestra propuesta y financió el proyecto que nos permitió desarrollar este interesante proceso de capacitaciones y elaborar este documento. Esta publicación tampoco hubiera sido posible sin la aportación de Misereor.

Esperamos de todo corazón que esta cartilla contribuya a incrementar la protección integral de los y las defensoras para que puedan continuar con la importante actividad que desempeñan en el país.

Más información:
 
 

¡Hoy, 27 de marzo, celebremos los 24 años del COPINH!

Hoy, 27 de marzo, celebremos los 24 años del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cofundado en el 1993 por Berta Cáceres, asesinada y sembrada el 2 de marzo 2016.

Celebraciones en la sede del COPINH: El Centro de Encuentros y mistad UTOPÍA, en la Esperanza, Intibucá, Honduras. >> Streaming audio: https://stream.codigosur.org/guarajambala.mp3

>> Fotos en el Facebook del COPINH

Celebración en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México: «Nos lo dijo el río» – Lectura de poesía en defensa de la tierra para celebrar los 24 años del COPINH – Librería La Cosecha (Calle Belisario Dominguez #3D) >> Evento Facebook