Comunicado de prensa – 04 de abril del 2016
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimineto mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncian la inacción de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México durante la retención ilegal de Gustavo Castro Soto en Honduras y su responsabilidad cero en el regreso del activista mexicano a su país.
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A través del presente comunicado las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) queremos informar que los días 31 de marzo y 01 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió dos comunicados -134/135-, en los cuales realiza afirmaciones sobre los resultados de su gestión vinculada al connacional Gustavo Castro Soto, integrante de REMA/Otros Mundos A.C., quien fue retenido de forma innecesaria, ilegal e injusta en Honduras, aun y a pesar de ser víctima y haber recibido el estatus de testigo protegido, por la causa de haber presenciado el cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres, además de salvar la vida del atetando que él mismo sufrió.
Al respecto de los comunicados de la SRE queremos aclarar lo siguiente:
1.- La embajada de México en Honduras bajo la tutela de la embajadora Dolores Jiménez Hernández y del Pedro Barragán, realizaron una excelente actuación de protección garantizando, en todo momento y desde la primera hora, la seguridad e integridad de nuestro compañero Gustavo Castro Soto.
Nuestro profundo agradecimiento por su atinada labor y porque la calidez mostrada hacia un connacional durante toda su estancia es digno de mencionar, toda vez que este tipo de actos por parte de nuestros funcionarios mexicanos, son más una excepción que una regla. Nos congratulamos por ello.
2.- Tenemos discrepancias con partes del contenido de los comunicados emitidos por la SRE en México, porque no es verdad que debido a “las constantes gestiones y solicitudes presentadas por el gobierno mexicano, las autoridades hondureñas reconocen que el Sr. Castro ha venido colaborando de la manera más amplia posible en las investigaciones y que podrá seguir haciéndolo en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua vigente entre ambos países”.
El reconocimiento a la colaboración de Gustavo es únicamente resultado de la disponibilidad personal del propio Gustavo y no tiene que ver en absoluto con la gestión del gobierno mexicano. Por el contrario, lamentamos que desde México la SRE no haya fortalecido el trabajo ni diplomático ni jurídico, para que se lograra la implementación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Gustavo sale de Honduras sin tratado alguno porque la SRE desde México fue incapaz de presionar al gobierno hondureño para su implementación, y en dos de las tres reuniones que sostuvimos con ellos, siempre nos manifestaron que era prioritaria la diplomacia, a pesar de que siempre les manifestamos que “no era correcto” que se hablara de diplomacia cuando lo sucedido a Gustavo estaba totalmente relacionado con la violación de sus derechos, por lo tanto, estábamos ante un hecho flagrante de violaciones tanto de las leyes hondureñas como de los tratados internacionales relacionados con la atención de víctimas.
3.- En su comunicado, citan la constante comunicación establecida con Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, mismas en las que participamos como REMA y MAPDER. La comunicación por parte de la SRE en México, estuvo circunscrita a tres reuniones presenciales, una primera para definir una ruta conjunta de trabajo, en donde Otros Mundos y REMA fuimos quienes solicitamos la aplicación del Tratado; la segunda reunión para que nos mostraran los avances de sus gestiones, mismas que nunca pudimos corroborar por medio de ningún documento o minuta de trabajo, a la vez que nosotros les entregamos información que desconocían, la cual era útil para su mediación diplomática y; la tercer reunión se realizó en el marco de la negativa rotunda por parte de la Sra., secretaria la Lic. Claudia Ruiz Massieu quien simplemente por motivos de “agenda” fue incapaz de recibir a la familia de Gustavo a pesar de realizar una solicitud expresa. Esta negativa refleja la poca sensibilidad de la señora Secretaria, además de que abre la puerta a la especulación sobre sus diferentes formas de actuar cuando, por ejemplo, está de por medio su apoyo a connacionales de su partido político a quienes, aun en categoría de imputados, sacan de España casi de forma inmediata y bajo un despliegue mediático impresionante.
4. La SRE miente cuando hace suponer que “la comunicación mantenida entre las autoridades de México y Honduras durante todo el proceso refleja el excelente estado de las relaciones que existen entre los dos países, la pertinencia del marco jurídico que ambas naciones han construido, así como el compromiso de atender aquellos casos en los que estén involucrados nuestros connacionales”. Reiteramos que la retención de Gustavo estuvo siempre enmarcada en la incertidumbre, opacidad e ilegalidad de la actuación del gobierno hondureño, por lo tanto, fue una acción violatoria de sus derechos que le acrecentó daños psicológicos. Por otra parte, la pertinencia del marco jurídico entre ambas naciones nunca fue instrumentada. El tratado bilateral de asistencia mutua es como si no existiera y la SRE no tiene documentos que hagan valer ese supuesto excelente estado de las relaciones entre ambos países, porque a nosotros nunca nos entregaron un sólo oficio de respuesta del gobierno hondureño a pesar de las peticiones que realizamos para ello.
5.- Lamentamos que la SRE se jacte de que sus gestiones fueron la causal para que Gustavo regresara a México. Los recursos jurídicos interpuestos por los abogados de Gustavo, los amicus, las medidas cautelares solicitadas por organizaciones, el trabajo de la misión internacional, y la gran presión política y mediática generada por cientos de voces y movimientos en el mundo, fueron acorralando al gobierno hondureño quien resistió varias semanas los embates, hasta que finalmente les fue insostenible seguir manteniendo retenido a Gustavo por más tiempo y de forma injustificada. Ambos gobiernos jugaron al desgaste de la presión política y mediática y fueron incapaces de aplicar el único instrumento legal que existe: el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería lamenta la pobre actuación política, diplomática y de falta de respeto a las leyes y a los derechos humanos que desde México realizó la SRE para un connacional que fue re-victimizado y violentado por el estado hondureño.
“Cuando las leyes se violan, los “buenos oficios” diplomáticos o la diplomacia en sí misma no puede ser utilizada como un medio o mecanismo de paz y cordialidad para quien violenta las leyes y viola los derechos humanos. La diplomacia en sí misma debe ser una fuerza permanente de legalidad, certidumbre, transparencia, de no impunidad y de libre determinación”.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS
Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER)
Este comunicado fue leído en conferencia de prensa este lunes 04 de abril del 2016 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh), en la Ciudad de México.
>> Video de la conferencia: https://www.youtube.com/watch?v=ltPnpvV2Okc&feature=youtu.be
>> Participantes (izquierda a derecha): Miguel Angel Mijangos Leal: REMA; Edgar Cortez: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Gustavo Castro Soto: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México / REMA / MAPDER; Libertad Díaz: Otros Mundos A.C/Amigos de la Tierra México / REMA / MAPDER; Oscar Castro Soto: hermano de Gustavo Castro Soto; Gustavo Lozano: REMA / MAPDER
Con la espiritualidad y fuerza de nuestros ancestros y ancestras, los movimientos sociales y populares del mundo nos auto convocamos, para honrar la lucha de Berta Cáceres, compartiendo sus ideales y el profundo amor por la madre tierra y los bienes comunes de la naturaleza.
TEGUCIGALPA (Reuters) – La Fiscalía de Honduras intervino a la empresa que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la premiada activista ambiental Berta Cáceres, asesinada este mes en el país centroamericano tras denunciar amenazas de muerte, informaron el jueves las autoridades locales.
La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia social. La ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica que expresa el poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora.
París, Ginebra, México, 25 de febrero de 2016 – La criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina, denuncia hoy el Observatorio en México durante la presentación de su último informe titulado “La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”. El documento da también cuenta del rol de las empresas, funcionarios públicos, fiscales, jueces, poderes del Estado entre otros, en este fenómeno.
Gustavo Castro estaba hospedado en casa de Berta Cácerez, defensora hondureña de las comunidades indígenas y de sus territorios, cuando fue asesinada el 3 de marzo pasado. Gustavo fue testigo de los hechos y desde entonces está impedido de salir de Honduras y regresar a México.