Emilio Godoy, Revista Proceso
México debe prepararse para un mayor escrutinio estadunidense sobre la adaptación a las leyes internas que deberá realizar para adaptarse al contenido del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en mayores compromisos no contenidos en el texto acordado.
En Tratados de Libre Comercio (TLC) previos, Estados Unidos ha aplicado una certificación unilateral para corroborar, en función de sus demandas, que sus socios han cambiado marcos legales domésticos.
“La aprobación del TPP implica hacer compatibles las leyes nacionales. Estados Unidos quiere asegurarse de que las legislaciones son compatibles con los objetivos del tratado”, dice a Apro Manuel Pérez Rocha, investigador del estadunidense Instituto para el Estudio de Políticas.
Los 12 países involucrados en las tratativas del acuerdo anunciaron la mañana del lunes 5 en Atlanta, Georgia, que habían concluido un nuevo acuerdo del TPP, aunque los equipos negociadores trabajan para pulir el texto y así poder divulgarlo.
El TPP entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, con la salvedad de que no podían cambiar lo acordado en principio.
El acuerdo abarca asuntos como aduanas, textiles, inversión, telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de diferencias, asuntos laborales y ambientales.
Los presidentes de los socios deben suscribir el documento para que pase a los congresos nacionales para su debate y aval. Ese camino se recorrería en 2016.
“En Estados Unidos inicia la lucha en el Congreso. Vamos a ver qué pasa. Instamos a todos los gobiernos a considerar cuidadosamente si este es el camino que desean tomar antes de firmar”, declaró Judit Rius, directora y asesora legal de la campaña de Acceso de Medicamentos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Estados Unidos.
El Congreso estadunidense no puede enmendarlo y sólo puede decidir si avala o no el acuerdo, debido a que el presidente Barack Obama cuenta con la autoridad fast track para negociar y firmar un TLC. Esa misma limitante aplica al Congreso chileno y al Senado mexicano.
El pasado 12 de mayo parlamentarios de cinco países del TPP firmaron una carta abierta en la que urgen a sus líderes políticos a proteger la soberanía nacional del proceso de certificación de Estados Unidos. El grupo incluye a exfuncionarios, excongresistas, dirigentes políticos, voceros de organizaciones comerciales y miembros de comités relacionados con temas del TPP de Australia, Japón, Malasia y Nueva Zelanda.
La misiva expresa “una preocupación grave” sobre que el gobierno de Estados Unidos ha requerido a las partes en tratados de libre comercio previos cambios en sus leyes, regulaciones y procedimientos para cumplir con la interpretación estadunidense de las obligaciones de los países antes de que la nación norteamericana avale la entrada en vigor del acuerdo.
En las leyes ejecutivas de sus recientes TLC, el gobierno de Estados Unidos ha incluido como requisito la retención de la autorización de ese acuerdo hasta que otro gobierno cambie sus leyes, regulaciones y procedimientos con el propósito de que sean acordes con las demandas estadunidenses. Hasta que eso ocurre, Estados Unidos no completa el intercambio de cartas con ese país, lo cual es necesario para que el acuerdo entre en vigor entre ellos.
Los firmantes de la carta argumentan que esto ha derivado en que Estados Unidos obtiene concesiones adicionales, sus funcionarios bosquejan las leyes del otro país, los acuerdos rigen en diferentes momentos para diferentes países y ocurren prolongados retrasos en la aplicación de los pactos comerciales para algunas naciones.
Por ello piden garantizar que el TPP contenga una provisión efectiva que “proteja nuestra autoridad legislativa soberana de tal influencia externa” y que reafirme “nuestro derecho constitucional a determinar exclusivamente si nuestro gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para cumplir con las provisiones del acuerdo antes de su vigencia”, así como resistir cualquier intento de otro socio del TPP de “influir en el diseño de nuestras leyes previamente a su entrada en vigencia”.
Presión continua
En los TLC más recientes suscritos por Estados Unidos es práctica recurrente que esa nación supervise la actualización legal interna acorde con el contenido de los acuerdos. “Los funcionarios de Estados Unidos transmiten una lista de los cambios a las leyes y políticas internas del otro país que el gobierno requiere antes de permitir que el tratado entre en vigor. Luego, el gobierno de Estados Unidos monitorea el cumplimiento y presiona hasta que sus demandas son satisfechas”, escribieron en el sitio electrónico TPP: No certification en agosto de 2014 Jane Kelsey, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), y Sanya Reid Smith, asesora legal e investigadora senior de la Red del Tercer Mundo.
Aunque el Congreso estadunidense apruebe el TPP, el pacto no regiría en relación con cada socio hasta que Washington lo certifique; es decir, que ha satisfecho la visión del cumplimento.
Las investigadoras sostienen que el proceso provee de margen adicional para que el Congreso y la industria estadunidenses impongan su propia interpretación de las obligaciones del socio.
La Ley Bipartidista de Prioridades Comerciales de 2014 contiene requerimientos nuevos y adicionales para que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) consulte al Congreso sobre el apego a los requisitos de la certificación.
El proceso aplica a una gama de medidas, como leyes, regulaciones, arreglos institucionales y normativos, firma de tratados internacionales y decretos ejecutivos. Estados Unidos ha requerido a otros países para que cumplan con lo que considera que fue acordado, aunque no esté escrito en el texto del acuerdo.
Luego de concluir las tratativas del TLC entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), El Salvador tuvo que mantener al menos tres ruedas de negociaciones, dos en suelo estadunidense, sobre asuntos como la aceptación de las inspecciones estadunidenses de carne y pollo.
Washington validó el lenguaje de siete leyes sobre derechos de propiedad intelectual y de autor, telecomunicaciones, aduanas, agricultura, procedimientos penales y arreglos de distribución para empresas extranjeras antes de ser adoptadas por Costa Rica. El gobierno estadunidense revisó las versiones finales para asegurarse de que no hubiera cambios.
Nicaragua envió la ley de aplicación del DR-CAFTA a Estados Unidos antes de que fuera firmada por el presidente. La nación norteamericana pidió que la ley fuese publicada para garantizar que el país centroamericano había completado el proceso de aplicación.
En el caso de la República Dominicana, otro socio de ese acuerdo regional, Washington pre-avaló el lenguaje de siete leyes y luego revisó la legislación final para asegurarse de que no hubiera variaciones antes de proceder a la certificación.
Guatemala aprobó su legislación para aplicar el DR-CAFTA a finales de mayo de 2006 luego de intensas consultas con USTR, pero tuvo que esperar meses para recibir la garantía de que el marco legal cumplía con las condiciones estadunidenses.
El caso de Perú es muy evidente, como lo constatan 15 documentos del USTR de 2008 y 2009 desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información.
Estados Unidos revisó que Perú diseñara unas 35 leyes sobre protección de datos farmacéuticos, arbitraje para inversiones, cambios a la propiedad indígena de la tierra y el sistema educativo. De hecho, dos equipos de abogados estadunidenses asesoraron a la nación incaica en el bosquejo de leyes ambientales y de negocios. De esa forma, Estados Unidos certificó a Perú para que el TLC entre ambos iniciara el 1 de febrero de 2009.
El costo de decir “no”
Edward Alden, asociado Bernard L. Schwartz y director de la Iniciativa Renovando Estados Unidoslanzada por el Consejo de Relaciones Internacionales, considera complicado que el Congreso rechace el TPP, a pesar del contexto electoral actual.
“Si el Congreso rechaza el TPP, es una bofetada en la cara de los otros 11 países, incluyendo aliados estrechos como México, Canadá, Australia y Nueva Zelanda que han tomado domésticamente decisiones difíciles para ser capaces de concluir el acuerdo. Al final de cuentas, el Congreso va a ser muy reacio a hacer eso”, comentó Alden durante una conferencia con medios el día 7.
Alden recordó que hay políticos populares en ambos partidos e industrias como la tabacalera y la farmacéutica, bastante descontentos con las tratativas.
“El costo de decir no es enormemente alto, pero pienso que no será fácil y que va a ser un gran peso para la administración”, resumió.
En mayo último, un grupo encabezado por el exministro de Agricultura japonés, Masahiko Yamada, interpuso una queja constitucional contra las negociaciones, porque ni siquiera los miembros del Parlamento habían tenido acceso a los documentos oficiales.
Otro caso relacionado con la secrecía está pendiente en Nueva Zelanda.
El acuerdo abarca un mercado de 800 millones de personas y equivale a 40% de la economía mundial.
El texto fue negociado en secreto y con escaso debate en México, aunque USTR ha divulgado un sumario que aporta algunos elementos.
En productos agrícolas, las partes eliminarán o reducirán tarifas y otras políticas restrictivas, lo cual aumentarán el comercio agrícola en la región y “fortalecerán la seguridad alimentaria”.
Las naciones acordaron mayor transparencia y cooperación en algunas actividades relacionadas con la biotecnología agrícola, léase los transgénicos.
El capítulo de textiles incluye reglas de origen específicas que requieren el uso de tejidos y fibras de la región, con un mecanismo que permite la utilización de ciertos materiales no disponibles en el bloque.
El TPP incluye compromisos específicos sobre la transferencia de información para procesamiento de datos.
Las partes se comprometen a garantizar el libre flujo de la información y datos globales, sujeto a objetivos legítimos de política pública, como la protección de los datos personales.
El documento insta a las partes a cooperar en políticas sobre protección de datos personales y del consumidor electrónico, así como cooperación en ciberamenazas y capacidad en ciberseguridad.
Además, las partes acuerdan combatir el tráfico ilegal de especies, proteger variedades amenazadas e incentivar iniciativas ambientales voluntarias, como los programas de responsabilidad social corporativa.
Así mismo, las naciones coinciden en medidas estrictas contra la falsificación y la piratería y la sujeción de los Estados a un tribunal internacional en cuestión de inversiones.
“No veo ventajas para México. Entra en competencia con otros países que le pueden ganar mercados, especialmente en Estados Unidos. Cedió el sector energético y el automotriz, sacrifica lácteos y textiles, que tenían cierta ventaja” en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 para Canadá, Estados Unidos y México, señala Pérez Rocha.
Para Rius, el capítulo de propiedad intelectual significa para México “un paquete de obligaciones que va a extender y fortalecer las patentes más allá de 20 años y en los medicamentos biológicos, un compromiso de protección de 5 a 8 años, durante el cual no se van a poder registrar productos genéricos o biosimilares”.
Por su parte, Artículo 19, Derechos Digitales y la Red en Defensa de los Derechos Digitales demandaron al gobierno mexicano la apertura del texto.
“Si el TPP tendrá impactos en materias tan sensibles como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud, lo que se requiere es más debate público. No existe ninguna razón para que un tratado de esta magnitud haya sido negociado a espaldas de la ciudadanía, donde mayor opacidad sólo resta legitimidad y confianza”, señalaron.
En la sesión del día de hoy, la Segunda Sala de la SCJN determinó por unanimidad conceder el amparo y protección de la justicia federal a las comunidades mayas de los estados de Yucatán y Campeche, a fin de garantizarles el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, en relación a los permisos otorgados a Monsanto para la siembra de soya transgénica.
Los profundos temores de la comunidad científica nacional e internacional sobre los daños a la naturaleza por la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, resurgieron con fuerza al difundirse un estudio que revela que la gigantesca obra representa graves amenazas ambientales. 
“Son observaciones que yo he venido realizando y nunca fueron tomadas en cuenta, al contrario, me acusaron de traidor al gobierno y de estar en oposición, cuando lo único que hacía era tratar de preservar la salud del lago Cocibolca”, dijo Montenegro a IPS.
(VIDEO) Lucha contra Monsanto: Apicultor de Campeche llama a los ministros de la Suprema Corte a votar “por la vida y no por la muerte”
Aldabi Olvera, masde131
Las familias de Acasico, un pequeño pueblo en Jalisco, situado a 140 kilómetros de Guadalajara, viven en medio de la incertidumbre y la desconfianza debido a la amenaza latente del mega proyecto de la presa El Zapotillo.
En el caso de la presa El Zapotillo, el gobierno mexicano a través de la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ha dado a entender que esta comunidad de campesinos, agricultores y pescadores herederos de texcuesques y caxcanes estorba el camino de este nuevo mega proyecto. De nuevo el mal llamado «desarrollismo» mexicano esgrime que la justificación del proyecto es la relación utilitaria de costo/beneficio según la cual esta afectación a unos pocos, traerá un beneficio para la mayoría de las personas.
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