Marco Appel y Yetlaneci Alcaraz. Revista Proceso.

BRUSELAS (proceso.com.mx).- Un grupo de 16 diputados del Parlamento Europeo se manifestaron “profundamente consternados” por los hechos ocurridos en el estado de Guerrero y solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian actualmente las partes, sea suspendido hasta poder “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.

“El Acuerdo Global del 2000 y la Asociación Estratégica del 2008, celebrados entre México y la UE, establecen mecanismos de cooperación entre ambas partes en el respeto indivisible de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, como se estipula en la cláusula de derechos humanos”, refieren en una masiva dirigida a Catherine Ashton, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores; a Federica Mogherini, quien fue designada para reemplazar a Ashton a partir del 1 de noviembre; y al presidente Enrique Peña Nieto.

“Por lo tanto –continúa la carta presentada con el membrete del Parlamento Europeo–, creemos firmemente que cualquier modernización del Acuerdo Global, como se prevé para el próximo año 2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas”.

Para los eurodiputados, “el primer y principal deber ahora es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva del respeto de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel nacional e internacional”.

El crimen organizado, se subraya, “tiene que ser detenido, dondequiera que se halle, y las lagunas jurídicas tienen que ser eliminadas más allá del área económica”, ya que “los efectos secundarios son indeseables”.

Los signatarios, entre ellos la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la austriaca Ulrike Lunacek, afirman que, en ese aspecto, “las dos partes, tanto la UE y México, tienen una responsabilidad compartida”.

Los 16 eurodiputados firmantes provienen de Austria, Francia, Suecia, Alemania, Finlandia, Reino Unido, España y Bélgica, y a ella se unieron cuatro diputados del Parlamento Alemán (Bundestag). Los eurodiputados pertenecen al Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea, pero también cuenta con la firma de la presidenta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Gabriele Zimmer.

Los legisladores europeos claman que “ya es hora de acabar con la impunidad en México”, y señalan que “no deben ocurrir nuevos casos como el de los 43 estudiantes secuestrados de Guerrero y de las tumbas encontradas cerca del lugar.

“Le instamos a que haga todo lo posible para esclarecer plenamente los hechos en Iguala, Guerrero y (para) sancionar a todos los responsables. Y exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa”, exigen los eurodiputados.

El 20 de junio pasado, una de las firmantes de la carta, la eurodiputada alemana Franziska Keller, escribió en su blog que ya era hora de elevar el tono con México en materia de derechos humanos. Se dijo además “muy decepcionada” de la respuesta que le ofreció Ashton cuando le preguntó si consideraba “hacer algo” en ese sentido.

“Creo que la UE debe hablar más fuerte cuando los derechos humanos están en peligro y asegurarse que son respetados. Esa debería ser la prerrogativa de la política exterior de la UE”, concluyó Keller.

¡Ya basta! desde Berlín

En Berlín, Alemania, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Bárbara Lochbihler, condenó la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa y los crímenes cometidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero y urgió a la Unión Europea a que durante las negociaciones para renovar el Acuerdo Global entre el organismo europeo y el gobierno mexicano, que tendrá lugar el próximo año, se exija a éste el cumplimiento cabal de los derechos humanos y la seguridad de los mexicanos.

En un pronunciamiento hecho a título personal y transmitido desde su oficina en Berlín, la política alemana y miembro de la fracción del Partido Verde en el Parlamento Europeo, se dijo indignada y preocupada por lo sucedido en México y criticó con severidad la política en materia de seguridad de los gobiernos mexicanos.

“Con indignación, rabia y preocupación vemos en el Parlamento Europeo las desapariciones forzadas y los asesinatos en el estado Guerrero de México. Ya se sabía que ni la “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Enrique Calderón ni las iniciativas del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto podían disminuir la violencia en el país. Los asesinatos siguen y según las informaciones de defensores de derechos humanos están desapareciendo más personas que antes”, recrimina Lochbihler en su misiva.

Más aún: “Los acontecimientos de Iguala son más que una expresión de la incapacidad de parar a los delincuentes, es un grito que nos dice: Ya basta. (…) ¿Cómo es posible que sabiendo que la mayoría de las alcaldías de Guerrero están bajo el control del crimen organizado, los autoridades federales no intervinieron?”.

La parlamentaria europea señala que a la par de México, la Unión Europea, como comunidad internacional, también debe asumir la responsabilidad que en casos de este tipo le corresponden. Y es que, dice, el crimen organizado que opera en México, lo hace también a nivel internacional con complicidad internacional en lo que se refiere al lavado de dinero, el consumo de drogas y la venta de armas, además del silencio cómplice de los políticos europeos.

Los asesinatos y las desapariciones de Ayotzinapa
por Guillermo Castillo Ramírez, en Rebelión

La masacre y las desapariciones: violencia y contubernio

El saldo de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala no sólo es alarmante por el gran número de víctimas y agredidos (seis asesinados, una persona con muerte cerebral, casi una veintena de heridos y cuarenta y tres jóvenes desaparecidos); también lo es por la saña de los actos cometidos y por los individuos, instituciones y grupos que perpetraron estas vejaciones. En estos crímenes tomaron parte el alcalde de Iguala y su esposa (emparentada con un cartel del narcotráfico) como presuntos autores intelectuales, y policías municipales y miembros del grupo delictivo guerreros unidos como autores materiales (en tanto agresores, secuestradores y asesinos).

Las muertes y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enmarcan en el contexto más amplio y previo de dos series de actos violentos en la región que, ya en 2013, habían cobrado la vida del síndico Justino Carbajal y tres líderes de la Unidad Popular en Iguala, ambos asesinatos también atribuidos directamente al alcalde de Iguala. La violencia hacia y sobre los normalistas de Ayotzinapa se dio sobre el vasto y complejo entramado de las diversas relaciones entre funcionarios y gobernantes de nivel local, policías municipales (coludidos con grupos delictivos) y los grupos del crimen organizado. El telón de fondo más amplio tiene que ver con la violencia política que durante décadas ha sido instrumentada por ciertos sectores (el Estado, caciques, élites económicas y políticas, grupos del crimen) para intimidar y eliminar diversos grupos sociales en Guerrero: maestros, campesinos, normalistas, entre otros.

Males crónicos y violencia política: grupos delictivos y un Estado impune y cómplice

Conforme a la información recaba y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estado tanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo menos cuatros personas en la región en 2013, donde también fue designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde de Iguala. Considerando un contexto histórico más extenso y en una configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero esto se manifestó en las acciones policías y militares para reprimir a las organizaciones de Lucio Cabañanas y Género Vázquez, y, posteriormente, ya a fines del siglo XX lo política represiva oficial hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998).

Particularmente las desapariciones (la privación de la libertad y la vida) han sido y son una estrategia de agresión y eliminación a la que han recurrido sistemáticamente (con mayor o menor frecuencia) el Estado y ciertos grupos del crimen organizado desde hace décadas. En Ayotzinapa se ha comprobado mediante diversos testimonios y declaraciones que el secuestro y posterior desaparición de los jóvenes normalistas fueron llevadas a cabo por policías y miembros de grupos delictivos, en una clara muestra de la complicidad entre las fuerzas de seguridad municipales y el crimen organizado. Estas desapariciones se enmarcan en dos niveles cuyo marco histórico es mucho más vasto: (1) Por un lado, los antecedentes remotos son la guerra sucia y el terrorismo de estado a nivel federal y estatal durante la década de 1970, donde el gobierno federal y el de Guerrero recurrieron como estrategia de represión y disuasión a las desapariciones selectivas y con un carácter de violencia política. (2) Por otra parte, recientemente, con la política de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón a fin de legitimarse, las desapariciones (no pocas veces masivas) resurgieron como una forma de violencia generalizada y de represión por parte del crimen organizado y de las policías coludidas con grupos de delincuentes; en este tenor, cifras conservadoras difundidas por algunos medios de comunicación mencionaban en más de 26 mil el número de personas desaparecidas entre 2006 y 2012.

Así mismo no se puede omitir ni dejar de apuntar que en la historia política nacional y regional (a nivel del estado de Guerrero) tampoco es nuevo el contubernio y la colaboración entre las autoridades, las corporaciones policíacas y los grupos del crimen organizado. Particularmente para el caso de Ayotzinapa la información y evidencia recabada y publicada ha mostrado los nexos y alianzas entre los poderes locales fácticos oficiales y no oficiales, los vínculos entre el Estado (principalmente en su escala municipal aunque no sólo) y el crimen organizado, en este caso concreto en la complicidad y las estrechas relaciones de colaboración entre el alcalde de Iguala y los guerreros unidos.

Negligencia e impunidad

Las respuestas y acciones del estado de Guerrero y del gobierno federal frente a la masacre y desapariciones han sido leídas como insuficientes y negligentes por parte de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos, esta percepción es ampliamente compartida por diversos grupos y organizaciones sociales y políticas del país, así como por una porción considerable de la sociedad civil mexicana. A nivel estatal, el gobierno de Guerrero actuó de manera lenta y errática, las investigaciones no han dado resultados claros ni contundentes. Por su parte, las autoridades federales, dado que los hechos acontecieron en Iguala y en un afán por descargar toda la responsabilidad en el gobierno de Guerrero, se negaron en un primer momento a intervenir de manera directa; posteriormente, debido a la presión social y mediática nacional e internacional, se sumaron a las indagaciones de los hechos, pero sin mostrar una voluntad política clara para el esclarecimiento de estas agresiones.

Pese a la captura de varios policías municipales y de algunos miembros del grupo delictivo guerreros unidos que tomaron parte activa en los hechos violentos, las autoridades estatales y federales todavía no han dado información sobre el paradero de los normalistas secuestrados y desaparecidos; tampoco se sabe del destino de los autores intelectuales de estos acontecimientos violentos. Mediante datos obtenidos por diversas declaraciones se encontraron varias fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a casi tres decenas de personas, sin embargo, pese a las apresuradas aseveraciones del gobierno de Guerrero de que se trataba de algunos de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR desmintió esta información y afirmó que los restos no pertenecían a los desaparecidos. Este suceso sólo es una manifestación exacerbada de la falta de coordinación y de la ausencia de voluntad política de cooperación entre los dos órdenes de gobierno para la resolución del caso. Así mismo, las autoridades del estado de Guerrero y del gobierno federal, en un ejercicio de desdén y falta de respeto, no han dado información pertinente y veraz a los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, tampoco les han notificado con claridad del curso y avance de las investigaciones.

Los reclamos de justicia y las movilizaciones de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa

Frente a la indiferencia y la indolencia oficiales, las familias y compañeros de los normalistas se han movilizado y organizado una vasta serie de acciones dentro y fuera de Guerreo para manifestar su legitimo deseo de justicia y su voluntad de encontrar con vida a los desaparecidos. A nivel nacional ha habido múltiples manifestaciones de solidaridad y apoyo, expresión de esto fueron las protestas masivas en 25 estados del país el pasado 8 de octubre, en las cuales hubo marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, así como en Chiapas y en Guerrero; a lo largo del país decenas de miles de personas de diversas organizaciones sociales y políticas y de la sociedad civil reclamaron ese día el esclarecimiento de los hechos, la presentación con vida de los detenidos y el castigo a los responsables. Así mismo ha habido pronunciamientos y acciones de protesta por parte de diversos sectores: organizaciones y centros de derechos humanos, religiosos (el padre Solalinde, el obispo Raúl Vera), organizaciones y movimientos sociales y políticos (FPDT-Atenco, Frente Francisco Villa, SME, EZLN, ERPI, EPR, entre muchos otros), maestros y normalistas, miles de estudiantes de varias universidades (UNAM, IPN, UAM, UACM, UPN y varias universidades privadas). También el repudio internacional en relación a las muertes y desapariciones de Ayotzinapa ha sido creciente y constante. Fuera de México estos acontecimientos han sido leídos como expresiones de la ausencia de derechos humanos, así como manifestaciones alarmantes y crónicas de la inseguridad e impunidad que campea en muchos estados del país. Tampoco han faltado voces y organizaciones en EU, Europa y otros países que, considerando las evidencias de la autoría e involucramiento de autoridades y fuerzas de seguridad municipales de Iguala, han catalogado lo sucedido como “crímenes de Estado”. Por su parte, la ONU y la CIDH-OEA manifestaron su preocupación y sorpresa al respecto, haciendo un llamado a intensificar la búsqueda de los desaparecidos, así como a realizar una indagación imparcial y veraz para aclarar lo acontecido. A veinte días de las desapariciones y muertes del 26 de septiembre, todavía no se sabe ni dónde están ni si se encuentran con vida los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. También quedan pendientes el castigo de los responsables intelectuales y una indagación seria e imparcial de los hechos. Dentro y fuera de México, pero especialmente en Guerrero, resuena el clamor de justicia y de presentación con vida de los desaparecidos.

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por Ricardo Martínez, RT Noticias

–El genocidio de Iguala: Terrorismo de Estado, corresponsabilidad de la socialdemocracia
por Pável Blanco Cabrera

Colaboración SubVersiones /Regeneración Radio

– Lo único que hace la policía es estar destapando fosas…¿Si no hubiera pasado el caso de Ayotzinapa jamas se hubieran destapado esas Fosas?

Mensaje emitido el 18 de octubre en la radio oficial del municipio de Chilpancingo, Guerrero, dictado por la sociedad de alumnos de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, en ese Estado.

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