Declaración de Olintla y Acuerdos del XI Encuentro Nacional del MAPDER

Publicada el 02/09/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

PUEBLOS LATINOAMERICANOS COMPARTIENDO SABERES PARA LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA

Del 29 al 30 y 31 de agosto de 2014. Olintla, Sierra Norte de Puebla

Reunidas más de 600 personas en el Municipio de Olintla, Puebla, territorio indígena tutunaku, pueblo que valientemente expulsó en el año 2013 al Grupo México, quien pretendía imponer una hidroeléctrica en la Comunidad de Ignacio Zaragoza. Con una participación de 80 organizaciones provenientes de más de 55 Municipios de Puebla, así como de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila; y de los países de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España.

Nuestro evento, el XI Encuentro Nacional del MAPDER, fue organizado por tres organizaciones que representan la lucha por la defensa de los ríos. Makxtum kalaw chuchutsipi, organización que han formado los pueblos totonacos de Olintla para defender su territorio, fue la anfitriona de nuestro encuentro. El Consejo Tiyat Tlali, red integrada por organizaciones de la Sierra Norte de Puebla para la defensa de la vida y el territorio, dio cobertura y acompañamiento para la realización del evento. El MAPDER, movimiento a nivel nacional que aglutina las luchas contra las presas y en defensa de los ríos, convocó a todos quienes nos hemos reunido para compartir nuestras experiencias, nuestras luchas y nuestros sueños.

A una sola voz las y los participantes del XI Encuentro subrayamos que desde la aprobación de todas las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, México ya no es el mismo. La reforma energética potencia al imperio del capital y significa un retroceso absoluto en todas las conquistas sociales de nuestros pueblos. Nos enfrentamos a un minucioso y sistemático desmantelamiento de todos los mecanismos legales a los cuales los pueblos acudían para la defensa de su territorio. El derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra, el municipio libre, las, ya de por sí débiles, normas ambientales: todo ha sido debilitado para abrir la puerta a inversiones de megaproyectos.

Mecanismos como la expropiación, originalmente concebidos para desmantelar el latifundio y repartir la tierra entre los campesinos, ahora son utilizados en contra de las comunidades. Destruir las entrañas de la Madre Tierra es considerado ahora prioridad, por encima de la propia vida o cualquier otra actividad humana. Quienes promueven el despojo de nuestro país justifican la producción extractiva como de utilidad pública, interés social y orden público, cuando lo único que están persiguiendo es el lucro privado; la acumulación desmedida de riquezas a costa de la vida, nuestra tierra y territorio.

Este despojo se instrumenta promoviendo megaproyectos de distinta índole vinculados entres sí, en un sistema de extracción cuya complejidad apenas alcanzamos a vislumbrar. Hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos; carreteras y puertos que facilitan el despojo; acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales, ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas, siembra de transgénicos y monocultivos que afectan nuestra diversidad biológica, además de contaminar y sobreexplotar nuestros ríos y acuíferos.

Por si fuera poco, el capital se las ingenia para promover nuevas técnicas extractivas que exponencían el daño. Han agotado los hidrocarburos de fácil acceso y ahora pretenden rascar el fondo del barril; extrayendo los hidrocarburos más sucios y de mayor riesgo para la vida. Es el caso de aguas profundas, las arenas bituminosas y, por supuesto, el fracking que amenaza con devastar una amplia franja de territorio en el norte y oriente de la República Mexicana.

Tras la reforma energética, el Totonacapan y Las Huastecas (amplias zonas de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas) enfrentan la amenaza de la destrucción y contaminación de sus fuentes de agua, a partir de la proliferación de proyectos de fractura hidráulica para la extracción de gas lutita.

Para cerrar la pinza de las contrarreformas que han azotado al país desde hace tres décadas, el gobierno de Peña Nieto se prepara para colocar la cereza en el pastel con la anunciada reforma para el campo, que busca consolidar el plan de despojo de los territorios campesinos iniciado en 1992 por Carlos Salinas de Gortari. Ante esta última intentona de ataque a nuestros derechos, ellos han dicho que vienen por nuestras tierras y territorios. Nosotros les decimos: “Aquí los vamos a esperar. ¡No pasarán!”

Sin embargo, no le ha bastado a este gobierno reformar las leyes para poder imponer los proyectos de muerte, en beneficio de los capitales monopólicos nacionales y transnacionales. Ahora utiliza todo el poder de la fuerza pública y militar para reprimir a las defensoras y defensores comunitarios, y desmovilizar las luchas criminalizando la protesta social. Todo esto en complicidad con las empresas a las que les permite actuar en contra de los movimientos sociales acompañadas de la fuerza militar, e inclusive contratar sicarios para reprimir o asesinar a los defensoras y defensores de la madre tierra. Nos enfrentamos a territorios militarizados controlados por el crimen organizado, que el Estado y las empresas usan en contra de los pueblos. El asesinato de Noé Vázquez, la detención ilegal de nuestro compañero de lucha Marco Antonio Suástegui del CECOP, el levantamiento de órdenes de aprehensión a decenas de defensores integrantes del MAPDER, son muestras de una estrategia de guerra para despojar a nuestros pueblos.

Constatamos que en la Sierra Norte de Puebla se vive un sistemático asedio por la intención de imponer proyectos mineros asociados a hidroeléctricas, fenómeno que se ha vivido con mayor intensidad durante los últimos dos años. Estas amenazas contemplan más de 100 concesiones mineras que abarcan un área de 160 mil hectáreas en las zonas altas de la sierra, más de 10 iniciativas para proyectos hidroeléctricos sobre las cuenca de los ríos más importantes (Ajajalpan, Zempoala y Apulco), y proyectos de extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica, en el territorio que integran las zonas bajas de la sierra. Imaginar la realización de estos megaproyectos vislumbra un panorama desolador. De concretarse estos proyectos de muerte las zonas altas de las cuencas serranas serían altamente impactadas por la minería, lo que significaría además un alto riesgo de contaminación a todos los recursos hídricos, los causes de los ríos serían seriamente impactados por la instalación de hidroeléctricas, y la extracción de hidrocarburos acarrearía la contaminación desde lo más profundo del subsuelo. Además de la Sierra Norte, el resto del territorio poblano se encuentra bajo la imposición de gasoductos, carreteras y el establecimiento de megaindustrias. El Gobierno del Estado encabezado por Rafael Moreno Valle, es cómplice de este plan de de despojo e imposición de proyectos de muerte en el territorio Poblano, quién además ha establecido leyes totalmente repudiadas por la población para permitir la privatización del agua, la expropiación de tierras y el uso de armas para reprimir la protesta social (conocida como ley bala).

Ante la embestida de estas amenazas, los pueblos han respondido con el rechazo enérgico a los proyectos de muerte. La defensa del territorio ha sido pacífica, sin embargo la respuesta de quienes quieren imponer los proyectos ha sido violenta. Celebramos la valentía de los pueblos que enfrentan estas luchas y no han permitido que se establezcan los proyectos de muerte. Olintla es muestra de una de las luchas más valientes, donde el pueblo tutunaku expulsó un proyecto hidroeléctrico que el Grupo México intentaba imponer en su territorio.

En este Xl Encuentro de MAPDER compartimos saberes como pueblos latinoamericanos. Conocimos y aprendimos de las experiencias de lucha y de resistencia de movimientos hermanos de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, que luchan por la defensa de los ríos, la vida y sus territorios.

Nos hermanamos y solidarizamos con las realidades que viven en sus países, con sus luchas que también son las nuestras, y compartimos con ellos la construcción cotidiana desde cada uno de nuestros países, de un nuevo proyecto energético popular a nivel nacional y latinoamericano. Luchamos por un nuevo modelo de sociedad. Refrendamos nuestra unidad popular latinoamericana, como nos enseñaron y compartieron los compañeros del MAB de Brasil.

Nos solidarizamos con la comunidad de Barillas, Guatemala, ejemplo de lucha para nuestros pueblos y resistencias.
De las luchas nacionales del MAPDER exigimos:

Puebla

Exigimos la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos y las concesiones mineras en la Sierra Norte y todo el Estado de Puebla. Exigimos la cancelación de la instalación del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como la central de generación de energía eléctrica en Huesca Morelos, proyecto que representa un riesgo mayor al estar en la zona de peligro eruptivo del volcán Popocatépetl. Rechazamos los proyectos para extracción de hidrocarburos que se tienen planeados en la Sierra Norte de Puebla. Exigimos el esclarecimiento y justicia al asesinato de Antonio Esteban Cruz, miembro de la CNPA-Movimiento Nacional y opositor a la Presa Cuamono. Exigimos la libertad a Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, presos políticos por resistir la imposición del Proyecto Integral Morelos y de la autopista arco Poniente, en la región Izta – Popo.

Guerrero

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), fortalece su lucha en contra de la construcción de este proyecto hidroeléctrico. “La tierra no se vende” y “La Parota no se hará”, son los principios que forjaron nuestros triunfos al impedir la construcción de la presa. A once años de iniciado el movimiento de resistencia reafirmamos nuestra decisión de luchar hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto.

El CECOP hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional por la inmediata liberación de su vocero Marco Antonio Suástegui, y los comuneros del CECOP Emilio Solís y Julio Ventura. Su detención fabricada con falsos delitos y el ilegal traslado de Marco Antonio a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, dejan ver la criminalización y represión cada vez más violentas contra quienes luchamos en defensa de la tierra, el agua, el territorio y los bienes comunes.

El CECOP convoca a todos los movimientos y organizaciones del MAPER a emprender una lucha unitaria con todas las organizaciones democráticas del país que, al igual que nosotras y nosotros, estamos dispuestos a detener la devastación del país y su entrega a las empresas transnacionales.

Nayarit

Nosotros wixaritari, tepehuanos y coras, como pueblos originarios exigimos que se nos respeten las áreas protegidas, en los 19 lugares sagrados en donde están presentes nuestros espíritus, rituales, y pensamientos. Declaramos a nuestro río San Pedro como río Libre de Represas y rechazamos el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que pretenden destruir nuestra cultura y los bienes comunes naturales, de las comunidades ancestrales que habitamos en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango.
Jalisco .

Celebramos la resistencia de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en contra de la construcción de La Presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, así como las recientes resoluciones judiciales que han logrado detener la construcción de la cortina. Denunciamos la campaña “Las 13 verdades de La Presa el Zapotillo” impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en contubernio con las empresas españolas FCC, Abengoa y las cámaras empresariales de construcción, violentando con esto el cumplimiento de las sentencias judiciales ganadas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que mandatan que la altura de la cortina no debe sobrepasar los 80 metros de altura. Exigimos que las obras de construcción de la cortina permanezcan detenidas a 80 metros y se realicen de inmediato los ajustes necesarios, garantizando la seguridad y permanencia de las comunidades de la región de los Altos de Jalisco y su patrimonio cultural.

Veracruz

La Hidroeléctrica El Naranjal sigue como una amenaza constante. El proyecto ha cambiado sustancialmente del aprobado en 2010 por la SEMARNAT, pero sigue sin la aprobación de la población, causando problemas y divisiones internas. A un año del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, exigimos el esclarecimiento de este crimen y el castigo a los autores materiales en intelectuales.

Los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, desde hace 7 meses hemos mantenido una clausura social permanente en la zona de estudios de factibilidad de la empresa brasileña Odebrecht. Así mismo estamos en el proceso de varias demandas colectivas hacia los invasores, donde ya se nos ha reconocido como ente jurídico defensor ambiental.

Denunciamos los amedrentamientos realizados por el gobierno hacia los ejidatarios de la zona.

En la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla, exigimos la cancelación de los 24 proyectos de presas en la cuenca del río Bobos-Nautla y rechazamos a las hidroeléctricas como energía limpia.

Chiapas

Exigimos la cancelación de las presas en Chiapas y Tabasco: Itzantún, Cankuc, Chicuasén 2, San Miguel Huimanguillo, así como aquellas proyectadas en la Sierra Madre, en la región del Soconusco y sobre el río Usumancinta. Exigimos el respeto a las comunidades que se han declarado Libres de Represas, así como el resarcimiento de los daños ocasionados por las presas y otros megaproyectos que han afectado los pueblos de la región. No más extracción petrolera por la nueva reforma energética. Exigimos la salida inmediata de la empresa Caliz y Morteros en Cahuaré, sobre la Presa Cahuaré 1. Exigimos la libertad inmediata a Florentino Gómez Girón, luchador social del Pueblo de Ixtapa detenido con delitos fabricados, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos. Seguimos exigiendo la verdad y la justicia de la masacre de Acteal.

Colima

Felicitamos la Declaratoria de Territorio Libre de Minería que logró la Comunidad Indígena de Zacualpan, Colima. Repudiamos los engaños, la violencia verbal y física, las amenazas de muerte, represión e intimidación por parte de los caciques manipulados por los gobierno del estado y municipal, en contubernio con el empresario minero.
Denunciamos la criminalización que realiza el consorcio minero “Benito Juárez Peña Colorada”, a las comunidades de Los Potros, Puertecito de las Parotas, Mameyito y Coconal, agresión que se ha dirigido especialmente contra Félix Monroy Rutilo, quien ha denunciado la contaminación del Río Marabasco. Responsabilizamos al gobierno federal, del estado de Colima y a la empresa minera, de cualquier daño que pueda sufrir nuestro compañero.

Oaxaca

El Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del río Verde (COPUDEVER), exige la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, así como el respeto al derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos. Rechazamos la reforma energética porque violenta los derechos de los pueblos.

ACUERDOS DEL ENCUENTRO:

1. Nos declaramos en pie de lucha, en defensa de nuestro territorio y en rechazo total las contrareformas estructurales.
2. Convocamos a la unidad nacional en defensa de la vida y nuestros territorios.
3. Nos sumamos a las acciones unitarias en contra del despojo convocadas en todo el país.
4. Refrendamos la convocatoria para celebrar los 100 años del ingreso de los ejércitos campesinos revolucionarios (La División del Norte y el Ejercito Zapatista) a la ciudad de México, el próximo 6 de diciembre.
5. Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados por la minera Cananea a los ríos del estado de Sonora y la cancelación definitiva de esta mina propiedad del Grupo México.
6. Exigimos el cese inmediato de la represión y la criminalización de quienes luchamos en defensa del territorio y de la vida.
7. Seguiremos impulsado nuestros propios modos de vida comunitarios.
8. Nos unimos y hermanamos a las luchas en defensa de los ríos, la vida y los territorios de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, presentes en este Encuentro.
9. Seguiremos celebrando la vida con alegría e intensidad, como la hemos aprendido a vivir en nuestros pueblos.
Agradecemos la hospitalidad de los hermanos y hermanas tutunakus del municipio de Olintla, quienes nos abrieron su pueblo, casas y corazones. Pero sobre todo, les agradecemos el ejemplo que nos han dado por la lucha valiente al expulsar al Grupo México, empresa rapaz que ha saqueado el subsuelo de nuestro país, contaminado sus aguas y cobrado decenas de vidas de manera impune.

Olintla, Sierra Norte de Puebla. 31 de agosto de 2014

¡Ríos para la vida, no para la muerte!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!

Asesinaron a destacadísima dirigente en Honduras: hablan Bertha Cáceres y Rafael Alegría

Publicada el 01/09/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

RadioMundoReal.fm

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Tres personas encapuchadas y armadas ultimaron a balazos el miércoles por la mañana a la dirigente campesina hondureña Margarita Murillo, en una zona rural del municipio de Villanueva, departamento de Cortés. Murillo murió como vivió: con la azada en la mano, pronta para producir y dar vida en la tierra por la que siempre luchó.

Este jueves fue enterrada en ese municipio, en el Cementerio Renacer, muy cerca de la localidad de San Pedro Sula. Horas antes, en el velatorio, dirigentes sociales y populares de Honduras se comprometieron a cerrar filas y fortalecer la unidad para lograr la refundación del país.

Murillo, integrante de la Vía Campesina Honduras, tenía un currículum envidiable para cualquier luchador social: fundadora en su país de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC, una de las organizaciones más importantes a nivel nacional), nacida en 1985; también fundadora del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que surgió para resistir al Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y al que impulsó en la ciudad de San Pedro Sula, y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que se creó a partir de esa resistencia. En las últimas elecciones Murillo fue candidata a diputada por ese partido.

Su lucha fue motivo para que los grupos represivos y los escuadrones de la muerte la secuestraran y torturaran en los años 80, en épocas también de Terrorismo de Estado. Dedicó parte de su vida a la lucha libertaria en El Salvador contra la Dictadura, bajo los seudónimos de “Cipriana” o “Raquel”. Luego del golpe de Estado de 2009 en su país padeció el secuestro de un hijo y su marido fue herido de bala por las fuerzas represoras.

Radio Mundo Real entrevistó este jueves a la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, y al dirigente campesino y diputado hondureño Rafael Alegría, referente además de la Vía Campesina Internacional. Alegría estaba en el entierro de Murillo en el momento del contacto.

“Una compañera muy destacada en el movimiento social. Una mujer fuerte, enérgica, beligerante, crítica, muy entregada” a la lucha. Así se refirió Cáceres a la compañera asesinada, a la que reconoció además como una de las “conductoras nacionales” del FNRP, “pero sin abandonar la lucha agraria particularmente”.

“Estos asesinos cobardes la encontraron con el azadón. Ella se disponía a sembrar pepinos, a cultivar la tierra, a dar vida”, agregó la coordinadora del COPINH, que catalogó el ataque de tres personas a Murillo como un “montaje de los grupos de poder y el Estado de Honduras”, a los que responsabilizó por el asesinato.

Nuestra entrevistada destacó que Murillo tenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado hondureño velase por su vida. Pero “nunca se le garantizó su protección pese a las denuncias constantes de amenazas de muerte”.

Cáceres manifestó también que “prácticamente todo el velatorio y entierro de Murillo es una movilización, un acto de protesta”, y subrayó que hay una “gran preocupación nacional en todo el movimiento social y político”. “Nos ha hecho reflexionar de la urgente necesidad que tenemos de cerrar filas ante la represión que continúa en este país criminalizando y con muchas artimañas para hostigar y asesinar a los luchadores sociales y políticos”.

La representante del COPINH contó que el sábado, en una reunión del FNRP, Murillo dijo que había que seguir luchando pese a todo. A pesar “del dolor que arrastramos por nuestros compañeros y compañeras asesinadas como Margarita, por el nivel de exposición, de indefensión, de impunidad y criminalidad, que es parte de la política de terror de este Estado, tenemos esperanza, tenemos ganas de seguir luchando por este país”, enfatizó Cáceres sobre el final de la charla.

En tanto, Alegría subrayó que Murillo dedicó toda su vida “a la organización, la formación, la lucha campesina por una Reforma Agraria Integral”. “Era una brillante luchadora”, aseguró.

El dirigente lamentó que sigue creciendo el “listado de campesinos y campesinas asesinados en Honduras, en la más absoluta impunidad”, y responsabilizó al gobierno nacional. En ese sentido, explicó que el 9 de abril introdujo a la Cámara Legislativa el proyecto de ley de Reforma Agraria Integral, “pero sigue engavetado, pareciera que no hay voluntad del gobierno”. “Ellos tienen gran responsabilidad en estos asesinatos, porque la reforma agraria podría realizarse pacíficamente y sin derramamiento de sangre, pero eso pasa cuando hay gobiernos con voluntad y decisión de impulsar procesos agrarios con justicia, paz y libertad”. “Seguimos en la lucha por una Reforma Agraria Integral”, reivindicó.

Ayer se hizo un minuto de silencio en el Congreso Nacional y Alegría realizó una intervención para llamar la atención sobre la cantidad de campesinos y campesinas asesinadas en el país, los que han sido judicializados por su lucha por la tierra, y para reclamar la aprobación del proyecto de ley de Reforma Agraria.

El dirigente expresó a los micrófonos de Radio Mundo Real: “ayer manifesté que no bastaba un minuto de silencio por la compañera. Sino que es necesario que se discuta y empiece a aprobar la Ley de Reforma Agraria Integral. Esa es nuestra lucha inmediata. Por eso dio la vida Margarita y vamos a continuar con esta lucha”. “En honor al mérito, a la personalidad, a la dignidad de la compañera Margarita Murillo la lucha continuará”, cerró Alegría.

El poder del consumidor ante el cambio climático

Publicada el 29/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

-La campaña Tras la Marca y la presión de consumidores y consumidoras lleva a Kellogg’s a anunciar que abordará el cambio climático
-La noticia llega una semana después de que Nestlé declarara Tolerancia Cero con el acaparamiento de tierras.

Saviano Abreu, Oxfam Intermón
en eldiario.es

Gracias a que 238.000 consumidores y consumidoras como tú habéis alzado vuestra voz, Kellogg’s se ha comprometido a reducir sus emisiones contaminantes (tanto en sus cadenas de suministro como en el conjunto de sus actividades), a ayudar a los pequeños agricultores y agricultoras a adaptarse al cambio climático y a presionar para que se lleve a cabo una incidencia efectiva contra este tanto en el sector privado como en los Gobiernos.

Esta rápida respuesta de la empresa solo ha sido posible gracias a la actuación de los colaboradores y colaboradoras de la campaña Tras la Marca.

Entre las medidas más importantes que Kellogg’s adoptará está la de instar a sus principales proveedores a que midan y hagan públicas sus emisiones de gases y sus objetivos de reducción de los mismos. Es decir, utilizar su fuerza y poder de influencia para crear el necesario cambio de tendencia en materia ambiental.

Un escenario que necesita de la presión de grandes compañías, la compañía también movilizará a otras empresas y sectores de la industria para que actúen contra el cambio climático y se unirá a la iniciativa de la industria Business for Innovative Climate and Energy Policy (BICEP) para impulsar una legislación climática en Estados Unidos.

Definir y hacer públicos sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones agrícolas, para diciembre de 2015, así como una estrategia de adaptación al cambio climático que incluya las necesidades de los pequeños agricultores y agricultoras son otras dos de las consideraciones que Kellogg’s tomará.

Consulta la hoja de ruta de Kellogg’s para saber más sobre las medidas que la empresa pretende adoptar durante los próximos años de cara a cumplir con sus promesas

Es una decisión correcta, que beneficia a millones de agricultores y agricultoras en todo el mundo que tienen que enfrentarse a los efectos de una meteorología errática como resultado del cambio climático. Pero aún queda mucho cambio en materia ambiental y la exigencia que desde organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales se le hace a las grandes empresas no puede disminuir, a pesar de estos significativos triunfos.

La protección de agricultores y agricultoras de todo el mundo en algo tan injusto como el acaparamiento de tierras debe seguir siendo firme y la presión y compromiso de las grandes empresas –como el reciente anuncio de Nestlé de adoptar una política de tolerancia cero ante esta mala práctica- debe ser recibido como una gran victoria, pero sin olvidar que a las 10 grandes empresas mundiales de comida y bebida aún les queda mucho para tratar de manera adecuada a las personas y al planeta.

Informe OMAL10: La minería transnacional en Centroamérica. El caso de Cerro Blanco

Publicada el 28/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Ane Garay Zarraga (OMAL, 2014)

Con la colaboración de: Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio – CEICOM
Diseño gráfico y Maquetación: Marra Servicios Publicitarios

Leer el informe completo (PDF; 2,13 MB)

El sector de la minería metálica experimenta un momento de expansión en Centroamérica. Este auge se inscribe dentro de un proceso mundial, mucho más amplio, que tiene como protagonista una creciente demanda de recursos naturales no renovables en los países del centro, como también en las economías brasileña, india, china y rusa. Dicho incremento sostenido ha provocado una tendencia al alza de los precios de los mismos, que proporcionan altas tasas de rentabilidad a las empresas transnacionales que los explotan, lo que está atrayendo grandes flujos de inversión hacia territorios ricos en agua, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, madera, etc. (CEPAL, 2013).

Además del aumento en la demanda, otro de los factores que influye en los precios de estas materias son las finanzas. Los bancos son los principales especuladores en los mercados financieros de materias primas y, entre ellos, se puede encontrar a BNP Paribas, Morgan Stanley y Crédit Suisse, entre otros [1]. Los países de América Latina, cuya historia económica está estrechamente ligada al modelo extractivista, ven así cómo se consolida en sus territorios la agroindustria y se mantiene la actividad tradicional de minería y explotación de hidrocarburos. La investigadora argentina Maristella Svampa (2013: 31), con gran lucidez, ha denominado a este momento el “Consenso de los commodities”:

«Si bien es cierto que la explotación y exportación de materias primas no son actividades nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales sin mayor valor agregado. Por ende, lo que de modo general aquí denominamos “Consenso de los Commodities” subraya el ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas.»

En América Latina, “la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros)” (Svampa, 2013: 31). Este modelo económico orientado hacia la explotación y exportación de materias primas a gran escala es hoy acogido y promovido no sólo por los gobiernos latinoamericanos más alineados con el neoliberalismo, sino también por gobiernos que son calificados como “progresistas” en la región, es el caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil. En algunos de estos estados se están impulsando políticas de nacionalización de los recursos naturales con el objetivo de explotarlos y así generar ingresos públicos que permitan implementar programas sociales. Es lo que algunos autores y autoras han denominado como el modelo de desarrollo “neoextractivista”.

Como advierte Svampa, el extractivismo tiene una serie de graves consecuencias para las sociedades latinoamericanas. Entre ellas, serios impactos económicos, sociales, ambientales, políticos y culturales, de índole local, nacional y regional. En respuesta, las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones sociales protagonizan hoy una resistencia enérgica contra los proyectos extractivos en toda la región. En Centroamérica, donde los territorios son pequeños y los impactos, a menudo, transfronterizos, se están produciendo procesos de movilización coordinada entre colectivos y comunidades de varios países. Cuestionan el modelo extractivista y defienden una Centroamérica sin minería. Su lucha es, como titula el documental de la organización guatemalteca La Ceiba, un enfrentamiento por “El oro o la vida” [2].

Notas

[1] Toussaint, E. “La banca especula con materias primas y alimentos”, Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, 18 de marzo de 2013.

[2] “El oro o la vida. ReColonización y Resistencia en Centro América” es un documental de 2011 realizado por Caracol producciones, con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional y CEIBA-AT, que expone los impactos de la mina Marlin en el departamento de San Marcos en Guatemala y la resistencia de las comunidades, decididas a frenar el proyecto.

Leer el informe completo (PDF; 2,13 MB)

Amigos de la Tierra: Ayúdanos a combatir el ébola en Liberia!

Publicada el 27/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Amigos de la Tierra Liberia está trabajando con organizaciones asociadas en el país para brindar ayuda, apoyo y protección a la comunidad para combatir el virus mortal del ébola. Ayúdalo en el esfuerzo de distribuir kits de prevención a las comunidades afectadas.

Amigos de la Tierra Liberia, una pequeña organización integrada casi exclusivamente por personal local, trabaja junto a otras organizaciones de la sociedad civil con la misión de contribuir a los esfuerzos de estabilizar la situación mediante la sensibilización sobre las medidas de higiene personal y de seguridad y mediante la recolección y la distribución de desinfectantes, baldes y jabón a las comunidades vulnerables.

Tu aporte puede ayudar a esta campaña local para prevenir la propagación del ébola en las comunidades vulnerables de Liberia. Todos los fondos recaudados (100%) serán enviados a Liberia. Por favor dona lo que puedas.

«Mientras esperamos la ayuda internacional, nosotros mismos podemos hacer muchas cosas. de lo contrario, la ayuda puede llegar demasiado tarde para los miles de liberianos», Nora Bowier, Amigos de la Tierra Liberia.

http://www.foei.org/?page=CiviCRM&q=civicrm/contribute/transact&reset=1&id=10

En solidaridad,

Amigos de la Tierra Internacional

Fractura Expuesta 3: Soberanías energéticas tuteladas

Publicada el 26/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por Observatorio Petrolero Sur
Centro de Documentación e Información Bolivia
Censat Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia

Empresas y gobiernos clavaron sus ojos sobre yacimientos de frontera: no convencionales y offshore. El estancamiento de los niveles globales de extracción tradicional de petróleo y el improbable descubrimiento de mega yacimientos, son parte del problema que se agudiza con el incremento exponencial del consumo de energía –no sólo por los países del Norte global sino, también, por las economías emergentes, como China e India. El gas y el petróleo de esquistos o lutitas –más conocidos por su denominación sajona, shale–, junto a los hidrocarburos de arenas compactas –tight sands–, los crudos ultra pesados y el petróleo del Ártico y de aguas profundas han cobrado suma relevancia en la apuesta sistémica a sostener esta matriz, donde los combustibles fósiles representan el 82% de las fuentes primarias de energía mundial.

Estados Unidos se ha convertido en el principal promotor de la explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. A partir de su desarrollo masivo, Washington no sólo apunta a que el mercado esté abastecido de combustibles fósiles y que los precios no se disparen, sino también a que se modifique el mapa geopolítico de la energía. Al ampliar el espectro de proveedores busca limitar el protagonismo de países como Rusia y Venezuela, los gigantes mundiales del gas y el petróleo, respectivamente. En esta estrategia el lugar estelar lo ocupan el gas y petróleo de esquistos. Según estimaciones de la Agencia de Información de Energía (EIA) de ese país, publicadas en 2013, América del Sur posee el mayor potencial de recursos técnicamente recuperables de shale gas, 1431 billones de pies cúbicos de gas (TCF, trillones según nomenclatura estadounidense); seguida por Asia, con 1403 TCF –de los cuales 1115 TCF corresponden a China. En cuanto al crudo de estas formaciones, el potencial sería de 1152 millones de barriles (Billon bbl, según su equivalente en inglés) que la ubica detrás Europa, 1551 Billon bbl; y Asia, 1375 Billon bbl. Si bien estas cifras deben ser relativizadas, ya que las estimaciones fueron realizadas sólo sobre 41 países, sin EE.UU., lo que le resta relevancia al potencial de América del Norte, y porque el cálculo mismo es cuestionado, ilustran la posición que la región ocupa en la geopolítica del shale. O, por lo menos, en la política de Seguridad Energética del Departamento de Estado norteamericano.

En este esplendor no convencional, como ha sucedido a lo largo de la historia de nuestros pueblos del Sur, detentar los recursos no necesariamente implica tener la sartén por el mango. La explotación de estos recursos, criticada por su alto impacto socioambiental, se realiza con tecnologías desarrolladas y acaparadas por grandes empresas de servicios petroleros, como Halliburton y Schlumberger, y operadoras con capacidad financiera y de lobby, como Chevron y ExxonMobil. Justamente en los últimos años el sector corporativo ha tenido un marcado protagonismo, promoviendo este tipo de explotaciones en diversos foros regionales y presionando a las autoridades públicas para que generen las condiciones propicias para la avanzada, es decir, garanticen márgenes de ganancia y adecuen marcos regulatorios.

En sintonía, cada uno de los gobiernos de la región ha justificado su creciente interés en estos reservorios a partir de metas propias, soberanas. Los argumentos son diversos; reducir la importación de combustibles, revertir la caída de los niveles de extracción, alcanzar el autoabastecimiento, mantenerse o consolidarse como exportador… Pero más allá de los enunciados, todos tienen una consecuencia común: la conflictividad social por la ampliación de la frontera extractiva y de la transnacionalización del sector, si bien algunas veces hay un aparente liderazgo de compañías controladas por el Estado.

El mayor avance sobre formaciones de shale, por fuera de EE.UU., se registra en Argentina, que, según la EIA, concentra 802 TCF sobre 1431 TCF del conjunto de Sudamérica. El mayor potencial se encontraría en la Cuenca Neuquina, con 583 TCF distribuidos en las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, lo que explica por qué ostenta el dudoso privilegio de ser cabecera de playa nacional y regional. A la luz de estos datos no es un hecho menor la alianza para “fortalecer y profundizar el intercambio y la cooperación” en hidrocarburos no convencionales, redes inteligentes, energía nuclear y eficiencia energética y energías renovables, sellada por el secretario adjunto de Energía de EE.UU., Daniel Poneman, y el ministro de Planificación Federal argentino, Julio De Vido, en mayo último. Según lo publicado en medios de prensa cercanos al gobierno de Cristina Fernández, EE.UU. aspira a insertarse de lleno en el negocio de Vaca Muerta, y en ese esquema, empresas como ExxonMobil, cobrarían protagonismo, sumándose a la pionera Chevron.

Chile –otro país visitado recientemente por Poneman, pero para asegurarse la venta de gas– y Colombia también han puesto su atención sobre los no convencionales, realizando exploraciones tanto en formaciones de esquistos como de gas de mantos de carbón, con resultados disímiles. Chile busca sumar fuentes a su matriz para incrementar la capacidad instalada, que demanda la minería, y, al mismo tiempo, superar el cuello de botella que significa la masiva oposición popular a proyectos de mega complejos hidroeléctricos, como HidroAysén, que fue finalmente descartado. En el caso de Colombia la ampliación de la frontera extractiva, impulsada en el marco de la política de promoción de la actividad minero-energética, está orientada a ampliar el horizonte de reservas e incrementar las exportaciones, buscando los mercados asiáticos.

Uruguay, Bolivia y Brasil también evalúan la alternativa de los no convencionales. En este sentido es destacable el poco entusiasmo que generó en el mundo corporativo brasileño la Ronda 12, a través de la cual, por primera vez en el país, se licitaron bloques para exploración de esquistos. Esto marcó una profunda diferencia con el interés despertado meses antes por la licitación del campo Libra, en aguas profundas. Mientras que en Paraguay la exploración de hidrocarburos es promocionada con promesas de abundancia, pero poco ha avanzado en términos generales y el horizonte del shale aparece supeditado a la evaluación costos de producción.

En tanto en el extremo norte de Latinoamérica, México ha consumado la reforma de su Carta Magna, que permitió echar por tierra con el monopolio que la petrolera estatal Pemex tenía sobre todo el sector. De este modo, las puertas quedaron abiertas no sólo para una salvaje transnacionalización de la industria hidrocarburífera sino también para la explotación de esquistos.

En la mayoría de los países de la región, la adjudicación de bloques para la exploración y explotación de no convencionales, ha dado lugar al surgimiento de espacios de oposición donde convergen organizaciones de las más diversas, como es el caso de la Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén o la Alianza Mexicana contra el Fracking, y a campañas como Por um Brasil Livre de Fracking. En todos los casos la defensa del agua se transforma en el elemento aglutinador, y en ese aspecto, el Principio Precautorio y el derecho de las comunidades locales a decidir sobre el futuro de sus territorios son pilares de las demandas.

En este contexto, se torna imperativo para las organizaciones de la región formalizar un ámbito de confluencia con el objetivo de frenar esta profundización del modelo extractivista, a partir del fortalecimiento de las resistencias y la construcción de caminos hacia la Soberanía Energética. Porque Soberanía Energética no es sólo garantizar el autoabastecimiento sino que es tener el control sobre las fuentes y la autonomía en la gestión de la energía. No sólo se trata de contar con mayores reservas, sino también de detentar la capacidad política para definir energía cómo, para qué y para quién, en un marco de participación popular.

[Descargar Fractura Expuesta #3]

COMUNICADO: ATACADOS MIEMBROS DE LA REMA DE ZACUALPAN

Publicada el 25/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

ATACADOS MIEMBROS DE LA REMA DE ZACUALPAN

24 de Agosto de 2014

Miembros del Consejo Indígena Nahua en Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima, integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fueron atacados este 24 de agosto sin que la policía presente interviniera, por un grupo de priístas simpatizantes y familiares del depuesto ex comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, en el balneario “Ojo de Agua”, del cual se ha descubierto que mantenían una red de corrupción y robo de recursos de la comunidad muy cuantiosos.

Por ello su interés en recuperar los intereses perdidos de un ex comisariado corrupto y que sistemáticamente violó la ley agraria, amenazó, intimidó y defraudó los bienes comunales y los recursos del estado, con el respaldo, apoyo, solapamiento, asesoría, conocimiento y beneplácito de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, del Presidente Municipal, del gobernador del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ministerio Público, entre otras dependencias.

La REMA vuelve a reiterar que esta violencia es también causada y solapada por el gobierno del estado y municipal, con el apoyo de las autoridades y dependencias ya señaladas. Ya se han registrado intimidaciones, chantajes, represión, amenazas de muerte por el abogado de la Procuraduría Agraria, violaciones a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, violaciones a la ley agraria incluso de la misma Procuraduría Agraria, entre otras. Todo ello denunciado ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ante la opìnión pública nacional e internacional. Por ello la REMA alertó sobre la escalada de violencia que solapa y encubre el gobierno a los sistemáticos agresores que han perdido sus intereses personales con la deposición del ex comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán. Esto es una prueba más de la escalada de violencia.

Esta agresión merece una demanda penal. El estado de indefensión de los pueblos indígenas agredidos en sus derechos y físicamente, incluso por parte del estado de Colima, alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de protección del estado y más aún, la complicidad del estado en la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La REMA exigimos castigo a los responsables de la agresión.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

www.remamx.org

Declaración de Torreón. En defensa de la tierra, el agua, y la vida. ¡NO AL FRACKING!

Publicada el 25/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Torreón, Coahuila a 18 de agosto de 2014.

elbarzon.mx

DECLARACIÓN DE TORREÓN EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA VIDA

NO AL FRACKING (EXTRACCION DE GAS SHALE)

Cuidemos los acuíferos para garantizar el agua potable a la población en general y en la producción de alimentos sanos y nutritivos

Reunidos en la Comarca Lagunera, los productores agropecuarios de diversos estados del semidesierto, preocupados por las nuevas disposiciones legales establecidas en la Reforma energética aprobada recientemente por el congreso de la unión, que por su contenido afectan a la nación y considerando que esta Reforma:

    No garantiza la disminución en los precios de las tarifas eléctricas y los energéticos como diésel y gasolina, ya que estas se establecen por el mercado internacional.
    Las empresas trasnacionales serán las que se lleven las ganancias generadas por la producción de hidrocarburos a costa del patrimonio nacional.
    Se disminuirá los ingresos generados por la producción de hidrocarburos al permitir a la empresa privada la participación en la extracción de estos, afectándose el gasto social que durante años ha apuntalado PEMEX y que ha sido la base del desarrollo nacional.
    Se desatará la burbuja de la especulación financiera en los proyectos extracción del gas shale al no ser un proyecto sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social
    En especial, el intento de utilizar la técnica de fractura hidráulica (fracking) para extraer el gas shale, al establecer que los principales yacimientos de este energético de mayor potencial se encuentran en el norte del país, justo donde se presentan las severas sequías recurrentes por la escasez crónica de agua.
    Por la importancia que tiene la agricultura de riego por bombeo en la producción nacional de alimentos ya que en estos estados del norte son de los principales productores de maíz amarillo, alfalfa, chile, manzana, leche, carne, nuez, y forrajes entre otros.
    Es en esta región del país donde la principal fuente de agua es el subsuelo y es extraida muy por encima de la disponibilidad anual y que por tanto, durante los últimos años se ha presentado una sobreexplotación de los acuíferos, en mayor medida por el crecimiento de demanda de agua, incremento de temperatura, extracción ilegal, escasa participación de la CONAGUA para regular la extracción y por su falta de mecanismos reales de medición y planeación hídrica en la que se limite la superficie agrícola sembrada al año de acuerdo a su disponibilidad en el subsuelo, apertura indiscriminada de tierras. Por ejemplo más de 250 mil hectáreas de terrenos ganaderos agrícolas en el estado de chihuahua en los últimos 5 años.

Ahora bien, el fracking forma parte de un debate mundial debido a su impacto ambiental, esta técnica se realiza mediante la inyección de agua mezclada con abrasivos y más de 90 químicos tóxicos. Los principales riesgos son la destrucción y contaminación de los acuíferos, así como el gasto indiscriminado de agua en el que se requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua para un sólo pozo, lo que equivale al agua necesaria para cosechar entre 1,500 y 4,800 hectáreas de riego, y que de permitirse la pretensión de realizar miles de perforaciones para la extracción de gas shale acabaría con el agua en la región y significaría un ecocidio en el semidesierto.

Otros riesgos ambientales son la contaminación de suelos, emisiones de metano a la atmósfera que agravan el calentamiento global, afectaciones de la salud pública y la vida animal e incremento a las actividades sísmicas.

El dilema está en que si el agua se destina, mediante un manejo sustentable, para garantizar el consumo humano y la producción nacional de alimentos nutritivos para las actuales y futuras generaciones de mexicanos o se destina a la extracción de energéticos para beneficiar a los trasnacionales y que además pondría en riesgo la salud pública por la contaminación de acuíferos y suelos.

Por lo anterior hemos decidió desarrollar la más amplia defensa rural y urbana de las fuentes de agua para consumo humano y producción de alimentos impulsando las siguientes propuestas

El programa nacional para el ordenamiento sustentable de los acuíferos mediante:

1. Exigirle al ejecutivo federal planeación hídrica

    Programa plurianual para el uso eficiente del agua mediante la tecnificación de riego, estableciendo una meta mínima anual de 300 mil hectáreas, a fin de garantizar a 1.5 millones de hectáreas de riego tecnificado como meta a 2018.
    Establecimiento de un mecanismo para determinar la superficie de riego en base a la demanda hídrica de diversos cultivos, tomando como base el volumen concesionado a cada usuario de aguas nacionales.
    Promoción junto con los productores del uso de energías renovables para las actividades productivas del sector rural mediante la interconexión a la red.

2. Restauración de las cuencas hidrológicas

    Programa nacional de obras de conservación de suelo y agua priorizando las cuencas hidrológicas sobre explotadas con el fin de garantizar e incentivar la restauración ecológica y recarga de acuíferos, la disminución del impacto de lluvias y sequías, control de inundaciones, captación e infiltración de agua.
    Programa de re conversión productiva para aquellos cultivos de menor demanda hídrica de acuerdo al potencial productivo de las regiones, con el fin de disminuir el consumo de agua en las zonas de riego.
    Creación de un Fondo Federal que garantice mediante el 15% de los recursos destinados a los programas hidráulicos e hidroagrícola, la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos hídricos, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando verdaderos mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales.

3. Vigilancia para evitar las nuevas tierras y su penalización

    Cancelación inmediata de los aprovechamientos irregulares de aguas superficiales y subterráneas ubicados en los acuíferos sobre explotados.
    De esta misma forma la SAGARPA cancelará, los diversos apoyos de programas federales a dichos usuarios, PROFEPA, garantizará las respectivas sanciones administrativas a los cambios de uso de aquellos predios que violentan la normatividad.
    Establecer la medición obligatoria de volumen de todos los aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, sancionando a aquellos usuarios que no cumplan con la instalación de este instrumento.

Por ello, se iniciara a partir de hoy la creación de comités de defensa del agua y en contra del fracking, el propósito es difundir y concientizar a la población sobre los efectos y riesgos económicos ambientales para que se oponga a estos procesos extractivos.

Defender nuestras tierras ante cualquier intento de las empresas trasnacionales de iniciar la extracción de gas shale

Difundir, con el objetivo de que el legislativo apruebe una ley que garantice el derecho humano al agua, la iniciativa ciudadana que ha construido la propuesta de ley de aguas nacionales, como contrapropuesta a la Ley Korenfeld que implica la comercialización del agua y no de un bien público.

Desarrollar la más amplia unidad de los diversos movimientos de afectados ambientales que están en resistencia (por proyectos de presas, turísticos, minería o eólicos) con el fin de acumular fuerzas suficientes para evitar el deterioro de los recursos naturales.

Participar en las jornadas nacionales en defensa del agua la tierra y la vida, así como en la convención nacional indígena y campesina que se celebrará en la Ciudad de México y Aguascalientes en octubre, en donde se conmemora el centenario de la convención revolucionaria donde se originó el artículo 27 constitucional fortalecido por los ejércitos campesinos liderados por Emiliano Zapata y Francisco Villa, espacio para construir la agenda unitaria campesina e indígena que defina lo que el campo necesita y los que los campesinos rechazamos.

Participar en la toma de la ciudad de México el 6 de diciembre, para conmemorar los 100 años en que convergieron las tropas revolucionarias de la división del norte y las del libertador del sur y que al mismo tiempo permita la acumulación de fuerzas del movimiento campesino e indígena de este país, sumándose los consumidores de alimentos.

Nos comprometemos a recorrer las regiones de riego de aguas subterráneas de los estados de la península de Baja California, Sonora y la región del Bajío para impulsar la defensa de los acuíferos y exigir el Gobierno Federal el ordenamiento de los recursos hídricos.

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE EL BARZON , LLAMAMOS A LOS DIVERSOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA A UNIFICARNOS EN LA DEFENSA DE LA TIERRA, LOS RECURSOS NATURALES, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, EL ORDENAMIENTO DEL MERCADO AGROALIMENTARIO Y EXIGIR JUSTICIA Y EVITAR LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA RURAL.

NO AL FRACKING, SI A LA VIDA MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LOS ACUIFEROS

Alfonso Ramírez Cuéllar. Presidente, Barzón Nacional
Martin Solís Bustamante. Barzón Chihuahua
Angely Amezcua Chávez. Coordinación agua y energía Barzón Nacional
Maximiliano Olvera. Barzón Coahuila- Durango
Elena Burns Campaña. Agua para todos, Agua para la vida

Los otros terremotos que hundieron Haití

Publicada el 23/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Diez años de ocupación
El primer hotel de cinco estrellas en la capital de Haití ha sido financiado con dinero de la reconstrucción, un ejemplo de las oportunidades de negocio tras el terremoto.

IOLANDA FRESNILLO Puerto Príncipe (Haití)
diagonalperiodico.net

“Desde el primer momento que la Minustah puso un pie en tierra haitiana, sus tropas han violado de forma sistemática los derechos humanos”. Lo dice Monica Riet, uruguaya, que el pasado 6 de mayo se encontraba en Puerto Príncipe como militante de la Coordinadora latinoamericana por la retirada de las tropas de la Minustah, la misión de Naciones Unidas por la Estabilización de Haití. “Es un genocidio silencioso que va más allá de la ocupación militar”, añadía indignada por la participación de tropas uruguayas en la operación militar de la ONU.

La epidemia de cólera iniciada en uno de sus cuarteles a finales de 2010, que se ha cobrado ya más de 8.500 víctimas mortales y más de 700.000 casos de contagio, junto con las numerosas denuncias de agresiones sexuales, la militarización de los barrios populares o su participación en numerosos actos de represión sobre la sociedad civil, se cuentan entre los muchos motivos del rechazo mayoritario a la presencia de estas tropas extranjeras en el país.

Desde las elecciones de 2000, en las que Jean-Bertrand Aristide volvió a la presidencia tras unos comicios contestados por igual por la sociedad civil haitiana y por la comunidad internacional, Haití había vivido numerosas movilizaciones contra el Gobierno, que derivaron en una fuerte escalada de violencia entre 2003 y 2004. Entre otros, grupos paramilitares financiados desde EE UU avivaron el conflicto hasta la intervención internacional. En febrero de 2004, el presidente Aristide volvía a dejar el país, de forma involuntaria, en un avión estadounidense. Tropas de EE UU, Canadá, Francia y Chile llegaban al país al día siguiente, precediendo el despliegue de la Minustah pocos meses más tarde. Una década después, la Minustah sigue en Haití, con tropas y policías de 50 países, principalmente latinoamericanos y asiáticos, bajo el liderazgo de Brasil.

La presencia de tropas extranjeras en Haití es tan sólo una de las múltiples injerencias políticas y económicas que ha sufrido el país en los dos últimos siglos. La devastación que provocó el terremoto de enero de 2010 no se puede entender sin esas injerencias. Beverly Bell, militante pro derechos humanos de Nueva Orleans, lo describe sin rodeos: “La astronómica destrucción en Haití puede ser rastreada hasta la violencia estructural, las políticas y sistemas que reflejan el colonialismo, imperialismo, racismo y patriarcado, y que se sienten de forma áspera y marcada en las vidas de los más pobres”. Políticas que han continuado después del seísmo, ejemplificando nítidamente lo que Naomi Klein llamó “capitalismo del desastre”.

Tras el desastre, el negocio

El terremoto provocó más de 217.000 víctimas mortales y 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Los costes y pérdidas causadas por el seísmo se estiman en 7.800 millones de dólares, equivalente a más del 120% del PIB haitiano de 2009. Pero más allá del nivel de de-sembolso prometido –alrededor del 60% en los dos primeros años– y de la eficacia de esa ayuda, otra maquinaria se puso en marcha: la del negocio que ofrecía la reconstrucción. Lo que el embajador de EE UU en Haití llamó “la carrera por el oro”.

No se equivocaba. Entre 2010 y 2012, tan sólo el 1,3% del valor contractual de los proyectos de la USAID fueron concedidos a contrapartes haitianas, según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas. De las inversiones de USAID en Haití en 2013, más del 85% fueron a empresas y ONG norteamericanas. La Unión Europea sigue un patrón similar: en 2010 y 2011, el 76,7% del valor de los contratos de EuropeAid en Haití fueron para empresas europeas.

En el negocio de la reconstrucción destacan además los proyectos vinculados a lo que el Gobierno de Michel Martelly ha bautizado como “Haití: open for business”.

Abierto a los negocios

Amparada por los Clinton, la estrategia “abierto a los negocios” se ha dotado de una serie de apoyos institucionales entre los que destacan el Centro de Promoción de Inversiones y el Consejo Presidencial Asesor sobre Crecimiento Económico e Inversión en Haití, del que forma parte el expresidente José María Aznar.

Ejemplos de cómo se está gestionando la reconstrucción son la minería, el turismo y la industria textil. Las reservas mineras de Haití, fundamentalmente de oro, han levantado interés entre empresas canadienses y de EE UU. Éstas han desembarcado ya en el país con la ayuda del Banco Mundial, que apoya financieramente y ayuda a redactar la nueva ley de minería. Sin información ni consultas a la población, han empezado ya las exploraciones en el norte del país, no sin resistencia de la población, que se empieza a organizar frente a esta nueva amenaza. En el sector turístico se han financiado con fondos para la reconstrucción, privados y públicos, numerosos hoteles y proyectos. Uno de ellos ha sido la construcción del primer hotel de cinco estrellas de la capital haitiana, Royal Oasis, con fondos de la Bush Clinton Haiti Fund recaudados para la reconstrucción del país y gestionado por la cadena española Occidental Hoteles. El Banco Mundial acaba de otorgar 45 millones de dólares para desarrollo turístico y está cofinanciando la construcción de otro hotel de lujo junto con la cadena hotelera Marriot. Venezuela, con fondos de Petrocaribe, es uno de los financiadores del proyecto turístico de Île-à-Vache, fuertemente contestado por la población afectada.

En el ámbito de la industria, la estrategia es la construcción de, al menos, diez nuevas zonas francas industriales. Algunas de ellas como la de Caracol, en el norte del país, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros fondos para la reconstrucción. Haití cuenta ya con más de 30 fábricas, principalmente textiles, que gozan de condiciones favorables para la exportación a EE UU, ya que no pagan aranceles. Según Mirlen Joanis, del Centro de Promoción de Mujeres Obreras, “las condiciones de trabajo son degradantes y a menudo se dan casos de acoso sexual en los lugares de trabajo, a lo que hay que añadir la violación sistemática de las leyes que marcan las condiciones laborales”, incluyendo la prohibición de la práctica de organización sindical.

Allí se cosen productos para empresas como Levi’s o Fruit of the Loom, que en 2009 presionaban al Gobierno haitiano, con la ayuda de la Administración de EE UU, para mantener el salario mínimo en poco más de 80 gourdes al día (1,2 euros). Las movilizaciones masivas de las trabajadoras consiguieron arrancar entonces una subida de 200 gourdes al día (3,6 euros). Ante el mísero incremento en 2013 de 25 gourdes (menos de medio euro), las trabajadoras de las zonas industriales de Puerto Príncipe iniciaron nuevas movilizaciones. Reclaman un salario mínimo de al menos 500 gourdes al día (8,3 euros) y derecho a la seguridad social. La cesta mínima de comida tiene un coste de 429 gourdes, y el coste de vida (incluyendo vivienda, transporte y otros gastos) está por encima de los 1.000 gourdes al día.

Presumir de salarios bajos

De hecho, el Gobierno haitiano presume públicamente de tener salarios más bajos que México, República Dominicana, India o incluso China y Paquistán, y tan sólo unos céntimos de dólar por encima de Bangladesh o Camboya, por más horas anuales de trabajo. Presumen también de ofrecer condiciones excepcionales a las empresas inversoras: 0% de impuestos sobre los beneficios, 0% sobre las ventas y 0% de impuestos añadidos. Unas condiciones que se repiten para las empresas turísticas que inviertan en el país. Según el propio FMI, dichas exenciones se deberían revisar para incrementar los ingresos fiscales del Estado, pero siempre “sin poner en peligro el interés de las empresas inversoras”.

Para Nixon Boumba, activista del Movimiento Democrático Popular, “la reconstrucción en Haití se ha convertido en una vasta operación de capitalismo del desastre, que no busca socorrer a las víctimas, sino servirse de las víctimas y de la catástrofe para hacer beneficios”.

COMUNICADO POR EL DESASTRE EN SONORA: GRUPO MÉXICO, ECOCIDA Y HOMICIDA INDUSTRIAL

Publicada el 22/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

San Cristóbal de la Casas, Chiapas, México; 21 de Agosto de 2014

Bajo la protección, cobijo y solapamiento del gobierno mexicano, la empresa Grupo México ha sido responsable de la muerte de trabajadores en diversos proyectos mineros, incluyendo los 65 sepultados en Pasta de Conchos. Ha reprimido huelgas y violado derechos humanos y sindicales de los trabajadores sistemáticamente con un largo historial. Su intención de invertir en tres hidroeléctricas en el norte de Puebla causó fuertes conflictos sociales. Ahora, en este mes es el responsable del derrame más dramático de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado, que recorrieron más de 90 km por el río Bacanuchi, en más de siete municipios del estado de Sonora, al romper la presa de jales de la mina Vista del Cobre.

Sin embargo, Grupo México presume en su página web de ser el “Productor de Cobre con menos costos a nivel mundial”, y un “compromiso con el cuidado del medio ambiente, nuestros empleados y las comunidades aledañas”. El cinismo es tal que según la revista Mundo Ejecutivo de noviembre de 2009, el Grupo México ocupó el 5o. lugar entre las 50 empresas con mayor Responsabilidad Social Sustentable después de CocaCola, Microsoft, Grupo Modelo e Interceramic.

El dueño del Grupo México es el magnate Germán Larrea Mota-Velasco. Es la segunda persona más rica del país y ocupa el lugar 58 a nivel mundial según la revista Forbes. El emporio de la familia Larrea compró la compañía Mexicana de Cananea, los ferrocarriles que dio origen a Ferromex; también MM Cinemas, Cinemark, Cinemas Lumiere y Cinemex. Con su empresa Southern Cooper Corporation invierte en Chile y en Perú donde es acusado de conflictos sociales y denuncias. Germán Larrea fue miembro del consejo de la Fundación Vamos México creada por Marta Sahagún. Se calcula que actualmente tiene una fortuna de 16 mil 100 millones de dólares. Tan sólo en estos primeros 6 meses del año obtuvo ingresos por 15 mil 320 millones de pesos. Sin embargo, por este desastre, la Profepa solo pretende imponer una multa de 3 millones de pesos, 40 millones de sanción y reparación de los daños ambientales, y encarcelar a los ingenieros responsables por 9 años, dejando libre de la prisión al magnate.

El gobierno federal debe abandonar su política de protección a los interesas del gran capital y voltear su mirada a los intereses de los pueblos, por la defensa y protección de los Derechos Humanos y de la Madre Tierra. Con este derrame se ha puesto en riesgo la salud de la población, el acceso al agua, el medio ambiente, la biodiversidad, la alimentación, entre otros gravísimas consecuencias. No es posible seguir manteniendo la impunidad, la irresponsabilidad social empresarial, el despojo de tierras y su acaparamiento en manos de las grandes corporaciones. Se deben retirar las concesiones al Grupo México y el cierre definitivo de sus proyectos mineros, castigo ejemplar al consorcio y sus dueños, indemnización a los afectados directos, resarcimiento y mitigación de los daños de manera inmediata.

Es necesario y urgente poner fin al Modelo Extractivo Minero.

OTROS MUNDOS, A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
www.otrosmundoschiapas.org

Video derrame:

Declaratoria final: Encuentro y Jornadas nacionales en defensa de la tierra el agua y la vida

Publicada el 21/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Encuentro y Jornadas Nacionales en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida

San Salvador Atenco, 17 de agosto de 2014

El despojo es una realidad cotidiana que padecemos todas y todos: despojo de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad, de nuestros saberes, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos individuales y colectivos, de nuestros sueños y nuestras esperanzas. No es algo nuevo, pero en los tiempos del neoliberalismo el despojo se ha intensificado. Para nuestro profundo agravio, el despojo se manifiesta también en la descomposición social de la población de nuestro país. Sin embargo, la población no ha permanecido pasiva ante esta barbarie: el incremento de los intentos de destrucción y robo han también hecho crecer las resistencias.

Los megaproyectos que se imponen se imponen sin el consentimiento de las comunidades. Nos despojan los proyectos mineros, las represas, las carreteras y ductos. Nos imponen urbanización desordenada, desarrollos turísticos, privatización de los servicios básicos, se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural. Son los agronegocios, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, el crimen organizado y el crimen de cuello blanco los responsables de este saqueo. El despojo también se manifiesta en quienes se apropian o buscan apropiarse del espectro electromagnético, el internet, quienes mediante los transgénicos colonizan nuestro genoma y hasta quienes se apropian o buscan controlar nuestras ideas. Nos despojan los grandes monopolios nacionales y trasnacionales. Los gobiernos cómplices y serviles nos entregan, a cambio de unas migajas, a la voracidad de los dueños del dinero, quienes buscan convertir en mercancía todo lo que somos y todo lo que es nuestro mundo al que pertenecemos. Bajo la lógica de este sistema se criminaliza a las comunidades que defienden su territorio. No se castiga a quien roba, destruye y mata, sino a quien desde la resistencia busca detener esta barbarie. La dupla criminal integrada por los dueños del dinero y gobernantes es premiada con mayores facilidades para continuar lucrando.

En los últimos treinta años desde poderes institucionales y fácticos se ha dado un desmantelamiento sistemático del Estado y marco normativo en México. Se han impuesto una serie de reformas a la Constitución y leyes de carácter estructural, así como ratificaciones y profundización de tratados de libre comercio, que han destruido las normas que permiten a los pueblos defender el tejido social y la vida comunitaria. La última manifestación de esta embestida es la avalancha de reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todo este paquete de reformas coloca al país, y todo lo que en él se encuentra, a la venta. La ofensiva contra las comunidades campesinas tiene su expresión más crítica en la reforma energética. En estas normas se han atacado sistemáticamente mecanismos de defensa de las comunidades movilizadas. Se eliminó el fin social de la tierra al otorgar a las actividades de explotación de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica preferencia por encima de cualquier otra actividad realizada sobre las tierras. Se ha facilitado la expropiación, la constitución de servidumbres y la ocupación temporal de la tierra de comunidades, de la cual gozarán, no sólo las empresas productivas del estado (Pemex y CFE), sino también capitales privados. Se ha debilitado el derecho a la consulta de comunidades indígenas hasta convertirlo en una auténtica farsa. Se ha hecho inoperable el, ya de por sí, frágil marco legal de protección al medio ambiente. Se han atacado las facultades del municipio para ordenar el territorio frente a proyectos extractivos y ahora se busca desmantelar las facultades de asambleas ejidales a partir de una contra reforma al campo en puerta. Otras instancias de despojo se han presentado en la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, entre otras.

No podemos negar que nos han agraviado profundamente. No obstante, la historia reciente nos demuestra que la dignidad ha podido más que la barbarie, que el saqueo y la embestida de quienes se sienten dueños de nuestras vidas, tierras y comunes. Como muestra de las resistencias que se han alzado en dignidad a lo largo y ancho de nuestra nación nos encontramos una parte aquí reunidos; las mujeres, hombres, niños, ancianos y, en general, todas las luchas hermanas que resisten desde distintas trincheras a este modelo avasallador.

El poder se encuentra organizado y unido; se compactan al momento de dar un golpe. Y resulta que una de las preocupaciones fundamentales de este encuentro ha sido cómo nosotros podemos organizarnos, unirnos y cerrar filas para enfrentar esta embestida que nos golpea a todos. El despojo afecta a todas y todos, no solo a los campesinos.

La tarea que tenemos no es poca y precisa de reconocernos, escucharnos y respetarnos; partir de la solidaridad, como compromiso, como principio permanente y sobre todo como oportunidad generada por la lucha misma. Una tarea inaplazable es la liberación de todas y todos los presos políticos, el regreso de las y los desaparecidos y la defensa de las y los perseguidos por luchar.

Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros territorios, no es suficiente con resistir, tenemos que ser capaces de pasar a la construcción de alternativas que nos permitan por un lado, mantener nuestra tierra, el agua, la vida y nuestros derechos. y por otro , la posibilidad de desatar todos los saberes, la imaginación y la creatividad del pueblo al servicio del pueblo.

Por supuesto que nos hemos equivocado y habrá que tener la humildad para rectificar, asumir y aprender de nuestros errores, porque sólo de ese modo podemos avanzar en la construcción honesta y colectiva en la lucha.

No hay una receta para la resistencia, todas las coyunturas son distintas y todos aprendemos de todos. Volvamos a nuestras raíces;, valoremos nuestras culturas que han sido muralla de resistencia milenaria frente a los despojadores.

Queremos heredar a nuestros hijos y sus hijos nuestra tierra, y nuestro amor por ella.

El momento histórico que nos toca enfrentar es muy complejo. Pero como los abuelos nos han enseñado a mirar el horizonte, volteamos a ver las resistencias de los pueblos que nos han dado ejemplos. De ellas y ellos retomamos los frutos y aprendizajes para enriquecer nuestros caminos de lucha, para defender nuestros territorios, levantar nuestras voces y reivindicar que existimos, que tenemos derechos. Nuestra lucha es por la vida misma.

¡Nos negamos a tener precio! ¡Nos negamos a perder nuestra libertad, a poner nuestra tierra en venta! La última palabra la tiene el pueblo.

Como se dijo aquí en Atenco: Abrazamos el sentir de todos los delegados que vienen representando a sus comunidades, organizaciones y sus luchas. Hoy no es Atenco nada más, hoy es el llamado de la patria. Parece que somos pocos, pero con muchas gotas se hacen las grandes tormentas. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra somos todos. Ustedes la defienden al estar acá.” De este Encuentro, todos nos vamos abrazados.

Más información, documentos y videos:
sinmaiznohaypais.org

Comunicado REMA/Mapder frente al desastre ecosocial ocurrido en Sonora

Publicada el 20/08/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El pasado 7 de agosto, se vertieron cuarenta mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, proveniente de la presa de jales de la mina de cobre Buenavista, ubicada en el Municipio de Cananea, en el Estado de Sonora.

El resultado de este derrame es la contaminación de los Ríos Bacuachi y Sonora, ambos pertenecientes a la Cuenca del Río Sonora, afectando a seis municipios y sus poblaciones cercanas en la cuenca alta y media. Estas afectaciones son un serio riesgo para la salud ambiental y humana de la región, al grado de que las autoridades han alertado a la población de los riesgos de usar el agua proveniente del río y sus afluentes. Se prohíbe el uso tanto para el consumo humano como para las actividades productivas.

Hasta el momento las autoridades han mostrado una complicidad con Grupo México, dueño de la planta minera que ha causado la contaminación de la Cuenca. Situación que no es nueva pues los habitantes de la región conocen al menos otras cinco veces mas en las que las presas de jales han tenido fugas, siendo esta la más grave por la cantidad de químicos vertidos en el agua. En todas ellas la empresa minera ha ocultado información y no ha hecho planes de remedición de los daños. Esta vez la multa que se le ha hecho a la multa no es la adecuada no cubre los daños causados por la fuga del químico.

Sabemos que el derrame del ácido sulfúrico es la punta del iceberg de la liberación de muchos otros químicos, entre ellos metales pesados como el hierro, cobre, cadmio, plomo, arsénico, todos ellos altamente dañinos para la salud ambiental y humana, que además son bioacumulables y biomagnificables, lo cual trae problemas a mediano y largo plazo.

Desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, así como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, nos solidarizamos con las comunidades afectadas por este derrame, que deja clara la falta de responsabilidad de las empresas extractivas y la complicidad de las autoridades estatales y federales para con las poblaciones humanas y los ecosistemas.

Hacemos un llamado para que este desastre ecológico, el mayor ocurrido en el Estado de Sonora, no quede como una simple multa económica a la empresa responsable, misma que no alcanza para remediar el daño causado.

Exigimos que las autoridades responsables, la empresa culpable cumpla con ciertas demandas básicas para poder restaurar el daño causado en los ecosistemas de la Cuenca, la salud de las comunidades humanas y la economía de la región:

Saneamiento de la Cuenca para que el agua pueda volver a utilizarse en todas las actividades tanto humanas como ecosistémicas.
Remediación y reparación de los daños ambientales, de salud y socio-económicos ocasionados por esta fuga de contaminantes.
Monitoreo mensual hecho por Centros de Investigación serios, basados en la mejor ciencia por el menos cinco años para la detección de metales pesados y otros contaminantes.
Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo.
Total transparencia y acceso publico a las acciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades y de la empresa.
El cierre inmediato de la planta minera Buenavista por falta de responsabilidad.

Una vez más queda demostrado que el modelo extractivo es un modelo basado en la falta de justicia socio-ambiental, socializando los costos y daños sociales y ambientales con las comunidades y los ecosistemas, donde solo les importan las ganancias económicas.

Movimiento Mexicana de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

¡Ríos para la vida, no para la muerte!