COMUNICADO MOVIAC-CHIAPAS: «LA REFORMA ENERGÉTICA, CRIMEN DE ESTADO»

Enero 2014

«Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacifico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano».

Nosotras y nosotros como Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático consideramos fundamental profundizar en el análisis y denuncia del contenido y consecuencias de dichas reformas, así como en la articulación de espacios de información, discusión y organización popular que den como fruto propuestas colectivas de resistencia y construcción de alternativas al modelo expropiador de la vida que imponen los gobiernos y corporaciones transnacionales para los que éstos trabajan.

Éste Comunicado es una de nuestras propuestas de análisis y así abonar a la información que nos permita caminar la autodeterminación de los pueblos, comunidades y colectividades diversas que están caminando para construir y defender otros mundos y relaciones posibles, con justicia y dignidad para todas y todos.

Nota:

Organizaciones del MOVIAC-Chiapas llaman a “insurrección nacional” tras la reforma energética

Por Isaín Mandujano, en ChiapasParalelo

COMUNICADO MOVIAC-CHIAPAS «LA REFORMA ENERGÉTICA, CRIMEN DE ESTADO» Enero 2014

DESCARGAR: http://www.scribd.com/doc/201503757/COMUNICADO-Ref-Energ-2014-doc

Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacífico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano.

La Reforma Energética implica la entrega de la tierra y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas al capital privado dando preferencia a sus actividades de lucro por medio del aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales y de la apropiación de grandes extensiones de tierra. Privilegia las ganancias de las empresas sobre la alimentación de la población, la protección y garantía de los derechos humanos. El Artículo transitorio 8° de la Reforma de Ley, establece: “Que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, en virtud de su carácter estratégico. Y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas”.

Para garantizar la imposición de la Reforma Energética, el gobierno y los partidos políticos impulsan paralelamente reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, a la Ley Agraria, a la Ley de Amparo; y a la Ley de Expropiación con el fin de incluir como causal de utilidad pública las obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los Artículos 27 y 28 Constitucionales, que estén contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sin necesidad de un Dictámen Técnico. Por si los comuneros o ejidatarios pretenden recurrir a un amparo, se prevé modificar la Ley de Amparo con el fin de no conceder la suspensión del acto reclamado. Los ejidatarios y comuneros sólo podrán recibir una indemnización determinada por una Institución de Crédito a la que se le otorga el poder de determinar el monto de la indemnización.

Por tanto, la Reforma Energética entrega el sector a las trasnacionales, favoreciendo el acaparamiento de tierras en total indefensión de campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Esto generará desplazamiento forzoso, pobreza, pérdida de acceso al agua, a la producción de alimentos; aceleramiento de la deforestación y de la emisión de Gases Efecto Invernadero y por tanto agudización del Cambio Climático. Por ello, esta Reforma Energética y su consecuente acaparamiento de tierras es un crimen de guerra.

Es indignante que tanto el gobierno mexicano como las empresas nacionales y extranjeras antepongan sus intereses económicos a los derechos de los pueblos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, al consentimiento previo, libre e informado, entre muchos otros poniendo en riesgo a gran parte de la población que se asienta en las regiones donde se pretende explotar diferentes fuentes energéticas. Hay que recordar el desastre producido por la empresa transnacional British Petroleum que contamino la parte norte del Golfo de México o los innumerables derrames de petróleo que se registran cada año en México.

Asimismo las afectaciones a la flora y fauna tampoco serán contabilizadas dentro de los análisis de costos de inversión de las empresas, dado que el actual contexto de reformas en nuestro país permitirá la violación sistemática de las legislaciones ambientales, exonerando de sus delitos a las mismas y fomentando la impunidad al permitir el ecocidio, como en el derrame ocasionado en el rio Coatzacoalcos a principios de 2012, donde se derramaron más de mil 500 barriles y la empresa Caprimex S.A de C.V, después de varios meses, todavía no indemnizaba a los pescadores afectados.

Un dato más, que quizás es nuevo en México es el hecho que la reforma impulsa la extracción de Gas de Lutita (Gas Shale) la cual es muy peligrosa utilizando un procedimiento denominado fractura hidráulica o fracking, gastando cantidades desorbitantes de agua mezclada con arena y químicos para romper la roca y liberar los hidrocarburos. Se habla de cinco millones de galones de agua por fractura, es decir, casi veinte millones de litros. Los daños inmediatos es la inminente filtración del agua contaminada que llega al subsuelo depositándose en acuíferos y que tendrían un efecto directo en la salud de los pobladores de ciudades y pueblos que consumen el agua directamente de estos. Además, algo que no se ha mencionado es que no existe una tecnología para tratar las aguas residuales, por tal motivo no podrán ser utilizadas para otra actividad. Por otro lado, la realidad y experiencia en Estados Unidos ha dejado ver que las empresas que se perfilan para desarrollar la extracción de gas shale en México, tienen el interés económico de recuperar sus pérdidas en ese país, pues por afectaciones que han ocasionado, han pagado multas millonarias en dólares, mientras que en México ante alguna contingencia solo tendría que enfrentan amonestaciones de algunos cientos de pesos. Las zonas donde pueden explotar ese gas de lutita están sobre todo en Tamaulipas y Nuevo León, pero también se hallan en los alrededores del puerto de Veracruz y otras regiones densamente pobladas del país. En muchas de ellas, sobre todo las que están en el norte, hay escasez de agua.

Las empresas multinacionales saben muy bien que en México, por medio de esta reforma tendrán acceso a una riqueza en reserva de hidrocarburos que equivale a un aproximado de 3 billones (millones de millones) de dólares, de los cuales el 50% de los recursos prospectivos del país se localiza en la cuenca del Golfo de México, lo que implicaría recuperar 29 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo, volumen de hidrocarburos superior a la reserva original total de Cantarell. Al mismo tiempo nuestro país cuenta con abundantes reservas de gas natural convencional que rondan el orden de los 61 billones de pies cúbicos, cuenta con la tercera reserva más grande en el mundo de gas de lutitas que aún no se ha explotado, con aproximadamente más de 600 billones de pies cúbicos y Pemex se mantiene como el quinto productor mundial de petróleo, es también el quinto exportador y las reservas mexicanas se ubican en el decimotercer lugar mundial; los costos de extracción son los más bajos: 6.84 dólares por barril frente a 7.55 de Statoil, 9.55 de Exxon o 13.62 de Petrobras.

La reforma energética ha sido elevada a rango constitucional, por tal ha dado un golpe letal a la soberanía nacional ya que el Estado mexicano renunció a su soberanía sobre el viento, el sol, el agua y los recursos renovables mediante los cuales vivimos los pueblos. Esta reforma es un atentado directo contra la vida, los pueblos, la cultura. Un atentado directo en contra de nuestra madre tierra.

Enrique Peña Nieto y los actuales senadores y diputados federales y estatales que se han prestado a sacrificar al país y los derechos humanos, son los responsables de tal decisión histórica que impacta a más de 100 millones de mexicanos y mexicanas. Por ello, hacemos eco del llamado a la insurrección nacional en contra la guerra desatada de la clase política contra las mexicanas y los mexicanos. De igual manera hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, productivas, sociales; a redes y movimientos, a ejidatarios y comuneros, a todo el pueblo de México a declarar tierras, territorios y cualquier espacio libres de megaproyectos y ejercer mecanismos de defensa y protección de los mismos.

!!! NO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES !!!
!!! LA PATRIA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE !!!
!!! PRESOS POLITICOS, LIBERTAD !!!

Atentamente,
Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC/Chiapas)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA/Chiapas)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rìos (MAPDER/Chiapas)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH A.C)
Otros Mundos AC/Chiapas
Movimiento Campesina Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN)
Central de Organizaciones Campesinas y Populares – Chiapas (Cocyp – Chiapas)
Centro de Educación Integral de Base, A. C. (Ceiba A. C.)
Mujeres de Maíz A. C.
Kinal Antzetik A. C.

Presentan iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas

-Instituciones académicas respaldan el proyecto, que inicia recolección de firmas
-Concesiones mineras, que cubren la mitad del territorio, producen grave contaminación del líquido
-Es necesario cambiar el modelo de gestión del recurso, señala estudio de la UAM

Angélica Enciso, Periódico La Jornada

En México, donde hay 34 millones de personas que dependen para el abasto de agua de acuíferos en camino a la extinción, hay inequidad en la distribución del recurso e impunidad hídrica, y las concesiones mineras –que cubren casi la mitad del territorio nacional– dejan acuíferos y cuerpos de agua contaminados, por lo que se requiere un nuevo modelo de gestión del líquido.

Esto es parte del diagnóstico que dieron a conocer ayer investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otras instituciones académicas en la presentación de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, misma que requiere de 130 mil firmas para entregarse en la Cámara de Diputados y cuya campaña de recolección comenzó ayer.

La atención gubernamental al agua se refleja en que apenas se le destina uno por ciento del presupuesto federal y de éste una cuarta parte se va al centro del país, donde está el Túnel Emisor Oriente, el Sistema Cutzamala, y se destinan recursos para la extracción de agua en pozos del valle de México, detalló Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa.

Explicó que 30 por ciento de los mexicanos dependen de aguas subterráneas milenarias, difíciles de potabilizar, que requieren más energía para su extracción. Otro riesgo inminente es la extracción del gas shale, que afectará acuíferos.

En el documento Agua para todos, agua para la vida, editado por la UAM, se resume la iniciativa ciudadana, en la que participaron decenas de personas y académicos, así como 49 organizaciones de 27 estados del país. La Ley General de Aguas debía promulgarse en febrero pasado, luego de que en 2012 en la Constitución se estableció el derecho humano al agua.

El documento incluye un mapa del territorio nacional donde se observa que las concesiones mineras abarcan amplias áreas del centro y norte. En total suman 96 millones de hectáreas, y el primer daño ambiental que ocasiona esa actividad es contaminar aguas superficiales y profundas, aseveró Pablo Moctezuma, académico de la UAM.

Se requiere cambiar el modelo de extracción y manejo del recurso por uno que priorice los ecosistemas y la soberanía alimentaria, y que garantice agua para todos, señala la iniciativa ciudadana. Propone una agenda nacional con metas a 15 años, el establecimiento de una agenda nacional con objetivos por cuenca y municipios a través de planes consensuados y vinculantes, además de instrumentos de defensa, protección y contraloría.

Burns explicó en conferencia de prensa que la meta es lograr una ley sustentable con equidad, que ponga fin a la contaminación de los cuerpos de agua, a la sobrexplotación y destrucción de cuencas y acuíferos, así como a los desastres causados por el mal manejo de las cuencas.

Detalló que el borrador de la iniciativa de la Comisión Nacional del Agua hace a un lado la participación ciudadana, y sobre la contaminación deja a las empresas la autorregulación, lo cual es un retroceso, ya que ni siquiera contempla el principio actual de que el que contamina paga.

Raquel Gutiérrez Nájera, de la Universidad de Guadalajara, explicó que la iniciativa, que lleva más de un año de trabajo, busca una gestión participativa de los ciudadanos a través de un consejo nacional de cuencas, que tendría consejos estatales y municipales, y se propone establecer comités de cuenca en los sistemas de agua potable y saneamiento.

También se plantea una contraloría social ciudadana que vigilaría el cumplimiento de los servidores públicos e iniciaría acciones de defensa frente a proyectos o concesiones potencialmente dañinos, como son las concesiones mineras, y se propone una procuraduría del agua con autonomía, explicó por su parte Gerardo Alatorre, de la Universidad Veracruzana.

CHIAPAS FORO: POR UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PÚBLICO, DEMOCRÁTICO Y TRANSPARENTE

Pozol Colectivo

“Que Tuxtla se convierta en el ejemplo mexicano de lucha por este recurso vital y que se convierta en un modelo de gestión pública, ciudadana, eficiente, sostenible y saneada económicamente. Eso es posible no es un ideal”

Las organizaciones, grupos y personas que integran el Movimiento Chiapanec@s en Defensa del Agua, realizaron el FORO: POR UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PÚBLICO, DEMOCRÁTICO Y TRANSPARENTE, cuyo objetivo indicaron es “Generar un espacio de intercambio, debate y propuestas tendientes a promover un proceso de construcción democrática de un modelo de gestión integral para el Sistema Municipal de Agua, alternativo al privatizador”. En este foro se dieron cita académicos, estudiantes, organizaciones solidarias e integrantes de colonias de la capital chiapaneca.

El primer participante en iniciar el foro fue Oscar Oliveira que en un enlace desde Bolivia compartió su proceso de lucha contra la privatización del agua.  “El agua no es una mercancía, el agua no es solo una fórmula química” aseguró el luchador social  “el agua ante todo es un bien común, es un bien que pertenece a todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos”, y enfatizó “El agua es de todos y al mismo tiempo de nadie, nadie puede apropiarse del agua, ni el estado, ni una empresa privada”.

De igual forma Oliveira expresó que “no basta que la empresa sea estatal, que sea pública nominalmente, ante todo tenemos que hablar de una reapropiación de lo público, es decir que lo público debe dejar de ser estatal solamente”, y finalizó recomendando que “hay que reconvertir lo público para que se convierta en público social, en público comunitario. Es decir es la población la que tiene que reapropiarse de las empresas públicas”.

El doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas del instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM indicó en su participación que “ Estamos insertos en un proceso neo-extractivo radical, se está privatizando el subsuelo, se está privatizando la energía, se está privatizando el viento, se está privatizando la fotosíntesis a través de la política de REDD MAS, se están privatizando las semillas, eso se viene haciendo desde la década de los 70´s, se está privatizando casi todo, y dentro de ello se está privatizando el agua”.

Gutiérrez Rivas, también integrante del colectivo RADAR y COMDA expresó que “la privatización de la red de distribución del Agua en Tuxtla “forma parte de ese nuevo colonialismo que viene del capital internacional sobre nuestros territorios. “ y abundó “No le podemos dar el agua a los privados, los ojos del movimiento nacional por la defensa del agua están puestos en Tuxtla”.

“Que Tuxtla se convierta en el ejemplo mexicano de lucha por este recurso vital y que se convierta en un modelo de gestión pública, ciudadana, eficiente, sostenible y saneada económicamente. Eso es posible no es un ideal” Finalizó el investigador de la UNAM.

Por otra parte durante su ponencia la maestra Cindy McCulligh del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente mencionó que “la privatización del agua no es la solución a los problemas”  y puso como ejemplo el caso de la ciudad de Saltillo en donde  ”Nunca respetaron los acuerdos de no subir los precios”.

Al cierre del foro en defensa del agua en Chiapas el doctor Antonio García de la Universidad de Chapingo dejó unas preguntas a l@s chiapanec@s “¿Qué va hacer la élite económica y política de Chiapas con los ciudadanos de Chiapas? Porque me da la impresión de que no se toma en cuenta la opinión de la gente.  ¿Qué va a hacer la población de Chiapas con su élite política y económica de su estado con el 33% de su territorio concesionado  a 120 mineras canadienses?, si se permite eso se va a contaminar el 33% del agua de México. El agua es estratégica. ¿Qué van a hacer con el nuevo programa de hidroeléctricas que se quiere echar a andar en el estado como Chicoasen 2. ¿Se va permitir esa extracción galopante?”.

Por último los organizadores del foro expresaron al presidente del congreso del estado “que responda en lo inmediato por escrito a la solicitud de referendo que hizo el movimiento de chiapanec@s en defensa del agua. Nosotros asumimos la responsabilidad de las 7000 mil firmas y no vamos a claudicar en eso, tenemos una responsabilidad, un compromiso muy grande con el pueblo tuxtleco”.

Extenderán movimiento en todo el estado contra la privatización del agua

Por Chiapas Paralelo

El Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua está dispuesto a extender su demanda a todo el estado si es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) decide que se necesitan 61 mil firmas para que proceda su solicitud de referéndum en el tema del concesionamiento del servicio de agua potable en Tuxtla.

Los integrantes del Movimiento Chiapaneco pidieron ayer de manera formal  al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) definir en una sesión del Consejo General el número exacto de ciudadanos que se necesitan para solicitar un referéndum.

El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Adrián Alberto Sánchez  Cervantes declaró, hace unos días, que era   improcedente la solicitud de referéndum que hizo un grupo de ciudadanos. Dijo que se necesita el dos por ciento de todo el padrón electoral en Chiapas y no solo de Tuxtla Gutiérrez, es decir, alrededor de 61 mil firmas y no las 7 mil que presentaron los integrantes del Movimeinto. Sánchez Cervantes informó que no tiene ninguna notificación de parte del Poder Legislativo sobre la petición de referéndum.

“Es absurdo que nos digan que se necesitan 61 mil firmas porque ese es el 2 por ciento del padrón electoral en Chiapas cuando lo de la privatización del agua es algo que está sucediendo en Tuxtla” declaró el vocero de la organización, Luis Manuel Palacios.

Agregó que si el Consejo General del IEPC insiste en que deben de ser 61 mil firmas extenderán su movimiento a todo el estado y harán brigadas de información en todos los municipios de la entidad como ya lo están haciendo en las colonias de Tuxtla.

Luis Manuel Palacio dijo que el Congreso del Estado de Chiapas tiene la obligación de votar en pleno la solicitud de referéndum que solicitó el Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua.

Comentó que hasta ahora no han recibido de manera formal una notificación por parte del Poder Legislativo sobre su solicitud de referéndum. Por ello ayer pidieron al Congreso de manera formal que les informe sobre su petición.

El movimiento ‪‎Chiapanecos‬ en Defensa del Agua hizo entrega formal a la comisión permanente del congreso del estado 656 fojas útiles donde están manifestadas las firmas de las y los ciudadanos tuxtlecos que representan el dos por ciento de los inscritos en el padrón electoral, las cuales son las requeridas para efectos de dar seguimiento al proceso de autorización e implementan del REFERENDO solicitado el 15 de julio del presente.

En un comunicado ‪Chiapanecos‬ en Defensa del Agua reafirman que son ciudadanos y ciudadanas independientes, apartidistas sin ningún interés más que la defensa del agua en el estado, reconociendo al agua como un bien común y un derecho, no una mercancía.

Fuente: Radio Pozol

PRONUNCIAMIENTO DEL MOVIMIENTO CHIAPANEC@S EN DEFENSA DEL AGUA

“Nos extraña que el presidente del Congreso después de más de 21 días de que el Movimiento hizo entrega de la solicitud de referendo debidamente requisitada con las 656 fojas de firmas, no haya dado respuesta alguna por escrito tal como lo establece el artículo 8 constitucional”

A la opinión pública.
A los medios de comunicación.

Ante las recientes declaraciones en medios de comunicación realizadas por Adrián Cervantes Sánchez presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y del diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor presidente del Congreso del Estado de Chiapas; y dado que no hemos recibido respuestas alguna por escrito, quienes integramos el Movimiento Chiapanec@s en Defensa del Agua manifestamos lo siguiente:

1.- Nos extraña que el presidente del Congreso después de más de 21 días de que el Movimiento hizo entrega de la solicitud de referendo debidamente requisitada con las 656 fojas de firmas, no haya dado respuesta alguna por escrito tal como lo establece el artículo 8 constitucional; y no haya cumplido con su obligación legal de turnarla al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para efecto de que éste coteje las firmas en el sistema del padrón electoral.

2.- Lo anterior, en virtud de que es el Congreso del Estado la instancia jurídica ante la cual se solicita el referendo, y que es quien autoriza si procede o no con las dos terceras partes de sus integrantes. (Art. 520 y 521 Código de Elecciones y Participación Ciudadana). Posteriormente el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es a quien le corresponde realizar el cotejo correspondiente de firmas en el sistema del padrón electoral, y desarrollar los trabajos de organización, cómputo y realización del referendo, debiendo remitir los resultados definitivos al Congreso para que éste convoque al mencionado instrumento. (Art. 525 Código de Elecciones y Participación Ciudadana).

3.- En el caso de las lamentables declaraciones del presidente del Consejo Electoral y Participación Ciudadana en donde manifiesta que la solicitud de referendo es improcedente, toda vez, que “no reúne el 2% del total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado de Chiapas” y no del municipio mencionando que, debimos reunir más de 61 mil firmas y no las más de 6,500 que entregó el movimiento.

Consideramos que las declaraciones del funcionario son infundadas; ya que, las ha dicho sin tener las firmas, ni la solicitud; como el mismo lo ha reconocido.

Le solicitamos al presidente del Consejo de Elecciones y Participación Ciudadana que convoque a una reunión del Consejo, para efectos de hacer una interpretación del artículo 521 fracción II del Código de Elección y Participación Ciudadana, en el sentido que establezca un punto de acuerdo con respecto a cuál es el padrón electoral que aplica en este caso, el de estado de Chiapas o del municipio. (Artículo 147 fracción II y XXXI).

Atentamente.
Movimiento Chiapanec@s en Defensa del Agua.