en el XI Encuentro nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder)

Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos A.C. – Mapder

VIDEO-REPORTAJE:
http://youtu.be/-2vSXxHH5pQ

Escucharon a integrantes de organizaciones provenientes del estado de Puebla y de todo México, quienes expresaron su rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos y mineros que el gobierno y las empresas quieren imponer en el país, casi siempre sin consultar a las comunidades. Les oyeron compartir estrategias de resistencia y rechazar la reforma energética que anuncia un nuevo peligro: la explotación de un gas no convencional llamado gas de esquito y la práctica de la fractura hidráulica a gran escala, conocida como fracking. Esta actividad altamente contaminante está a punto de desarrollarse precisamente en la Sierra Norte de Puebla.

También se enteraron de las experiencias de compañeros guatemaltecos, salvadoreños, cubanos, colombianos, peruanos y brasileños, que viajaron hasta las tierras indígenas totonaku para testimoniar la situación en sus países.

“Estamos cuidando el agua”

“Me interesó lo que dijeron”, dice Lucrecia, quien participó en la marcha organizada en Olintla el último día del encuentro. Recorrió el pueblo junto a 600 manifestantes que gritaban “Ríos para la Vida, No para la Muerte”, “La tierra no se vende”. —Nosotros no somos parte de estas organizaciones, pero estamos también en contra de esos proyectos, asegura la señora, cocinera en una escuela primaria de Olintla.

En octubre de 2013, el pueblo de Olintla obtuvo la cancelación de un proyecto hidroeléctrico que el Grupo México quería imponer en la comunidad Ignacio Zaragoza, amenazando el río Ajajalpan y a la población olintleca. “Estamos cuidando el agua, por eso no queremos que venga otra persona acá a secar la tierra”, dice Lucrecia mientras sube el cerrito ubicado al lado de su casa. Justo antes de participar en la marcha, se fue a pasear allí con su hija, como suelen hacerlo cada domingo. “Sin agua no vivimos, nos sirve para todo: lo tomamos, lo ocupamos para lavar, para bañar…”, cuenta la madre, señalando un ojo de agua encontrado en el camino.

10 proyectos hidroeléctricos y 103 concesiones mineras en la Sierra Norte

“Aquí se siembra de todo”, se alegra Lucrecia, quien ayudaba a su marido a sembrar y cosechar maíz, frijol, chile y café, cuando solía trabajar en su parcela. Desde hace 4 años, Mario no puede trabajar más la tierra a causa de problemas de salud y se dedica a la venta de abarrotes. Pero la pareja sigue cultivando un poco de café en el huerto de su casa. “Ahora no vendemos el café pero antes era nuestra principal fuente de ingreso. Fue eso que nos permitió pagar los estudios de nuestros hijos”, dice la madre, que tiene otras dos hijas y dos hijos mayores en la ciudad de Puebla.

“Hay temporadas en que se seca el agua y sufrimos acá. Ahora, si ponen eso (una represa), más se va a acabar el agua”, se preocupa Dulce María, recordando que hace 7 años, Olintla sufrió de una sequía porque no había llovido suficiente. Sabe que las tierras de la Sierra Norte y sus ríos más importantes, Ajajalpan, Zempoala y Apulco, siguen en peligro. Hoy existen 10 proyectos hidroeléctricos en la región, muchos de ellos vinculados directamente a proyectos mineros. Existen 103 concesiones mineras en la Sierra Norte, según el último informe de PODER sobre “Industrias Extractivas en la Sierra Norte de Puebla”, lo que representa 912 mil 281 hectáreas de tierras despojadas. La mayor parte ellas están en manos de empresas canadienses (73%), mientras 22% están detenidas por empresas mexicanas, indica el reporte de esta ONG que milita por la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina. “No está bien que otras personas nos vengan a quitar lo que es de nosotros o vengan a destruir lo que tenemos, que está muy bonito aquí, como es el agua”, concluye Dulce María.

MÁS INFORMACIONES:

– Representante del pueblo Wixaritari, explica la situación en su comunidad: http://www.somoselmedio.org/article/representante-del-pueblo-wixaritari-explica-la-situación-en-su-comunidad
– Armando Bartra en el XI encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por Represas : http://www.somoselmedio.org/article/armando-bartra-en-el-xi-encuentro-del-movimiento-mexicano-de-afectados-y-afectadas-por

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– video de la clausura del evento:

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http://youtu.be/b18nIpnZ8G4

XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

PUEBLOS LATINOAMERICANOS COMPARTIENDO SABERES PARA LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA

Del 29 al 30 y 31 de agosto de 2014. Olintla, Sierra Norte de Puebla

Reunidas más de 600 personas en el Municipio de Olintla, Puebla, territorio indígena tutunaku, pueblo que valientemente expulsó en el año 2013 al Grupo México, quien pretendía imponer una hidroeléctrica en la Comunidad de Ignacio Zaragoza. Con una participación de 80 organizaciones provenientes de más de 55 Municipios de Puebla, así como de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila; y de los países de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España.

Nuestro evento, el XI Encuentro Nacional del MAPDER, fue organizado por tres organizaciones que representan la lucha por la defensa de los ríos. Makxtum kalaw chuchutsipi, organización que han formado los pueblos totonacos de Olintla para defender su territorio, fue la anfitriona de nuestro encuentro. El Consejo Tiyat Tlali, red integrada por organizaciones de la Sierra Norte de Puebla para la defensa de la vida y el territorio, dio cobertura y acompañamiento para la realización del evento. El MAPDER, movimiento a nivel nacional que aglutina las luchas contra las presas y en defensa de los ríos, convocó a todos quienes nos hemos reunido para compartir nuestras experiencias, nuestras luchas y nuestros sueños.

A una sola voz las y los participantes del XI Encuentro subrayamos que desde la aprobación de todas las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, México ya no es el mismo. La reforma energética potencia al imperio del capital y significa un retroceso absoluto en todas las conquistas sociales de nuestros pueblos. Nos enfrentamos a un minucioso y sistemático desmantelamiento de todos los mecanismos legales a los cuales los pueblos acudían para la defensa de su territorio. El derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra, el municipio libre, las, ya de por sí débiles, normas ambientales: todo ha sido debilitado para abrir la puerta a inversiones de megaproyectos.

Mecanismos como la expropiación, originalmente concebidos para desmantelar el latifundio y repartir la tierra entre los campesinos, ahora son utilizados en contra de las comunidades. Destruir las entrañas de la Madre Tierra es considerado ahora prioridad, por encima de la propia vida o cualquier otra actividad humana. Quienes promueven el despojo de nuestro país justifican la producción extractiva como de utilidad pública, interés social y orden público, cuando lo único que están persiguiendo es el lucro privado; la acumulación desmedida de riquezas a costa de la vida, nuestra tierra y territorio.

Este despojo se instrumenta promoviendo megaproyectos de distinta índole vinculados entres sí, en un sistema de extracción cuya complejidad apenas alcanzamos a vislumbrar. Hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos; carreteras y puertos que facilitan el despojo; acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales, ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas, siembra de transgénicos y monocultivos que afectan nuestra diversidad biológica, además de contaminar y sobreexplotar nuestros ríos y acuíferos.

Por si fuera poco, el capital se las ingenia para promover nuevas técnicas extractivas que exponencían el daño. Han agotado los hidrocarburos de fácil acceso y ahora pretenden rascar el fondo del barril; extrayendo los hidrocarburos más sucios y de mayor riesgo para la vida. Es el caso de aguas profundas, las arenas bituminosas y, por supuesto, el fracking que amenaza con devastar una amplia franja de territorio en el norte y oriente de la República Mexicana.

Tras la reforma energética, el Totonacapan y Las Huastecas (amplias zonas de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas) enfrentan la amenaza de la destrucción y contaminación de sus fuentes de agua, a partir de la proliferación de proyectos de fractura hidráulica para la extracción de gas lutita.

Para cerrar la pinza de las contrarreformas que han azotado al país desde hace tres décadas, el gobierno de Peña Nieto se prepara para colocar la cereza en el pastel con la anunciada reforma para el campo, que busca consolidar el plan de despojo de los territorios campesinos iniciado en 1992 por Carlos Salinas de Gortari. Ante esta última intentona de ataque a nuestros derechos, ellos han dicho que vienen por nuestras tierras y territorios. Nosotros les decimos: “Aquí los vamos a esperar. ¡No pasarán!”

Sin embargo, no le ha bastado a este gobierno reformar las leyes para poder imponer los proyectos de muerte, en beneficio de los capitales monopólicos nacionales y transnacionales. Ahora utiliza todo el poder de la fuerza pública y militar para reprimir a las defensoras y defensores comunitarios, y desmovilizar las luchas criminalizando la protesta social. Todo esto en complicidad con las empresas a las que les permite actuar en contra de los movimientos sociales acompañadas de la fuerza militar, e inclusive contratar sicarios para reprimir o asesinar a los defensoras y defensores de la madre tierra. Nos enfrentamos a territorios militarizados controlados por el crimen organizado, que el Estado y las empresas usan en contra de los pueblos. El asesinato de Noé Vázquez, la detención ilegal de nuestro compañero de lucha Marco Antonio Suástegui del CECOP, el levantamiento de órdenes de aprehensión a decenas de defensores integrantes del MAPDER, son muestras de una estrategia de guerra para despojar a nuestros pueblos.

Constatamos que en la Sierra Norte de Puebla se vive un sistemático asedio por la intención de imponer proyectos mineros asociados a hidroeléctricas, fenómeno que se ha vivido con mayor intensidad durante los últimos dos años. Estas amenazas contemplan más de 100 concesiones mineras que abarcan un área de 160 mil hectáreas en las zonas altas de la sierra, más de 10 iniciativas para proyectos hidroeléctricos sobre las cuenca de los ríos más importantes (Ajajalpan, Zempoala y Apulco), y proyectos de extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica, en el territorio que integran las zonas bajas de la sierra. Imaginar la realización de estos megaproyectos vislumbra un panorama desolador. De concretarse estos proyectos de muerte las zonas altas de las cuencas serranas serían altamente impactadas por la minería, lo que significaría además un alto riesgo de contaminación a todos los recursos hídricos, los causes de los ríos serían seriamente impactados por la instalación de hidroeléctricas, y la extracción de hidrocarburos acarrearía la contaminación desde lo más profundo del subsuelo. Además de la Sierra Norte, el resto del territorio poblano se encuentra bajo la imposición de gasoductos, carreteras y el establecimiento de megaindustrias. El Gobierno del Estado encabezado por Rafael Moreno Valle, es cómplice de este plan de de despojo e imposición de proyectos de muerte en el territorio Poblano, quién además ha establecido leyes totalmente repudiadas por la población para permitir la privatización del agua, la expropiación de tierras y el uso de armas para reprimir la protesta social (conocida como ley bala).

Ante la embestida de estas amenazas, los pueblos han respondido con el rechazo enérgico a los proyectos de muerte. La defensa del territorio ha sido pacífica, sin embargo la respuesta de quienes quieren imponer los proyectos ha sido violenta. Celebramos la valentía de los pueblos que enfrentan estas luchas y no han permitido que se establezcan los proyectos de muerte. Olintla es muestra de una de las luchas más valientes, donde el pueblo tutunaku expulsó un proyecto hidroeléctrico que el Grupo México intentaba imponer en su territorio.

En este Xl Encuentro de MAPDER compartimos saberes como pueblos latinoamericanos. Conocimos y aprendimos de las experiencias de lucha y de resistencia de movimientos hermanos de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, que luchan por la defensa de los ríos, la vida y sus territorios.

Nos hermanamos y solidarizamos con las realidades que viven en sus países, con sus luchas que también son las nuestras, y compartimos con ellos la construcción cotidiana desde cada uno de nuestros países, de un nuevo proyecto energético popular a nivel nacional y latinoamericano. Luchamos por un nuevo modelo de sociedad. Refrendamos nuestra unidad popular latinoamericana, como nos enseñaron y compartieron los compañeros del MAB de Brasil.

Nos solidarizamos con la comunidad de Barillas, Guatemala, ejemplo de lucha para nuestros pueblos y resistencias.
De las luchas nacionales del MAPDER exigimos:

Puebla

Exigimos la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos y las concesiones mineras en la Sierra Norte y todo el Estado de Puebla. Exigimos la cancelación de la instalación del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como la central de generación de energía eléctrica en Huesca Morelos, proyecto que representa un riesgo mayor al estar en la zona de peligro eruptivo del volcán Popocatépetl. Rechazamos los proyectos para extracción de hidrocarburos que se tienen planeados en la Sierra Norte de Puebla. Exigimos el esclarecimiento y justicia al asesinato de Antonio Esteban Cruz, miembro de la CNPA-Movimiento Nacional y opositor a la Presa Cuamono. Exigimos la libertad a Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, presos políticos por resistir la imposición del Proyecto Integral Morelos y de la autopista arco Poniente, en la región Izta – Popo.

Guerrero

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), fortalece su lucha en contra de la construcción de este proyecto hidroeléctrico. “La tierra no se vende” y “La Parota no se hará”, son los principios que forjaron nuestros triunfos al impedir la construcción de la presa. A once años de iniciado el movimiento de resistencia reafirmamos nuestra decisión de luchar hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto.

El CECOP hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional por la inmediata liberación de su vocero Marco Antonio Suástegui, y los comuneros del CECOP Emilio Solís y Julio Ventura. Su detención fabricada con falsos delitos y el ilegal traslado de Marco Antonio a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, dejan ver la criminalización y represión cada vez más violentas contra quienes luchamos en defensa de la tierra, el agua, el territorio y los bienes comunes.

El CECOP convoca a todos los movimientos y organizaciones del MAPER a emprender una lucha unitaria con todas las organizaciones democráticas del país que, al igual que nosotras y nosotros, estamos dispuestos a detener la devastación del país y su entrega a las empresas transnacionales.

Nayarit

Nosotros wixaritari, tepehuanos y coras, como pueblos originarios exigimos que se nos respeten las áreas protegidas, en los 19 lugares sagrados en donde están presentes nuestros espíritus, rituales, y pensamientos. Declaramos a nuestro río San Pedro como río Libre de Represas y rechazamos el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que pretenden destruir nuestra cultura y los bienes comunes naturales, de las comunidades ancestrales que habitamos en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango.
Jalisco .

Celebramos la resistencia de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en contra de la construcción de La Presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, así como las recientes resoluciones judiciales que han logrado detener la construcción de la cortina. Denunciamos la campaña “Las 13 verdades de La Presa el Zapotillo” impulsada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en contubernio con las empresas españolas FCC, Abengoa y las cámaras empresariales de construcción, violentando con esto el cumplimiento de las sentencias judiciales ganadas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que mandatan que la altura de la cortina no debe sobrepasar los 80 metros de altura. Exigimos que las obras de construcción de la cortina permanezcan detenidas a 80 metros y se realicen de inmediato los ajustes necesarios, garantizando la seguridad y permanencia de las comunidades de la región de los Altos de Jalisco y su patrimonio cultural.

Veracruz

La Hidroeléctrica El Naranjal sigue como una amenaza constante. El proyecto ha cambiado sustancialmente del aprobado en 2010 por la SEMARNAT, pero sigue sin la aprobación de la población, causando problemas y divisiones internas. A un año del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, exigimos el esclarecimiento de este crimen y el castigo a los autores materiales en intelectuales.

Los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, desde hace 7 meses hemos mantenido una clausura social permanente en la zona de estudios de factibilidad de la empresa brasileña Odebrecht. Así mismo estamos en el proceso de varias demandas colectivas hacia los invasores, donde ya se nos ha reconocido como ente jurídico defensor ambiental.

Denunciamos los amedrentamientos realizados por el gobierno hacia los ejidatarios de la zona.

En la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla, exigimos la cancelación de los 24 proyectos de presas en la cuenca del río Bobos-Nautla y rechazamos a las hidroeléctricas como energía limpia.

Chiapas

Exigimos la cancelación de las presas en Chiapas y Tabasco: Itzantún, Cankuc, Chicuasén 2, San Miguel Huimanguillo, así como aquellas proyectadas en la Sierra Madre, en la región del Soconusco y sobre el río Usumancinta. Exigimos el respeto a las comunidades que se han declarado Libres de Represas, así como el resarcimiento de los daños ocasionados por las presas y otros megaproyectos que han afectado los pueblos de la región. No más extracción petrolera por la nueva reforma energética. Exigimos la salida inmediata de la empresa Caliz y Morteros en Cahuaré, sobre la Presa Cahuaré 1. Exigimos la libertad inmediata a Florentino Gómez Girón, luchador social del Pueblo de Ixtapa detenido con delitos fabricados, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos. Seguimos exigiendo la verdad y la justicia de la masacre de Acteal.

Colima

Felicitamos la Declaratoria de Territorio Libre de Minería que logró la Comunidad Indígena de Zacualpan, Colima. Repudiamos los engaños, la violencia verbal y física, las amenazas de muerte, represión e intimidación por parte de los caciques manipulados por los gobierno del estado y municipal, en contubernio con el empresario minero.
Denunciamos la criminalización que realiza el consorcio minero “Benito Juárez Peña Colorada”, a las comunidades de Los Potros, Puertecito de las Parotas, Mameyito y Coconal, agresión que se ha dirigido especialmente contra Félix Monroy Rutilo, quien ha denunciado la contaminación del Río Marabasco. Responsabilizamos al gobierno federal, del estado de Colima y a la empresa minera, de cualquier daño que pueda sufrir nuestro compañero.

Oaxaca

El Consejo de Pueblos Unidos por la defensa del río Verde (COPUDEVER), exige la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, así como el respeto al derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos. Rechazamos la reforma energética porque violenta los derechos de los pueblos.

ACUERDOS DEL ENCUENTRO:

1. Nos declaramos en pie de lucha, en defensa de nuestro territorio y en rechazo total las contrareformas estructurales.
2. Convocamos a la unidad nacional en defensa de la vida y nuestros territorios.
3. Nos sumamos a las acciones unitarias en contra del despojo convocadas en todo el país.
4. Refrendamos la convocatoria para celebrar los 100 años del ingreso de los ejércitos campesinos revolucionarios (La División del Norte y el Ejercito Zapatista) a la ciudad de México, el próximo 6 de diciembre.
5. Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados por la minera Cananea a los ríos del estado de Sonora y la cancelación definitiva de esta mina propiedad del Grupo México.
6. Exigimos el cese inmediato de la represión y la criminalización de quienes luchamos en defensa del territorio y de la vida.
7. Seguiremos impulsado nuestros propios modos de vida comunitarios.
8. Nos unimos y hermanamos a las luchas en defensa de los ríos, la vida y los territorios de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala y Cuba, presentes en este Encuentro.
9. Seguiremos celebrando la vida con alegría e intensidad, como la hemos aprendido a vivir en nuestros pueblos.
Agradecemos la hospitalidad de los hermanos y hermanas tutunakus del municipio de Olintla, quienes nos abrieron su pueblo, casas y corazones. Pero sobre todo, les agradecemos el ejemplo que nos han dado por la lucha valiente al expulsar al Grupo México, empresa rapaz que ha saqueado el subsuelo de nuestro país, contaminado sus aguas y cobrado decenas de vidas de manera impune.

Olintla, Sierra Norte de Puebla. 31 de agosto de 2014

¡Ríos para la vida, no para la muerte!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!

 

-Todo el proceso de construcción de la central hidroeléctrica ha sido particularmente opaco y ha estado lleno de irregularidades

-«En las comunidades afectadas, las represas han ensanchado las desigualdades de género», concluye un informe

Paz Vaello Olave – OMAL
en eldiario.es

 «Cuando anunciaron el comienzo de las obras, la gente estaba alegre porque iba a haber dinero. Entonces fuimos a una reunión en Guatemala, y ahí vimos todos los sufrimientos de las personas que tenían sus tierras inundadas, a las que les habían prometido cosas que no habían cumplido». Así cuenta Virginia Lobos cómo empezó la lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica El Chaparral en el municipio de San Antonio del Mosco (departamento de San Miguel, El Salvador).

Finalizada la guerra, en el año 1992, el Estado salvadoreño preveía un aumento de la demanda de energía y se planteó la necesidad de superar su alta dependencia de combustibles fósiles, pero no disponía de los fondos necesarios para desarrollar proyectos de energía renovable.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) apostó por este tipo de energía por ser la de menor coste, y en 1997 encargó una serie de estudios «de prefactibilidad» como resultado de los cuales en 2001 se decidió que El Chaparral era el sitio ideal para poner en marcha una central, abarcando los municipios de San Antonio del Mosco, Carolina y San Luis de la Reina.

El Salvador se unía, así, a otros países «en un segundo auge de las represas que se inició a finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, enmarcado en los nuevos planes de desarrollo disfrazados bajo un rostro humano (como el Plan Puebla Panamá -actualmente. Proyecto Mesoamérica-, los Tratados de Libre Comercio -en su día con Estados Unidos y ahora con Europa-, etc.), que se concretan en obras como la de El Chaparral», explica el investigador Antonio Sandá Mera.

Sandá es el autor del informe ‘El negocio de la energía eléctrica en Centroamérica y El Salvador. El caso de la central hidroeléctrica El Chaparral’, recientemente publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina ( OMAL).

Las mujeres: un colectivo especialmente vulnerable

Aunque el Estado asume la gestión de un recurso reconocido como bien público, se establecen acuerdos y se reforman leyes para, según Sandá, «legitimar la inversión de las corporaciones transnacionales, que, además, cada vez son menos pero abarcan más áreas de trabajo» y, con ello, acumulan más poder de negociación o de presión hacia los gobiernos.

Como se cuenta con detalle en el informe, todo el proceso de El Chaparral ha sido particularmente opaco y ha estado lleno de irregularidades. Permisos que faltan, adjudicaciones a empresas privadas en tiempo récord, estudios incompletos…

«No se hizo el diseño de detalle, y esta ausencia tuvo que ver con que, en 2010 -un año y medio después de que se iniciara la construcción de la presa (en enero de 2009)-, la tormenta Agatha causara daños en su estructura básica, lo que obligó a paralizar la obra y originó un conflicto entre la firma responsable de la obra, Astaldi, y la CEL, que se resolvió con la rescisión del contrato tras el pago por parte del organismo público de 108,5 millones de dólares a la empresa italiana».

Por el camino quedaban los rastros de otra tormenta: calles destrozadas por el paso de maquinaria pesada; un reguero de presiones y engaños a los vecinos para que aceptaran las condiciones impuestas; familias que ya habían abandonado sus tierras a cambio de un dinero que no daba para empezar de nuevo; zonas deforestadas para poder luego inundarlas, y la amenaza de que el caudal del río siga disminuyendo si se avanza en la construcción de la central.

Algo que viene a agravar aún más la situación de escasez de agua disponible para la gente en El Salvador. «El río ya no parece río, parece una quebrada», se lamenta Virginia Lobos. Y añade: «Pescamos en el río; usamos esa agua para los huertos, para bañarnos, para lavar, para el ganado; tomamos agua para beber… Y cuando no hay, tenemos que ir más lejos».

Efectivamente, las mujeres son aquí las encargadas de ir a buscar el agua para consumo doméstico y de recoger leña para cocinar y calentar la casa, muchas veces con la ayuda de sus hijos e hijas. Como en la mayor parte del planeta, son las responsables del funcionamiento del hogar.

Esto las convierte en «un grupo especialmente vulnerable a los impactos de las represas», que, sin embargo, «no ha sido valorado históricamente como tal», como denunció en el año 2000 un informe de la Comisión Mundial de Represas, organismo creado en 1998 por el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza para examinar estas infraestructuras.

De hecho, Sandá destaca que «se ha estudiado poco la relación entre energía y género». «Aun así, nosotras queríamos visibilizar este tema en nuestro trabajo, y por eso le dedicamos un apartado específico», argumenta.

La CMR concluía que, «en las comunidades afectadas, las represas han ensanchado las desigualdades de género». Y es que, en palabras de Sandá, todo aumento del tiempo y el esfuerzo empleados en atender las necesidades domésticas se traduce, finalmente, en «menos posibilidades de acceso a espacios para trabajar y pensar sus intereses estratégicos como mujeres».

Por otro modelo de energía

Por si fueran pocos estos efectos negativos del proyecto en el entorno afectado, Sandá insiste en que, además, no resulta rentable. Entre presupuestos que crecen con el tiempo y la indemnización que el Estado pagó a Astaldi, «la inversión ronda ya los 4.495 dólares por kW», detalla el experto, «más del doble de lo planeado en principio y de la cifra hasta la cual se considera que los proyectos hidroeléctricos son rentables (2.000-3000 US$/kW instalado)».

Así que la pregunta es lógica: «¿A quién van a vender la energía para poder cubrir ese gasto? Lo más probable es que la exporten al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC); en el mercado nacional el precio sería demasiado bajo como para poder rentabilizar la inversión», argumenta Sandá.

Como se recoge en el informe, «en muchas casas de la zona no existe electricidad», y en las que disponen de ella «la pobreza no les permitiría afrontar el gasto derivado del consumo de una cocina eléctrica». En definitiva, después de ver su vida profundamente alterada, los habitantes del lugar no disfrutarían del nuevo recurso.

Hermenilda, hermana de Virginia, resume la situación así: «Este proyecto viene a contaminar y a destruir. No vemos ningún beneficio».

En sus recomendaciones «para un nuevo marco de políticas», la CMR establece la aceptación pública de estas obras como un factor «fundamental para un desarrollo equitativo y sustentable de recursos hídricos y energéticos».

Una aceptación que, según este organismo, surge de que «se aborden los riesgos» y se reconozcan y salvaguarden «los derechos de todas las partes interesadas, en particular, pueblos indígenas y tribales, mujeres y otros grupos vulnerables, haciendo posible su participación informada en la toma de decisiones».

Sandá va más allá y apuesta por un cambio de modelo energético que tenga en cuenta la protección de los recursos naturales y que «respete el modelo de desarrollo deseado por la población, especialmente la afectada por los proyectos de generación». Y trae al debate términos como «ética», «solidaridad», «autogestión» y «manejo sostenible de las cuencas» para proponer una alternativa «técnica y económicamente viable».

Si existen opciones, ¿por qué se sigue apostando por este tipo de centrales hidroeléctricas en El Salvador y en otras partes del mundo? ¿Qué otros intereses están detrás de estas decisiones? Desde luego, no los intereses de las mujeres, de la gente.