La tierra, en pocas manos

UN INFORME MUESTRA COMO PIERDE TERRITORIOS LA AGRICULTURA CAMPESINA

Por Darío Aranda, pagina12.com.ar

El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.

“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.

El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.

El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.

Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.

Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.

“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.

La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.

Conflictividad socioambiental en México: Despojo, extractivismo, dominación y resistencia

vía Movimiento M4

En los últimos diez años ha sido notable el crecimiento exponencial de conflictos socioambientales en todo el territorio mexicano por la disputa en torno al acceso, control y gestión de los bienes comunes naturales, pero también por los efectos negativos de la extracción, producción, circulación, consumo y desecho la riqueza social convertida en mercancía en el marco de la acumulación del capital.

 

Se trata de un nuevo giro en la extracción de bienes naturales renovables y no renovables, de la mano del desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura carretera, portuaria y enclaves turísticos. A lo que debemos sumar, el impulso de un nuevo sistema agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales.

Esta reconfiguración ha sido impulsada por las políticas del capital privado y la participación de los gobiernos en sus diferentes ámbitos y niveles, a través de un amplio abanico de estrategias jurídicas, de cooptación, disciplinamiento y división de las comunidades, represión, criminalización, militarización y hasta contrainsurgencia, para garantizar a cualquier costo la apertura de nuevos espacios de explotación y mercantilización. Desde está lógica podemos comprender las detenciones de Juan Carlos Flores y Enedina Rosas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Morelos-Tlaxcala contra el Proyecto Integral Morelos, que incluye el despojo de las tierras de decenas de comunidades para la construcción de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto. O el caso del comunero Marco Antonio Suástegui del emblemático Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), reconocido por la férrea resistencia campesina que logró durante once años bloquear dicho proyecto hidroeléctrico. Un común denominador de todas estas aprehensiones es la opacidad e irregularidades en el debido proceso legal.

Así, y a partir de la revisión de múltiples conflictos socioambientales en México, vemos que las estrategias de dominación del Estado y capital operan sobre la base de por lo menos cuatro aspectos que buscan ocultar y disfrazar el verdadero carácter del despojo:

  • Los proyectos de despojo se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones y territorios que son sacrificados y desechados y que su vida es transformada radicalmente. Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo la desigualdad de propiedad.
  • Si bien sabemos que las ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros, para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete desarrollo local, crecimiento económico y prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es la mayoría de las veces una apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave -es decir, sin una propuesta integradora de las actividades primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los mercados internos, ni generan los empleos prometidos. Lo cierto es que profundizan las condiciones de desigualdad y miseria, debilitan o desmantelan la cohesión, el arraigo y apego comunitario, y generan un proceso de desposesión y expulsión que orilla a la migración y búsqueda de oportunidades, principalmente en las ciudades.
  • Todos aquellos que se oponen al interés general de las mayorías se presentan como intransigentes, instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en riesgo las jugosas inversiones del capital.
  • Existe una guerra contra las formas comunitarias –que en la mayoría de los casos son indígenas y campesinas- consideradas como prescindibles, intrascendentes y en algunos casos inexistentes. La narrativa desarrollista se impone sobre un único modo de pensamiento y de vida, el resto de formas son pre-modernas o primitivas.

No obstante, pese a las condiciones tan asimétricas a las que se enfrentan las comunidades, se han logrado acuerpar decenas de resistencias en todo el territorio mexicano. La investigadora María Fernanda Paz (2012), ha publicado que hasta 2011 se registraron 95 conflictos relacionados al despojo de bienes comunes naturales, distribuidos en 21 estados del país. Si bien, no todos los procesos de resistencia registrados han logrado la plena defensa de sus territorios, lo cierto es que muchos de ellos han sido capaces de obstaculizar momentáneamente el despojo, mediante el retraso o directa paralización de la implementación de los megaproyectos.

Sin lugar a dudas, ante la creciente intensificación de la violencia para la extracción de recursos naturales con las reformas anunciadas y recientemente aprobadas, como dice la feminista Silvia Federici estas experiencias se vuelven fundamentales, “pues son luchas que ponen un freno, un alto al avance de las relaciones capitalistas. Si estas luchas se pierden, todos enfrentaremos un futuro todavía más duro”.

Y es que en definitiva, La supervivencia y protección de los bienes comunes constituye una condición fundamental para la continuidad de la vida, que puede seguir y potencialmente estar en manos de sujetos comunitarios a partir de formas de autoregulación social que incorporen entre sus principios, frenos y controles que eviten la sobreexplotación, degradación o agotamiento de los recursos. Una cuestión central para la sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que el mundo vivo enfrenta.

Fuentes consultadas:
NAVARRO, Mina Lorena/ Linsalata, Lucia, “Crisis y reproducción social: claves para repensar lo común. Entrevista a Silvia Federici”, realizada junto con Lucía Linsalata, Revista OSAL, No. 35, Buenos Aires, 2014. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20140506032000/OSAL35.pdf

PAZ, María Fernanda, “Deterioro y resistencias. Conflictos socioambientales en México”, en: Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, ITESO, Guadalajara, 2012. http://www.publicaciones.iteso.mx/libro.php?id=221

*Doctora en Sociología y Profesora-investigadora del Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ‘Alfonso Vélez Pliego’ de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha acompañado procesos organizativos orientados a la defensa del territorio en México. Activista e integrante de Jóvenes en Resistencia Alternativa. mina.navarro.t@gmail.com

Fuente: La Jornada de Oriente

Comunicado M4: posición frente a los daños a la salud que provoca la minera GoldCorp

MOVIMIENTO M4

Hoy nuevamente nos hemos reunido mujeres y hombres de los pueblos hermanos de Guatemala, Honduras y México para discutir y analizar los graves daños y consecuencias a la salud y al ambiente ocasionado por la minería en nuestros territorios.

Denunciamos que la empresa minera GoldCorp es un cáncer irreparable que se ha instalado en nuestros territorios mesoamericanos tal como sucede ya en San Miguel Ixtahuacan Guatemala, Valle de Siria Honduras y Carrizalillo, Guerrero, México, en donde para ocultar su verdadera identidad y evadir responsabilidades, utiliza nombres diferentes para cada proyecto.

Tanto en San Miguel Ixtahuacan como en Valle de Siria y Carrizalillo, Guerrero la voracidad de esta empresa ha provocado daños irreversibles en la salud de la población como enfermedades de la piel, en los ojos, pelo, uñas y los pulmones. Problemas sociales como la división comunitaria, la prostitución, alcoholismo. Existen testimonios de cómo se ha incrementado la muerte de bebés a causa de abortos y partos prematuros, al igual que el aumento de los nacimientos con deformaciones de diferentes características.

Se ha generado suficiente información y análisis científico que incluye laboratorios de universidades de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica sobre la contaminación de las aguas vinculadas a la operación de la mina Marlin, sin embargo el gobierno ha hecho caso omiso para atender esta problemática, a la vez que ni siquiera implementa las medidas cautelares promovidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Exigimos rendición de cuentas a las empresas mineras, en este caso a GoldCorp porque la falsedad de su Responsabilidad Social Corporativa está cimentada en el despojo del territorio de los pueblos, se basa en la contaminación y el agotamiento de los bienes naturales, se apuntala en el fomento de la división comunitaria, la intimidación y cooptación como estrategias centrales para implantar sus proyectos. Otro modelo de desarrollo es posible.

¡FUERA LAS MINERAS CON SU FALSO DESARROLLO
Y PROGRESO DE GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO Y MESOAMÉRICA!

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
¡DE PANAMÁ A CANADÁ LA MINERÍA NO VA!

Monsanto deberá indemnizar con 93 millones de dólares a un pueblo de EE.UU

En la pequeña ciudad de Nitro en West Virgina se produjo Agente Naranja desde 1948 hasta 2004. Ahora Monsanto deberá pagar por los daños que la dioxina ha causado a la comunidad.

Paulina Lordméndez, veoverde.com

Monsanto ha perdido esta vez y por una causa justa. La Suprema Corte del Estado de West Virginia ha declarado que la empresa deberá pagar $93 millones de dólares a la ciudad de Nitro por los daños que la producción del Agente Naranja ha causado a su población. Aunque el acuerdo se aprobó desde hace un año, recién entrará en vigor al definir la forma en que se hará uso de los fondos.

El Agente Naranja es un herbicida altamente tóxico que fue utilizado para rociar los campos vietnamitas durante la guerra, principalmente para eliminar malezas donde se pudieran esconder los adversarios. Su uso dañó a millones de personas en Vietnam, pero de eso nadie se preocupa pues era una guerra. El problema fue que el Agente Naranja se fabricó en la pequeña ciudad de Nitro desde 1948 hasta 2004.

La dioxina contenida en el Agente naranja causa graves afecciones en la salud aún en las concentraciones más pequeñas. La ciudad de Nitro puso entonces una demanda colectiva para legar a un arreglo, pues no hay duda de sus efectos tóxicos. Este realmente es un acuerdo histórico en el que una corte reconoce el daño que ha causado Monsanto e impone una sanción para el beneficio de la gente.

La Corte de West Virginia declaró que el acuerdo requiere que los fondos de Monsanto se utilicen de la siguiente manera:

-De los $93 millones, $21 serán destinados a pruebas para determinar si las personas han sufrido envenenamiento por la dioxina. $9 de ellos se destinarán a limpiar la dioxina de los hogares.
-Los habitantes de Nitro serán monitoreados a 30 años y no sólo unos meses.
-$63 millones serán utilizados para pruebas de contaminación por dioxina adicionales en caso de ser necesario.
-Será sujeto de prueba cualquier ciudadano en la zona de Nitro nacido entre enero de 1948 y diciembre de 2010. La persona deberá comprobar que vivía en la zona y serán candidato a prueba si ya viven ahí.
-Los empleados de Monsanto no son elegibles para estos beneficios.
-Los residentes podrán presentar demandas individuales a Monsanto en caso de que las pruebas demuestren que han sufrido daños físicos por la exposición a dioxinas.
-Las pruebas para ciudadanos de Nitro estarán validadas por el abogado Charleston Thomas Flaherty, designado por el tribunal para la oficina que se creó con este fin.

Es una pequeña batalla pero muy bien ganada, al menos el gobierno estadounidense está luchando por su gente. Este caso aún no considera el glifosato, otra toxina presente en herbicidas como el RoundUp, pero el caso de la ciudad de Nitro es el principio de una lucha por el derecho a saber qué hay en nuestros alimentos y a ser protegidos de los efectos tóxicos de los agroquímicos de Monsanto.

Mayas le ganan demanda a Monsanto; el multinacional dejará de sembrar transgénicos

Fuente: elcantor.com

El trozo de tierra en el que Leydi Pech tiene sus colmenares no es grande. Tiene, si acaso, dos hectáreas y de él proviene el sustento no solo de esta indígena maya, sino de los diez integrantes de su familia. Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.

Forma parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede defenderse de sus depredadores.

No, no es un terreno grande el de Leydi. Sin embargo, ahora mismo está en el centro de una batalla de alcances globales: la de quienes están a favor o en contra de los cultivos transgénicos.

Apicultores como Leydi temen que los cultivos transgénicos puedan contaminar la miel que producen artesanalmente. México es el tercer exportador mundial de este producto y la mayoría de quienes la trabajan son indígenas.

Amparos

La semana pasada, un juez concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatán por medio del cual se suspendía la siembra de soya transgénica en la región por parte de la empresa Monsanto.

Dos amparos similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de Campeche, entre los que se encuentra Leydi.

Según medios de comunicación y activistas, las medidas cobijan a unos 30 mil apicultores con sus familias, en su mayoría de pueblos originarios.

En los fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente.

En el dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la producción de miel.

“Es el derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no se garantice plenamente los efectos secundarios” explica el abogado Jorge Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM , que asesora a los apicultores.

En los tres amparos -que han sido calificados de “históricos” por defensores del medio ambiente-, además de suspender los cultivos transgénicos se ordena realizar las debidas consultas con las comunidades indígenas.

Guerra jurídica

Esta nueva batalla entre agricultores y activistas contra la siembra de semillas transgénicas se viene desarrollando con especial intensidad en México desde junio de 2012.

Ese mes, el gobierno autorizó al gigante Monsanto a sembrar soya transgénica a nivel comercial en más de 253.000 hectáreas distribuidas en siete estados.

Según dijo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a la periodista Elva Mendoza -especialista en medio ambiente de la revista Contralínea- “cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.

No es lo que opinan activistas ecológicos ni los indígenas y campesinos que tienen sus sembradíos en los alrededores de las áreas donde se cultivaría la soya, quienes de inmediato interpusieron demandas en cuatro de los siete estados donde se concedieron los permisos.

No son los únicos que se oponen. En una serie de reportajes publicados en 2013, Elva Mendoza indica que, antes de que se concedieran los permisos, tres organismos gubernamentales -la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- se habían pronunciado de manera negativa a la solicitud de siembra de Monsanto.

Sus argumentos iban desde “la posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos”, hasta “la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas”.

A pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que estudió esos conceptos, dio luz verde a la siembra.

De hecho, según el diario El Financiero, en la decisión del juez de Yucatán influyó que no se tomaran en cuenta las opiniones técnicas de los mencionados organismos. El juez además “desechó los argumentos de las autoridades demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel”.

¿Qué dice Monsanto?

Desde su sede en México se indica que la gigante trasnacional, especializada en investigaciones tecnológicas agrícolas (en su sitio de internet dicen que invierte US$2 millones diarios en investigar), no está concediendo entrevistas sobre el tema.

Sin embargo, luego del dictamen en Yucatán dio a conocer un comunicado en el que fija su posición.

En él se indica que “cualquier afectación resultante de la liberación de organismos genéticamente modificados debe ser evaluada por las autoridades competentes en estricto apego a la ley y con base en evidencias y estudios científicos concluyentes”.

Se agrega que durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el fallo “terceros distintos a quienes interpusieron el amparo” divulgaron información “que genera confusión ante la opinión pública”.

Esa información, añaden, también “ignora la afectación que incide sobre los productores de soya de la región, quienes han subsistido su cultivo durante años y tienen derecho a acceder de forma voluntaria a mejores tecnologías agrícolas en beneficio propio de sus familias”.

En el comunicado también se anuncia que Monsanto está analizando el amparo “a efecto de interponer los recursos que por ley le asisten para defender sus derechos”.

Además de en México, Monsanto sostiene -o ha sostenido- batallas jurídicas en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Brasil (donde los cultivos transgénicos ya superarían a los naturales), Chile o Francia.

La miel de la melipona

México es el tercer exportador de miel a nivel mundial (detrás de Argentina y China) y el sexto productor global. Según reportes, anualmente se producen en este país unas 57.000 toneladas de miel.

Más del 40% de la miel mexicana proviene de la llamada península de Yucatán, que se adentra como una espuela en el Mar Caribe y que incluye al estado del mismo nombre, así como a Campeche y Quintana Roo.

Casi la totalidad de la miel que produce la península -donde unas 30.000 familias dependen de su cultivo- se exporta a la Unión Europea. Uno de los temores que existen entre los apicultores es que la UE rechace su miel si encuentra que supera los limites aceptados de polen transgénico.

Y la miel más preciada de Yucatán es la que proviene de la abeja melipona, que puede venderse hasta por diez veces el precio de la miel común.

La voz de Leydi Pech se endulza cuando habla de ella.

“Es una abeja ancestral que los mayas hemos utilizado por mucho tiempo. Para nuestro consumo y para curarnos. Lo que tiene de especial esta abejita es que selecciona la floración que recolecta. También produce menos cantidad de miel”, dice con el español golpeado que caracteriza a los maya-hablantes.

Luego, un toque de hiel: “es una abeja que está en peligro de extinción en la península de Yucatán”.

El cultivo de la miel entre los mayas es prehispánico. En un estudio, la doctora Alejandra García Quintanilla, de la Universidad Autónoma de Yucatán, indica que tanto en la cerámica del período maya clásico (200 a 1.000 DC), como en los libros del Chilam Balam, se encuentran testimonios sobre la importancia de este néctar en la vida de las comunidades indígenas.

Es un conocimiento que sigue vivo: Leydi aprendió todo lo que sabe de la apicultura a los doce años, de su abuelo. Él, a su vez, recibió el saber de sus padres.

“Lo que más recuerdo de lo que me enseñó mi abuelo es que no hay que dejar que las abejas se mueran, siempre hay que defenderlas. Porque las abejas no sólo sirven para hacer la miel, sino para polinizar nuestros alimentos, lo que consumimos. Eso las comunidades mayas lo tenemos muy claro: es un servicio que nuestras abejas nos están dando. Y gratis”.

Lo que se viene

Lo más seguro es que, como lo insinúa en su comunicado, Monsanto impugne las decisiones de los jueces de Campeche y Yucatán. Y un tribunal superior bien puede ordenar la reanudación de los cultivos de soya. Quienes apoyan los cultivos transgénicos insisten en que no hay pruebas de que hayan contaminado la miel.

A nivel global, quienes respaldan los cultivos genéticamente modificados aseguran que son indispensables para alimentar a una población mundial en aumento.

De vuelta en México, los amparos plantean enormes retos logísticos. Los jueces ordenaron que se consulte a las comunidades. El de Yucatán incluso dio plazo: seis meses. El abogado Jorge Fernández cree esto en inviable en tan corto período: hay que traducir al maya -y en un lenguaje comprensible- el proyecto. Luego viene la consulta interna no sólo entre los apicultores, sino entre sus comunidades. Además, es algo que nunca antes se ha hecho.

Leydi no tiene dudas en que, como sea, hay que consultarlos: “nosotros tenemos asambleas. Cada comunidad, cada ejido hace su asamblea por usos y costumbres y tomamos nuestras decisiones… Estamos peleando esa parte: que nos pregunten. Porque tenemos derecho a opinar. Conocemos nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad, porque la hemos cuidado por miles de años”.

Según recuerda la periodista Elva Mendoza, los permisos para cultivar maíz transgénico -contra el que también se han presentado fuertes protestas- se encuentran asimismo suspendidos desde el año pasado por la interdicción de un juez que recibió una demanda colectiva. Según Mendoza, las transnacionales afectadas, entre ellas Monsanto, ya interpusieron los recursos jurídicos necesarios.

Leydi Pech tiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justica de México “atraiga” los casos y de un dictamen definitivo.

Mientras tanto, lo que ha ocurrido con Leydi y sus compañeros apicultores es visto por sus simpatizantes como otra victoria local en medio de una enorme batalla global.

¿Cómo plantarnos frente a la industria minera?

Fuente: Radio Progreso, desde Honduras

La minería es riqueza. Sin embargo, su explotación está estructurada para que esa riqueza se vaya fuera del país. Es fuente de corrupción y beneficios para funcionarios y políticos locales, al tiempo que es generadora de desastres ecológicos, ambientales y una amenaza creciente para la vida de las comunidades. La explotación minera y los proyectos hidroeléctricos van unidos por el mismo modelo extractivo, depredador, consumista y contaminador y concentrador de bienes y recursos. Es una explotación basada en la lógica del consumo infinito sobre un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.

La industria minera ha alcanzado tan alto nivel tecnológico que requiere cada vez de muy poca mano de obra y de menos tiempo para la explotación de una mina, dejando como secuelas un acelerado desastre ambiental y destruidas las formas comunitarias tradicionales de vida. Una comunidad tocada por la explotación minera nunca volverá a ser la misma, sus tejidos culturales quedan rotos, y la explotación minera conlleva, promueve e incentiva la división y la corrupción.

En la industria minera existen sin duda dos cosmovisiones, es decir, dos maneras de ver y de relacionarse con el mundo. Una primera manera es la que mira la naturaleza y la tierra como una madre, como fuente vida y don sagrado para pueblos y comunidades. Las comunidades indígenas dan testimonio que “la tierra es nuestra madre y las mineras la tienen destrozada, le han partido el corazón y eso es un atentado contra Dios”. Una segunda manera de ver la naturaleza es la de los mineros y empresarios extractivistas. Las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocios, dinero, crecimiento, desarrollo, bienestar económico. Todo hay que convertirlo en capital.

La industria minera extractiva, íntimamente unida a los proyectos hidroeléctricos contaminantes, es tan criminal que está provocando un fenómeno creciente de resistencia de comunidades muy articuladas con organizaciones ambientalistas y populares. Como contrapartida, las mineras en alianza con empresarios nacionales y autoridades públicas, amenazan, persiguen, secuestran y asesinan a dirigencias y comunidades.

Las compañías mineras se confabulan con los diputados para aprobar figuras jurídicas con el propósito de criminalizar las luchas de resistencia contra la explotación minera y las concesiones de agua. También han articulado alianzas con comunicadores para controlar la información, desfigurar las luchas y presentar la industria extractiva y contaminante como “bondadosa” para las comunidades, el Estado y la sociedad.

Las comunidades y organizaciones ambientales se apoyan en medios de comunicación alternativos y en las redes sociales, sin alcanzar todavía capacidad para contrarrestar el cerco mediático. Las compañías mineras han construido un escenario de conflicto y de polarización. Ellas tienen bien definido su objetivo: convertir toda la riqueza natural en dinero. Las comunidades, organizaciones ambientales, ecologistas y populares y las iglesias que buscan ser fieles al Evangelio, no tenemos ningún otro camino que articularnos en una lucha común por la paz y la vida a partir de la defensa y protección de nuestros bienes naturales.

La tragedia de los mineros en el Corpus no es única, es la expresión de la trágica realidad de la minería, y hemos de articularnos y movilizarnos porque la Vida es un Don de Dios y lo hemos de defender en pie de testimonio, desde la lucha organizada, popular, pacífica y no-violenta. Hoy estamos a tiempo, mañana será demasiado tarde.

¿Adiós al campesinado? El supermercado siempre gana

La agricultura ha dejado de ser desde hace años una actividad económica central. Ante un modelo agrario diseñado por y para el agronegocio, cada vez más campesinos se han visto obligados a cerrar sus explotaciones y abandonar el sector. Sin embargo nuestras necesidades alimentarias siguen allí. Sin campesinado, ¿quién nos dará de comer?

Por Esther Vivas. Público.es

La agricultura, en el Estado español, ha pasado de ser una de las principales actividades económicas a una práctica casi residual. En 1900, el 70% de la población activa trabajaba en el sector agrícola; en 1950, ésta había disminuido hasta el 50% del total; en 1980, ya únicamente representaba el 19%; y en 2013, sumaba un escuálido 4,3%. Las explotaciones agrarias, del mismo modo, desaparecen a gran velocidad. En el período de 1999 al 2009, en solamente diez años, éstas disminuyeron un 23%, según el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística 2009. Pronto no quedarán campesinos en el campo.

Menos explotaciones y más grandes. La concentración empresarial es otra realidad en el mundo agrario. Entre 1999 y 2009, a pesar del cierre de fincas, las que se mantuvieron, en todas las comunidades autónomas, aumentaron su extensión. Aunque los mayores incrementos se dieron en Galicia, La Rioja y Cantabria. En la ganadería, se repitió la dinámica: el número de explotaciones de cada especie de ganado disminuyó, pero aumentó el número medio de cabezas. Castilla y León se situó al frente de la producción de bovino y ovino y Catalunya fue la primera en la producción avícola y porcina, ambas comunidades con el mayor número de ejemplares de cada una de dichas especies. Por cierto, en Catalunya existen prácticamente tantas cabezas de cerdo, como de personas.

La renta agraria en términos generales, en los últimos años, también ha retrocedido, a pesar de que en 2013, ésta aumentó un 7,7% después de varios años de mantenerse estable o en caída libre. Según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el sector agrario en la última década ha perdido un 23% de su renta. Asimismo, los costes de producción siguen incrementándose, y actualmente significan un 93% de la renta agraria en su conjunto. La subida de precios de la energía, los fertilizantes y los piensos ha contribuido de forma decisiva al aumento. Los ingresos disminuyen, los gastos no hace sino aumentar. Precios en origen y en destino

El diferencial entre el precio que se paga en origen al productor y el que nosotros pagamos en la tienda o el supermercado continúa subiendo. Si en junio del 2013, el precio del producto alimentario de origen a destino se multiplicaba de media por 3,79, un año más tarde, en junio del 2014, el importe se multiplicaba por 4,52, según el Indice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos. Aquellos productos con un mayor incremento de su coste eran el calabacín, el repollo y la berenjena, con un diferencial porcentual entre el precio en origen y en destino de un 950%, un 808% y un 717% respectivamente. En definitiva, quién produce lo que comemos es quién menos dinero recibe.

De aquí que la COAG, la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) impulsaran una proposición no de ley sobre los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados en 2008. La proposición instaba a una mayor transparencia en el proceso de configuración de los precios a lo largo de la cadena alimentaria, a la creación de un Observatorio de Precios para controlar y sancionar las malas prácticas en la fijación de los importes, a actuar para eliminar la especulación en los mercados agroalimentarios e implantar un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino) que permita conocer el valor real de los alimentos y detectar distorsiones interesadas en los precios, entre otras medidas. Aunque del dicho al hecho…

El supermercado siempre gana

La venta a pérdidas por parte de los supermercados, vender por debajo del precio al que se paga al productor, es otra práctica habitual, aunque está prohibido por la administración mediante la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de la Competencia Desleal. La gran distribución, sin embargo, utiliza esta medida con el objetivo de fidelizar a sus clientes, vendiendo algunos productos, los llamados «productos relamo», a un precio muy bajo. A pesar de ingresar menos dinero con su venta, lo compensa con el incremento de la comercialización de otras mercancías.

El aceite de oliva ha sido, en los últimos años, uno de los productos agrarios más golpeados por esta práctica, ahora parece le llega el turno al arroz. Pero, no es oro todo lo que reluce. El consumidor piensa que ahorra con estos métodos, aunque una vez en el ‘súper’ lo que deja de pagar en un producto lo acaba pagando en otro. La gran distribución siempre gana.

Mientras, estas prácticas tienen un efecto nefasto en el campo, ya que presionan a la baja el precio que se paga en origen por dichos alimentos conduciendo a la ruina del agricultor. Sin entrar a analizar, por otro lado, el fraude que, a menudo, se da con estas prácticas, cuando nos venden, por ejemplo, aceite de oliva virgen extra a un precio extremadamente barato, y al analizar el producto resulta no tratarse del aceite de primera calidad que nos decían.

Muchos campesinos, ante estas operaciones, tiene que acabar cerrando sus fincas. Entonces, si estos desaparecen, ¿quién nos dará de comer? ¿Quiénes producirán y distribuirán la comida? Creo que la respuesta es clara: unas pocas empresas que controlan cada uno de los tramos de la cadena alimentaria. Se trata de multinacionales como Dupont, Syngenta, Monsanto, Kraft, Nestlé, Procter&Gamble, Danone, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Mercadona, por solo citar a algunas. ¿Tenemos, pues, la comida garantizada?

Esther Vivas

Cañón del Sumidero: a pesar de la clausura temporal, la mina Cales y Morteros sigue excavando

Marie-Pia Rieublanc, Otros Mundos AC/Chiapas
VIDEO al final

Desde 1963, la mina Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V. extrae cal en la parte oriente del Cañón del Sumidero, en la localidad de Ribera Cahuaré, en Chiapa de Corzo (Chiapas, México). Sus actividades afectan tanto la salud de los pobladores  como el medio ambiente.

La minera ha cavado un gigante hueco arriba de la pared oriente de este sitio que fue clasificado área natural protegida en 1980. Al usar explosivos para dinamitar piedras, ha provocado fracturas que cualquier turista puede observar desde su lancha al recorrer el Cañón. Dejó de usar ese método en enero de este año, tras una decisión de la Secretaría de la Defensa nacional.

Recientemente, bloques de roca se desprendieron de la pared y cayeron a la orilla del río Grijalva. La situación es tan preocupante que el 23 de Julio, todas las autoridades ambientales del estado y del país (Semahn, Profepa, Semarnat, Conanp) dieron por primera vez una conferencia de prensa junta en Tuxtla. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia natural (Semahn) de Chiapas, Carlos Morales, reconoció públicamente que las actividades de la mina dañaban el Cañón. Anunció que había clausurado de manera temporal el banco de extracción de material pétreo del sitio.

Los trabajadores siguen extrayendo piedras calizas

En realidad, esta decisión fue tomada el 9 de julio y todavía los empleados de Cales y Morteros siguen extrayendo cal en el sitio. El día de la grande conferencia de prensa, es decir 14 días después de la clausura oficial, un grupo de habitantes de Cahuaré subió al sitio de extracción y observaron que camiones estaban echando un liquido sobre las rocas. “Lo que está haciendo esta pipa es mojar la piedra para que allí puedan rasparlas con maquinaria”, explicó Angélica Espinosa Interiano, miembro del Movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero. La empresa usa ese método llamado brazo hidráulico para esquivar la prohibición de explotar las piedras usando dinamita.

En respuesta al anuncio de la Semahn, el Movimiento organizó su propia conferencia de prensa el 25 de julio en Tuxtla. “Nosotros constatamos que siguen trabajando en el banco de arena”, denunció Laura Santiago Molina, exigiendo “que se garantice que esa clausura se va a llevar a cabo como debe de ser”.

María Alejandra Aldama Pérez, rescató la responsabilidad de la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Es la instancia a la cual incumbe clausurar las actividades de Cales y Morteros” pero “no lo está haciendo, no está aplicando la ley”, insistió la vocera. “También la Secretaría de salud (del estado de Chiapas) nos ha emitido dos diagnósticos, diciéndonos que estábamos enfermos y de qué estábamaos enfermos” pero que “no está haciendo nada”.

Riesgos de cáncer del pulmón

En efecto, en un estudio epidemiológico realizado en octubre de 2013 en Ribera Cahuaré y en Santa Cruz, otra localidad cercana de la mina, la Secretaría de Salud del estado alerta que “un 40% (296) de los habitantes refirió padecer alguna enfermedad, de ellas el 25.9% (192) de los pacientes presentaron comorbilidad a infección respiratoria aguda (IRA)”. “La presencia esparcida de cal en las viviendas es un factor de riesgo ambiental determinante para el desarrollo de enfermedades respiratorias agudas”, añade el documento.

El doctor Eduardo Alberto Vargas Domínguez, presente a la conferencia de prensa, recordó que « la diseminación de partículas » de piedras durante las actividades extractivas son muy « peligrosas ». « Pueden producir una silicosis, una antracosis, y esto puede derivar en la presencia de cáncer del pulmón ».

Ahora, los habitantes de Cahuaré están esperando que la Semahn lleve a cabo un nuevo monitoreo de la calidad del aire en su poblado. Si se comprueba que está contaminado por las actividades de la calera, la Secretaria podría exigir su clausura definitiva. Mientras tanto, Cales y Morteros continua sus actividades, como si no pasara nada.

VIDEO:

Cales y Morteros sigue dañando el Cañon del Sumidero

https://www.youtube.com/watch?v=NrzzQf7Ow74

Frenan a Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, casi 50 años después de daños en 23 hectáreas

Por Isaín Mandujano, chiapasparalelo.com

A casi 50 años de operación y depredación del área natural protegida del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, por fin este miércoles el gobierno estatal y federal, declararon clausurada la empresa Cales y Morteros del Grijalva SA de CV, propiedad del Grupo San Roke, del empresario veracruzano de ascendencia española, Domingo Muguira Revuelta.

Tras afectar de forma irreversible unas 23 hectáreas de superficie del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, un atractivo turístico internacional de Chiapas ubicado entre la capital del estado y Chiapa de Corzo, en la Carretera Panamericana Km 1096, Ribera de Cahuaré, este día varias dependencias federales del sector ambiental estatal y federal dieron a conocer el cierre e la empresa que dejó daños a la salud a sus habitantes y que por varios años reclamaban su salida.

La Secretaría de Medio Ambiente Natural e Historia (SEMANH), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dieron a conocer las acciones legales contra la empresa que producía cales para su venta en todo el estado de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

Además de dedicarse a la industria del café de exportación, el Grupo San Roke fundó en Chiapas Cales y Morteros del Grijalva, considerada la segunda fábrica de cal más grande del sureste -con proyecto de crear una más en Villa Flores, Chiapas. Además es propietario del Hotel City Express en la capital chiapaneca, así como El Molino de la Alborada en San Cristóbal de las Casas, en donde pretende desarrollar un campo de golf y un fraccionamiento sobre 45 hectáreas.

El poder económico de Muguira Revuelta ligado a los hombres del sistema político mexicano priísta, había impedido que la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, pero este miércoles 23, los titulares y delegados de estas dependencias federales dieron a conocer que le han sido cancelado todos los permisos a la empresa para extraer material pétreo, caliche, y que ya no puede procesar tampoco en su planta.

Carlos Morales Vázquez de la SEMANH, Amado Ríos Valdez de la Semarnat, Joaquín Zebadúa de la Conanp y Jorge Constantino Kanter de la Profepa, dieron a conocer que se le canceló el permiso para seguir extrayendo material pétreo y se le inició un proceso por la contaminación ambiental al emitir partículas que dañaban a la salud de los habitantes en sus alrededores.

La empresa sólo era posesionario del predio, ubicado dentro del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, la escritura que presentó como de su posible propiedad no ha sido certificada. Además el último registro ante las dependencias federales para seguir operando data de 1996.

La empresa dejó una oquedad en unas 23 hectáreas que desde el aire contrastan con la belleza natural del Cañón del Sumidero. De hecho, derivado de las explosiones para extraer material pétreo, la pared derecha del Cañón del Sumidero sufrió agrietamientos, según un estudio del Instituto de Geofísica de la UNAM.

En esa pared del Cañón del Sumidero se observa que han caído lajas o registrado desprendimientos de piedras de forma paulatina en los últimos años.

Los habitantes de las colonias en sus alrededores desde hace más de una década habían demandado el cierre de la empresa que por tráfico de influencia al más alto nivel de su propietario permanecía intocable.

En la conferencia de prensa señalaron que la empresa deberá retirar desmantelar su maquinaria de procesamiento de material pétreo y cerrar definitivamente para que no dañe más el medio ambiente y tampoco la salud de los chiapanecos.

Joaquín Zebadúa de la CONANP dio a conocer que existe una denuncia penal ante la PGR en contra de la empresa por despojo y daños, por lo que seguirá su proceso legal en la que las partes harán lo que le corresponde.

Pronunciamiento REMA por el Día Mundial contra la Minería

EL MODELO EXTRACTIVO MINERO VULNERA LA DIGNIDAD HUMANA

 La reforma energética profundizará las injusticias socioambientales

La REMA continuará desplegando acciones colectivas contra la minería

 22 de junio del 2014

remaEn todo el mundo, el actual «modelo extractivo minero» ha demostrado ser altamente devastador. En México, la amenaza de la minería sobre comunidades, ejidos, pueblos y millones de hectáreas de territorio es inminente e inconmensurable. Los daños asociados a ella son notables: militarización del territorio, violaciones a los derechos humanos, división de comunidades, atentados contra la integridad y criminalización de defensores y luchadores sociales además de la contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria y biodiversidad, así como altísimas contribuciones al cambio climático, afecciones a la salud y empleos precarios, son algunos de ellos cuando las mineras hacen su aparición. Debido a su extraordinaria capacidad depredadora, la minería constituye uno de los ejes de conflictividad social más significativos a tener en cuenta en los próximos años en nuestro país.

Pese a todo, la reforma energética impulsada por el gobierno federal y validada -desde el PACTO POR MÉXICO– por las principales fuerzas políticas de la República, perfeccionará un modelo de desarrollo que -frente a la satisfacción de necesidades- continúa apostando por la reproducción, acumulación y centralización del capital profundizando con ello las injusticias socioambientales, las violaciones a los derechos de los pueblos en los terrotorios de extracción y los desequilibrios de poder realmente existentes en una sociedad que -al operar bajo el principo de que tener el poder es tener la razón- coloca a cada vez más personas en una situación de vulnerabilidad obstaculizando su acceso a las condiciones de vida que hacen posible la dignidad.

Por ello, en el contexto del DÍA MUNDIAL CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO, las comunidades, luchas y organizaciones que conformamos la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) ratificamos nuestro compromiso con la defensa del territorio a través de diveras estrategias orientadas a impedir la instalación de obras y/o proyectos contrarios a nuestros intereses y a construir autonomías locales que favorezcan la satisfacción de nuestras necesidades vitales. La intensa actividad que nuestros grupos han desplegado en los últimos meses dan cuenta de ello. A continuación recojemos algunas de las acciones más significativas:

En el área Educativa,
·         La organización Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra México, editó el manual LA MINA NOS EXTERMINA que supone un conjunto de herramientas a disposición de los afectados o potenciales afectados por la minería para “detener este Modelo Extractivista y construir otros mundos posibles”.
Manual http://otrosmundoschiapas.org/materiales/2013/11/la-mina-nos-extermina-manual/

·         En la misma línea, la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), viene trabajando una GUÍA PARA LAS RESISTENCIAS dirigida a quienes “están o pretenden estar en procesos para la defensa y resistencia en contra de las empresas mineras de capital nacional o extranjero”.

En cuanto a la Articulación y Organización,
·         En febrero pasado el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en coordinación con la organización Bios Iguana, realizó en la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima el FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERÍA.

·         Igualmente, el Consejo Tiyat Tlali organizó en el mes de marzo en Zautla, Puebla el ENCUENTRO DE PUEBLOS EN RESISTENCIA CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO, al que asistieron más de 500 personas provenientes de todos los rincones del país y del extranjero.

·         Como desde el 2012, mantenemos una estrecha colaboración con organizaciones y luchas de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Canada a través del MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4).

En la Prevención,
Hemos iniciado un intenso proceso con el objetivo de blindar territorios de cualquier actividad minera al generar DECLARATORIAS DE TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA. En este proceso dos casos destacan:

·         Los acuerdos logrados por la Asamblea de Bienes Comunales de Zacualpan, Municipio de Comala en Colima por el que MANIFIESTAN SU OPOSICIÓN Y RECHAZO A QUE EN SU COMUNIDAD SE LLEVEN A CABO TRABAJOS DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MINAS PARA EXTRAER CUALQUIER MINERAL, EN EL PRESENTE COMO EN EL FUTURO. Esta decisión comunitaria ha sido ratificada en sentencia firme por el Tribunal Unitario Agrario de Distrito N° 38 en la que consta que “el cuidado de su entorno, costumbres, tradiciones y medio ambiente es más valioso que la contraprestación económica que pudieran recibir”. Este acto es inédito porque por primera vez en la historia de este país un Tribunal jurisdiccional reconoce un Territorio como Libre de Minería.

·         La generación de un acta de colectiva firmada ante Notario Público por 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán por la que DECLARAN SUS TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS

En lo Jurídico,
·         La Comunidad San Miguel del Progreso, Mpio. de Malinaltepec, Región Montaña, Guerrero, acompañada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” interpuso una demanda de amparo en la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de los títulos de concesión minera en su territorio indígena, contravino la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. En la acción legal se solicitó que se analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El 12 de febrero de 2014 fue notificada una sentencia histórica: el Juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad Me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las concesiones mineras dentro de un territorio indígena, invocando para ello los derechos contenidos en tratados internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).

·         En el mismo sentido, las organizaciones Colectivo de Abogados y Acción Colectiva Socioambiental están actualmente coordinando cinco procesos semejantes en diferentes Estados de la República.

Por todo lo anterior, vale insistir en que la REMA actúa fundamentalmente inspirada por la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos. Esta convicción, indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no quede subordinada a las respectivas autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos ha hecho posible que, en una época en la que muchos referentes sociales de validez colectiva se ven constreñidos para articular medios y fines, las luchas y organizaciones de la REMA continúen impulsando –no sin dificultades- una política encaminada a transformar la realidad.

 RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

¡NO AL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

¡FUERA LAS MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!

¡DE CANADA A PANAMA LA MINERÍA NO VA!

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Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

www.remamx.org

PRONUNCIAMIENTO: Reforma energética representa un despojo territorial “legalizado”

PRONUNCIAMIENTO

En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 14 de julio de 2014, nos reunimos organizaciones civiles y comunidades pertenecientes a los pueblos mixteco, chatino, zapoteco y mixe del estado de Oaxaca, con representación de organizaciones de Chiapas y el Distrito Federal para analizar y denunciar las actuales reformas que se están implementando en nuestro país, mismas que carecen de una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Con todas estas nuevas leyes y estrategias para despojarnos de nuestros bienes naturales, creemos que el debate sobre la distribución y generación de la energía se vuelve fundamental, donde el agua constituye el eje principal de la vida en su conjunto, y el que más se encuentra amenazado.

 

Desde 1917 no se habían realizado modificaciones constitucionales tan profundas como las que se están implementando a partir de la gestión de Enrique Peña Nieto, las cuales favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras: Ley de Hidrocarburos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Minera, Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley Hacendaria, Ley de Inversión Extranjera, Ley de Amparo, Ley de Expropiación, Ley de Bienes Nacionales, Ley Laboral, Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética, Ley de Asociaciones Público y Privadas, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, Ley General de Educación y por último, la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones, han sido presentadas y aprobadas sin la participación de las comunidades y la ciudadanía en general que habitan en nuestro país, representando un despojo territorial legalizado.

Un ejemplo de este despojo lo representan los proyectos en nuestro estado de Oaxaca, como la construcción de la Presa Acueducto Bicentenario, mejor conocida como Paso Ancho, que busca privatizar el abasto de agua en la capital del estado; el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, instrumentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la presa derivadora Flores Magón (CONAGUA), que continuamente provoca inundaciones a poblaciones negras-afromexicanas, en la región de la costa de Oaxaca; la política de concesiones que afecta a campesinos y campesinas organizados en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en el Valle de Ocotlán y los proyectos mineros “San José” impuesto por la compañía Fortuna Silver Mines, “Natividad” por la compañía Minera Natividad y Anexas y Sundance y el proyecto “Plata Real” impulsado por la empresa del mismo nombre.

A pesar de que se ha intentado por las vías legales y pacificas resistir y defender nuestros territorios, la respuesta de las autoridades en el mejor de los casos ha sido la omisión, así como mesas de diálogo inútiles e ineficaces.

Desafortunamente para la mayoría de los movimientos y comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras comunitarias.

Ante este escenario de amenaza, DENUNCIAMOS:

Que la política hídrica del gobierno mexicano incumple las cuatro características previstas en la Observación General N° 15 adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para el acceso al agua: cantidad, calidad, suficiencia y asequibilidad, ya que la mayor parte de las aguas superficiales y subterráneas se encuentran contaminadas.

Para el gobierno mexicano el derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la privatización de este bien, tal es el caso del borrador de la Ley de Aguas presentado por la CONAGUA en 2013, en el cual no contempla ninguna de las propuestas realizadas por la sociedad civil en el proyecto “Agua para todos, agua para la vida” Por el contrario la agenda de dicha dependencia se traduce en enormes proyectos de infraestructura, como presas, trasvases, tratadores, pozos profundos, etc., que tienen una afectación de alto impacto para las poblaciones donde se instrumentan.

CONAGUA, uno de los organismos más denunciados por parte de las comunidades en el país por brindar servicios a intereses privados, no está ejecutando las sentencias de Tribunales, ni respetando las decisiones de comunidades y movimientos. Tal es el caso que enfrenta la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua en los Valles Centrales de Oaxaca. Aunado a esta situación, dichas comunidades están siendo presionadas mediante el cobro excesivo por el servicio de la luz eléctrica.

La CFE, diputados y senadores locales, presionan y hostigan a las comunidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para la aceptación del proyecto Paso de la Reina, aun cuando existen actas de asamblea firmadas por 43 comunidades rechazando el proyecto. De igual forma se ha intentado coaccionar la decisión de estas comunidades a través de la limitación de recursos y entrega de proyectos dirigidos a los municipios que son generados con recursos públicos.

La Comisión Nacional Forestal, a través de la empresa DIAAPROY S.A. de C.V. en su proyecto “Recuperación de muestra y captura de la información de campo del inventario nacional forestal” desacata la decisión de comunidades de la Sierra Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios. En el caso de la comunidad de San Miguel Chongos se denuncia que a pesar de la negativa de la comunidad, dicha empresa realizó estudios en árboles.
Nos hermanamos con la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) de Guerrero y exigimos la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui, dirigente del mismo e integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los ríos (MAPDER). Asimismo exigimos la liberación de todos los activistas, defensoras y defensores del territorio detenidos injustamente.

Reconocemos que el respeto al derecho a la consulta es un logro importante de nuestros pueblos y movimientos, por lo que exigimos deje de ser utilizado por parte del Estado Mexicano como herramienta para legitimar megaproyectos en el estado de Oaxaca y en todo el país. El desarrollo no puede entenderse a costa de los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y pescadoras, por lo que en sesiones solemnes de cabildo hemos declarado nuestros territorios prohibidos para proyectos extractivos, sean minería, presas, eólicos o cualquier otro proyecto que afecte nuestros territorios. Tenemos el derecho a seguir defendiendo nuestros territorios y que se respete nuestra decisión sobre el desarrollo de los mismos.

En consecuencia seguiremos construyendo iniciativas de protección, cuidado y defensa de nuestros territorios a través del manejo participativo y comunitario del agua y nuestros bienes comunes, la recuperación de nuestras cuencas y la protección de nuestras fuentes de agua,

“SI A LA VIDA, NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE”

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 14 de julio de 2014.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro Prodh A.C.; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde(COPUDEVER); Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA); Capulálpam de Méndez; Magdalena Teitipac; Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Juárez UZACHI; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Blue Planet Project;, Otros Mundos-Chiapas A.C.; Hij@s de la Tierra.

Reforma energética y fracking en México: apuntes para entender

Presentación: Implicaciones económicas y energéticas de la explotación del gas de lutitas por Fundar, Centro de Análisis e Investigación

¿Qué es el gas shale o gas de lutitas?

  • Es gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de roca de lutitas a profundidades de entre mil a cinco mil metros.
  • Debido a las características geológicas de estos yacimientos, la extracción del gas natural requiere la aplicación de la técnica conocida como fractura hidráulica o fracking.
  • ¿En qué consiste esta técnica?

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Presentación Afectaciones de la Fracturación Hidráulica o Fracking por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental

Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo (Lucena, 2013). Es decir que cuando hay un desarrollo generalizado de estos proyectos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos poniendo en peligro la realización del derecho humano al agua, es decir al agua para consumo humano y doméstico, así como la para la producción agrícola y el sostenimiento de los ecosistemas.

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