Compartimos estos mapas realizados por Otros Mundos AC/Chiapas – Amigos de la Tierra México sobre El Extractivismo Corporativo de los Bienes Comunes.
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Categoría: Modelo extractivo
REINICIAN ACTIVIDADES EN LAS MINAS DE CHICOMUSELO
24 de Enero de 2014, Chicomuselo, Chiapas, México
El domingo 19 de enero aproximadamente a las ocho de la noche arribaron a la cabecera municipal de Chicomuselo seis camiones de doble remolque, para luego dirigirse al Ejido Santa María. Al día de hoy dos de ellos han salido cargados de barita. Para no provocar la reacción de protesta, evitan pasar por la calle de la cabecera municipal de Chicomuselo donde Mariano Abarca había mantenido clausurado el paso a la empresa Blackfire en el año 2009 que culminó con su asesinato. Sin embargo, ante el paso molesto de los grandes camiones frente a la plaza central de la cabecera municipal, el presidente municipal pretende derribar un árbol con el fin de que los camiones llenos de material puedan doblar en otra esquina, pero cuyo propietario se niega a ello.
En el contexto del conflicto suscitado por la mina de Blackfire en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, y del asesinato de Mariano Abarca Roblero, integrante de la Rema en Chiapas, al parecer las empresas mineras buscan otras estrategias para sacar los minerales. Esa estrategia consiste en fomentar las cooperativas mineras y convertirse así en coyotes mineros. Sólo llegarán entonces con intermediarios a comprar, en este caso, la barita del municipio.
Y este es el caso del Ejido Santa María de Chicomuselo, donde treinta miembros de la comunidad, el mínimo de socios requeridos por ley, entre ellas 12 mujeres, decidieron conformar la Agrupación Minera Santa María de Chicomuselo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el 24 de noviembre de 2011 con sede oficial en la Casa Ejidal, aportando mil pesos cada miembro a dicha cooperativa, según su Acta Constitutiva. Con la oposición de muy pocos ejidatarios a la actividad minera y que han sido hostigados por el resto de los miembros del ejido, los socios de la Cooperativa establecieron en su estatuto el Poder Especial Irrevocable y exclusivo para la comercialización otorgado a la Ong denominada Coordinadora de Fuerzas Campesinas de Chiapas, A.C., bajo la representación del C. Oscar Jesús Hidalgo Ruiz, “para que a nuestro nombre comercialice nuestro material mineral denominado barita (sulfato de bario)”. Esta organización formará parte de la Comisión de Comercialización de la Cooperativa que en la Clausula 55 sus Estatuto la define como la que “estará integrada por un miembro electo en Asamblea General, que puede ser socio o persona externa a la sociedad y tendrá como objetivo Garantizar el funcionamiento homogéneo de la cadena, mediante el uso de instrumentos legales como normas, certificaciones, patentes, reglamentaciones, entre otras, que fomenten buenas prácticas productivas y comerciales”.
Según los Estatutos, la Cooperativa puede contar con oficinas, agencias o sucursales en cualquier parte del país o del extranjero, y su duración se estableció por tiempo indefinido. El objeto social de la Cooperativa minera es “La exploración, explotación y comercialización de todo tipo de minerales y sus derivados, así como también la importación y exportación de los mismos”; “Adquirir maquinaria para los trabajos, preparación, tratamiento y fundición de primera mano e industrialización de los productos minerales en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar y obtener minerales o sustancias al igual que elevar la concentración y pureza de sus contenidos en beta, mantos, masas, yacimientos y depósitos distinto, de los componentes de los terrenos calificados como lotes que serán verificados en los títulos de exploración y explotación (…)”. El objeto social también incluye comprar, vender, distribuir, operar y rentar equipos; establecer moliendas del mineral, entre otros. El 80% de las ganancias mineras serán repartidos entre todos los socios de la Cooperativa.
El Modelo Extractivo Minero se pretende implementar con mentiras, engaños, falsas promesas, con pobreza, degradación ambiental, contaminación y violación a los derechos humanos donde los gobiernos estatales siempre han estado coludidos apoyando este tipo de actividad extractiva. Por ello, en Chicomuselo y en la región de la Sierra siguen acechando los intereses por extraer oro, plata, plomo, cobre, barita, magnetita, titanio, entre otros minerales a costa de los pueblos. Las resistencias en la región siguen aumentando así como en todos los rincones del país con el fin de liberar los territorios de los megaproyectos, entre ellos las concesiones mineras.
En el contexto de la Reforma Energética que acarrea modificaciones a la ley agraria, de amparo, de bienes nacionales, de expropiación, entre otras, en el marco de Tratado TransPacífico, los proyectos extractivistas se acentuarán en Chiapas para despojar a los pueblos de sus territorios. Efectivamente, como se ha pronunciado el Movimiento Mexicano de Alternativa a las Afectaciones Ambientales y al Cambio Climático (MOVIAC), esta Reforma es un “Crimen de Estado” que pretende despojar a los pueblos de sus medios de sustento y elementales derechos humanos. Y hacemos eco de su llamado a la insurrección social nacional para defender nuestras tierras y los derechos humanos fortaleciendo las resistencias, generando alternativas de vida digna.
¡MARIANO VIVE, LA LUCHA SIGUE!
Fundación Ambientalista Mariano Abarca
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/M4
NOTAS:
Empresas mineras reanudaron ilegalmente trabajos en Chiapas (la Jornada)
Reactivan, de manera ilegal, extracción minera en Chiapas (chiapasparalelo.com)
Agua, cianuro y minería del oro: 30 años de accidentes
Agua, cianuro y minería del oro: 30 años de accidentes
Fuente: IAgua vía Plataforma Salvemos Cabana
En los últimas décadas, la minería metálica convencional de explotación de veta por galerías subterráneas ha sido desplazada progresivamente por la explotación de minas a cielo abierto, donde el mineral objetivo está disperso en minúsculas partículas, diseminadas en grandes yacimientos.
La creciente demanda internacional del oro, debido a su elevada cotización y al hecho de que sea utilizado en épocas de crisis como activo financiero de referencia, ha hecho posible que yacimientos prácticamente extinguidos y con rendimientos muy pobres (de incluso menos de un gramo por tonelada), puedan ser explotados gracias la extracción a través del proceso de lixiviación con cianuro, que ha sustituído a la recuperación del oro mediante amalgama con mercurio, ineficiente en comparación y actualmente prohibido en muchos países debido a los graves efectos que provoca este metal pesado a nivel ambiental y sobre la salud pública. La clave está en que el cianuro permite recuperar más de un 97% del oro, frente al 60% que permitía la extracción con mercurio.
El problema asociado al empleo de mercurio no se ha resuelto con el empleo del cianuro: es uno de los venenos más potentes que pueden emplearse
El problema asociado al empleo de mercurio no se ha resuelto con el empleo del cianuro, porque esta sustancia es uno de los venenos más potentes que pueden emplearse en contacto con el entorno y puede acarrear daños irreparables tanto a la salud humana como al medio ambiente, pues incluso a dosis bajas puede afectar al aparato respiratorio, y a los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, ocular y dérmico, dado que en contacto con la piel puede absorberse. Además, la inhalación de concentraciones de 401 a 601 mg/m³ resulta mortal para el ser humano. Los efectos sobre la salud pueden durar meses o años, y van desde el riesgo de padecer cáncer a los problemas reproductivos, hipertiroidismo, o daños permanentes en el sistema nervioso.
Una tecnología de alto riesgo que busca ser prohibida en Europa
Debido a sus impactos y riesgos, desde hace años distintas iniciativas a nivel europeo han buscado la prohibición total del cianuro en tecnologías mineras. Hay una resolución ya clásica del Parlamento Europeo que ha sido el germen de posteriores iniciativas -algunas, meras copias-, que con mayor o menor fortuna se han presentado a la Comisión y otros estamentos a nivel regional, la P7 TA(2010) 0145, sobre la prohibición del uso del cianuro de sodio en tecnologías mineras.
El texto, aprobado no tiene la capacidad de prohibir, pero sí recomienda encarecidamente que este compuesto no sea empleado en la minería del oro, al considerar que es “una sustancia química altamente tóxica”, “clasificada como uno de los principales contaminantes” y que “puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica”.
Además recuerda “que en los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes” y pide “a la Comisión y a los Estados miembros que no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto minero en la UE en que se empleen tecnologías mineras a base de cianuro”, “ni respalden proyectos de esas características en terceros países”, porque “el uso de cianuro en minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes”.
Cinuro y minería del oro: Tres décadas de accidentes
En la práctica, tan sólo hace falta acudir a las hemerotecas para comprender el porqué la prohibición del uso de cianuro en minería es una prioridad, pues los accidentes han sido una constante desde la década de 1980 hasta nuestros días:
Los accidentes han sido una constante desde la década de 1980 hasta nuestros días
Mina de oro Zortman-Landusky (Montana, Estados Unidos). Operada por Pegasus Gold Inc. de 1979 a 1998, fue la primera en utilizar cianuro a gran escala en la recuperación aurífera. Debido a los continuos escapes y derrames del compuesto, los efectos sobre el ecosistema del área afectada fueron devastadores. Tras la quiebra de la compañía minera, el Estado de Montana y el Departamento de Interior de los Estados Unidos comenzaron un proceso judicial para conseguir el tratamiento de la contaminación del agua poir parte de la compañía, tal como figuraba en la declaración de impacto ambiental del proyecto.
Mina de oro Summitville (Colorado, Estados Unidos). Operada a más de 3.800 metros de altitud en las Montañas San Juan por Galactic Resources Ltd. de 1986 a 1992. Los contínuos derrames de cianuro y metales tóxicos contribuyeron a graves problemas ambientales en una franja de más de 27 kilómetros del río Alamosa, del que se abastece para riego el sector agrícola del Valle de San Luís y su cabaña ganadera, afectando además a diversas especies de anátidas y grúidos en peligro de extinción.
Mina de oro McCoy/Cove (Nevada, Estados Unidos). Operada por Echo Bay Company. En 1989 y 1990, una serie de ocho accidentes sucesivos originaron un vertido de cuatro toneladas de cianuro al medio.
Mina de oro Brewer (Carolina del Sur, Estados Unidos). Operada por Brewer Gold Company hasta 1999. En 1990, tras un período de lluvias intensas, más de 40 millones de litros de solución cianurada y toneladas de sedimentos altamente contaminados fueron vertidos en el arroyo Little Fork poniendo en peligro la salud de la población y los ecosistemas. Fueron contabilizados más de 11.000 peces muertos a lo largo de 80 km. del río Lynces. Los costes de la remediación tuvieron que ser soportados por el Gobierno federal, y actualmente este enclave está dentro de la lista de Superfund Sites, siendo uno de los lugares más contaminados de los Estados Unidos.
Mina de oro Grouse Creek (Idaho, Estados Unidos). Entre 1993 y 1997 esta mina, actualmente operada por la canadiense Hecla Mining Company, contaminó las aguas superficiales y subterráneas por distintos vertidos de cianuro, alcanzando los acuíferos e impidiendo el suministro de agua potable a la población.
Mina de oro Omai (Guyana). Copartipada por la canadiense Cambior Mining y la norteamericana Golden Star Resources En 1995, más de 3.200 millones de litros de aguas residuales cianuradas fueron vertidas al principal río de Guyana, el Essequibo, tras la ruptura de la presa de contención de una balsa minera, amenazando la vida de los pobladores y el ecosistema, consumidores del recurso hídrico y piscícola.
Mina de oro Northparkes (Nueva Gales del Sur, Australia). Coparticipada por China Molybdenum Company y Sumitomo Group. En 1995, distintos vertidos cianurados esta explotación metalífera de oro y cobre originaron la muerte de al menos 2.700 aves, encontradas en las inmediaciones del área de explotación.
Mina de oro Quarry (Nevada, Estados Unidos). Tras el fallo en la estructura de lixiviación en 1997, se originó un vertido superior a los 927.000 litros de aguas residuales cianuradas en dos arroyos locales. Actualmente es propiedad del gigante minero Newmont.
Mina de oro Homestake (Dakota del Sur, Estados Unidos). En 1998, de 6 a 7 toneladas de residuos cianurados fueron vertidos en el arroyo Whitewood envenenando el curso fluvial y acabando con su biodiversidad. Fue operada por Homestake Mining Company y coparticipada por Barrick Gold. La explotación fue clausurada en 2002.
Mina de oro Kumtor (Kyrgyzstan). Operada a 4.000 metros de altitud en las montañas Tien Shan por la canadiense Cencerra Gold Ltd. En 1998, un camión de transporte de camino a la mina originó un vertido de 1.762 kilos de cianuro que alcanzó el río Barskaun. La compañía no avisó a los residentes de la zona, que utilizaron el agua para consumo humano e irrigación hasta cinco horas después del accidente. Como resultado, casi 2.500 personas fueron envenenadas, 850 tuvieron que ser hospitalizadas y al menos hubo cuatro fallecimientos.
Mina de oro Santa Rosa (El Corozal, Panamá). Operada por la compañía minera Santa Rosa. En 1998, un derrame de cianuro envenenó la quebrada El Corozal, llegando a los ríos Corita y Santa María, arrasando la biodiversidad de la zona y poniendo en peligro el suministro de agua potable al distrito de Santiago de Veraguas.
Mina de oro de Aurul (Rumanía). Operada por la empresa Remin S.A. y coparticipada por el gobierno rumano y la minera australiana Esmeralda Exploration Ltd. En el año 2000, se rompió un dique de contención de la mina, provocando un desastre ecológico y social sin precedentes por el vertido de más de 100.000 metros cúbicos de lodos con metales pesados y aguas residuales con una concentración de 126 mg. de cianuro por litro, superando en más de 700 veces el límite permitido. El vertido tóxico descendió por el río Lapus, afluente del Somes, alcanzando posteriormente al Tisza, en Hungría y al Danubio en Serbia y Bulgaria. Este accidente, que dejó sin suministro de agua potable a más de dos millones y medio de personas, ha sido considerado como la peor catástrofe ambiental en Europa después del accidente de la central nuclear de Chernóbil.
Mina de oro de Tulukuma (Papúa Nueva Guinea). Operada por la australiana Allied Gold Mining. En el año 2000, un helicóptero de la compañía perdió en vuelo una tonelada de cianuro, cayendo en una zona a 85 km. de la capital, Port Moresby, afectando a una amplia área selvática y contaminando los cursos fluviales.
Mina de oro Lihir (Papúa Nueva Guinea). En 2001, esta explotación, operada por Rio Tinto, originó una serie de vertidos cianurados al mar, que sumados a los millones de toneladas de estériles de mina arrojados a un km. de la costa causaron una catástrofe ecológica en el entorno marino de esa zona del Océano Pacífico.
Mina de oro Twin Creeks (Nevada, Estados Unidos). Operada por Newmont Mining. En 2002, se tuvo conocimiento público de dos accidentes graves, uno de casi 6 toneladas de cianuro y otro de 230.000 metros cúbicos de solución cianurada en el arroyo Arizona, originando un desastre ambiental que todavía no ha sido remediado.
Mina de oro Greenstone/Bonanza (Nicaragua). Operada por la canadiense Hemconic, originó un vertido de cianuro en 2003 al río Bambana. Fallecieron un total de doce personas, envenenadas al consumir el agua del río.
Mina de oro San Andrés (Honduras). En 2003, cuando era operada por la canadiense Greenstone Resources Corporation, originó un vertido masivo de cianuro contaminando el río Lara, fuente hídrica de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Los residentes contabilizaron más de 18.000 peces muertos. El ecosistema quedó aniquilado.
Mina de oro Sankofa (Ghana). Operada por la Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) . Dos días de fuertes lluvias provocaron en 2004 un vertido de cianuro al río Asasere, envenenando sus aguas y con graves efectos sobre la fauna acuática. La compañía no disponía de ningún plan de contigencia y no avisó a la población circundante del vertido, por lo que la Agencia de Protección Ambiental de Ghana (EPA), procedió a la clausura de la explotación.
Mina de oro Kalgoorlie (Australia). Fuentes gubernamentales confirmaron en 2004 que la mina tuvo numerosos problemas en la gestión del cianuro durante años, contaminando de manera irremediable las aguas superficiales y subterráneas de la zona.
Mina de oro Misima (Papua Nueva Guinea). Operada por Placer Dome. En 2004 durante las operaciones de clausura, originó un vertido al océano. Miles de peces muertos llegaron a las costas de la región.
Mina de oro Phu Bia (Laos), operada por la compañía australiana Pan Australian Resources. En 2005, las fugas de cianuro contaminaron los ríos de la zona y envenenaron a decenas de pobladores en varios kilómetros alrededor del complejo, que necesitario atención médica tras consumir el agua y el pescado afectados por los vertidos.
Mina de oro Bogoso (Ghana). Operada por Bogoso Gold Limited. En 2006 reventó una balsa minera contaminando las aguas del río Ajoo y ocasionando gran mortadad de peces y crustáceos. Una treintena de miembros de las comunidades cercanas se envenenaron al consumir agua y peces y necesitaron atención médica de urgencia.
Mina de oro Zamboanga (Filipinas). Operada por la canadiense Toronto Ventures Inc. En 2007 colapsó una balsa de residuos cianurados envenenando el río Siocon.
Mina de oro North Mara (Tanzania). Operada por el gigante minero Barrick Gold. En 2009, la rotura de una balsa minera, produjo un gran vertido que alcanzó las aguas del río Thigithe. El desastre devastó los ecosistemas de la zona y costó la vida a veinte personas.
Mina de oro Minosa (Honduras). Operada por la empresa Minerales de Occidente. En 2009, la rotura de uno de los tubos empleados en la pilas de lixiviación amenazó el entorno y la salud de los pobladores de La Unión, San Andrés Minas y otras comunidades del Departamento de Copán al alcanzar la solución cianurada las aguas del río Lara, donde aparecieron cientos de peces muertos.
Mina de oro Arasi de Puno (Perú). Operada por la minera Arasi. En 2010, y fruto de las intensas lluvias en la provincia de Lampa, colapsaron varias balsas de residuos cianurados, alcanzando los cursos hídricos de los sectores de Túpac Amaru, Caichu y Cerro Minas, en el distrito de Ocuviri, afectando a los ecosistemas y la vida silvestre. Con posterioridad se supo que la mina carecía un plan de contingencia en caso de desastre.
Mina de oro Goldfields (Ghana). En 2011, la rotura de una balsa minera de esta compañía sudafricana (Goldfields Mining) originó un vertido de decenas de miles de metros cúbicos contaminando la zona con cianuro y metales pesados.
Mina de oro Sekisovskoye (Kazajistán). Operada por la minera británica Hambledon Mining. En el año 2011, se produjo un vertido de cianuro en una de las presas de contención de la balsa de residuos y alcanzando el río Sekisovka con graves consecuencias ambientales.
Mina de oro Kittilä (Finlandia). Operada por la canadiense Agnico Eagle. En 2012, las europarlamentarias finlandesas Satu Hassi (Verdes/ALE) y Sirpa Pietikäinen (PPE), señalaron en una pregunta con solicitud de respuesta escrita dirigida a la Comisión Europea la existencia de informes que indicaban la existencia de alarmantes niveles de cianuro en sus aguas residuales que habían superado los límites establecidos en la licencia ambiental de la explotación.
Mina de oro Mulatos (Sonora, México). Operada por Minera Peñoles. En 2013, un accidente de tráfico provocó el vertido de 16.000 litros de compuesto de cianuro de sodio, que alcanzaron las aguas del río Yaqui afectando al recurso hídrico y la biodiversidad. Las autoridades alertaron a los residentes de las zonas próximas de no utilizar las fuentes de abastecimiento de agua potable y tuvieron que habilitar la asistencia urgente de camiones cisterna para abastecer a la población.
continúan las acciones políticas de los pueblos en solidaridad con Sipacapa, Guatemala
continúan las acciones políticas de los pueblos en solidaridad con Sipacapa, Guatemala, donde miles de personas salieron a exigir el retiro de la Gold Corp del territorio.
CONSEJO DEL PUEBLO MAYA SIPAKAPENSE¡Por la Defensa de la Vida, la Dignidad y el Territorio!
Comunicado
Somos integrantes del Pueblo Maya Sipakapense, propietarios y poseedores de un territorio de 153Km2 que habitamos desde antes de la venida de los colonizadores. Actualmente registrado bajo el número 30,054, folio 58 del libro 176 del Departamento de San Marcos, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad; y amparado por el Derecho Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En el año 2003, sin consulta previa, el Estado autorizó la licencia de explotación de nuestro territorio a una Empresa minera canadiense, en consecuencia, hoy opera la Mina Marlín propiedad de Montana Exploradora S.A. de Guatemala-Gold-Corp.
Bajo una estrategia permanente de amenaza, persecución, criminalización de los defensores del territorio y la coacción y cooptación de nuestras autoridades municipales y comunitarias, la Empresa ya está usurpando otra fracción de nuestro territorio denominado “LOS CHOCOYOS” de la Aldea Pie de la Cuesta, situado en la Cuenca del Rio Cuilco.
Cómo Pueblo Maya sipakapense, no permitiremos más abusos y despojos, por ello el 11 de Diciembre de 2013, presentamos acción constitucional de amparo ante la Sala de la Corte de Apelaciones del departamento de Guatemala, para que de manera legal y pacífica se anule la licencia denominada “Los Chocoyos” y el retiro inmediato de los operadores de la Empresa Minera.
La inherencia del derecho de propiedad obliga al Estado de Guatemala proteger nuestro territorio mediante sus instituciones judiciales y militares; la ausencia de dichas acciones gubernamentales evidenciará su fracaso.
San Marcos 14 de enero de 2014
Somos más que guatemaltecos, somos Pueblo Maya.
Atentamente;
CONSEJO MAYA SIPAKAPENSE, MIEMBRO DEL CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE OCCIDENTE
(5 fotos)Video: Cuando la tierra se convierte en mercancía
Cuando la tierra se convierte en mercancía (video)
Producción: zz-colectivo – Iniciativa para la investigación, análisis y educación social, intercultural y ecológica.
Este documental retrata la amenaza a las comunidades indígenas en el sur de México que representan los monocultivos, los proyectos de reasentamiento poblacional en supuestas ciudades rurales “sustentables”, los proyectos de turismo y la represión.
(México/Alemania 2013, 71 minutos)
Los pilares de las comunidades campesinas son, hasta hoy en día, la autoorganización tradicional, el trabajo comunitario y una economía de subsistencia para el abastecimiento de alimentos. La tierra, en la cosmovisión de los pueblos indígenas entendida como «Madre Tierra», es, no obstante, cada vez más codiciada por la política y la economía: las tierras comunales se convierten progresivamente en mercancía -por regla general, sin consulta previa a las personas afectadas.
A la par de la resistencia pacífica de la población afectada, que defiende una vida de autodeterminación con dignidad y en consonancia con la naturaleza, y que construye estructuras alternativas (por ejemplo, los zapatistas), el documental traza también las conexiones con los consumidores de las regiones urbanas y los países ricos, porque la avaricia por el aceite de palma y un turismo exótico y de confort siguen en aumento.
El equipo de filmación del zz-colectivo viajó varios meses por México y se entrevistó con diversas personas afectadas, periodistas, académicas, defensores de derechos humanos y organizaciones en defensa de las mujeres y del medio ambiente. Así mismo, se cede la palabra a personas de la política y la economía.
Hidroeléctricas: el despojo pintado de verde y la lucha por los ríos como bienes comunes
Hidroeléctricas: el despojo pintado de verde y la lucha por los ríos como bienes comunes
Por: M. Edelmira García Martínez. Surbversiones.org
Resistencias que confluyen
El flujo del río Apatlahuaya será interrumpido para ser reconducido por un túnel que conecta con una tubería que cumple la función de una gran vena de acero, por la cual el agua circulará cuesta abajo a lo largo de 800 metros. De esta forma, se logrará la fuerza hídrica suficiente para que la casa de máquinas genere 42 megavatios de electricidad para el capital privado. Se trata del caso de la primera mini hidroeléctrica inscrita en el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL que ha sido construida en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz. Estudios realizados por la CFE indican que se tienen identificados 510 sitos para la instalación de hidroeléctricas en los ríos de todo el país, de éstos, más de 100 se ubican en el estado de Veracruz. Otros estados considerados con gran potencial hidroenergético son Chiapas, Tabasco, Oaxaca, y Guerrero. No necesitamos mayor información técnica para poder imaginar la magnitud del desastre ecológico si todos estos proyectos llegan a concretarse desviando las afluentes naturales de los ríos. Sin embargo, estos proyectos son promovidos por el Estado como proyectos que ayudarán en el cuidado del medio ambiente.
En la mayoría de los territorios donde se encuentran los sitios elegidos para la instalación de las hidroeléctricas habitan pueblos originarios. Y al igual que en el pasado, la función que cumple el Estado es una política colonizadora que permite la invasión de territorios por parte de las transnacionales, interesadas en extender sus inversiones hacia nuevos mercados. Como ocurrió en Zongolica, se trata de proyectos para los que se realizan estudios de suelo o incluso comienzan a ser instalados sin que medie ningún tipo de información pública hacia la población que será afectada. Sin embargo, en la medida en que el rumor sobre la construcción de hidroeléctricas se extiende hacia los pueblos asentados en las cuencas hidrícas del país, las resistencias colectivas a estos proyectos emergen y comienzan a interconectarse en una lucha común: el intento por impedir la privatización del flujo del agua en sus ríos. En las comunidades se articulan claros argumentos que sostienen las resistencias, la lucha que emprenden es por los bienes naturales que permiten la reproducción de su forma de vida; por el derecho al usufructo del agua que no pueden concebir para el uso exclusivo de empresas sin rostro; para impedir la invasión de sus territorios y; por el derecho a la vida.
Las resistencias comenzaron a confluir hace ya diez años, cuando nació el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos
Existen resistencias sistemáticas que se han mantenido ya por muchos años –algunas llevan ya más de 40 años–, las cuales emergieron como potente protesta a las grandes represas que inundaban grandes extensiones de tierra provocando el desplazamiento y desalojo forzoso de poblaciones enteras. Un ejemplo es el pueblo Chinanteco, afectado por la presa Cerro de Oro en Oaxaca, que continúa luchando por el resarcimiento de daños y lo que llaman la deuda histórica por las represas. Estas antiguas resistencias y las que recientemente emergen, comenzaron a confluir hace ya diez años, cuando nació el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). En este espacio de lucha participan frentes estatales, organizaciones sociales y civiles, y comunidades afectadas por las presas hidroeléctricas, de irrigación, y de usos múltiples. A través del MAPDER recientemente se realizó la Pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, en la que fueron presentados 11 casos. Desde el MAPDER las luchas, se conectan a nivel continental en la Red Latinoamericana Contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR). El V Encuentro de esta red, fue celebrado recientemente en la comunidad de Retalteco, municipio de las Cruces, el Petén, Guatemala, del 7 al 12 de octubre 2013, con la participación de 537 personas de 14 países latinoamericanos.
De esta forma, se extiende la lucha por el libre fluir de los ríos, hacia comunidades y pueblos que resisten a estos proyectos, desde una perspectiva de cuidado e interdependencia con la naturaleza. Mientras tanto el capital genera ininterrumpidamente nuevos mecanismos de expansión, como el Mercado de Bonos de Carbono de reciente creación.
Mercado de Bonos de Carbono o Comercio de Emisiones
Durante las últimas tres décadas el fluir desenfrenado de capital transnacional hacia territorio nacional mexicano, ha utilizado como vehículo complejas e intrincadas formas de mercado. Uno de estos nuevos dispositivos para la inversión capitalista, es el denominado “Mercado de Bonos de Carbono” en el que se busca insertar a los proyectos hidroeléctricos que en la actualidad emprende la iniciativa privada y promueve el Estado.
El “Mercado de Bonos de Carbono” también llamado “Comercio de Emisiones”, tuvo su génesis en la década de los noventa construyendo su justificación ideológica en el énfasis que a nivel global se dio a la problemática del Cambio Climático. El primer antecedente ocurrió en el año de 1992 cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptó la Convención Marco sobre Cambio Climático [1]. En dicha Convención se estableció el objetivo de lograr estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cinco años más tarde (año 1997) a esta Convención le fue añadido el Protocolo de Kyoto, a través del cual se establecieron medidas jurídicamente vinculantes a los Estados firmantes.
El Protocolo de Kyoto ordena medidas diferenciadas a los países desarrollados o industrializados y a los países en desarrollo. Los países desarrollados debieron asumir compromisos cuantitativos de reducción de emisiones, que deberían cumplir en una primera etapa entre los años 2008-2012 [2]. Por otro lado, la participación de los países en desarrollo se acota a los llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio” (MDL), aplicables a proyectos cuya actividad productiva reduzca o prevenga las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2). El MDL permite a los proyectos considerados verdes –de los sectores energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura, gestión de desechos–, la obtención de Unidades Certificadas de Reducción de Emisiones, abriéndoles la posibilidad de vender bonos de carbono a las empresas contaminantes. De esta forma comenzó un proceso que contradice el loable compromiso que los Estados Nacionales hicieron con el medio ambiente. En pocas palabras, lo que en realidad fue generado a través del protocolo de Kyoto, con auspicio de organismos internacionales como el Banco Mundial [3] y el Fondo Monetario Internacional, fueron nuevas área para la inversión capitalista como el ya mencionado Comercio de Emisiones.
El nombre genérico mercado de Bonos de Carbono o Comercio de Emisiones, se creó para establecer una serie de instrumentos económicos y de mercado, que funciona a través de la distribución de permisos de emisiones a las empresas contaminantes que al negarse a reducir sus niveles de contaminación por resultarles más costoso, hacen opción por la compra de bonos de carbono. Dichas compras se hacen a las empresas “limpias” que cuentan con el instrumento llamado Certificado de Reducción de Emisiones. De esta manera se puso en marcha un complejo sistema financiero en el que se estableció el valor de cambio del dióxido de carbono (CO2), creándose una serie de equivalencias falsas entre las emisiones industriales y la absorción de carbono de los ecosistemas. Para hacer posible el intercambio comercial se estableció una unidad de medida: el Bono de Carbono. Cada uno representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono. Estos bonos son pues, para el comercio de emisiones, el bien canjeable con un precio establecido en el mercado. Además de la complejidad para entender su funcionamiento, este sistema entraña una perversidad mayúscula, la cual consiste en que a partir del Mecanismo de Desarrollo Limpio, las empresas contaminantes pueden comprar Bonos de Carbono a las empresas que han desarrollado este tipo de proyectos “limpios” y así cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, sin reducir los niveles de contaminación en sus propios procesos de producción.
Los proyectos insertos en la llamada “Economía Verde” –sostiene Fabrina Furtado— encuentran su justificación en la ideología difundida por la economía neoliberal que intenta “legitimar al capital privado como el único sujeto social capaz de salvar tanto a la economía como al planeta”. Uno de los argumentos neoliberales, es la pretensión falaz de que la ciencia y la tecnología modernas desarrolladas en los países del primer mundo, tienen el potencial de aplicación en proyectos que permiten procesos productivos no contaminantes. Sin embargo, el problema de fondo estriba en el hecho de que la Economía Verde representa para el capitalismo neoliberal la apertura de un ambicioso campo para emprender lucrativos negocios, y una renovada estrategia de invasión territorial desde la apropiación (y tendencialmente la privatización) de recursos vitales tan preciados como el agua.
La participación del gobierno mexicano en el Comercio de Emisiones ha sido notable a nivel mundial, pues es el país de los pertenecientes al grupo II en el Protocolo de Kyoto (clasificados como países en desarrollo), que ha realizado más acciones conducentes a crear instituciones, adaptar legislaciones internas, desmantelar o reestructurar organismos estatales, establecer alianzas comerciales y crear los mecanismos necesarios que permitan desarrollar el MDL, y de forma simultánea la privatización de recursos y servicios. Hasta la fecha, en el área de energías renovables, en México se han impulsado y desarrollado con mayor énfasis proyectos de generación de energía eólica y energía hídrica. Revisamos a continuación el área de inversión de las energías renovables, desde el caso específico de las hidroeléctricas.
Hidroeléctricas privadas – despojo de los afluentes de agua
Desde hace más de dos décadas de forma acelerada, las hidroeléctricas han sido impulsadas por el Estado mexicano y desarrolladas por las empresas como proyectos limpios generadores de energía eléctrica y de bonos de carbono. La gravedad de estos proyectos no es solamente la privatización paulatina de la generación de energía eléctrica, sino también la apropiación del agua que fluye en los ríos, por parte de empresas transnacionales a partir de concesiones que duran de 25 a 30 años y que pueden ser renovables.
En 1992 fue reformada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para poder otorgar permisos de producción de energía a personas físicas o morales, a través de figuras como, el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, o la importación o exportación.
Para hacer factible la producción de energía eléctrica en manos de empresas privadas, se comenzaron a realizar cambios estratégicos en materia jurídica desde el gobierno salinista. En este tiempo fueron realizadas importantes reformas a la constitución –particularmente las reformas al artículo 27 que genera condiciones para que la tierra ejidal pueda ser vendida–, y a algunas leyes secundarias. Entre las leyes secundarias, fue reformada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica –publicada en el diario oficial de la federación en el mes de diciembre de 1992–, en la que se facultó a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para otorgar permisos a personas físicas o morales para la producción de energía, a través de figuras como, el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, o la importación o exportación (artículo 36). Después se comenzaron a otorgar permisos para la producción de energía eléctrica a empresas particulares, aun cuando el artículo 27 constitucional continua estableciendo la exclusividad de la nación en su producción, distribución y abastecimiento [4]. Los proyectos para autoabastecimiento son los que pueden insertarse en el mercado de bonos de carbono significando un doble negocio, la venta de energía eléctrica y de bonos de carbono. Estos son los proyectos que han resultado ser los más atractivos para las transnacionales.
A raíz de estas modificaciones la CFE, antes dedicada al desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas, comienza a hacer estudios para determinar el mini, micro y pequeño potencial hidroenergético. Esto no resulta extraño si consideramos que las denominadas pequeñas centrales o “mini-hidroeléctricas”, según las reformas a la Ley de Servicio Publico de Energía Eléctrica, son las que pueden ser desarrolladas desde la figura de auto-abastecimiento por las empresas privadas (con la ventaja adicional de que se interconectan a la red pública). Los primeros estudios de factibilidad para la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas, a lo largo de los ríos del país, fueron realizados por la Comisión Nacional de Energía (CONAE) [5], hoy Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE. Estos estudios proponían la generación de energía hídrica con el modelo llamado al filo del agua, el cual consiste en el aprovechamiento de los desniveles naturales de los ríos para producir electricidad con la fuerza de la caída del agua, sin almacenarla y sin realizar desvío de sus afluentes naturales. Los estudios de la CONAE son retomados por las empresas, sin embargo, para hacer más rentables los proyectos están construyen presas de derivación, consistentes en represas en las que se retiene el agua, para luego desviarla hacia un sitio río abajo que les permita mayor fuerza de agua para producir más electricidad.
Esta forma irracional de apropiación absoluta de la naturaleza por parte del capital, requiere que sus razones justificadoras sean aceptadas por la población común. Para lograrlo se construye un imaginario colectivo en el que estos proyectos que despojan a las comunidades de sus afluentes de agua, son presentados desde una concepción de desarrollo limpio. Los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, han tenido un papel fundamental en la aceptación de estos proyectos, que van logrando implantarse como proceso natural hacia la modernización, al que ineludiblemente avanzamos desde el único camino transitable para México en su articulación con la economía mundial.
En 2010, el 48% de la generación de energía eléctrica en el país la realizan empresas privadas, entre ellas Iberdrola, Unión Fenosa, EDF Internacional y Mitsubishi.
De forma paralela a las reformas estructurales realizadas en la economía del país se comenzaron a formar y/o a reconfigurar redes importantes de relación entre político-empresarios mexicanos y representantes del capital transnacional. Un ejemplo reciente es el caso de Georgina Kessel, quien fuera secretaria de energía en el gobierno de Calderón y actualmente trabaja para la transnacional Iberdrola. Para el año 2010, el 48% de la generación de energía eléctrica en el país la realizaban ya empresas privadas, entre ellas las transnacionales españolas Iberdrola y Unión Fenosa, la francesa EDF Internacional, y la japonesa Mitsubishi. Del año 1994 al año 2011, entre los periodos de gobierno de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón se habían otorgado un total de 772 permisos, de los cuales 595 corresponden a auto-abastecedores. Desde la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto el gobierno mexicano firmó convenios para apoyar los proyectos de reducción de emisiones con Alemania, Australia, Dinamarca, Canadá, España, Francia, Italia, Países Bajos y con el Banco Japonés de cooperación internacional, y a través de la SEMARNAT creó el Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR).
Estos proyectos muestran un ejemplo claro de que en México padecemos un sistema de Estado que mantiene una marcada y muy grave disociación entre las políticas de Estado, los problemas ambientales, y los derechos de los pueblos y de los ciudadanos.
Fuentes y notas
Fernández Vega, Carlos. México SA, en periódico La Jornada 24/01/11 y 8/03/11.
Furtado, Fabiana. 2012. Economía Verde. La nueva cara del capitalismo. Jubileo Sur/Américas, Río de Janeiro, Brasil.
Lohmann, Rarry. 2012. Mercados de Carbono. La neoliberación del clima. Ediciones Abya Yala, Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador.
Vázquez García, Aquilino. “El Mercado de los Bonos de Carbono”. Perspectivas de Derecho Ambiental.
[1] Actualmente 195 países se encuentran adheridos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
[2] Durante la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático realizada en Doha en el año 2012, 37 países desarrollados (potenciales clientes del mercado de bonos de carbono) firmaron una extensión del Protocolo de Kyoto. El acuerdo hecho fue mantener el Protocolo de Kyoto como medida transitoria hasta el año 2020.
[3] El Banco Mundial creo con este propósito el “Prototype Carbon Found-PCF”, fondo multinacional integrado por Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda y el Japan Bank for International Cooperation, más 17 empresas energéticas, financieras y comerciales más importantes de Japón y Europa y los principales bancos de los países industrializados.
[4] Este es uno de los aspectos incluidos en la actual propuesta de reforma energética planteada por el actual gobierno de Peña Nieto.
[5] En 1994 se realiza el estudio denominado “Estudio de la situación actual de la minihidráulica nacional y potencial en una región de los estados de Veracruz y Puebla”, que estudió 6 ríos (Bobos-Nautla, Actopan, la Antigua, Tuxpan, Cazones, Tecolutla) y sus 57 afluentes o ríos tributarios. En el 2003 se estudió la cuenca de los ríos Blanco, Jamapa y Pescados (Veracruz). En 2004 se estudiaron los dos afluentes del río Toto, los ríos Apatlahuaya y Moyotepec, en la Sierra de Zongolica Veracruz.
Un tema que afecta a todo el mundo: tierra y alimentos
Un tema que afecta a todo el mundo: tierra y alimentos
En Guatemala, ante el acaparamiento de tierras e imposición de monocultivos como la caña de azúcar y palma africana en el Valle del Polochic, mujeres como Matilde están alzando la voz
Giovany Ujpán – de Oxfam Intermón en Guatemala, en diario Público
«Mi nombre es Matilde Caal y tengo 45 años. Nací en el Valle del Polochic, Guatemala. Desde niña supe que los alimentos también son oportunidades para sacar adelante a nuestras familias, porque aparte de alimentarnos diariamente, permiten el intercambio entre las personas, lo que alimenta también la vida comunitaria, cuando se tiene acceso a la tierra para sembrar y cosechar.
Crecí trabajando la tierra. Pero durante mucho tiempo desconocí que mis abuelas y abuelos eran propietarios de tierras que después fueron acaparadas por finqueros, para quienes trabajamos muchas familias como mozos colonos durante años. Hasta que nos desalojaron en marzo de 2011, cuando los intereses de una empresa cañera fueron favorecidos por el Estado de Guatemala».
La historia de Matilde es larga, y continúa. Recientemente ha sido nombrada vicepresidenta de las 30 familias que desde el 13 de diciembre habitan la finca San Valentín, que han decidido llamar, a partir de ahora, comunidad Los Luchadores. Éste es el primer grupo reasentado, tras un proceso largo de más de dos años y medio, que continúa porque buscarán conseguir más tierras para sembrar y vivienda digna para las 769 familias de 14 comunidades desalojadas en el Valle del Polochic, en marzo de 2011.
En Guatemala, ante el acaparamiento de tierras e imposición de monocultivos como la caña de azúcar y palma africana en el Valle del Polochic, mujeres como Matilde están alzando la voz, animando y organizando a campesinas y campesinos. Con su ejemplo predica que los alimentos empoderan a las personas y deben ser un patrimonio, un derecho para todas y todos. Porque, como ella misma dice, “el tema de la tierra nos toca a todos en cualquier momento. Y las campesinas y campesinos podemos luchar contra el hambre y la pobreza a partir del acceso a la tierra. Sin tierras, simplemente no hay alimentos sanos”.
Leyes, políticas y economía verde al servicio del despojo de los pueblos
Leyes, políticas y economía verde al servicio del despojo de los pueblos
Nuevo número de la revista Biodiversidad, sustento y culturas
Más de 15 años discutiendo acuerdos internacionales sobre el clima en la ONU para en teoría reducir los gases con efecto de invernadero que genera el cambio climático, han sido hasta el momento un estrepitoso fracaso. Hoy no sólo existe una mayor concentración de polución en la atmósfera global, sino que las principales actividades causantes del calentamiento global, se han expandido drásticamente. Condicionadas a la lógica mercantil, las políticas climáticas consideran la contaminación y el “derecho a contaminar” como una mercancía más, dejando al servicio del mercado los derechos humanos y colectivos atropellados por la contaminación misma y los actores contaminantes.
Una de las políticas más utilizadas hasta la fecha en el marco de las negociaciones sobre el clima es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), con el cual —a través de controvertidos proyectos implementados en los países del Sur, tales como hidroeléctricas, instalación de tecnologías para reducir la quema de combustibles fósiles en industrias, parques de energía eólica, etcétera—, se generan créditos de carbono que son vendidos a los países del Norte y sus empresas contaminantes para en teoría “compensar” su propia polución. Es decir, los compradores pueden reportar ante la ONU los créditos adquiridos como “compensaciones” de sus propias emisiones, o si no pueden lucrar con la especulación de su compra-venta en los mercados de carbono. A la larga, el MDL no sólo ha permitido mayor extracción a nivel global, y por ende contaminación, generándole más lucros a los contaminadores, sino que además, ha generado serios impactos en las poblaciones locales donde se implementan los proyectos: desplazamientos forzados, contaminación de agua, tierras y aire, criminalización de las protestas, entre muchos otros3. La lógica del “desarrollo” vista como “crecimiento económico”, es ahora, con los mercados de carbono, catalogada como “verde” o “sustentable”.
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LEYES, POLÍTICAS Y ECONOMÍA VERDE AL SERVICIO DEL DESPOJO DE LOS PUEBLOS.pdf (6,74 MB)
Maíz, censura y corrupción en la ciencia
Maíz, censura y corrupción en la ciencia
Silvia Ribeiro. La Jornada, México
En 2012, un equipo científico liderado por Gilles-Éric Séralini publicó un artículo mostrando que ratas de laboratorio alimentadas con maíz transgénico de Monsanto, durante toda su vida, desarrollaron cáncer en 60-70 por ciento (contra 20-30 por ciento en el grupo de control), además de problemas hepato-renales y muerte prematura. Ahora, la revista que lo publicó se «retractó», en otra muestra vergonzosa de corrupción en los ámbitos científicos, ya que las razones esgrimidas no las aplica a estudios iguales de Monsanto. El editor admite que el artículo de Séralini es serio y «no peca de incorrecto», pero que los resultados «no son concluyentes», algo que atañe a gran cantidad de artículos y es parte del proceso de discusión científica.
La retractación viene luego de que la revista contratara como editor especial a Richard Goodman, un ex funcionario de Monsanto, y como corolario de una agresiva campaña de ataque contra el trabajo de Séralini, orquestado por las trasnacionales. El caso recuerda la persecución que sufrió Ignacio Chapela cuando publicó en la revista Nature que había contaminación transgénica en el maíz campesino de Oaxaca.
En otro contexto, pero sobre el mismo tema, Randy Schekman, galardonado con el Nobel de Medicina 2013, al recibir el premio llamó a boicotear a las publicaciones científicas “como Nature, Science y Cell”, (y podría haber incluido a la que ahora retractó a Séralini) por «el daño que le están haciendo a la ciencia», al estar más interesados en impactos mediáticos y ganancias que en la calidad de los artículos. Schekman aseguró que «nunca más publicará allí» y llamó a publicar en revistas de acceso abierto, con procesos transparentes. Se suma a otras denuncias sobre la relación incestuosa de las industrias con este tipo de revistas, para lograr la autorización de productos a través de publicar artículos «científicos».
El estudio de Séralini es muy relevante para México, porque las ratas fueron alimentadas con maíz 603 de Monsanto, el mismo que las trasnacionales solicitan plantar en más de millón de hectáreas en el norte del país. Si se aprobara, este maíz entraría masivamente en la alimentación diaria de las grandes ciudades del país, cuyas tortillerías se abastecen principalmente en esos estados. Como México es el país donde el consumo humano directo de maíz es el más alto del mundo y durante toda la vida, el país se convertiría en una repetición del experimento de Séralini, con gente en lugar de ratas, con altas probabilidades de desarrollar cáncer en algunos años, en un lapso de tiempo suficiente para que haya cambiado el gobierno y las empresas nieguen su responsabilidad, alegando que fue hace mucho y no se puede demostrar el maíz transgénico como causa «directa».
El artículo de Séralini fue publicado en la revista Food and Chemical Toxicology, luego de una revisión de meses por otros científicos. A horas de su publicación y en forma totalmente anticientífica (no podían evaluar los datos con seriedad en ese tiempo) científicos allegados a la industria biotecnológica comenzaron a repetir críticas parciales e inexactas, «curiosamente» iguales, ya que provenían de un tal Centro de Medios de Ciencia, financiado por Monsanto, Syngenta, Bayer y otras multinacionales.
Para retractar el artículo, ahora se alega que el número de ratas del grupo de control fue muy bajo y que las ratas Sprague-Dawley usadas en el experimento tienen tendencia a los tumores. Omiten decir que Monsanto usó exactamente el mismo tipo y la misma cantidad de ratas de control en un experimento publicado en su revista en 2004, pero sólo por 90 días, reportando que no había problemas, logrando la aprobación del maíz Mon603. Séralini prolongó el mismo experimento y lo amplió, durante toda la vida de las ratas, y los problemas comenzaron a aparecer a partir del cuarto mes. Queda claro que la revista aplica doble estándar: uno para Monsanto y otro para los que muestran resultados críticos.
El equipo de Séralini explicó que el número de ratas usadas es estándar en OCDE en experimentos de toxicología, pero para estudios de cáncer se usan más. Pero su estudio no buscaba «cáncer», sino posibles efectos tóxicos, lo cual quedó ampliamente probado. El mayor número de ratas en estudios de cáncer es para descartar falsos negativos (que haya cáncer y no se vea), pero en este caso la presencia de tumores fue tan grande que incluso para esa evaluación sería suficiente. Igualmente su equipo señaló desde el inicio que se deben hacer más estudios específicos de cáncer.
A nivel global hay varios comunicados firmados por cientos de científicos defendiendo el estudio de Séralini, pero en México la Cibiogem (comisión de bioseguridad) haciendo gala de su falta de objetividad y compromiso con la salud de la población, solamente publica el lado de la controversia que favorece a las trasnacionales, ignorando las respuestas de numerosos científicos independientes.
Esto es más preocupante ya que el gobierno afirma que la liberación de maíz transgénico en México se decidirá por criterios científicos. Sin embargo, consulta solamente a científicos como Francisco Bolívar Zapata, Luis Herrera Estrella, Peter Raven y otros que tienen conflictos de interés por su relación con la industria biotecnológica. El tema del maíz en México excede los aspectos científicos, pero cualquier consulta debe ser abierta y con científicos que no tengan conflictos de interés. Por ejemplo, tomar en cuenta los documentos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, apoyados por más de 3 mil científicos a nivel mundial.
*investigadora del Grupo ETC
Undécima carta a las izquierdas: ¿ecología o extractivismo?
Undécima carta a las izquierdas: ¿ecología o extractivismo?
Boaventura de Sousa Santos. Publico.es
En la décima carta a las izquierdas afirmé que al inicio del tercer milenio las izquierdas se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo; y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En este texto voy a centrarme en el segundo desafío.
Antes de la crisis financiera, Europa era la región del mundo donde los movimientos ambientalistas y ecologistas tenían más visibilidad política y donde la narrativa de la necesidad de complementar el pacto social con el pacto natural parecía gozar de una gran aceptación pública. Sorprendentemente o no, con el estallido de la crisis estos movimientos y esta narrativa desaparecieron de la escena política y las fuerzas políticas más directamente opuestas a la austeridad financiera reclaman crecimiento económico como única solución, y excepcionalmente hacen alguna declaración algo ceremonial sobre la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad. De hecho, las inversiones públicas en energías renovables fueron las primeras sacrificadas por las políticas de ajuste estructural. Antes de la crisis el modelo de crecimiento en vigor era el principal blanco de crítica de los movimientos ambientalistas y ecologistas precisamente por insostenible y producir cambios climáticos que, según los datos la ONU, serían irreversibles a muy corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa ecológica muestra que el capitalismo no sólo tiene prioridad sobre la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo.
Hoy, sin embargo, resulta evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca los límites de carga del planeta Tierra. En los últimos meses se han batido varios récords de peligro climático en Estados Unidos, la India, el Ártico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y gravedad. Prueba de ello son las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la escasez creciente de agua potable, el uso de terrenos agrícolas para agrocombustibles, la deforestación de bosques. Poco a poco se va constando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, en última instancia, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está relacionado: la crisis alimentaria, la ambiental, la energética, la especulación financiera sobre las commodities y los recursos naturales, la apropiación y concentración de tierra, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y su privatización, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para dar paso a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por la dramática degradación ambiental, con mayor incidencia de cáncer en determinadas zonas rurales, los organismos modificados genéticamente, el consumo de agrotóxicos, etc. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Rio+20, celebrada en junio de 2012, fue un fracaso rotundo debido a la complicidad mal disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes para dar prioridad a los beneficios de sus empresas a costa del futuro de la humanidad.
La valoración internacional de los recursos financieros permitió en varios países de América Latina una negociación de nuevo tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del intercambio desigual (las materias primas siempre menos valoradas que los productos manufacturados) que encadenaba a los países de la periferia del sistema mundial al desarrollo dependiente permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas del desarrollo”, se liberasen de este fardo histórico, transformando el boom en una ocasión única para llevar a cabo políticas sociales y de redistribución de la renta. Las oligarquías y, en algunos países, sectores avanzados de la burguesía industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron aumentado su poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente hasta el punto de que algunos analistas vieron el surgimiento de un nuevo régimen de acumulación, más nacionalista y estatista: el neodesarrollismo basado en el neoextractivismo.
Sea como sea, este neoextractivismo tiene como base la explotación intensiva de los recursos naturales y plantea, en consecuencia, el problema de los límites ecológicos (por no hablar de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del capitalismo. Esto resulta más preocupante en cuanto que este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez más potentes y todo lo que interfiera en su camino y complique el trayecto tiende a ser aniquilado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o sólo tuvo en condiciones de dictadura.
Dado su atractivo, estas locomotoras son magníficas para convertir las señales cada vez más perturbadoras de la inmensa deuda ecológica y social que crean en un coste inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian una temporalidad afín a la de los gobiernos: el boom de los recursos no va a durar siempre, y eso hay que aprovecharlo al máximo en el menor espacio de tiempo. El brillo del corto plazo ofusca las sombras del largo plazo. Mientras que el boom configure un juego de suma positiva, cualquiera que se interponga en su camino es visto como ecologista infantil, campesino improductivo o indígena atrasado de los que a menudo se sospecha que se trata de “poblaciones fácilmente manipulables por Organizaciones No Gubernamentales no se sabe al servicio de quién”.
En estas condiciones, resulta difícil activar principios de precaución o lógicas a largo plazo. ¿Qué sucederá cuando termine el boom de los recursos? ¿Cuando sea evidente que la inversión en “recursos naturales” no fue debidamente compensada por la inversión en “recursos humanos”? ¿Cuando no haya dinero para generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas, el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, quilombolas y ribereñas expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen por las periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les será negado? La ideología económica y política dominante considera estas preguntas escenarios distópicos exagerados o irrelevantes, fruto del pensamiento crítico entrenado para pronosticar malos augurios. En suma, un pensamiento muy poco convincente y en absoluto atractivo para los grandes medios.
En este contexto, sólo es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos sociales y organizaciones lo suficientemente valientes para dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado de este modelo, dramatizar su negatividad y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Es un proceso lento en que la historia particular de cada movimiento todavía pesa más de lo que debería, aunque ya son visibles articulaciones entre luchas por los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, los transgénicos, la impunidad de la violencia en el campo, la especulación financiera con los alimentos, luchas por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos indígenas y quilombolas, el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, luchas por la economía solidaria, la agroecología, la gravación de las transacciones financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etc.
Al igual que ocurre con la democracia, sólo una conciencia y una acción ecológica robusta y anticapitalista pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” hay que contraponer el “ecologismo de los pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad, vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza.
Movilización por la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra y Costa Sur de Chiapas
Movilización por la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera en Chiapas
Las comunidades agrupadas en La Voz del Pueblo se levantarán, en un acto que dará comienzo a las 10am, para dar a conocer a la opinión pública la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera en Chiapas, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre en la Parque Central Miguel Hidalgo en Tapachula, Chiapas.
AUDIO INVITACIÓN
https://soundcloud.com/sancristencia/sets/promo-declaraci-n-de
El otorgamiento de licencias para la construcción de nuevas represas y la exploración y explotación minera en el estado de Chiapas gozan de una nula participación social, tanto de las comunidades afectadas directa e indirectamente, así como de otros actores sociales. Esto se observa claramente en las zonas Sierra y Costa Sur del estado, donde los tres niveles de gobierno y las empresas que impulsan dichos megaproyectos no han respetado el derecho al consentimiento previo, libre e informado de la población, violando con ello convenios, acuerdos, entre otros instrumentos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos que el gobierno de México ha firmado y ratificado, tales como el convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, los Acuerdos de San Andrés, la ley agraria, etc.
Desde hace más de un año, varias comunidades que serán afectadas por estos proyectos, han expresado en reiteradas ocasiones su oposición a que se impulsen estos planes por la vía de la imposición. Cabe destacar que la población todavía no ha recibido información clara y detallada sobre los Manifiestos de Impacto Ambiental ni las posibles afectaciones a su salud o el riesgo al que se verían expuestos los habitantes de la zona.
Debido a lo anterior y, amparados en los instrumentos antes mencionados, las comunidades agrupadas en La Voz del Pueblo se levantarán, en un acto que dará comienzo a las 10am y ofrecerá una Rueda de Prensa a las 12:30pm, para dar a conocer a la opinión pública la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y Llanura Costera en Chiapas, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre en la Parque Central Miguel Hidalgo en Tapachula, Chiapas.
La Voz del Pueblo los invita y anima cordialmente a participar en esta especial ocasión, donde se busca dar a conocer al pueblo de Chiapas y de México que los proyectos hidroeléctricos y mineros en la Sierra y Llanura Costera de Chiapas no cuentan con licencia social para llevarse a cabo y que las comunidades se están organizando para resistir la imposición de megaproyectos en la región.
Atentamente,
¡Porque no hay licencia social para represas y minas en la Sierra y Costa!
¡Ríos para la vida, no para las represas!
¡Porque el agua vale más que el oro! ¡No a la minería!
La Voz del Pueblo
Petróleo: un pilar de la expansión del capitalismo
LA AMENAZA MUNDIAL DEL PETRÓLEO Y EL CAMINO HACIA SOCIEDADES POSPETROLERAS
– Petróleo: un pilar de la expansión del capitalismo
Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)
El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos que, junto con el carbón y el gas natural, se formó hace unos 300 millones de años, durante el Periodo Carbonífero de la Era Paleozoica. Convertido en “combustible fósil” en la era moderna, es el resultado del accionar de millones de años sobre restos de animales y plantas cubiertos por arcilla, tierra y minerales, sometidos a grandes presiones, altas temperaturas y la acción de bacterias anaeróbicas, es decir aquellas bacterias que sólo pueden desarrollarse en ambientes carentes de oxígeno.
Para acceder a los depósitos de petróleo en el subsuelo terrestre o marino, y extraerlo, es necesario realizar perforaciones. Pero previamente hay un trabajo de exploración (prospección) que también implica el uso de instrumentos de gran precisión, la intervención de geólogos, geofísicos, ingenieros, la construcción de caminos y sistemas de comunicación, la movilización de vehículos y helicópteros, la instalación de campamentos y laboratorios. Entre los diversos métodos de prospección figura la sismografía, técnica por la cual se hacen estallar cargas de dinamita en pozos de escasa profundidad, registrando las ondas reflejadas en las napas profundas por medio de sismógrafos combinados con máquinas fotográficas. Otra técnica es la exploración en profundidad, por la cual a partir de la perforación de pozos profundos se analizan las muestras del terreno a diferentes profundidades y se estudian sus características.
Para la extracción de petróleo se sigue utilizando básicamente la misma técnica de bombeo desarrollada por Edwin L. Drake, de Pennsylvania, Estados Unidos, en1859, que estableció la base de la industria petrolera y aceleró el camino de la era industrial. Los depósitos de petróleo suelen estar a miles de metros por debajo de la superficie (generalmente entre 3000 o 4000 metros, aunque existen pozos de 5000 o 6000 metros de profundidad. Una vez que la perforación llega al yacimiento, el cambio de presión hace aflorar el petróleo en su forma viscosa, que es recogido a través de las torres petroleras. Ésta es la producción primaria, que puede durar años, pero cuando la presión cede se utilizan bombas para seguir extrayendo el crudo. El líquido obtenido se transporta a través de oleoductos o de barcos, para su posterior refinación.(1)
Es tristemente conocido el desastre ambiental tanto de los pozos de extracción petrolera y las chimeneas que queman los gases que emanan del crudo como los oleoductos que lo transportan. De ello dan testimonio las comunidades de Nigeria que viven en torno al despilfarro que representa la quema del gas de petróleo sobrante que realizan las empresas, por motivos puramente económicos. En la región del Delta del río Níger se queman diariamente más de 2 billones de pies cúbicos de gas. Las enormes llamaradas inyectan en el aire enormes cantidades de gas de efecto invernadero y de sustancias tóxicas. NnimmoBassey, de Oilwatch, describe que “No hay un soplo de aire fresco en los alrededores de estas llamaradas. Causan asma, bronquitis, cáncer y trastornos sanguíneos. También derraman lluvia ácida sobre el suelo, la vegetación, los edificios y la gente”(ver Boletín 133 del WRM). Los oleoductos han abierto los bosques a los depredadores mientras que los derrames, la quema constante de gas y los incendios forestales forman parte de la vida cotidiana de las comunidades, a las que el petróleo no ha traído más que miseria.
La tecnología ha permitido extraer también petróleo del lecho marino- los pozos marinos producen alrededor del 25% del petróleo extraído en todo el mundo. Mediante el uso de sofisticados equipos, instalaciones submarinas y de alta mar, a través de plataformas petroleras flotantes o ancladas en el fondo, se logra llegar a profundidades de hasta más de 1.000 metros. La explotación de petróleo en mar abierto (off-shore) ha ido acompañada de grandes desastres ambientales, a raíz tanto de los derrames de petróleo y de productos químicos tóxicos en el agua como por la liberación de gases nocivos a la atmósfera, que diezman la vida marina circundante afectando en algunos casos la soberanía alimentaria de comunidades pesqueras.
Con posterioridad a su refinación, el petróleo y sus derivados atraviesan una extensa red de distribución y comercialización en la que intervienen intermediarios, distribuidores mayoristas y minoristas, depósitos, puntos de venta, en un acarreo también riesgoso, que recorre todo el planeta.(2)
Mapa del petróleo
Si bien la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo son pequeñas, son unas pocas reservas de gran tamaño las que contienen la mayoría del petróleo en el mundo, concentradas en unas pocas regiones (provincias petroleras) donde se formaron cuencas de sedimentación que almacenan petróleo y gas en campos y yacimientos.
Aproximadamente el 86% del petróleo mundial se localiza en 23 provincias petroleras. Otras cifras registran que alrededor de 15 países producen el 75% del petróleo mundial y poseen el 93% de las reservas petroleras. A su vez, más de la mitad de las reservas de petróleo probadas están localizadas en Medio Oriente, donde Arabia Saudita posee el mayor pozo de crudo del mundo, Al-Ghawār. Irak, Kuwait e Irán también tienen pozos gigantes.
En América del Norte, Estados Unidos ha sido el que ha producido más petróleo en el mundo y algunos de sus campos están mermando, pero aún se cree que posee importantes yacimientos por descubrir. México es uno de los 10 principales productores mundiales de petróleo, si bien su yacimiento más importante se está agotando. Canadá ha comenzado a explotar mediante fracturación hidráulica los enormes depósitos de arenas de petróleo o arenas bituminosas (tar sands) de Athabasca, provincia de Alberta, que quedan bajo 141.000 km2 de bosques y pantanos de turba.
En América del Sur, Venezuela descolla como el mayor exportador de petróleo y tiene el segundo mayor depósito de petróleo, luego de Arabia Saudita. Brasil es el segundo mayor productor de América del Sur y la mayoría de sus reservas están en el Océano Atlántico.
Las reservas de petróleo del Reino Unido en el Mar del Norte son las mayores de la Unión Europea, y lo ubican como un importante productor, si bien sus niveles han bajado y ahora es un importador neto de petróleo. Rusia tiene importantes reservas así como el mejor potencial de nuevos yacimientos.
Recientemente se ha localizado en el sur de Australia un gigantesco yacimiento de petróleo bituminoso que podría ubicar a este país como la “segunda Arabia Saudita” en materia de producción petrolera.
En África, el atractivo de un petróleo barato – básicamente porque su extracción se realiza sin atender los costos ambientales y sociales –y el proceso de intensa inversión de capitales en la región que supone la usurpación de extensos territorios, ha hecho quelas torres petroleras avancen en las regiones Oriental y Meridional del continente, desestabilizando gobiernos y dividiendo a las comunidades. Mientras la fiebre del gas y del petróleo ataca a los magnates de Tanzania, Mozambique, Madagascar, Chad, Mauritania, Etiopía, Eritrea, Somalia, etc., a las comunidades locales nunca se les pone al tanto de lo que les está por pasar, como ocurrió con el Gasoducto de África Occidental (WAGP), en que ni siquiera se respetaron las reglas ambientales del Banco Mundial, como denunciaron las comunidades. Así, los pobres continúan subsidiando los costos del petróleo con las pérdidas que sufren en su calidad de vida y la degradación extrema del medio ambiente. (Ver Boletín 133 del WRM)
Por otra parte, frente a la progresiva disminución de algunos yacimientos, las compañías petroleras han desarrollado nuevas formas de tecnología que les permiten expandir la explotación petrolera y avanzar sobre zonas remotas y antes inaccesibles en el mar – como es el caso del yacimiento de Tupi en aguas ultra profundas de Brasil- , las regiones árticas y los bosques tropicales, alterando y destruyendo frágiles ecosistemas y agravando dramáticamente las emisiones de carbono y con ello el cambio climático.
La técnica no convencional de fracturación hidráulica (fracking), que mediante presión amplía las fracturas del sustrato rocoso que encierra el petróleo y favorece así su salida hacia el exterior, abre una nueva frontera más fronteras a la explotación petrolera y con ello a los inherentes riesgos ambientales que conlleva. En este caso, además de un enorme consumo de agua, la multitud de compuestos químicos que se emplean con el fin de favorecer la disolución de la roca terminan contaminando tanto el terreno como los acuíferos subterráneos. Por otra parte, esta tecnología “de fuerza bruta” aplica un proceso no lineal y caótico que puede llegar a fracturar napas de agua y otros pozos de petróleo y gas.
El rol del petróleo
Actualmente el petróleo es uno de los pilares de la economía globalizada, un producto estratégico para la expansión del capitalismo. Con sus innumerables derivados producto de la transformación química a través de industria petroquímica que da origen a plásticos, fibras sintéticas, detergentes, medicamentos, conservadores de alimentos, hules y agroquímicos, entre otros, el petróleo da forma a la civilización petrolera, con su trágica secuela de guerra y destrucción.
Si bien desde la antigüedad, los sumerios, asirios, babilonios, egipcios y más actualmente indígenas americanos lo utilizaron para distintas aplicaciones – para la construcción, como medicina, como combustible de lámparas, para protección de canoas -, fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y en el marco de la Revolución Industrial, que se impuso su uso para la elaboración de combustible para motores (gasolina y sustancias petroquímicas), desplazando al carbón. Surgió en ese entonces la Standard Oil de Rockefeller, la mayor empresa refinadora, transportista y vendedora de petróleo del mundo, con sede en Estados Unidos, país que hasta la Segunda Guerra Mundial fue el principal productor y consumidor de petróleo.
En la Primera Guerra Mundial el petróleo tuvo un papel decisivo en su desarrollo y desenlace, ya que alimentaba los noveles tanques en tierra, los buques y submarinos y los primeros aeroplanos y aeronaves bélicos utilizados para reconocimiento, ataque y bombardeo. En esa época, la producción de Estados Unidos, alejado del campo de batalla, pasó de 33.000 toneladas en 1913 a 44.000 en 1917 y a 62.000 en 1920. En el periodo de postguerra la industria petrolera creció, junto con la industria del gas natural, desplazando definitivamente al carbón. (3)
En 1938, la producción mundial de petróleo alcanzaba las 276 mil de toneladas, cifra que aumentó a 370 mil en 1946, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1950 y 2000, la producción global de crudo se quintuplicó en promedio. En 2012 se registró un consumo mundial promedio de 89 millones de barriles, 30% más que en 1992, produciendo 14.110 millones de toneladas de emisiones de carbono.
El petróleo, con todos sus derivados y aplicaciones, habilitó al gran capital, a través de los tractores motorizados, las avionetas, las motosierras y los agroquímicos que alimenta, a lanzarse a la expansión del agronegocio, con su producción masiva e industrializada de alimentos y madera. El despliegue de tales herramientas productivas benefició a los grandes monopolios petroleros, que se inició con las Siete Hermanas – Anglo-Persian Oil Company (ahora BP); Gulf Oil, Standard Oil of California (SoCal) y Texaco (ahora Chevron); Royal Dutch Shell; y Standard Oil of New Jersey (Esso) y Standard Oil Company of New York (Socony) (hoy Exxon Mobil) –, que dominaron el negocio petrolero hasta principios de la década de 1960. Una vez creada la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la influencia de esas empresas se redujo. Posteriormente, como consecuencia de una serie de fusiones, de las siete quedaron cuatro –Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell y BP –, si bien con un capital muy superior al que poseían las Siete Hermanas. (4)
El negocio petrolero ha sembrado a su paso una deforestación vertiginosa, ha alterado y destruido ecosistemas, ha desmantelado la vida campesina y la soberanía alimentaria de numerosas comunidades.Como bien expresa Andrés Barreda: “El periodo neoliberal es la época que más energía ha quemado en toda la historia de la humanidad. El consumo y el despilfarro de energía y materiales de la industria, las ciudades y el campo capitalistas crecen de forma descomunal, muy especialmente el consumo energético de las redes intermodales globales de transporte y sus casi mil millones de vehículos y de la red electroinformática multimodal de computadoras, teléfonos celulares, etc. que actualmente articulan al autómata mundial, conformando una economía capitalista vorazmente adicta al constante aumento de la producción y el consumo mundial de las tres energías fósiles: petróleo, gas y carbón”.
Petróleo maldito
En países del Sur, largamente abusados por la colonización y cercados para hacerlos dependientes, el petróleo suele ser una maldición, encontrando en los países del África su máxima expresión. Las comunidades de Kuwait, Nigeria, Angola, República del Congo, Gabón, países petroleros de la región, han sufrido y siguen sufriendo la “maldición” del petróleo, que no les ha traído ninguna riqueza.
En el Delta del Níger, los casos de cáncer, infertilidad, leucemia, bronquitis, asma, mortalidad infantil, bebés con deformaciones y otros problemas relacionados con la contaminación tienen una inusitada frecuencia. Las comunidades deben enfrentar constantemente las consecuencias de los derrames de petróleo, la quema de gas y otras amenazas que surgen de las actividades de exploración. De las empresas petroleras que operan en el Delta del Níger, Shell ha sido la de mayor notoriedad por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades, sobre las que las fuerzas de seguridad contratadas por la empresa avanzaron con tanques de guerra y armas, disparando y matando a cientos de personas, incluso mujeres y niños, arrasando aldeas enteras y mutilando a miles de personas, en los tiempos en que Saro-Wiwa despertó la conciencia de la nación y de la comunidad internacional sobre la injusticia ambiental en Ogoniland (ver Boletín 152 del WRM).
En torno a la industria petrolera – junto con la minería – el capitalismo ha organizado la producción industrial de la mayor parte de las sustancias y energías perniciosas que hoy saturan no solamente los depósitos de basura sino también los sistemas hídricos, la atmósfera y finalmente el clima del planeta.
Las compañías petroleras, aunque prometen responsabilidad social, controles y medidas de seguridad adecuados y el uso de las mejores prácticas, actúan con total impunidad, violando derechos humanos y contaminando el ambiente en grados que representan crímenes contra el ambiente, la naturaleza y la humanidad en su conjunto. Frente al poder de los gigantes petroleros, difícilmente los estados pueden proteger a sus pueblos o a la naturaleza forzándolos a hacerse responsable de sus actos. E incluso en aquellos casos en que hay una respuesta judicial, suele ser insuficiente en términos de dar satisfacción a los reclamos de justicia de las comunidades afectadas, cuyos valores, cultura o derecho tradicional en algunos casos no tienen cabida en los sistemas judiciales. Tal es el caso de las tierras sagradas, los conceptos de propiedad comunitaria de la tierra o los Derechos de la Naturaleza, este último concepto incorporado en la constitución ecuatoriana. (5) Para el pueblo U’wa, que habita las selvas del oriente colombiano, el petróleo es la sangre de la Madre Tierra, por lo que perforarla constituye una profanación. Expresan: “Sabemos que el riowa (hombre blanco) le ha puesto precio a todo lo vivo y hasta a la misma piedra, comercia con su propia sangre y quiere que nosotros hagamos lo mismo en nuestro territorio sagrado ruiria, la sangre de la tierra a la que ellos llaman petróleo…todo esto es extraño a nuestras costumbres…” (6) Por eso han mantenido un prolongado conflicto con el estado colombiano y la empresa estadounidense Occidental Petroleum (OXY), autorizada por el gobierno a desarrollar un proyecto petrolero en el corazón del territorio U´wa, sufriendo represión y muerte.
Las comunidades están cuestionando la extracción de petróleo que envenena sus tierras, sus aguas y su atmósfera. No quierenvivir más en medio de derrames, de llamaradas de gas y de los trastornos económicos y sociales que la industria deja a su paso. No quieren más la deforestacióncausada por la industria petrolera. Y piden que el petróleo crudo permanezca en la tierra a la que pertenece, un reclamo que se extiende por el mundo y abarca al gas y al carbón.
Todas las señales hablan del peligro inminente que enfrenta la humanidad, consecuencia directa del modelo dominante dela actual “civilización petrolera”, cuyas formas productivas, comerciales y de consumo arrasan y se imponen sobre las grandes mayorías, para beneficio de unos pocos. El moderno estilo de vida occidental y urbana se sustenta en un elevado consumo de energía, que encierra una enorme injusticia social y ambiental. Según cifras de un reciente informe de Amigos de la Tierra sobre energía (7), 1.300 millones de personas, o un quinto de la población mundial, no tiene acceso a la energía eléctrica. El consumo de energía per cápita en Estados Unidos y Canadá es aproximadamente el doble que el de Europa o Japón, más de diez veces el de China, casi 20 veces más que el de India y aproximadamente 50 veces más que el de los países más pobres del África Subsahariana.
No obstante, las comunidades más vulnerables – justamente aquéllas que menos acceso tienen a los usos y aplicaciones del petróleo – son las más afectadas por el cambio climático causado por las emisiones globales de gases de efecto invernadero, cuyo 57% por ciento resulta del dióxido de carbono liberado por el uso de combustibles fósiles.
Por otro lado, el petróleo se ha impuesto ideológicamente como una fuente de energía imprescindible para las globalizadas “sociedades de plástico”, centralizada por multinacionales para las cuales resulta una actividad financieramente lucrativa, simplemente porque no contabiliza los desastres ambientales y sociales que provoca.
El cambio hacia sociedades que sean ambiental y socialmente justas y saludables, también en términos de energía, resulta cada vez más urgente. Y no se trata de un mero cambio de fuentes de energía. Si se mantienen los poderosos intereses económicos, políticos y financieros que hoy sustentan el engranaje petrolero, si continúa la inequidad, si se manejan las mismas grandes escalas, si se excede la capacidad, cualquier energía renovable puede resultar finalmente tan perniciosa como el petróleo.
La apuesta está en las visiones de sociedades solidarias que construyan los movimientos sociales y en el poder que acumulen en torno a eso para rescatar a la humanidaddel actual rumbo nefasto, en el que, a la larga, nadie saldrá ganando.
Una nueva frontera del petróleo: las arenas bituminosas
En el norte de Alberta, bajo un área del tamaño de Florida, se encuentran las arenas de alquitrán – una mezcla de arena, arcilla y un crudo pesado o sustancia alquitranada llamada bitumen.
Para extraer el bitumen se elimina toda la vegetación sobre la tierra, al estilo de mina a cielo abierto. y Es así que la producción de petróleo a partir de arenas bituminosas arrasó el delta de Athabasca, sus bosques prístinos y sus ríos y lagos impolutos, convirtiéndolo en un devastado horizonte deforestado, minas a cielo abierto y aguas contaminadas.
Luego de separado el bitumen de la arenisca, se lo somete a procesos que lo refinan, en gigantescas instalaciones humeantes que contaminan la atmósfera. Las aguas residuales del proceso se almacenan en enormes estanques de residuos tóxicos que incluso son visibles desde el espacio.
El requerimiento de agua para este proceso es enorme: por cada barril de petróleo se utilizan entre 2 y 6 barriles de agua. En la actualidad, las operaciones tienen licencia para desviar 652 millones de metros cúbicos de agua dulce al año, el 80% del río Athabasca. Alrededor de 1,8 millones de metros cúbicos de esta agua se convierten diariamente en aguas residuales altamente tóxicas, cuya filtración está contaminando el río Athabasca así como las napas subterráneas que fluyen a territorios de pueblos indígenas, quienes han denunciado la aparición de cánceres poco frecuentes y virulentos en varios miembros de la comunidad. También se han encontrado deformaciones y tumores en peces y animales de caza.
Fuente: Indigenous Environmental Network, http://www.ienearth.org/what-we-do/tar-sands/
En Camisea, Perú, Pluspetrol pone en peligro a pueblos indígenas aislados, ¡y pretende la recompensa de un proyecto REDD+!
Desde 2004, un consorcio dirigido por la compañía petrolera y gasera argentina Pluspetrol está explotando los yacimientos de gas de Camisea, en Perú, dentro de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti. Ahora, la compañía planea perforar nuevos pozos, construir una extensión de oleoducto de 10,5 km y realizar pruebas sísmicas a través de cientos de kilómetros cuadrados, como parte de una expansión masiva de sus operaciones. Si bien el proyecto aún no ha sido aprobado por el Ministro de Energía y Minas de Perú, la organización Forest Peoples Programme (FPP) denunció que las fotos que figuran en un informe interno de una agencia gubernamental peruana revelan talas ilegales en la reserva que, supuestamente, protege a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.
Una Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto revela que Pluspetrol reconoce que el contacto con indígenas en aislamiento voluntario será “probable” durante las operaciones, que dichas personas son generalmente muy vulnerables al contacto, que, como resultado, pueden ocurrir “numerosas muertes”, y que la expansión tendrá, o podría tener sobre ellos impactos considerables por muchas y variadas razones (por más información sobre los pueblos en aislamiento voluntario ver el Boletín 194 del WRM).
Increíblemente, Pluspetrol no sólo quiere expandir sus actividades en la Amazonía sino que también pretende ser “recompensada” con los beneficios de un proyecto REDD+ que otorgaría a la compañía los créditos de carbono que podrían generarse gracias a las áreas boscosas de la reserva que permanezcan en pie (ver Masking the Destruction: REDD+ in the Peruvian Amazon http://wrm.org.uy/books-and-briefings/masking-the-destruction-redd-in-the-peruvian-amazon/).
(1) El petróleo, http://www.elpetroleo.50webs.com/perforacion.htm
(2) “Sueños de oleoductos y tuberías”, Isaac Osuoka, OilwatchAfrica, en “Fluye el petróleo, sangra la selva”, Oilwatch, http://www.oilwatch.org/documentos/libroshttp://www.
(3) “Petróleo, el combustible del capitalismo”, María Ibáñez, enlucha.org/site/?q=node/831
(4) “Manipulaciones y zarandeos de la actual civilización petrolera mundial”, Andrés Barreda, Informe para Oilwatch, http://www.oilwatch.org/component/content/article/118-varios/documentos/131-manipulaciones-y-zarandeos-de-la-actual-civilizacin-petrolera-mundial#sdfootnote14sym
(5) “Digging for dirty oil. Reviewing corporate oil liabilities and EJO legal strategies for environmental justice”, EJOLT, October 2013, http://www.ejolt.org/2013/10/digging-for-dirty-oil-reviewing-corporate-oil-liabilities-and-ejo-legal-strategies-for-environmental-justice/
(6) Carta de los U´wa al mundo, http://www.asociacion.ciap.org/IMG/pdf/Carta_U_Wa.pdf
(7) “Good energy, bad energy”, http://www.foei.org/en/good-energy-bad-energy