Como en los peores años
Dirigente comunitario guatemalteco es secuestrado en acción conjunta entre el gobierno y empresa de capitales españoles
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En la mañana del viernes 27 de setiembre, el cielo del municipio de Santa Cruz Barillas (departamento de Huehuetenango, Guatemala) amaneció sobrevolado por helicópteros. En esa misma mañana, civiles y militares capturaron al militante Maynor López, reconocido líder opositor a la instalación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, perteneciente a la empresa Hidralia SA de capitales españoles, a través de su subisdiaria Hidro Santa Cruz.
Los secuestradores apuntaron con armas de fuego y agredieron Maynor, llevándolo en una camioneta (que los pobladores reconocen como uno de los vehículos de la empresa), hasta un lugar alejado de la comunidad, donde se encontraba uno de los helicópteros que lo llevaría hasta la capital Ciudad de Guatemala, en una acción que las comunidades no dudan en considerar como un secuestro.
“Es un plan de agresión e invasión transnacional tutelado por los gobiernos de turno que implantan proyectos de saqueo a nombre de un falso de desarrollo”, afirmó Basilio Tzoy en entrevista con Radio Mundo Real, describiendo el acoso permanente del que vienen siendo víctimas las comunidades guatemaltecas en resistencia a los megaproyectos transnacionales. Una situación que según indica «hace recordar y vivir el conflicto armado interno en Guatemala durante 36 años de guerra».
Años de represión
La resistencia a este proyecto hidroeléctrico ocurre desde 2007, año en que las comunidades rechazan de forma contundente a través de consultas populares, la instalación de megaproyectos en sus territorios. Pero el conflicto siguió y se agravó el 1º de mayo de 2012, cuando hombres armados emboscaron y asesinaron a Andrés Francisco Miguel, hiriendo gravemente también a sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé.
El gobierno de Otto Pérez Molina declaró un Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas ese mismo día, dando lugar a numerosas detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos de los y las pobladoras. Ocho de los defensores comunitarios y territoriales quedaron presos durante más de ocho meses siendo liberados a principios de este año.
Nueva ofensiva violenta
Este es el segundo secuestro del que es víctima Maynor, en mayo de este año el militante fue capturado y torturado en circunstancias muy similares a las ocurridas recientemente. Ahora, el dirigente estaría siendo acusado por “delitos de evasión, robo agravado, atentado con agravación específica e instigación a delinquir”, según informóPrensa Comunitaria.
Sin embargo en el transfondo de estas acusaciones está el hecho de que Maynor fue uno de los fuertes opositores a una mesa de negociación con participación restringida que quiso imponer el día 3 de setiembre, el presidente Otto Peréz Molino junto a la empresa Hidro Santa Cruz a la comunidad. Además del secuestro de Maynor, existen unas 22 órdenes de captura contra defensores comunitarios de Santa Cruz Barillas, para lo cual se han enviado unos 700 efectivos policiales a ese municipio, según cuenta Basilio Tzoy.
La resistencia aumenta
“Santa Cruz Barillas ha estado en Asamblea Permanente, con cerca de 5 mil a 8 mil personas presentes cada vez que se reúnen”, señala Basilio en referencia a la fortaleza que tiene la resistencia a la instalación del megaproyecto.
Agrega además que a la resistencia se han sumado ocho municipios más del departamento de Huehuetenango, además de comunidades del departamento de Quiché, que se encuentran en lucha contra otros proyectos hidroeléctricos.
Por último, Basilio señala que aunque la empresa Hidro Santa Cruz haya suspendido el trabajo en la región, “sus infiltrados siguen en las comunidades, han tenido reuniones, están comprando líderes, y han amenazado incluso sus propios trabajadores”.
En el día de hoy la Asamblea Departamental de Huehuetenango estará difundiendo un comunicado en el que rechazarán las acciones cometidas conjuntamente por el gobierno nacional y la empresa Hidro Santa Cruz en contra de las comunidades en defensa de su territorio.
COMUNICADO DE PRENSA de LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LOS PUEBLOS DE HUEHUETENANGO ADH
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EXPRESAMOS
La agresión actual a los pueblos Q’anjob’al, Akateko, Chuj y mestizo de la Región Norte del departamento de Huehuetenango, de parte del Presidente y comandante en Jefe del Ejército Nacional, General Otto Fernando Pérez Molina, quien en conferencia de prensa resaltó la importancia rica de los recursos hídricos, minerales, petrolero y forestales.
Estas agresiones, son parte del nuevo proceso de invasión transnacional tutelado por los gobiernos que se turnan en el poder e implantan proyectos de saqueo en nombre de un Falso Desarrollo.
Estas acciones, se enmarcan dentro de una estrategia de carácter contrainsurgente que hacen recordar y revivir el conflicto armado interno de los años ochenta, donde los militares orquestaban planes de agresión y violentaban derechos humanos fundamentales de la sociedad civil; los días 28, 29 y 30 de septiembre del presente año, han usado helicópteros a vuelo rasante, vehículos artillados, tropas del ejército y elementos de fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, para aterrorizar a la población.
Toda la estrategia de invasión ha utilizado desproporcionadamente a los elementos policiales y militares con características de estado de Guerra, en la cual se ha ocasionado la muerte de ciudadanos y varios heridos; ésta, es una responsabilidad imperdonable del Estado.
Estas conductas represivas y terroristas, pretenden paralizar las luchas pacíficas y legítimas en defensa del territorio de los pueblos.
Las licencias han sido otorgadas a las empresas en territorios donde existimos, vivimos y que hemos cuidado por miles de años.y no permitiremos que nos destruyan.
POR LO TANTO:
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncie y se solidarice con los pueblos que conviven en Guatemala.
Mantendremos una vigilancia y observancia permanente de los derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos, porque los ataques continúan en contra de la población civil de Barillas.
EXIGIMOS:
1. Al Gobierno y sus Ministros que respeten los derechos humanos y colectivos de los pueblos así como dejar de mentir y confundir a la comunidad nacional e internacional.
2. El retiro de todas las tropas del ejército y fuerzas especiales de la PNC del Norte de Huehuetenango, garantizando la protección de los derechos humanos y no al servicio de las empresas transnacionales.
3. La cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas, petroleras y otros mega-proyectos otorgados en el departamento, que son las causas del socavamiento de la paz y la libertad de los pueblos.
4. El respeto a las consultas comunitarias expresadas desde el año 2,006 hasta la fecha.
LOS PUEBLOS Q’ANJOB’AL, CHUJ, AKATEKO Y MESTIZO HAN CUIDADO HISTORICAMENTE EL TERRITORIO PARA QUE TODOS Y LAS FUTURAS GENERACIONES.
LOS PUEBLOS SOLO QUEREMOS QUE NOS TRATEN COMO PERSONAS Y QUE NOS DEJEN VIVIR EN PAZ Y EN ARMONÍA CON LA MADRE NATURALEZA.
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE LOS PUEBLOS DE HUEHUETENANGO ADH.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE OCCIDENTE, CPO.
Huehuetenango, 30 de Septiembre del año 2,013
Esta edición de nuestro programa semanal está puramente dedicada al Día Mundial contra las Plantaciones de Árboles, que se celebra este 21 de septiembre. Junto al equipo de Radio Mundo Real participaron en toda la realización del Mil Voces la coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internaciona (ATI), la brasileña Lúcia Ortiz, y el coordinador del Programa de Bosques y Biodiversidad de esa federación ecologista con presencia en cerca de 80 países, el costarricense Isaac Rojas.
No todos saben que nosotros ambientalistas estamos en contra de las plantaciones de árboles a gran escala.
La historia de la minería en México a partir de su actividad a nivel industrial está marcada por el saqueo de nuestros recursos naturales no renovables hacia otros países, por la explotación humana y por una cadena de impactos de todo tipo causados por los diversos sistemas de explotación y beneficio de los valores metálicos.
Por ejemplo, en Mazapil, Zacatecas, para el proceso de lixiviación, la empresa minera utiliza 94 millones de litros diarios para mezclarla con cianuro de sodio. Esta agua contaminada por infiltración hacia el subsuelo, por escurrimiento superficial y por la evaporación que sufre en el proceso lixiviante, contamina todo el ciclo hidrológico. En el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, New Gold Minera San Xavier utiliza 32 millones de agua al día para el mismo proceso. En los dos casos son zonas desérticas con acuíferos sobreexplotados, el agua que consume Minera San Xavier sería suficiente para dotar a 300 mil personas con cien litros diarios, cuando en la ciudad carecen cientos de miles de personas de este vital líquido.
Un anillo de oro como por ejemplo una alianza, pesa entre dos y tres gramos. Para obtener este pequeño (o gran) lujo se dinamitó y trituró media tonelada de roca y se utilizaron millones de litros de agua que permanecerán, por siempre, contaminadas.
Las dosis letales para humanos son, en caso de que sean ingeridas, de 1 a 3 mg/kg del peso corporal, en caso de ser asimilados, de 100-300 mg/kg, y de 100-300 partes por millón si son aspirados.
David Eduardo Pacay Maas y Hageo Isaac Guitz, dos niños maya q’eqchies de 11 y 13 años respectivamente, de la comunidad Monte Olivo, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz murieron por heridas de bala provocadas por un sicario que, “contratado” por la empresa Hidro Santa Rita SA, se disponía a eliminar a uno de los líderes comunitarios que ha encabezado la resistencia a dicho proyecto, David Chen.
Diversas organizaciones sociales e indígenas de base guatemaltecas prepararon un informe sobre la situación en Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz sobre los hechos que desembocaron en el ataque armado del pasado viernes 23 de agosto y la muerte de dos niños de la comunidad que lucharon por sobrevivir. Repudiamos estos hechos en contra de la población Q’eqchi’ que lucha por la defensa de su territorio y la imposición de la hidroeléctrica Santa Rita.
La Coalición Nacional de Redes Ambientales ante los repudiables hechos ocurridos en contra de los compañeros indígenas Tolupanes de la zona de Locomapa, Yoro, ante la opinión pública y organizaciones solidarias nacionales e internacionales se manifiesta en los siguientes términos:
El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, se congratula con respecto al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conservar la altura de la cortina de la Presa El Zapotillo en su elevación original de 80 metros. Coincidimos con las y los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que esta altura no asegura a las poblaciones afectadas permanecer exentas de afectación alguna, aun cuando se instalen diques que contengan el agua de la presa, sin embargo, sí nos concede la razón en cuanto que prueba una vez más las grandes irregularidades en que las autoridades estatales y federales incurrieron para imponer este proyecto a costa de la población jalisciense.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones (CIADI), denegó a la empresa minera Commerce Group Corp. la solicitud de prórroga para poder seguir demandando al Estado Salvadoreño.