«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

Compartimos este nuevo corto documental realizado por Mario Marlo de «Somos El Medio»

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Texto de Mario Marlo:

Desde hace doce años, los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los altos de Jalisco luchan por salvar sus pueblos que están en riesgo de quedar inundados a causa de la construcción de la presa El Zapotillo.

A pesar de existir un fallo emitido en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde ordena que la cortina de la presa no pase de los 80 metros, los tres niveles de gobierno (estatal, municipal y federal) no lo están respetando y los intentos de terminar la obra a 105 metros continúan.

El proyecto que comenzó a promoverse en el año 2005 y su construcción en el año 2009, es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Tiene la intención de abastecer de agua a las ciudades de León, Guanajuato, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la región de los Altos de Jalisco sin considerar el impacto social y ambiental de la zona.

En diversas ocasiones, los pobladores y las organizaciones que los acompañan han denunciado los incrementos al costo del Proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo León que a la fecha asciende a 20 millones 856 millones de pesos, 49% más de su costo inicial. 43 millones de pesos en la construcción, servicios de vigilancia del predio Talicoyunque donde se pretende reubicar a la población afectada por la presa y 90 millones de pesos pagados a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por la realización de un estudio hidrológico del río Verde.

El pasado 29 de junio de este año, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó el Informe final del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde, por el que pagó 90 millones de pesos del erario público y con el que se apoyó para determinar que su gobierno acataría el escenario número cinco planteado por la UNOPS, una cortina a 105 lo que inundaria los tres poblados en resistencia.

Gabriel Espinoza, líder del movimiento contra la presa El Zapotillo, denunció que el evento fue un fraude para Jalisco y para México al igual que los estudios de la UNOPS.- «No aportan ninguna novedad para el estudio y la Gestión Integral del agua, solo se basan en la oferta y la demanda del agua y la privatización.» Explicó que el Gobernador no tiene la facultad para reubicarlos ni para sacarlos, por lo que seguirán con los amparos a nivel federal e internacional y la resistencia civil pacífica.

Más información:

Página Facebook «Temaca No Está Solo»

Pronunciamiento: «¡Unidos vayamos por una gestión integral del agua»

[AUDIO] 19 y 20 de agosto: Foro «El extractivismo o la vida» en Ixtepec, Oaxaca

Nota y Audio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Convocamos al Foro «El Extractivismo o la Vida» los 19 y 20 de agosto 2017, de 9 a 6 PM en el Salón Sandunga, Ciudad de Ixtepec, Oaxaca

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO DE LA CONVOCATORIA <<

Los 19 y 20 de agosto, la Ciudad de Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, será la sede del Foro «El extractivismo o la vida», convocado por varias asociaciones que pertenecen a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y organizaciones del Istmo.

El Foro está dirigido a los pueblos de la región y todas las personas preocupadas por las afectaciones de los megaproyectos extractivos en los territorios.

Habrá ponencias y reflexiones sobre las consecuencias de la actual implementación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sur-sureste de México, entre las cuales la ZEE del Corredor Industrial Inter-Océanico en el Istmo de Tehuantepec. Están relacionadas con la multiplicación de gasoductos y de proyectos mineros, hidroeléctricos o eólicos, entre otros.

Ruben Valencia, del Comité organizativo del Foro, explica qué es el extractivismo y cómo se manifiesta en los territorios:

Nosotros coincidimos con algunos pensadores y organizaciones que el extractivismo no es solo un modelo económico sino un tipo de sociedad, de cultura, basada en la apropiación y el robo. Es ya una mentalidad que nos quieren imponer de avaricia, de individualidad, ya que todo lo mercantiliza, desde el parto hasta lo que comemos. Se ha manifestado de diferentes formas, la más evidente es la minería a cielo abierto, pero también están los gasoductos, las presas hidroeléctricas o la energía eólica, entre otras. Es ya una forma de explotación que no tiene el mínimo proceso de recuperación de su impacto al medio ambiente, mucho menos a la vida de las personas. En el caso de las minas, tenemos información que después de su explotación los lugares donde se instalan quedan convertidos en pueblos fantasmas, si no se mueren por cáncer o por el narcotráfico, huyen de sus tierras abandonando sus sueños, a sus muertos, se fragmenta su identidad.

¿Qué tiene que ver ese extractivismo con la implementación de las Zonas Economicas Especiales?

Estos megaproyectos, por su impacto negativo, han tenido mucha resistencia en diferentes estados y comunidades. Por ello el gobierno con la asesoría de los grandes consorcios internacionales diseñaron a nivel mundial zonas especiales o zonas francas para darles todas las garantías para saquear nuestros «recursos naturales». Sus planes de las ZEE tienen un objetivo integral: eximir de impuestos a las empresas que operen, garantizar la seguridad de sus inversiones reprimiendo la protesta social y poner a las autoridades municipales y comunales al servicio de estos empresarios. Es por ello que nosotros decimos que las resistencias deben juntarse y construir una estrategia integral. Para eso es el foro. Algunas organizaciones que convocamos a este foro, nos adherimos a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), para que en conjunto construyamos una estrategia para mejor defendernos de estas aves de rapiña que son las multinacionales, nacionales y extranjeras.

CONVOCATORIA:

Más información:

VIDEO: Alberto Arroyo habla de los tratados de libre comercio y las Zonas Económicas Especiales en Oaxaca

Oaxaca: Declaratoria del Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente»

Zonas Económicas Especiales: negocios por 35 mil millones de dólares

>> Escuchar más spots audios de invitación al Foro <<

>> Escuchar y descargar la Canción de Ixtepec por la Vida y contra la Mina: «Ndani Gueza» <<

>> Consultar el Programa del Foro <<

Defensores y defensoras de la costa de Chiapas exigen el cese de la minería ante el Gobernador

Les compartimos estas nota de prensa e imágenes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), publicada en la página Facebook del FPDS.

ACACOYAGUA, CHIAPAS, 10 DE AGOSTO 2017 (FPDS) – Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que «en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros» por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, «los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento».

Además, denunciamos que «el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo«. Por fin, exigimos «la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida».

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando «No a la minería», «Fuera mineros de Acacoyagua», con pancartas que decían «Sí a la Vida, No a la Mina», «La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece», «Nuestra sierra es verde y verde la queremos» y «El agua vale más que el oro».

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

¡Sí a la vida! ¡No a la mina!

Firmamos: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS)

El oficio que el FPDS entregó al Goberador:

Contexto:

Opositores a la minería en la costa de Chiapas sufrieron dos agresiones en una semana

Exigimos justicia completa para el defensor Noé Vázquez, a 4 años de su asesinato

Comunicado del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del cual Otros Mundos A.C. formamos parte – Veracruz, México, a 10 de agosto del 2017

Exigimos justicia completa para Noé

Noé, Noé Vázquez Ortiz, fue asesinado hace 4 años cuando subió al cerro a recoger flores, semillas y follaje. Él se había ofrecido a hacer una bienvenida a los compañeros que venían a celebrar el X aniversario del MAPDER (Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos). Iba a hacer una representación del Tláloc, Dios del Agua, y quería que todo estuviera fresco. La ceremonia sería en la tarde, así que salió al cerro al medio día en compañía de un niño a traer las ofrendas del monte. Sin embargo, de regreso lo esperaban tres cobardes sicarios y lo mataron; el niño huyó. Al bajar del cerro, los asesinos fueron detenidos, traían sus ropas llenas de la sangre de Noé. Después de 4 años se les ha dictado sentencia: 20 años de prisión.

Sin embargo, su asesinato dejó mucho dolor: una comunidad fragmentada y enfrentada, porque tanto Noé como sus homicidas eran del mismo lugar, Amatlán de los Reyes, en Veracruz, poblado amenazado por el proyecto hidroeléctrico «El Naranjal» al que Noé se oponía. Una madre destrozada que murió, dicen que de tristeza tiempo después. Una viuda, Lupita, que con todo el dolor a cuestas luchó por que se hiciera justicia y no fuera un crimen más. Un niño, que por ser el testigo, tuvo que abandonar su comunidad y su familia teniendo que vivir con el recuerdo que su amigo y mentor fuera asesinado por unos canallas.

Los asesinos materiales están presos, pero ¿los que ordenaron este crimen?, ¿los autores intelectuales? ¿los que con dinero sucio pagaron la sangre derramada? Esos están libres. No habrá justicia completa hasta que sean traídos a la justicia y se recupere la armonía en esta comunidad.

Este cobarde asesinato también mostró la fragilidad en que se encuentran los luchadores por la defensa del territorio, tanto en México como en Veracruz, donde el crimen organizado operaba desde el edificio de gobierno estatal. Pese a la muerte de Noé, el Proyecto Hidroeléctrico El Naranjal no está cancelado, y la empresa sigue operando para que las poblaciones cedan sus terrenos. Y sin embargo, pese a la muerte, la resistencia y unión han detenido la operación del proyecto.

Desde LAVIDA, abrazamos a la familia de Noé Vásquez y a su esposa Lupita, así como al Colectivo Defensa Verde. Agradecemos mucho a las personas, organizaciones y movimientos a nivel nacional e internacional que se solidarizaron con este caso; sin su apoyo y la cobertura no hubiese habido justicia.

Ahora Noé está en su paraíso, el que describe en el texto que tenía preparado leer en la ceremonia de bienvenida el día que lo mataron y que se convirtió en un triste presagio de su muerte: «A las personas que morían, o mueren por causa de las aguas o en defensa de ella, van al paraíso, donde existen cosechas permanentes de toda clase de árboles frutales y semillas».

Noé: te recordamos. Descansa en paz, hermano. Te seguiremos honrando con nuestra acción y vida.

¡NO A LAS PRESAS!

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

FIRMAN:

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA

Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER

Defensores mayas en lucha contra Monsanto denuncian al gobierno mexicano por hostigar e intentar dividirlos

Comunicado del colectivo MA OGM y varias organizaciones sociales de México – Ciudad de México, a 8 de agosto del 2017

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Representantes indígenas denuncian a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por intentar dividirlos para realizar consulta indígena

  • Presentan ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia de la estrategia de división y hostigamiento, «Nos mantendremos unidos, no nos callarán», afirman;
  • Las dependencias buscan dividir opiniones y frenar participación de las comunidades en consulta indígena sobre la soya transgénica en Campeche;
  • Mientras tanto continúa la deforestación y destrucción de la Selva Maya.

Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que participan en el proceso de consulta indígena ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la siembra de soya transgénica en Campeche, presentaron documentos en las oficinas de la CNDH y ante diversas Instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México para denunciar el clima de hostigamiento y la estrategia de división implementadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso.

Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Antes de ingresar a las oficinas a entregar las evidencias las partes se retiraron al grito de «No nos callarán».

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.

Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto.

El domingo 8 de julio de 2017 se convocó a una asamblea de ejidatarios en Bolonchén en donde Marco Ramírez de CIBIOGEM comentó sobre la conveniencia de que esta comunidad se separe del proceso de consulta en el municipio. El 23 de julio de 2017, el mismo funcionario acudió a una Asamblea ejidal en Tenabo a invitar a los ejidatarios a nombrar siete representantes de la consulta, desconociendo a los actuales representantes nombrados en el proceso y acusándolos de engañar a los miembros de su comunidad.

Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que «las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta.» Estas acciones van en contra de los acuerdos tomados en el proceso de consulta indígena del 25 y 26 de marzo de 2017 -en donde las comunidades acordaron con CIBIOGEM y CDI ir juntas como una sola unidad en este proceso– y en contra del principio de buena fe establecido en la ley para toda consulta indígena.

La última sesión de la consulta en Hopelchén (27 de mayo de 2017) se levantó a propuesta de la funcionaria de CIBIOGEM, Sol Ortiz, porque no hubo las condiciones de seguridad y orden necesarios para llevarla a cabo. Alrededor de 100 acarreados de Iturbide y el municipio de Campeche interrumpieron la sesión constantemente e insultaron a los representantes. Esta no es la primera vez que personas de fuera invaden las sesiones de consulta; en la sesión del 25 de marzo de 2017 aventaron objetos a los representantes y ninguna autoridad tomó medidas al respecto. La falta de orden, seguridad y libertad ha permeado las sesiones de consulta indígena.

Durante las últimas sesiones, esta funcionaria federal calló, intimidó e insultó a varios de los representantes de las comunidades y sus asesores. Por esta razón, el 28 de mayo de 2017 en Tenabo, los representantes de las comunidades confrontaron
duramente a la CIBIOGEM y a la CDI y los acusaron de contradecirse, de tratar de inmiscuirse en el ámbito de autoridad de sus pueblos y de insultarlos. En el acta de ese día consta que los representantes se sintieron insultados por los comentarios de la funcionaria. Uno de los representantes le reclamó al representante de la CDI su falta de lealtad y de apoyo a las comunidades mayas.

También reclamaron a los representantes de la CNDH su falta de imparcialidad ya que durante la sesión, la funcionaria de la CNDH le dio consejo legal a CIBIOGEM y CDI sin que todos pudieran escuchar. La sesión se levantó sin que se pudieran lograr acuerdos sustantivos porque la representante de CIBIOGEM, Sol Ortiz, insistió en no reconocer la voluntad de los pueblos de Tenabo de ir juntos en la consulta. Desde ese día, las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo.

Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la CIBIOGEM y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto.

El clima de hostilidad y hostigamiento que se ha ido incrementando en la región desde que comunidades mayas han intentado defender el territorio en contra de organismos genéticamente modificadas y otros monocultivos se da mientras que la deforestación y afectación a los recursos naturales de su territorio ancestral continúa sin que las autoridades ante las que se han denunciado estos hechos (PROFEPA, PGR, SENASICA y CONAGUA) hayan tomado acciones para investigar estos sucesos, sancionar y reparar los daños.

Firman:

MA OGM
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
SERAPAZ-Servicio y Asesoría para la Paz
Centro Prodh
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
EDUCE-Educación Cultura y Ecología A.C.
Muuch Kambal A.C.

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Foto: MA OGM

Ductos, ¿por dónde circulan los hidrocarburos en México?

Compartimos este estudio realizado por CartoCrítica

¿Cuántos tipos de ductos para transportar hidrocarburos existen en México? ¿Cuántos son? ¿De qué longitud? ¿Están en las ciudades o bosques, cruzan ríos o cultivos? ¿Quién tiene conocimiento y autoridad sobre ellos? Además de tomas clandestinas, ¿hay fugas? ¿Cruzan por áreas naturales protegidas? ¿Qué ecosistemas afectan? ¿Son ductos públicos o privados? ¿Se respetan los derechos de vía? ¿Representan riesgos para la salud, los ecosistemas o los centros de población?

Todas estas dudas y más surgen cuando uno quiere saber sobre la infraestructura del transporte de hidrocarburos por ductos en el país. Las respuestas no están disponibles fácilmente, aún cuando son relevantes para quienes habitan o tienen propiedades en las zonas aledañas, para la protección civil y la conservación ambiental. Tras la reforma constitucional en materia energética y leyes secundarias, se ha dificultado aún más el acceso a estos datos.

Para responder a estas preguntas, CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung elaboramos el presente estudio, a modo de una primera caracterización sobre los ductos para el transporte de hidrocarburos que existen en el país. En este esfuerzo se identificaron 6 mil 777 proyectos de ductos, cuya longitud es de 68 mil 843.15 kilómetros, equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la Tierra en el ecuador. El 94% son ductos terrestres, mientras que 3 mil 973.8 km están en el Golfo de México, frente a Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; y 21.5 km están en el Océano Pacífico frente Baja California.

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Mapa de ductos en PDF (baja resolución, 4Mb)

Mapa de ductos en PDF (alta resolución, 55M)

Chiapas:

Introducción

El principal constructor de ductos a lo largo del país ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex). Tiene ductos para la recolección del petróleo crudo y gas provenientes de los pozos de extracción, el transporte a las refinerías, petroquímicas y complejos procesadores de gas, y para la distribución de productos finales a las terminales de almacenamiento y consumidores finales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es también una importante constructora de ductos para abastecer de gas a las plantas generadoras de energía eléctrica del país. También están los ductos de las comercializadoras de gas natural que atraviesan ciudades enteras, así como los construidos por y para el servicio de grandes usuarios industriales.

A diferencia de otras instalaciones industriales peligrosas, los ductos no están dentro de un complejo industrial con características de seguridad; por el contrario, se despliegan a lo largo y ancho de tierras propiedad de terceros, entre ciudades y carreteras, o en tierras agrícolas, ríos y parajes naturales, incluyendo propiedades privadas, núcleos agrarios, áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Por lo que, en caso de fuga de hidrocarburos, el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión.

Las tuberías están normalmente enterradas; sin embargo, su construcción, supervisión y mantenimiento requiere de amplios derechos de vías libres y sin cobertura vegetal. El diámetro de los ductos puede variar desde una hasta 50 pulgadas o más, pero las excavaciones para la construcción, mantenimiento y franja de seguridad o derecho de vía, que puede ser de más de 10 metros de ancho, producen una intensa perturbación del suelo y el entorno. Numerosas invasiones se registran sin ningún control, se pueden encontrar viviendas, industria, comercio, escuelas, torres de alta tensión y hasta instalaciones militares sobre el derecho de vía de los ductos.

El acceso a la información pública en formatos abiertos sobre los ductos es inexistente. La infraestructura se encuentra sumida en la opacidad, escudada con el argumento de la seguridad nacional. La ubicación de los ductos, su antigüedad, bitácoras de mantenimiento, riesgos, fugas, incidentes y tomas clandestinas, entre muchas otras características, se mantienen resguardadas con recelo. Las autoridades responsables solo publican agregados estadísticos o infográficos ilustrados con mapas simplificados del país, incluso los datos sobre capacidad o longitud varían entre una publicación y otra. Este escenario dificulta la protección civil e imposibilita los estudios para cuantificar impactos y riesgos sociales o ambientales, entorpece la disponibilidad previa de información para consultas públicas y, sin duda, es un obstáculo para la participación ciudadana.

Marco regulatorio

El transporte por ductos puede ser sumamente complejo, para entenderlo, se puede catalogar por empresa, tipo de hidrocarburo, diámetro, función desempeñada, estado actual de operación, entre otros; el análisis por categorías arroja claridad sobre diversos aspectos. De manera esquemática, lo más sencillo es distinguir entre los ductos de recolección y los de transporte y distribución.

Los ductos de recolección permiten el acopio de hidrocarburos que se han extraído del subsuelo, se realiza mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de cada pozo en el yacimiento hasta las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta los sistemas de transporte (NOM-027-SESH-2010). Estos ductos solo se encuentran en donde se extraen hidrocarburos del subsuelo, principalmente en aguas del Golfo de México, en Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Según el marco regulatorio actual, solo pueden estar dentro de un Área Contractual o un Área de Asignación, ya que pertenecen a la fase de exploración y extracción de los hidrocarburos, por lo mismo, están regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Artículo 38 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética).

Posteriormente, están los ductos de transporte y distribución. Estos son los que conducen los hidrocarburos en múltiples fases, entre estaciones o plantas para su compresión, bombeo, procesamiento, almacenamiento y finalmente distribución. Aquí se incluyen tanto los ductos nacionales como los de internación, es decir aquellos cuya capacidad está destinada a la importación de hidrocarburos. Estos se encuentran distribuidos a lo largo de prácticamente todas las entidades del país, aunque no necesariamente interconectados entre sí, pueden interconectarse con buques cisterna o ferrocarriles. Con la expansión del sistema de gasoductos propuesta por la Secretaría de Energía (Sener) en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019 («Plan Quinquenal de Gasoductos»), al parecer solo en Nayarit no habría ductos de ningún tipo. La regulación de estos ductos está a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética); aunque adicionalmente, los de transporte y distribución de gas natural, de carácter público, están integrados al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sintragas), cuyo gestor y administrador independiente es el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). Integrar los ductos privados de gas natural al Sintragas es de carácter voluntario (Artículo 65 y 66 de la Ley de Hidrocarburos).

Para el crecimiento de la importación, exportación y uso del gas natural en México, la reforma energética del 2013 contempló establecer un nuevo arreglo institucional en el manejo de los gasoductos públicos existentes y aumentar la red de gasoductos del país. De este modo, la gestión y administración del Sistema Nacional de Gasoductos cambió drásticamente en enero del 2016, al pasar de manos de Pemex Logística al recientemente creado Cenagas, organismo descentralizado sectorizado a la Sener. A este, Pemex le transfirió tanto la infraestructura de gasoductos de transporte que poseía, como los contratos de ocupación superficial y derechos inmobiliarios que poseía.

Hallazgos en medio de la opacidad

Con el argumento de la seguridad nacional, Pemex, la Secretaría de Energía y demás autoridades en materia de energía e hidrocarburos niegan el acceso público a la información desagregada y en formatos abiertos sobre la infraestructura de ductos existente. Muy por el contrario, la recientemente creada Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos (enero de 2016) define en su artículo 23 que:

«La información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios […] será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia.»

Esto se traduce en que la información desagregada sobre la infraestructura de hidrocarburos es sistemáticamente negada por la autoridad responsable argumentando daños presentes, probables y específicos. Para ello, Pemex, CNH y Sener han clasificado como reservada toda información que permita detallar la ubicación y características de la infraestructura petrolera nacional. El entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, 2014), determinó en la resolución a un recurso de revisión que:

«La divulgación de la ubicación y características de la infraestructura con que cuenta PEMEX ocasionaría una potencial amenaza y perjuicio a la seguridad nacional, además de causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos, al proporcionar datos mediante los cuales puede obtenerse la ubicación geográfica exacta y características específicas de la red de ductos de PEMEX y sus organismos subsidiarios, así como de sus instalaciones y de los diversos tipos de productos transportados, mismos que podrían ser atacados con explosivos, vehículos e, incluso, ser objeto de acciones hostiles y delitos como el robo, la extorsión y demás hechos ilícitos.»

Esta secrecía en la información territorial de la infraestructura viene acompañada frente a la preponderancia territorial que las leyes le otorgan a la propia industria petrolera, al catalogarla como de utilidad pública (Artículo 28 de la Constitución), interés social y orden público (Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y Artículo 33 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética). Así, no obstante que la Ley de Hidrocarburos considera que las actividades de exploración y extracción «tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas» y, que para ello procederá «la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial» (Artículo 96, Ley de Hidrocarburos), resulta que como sociedad no podemos ni siquiera conocer dónde estas actividades se desarrollan, por ser información reservada. La exploración y extracción de hidrocarburos quedó restringida de las áreas naturales protegidas por la Ley de Hidrocarburos, más no así el transporte por ductos o la presencia de cualquier otra actividad petrolera.

Resulta difícil creer el argumento de la seguridad nacional, puesto que, al buscar en la multiplicidad de documentos oficiales existentes, se encuentra con que esta información ha sido publicada numerosas veces por fuentes oficiales, aunque de manera poco sistemática y en formatos cerrados.

De esta manera, consultando múltiples fuentes públicas, fue posible compilar este mapa -a pesar de la constante negativa de acceso a la información pública en formatos abiertos. Se consultaron las convocatorias para las licitaciones públicas de los gasoductos a cargo de CFE, disponibles públicamente en internet, que contienen trazos vectoriales georreferenciados, listados de coordenadas y planos topográficos que permiten determinar con absoluta precisión la ubicación, trazo, dimensiones y características de los gasoductos que se licitan. Estos son los mismos incluidos en el Plan Quinquenal de Gasoductos del que Sener niega las coordenadas o trazos específicos por atentar contra la seguridad nacional. De igual manera, se consultaron las bases para las licitaciones que celebra Pemex, que incluyen planos y mapas detallados sobre la ubicación de la infraestructura objeto de la licitación, así como de toda la infraestructura circundante. Además, se consultaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental que toda obra de hidrocarburos debe cumplir conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA), en las que el promovente de la obra debe incluir mapas y coordenadas específicas del proyecto que piensa llevar a cabo, así como todas sus características e impactos ambientales previstos. Toda esta información es pública y está disponible en internet o en las delegaciones de Semarnat.

De modo que resulta contradictorio que, con el argumento de la seguridad nacional, la autoridad energética se niegue a transparentar, en el estándar de datos abiertos, la información que de facto ya es pública.

En Estados Unidos, es posible consultar públicamente el «Sistema Nacional de Mapas de Ductos» perteneciente a la Administración de ductos y materiales peligrosos, dependiente del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

En Canadá, la Asociación de Gasoductos de Canadá, que agrupa a las empresas del sector en el país, cuenta también con un mapa público en línea para conocer la localización y características de los ductos.

En México, no es posible contar con un mapa oficial sobre los ductos, por lo que CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll presentamos el siguiente mapa, que es una primera caracterización sobre esta infraestructura en el país.

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Mapa de ductos en PDF (baja resolución, 4Mb)

Mapa de ductos en PDF (alta resolución, 55M)

La REMA se solidariza con los opositores a la minería en la costa de Chiapas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 7 de agosto del 2017

SOLIDARIDAD CON EL EJIDO ACACOYAGUA

ANTE LA CRECIENTE TENSIÓN SOCIAL Y EL SILENCIO DE LAS AUTORIDADES ESTAMOS CON USTEDES

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a todos los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) cuya integridad física y psicológica, a partir del trabajo de defensa del territorio que han realizado junto a el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México para la cancelación de 21 concesiones mineras, está en riesgo.

A nuestras compañeras y compañeros del FPDS queremos decirles que la razón legal y moral les asiste y por ello les llamamos a mantenerse unidos ante las agresiones que sufrieron los días 31 de julio y 4 de agosto pasados, por parte de grupos encabezados por Julio Alfaro, quien ha sido vinculado a la minera El Puntal S.A. de C.V., propietaria de la mina de titanio «Casas Viejas».

La existencia de acuerdos del Ejido de Acacoyagua en el Estado de Chiapas por los que se prohibe el acceso de maquinaría pesada a través de sus caminos y se rechaza la actividad minera en su territorio, expresa la decisión, que en el ejercicio de sus derechos, han tomado para salvaguardar su territorio. Esa decisión debe ser respetada por la minera El Puntal, S.A. de C.V. y respaldada por las autoridades responsables.

La falta de transparencia de las autoridades suele ser parte del contexto que anima las provocaciones y las agresiones en los conflictos por el territorio. Por ello, hacemos eco del llamado que ustedes, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), han realizado al presidente municipal de Acacoyagua para que les escuche y les informe debidamente sobre los permisos que supuestamente fueron otorgados a la minera El Puntal S.A. de C.V., para operar la mina «Casas Viejas».

Finalmente, les decimos que estamos atentos ante cualquier acto violento que puedieran llegar a sufrir en su lucha como defensores de la tierra y el territorio. No están solos!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Contexto:

Opositores a la minería en la costa de Chiapas sufrieron dos agresiones en una semana

Mapa interactivo de concesiones mineras en México

Compartimos este trabajo realizado por Romeo LopCam, de la Agencia SubVersiones

Datos obtenidos del Sistema de Administración Minera (SIAM) de la Secretaría de Economía.
Recuperados el 19 de julio de 2017. Diseño: Agencia SubVersiones / Romeo LopCam.

>> IR AL MAPA <<

>> DESCARGAR: Mapa estático (PNG) + Cartografía minera (Shapefile) + Concesiones mineras (CSV) <<

Instruciones:

Puedes alejar o acercar el mapa, así como buscar lugares, haciendo click en los botones localizados en el extremo inferior izquierdo del mismo, o bien, utilizando la rueda de desplazamiento del ratón.

Al pasar el puntero sobre cada una de las áreas concesionadas, se muestran datos como el titular de la concesión, el municipio en donde se localiza, el nombre del lote, la superficie en hectáreas y el número de título. Éste último es muy útil si se quiere descargar la tarjeta del Registro Público de Minería en la página del Sistema de Administración Minera (SIAM), que contiene otros datos relevantes.

Finalmente, con los menús dinámicos de la barra lateral derecha se puede filtrar la información que se presenta en el mapa, de acuerdo al estado, municipio o titular.

Texto, por Romeo LopCam:

Si bien la existencia de una concesión minera no implica necesariamente la de una mina, la vigencia de las mismas es de hasta 50 años, por lo que estas pueden ser guardadas en los despachos de empresarios y especuladores en espera de tiempos más propicios. Mientras tanto, la gente que tiene sus casas y tierras de cultivo sobre las áreas concesionadas, puede estar viviendo y trabajando sobre ellas sin saber que en determinado momento podría ser víctima de intentos de despojo, contaminación y otros daños ambientales.

El Artículo 6 de la Ley Minera dice a la letra:

«La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.»

Es importante que las comunidades sepan que mucha de la información sobre concesiones mineras es pública, aunque por lo general es presentada en formatos inteligibles solo para quienes cuentan con ciertos conocimientos técnicos o legales. El presente mapa interactivo pretende hacer más transparente dicha información, con el objeto de que las personas afectadas tomen las acciones que crean pertinentes en caso de que su territorio esté siendo cedido por el Estado a la industria del extractivismo minero.

Algunas empresas que aparecen como titulares son filiales de grupos más grandes, tal es el caso de Minerales Monclova, quepertenece a Altos Hornos de México; Las Encinas, que pertenece a la transnacional acerera Ternium; y Exploraciones Mineras Parreña, que pertenece a Industrias Peñoles. Los nombres de estas últimas no suelen aparecer en los registros.

Algo similar sucede con individuos que tienen concesionadas grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, Jorge Jiménez Arana, en realidad es el representante legal de Blackfire Exploration México, que en 2009 fue señalada como autora del asesinato del activista Mariano Abarca Roblero, en Chicomosuelo, Chiapas. La mina Payback, proyecto contra el que se manifestaba, fue clausurada en diciembre de ese mismo año por infringir las normas ambientales.

Jorge Jiménez Arana declaró a El Universal en 2014 que la titularidad que mantenía sobre las concesiones era temporal y reconoció que esto se daba así, en razón de que la empresa que representa tuvo «un problema con el gobierno de Chiapas en 2009». Sin embargo, hoy día aparece en la cartografía minera como la persona física con más superficie asignada.

Por otra parte, una vez obtenidos, los títulos de las concesiones mineras se pueden transferir sin mucha dificultad, lo que ocasiona que exista todo un mercado irregular en el que muchos particulares especulan con los mismos. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el número de concesiones a favor de estos rebasó el 60%. Jenaro Garza Guerra, quien se desempeñó como perito minero entre 1999 y 2007, es un caso paradigmático.

Finalmente, cabe señalar que alguna información puede estar incompleta, como fruto de errores en su manipulación por parte de los funcionarios del Sistema de Administración Minera (SIAM), aunque tanto en la base de datos como en el archivo cartográfico, estos son poco frecuentes. Salvo por la normalización de las abreviaturas de algunos estados de la república, en este trabajo ambos se utilizaron sin mayores cambios.

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Mujeres contra la mina en la Sierra Norte de Puebla

Reportaje publicado originalmente en Pie de Página – Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: Este reportaje fue realizado con el apoyo de Fundación Ford y elaborado por el equipo de investigación de Pie de Página

En la sierra de Puebla, las mujeres han emprendido una resistencia contra los proyectos mineros. Desde la cocina, la militancia, el comercio o la manifestación pública, desde los espacios tradicionales o irrumpiendo los destinados para hombres, ellas buscan proteger un territorio y una forma de vida.

IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.- Es sólo una llovizna tupida, pero las gotas que estallan en el techo de lámina causan un tronadero. Adentro, truena también la leña que calienta la estufa y truenan, además, los chiquereyes que doña Ángeles Cruz Montiel fríe en el sartén.

La luz se mete apenas en la cocina a través de dos ventanas. Una, la más grande, ilumina una mesa larga, la otra, más pequeña, permite espiar hacia el patio donde están las gallinas y los chivos.

Doña Ángeles se mueve rápido: en pocos minutos pone sobre la mesa una salsa verde que ha hecho en molcajete y tortillas calientes para los chiquereyes.

Un mes atrás preparó varios guisos durante casi una semana para darle de comer a las personas que fueron a apoyar a su hijo Nacho, quien se opuso a que las camionetas de la empresa minera canadiense Almaden Minerals cruzaran por sus terrenos en la comunidad de Loma Larga.

Entre los guisos de aquellos días, también hubo chiquereyes o escamoles, huevos de hormiga, un manjar que en cualquier restaurante gourmet cuesta cientos de pesos y en casa de Doña Ángeles se comen cada primavera.

Ella, de 74 años, ojos claros y acuosos, piel curtida y trenzas largas, defiende así su territorio, la «sagrada agua» y la vida: desde su cocina, donde cuida que nadie se quede sin comer lo que prepara con lo que da la tierra.

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La amenaza

Ixtacamaxtitlán está a 130 kilómetros de la capital del estado de Puebla, es el quinto municipio más extenso y tiene 126 comunidades separadas por una geografía a veces imposible.

Aquí viven 24 mil 512 personas, hay un tristísimo museo de sitio, una presidencia municipal pintada hace 3 o 4 años con los colores institucionales de la empresa minera -amarillo y naranja-, y muchas lagartijas que en tiempos de lluvia cruzan las calles y trepan las paredes. Y hay, además, oro y plata en el subsuelo, bajo la misma tierra de la que sacan los chiquereyes, esos bichos que le gusta cocinar a doña Ángeles.

En 2003, el gobierno federal dio la concesión minera a la compañía canadiense Almaden Minerals y su subsidiaria mexicana Minera Gavilán -ahora también participa su subsidiaria Minera Gorrión-, sin conocimiento de quienes habitan la zona.

El principal accionista de Almaden es el empresario agrícola sinaloense Ernesto Echavarría Salazar, quien junto con James Duane Poliquin, presidente y fundador de la empresa, controlan más del 5 por ciento de las acciones y tienen poder de veto. Entre los 37 principales accionistas está el Royal Bank of Canada. La minera cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York.

 El proyecto está aún en etapa de exploración y desarrollo, pero ya ha cometido varias ilegalidades que han sido documentadas por cuatro organizaciones -Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder)- a través de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos.

El «Proyecto Tuligtic o Ixtaca» se proyecta en distintas zonas del municipio de Ixtacamaxtitlán. El tajo a cielo abierto se haría en la comunidad de Santa María Zotoltepec, y la presa de jales (una estructura que retiene materiales de desecho) en la cabecera de la cuenca del río Apulco, en las tierras de cultivo de Loma Larga, donde vive doña Ángeles Cruz Montiel, y muy cerca de Almeya, Zacatepec, Tuligtic, Vista Hermosa y Xiuquenta.

El riesgo de degradamiento y contaminación abarca más municipios de Puebla y otros tantos de Veracruz

Almaden Minerals – que fue multada en 2009 por la Profepa por irregularidades durante la exploración y tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos en otros proyectos en México (Caballo Blanco, Veracruz) y Canadápretende iniciar la explotación en 2018, para la cual utilizaría 38 mil toneladas de explosivos emitiendo gases con efecto invernadero y violando la norma de uso de explosivos dada la cercanía del lugar de almacenamiento con las viviendas. En Santa María Zotoltepec ya resienten la presencia minera en el medio ambiente, el tejido social y la salud, como bien lo sabe Francisca Zamora Morales, quien nació aquí.

Francisca se dedica a la venta de productos cosméticos y alrededor de ella se reúne una fuerza laboral de 180 mujeres repartidas en los pueblos cercanos a Santa María y Tetela, municipio vecino a Ixtacamaxtitlán. En esta región hay más mujeres solteras que casadas, viudas o divorciadas, así que su movilidad y disponibilidad es amplia.

Francisca forma parte de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, y no entiende que haya quien no quiera ver los daños. El primero, dice, es social:

«-Un pueblo dividido no tiene fuerza y en Ixtacamaxtitlán la hay (división), porque unos quieren empleos sin ver las consecuencias y otros no queremos empleos porque sabemos a cambio de qué. Es algo grave, porque se pierde fuerza, los gobiernos o las empresas, quien tiene poder, lo que más le interesa es que haya divisiones sociales.»

El asunto de los empleos no es nada sencillo, en una región donde dos terceras partes de los habitantes no es económicamente activo y sólo 3 de cada 100 han ido a la universidad.

Pero Francisca no tuvo ni que leer toda la información que recibió sobre los riesgos de la minería durante un foro en Tetela para saber su significado: muerte.

En su modesto auto va y viene, aprovecha su red laboral para regar advertencias entre la gente. Es como esos trabajadores de empresas multinivel que andan convenciendo adeptos a la menor oportunidad, aunque en este caso no es para vender productos, sino para cuidar su tierra.

Francisca es terca: «no debes andar sola» le dice la gente, pero no hace caso. Tampoco le importa que digan que, como no tiene marido ni hijos o hijas, «se manda sola». Y, ya se sabe, para algunas personas una mujer sola es una mujer peligrosa.

«También hay afectaciones por los químicos para barrenar, son peligrosos, allá donde tienen su bodega y hacen su lavado de metales hay una barranca donde pasa el agua y pasa el ganado, y ya se murieron muchas cabezas de ganado porque tomaron de esa agua. Otra cosa importantísima es el agua, únicamente con la barrenación ya la desviaron, los acuíferos no sabemos adentro cómo están, al perforar pasaron por donde salía un manantial y lo desviaron y ya no le salió el agua a mi hermano de un día para otro: mi hermano es discapacitado y tenía un riego de ajo y le iba bien, pero ya no hay agua.»

El agua, «la sagrada agua» —destinada para uso humano y agrícola— es la principal preocupación de las mujeres que resisten contra el proyecto minero. Almaden Minerals perforó el acuífero sin permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), modificó el curso del agua y contaminó el manto freático, como documentaron las organizaciones en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos. Los habitantes de Santa María han solicitado a Conagua una visita para inspeccionar el daño que la minera ha causado. Un daño que la empresa ha ocultado a sus inversionistas, a quienes aseguró que usaría agua de lluvia (un método que no usa ninguna minera en el país).

La autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a Almaden Minerals le permite hacer perforaciones de máximo 150 metros, sin embargo, la empresa reconoció que está haciendo excavaciones a 701 metros de profundidad, lo que viola las normas mexicanas, y los derechos al agua y al medio ambiente, ante la omisión de la autoridad.

El Consejo Tiyat Tlali

En 2011, mientras el país se inundaba de muertos en el penúltimo y más violento año de gobierno de Felipe Calderón, unos extranjeros llegaron a la Sierra Norte de Puebla a «hacer agujeros» —barrenos para exploración minera—, en Tetela y Zacatlán. Al mismo tiempo, al noreste de Zacatlán, en Xochicuautla, una comunidad totonaca del municipio de Ahuacatlán, empresarios de Canadá y Grupo México le dijeron a la gente que harían una hidroeléctrica que les iba a beneficiar.

Movidas sobre todo por la intuición, varias organizaciones comenzaron a investigar y «mapear» los megraproyectos. En un primer conteo, encontraron que en la Sierra Norte de Puebla, que concentra a un millón 220 mil habitantes de 65 municipios, había 27 concesiones mineras y 5 proyectos hidroeléctricos que ya tenían estudios de factibilidad hechos por el gobierno federal, a partir de concesiones otorgadas en 2003 y tienen una vigencia de 50 años.

Ante la amenaza de los que denominaron «proyectos de muerte», crearon el Consejo Tiyat Tlali «en defensa de nuestro territorio», una red de organizaciones -entre otras el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), la Unión de Ejidos y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)- conformada por hombres, mujeres, indígenas totonacas y nahuas, no indígenas, comunidades campesinas, rurales y urbanas, la pastoral social y cooperativas.

Desde entonces, el Consejo es un espacio donde se coordinan, comparten información y enfrentan el embate de los proyectos que ponen en riesgo la vida de los pueblos.

En la actualidad, en la Sierra Norte existen 105 concesiones mineras –72 por ciento son de Almaden Minerals– y 9 hidroeléctricas. Ixcatacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Es decir, desde el 2011 que hicieron el primer conteo, se ha triplicado el número de concesiones mineras y se ha duplicado el de proyectos hidroeléctricos.

Un camino largo

El camino de Zautla a Ixtacamaxtitlán bordea en buena parte al río Apulco, que en primavera recorre su cauce con ritmo pero sin furia.

«Acá viven mis papás -señala a la izquierda Ignacia Serrano Arroyo-. Se llama Las Barrancas.»

Y allá debajo lo que se alcanza a ver son los techos de un caserío.

Ignacia es asesora en el CESDER, donde también estudió, y aunque vive en Zautla, su familia, su sangre y sus orígenes están en Ixtacamaxtitlán.

«Me dio mucha pena, sabiendo que soy de este municipio, cuando me enteré que la mina ya tenía 10 años.»

Para Ignacia, defender el territorio, la vida y el agua ha sido difícil. Ella supo del proyecto minero cuando, en 2012, la comunidad de Tlamanca, en Zautla, logró correr a la empresa china que pretendía establecer una mina de socavón. Aquella experiencia, que contó con el apoyo de varias comunidades y sus autoridades, concluyó con una asamblea en la que participaron entre 5 y 7 mil personas, que decidieron negar el permiso de uso de suelo, clausuraron simbólicamente la empresa y le dieron 24 horas para abandonar el municipio. Ignacia creyó que aquí podrían hacer lo mismo.

«De repente nos entraba la angustia y la desesperación, hasta que hubo momentos en que esto se convertía en fiesta, todo mundo llevaba sus antojitos, hubo un lugar en que hasta nos recibieron con música y entonces dijimos ‘esto es festejo’. Ahí caímos en la cuenta que estos procesos hay que disfrutarlos, no hay que sufrirlos. Entonces dijimos: en el caminar y transcurrir de esta lucha nosotros nos vamos divertir, lo vamos a disfrutar, vamos a honrar el agua, la tierra, los recursos que le están dando sentido a esta lucha, vamos a compartir, vamos a convivir, no la vamos a pasar mal.»

Cuando se cansa, Ignacia piensa en Máxima Acuña, la indígena que enfrentó y venció el proyecto minero en Cajamarca, Perú, que ponía en riesgo las lagunas que rodean su terreno.

Dilo como mujer

A Irma González Rodríguez le gusta ver cómo corre el río. Ella, como Ignacia, también es asesora en el CESDER, nació en Ixtacamaxtitlán y vive en Zautla. Es una mujer pequeña, de sonrisa fácil y mirada cálida. Está sentada en una mesa larga en casa de doña Ángeles Cruz Montiel, frente a Hermila Morelo Escamilla, vecina de Loma Larga. También están Ignacia, Francisca y Rosa Govela.

«Yo digo que, lo que he escuchado personalmente (la mina afecta) a uno, porque está uno viviendo aquí, los principales somos nosotros, porque nos quedamos sin agua, la contaminación, los animales, se acabaría todo -dice Hermila.»

Las mujeres hablan de cómo participan en la defensa contra la mina. Hermila reconoce que ella apoya, pero quien va a las juntas y se entera de todo es su marido, a ella le toca quedarse en casa salvo cuando, como ahora, él no está.

«—Poco sabemos de las mujeres y pocas somos las que estamos mostrándonos y así, pero yo creo que el que usted haya venido demuestra que sí hay mujeres que están defendiendo y alertas, y al pendiente, y que Loma Larga no es sólo doña Ángeles que ayuda desde la cocina y eso no se ve, no se visualiza ante los mismos hombres -reprocha Irma-. A veces que nos den voz nos intimida, que nos digan «a ver tú, dilo como mujer», no nos salen las palabras porque no estamos acostumbradas a esta manera, lo hacemos más desde el silencio, desde el hacer, más que desde lo hablado.

—Siempre el hombre está al pendiente y nosotras siempre estamos atrás y en la cocina, continúa Hermila.

—En Tetela al contrario, interrumpe Francisca, las más entronas de la lucha son mujeres, como que las del frente (son) casi más mujeres, así hombres nada más (hay) como 3 o 4.

—En Tetela había más mujeres pero afuera al único que la gente veía era a Germán (Romero González), replica Rosa, todo el mundo, todos los periodistas, sólo a Germán. Él mismo decía: «ahí están las maestras, ahí está no sé quién», pero no lo oían porque estamos acostumbradas a que los hombres estén al frente.

—Aunque la lucha fuerte era de mujeres sobresalía el hombre, concluye Francisca y las demás asienten.

Cómo resisten las mujeres

En este defender, las mujeres cumplen con un rol que, si bien no suele ser protagónico, siempre es relevante para el sostenimiento de la resistencia.

Mina Lorena Navarro, catedrática del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), especialista en políticas de despojo, lo dice claro.

«El papel de las mujeres es muy importante para defender y para sostener las ideas colectivas de las resistencias, sobre todo en estos momentos de peligro, de amenaza, un papel que no necesariamente se ve.»

De modo que Francisca, Rosa, Irma, Ignacia, Hermila y doña Ángeles aportan a la resistencia desde su ser mujer y en los límites de los roles tradicionales que histórica y culturamente han sido establecidos para ellas, aunque empiezan a romperlos. Es decir, si bien resuelven el asunto de la comida, el cuidado de los hijos e hijas propios o ajenos, incluso de la economía del sustento haciéndose cargo del huerto o el traspatio, también participan en las movilizaciones, aportan en la denuncia y la defensa legal.

«Hay un tipo de sensibilidad más allá de la maternidad que genera una experiencia concreta de cómo se produce y reproduce la vida, también hay una sensibilidad que las mujeres han ido cultivando, una sensibilidad política en términos de cómo se necesita defender lo importante o estratégico para seguir reproduciendo la vida

Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC y del Consejo Tiyat Tlali, recuerda que en un ejido llamado Tecoltemic las mujeres reclamaron porque no se enteraban de las asambleas, ni de las decisiones que tomaban los hombres sobre las tierras ejidales, pues son ellos quienes las poseen y heredan.

«La participación de las mujeres, dice Silvia, es fuerte y siempre con una mirada muy clara, profunda y comprometida. Estos proyectos de muerte ponen en riesgo la vida de la comunidad, el agua que es sagrada e indispensable y las afectaciones a la salud ¿Y quiénes son quienes cuidan al otro o la otra? Mujeres.«

La minera miente

La Evaluación de Impacto en Derechos Humanos fue un proceso participativo que las organizaciones dirigieron para saber cuál era la situación en el municipio, pero en voz de las comunidades afectadas.

«Se eligieron regiones, se reunió a la gente y se les dio a conocer los derechos y (les preguntaban) cuál es el derecho que creen que se verá afectado, fue un proceso colectivo. La mayoría de la gente coincidió, explica Irma González Rodríguez, que los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud son los que no están garantizados con el proyecto minero

La Evaluación arroja que «el agua en toda la región es de buena calidad. No obstante, es escasa y no todos los habitantes pueden cubrir sus necesidades», además, que, si bien «existen suficientes tierras tanto para cultivos como para áreas de conservación», se trata de un ecosistema «vulnerable si se emprenden nuevas actividades económicas desconocidas en la región, especialmente las industriales. (…) En la región se encuentran especies amenazadas y en peligro de extinción. La Semarnat la ha determinado como de prioridad alta de conservación».

Sobre la salud, revela que «las principales enfermedades de la región están asociadas a las vías respiratorias y, en caso de llevarse a cabo el proyecto minero, se incrementarán por el polvo», y el 57 por ciento de la población «no cuenta con seguridad médica».

La investigación documenta una sumatoria de irregularidades, omisiones e ilegalidades por parte de la empresa y las autoridades.

Por ejemplo, Almaden Minerals ha dicho a sus inversionistas que la zona del proyecto está deshabitada y ocultó que enfrenta el Amparo 445/2015, interpuesto en 2015 por ejidatarios de la comunidad nahua de Tecoltemic, por invadir sus tierras, y que hay una suspensión que la obliga a detener los trabajos, aunque en la práctica continúa con ellos. Ocultar esta información es ilegal, de acuerdo con las leyes de valores de Canadá y Estados Unidos, por lo que las organizaciones civiles solicitaron en mayo pasado una investigación al respecto en ambos países.

Las autoridades municipales, estatales y federales, por su parte, niegan su competencia ante violaciones normativas de la empresa, como la perforación del acuífero, la realización de más barrenos y más profundos de lo que tenía permitido. Incluso, el Consejo Tiyat Tlali acusa a la minera de cooptar a las autoridades de Santa María Zotoltepec, pues aduciendo responsabilidad social donó a la clínica un ultrasonido, cinco monitores de signos vitales, y pintó prácticamente todo el pueblo con los colores institucionales de la empresa (amarillo y naranja); también ha regalado mochilas y hasta sillas de ruedas, que fueron repartidas en un evento público por Marta Erika Alonso, esposa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

La minería a cielo abierto tiene consecuencias fatales e irreversibles: su impacto en el medioambiente impide la regeneración de flora y fauna, y se pierden terrenos de cultivo. Organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) han advertido, por ejemplo, que la producción de cada gramo de oro deja una tonelada de tierra contaminada con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados, que por siglos envenenarán los mantos de agua.

A los pobladores, la empresa les ha dicho que el cianuro no es dañino para la salud y que no tiene intención de explotar la mina, aunque compró un molino para ello. Rechaza reunirse con la población afectada, y no acepta una consulta a la que la obliga la ley.

El 20 por ciento de la población que participó en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos ya siente que el proyecto, aun en su fase de exploración, ha afectado su salud (incluida la emocional) y la de su familia.

Acciones de resistencia

Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, explica que la estrategia para detener a Almaden Minerals es aumentar el costo económico, pero ponérsela difícil no ha sido fácil.

«La lógica en general de los proyectos de muerte desde el Consejo es: (la minería) es negocio, entonces, si quieres evitarlo, tiene que haber una manera en la que no sea negocio, mientras lo sea, las empresas van a querer avanzar. Buscamos con las acciones de resistencia elevar el costo económico a la empresa. Por eso una de las razones es que se interpuso una demanda de amparo, el 44/2015, contra las autoridades federales que han dado autorizaciones para que este proyecto avance, alegando el derecho al territorio, a la tierra de la comunidad, el derecho al agua y su derecho al medio ambiente sano.»

Rosa Govela Gutiérrez, compañera en el CESDER de Irma e Ignacia, lleva más de una década viviendo en Zautla y vinculada a la resistencia contra la instalación de la mina en Ixtacamaxtitlán, pero su resistir va también más allá.

«Estamos resistiendo a un modelo de desarrollo, a un modelo de vida que lo que quiere es aniquilar a las mujeres, a las campesinas, a los niños y niñas y lo que quiere es basarse en la ganancia y la acumulación. El agua es lo primero que estamos cuidando, la tierra, estamos cuidando en sentido amplio la vida, esto que nos da el agua y la tierra, el viento, la posibilidad de existir, de decir aquí estamos, la posibilidad de ser felices, de vivir de acuerdo a lo que creemos, la posibilidad de compartir, de estar alegres, de encontrarnos con el otro, con la otra y de construir otro mundo.»

Para Rosa, en este momento la resistencia es más de calidad que de cantidad, aunque cuando es necesario muestra músculo, como sucedió cuando Nacho, el hijo de doña Ángeles, decidió negarle el paso a la minera a pesar de la intimidación verbal y judicial en contra de él y otras 4 personas.

Ese día al terreno de Nacho llegó mucha gente y volvieron a cavar una zanja para impedir el paso de las camionetas de la empresa canadiense, que buscaban llegar del otro lado de un cerro, donde planean construir la presa de jales. Lo que pasó ese día fue un pequeño triunfo. Y, justo como dice Ignacia, la resistencia se convirtió en festejo cuando doña Ángeles sacó los chiquereyes.

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Intimidan a uno de los opositores a la planta de cianuro de Chemours en Durango

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 2 de agosto 2017

Contexto: El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y la REMA organizaron una reunión informativa este 29 de julio en el Ejido El Siete, municipio de Gómez Palacio, Durango, para alertar a la población sobre el peligro que representa la construcción de una planta de cianuro de sodio, proyectada en estas tierras por la empresa The Chemous Company.

El ciudadano Bernardino Ochoa Camacho, miembro del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, fue retenido el 1° de agosto, por miembros de la Policía Municipal de Gómez Palacio, estado de Durango, con el argumento de un reporte de robo de una camioneta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas en la carretera que va del Ejido El Siete, Pueblo Nuevo, hacia Abisinia, Dinamita, a la altura del kilómetro 10, mientras el compañero Bernardino iba rumbo a su domicilio en compañía de su familia, testigos presenciales de los actos arbitrarios de un par de patrullas de la Policía Municipal, quienes pidieron se orillara para interrogarlo, a la vez que, de manera inmediata, llegaron dos camionetas particulares con tripulantes que se identificaron como policías, quienes de manera prepotente lo bajaron de su camioneta para cuestionarle sobre «el presunto secuestro de dos miembros del ayuntamiento durante el pasado junio».

Al margen de lo anterior, y una vez que el compañero Bernardino declaró que desconocía sobre el asunto de su retención arbitraria, puesto que no presentaron ninguna orden al respecto, los mismos policías también le increparon para que diera los nombres de los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

Cabe resaltar que este acto de acoso, intimidación, amenazas y hostigamiento se realiza en el contexto del posicionamiento público que el pasado sábado 29 de julio, realizó el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, con el cual anunciaron su total rechazo a la planta de producción de cianuro de sodio de la compañía estadounidense «The Chemours Company» quien pretende instalarse en su territorio, a la vez que en el mismo comunicado exigen a las autoridades competentes que atiendan el asunto de manera responsable, considerando el grave peligro contra la vida que ello significa.

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería hacemos un urgente llamado a la opinión pública para denunciar los hechos, a la vez que los invitamos para que se mantengan atentos a los actos de hostigamiento, criminalización e intimidación emprendidos por la Policía Municipal del Gómez Palacio, Durango, al mismo tiempo que expresamos nuestra completa solidaridad y respaldo a la lucha que desde el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio han emprendido contra la instalación de la planta de producción de cianuro de sodio de la empresa «The Chemours Company».

De la misma manera, EXIGIMOS que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia a sus funciones públicas y sociales e inmediatamente detengan los actos de amenazas, hostigamiento e intimidación que ha realizado la Policía Municipal de Gómez Palacio en contra del compañero Bernardino Ochoa Camacho, a la vez que demandamos se investigue el rol de la policía en defensa de los intereses de la empresa, así como demandamos todas las medidas que garanticen la seguridad personal tanto de Bernardo como de cualquiera de nuestras compañeras y compañeros defensores que forman parte del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

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Comunicado del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio – A 2 de agosto

Nos solidarizamos con la lucha contra la planta de cianuro de Chemours en Durango

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la que forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, a 29 de julio 2017

Contexto: En junio 2017, celebramos la cancelación del «Proyecto San Luis» de la empresa The Chemours Company, que consistía en instalar una planta de cianuro de sodio en el municipio de San Luís de la Paz en Guanajuato. Ahora, Chemours pretender instalar su planta en el ejido El Siete, Pueblo Nuevo, municipio de Gómez Palacio, Durango. El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y la REMA organizaron una reunión informativa allí este 29 de julio para alertar a la población sobre el peligro que representa el proyecto para la salud humana y el medioambiente.

Al Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio,

En la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) nos mantenemos atentos a la valiente lucha por la defensa de su territorio que ustedes, ciudadanas y ciudadanos de la Comarca Lagunera, han emprendido contra la multinacional The Chemours Company quien pretende instalar una planta de producción de Cianuro de Sodio en el Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, Gómez Palacio, Durango.

Es muy sabido que el Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo pues genera daños irreversibles a la salud y el medio ambiente en el corto y largo plazo. Así mismo, es uno de los químicos que más utilizan las empresas mineras durante los procesos de lixiviación de metales «preciosos» extraídos con la técnica «a cielo abierto», técnica que se utiliza en proyectos de muerte para los pueblos de México y del mundo entero.

Las comunidades, ejidos, pueblos y organizaciones que integramos la REMA, somos testigos de cómo estas empresas de capital privado (nacional e extranjero) son capaces de alinear y corromper a las autoridades para facilitar los procedimientos y así obtener los permisos necesarios para implantarse en nuestros territorios y, al hacerlo, saquean y destruyen nuestros bienes naturales, refuerzan la cultura de impunidad que debilita, aún más, nuestro de por sí vergonzoso «Estado de Derecho» al generar despojo, desplazamientos forzados, criminalización de la protesta así como enfermedades, contaminación y muerte en nuestros pueblos que resisten de forma pacífica y desde la defensa de nuestros derechos, los embates de empresas relacionadas con el modelo extractivo minero.

Del mismo modo, hemos vivido en carne propia los terribles daños y afectaciones a nuestra salud y al medioambiente que las industrias consumidoras del Cianuro de Sodio de la Chemours Company han ocasionado en todo el territorio nacional.

 

Por todo ello y desde nuestra experiencia, les hacemos un llamado para que NO PERMITAN que sus autoridades locales generen escenarios que favorezcan a estas empresas, NO SE DEJEN ENGAÑAR por estudios técnicos carentes de profesionalismo científico.

A las autoridades responsables, les decimos ¡YA BASTA! de actuar de forma simulada, ambigua y vacilante, sin ética ni voluntad política para impedir que estas empresas, altamente contaminantes y peligrosas, se instalen en México, afecten nuestra salud y destruyan nuestros bienes naturales, sin sufrir algún tipo de consecuencia por ello.

La población del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, ya ha hecho público su manifiesto de ¡NO! al proyecto de muerte «Laguna» de la empresa The Chemours Company. (ver abajo)

REMA se solidariza con la lucha de La Laguna, con la gente del Ejido el Siete, Pueblo Nuevo, de tal manera que estamos listos para sumar fuerzas en esta lucha que han emprendido para evitar que este proyecto de muerte se imponga.

¡EL CIANURO MATA!

FUERA «THE CHEMOURS COMPANY» DEL EJIDO EL SIETE, PUEBLO NUEVO

FUERA «THE CHEMOURS COMPANY» DE LA LAGUNA

FUERA «THE CHEMOURS COMPANY» DE MÉXICO

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

Fraternalmente…

LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

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Comunicado del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el TerritorioEjido El Siete, Pueblo Nuevo, Durango 29 de julio 2017

Para la sociedad en general,

El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, integrado por las comunidades del Ejido Martha, Ejido Poanas, Ejido Morillo, Ejido La Aurora, Ejido Britinham, Ejido San Ramiro, Ejido Numancia, Ejido El Cuatro, Ejido Las Américas, Ejido Santa Cruz, Ejido Las Playas, Ejido Noé, Ejido Las Lechuzas, Abisinia, El Volado, Pueblo Nuevo El Siete, San Roque, La Torreña, Ejido Transporte, Ejido Seis de Octubre, Ejido Veintidos de febrero, y Ejido Maravasco, nos oponemos firmemente a la instalación de la planta productora de Cianuro de Sodio de la Chemours Company y a todos los proyectos asociados realizados por terceros como la Terminal de Materias Primas, el Gasoducto y la Planta de Cogeneración.

Somos conscientes de que el Cianuro de Sodio es uno de los venenos más letales del mundo, que puede provocar un accidente de dimensiones trágicas y que de instalarse la planta habrá consecuencias muy graves e irreversibles para nuestras comunidades. Queremos invitar a nuestros compañeros ciudadanos a que NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR cuando vienen a tratar de convencernos con dádivas, argumentando que no será tóxico para nuestros bienes naturales.

No necesitamos hacer regalos para que la gente se informe y conozca la verdad, nuestra vida está primero y vamos a luchar por cuidarla. Las comunidades aceptamos las fuentes de trabajo que NO ATENTEN CONTRA NUESTRA VIDA Y DIGNIDAD, NO NOS INTERESA EL «EMPLEO» QUE VIENEN A «OFRECERNOS» ya que de instalarse en nuestro territorio, comprometen el futuro de nuestros niños.

Nuestros intereses han sido ignorados por las autoridades responsables quienes no han escuchado nuestra voz, por ello les decimos que nuestro mensaje es claro:

– QUEREMOS UNA VIDA DIGNA, QUEREMOS SER ESCUCHADOS, PARTICIPAR Y SER TOMADOS EN CUENTA;

– QUEREMOS DESARROLLO, PERO INTEGRAL Y NO A CUALQUIER COSTO;

– NO QUEREMOS DESARROLLO QUE GENERE VÍCTIMAS, NO VAMOS A VENDER EL PATRIMONIO DE VIDA DE NUESTRO PUEBLO POR UNOS CENTAVOS, NO SEREMOS EL VERTEDERO DE DESECHOS, MATERIALES Y HUMANOS DE INDUSTRIAS IRRESPONSABLES, NO VENDEREMOS NUESTRA SALUD NI NUESTRO TERRITORIO, NO QUEREMOS QUE EL DESARROLLO SEA UNA AMENAZA PARA NUESTRAS COMUNIDADES.

A las autoridades les decimos claramente que NO NOS ENGAÑAN cuando vienen a prometer mejoras para nuestras comunidades pues sabemos claramente que no las hacen pensando en nuestras necesidades. HAGAN SU TRABAJO DE MANERA ÉTICA Y RESPONSABLE, SEAN HONESTOS CON EL PUEBLO, VEAN POR NUESTROS INTERESES Y NO POR LOS DE ESTAS EMPRESAS DE MUERTE.

Terminantemente, les decimos:

¡AISPURO, AISPURO NO QUEREMOS CIANURO!

¡QUEREMOS A CHEMOURS FUERA DE NUESTRO PUEBLO,

FUERA DE LA LAGUNA Y FUERA DE NUESTRO AMADO MÉXICO!

¡EL CIANURO MATA!

Foto: Multimedios – Edición Laguna

VIDEO: Alberto Arroyo habla de los tratados de libre comercio y las Zonas Económicas Especiales en Oaxaca

Compartimos este video realizado por Ojo de Agua Comunicación durante el Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente», organizado en la ciudad de Oaxaca de Juárez en junio 2017

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El Dr. Alberto Arroyo Picard es investigador de la UAM-Iztapalapa.

Legalmente, los Tratados de Libre Comercio (TLC) internacionales son Ley Suprema pero no están por encima de la Constitución. Pero en los hechos, sí lo están, porque uno de los derechos que adquieren los capitalistas extranjeros cuando vienen a invertir en un país que ha firmado uno de esos tratados, como es el caso de México, es que cualquier conflicto en torno a sus intereses no se dirime en tribunales de nuestro país, sino en tribunales especiales de arbitraje, ni siquiera por jueces. Se resuelve en un espacio que creó el Banco Mundial: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a la Inversión (CIADI). Tiene mecanismos para hacer valer las sentencias. Esto es lo que hace que en los hechos, los tratados internacionales están por encima de nuestra Constitución.

Ni siquiera es un juez que resuelve el caso, sino un arbitro. Lo único que va a hacer es agarrar el TLC y decir: «A ver, ¿quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo con el Tratado?» No se está preguntando si es justo o no, ni si es legal o no. Lo único que está diciendo es: «Tú firmaste, entonces tengo que ver si estás cumpliendo con lo que se firmó».

Es en este marco de los tratados de libre comercio firmados por México que quieren traer inversiones extranjeras en las Zonas Económicas Espeiales (ZEE), con el argumento de traer desarrollo. Para nosotros, no es desarrollo, es perdida de derechos, de nuestro territorio y de nuestra soberanía. El problema es que los proyectos de muerte que traen las inversiones adquieren un significado aún más grave cuando se implementan dentro del marco legal de un tratado de libre comercio que les hace más peligrosos y más difíciles de romper.

En realidad, los tratados de libre comercio son mucho más que comercio. ¿Qué derechos tienen los inversionistas que ahora quieren invertir en las ZEE?

          1- El «Trato de Nación más favorecida»: si invierto en tu país, me tienes que tratar como el mejor de tus amigos. (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, Parte V: «Inversión, Servicios y Asuntos relacionados», Capitulo XI: «Inversión», Articulo 1103: «Trato de nación mas favorecida»).

La inversión puede ser prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, aún cuando yo no he invertido ni un solo dólar todavía, la concesión que me fue otorgada ya es considerada como una inversión. Y por tanto, si me la quieren quitar, puedo demandar a los que me la quitaron, en el marco del TLCAN, no en el marco de la ley.

El «Trato de Nación más favorecida» está impidiendo todos los procesos de integración en América latina en términos de acuerdos más complementarios y de apoyo mutuo, como se intenta en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) por ejemplo, que propone una forma de integración sin competencia salvaje entre los países, basada en la complementación entre países hermanos.

          2- La ausencia de «requisitos de desempeño»: no se le puede exigir ningun requisito al inversionista extranjero. (TLCAN, Parte V: «Inversión, Servicios y Asuntos relacionados», Capitulo XI: «Inversión», Articulo 1106: «Requisitos de desempeño»).

Esos «requisitos de desempeño» son: la obligación que tiene el inversionista de cuidar el medio ambiente, de pagar buenos salarios, de comprar sus insumos dentro del país en lugar de importarlos, etc. Se trata de pedir al inversionista que viene a hacer negocios aquí, que deje algo en el país: que contrate mano de obra de la localidad, que la capacite, etc. Ahora, no existen esos «requisitos de desempeño» y el que viene a invertir puede hacer lo que se le da la gana, sin tener ningun tipo de obligación.

          3 – El derecho del inversionista a ser compensado ante cualquier medida gubernamental que tenga por resultado disminuir sus ganancias: el inversionista puede impugnar cualquier cambio legislativo que signifique la disminución de sus derechos previstos en el TLCAN. Una política pública, cualquier cosa que decida el gobierno del país receptor de la inversión, que tenga por resultado la disminución de la ganancia soñada por el inversionista, se puede considerar como una expropiación, por la que el gobierno debe pagar.

          4- El derecho a que ninguna empresa pública represente una competencia desleal para el inversionista. Consiste en someter a las empresas públicas a criterios del mercado, como si fueran empresas privadas cuyo único objetivo fuera ganar dinero y no garantizar derechos.

          5 – La protección aún después de que se rompiera el tratado. La idea es que la amortización de una inversión lleva muchos años para que el inversionista recupere lo que invertió. Si se rompe el Tratado, éste tendrá una vigencia hasta que el inversionista recupere su inversión.

Todos esos derechos que adquieren los inversionistas en el marco de los TLC están en los hechos por encima de los Derechos Humanos, y en este sentido son ilegales. La legislación internacional dice que los Derechos Humanos deben estar por encima de cualquier otro derecho. Pero como tenemos enormes dificultades para hacer valer los Derechos Humanos en tribunales, y como a cambio los inversionistas tienen tribunales muy efectivos para hacer valer sus propios derechos, los Derechos Humanos se convierten en derechos de papel, y los otros en derechos reales.

Las ZEE son políticas públicas para atraer inversión extranjera. Una vez que esa inversión extranjera se instala, tiene todos estos derechos. Este es el tamaño del problema. Si se instalan las ZEE, la situación se vuelve mucho más complicada. Ya se trata de una lucha internacional y no solo una lucha local o nacional.

Pero donde los inversionistas han tenido su Talón de Aquiles es cuando se topan con nosotro/as, con la gente en los territorios, en la defensa de nuestra Tierra. Todo inversionista, por más derechos que tenga, cuando llega a un territorio donde la resistencia le impide instalarse, prefiere irse porque no hay negocio. Así hemos derrotado mineras y proyectos eólicos.

El TLC más ambicioso que se ha tenido, fue el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y fue derrotado por los movimientos sociales y no entró en vigor. Más recientemente, se trató de firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y por ahora está congelado. Entonces se pueden parar.

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