ATI denuncia voluntad de Trump de «sacrificar nuestro planeta para el beneficio de la industria de los combustibles fósiles»

Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional – A 1 de junio 2017

Donald Trump anunció su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático en el marco de las Naciones Unidas. Trump quiere renegociar el acuerdo y permitir que Estados Unidos haga incluso menos.

La coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional hizo las siguientes declaraciones como respuesta al anuncio de Trump:

«Abandonar el Acuerdo de París convertiría a Estados Unidos en un Estado rebelde en materia del cambio climático. El resto del mundo no puede dejar que Estados Unidos lo arrastre con él. Se deben implementar medidas inmediatas frente al clima, con o sin Estados Unidos. Los líderes del mundo deben presionar económica y políticamente para que Trump y Estados Unidos hagan lo que les corresponde en materia de acciones climáticas.»

«A medida que los pueblos y comunidades de todo el mundo marcan el inicio de nuevos tiempos enfocados en la energía renovable y la era de los combustibles fósiles llega a su rápido e inevitable fin, Estados Unidos será dejado atrás. El negacionismo de Trump en materia del clima, tanto en términos de la contaminación como del suministro de financiamiento internacional, deja de lado a millones de personas vulnerables al clima en las comunidades más pobres de todo el mundo.

Las comunidades más pobres de Estados Unidos, en su mayoría afrodescendientes, ya sufren injusticias ambientales y lo que hace Trump es aumentar su sufrimiento. Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad con la mayoría de los estadounidenses que están resistiendo contra sus planes extremistas que dan prioridad a las ganancias de los combustibles fósiles por sobre las personas. Expresamos nuestra solidaridad con las comunidades vulnerables de todo el mundo que luchan contra la injusticia y las catástrofes climáticas.»

El presidente de Amigos de la Tierra Estados Unidos, Erich Pica, afirmó lo siguiente:

«Donald Trump pretende sacrificar nuestro planeta para el beneficio de la industria de los combustibles fósiles. Al abandonar el Acuerdo de París, Trump convirtió a Estados Unidos en el mayor villano del mundo en materia del clima.»

«El resto del mundo debe avanzar enérgicamente sin el principal emisor histórico de gases de efecto invernadero del mundo. Amigos de la Tierra Estados Unidos hace un llamamiento a todos los países para que ejerzan presión a nivel económico y diplomático con el fin de que el gobierno de Trump adopte firmes medidas en materia del clima para proteger a la gente y el planeta.»

«La mayoría de los estadounidenses rechazan los planes extremistas de Trump y exigen medidas respecto del clima. El anuncio de hoy no hace más que fortalecer nuestra resistencia.»

Contacto:

Ben Schreiber, Friends of the Earth US, (202)-280-8743, bschreibe@foe.org

Dipti Bhatnagar, Friends of the Earth International, +212 6 95 54 61 07, dipti@foei.org

Image: © Gage Skidmore

Segundo Aniversario luctuoso del profesor Bersaín Hernández Zavala

Al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.,

Al Frente Cívico Tonalteco,

Al Consejo Autónomo de la Costa,

PRESENTE

Estimados/as compañeros/as,

A través de este medio les saludamos y enviamos un fuerte abrazo desde las diferentes regiones de donde nos encontramos.

Nos unimos a ustedes al Aniversario Luctuoso del Profesor Bersaín Hernández Zavala y desde nuestras diferentes luchas caminamos para sembrar resistencia en su honor. Reconocemos el trabajo inmenso que el profesor realizó en la región de la Costa y en el estado de Chiapas. Siempre agradeceremos la fundación de las organizaciones hermanas con las que estamos muy contentos de trabajar por la justicia, dignidad y verdad de los pueblos.

Nuestro grito para recordar siempre a los hermanos y hermanas caídas en la lucha debe ser grande y fuerte por ellos, es necesario hacer ver que las amenazas, el hostigamiento y la criminalización a las y los defensores de derechos humanos y de la tierra son el rostro más perverso del capitalismo. Por las y los compas siempre una vela de luz, flores, alegría, esperanza y siempre, siempre lucha.

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)/Chiapas

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/Chiapas.

Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

20 años de soja transgénico en el Cono Sur de América Latina, 20 razones para su prohibición definitiva

Justo cuando se está realizando la cosecha número 20 de la soja transgénica resistente al glifosato en todo el Cono Sur de América latina (aproximadamente 175 millones de toneladas), la ONG Grain publica este poster con 20 argumentos para su erradicación definitiva.

>> Descargar el poster de GRAIN

El ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas) acaba de publicar su informe anual en el que confirma que el Cono Sur de América Latina es la región donde se producen más transgénicos y con la mayor superficie cultivada con un solo monocultivo (más de 54 millones de hectáreas de soja transgénica en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia) de todo el mundo.

Lo que el ISAAA no informa, por ser un simple agente de propaganda de las grandes corporaciones biotecnológicas, es sobre los impactos que este modelo, implantado hace 21 años y que hoy está produciendo su cosecha número 20, ha tenido en toda la región y en el mundo.

GRAIN, junto a cientos de organizaciones, viene denunciando desde antes de la instalación de este modelo de agricultura industrial las consecuencias socioambientales del mismo.

>> 20 razones para prohibir los monocultivos de soja transgénica en el Cono Sur:

1- Su aprobación en Argentina fue absolutamente ilegítima, siendo autorizado por un organismo (la CONABIA, Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) conformado por las mismas corporaciones. Al mismo tiempo, su expansión en todo el Cono Sur fue intencionalmente ilegal sin que en ningún momento se haya generado un debate democrático sobre su autorización y cultivo. Su imposición en Brasil y Paraguay se dio a partir de la expansión de cultivos ilegales masivos.

2- Su imposición significó la creación de un desierto verde de más de 54 millones de hectáreas que en algún momento las mismas multinacionales bautizaron como La República Unida de la Soja.

3- Con la introducción de la soja transgénica, el uso de glifosato (recientemente reclasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud) en la región creció a más de 550 millones de litros por año con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios.

4- Millones de campesinos fueron desplazados en toda la región y miles de pequeños productores debieron abandonar la producción de alimentos locales ante la imposibilidad de convivir con la soja transgénica.

5- Cientos de campesinos fueron criminalizados, perseguidos y asesinados en su lucha por la tierra como fruto de la expansión del modelo sojero en los intentos de resistir su avance.

6- Se destruyeron millones de hectáreas de bosque nativos en todo el Cono Sur por el avance de la frontera agrícola.

7- Monsanto impulsó e impulsa en todos los países modificaciones a las leyes de semillas para poder controlar y monopolizar las semillas. En Argentina, desde hace casi 15 años, viene realizando un fuerte lobby político para lograr la modificación de la ley vigente y poder cobrar regalías a cada productor que guarda semillas para el año siguiente.

8- Las enfermedades y muertes a causa del incremento del uso de agrotóxicos se multiplicaron en todos los territorios despertando fuertes reacciones de los «pueblos fumigados».

9- Los gobiernos que intentaron limitar el avance de la soja y los cultivos transgénicos se vieron jaqueados, siendo Paraguay un caso paradigmático en ese sentido.

10- Los suelos se han visto esquilmados por esta agricultura extractivista produciendo una destrucción de los mismos y una pérdida de nutrientes sin precedentes.

11- La tierra se ha concentrado en cada vez menos manos, siendo otra vez el caso de Paraguay ejemplar ya que un 0,4% de los propietarios acaparan el 56 % de la tierra.

12- La ganadería, anteriormente practicada en rotación con la agricultura, se vio desplazada hacia otros territorios con ecosistemas mucho más frágiles (Amazonia, Chaco paraguayo, humedales, etc) con consecuencias gravísimas sobre los mismos.

13- Se consolidó una alianza entre los grupos corporativos que impulsaron este modelo y los medios masivos de comunicación concentrados que impide cualquier tipo de debate o difusión de los impactos del modelo.

14- Los cultivos resistentes a herbicidas han fracasado desde el punto de vista agronómico con el surgimiento de decenas de malezas resistentes al glifosato y el consecuente crecimiento de su uso y el de otros herbicidas.

15- La ciencia que sostiene el desarrollo de los cultivos transgénicos es profundamente cuestionada por su mecanicismo y simplificación de la complejidad de los sistemas genómicos.

16- La productividad de los cultivos de soja transgénica es inferior a la de los cultivos de soja convencionales tal como se verificó en todas las investigaciones que realizaron estudios comparativos.

17- La seguridad de la soja transgénica en la alimentación nunca ha sido demostrada y las dudas que se presentan ante estudios sesgados por los intereses corporativos aún persisten, siendo cada día más difícil de sostener la falacia de la «equivalencia sustancial».

18- La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial con graves impactos ambientales, sanitarios, en el clima y en la salud a nivel global.

19 – La soja transgénica ha sido impuesta para su consumo a centenares de millones de consumidores en todo el mundo sin su consentimiento a través de su utilización en la producción de alimentos ultraprocesados.

20- Toda la cadena de producción de soja transgénica tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y la agudización de la crisis climática.

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15 años de soja: La prueba del delito, Dario Aranda

Monsanto y la Mano de Dios. La soja transgénica destruye suelos y vidas

Producción de soya en el Cono Sur de las Américas, Actualización Sobre el Uso de Tierras y Pesticidas

La República Unida de la soja recargada

Brasil: denunciamos las violaciones a derechos humanos y la criminalización de la protesta por parte del gobierno de Michel Temer

ATALC denuncia violaciones a los derechos humanos y criminalización al pueblo brasilero

por parte del gobierno de Michel Temer

Comunicado urgente de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)* – A 25 de mayo 2017

ENGLISH VERSIONVERSION FRANÇAISE

Foto: El gobierno de Michel Temer llamó al ejército para reprimir las protestas del día 24 de mayo en Brasilia. (Reuters)

Con absoluta indignación y repudio Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la situación que se está presentando desde el día de ayer, martes 24 de mayo, en Brasil, en la que el gobierno de Michel Temer utilizó al ejército para reprimir movilizaciones sociales, dejando al descubierto su verdadero rostro autoritario y golpista. Denunciamos también la instauración del Estado de Sitio en Brasilia, la capital del país latinoamericano, hasta el 31 de mayo.

Nuestras compañeras y compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de la Vía Campesina, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, la Marcha Mundial de Mujeres y las centrales sindicales, junto a nuestro grupo miembro Amigos de la Tierra Brasil, el movimiento urbano y comunidades indígenas y quilombolas se encuentran movilizados en las calles, manifestándose contra el ilegitimo gobierno de ese país y su paquete de medidas neoliberales que buscan maximizar la explotación de los trabajadores, territorios y comunidades.

Asimismo, en ATALC hemos recibido informaciones de una nueva masacre contra campesinas/os en el Estado de Pará, obedeciendo a los intereses del latifundio y el agronegocio. Sabemos que la lucha por la soberanía alimentaria y por la justicia climática son aspectos principales que están siendo atacados y reprimidos a través de las medidas antipopulares e ilegítimas tomadas por la administración del gobierno golpista de Michel Temer.

Como organización ambientalista, y en lucha por la construcción de la justicia ambiental, que se siente hermana de las organizaciones y movimientos sociales populares movilizados y que han sido brutalmente reprimidos en Brasil, hacemos llegar toda nuestra solidaridad al Movimiento Sin Tierra, a la Vía Campesina, al Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, a la Marcha Mundial de Mujeres, a las centrales sindicales, a las comunidades indígenas y quilombolas y al movimiento urbano brasilero.

Nos sumamos al reclamo de elecciones directas y universales ya, para restablecer la democracia, reconstruir la institucionalidad política y construir la justicia social y ambiental con la participación democrática del pueblo brasilero.

A la comunidad internacional en general y a los grupos de Amigos de la Tierra, les solicitamos manifestar su respaldo a través de acciones y pronunciamientos públicos en favor de quienes luchan en Brasil por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y sus territorios.

*Otros Mundos A.C. forma parte de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) que a su vez forma parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI)

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Así se venden minas en México: Especuladores lucran con permisos mineros

Este reportaje de Periodistas de A Pie y la Unidad de Investigación de El Universal fue publicado en Pie de Página el 9 de mayo 2017 y realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

Texto: Andrea Vega Valerio. Foto: Ariel Ojeda. Gráficos: Arturo Contreras Camero.

Vacíos en la regulación minera permiten que particulares se beneficien con la compra venta de concesiones mineras. Aunque no está prohibido, las ganancias quedan en unos pocos

Concesionarios particulares de minas especulan con las hectáreas otorgadas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor -empresa nacional o transnacional- y ceden los derechos con ganancias extraordinarias. Ellos y no el gobierno mexicano es quien gana por tal inversión. Gracias a los vacíos en la regulación minera, existen más de 10 mil títulos de concesión transferidos de mano en mano.

Una revisión de la base histórica de concesiones mineras muestra que, en los últimos tres sexenios, creció sistemáticamente el número de títulos concesionados a ciudadanos particulares que difícilmente tienen capacidad de explotación de una mina.

Entre diciembre de 2000 y junio de 2015, el gobierno federal otorgó 17 mil 785 títulos de concesión minera, de los cuales 5 mil 76 permisos se dieron en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, mientras que en el de Felipe Calderón la cifra se disparó hasta  9 mil 956. Para  junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado 2 mil 753.

Lo que llama la atención es que la entrega de títulos a empresas ha ido disminuyendo en favor de las personas individuales. Así, Fox entregó 2 mil 156 concesiones mineras a personas, que representan 42.47% del total de concesiones otorgadas en su administración; con Calderón la proporción aumentó hasta 61.3%, es decir, se entregaron dos concesiones a particulares por cada una de las que entrego a empresas; y en los primeros 3 años de Peña Nieto aumentó un poco más, hasta 65.7%.

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La extensión de subsuelo concesionada a ciudadanos también ha aumentado. La administración de Fox cedió a ciudadanos particulares 548 mil 339 hectáreas; Calderón les otorgó 6 millones 304 mil 725 hectáreas y Peña Nieto 2 millones 637 mil 969. Entre los tres han entregado a particulares que no tienen capacidad de explotar minas 4.8% de la superficie continental del país. ¿Para qué lo hicieron?

Mayra Montserrat Eslava Galicia, abogada y coautora del libro El mineral o la vida, explica que entre las personas que están adquiriendo concesiones pueden identificarse dos grupos: prestanombres [de empresas] y especuladores.

Los que las ceden pronto son, por lo general, prestanombres. Los que las retienen más tiempo son especuladores. Esperan el momento más adecuado para sacar una mejor ganancia. «Al fin que la concesión es por 50 años, tienen tiempo para especular», señala  la especialista.

El costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos (entre 1 y 30 hectáreas), hasta los 137 mil 790 (más de 50 mil hectáreas), más un pago variable por hectárea extra. Posteriormente, las empresas y particulares realizan un pago semestral que se calcula en proporción a la cantidad de hectáreas.

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Esquema de compra-venta

Este equipo de investigación analizó los movimientos en los títulos de concesión minera de los 10 particulares beneficiados con más hectáreas en cada uno de los últimos tres sexenios, y encontró que, al menos en los casos de los otorgados en las administraciones panistas, los particulares los han cedido o intentado ceder a compañías nacionales y extranjeras, en un esquema que funciona como modelo de apartado del subsuelo para después lucrar con él.

Manuel Langarica Ramos, la persona más beneficiada por extensión del subsuelo en el sexenio de Fox, con seis títulos de concesión minera por un total de 23 mil 547 hectáreas, en Guachinango, Ameca y Cuautla, en Jalisco, hizo transmisión por aportación a Minera El Cobre de Jalisco S.A.P.I de C.V -una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que en minería son generalmente empresas dedicadas sólo a la exploración-, y ésta, a su vez, hizo cesión de derechos total onerosa a Minas Chaparral, S.A de C.V. Langarica Ramos también hizo cesión de derechos total onerosa a la Compañía Minera de Atengo, S. de R.L de C.V.

El principal beneficiado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón fue Jorge Jiménez Arana, a quien una investigación de la Unidad de Datos de El Universal, publicada el 14 de septiembre de 2014, México, en poder de las mineras, ubicó como representante legal de la minera canadiense Blackfire Exploration México. Jiménez Arana obtuvo ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil 304 hectáreas -área de extensión similar a la del estado de Colima-, en los municipios de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Suchiate, en Chiapas.

Blackfire Exploration México ha tenido problemas con el gobierno mexicano por infringir normas ambientales, de acuerdo con el informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canadá.

En la administración de Peña Nieto la persona más beneficiada por extensión de tierras ha sido Juan Carlos Astiazarán Nieves, con seis títulos de concesión por 264 mil 558 hectáreas, en las localidades de Carbo, Hermosillo, Pitiquito y San Miguel Horcasitas, en Sonora. Astiazarán Nieves pertenece a una familia grande de ganaderos, mineros y políticos sonorenses. Estos títulos de concesión no registran movimientos. Todavía los tiene en su poder.

De hecho, de las 10 personas más beneficiadas con concesiones en el presente sexenio, la mayoría no ha cedido sus títulos. Mayra Eslava dice que esto se puede deber a que los precios de los minerales han caído y están esperando un mejor momento para hacer negocio.

Agujeros convenientes

En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a la Secretaría de Economía que «los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación».

Esta auditoría sobre el estado de los derechos concernientes a la minería recomendó que «la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, analizara la conveniencia de revisar la normativa y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas que garanticen utilidad pública y beneficios a la Nación«. Esto no se ha hecho.

El marco legal es propicio para permitir que las lagunas existentes den cabida a este modus operandi en las concesiones mineras. En su artículo 19, la Ley Minera asienta que «las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas». Especialistas explican que la palabra transmitir incluye una variedad de posibilidades: desde traspasar, ceder o vender.

Viéndolo así, vender un título de concesión es legal, aunque la ley no lo mencione como tal. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, prohíbe «lucrar con los bienes de la nación», y un título de concesión minera es justo eso.

Así lo explica Juan Antonio López, abogado y coordinador del área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC): «Una concesión no se puede vender, estarías lucrando con un bien de la nación, por eso [en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera, SIAM, donde se asientan todos los movimientos de un título] a la mayoría le llaman cesiones (gratuita u onerosa), aunque el trasfondo es que sí implican un intercambio monetario».

Julieta Lamberti, investigadora de Project PODER, una organización que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina, asegura que «los otros grandes afectados son las personas que no saben que están viviendo en un terreno cuyo subsuelo está concesionado a un particular».

Lamberti explica que si el concesionario vende el título, el comprador querrá poner una mina. Así, las plantaciones y construcciones tendrán que quitarse; y los pobladores, irse.

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Un candidato minero y un perito comerciante

Carbón o vida en Coahuila

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Despojar pueblos y atacar resistencias: las otras actividades de las empresas mineras

Boletín de prensa de la Red mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) – A 13 de mayo 2017

A la opinión pública,

Las empresas mineras de capital privado, extranjero y trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos.

A los ya de por sí conocidos procesos violatorios a los derechos humanos y a la violación de las leyes nacionales, en fechas recientes y en diversas partes del país y de Latinoamérica, han iniciado una fuerte campaña para la difamación, criminalización, estigmatización, agresión y amenazas en contra tanto de la población, como de los grupos que acompañan sus procesos de defensa y resistencia en contra de la minería.

Lo hacen desde diferentes frentes, por ejemplo: utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden Minerals como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla, el 1ero de mayo 2017; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancias federales y la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa canadiense Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango, en el 2012; o como le pasó lo mismo el 8 de mayo a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la policía estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V. De la misma forma ocurrió con la organización Bios Iguana A.C. y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V., recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra.

Esto también pasa constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en otras partes de Latinoamérica, como recientemente ocurrió en Perú, cuando la empresa canadiense Hudbay Minerals, haciendo gala del control que ya tiene sobre el estado, mandató a la policía del Perú para retener e investigar la actuación de los compañeros de MiningWatch Canada y el documentalista John Dougherty, perseguidos por proporcionar información sobre los desmanes que esta fatídica empresa ha ocasionado en varios países incluyendo el propio Canadá.

En todos estos casos hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería. Amenazan, golpean, detienen, intimidan, siembran pruebas e inventan expedientes para deslegitimizar tanto a los grupos que acompañan a los pueblos, como a los propios habitantes que aspiran a una vida digna y no de muerte como viene generando la minería.

La campaña está desatada y en ese contexto, REMA se solidariza con cada uno de las mujeres y hombres que han vivido y viven estos procesos, y lamentamos la terrible sumisión de los estados para con el poder empresarial.

El Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS), Otros Mundos A.C., EDUCA, MiningWatch Canada, Tiyat Tlali, Prodesc, Fundar, el Frente Ixtepecano, la Unión de Ejidos de Zanatepec, los pescadores de Nvo. Balsas, Bios Iguana A.C., entre muchos otros grupos, son quienes han sido víctimas de campañas difamatorias, amenazas y en algunos de estos grupos incluso han sido asesinados, simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía, el uso de la fuerza y la intimidación.

Ante esta alzada de intimidaciones y campañas de odio y difamatorias en contra de las compañeras y compañeros de grupos y comunidades por parte de la empresas mineras, la REMA denuncia la omisión del estado mexicano y lo hacemos responsable de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial de nuestros compañeros.

¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: El ejército intimada a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) en Acacoyagua, Chiapas / Crédito: FPDS

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En Chiapas se violenta el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento

Boletín de prensa de pueblos, comunidades, organizaciones e instituciones que se reunieron con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento a Chiapas – A 16 de mayo 2017

El pasado día 12 de Mayo, el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de la Organización de Naciones Unidas, el Dr. Léo Heller, dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la visita oficial que realizó a México durante dos semanas. Los dos días previos a su conferencia de prensa, el Relator estuvo en el estado de Chiapas, en donde lo que vio y escuchó de parte de las personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia fueron decisivos para que, agregando a lo que presenció en otras partes del país, concluyera enfáticamente que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.

El tono de las observaciones que el Relator adelantó al informe oficial que presentará en el mes de septiembre ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) fue contundente y directo. El lenguaje y contenido que  utilizó en su conferencia de prensa se alejó del tono frecuentemente diplomático y atenuado que caracteriza muchas veces a las declaraciones de los funcionarios de organismos internacionales que visitan a nuestro país. La explicación a este hecho es muy simple, el Dr. Heller, quién ha realizado misiones previas en diversos países africanos, asiáticos y latinoamericanos se declaró sorprendido porque las malas condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional, al índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional ni a las cifras oficiales que el gobierno  mexicano da a conocer.

Durante su visita a una comunidad a escasos kilómetros de distancia de esta Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, al presenciar conmovido cómo mujeres y niñas, acompañadas de burros, acuden a un charco de agua turbia varias veces al día para llenar pesadas garrafas de plástico y abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses del año, el Relator comentó que la situación ahí era peor de la que había visto en varios países africanos. La escena que presenció Léo Heller y que se replica muchas veces a largo y ancho del estado de Chiapas, ocurre en este caso a escasos kilómetros de distancia de las bombas de agua que trabajan día y noche para extraer más de un millón seiscientos mil litros diarios de agua para producir refrescos y agua embotellada; y del lugar en donde se sitúan los agonizantes humedales, que se reducen cada día por la avaricia y la inconsciencia de sus propietarios y complacencia de las autoridades municipales y estatales.

Durante su conferencia de prensa, el Relator se manifestó especialmente preocupado al «escuchar de parte de distintas autoridades que los derechos al agua potable y al saneamiento no están entre las prioridades del Gobierno en el contexto de sus obligaciones en materia de derechos humanos.» Y sobre cómo además, «los presupuestos federales para servicios esenciales han sido significativamente reducidos, según se informa, en más de 37% de 2016 a 2017 para los servicios de agua y saneamiento.»

El Relator afirmó que las estadísticas de que el 94% de la población mexicana tiene acceso al agua potable y 93% al saneamiento sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior. «En Chiapas… visité comunidades indígenas que han sido provistas con proyectos de infraestructura que han dejado de funcionar de manera efectiva y que ahora han tenido que volver a utilizar fuentes de agua superficiales para obtener agua potable que claramente plantean un riesgo para la salud de los miembros de la comunidad debido a la mala calidad del agua

El Relator se volvió particularmente preocupado al «conocer que muchas escuelas en México comúnmente carecen de instalaciones adecuadas de agua y saneamiento. El programa nacional para instalar bebederos en escuelas a lo largo del país es un desarrollo bienvenido, sin embargo, el progreso de su implementación, según información recibida, ha sido lento y debe ser acelerado, particularmente en estados con los mayores niveles de pobreza.» El Relator recibió un informe de la sociedad civil que detalla la falta de agua y saneamiento en las escuelas de Chiapas.

El Relator también señaló que: «en Tuxtla Gutiérrez hay costosas plantas de tratamiento de aguas residuales pero no funcionan debido a la falta de mantenimiento. Me alarmó conocer que de 194 plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Chiapas, sólo 12 están en funcionamiento, teniendo como resultado un importante problema de contaminación de las fuentes de agua. La ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas, de más de 200,000 habitantes, no cuenta con tratamiento de aguas residuales, lo cual tiene como consecuencia que las aguas no tratadas fluyan aguas abajo hacia otras fuentes. Todas estas situaciones tienen serias implicaciones en términos de higiene, salud y la potencial contaminación de fuentes de agua

También en Tuxtla Gutiérrez fue «informado de que se permite que los servicios sean cortados en caso de que no se pague el servicio, y de que no hay ninguna salvaguarda legal que impida la desconexión por la falta de capacidad económica para afrontar el costo de los servicios». El Relator subrayó que «es importante recordar al Gobierno mexicano que la desconexión de servicios basada en este criterio es considerada una violación de derechos humanos bajo el derecho internacional».

Sobre la población indígena, el Dr. Heller señaló que «los pueblos indígenas constituyen una significativa proporción de la población mexicana y un alto porcentaje de ellos viven en pobreza y situaciones de marginación. Tienen una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua. También fue evidente que los pueblos indígenas a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento. Tienen culturas, costumbres, prácticas y estructuras de liderazgo únicas, incluyendo su relación con el agua y los residuos, que deben ser consideradas y respetadas en la provisión del servicio. En Chiapas, me encontré con autoridades estatales y municipales y visité una comunidad urbana y poblaciones indígenas rurales que experimentan falta de acceso a agua potable segura y saneamiento«.

Un enfoque basado en los derechos humanos al agua y al saneamiento debe reconocer las necesidades de la gente y ubicarlas en primer lugar de prioridad en todo el país.

Organizaciones de Chiapas le presentaron 19 casos de violación a sus derechos al agua potable y al saneamiento

Durante la reunión que el Relator sostuvo con representantes de la sociedad civil de Chiapas, le fue presentado un panorama general de la crítica situación en la que se encuentra el derecho al agua en el estado, la cual quedó ejemplificada con 19 casos documentados y presentados al Relator. Durante esta misma reunión, se le hizo entrega de un documento en el que se le solicita qué recomendaciones son específicamente importantes para Chiapas, entre las que se citaron las siguientes:

1. Urgir al Estado Mexicano para que las concesiones que otorga la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la explotación de agua en Chiapas y en el resto del país prioricen la disponibilidad y accesibilidad de este líquido de forma suficiente, salubre y potable para satisfacer las necesidades de sus habitantes para uso personal y doméstico por encima de cualquier otro uso comercial o industrial. Con base a este criterio, solicitamos que la concesión para la explotación de los acuíferos por la compañía refresquera Coca-Cola FEMSA (Inmobiliaria del Golfo SA de CV) en San Cristóbal de Las Casas sea inmediatamente revisada y en su caso, revocada, debido a los insostenibles volúmenes de extracción (1.6 millones de litros diarios) y a los graves daños colaterales (caries, obesidad y diabetes) que sus productos ocasionan principalmente a la población indígena. Que las concesiones otorgadas a las industrias sean transparentadas y que su impacto social y ambiental sea evaluado por instancias técnicas y académicas competentes que, a su vez, comprueben no tener conflictos de interés.

2. Considerando que el estado de Chiapas presenta uno de los mayores índices de marginalidad y de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición, infecciones gastrointestinales del país y que estos padecimientos están especialmente determinados por la falta de acceso de la población al agua segura y confiable, la acción más importante para enfrentar la emergencia sanitaria que persiste en la entidad es la de proveer de agua segura para sus habitantes y de manera especial para las escuelas públicas y la población en situación de vulnerabilidad, particularmente indígena.

3. Solicitamos que, frente a la emergencia sanitaria que persiste en el estado de Chiapas debido a los altos niveles de contaminación biológica del agua para consumo humano se recomiende al Estado Mexicano y de manera específica al gobierno de Chiapas establezca un plan prioritario para dotar de agua segura, priorizando a las escuelas y a las poblaciones vulnerables que incluya un monitoreo permanente de la calidad de agua y de información sobre ésta a la población.

4. Solicitamos de manera muy específica al Relator que debido a la importancia que tiene el ecosistema único de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas en los Altos de Chiapas -de los que depende el suministro de agua de su población- recomiende a los gobiernos estatal y federal que éstos sean declarados área natural protegida con carácter expropiatorio.

5. Solicitamos de parte del Relator una atención especial a la relación entre agua y mujeres de cara al acceso universal al agua potable y para los hogares, debido a las desigualdades de género en el acceso al agua potable, una vez que ello es imprescindible para construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres al vital líquido.

6. Solicitamos de manera especial al Relator recomendar al Estado Mexicano la puesta en marcha de mecanismos de protección para la salvaguarda de las relaciones simbólicas de la población indígena con el agua de acuerdo a los contextos socio-culturales de cada grupo étnico y su territorio, que incida en el manejo autogestivo de acceso, disponibilidad y abastecimiento del líquido por parte de la comunidad.

7. Que la toma de decisiones en los espacios de participación sea un proceso de análisis, con información detallada y participación igualitaria de la sociedad civil, academia, usuarios del agua e instancias de gobierno, que permitan una construcción del conocimiento dirigida a una planeación con el enfoque de Cuencas Hidrográficas y Desarrollo Sostenible.

Las organizaciones que apoyaron la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento han decidido conformarse como una coalición que dé seguimiento a las recomendaciones propuestas al relator y a las que éste haga al Estado Mexicano.

La visita del Relator y el informe final que éste elabore será un instrumento muy útil para que la sociedad civil de Chiapas fortalezca sus capacidades al Estado Mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Organizaciones sociales:
Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, posesionarios y avecindados de Chicoasen
Comité Cuenca Río San Vicente
Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Comité de los Lagos de Montebello
Comité Directivo Colonia Plan de Ayala
Colonia San Isidro, Tuxtla
Observatorio Smapa
Colonia El Roble, Tuxtla
Comité Contraloría Social Colectores Marginales
Frente Popular en Defensa del Soconusco
Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C
Sistema Agua Chupactik.

Organizaciones de la Sociedad Civil:
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos/ Defensoría del Derecho a la Salud
Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente
Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Enlace, Comunicación y Capacitación
Centro Derechos Humanos Digna Ochoa A.C
Otros Mundos Chiapas,
Fundación Cántaro Azul A.C.

Centros de Investigación:
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS, Sureste,
El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR,
Universidad Autónoma de Chapingo, CESMECA/UNICAH

Diócesis de San Cristóbal

Foto: Carlos Ogaz/CDH Frayba

El relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable se fue de México con más de 70 denuncias

Boletín de prensa de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – Ciudad de México, a 12 de mayo 2017, último día de la visita a México de Leo Heller, relator especial de la ONU sobre los derechos al agua potable y al saneamiento

>> Actualización: En su conferencia de prensa de cierre de visita el 12 de mayo, Leo Heller dijo:

«Preocupa mucho la contaminación de las fuentes de agua. He visitado una comunidad rural en Papantla, Veracruz y hay una contaminación visible de las aguas superficiales con hidrocarburos y petróleo. La extracción de hidrocarburos incluyendo fracking, la minería, los aprovechamiento hidroeléctricos, proyectos industriales en general, están muchas veces comprometiendo de forma muy seria el acceso a una agua de calidad en México.»

  • Entregan informe constatando que las políticas hídricas privilegian las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad;
  • Se documentaron y entregaron al Relator Especial 72 casos paradigmáticos de violaciones en el país.

En el marco de la visita del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAyS), Léo Heller, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México, en donde se exponen las principales fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano en esta materia. (>> Descargar el informe completo)

Las redes y organizaciones que impulsaron la participación en la visita son La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

Una de las principales conclusiones del Informe es que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad. Las modificaciones en la legislación han desplazado la orientación social y facilitan la participación del sector privado en la explotación y distribución del bien común, sin inspección y sanción efectiva de las obligaciones de los actores privados.

El Informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los DHAyS, algunas de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a privados. Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –que ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada-; aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras.

Un elemento relevante alerta sobre el hecho de que la reforma energética pone en riesgo la realización efectiva del derecho humano al agua potable en México, toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia energética que promovió el gobierno federal en 2013 y sus leyes secundarias de 2014, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos tienen ahora «preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.» Estas actividades se encuentran complementadas por una amplia red de proyectos de infraestructura que en muchos de los casos se configuran a partir de la satisfacción de necesidades de la industria extractiva, no de las poblaciones.

Agrava lo anterior el hecho de que el ejercicio del derecho al agua en México se ve obstaculizado por la existencia de un modelo de inequidad en el acceso al agua y al saneamiento, en el que las personas y comunidades en situación de  vulnerabilidad son quienes tienen menor disponibilidad de este recurso.

En lo que se refiere a la calidad del agua de la que se dispone en el país, ésta no es la óptima, pues a pesar de que existe un ordenamiento que establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización en México, éste no sigue los estándares más favorables recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las organizaciones documentaron y entregaron al Relator Especial una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 17 entidades federativas. Asimismo, sostuvieron reuniones privadas con el Relator, donde se abordaron temáticas de especial preocupación como la contaminación de fuentes de agua, impactos de la privatización, desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia. (Leer: Defensores de la Costa de Chiapas denuncian cómo la minería afecta su derecho al agua potable ante relator de la ONU)

Un elemento central que denunciaron las organizaciones al Relator fue la ausencia de procesos de monitoreo, inspección y sanción por parte del Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus 13 Organismos de Cuenca en el País; así como la falta de información oportuna y sistemática de parte del Estado mexicano a las comunidades, de estudios y la situación de sus fuentes hídricas.

El Relator realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; así como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En dichos lugares, el Relator pudo ver la precariedad de las condiciones de vida de la población del campo y la ciudad por la falta de cumplimiento de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Asimismo, escuchó directamente a mujeres y hombres cuya vida cotidiana se ve trastocada por esta carencia, también pudo dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales.

En este contexto, las organizaciones y redes hacemos un enérgico llamado a los tres poderes de todos los niveles de gobierno a que cumplan con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento para asegurar la disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Contacto: visita.relator.dhays@gmail.com; brendtzu27@yahoo.com.mx; ricardo_ruiz@cemda.org.mx

Más lectura sobre la visita del relator:

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

Chiapas: Defensores de la Costa denuncian cómo la minería afecta su derecho al agua potable ante relator de la ONU

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Relator del agua se lleva aguacero de denuncias

 

 

 

Chiapas: Defensores de la Costa denuncian cómo la minería afecta su derecho al agua potable ante relator de la ONU

Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) – Acacoyagua, Chiapas, a 11 de mayo 2017

Una integrante del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) participó ayer 10 de mayo 2017 con otras numerosas representantes de la sociedad civil chiapaneca en una reunión con el Señor Leo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. La acompañaban Otros Mundos A.C., el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Cuando llegó su turno, nuestra compañera expuso al relator la grave situación que estamos viviendo en los municipios de Acacoyagua y Escuintla, zona costa de Chiapas, donde la explotación de titanio afecta la calidad de nuestras fuentes de agua y por lo tanto nuestro derecho al agua potable.

«Nuestro movimiento nació en el 2015 para defendernos de la contaminación de nuestros ríos por la minería. Somos miembros de la REMA y luchamos por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestros municipios«. Así empezó su presentación nuestra compañera, leyendo una carta del FPDS que luego fue entregada al relator.

Explicó que los sistemas de agua municipales de Escuintla y Acacoyagua agarran agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta y que sus tomas de agua se encuentran justo abajo de la mina de titanio Casas Viejas, explotada por la la empresa El Puntal S.A. de C.V. Agregó que desde el 2004, año en el que la delegación de la Secretaría del Media Ambiente (SEMARNAT), a través de Amado Ríos, empezó a aprobar una serie de cinco proyectos mineros en la zona de influencia de la Reserva de El Triunfo y en las áreas de recarga de nuestros mantos acuíferos, empezamos a tener serios problemas. Esos problemas afectan tanto los habitantes conectados a las redes municipales como a los de las rancherías y comunidades de Acacoyagua que tienen sus pozos de agua:

«Desde que se implementaron los proyectos mineros, hemos observado que el agua de la llave sale de color amarillo oxidado y que el agua de los pozos sale con lodo y grasa. Hemos notado la presencia de enfermedades en la piel por el contacto con el agua que usamos en nuestros hogares, tanto la del sistema de agua municipal como la de los pozos. Tenemos comezón, resequedad, agrietamiento, manchas y ronchas en la piel, así como enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos. Además, estas mismas enfermedades aparecen cuando los habitantes se meten a los ríos.

Hemos observado también un aumento de cáncer en el colón, el estomago, el hígado y los riñones en los habitantes de Acacoyagua y Escuintla. Notamos que los habitantes sufren de perdida de cabello y de abscesos en la parte de los brazos, los glúteos. Las mujeres embarazadas presentan abortos y partos prematuros y sus bebés presentan malformaciones

Recordó que el FPDS ha solicitado varias investigaciones a las autoridades en el marco de «mesas de trabajo» con el gobierno de Chiapas, entre las cuales un estudio epidemiológico por daños a la salud y al agua por la minería (al Instituto de Salud, Jurisdicción Sanitaria No. VII) y estudios de calidad del agua (a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, con representación en Chiapas). Ninguna de estas investigaciones se ha realizado, por lo que nos salimos de las «mesas de trabajo» en febrero 2017.

En nuestra carta al relator que leyó nuestra representante, denunciamos que esta falta de cumplimiento por parte de la autoridades causa tres tipos de problemas relacionados a los derechos al agua potable y al saneamiento y reconocidos por la ONU:

  1. Problemas de acceso a la información, participación y rendición de cuentas de los servicios de agua y saneamiento: El gobierno no nos entrega información clara y transparente ni investiga las causas de nuestras enfermedades y la responsabilidad de las mineras.
  2. Problema de calidad de agua y saneamiento: En los ríos es evidente la contaminación y su impacto en nuestra salud.
  3. Problema de acceso a la justicia en materia de derechos al agua potable y al saneamiento: El gobierno estatal de Chiapas, a través de Alfredo Lugardo López de la subsecretaria de Gobierno de la Región X Soconusco, y del Ing. Patricio Elí Matías Salas, presidente municipal de Acacoyagua se han negado a proporcionarnos acceso a la justicia:
  • al no realizar los estudios que le solicitamos;
  • al negar el paso a las rancherías Jalapa y La Cadena a su sistema de captación de agua ubicado en la concesión minera Casas Viejas pero con derecho de paso del ejido Magnolia, al darle el paso a la minera a cambio y al amenazar a su Comité de Agua para que deje el movimiento si quería recuperar el acceso;
  • al negar nuestra participación en la junta de cabildo para exponer nuestras problemáticas, cerrándonos las puertas del palacio municipal y solicitando un operativo de la policía municipal y el ejercito para intimidarnos. (leer nuestro boletín del 8 de mayo para más información sobre este acontecimiento)

Sobre este último punto, nos parecía importante denunciar la criminalización que estamos sufriendo, como muchos y muchas más defensores y defensoras del agua en Chiapas y todo México.

Aprovechamos el espacio también para solicitar nuevos estudios: uno para determinar el tipo y cantidad de metales y metaloides tóxicos en diversas fuentes de agua de Escuintla y Acacoyagua (a la CONAGUA), un estudio toxicológico y otro de medición de la radiación del titanio (al Instituto de Salud).

Al no ser escuchados, veremos la contaminación y las enfermedades empeorar en la costa de Chiapas en donde se crean dos zonas económicas especiales (ZEE) que implican la multiplicación de proyectos extractivos y por lo tanto la aumentación de la contaminación de nuestros queridos ríos por los que luchamos.

FIRMA:
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:
OTROS MUNDOS A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.

Más informes: correo a comunicacion@otrosmundoschiapas.org – o mensaje Facebook a la página del FPDS

Más lectura sobre la lucha del FPDS:

Opositores a la minería de la costa de Chiapas son intimidados por policías y militares

Defensore/as de la Costa de Chiapas denuncian el contubernio del gobierno estatal con las empresas mineras

Sobre la visita del relator:

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU

En Totonacapan reciben la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Relator del agua se lleva aguacero de denuncias

En los medios:

Minería contamina el agua de Acacoyagua, Chiapas, denuncian ante relator de la ONU, Léo Heller

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento llega hoy a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para reunirse con organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, les compartimos este informe publicado ayer por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Pretende ser una fuente de información tanto para ustedes como para el relator al momento de redactar su informe y hacer recomendaciones al gobierno mexicano.

El presente Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México es el resultado del esfuerzo que organizaciones de la sociedad civil, comunidades y colectivos han venido realizado desde hace más de diez años, con la intención de documentar las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo nuestro país.

>> DESCARGAR EL INFORME

A lo largo de sus nueve apartados, se podrá encontrar información sobre el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización del líquido, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y a megaproyectos. En este sentido, hemos dedicado una sección específica de los impactos que se han podido visibilizar a partir de la entrada en vigor de la reforma energética. De igual manera, este informe también muestra las distintas amenazas y riesgos que los defensores de derechos humanos, ambientales y comunidades enfrentan día con día en la defensa del agua y los bienes naturales de nuestro país.

Este documento ha sido elaborado con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento a México en mayo de 2017. Esperamos que la información sea útil para su informe Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2017.

Redes y comunidades que han animado este proceso:

La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF), la Coordinadora Nacional Agua para tod@s Agua para la Vida (Agua para todxs), el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDTT), el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras.

Portada: Mujer en Filomeno Mata, Veracruz. Foto: Alianza Mexicana contra el Fracking

>> Descargar el informe completo

Extracto:

VI. Extractivismo y megaproyectos: violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

6.2. Extractivismo y sus impactos en el derecho humano al agua y al saneamiento

Las empresas mineras no solo gozan de privilegios fiscales incomparables que han permitido que los recursos naturales de la nación entera solo beneficien a unos cuantos, sino que con las recientes reformas a la ley minera y la energética (que cabe recalcar, permite el fracking -o fracturación hidráulica), refuerzan el estatuto de estas industrias, reconociendo que son una «industria de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos son de interés nacional y orden público priorizando éste uso por encima de cualquier otro uso.» [Análisis de leyes de reforma energética: Artículo 96 de Ley de hidrocarburos. Alianza Mexicana contra el Fracking. 24 Julio 2014]

Las licitaciones para explotación de hidrocarburos vía fracking iniciaron y representan un peligro inminente para lograr el acceso universal alagua potable. El fracking conlleva una contaminación tóxica e irreversible del agua así como la fractura del ciclo mismo del agua por la contaminación de ecosistemas hídricos y el secuestro de grandes volúmenes de agua que se hace cuando se inyecta el agua de retorno del proceso, en pozos letrina (uno de los métodos para «deshacerse» del agua tóxica).

Por otro lado, se otorgan concesiones de explotación de acuíferos a embotelladoras como Coca Cola, Pepsi Cola y Danone (siendo estas las que acaparan el 82 % del valor del mercado en términos de ventas totales), las cuales no solo no son reguladas y fiscalizadas adecuadamente, sino que los pagos anuales de estas concesiones son absolutamente ridículas en relación a las ganancias que tienen estas empresas a partir del agua. Por ejemplo: Coca Cola FEMSA paga 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, y tan solo en 2007 tuvo ganancias por 32 mil 500 millones de pesos60. Esta falta de proporción de pago por derechos de explotación y utilidades revela como el sector político privilegia los intereses del sector económico por encima de los derechos fundamentales, el pago adecuado de estos volúmenes podría, por ejemplo, financiar la cobertura de agua potable a poblaciones que no tienen aún acceso a ella. [Esas concesiones se otorgan también a cerveceras como Constellation Brands, que acaba de inaugurar la planta más grande de Latino-América en Coahuila y tiene el proyecto de construir otra en Mexicali, B.C.]

Aunque a nivel nacional, México experimenta un grado de presión (agua empleada en usos consuntivos respecto al agua renovable) del 19.2%, lo cual se considera bajo; sin embargo, existe una gran diversidad regional: el mínimo es de 1.7% en la Frontera Sur y el máximo 138.7% en el Valle de México. El grado de presión sobre el recurso hídrico incrementa la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático, pues en estados con la mayor actividad minera, como Zacatecas y San Luís Potosí, por ejemplo, el impacto de la sequía derivado del cambio climático, «puede tener consecuencias desde leves hasta catastróficas». (CONAGUA, 2014).

De acuerdo con la misma institución la calidad del agua, tomando en cuenta el indicador de demanda química de oxígeno, el 26.6 % de las aguas está contaminada y el 5.8% fuertemente contaminada:

[Las RHA son las Regiones Hidrológico-Administrativas de México: I: Península de Baja California; II: Noroeste; III: Pacífico Norte; IV: Balsas; V: Pacífico Sur; VI: Río Bravo; VII: Cuencas Centtrales del Norte; VIII: Lerma-Santiago Pacífico; IX: Golfo Norte; X: Golfo Centro; XI: Frontera Sur; XII: Península de Yucatan; XIII: Aguas del Valle de México]

A lo anterior se suma que el territorio cuenta con áreas extensas de cuencas hidrológicas con veda. Ante este panorama a nivel nacional existe una gran la vulnerabilidad para cubrir las necesidades de la población, aún más considerando que todavía existe un porcentaje importante de la población que carece de los servicios básicos para acceder al agua. No obstante, al igual que en otros países de Latinoamérica el camino por el que han optado las políticas públicas del país han sido por el desarrollo a partir de la industria extractiva generando legislaciones que sobreponen el agua para este tipo de industria al consumo humano. Esto es claramente visible a partir de la Ley Nacional de Aguas de México de 1992 que sienta los precedentes tanto para la privatización del agua como el preparar las condiciones para dar preferencia a la industria en las concesiones. Posteriormente, la reforma a la Ley Minera y la reforma Energética han continuado en esta vía.

En la Figura 3, se muestran las concesiones mineras vigentes y los campos de exploración y explotación considerados en el plan quinquenal. Es notorio el crecimiento que se pretende para la minería (en particular una de los tipos de minería que se desarrollarán más será la de cielo abierto para la extracción de metales como el cobre y la plata. Si bien los efectos de estas políticas cobrarán importancia en los próximos años, muchos de éstos ya son evidentes. Por ejemplo, en la Figura 4, se pueden observar los volúmenes concesionados por sector, en donde se hace evidente que el agua dedicada a las actividades industriales es cerca del 50% del agua dedicado al sector Público Urbano.

Para finalizar, incluimos algunos puntos importantes sobre la industria minera, que afectan o podrían afectar los derechos humanos al agua y al saneamiento.

La industria minera impacta en el uso y calidad de aguas superficiales y subterráneas amparadas bajo el artículo 19 de la ley Minera, que otorga al concesionario el derecho de:

V. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;

VI.-Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia;

Durante 2014, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en el mismo periodo temporal. (Cartocrítica, 2016).

La reforma al artículo 27 de la Constitución permitió la expropiación de la tierra, al agua y el uso del suelo por razones de «utilidad pública» (que incluyen la industria minera -además de los hidrocarburos), y ello propició un cambio de orientación en la legislación minera: se simplificó el otorgamiento de concesiones mineras, facilitando la entrada de inversión extranjera directa a la minería.

Más lectura sobre el impacto de la industria extractiva sobre el agua:

Como las multinacionales privan a los Mexicanos de un acceso al agua potable

Concesiones de agua para las mineras

Más lectura sobre la visita del relator:

Expondrán desigualdad en acceso al agua y saneamiento en México a Relator Especial de la ONU

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Relator del agua se lleva aguacero de denuncias

[LIBRO EN PDF] «El Régimen de la Propiedad Agraria en México», de Francisco López Bárcenas

Compartimos el libro «El Régimen de la Propiedad Agraria en México: Primeros auxilios jurídicos para la defensa de la tierra y los recursos naturales», de Francisco López Bárcenas

>> DESCARGAR EL LIBRO EN PDF <<

Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. México 2017

Primera edición: 2017
Diseño de cubierta: Lourdes García Barranca
Diseño de interiores: Pez en el árbol
Imagen de portada e interior: José Guadalupe Posadas

Atribucion-No Comercial-Sin Obras Derivadas 4.0
http://es.creativecommons.org

I. El territorio mexicano y la propiedad de la tierra

México es un país que se encuentra ubicado en la parte meridional de América del Norte, cuenta con una extensión territorial de 1,964,375 kmÇ, (196,437,500 has.) de los cuales 1,959,248 kmÇ (195,924,800 has.) son superficie continental y 5,127 kmÇ (512,700 has.) son superficie insular.1 Por la importancia de la biodiversidad existente en su territorio, el país figura entre los doce considerados como de megadiversidad biológica, junto con los Estados Unidos de América —con quien comparte fronteras por el norte—; Colombia, Ecuador, Perú, y Brasil en el resto del Continente Americano y Zaire, India, China, Madagascar, Indonesia y Australia en otros continentes.

Otra clasificación de su riqueza y diversidad biológica, establece que ocupa el cuarto lugar mundial con respecto al número de especies de plantas. Con apenas el 1.4% de la superficie terrestre planetaria, el país posee cerca del 10% del total de especies conocidas en el mundo; además se destaca por la presencia de organismos que no existen en ningún otro.

Considerando tan sólo la flora, el porcentaje de endemismos se encuentra en el 50%, que se traduce en quince mil especies, mientras que para reptiles y anfibios oscila entre el 57 y 65%, y para los vertebrados, la proporción es del 32%, en promedio.2

Producto de la revolución social de 1910, una de las primeras en América Latina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció un régimen sui generis de la tierra y los recursos naturales, misma que en el año de 1992 cambió sustancialmente para flexibilizar su regulación y permitir la capitalización del campo. El artículo 27 de la Constitución Política de 1917, estableció la propiedad originaria de las tierras y los recursos naturales existentes en ella a favor de la nación, la cual se reservaba el derecho de transmitirla a los particulares para formar la propiedad privada y la social— ejidos y comunidades—, que revestían carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles; además de la pública, que pertenecía al Estado.

De igual manera prescribe que la propiedad derivada podría ser expropiada por causa de utilidad pública o sufrir las modalidades que dictara el interés social. En materia de recursos naturales, fue más radical ya que no autorizó ningún tipo de propiedad derivada sobre ellos, como consecuencia los particulares sólo podrían explotarlos mediante concesiones, reservando la explotación directa de algunos de ellos a la nación, entre los cuales se encontraba el petróleo, el uranio y otros necesarios para el desarrollo del país.

De lo anterior se tiene que la propiedad originaria de la tierra, podía asumir como propiedad derivada varias manifestaciones, que dentro del derecho se le denominan regímenes de propiedad, entre los cuales se encuentran los siguientes: pública, terrenos nacionales, ejidal, comunal y propiedad privada. Hay que notar que no es la propiedad privada la que predominaba sino la originaria, que debía tener como finalidad regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

En el año de 1992, las características que distinguían a las tierras ejidales y comunales se transformaron profundamente. El 6 de enero de ese año se reformó la Constitución Federal para quitar el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles a las tierras ejidales, de tal manera que los derechos sobre ellos pudieran ser transmitidos por venta, renta, asociación y otros actos mercantiles. Las tierras comunales siguieron conservando ese carácter pero se permitió que se pudieran convertir a ejido, y si lo hacen también pierden la protección especial que les da la ley. Junto con la reforma a la Constitución Federal se derogó la Ley Federal de Reforma Agraria y se aprobó, para sustituirla, la Ley Agraria, lo mismo se hizo con otras leyes que regulan recursos naturales.

En el presente documento, se realiza un análisis de la legislación que regula la propiedad agraria del país, centrándonos en la ejidal y comunal. En él se exponen los aspectos constitucionales y legales de este tipo de propiedad, los elementos que distinguen a los ejidos de las comunidades agrarias y de éstas con las comunidades indígenas, los sujetos de derechos agrarios, sus formas de organización, los derechos agrarios y sus alcances. De igual manera, se analizan los instrumentos que limitan el derecho de propiedad, entre ellas la expropiación y la imposición de modalidades, con un énfasis especial en las Áreas Naturales Protegidas, la ocupación temporal y las servidumbres. Se termina con formas de enajenar los derechos agrarios, entrándonos en la compraventa y el arrendamiento y señalando otras formas de hacerlo pero sin profundizar en ellas. Finalmente, se hace un recuento de todo lo expuesto, resaltando algunas de las ideas centrales expuestas. No estamos frente a una obra que profundice en el análisis del derecho agrario desde una postura teórica, aunque no escapa a ello. Se trata más bien de un trabajo panorámico sobre el contenido de las diversas leyes en materia de propiedad agraria que busca sistematizar el contenido de cada una de las leyes que lo integran a fin de que los campesinos y las personas que no son expertas en derecho tengan un acercamiento a ellas y entiendan su alcance. Como alguna vez un amigo dijo de ella, se trata de una especie de manual de primeros auxilios en materia agraria para que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios o comuneros, de manera individual o colectiva, puedan defender sus derechos.

NOTAS:
1 http://www.presidencia.gob.mx/mexico/inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx
2 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html

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Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) – Acacoyagua, Chiapas, México , a 8 de mayo 2017

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS,
A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Poco después de la hora de la cita, mientras las puertas permanecían cerradas, llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí.

Denunciamos que esta intervención de la policía y del ejército constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Eramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía «No a la minería».

Denunciamos que el presidente municipal de Acacoyagua, el Ing. Patricio Eli Matías Salas, no cumplió con su deber de realizar una reunión de cabildo abierto en la que todos los y las habitantes de Acacoyagua tenemos derecho a participar y pedir la palabra para dar a conocer nuestras demandas.

Queríamos expresar nuestra oposición a la actividad minera en el municipio y exigirle que respete la Declaratoria de territorio libre de minería que él mismo firmó en agosto 2016. Queríamos también plantearle que ni la Comisión nacional del Agua (CONAGUA) ni el sector salud han cumplido con su promesa de realizar estudios sobre la calidad del agua y la salud de los habitantes de Acaoyagua solicitados por el FPDS para investigar los impactos de la actividad minera.

Informamos al público en general que el presidente nos citó de nuevo el lunes 15 de mayo a las 3 de la tarde, por lo que le pedimos que esté al pendiente de la manera en la que seremos recibidos. Exigimos al presidente municipal que se presente junto con cabildo para que nuestro diálogo sea democrático y transparente.

Rechazamos rotundamente la presencia del ejército y de la policía en esa cita. La defensa del territorio ante la minería que estamos llevando desde el 2015 no nos hace criminales y ninguna de nuestras acciones justifica la intervención de las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno debería gastar más dinero en proteger la salud de sus habitantes afectados por la minería que en reprimirlos.

¡Fuera las mineras de Acacoyagua!

¡Vida sí, Mina no!

FIRMA:

El FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

SUSCRIBEN:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA A.C.
  RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Foto: Militares en frente de la presidencia municipal de Acacoyagua hoy lunes 8 de mayo (FPDS)

Contacto: comunicacion@otrosmundoschiapas.org

Mensaje Facebook: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio – FPDS

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