ANÁLISIS

Exhiben ante relator de Agua de la ONU al estado mexicano por la falta aplicación de la ley.
Pueblo maya lleva caso de contaminación del agua con plaguicidas ante relator de la ONU.
Caso de contaminación de plaguicidas en agua de agua de comunidades mayas, llega a manos de relator de la ONU.

Pueblos y organizaciones civiles de diversas partes de México sostuvieron una reunión con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, el Sr. Léo Heller. El trabajo del relator se centra en recopilar información y testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento que incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el acceso a la información y la calidad del agua para su uso personal y doméstico.

Si bien el relator de la ONU sólo contempla en su recorrido a la Ciudad de México y los estados de Veracruz y Chiapas para conocer de primera mano las problemáticas vinculadas a su mandato, el señor Gustavo Huchín, integrante del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu de Indignación, acudieron a la Ciudad de México para hablar sobre la situación actual y los problemas ambientales que trae consigo la contaminación del agua que afecta al municipio de Hopelchén, Campeche y en general a la Península de Yucatán.

Entre la información presentada al relator del Agua de la ONU se encuentran estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (EPOMEX) con respecto a la presencia de plaguicidas en agua del subsuelo, agua purificada, así como en la presencia del herbicida glifosato en orina de hombres y mujeres mayas.

En su intervención en el evento, el señor Gustavo Huchín habló sobre la contaminación originada por la implementación del modelo de agricultura industrial y con especial énfasis en la siembra de soya transgénica en la región. «Nuestra preocupación más grande es por la contaminación del agua por el glifosato y otros agrotóxicos, por la implementación de la siembra de soya transgénica a nivel comercial e industrial. Se ha alargado mucho la sequía en nuestro municipio por la deforestación y por esta razón los lugareños hemos perdido muchas colonias de abejas e inclusive no hemos levantado cosechas. Esto es a consecuencia de tanta deforestación que ha habido en el municipio», refirió don Gustavo. Agregó que los estanques naturales de agua como lagunas y otras zonas bajas inundables para la captación de agua han ido despareciendo por la implementación de pozos de absorción para evitar que se inunden terrenos bajos y esto propicia la contaminación del agua de lo profundo con plaguicidas utilizados para la agricultura industrial.

Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal del Consejo Maya de los Chenes e integrante de Indignación, sostuvo que existe omisión generalizada en todo el país por parte de las autoridades que deberían de ocuparse de garantizar el derecho del acceso al agua y que está sea limpia y no contaminada, refiriéndose a la dependencia federal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). «Eso le da insumos al relator para que en su momento haga recomendaciones fuertes sobre las omisiones que tienen las dependencias federales». El abogado agregó que esperan que el informe contenga una exigencia para que el Estado mexicano aplique medidas más estrictas.

Por su parte, María Colín, aboga de Greenpeace agregó: «Debe haber voluntad política por parte de instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en la regulación de las sustancias que se utilizan en el país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA) quien otorga apoyos orientados a fortalecer el modelo de agricultura industrial; y la Secretaría de Medio ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT) que no ha monitoreado el impacto en el medio ambiente por el uso de estas sustancias; es urgente que haya políticas públicas intersectoriales dirigidas a eliminar en primer instancia el uso de los plaguicidas altamente peligrosos (PAP), que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de toxicidad, y se haga un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México en aras de transitar hacia prácticas ecológicas.»

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que «la denuncia de la contaminación del acuífero de Hopelchén por presencia de plaguicida no sólo viola el derecho humano al agua y a la salud de las comunidades indígenas mayas, sino que pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de la península de Yucatán, ya que el acuífero de la Península es uno sólo e interconectado. En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua adoptando medidas para frenar la contaminación, sancionar los responsables y reparar el daño ambiental.»

Mayores informes: maogmcolectivo@gmail.com

Material gráfico y audios para su descarga:

– Fotos sobre la construcción de drenes, la perforación de pozos ilegales de absorción para la nivelación de terrenos inundables en donde se siembran cultivos industriales como la soya transgénica, sorgo y maíz hibrido + Fotos de la deforestación a causa del crecimiento de la frontera agrícola en la selva maya de Hopelchén Campeche

– Testimonios y entrevista con Jorge Fernández Mendiburu representante legal del Consejo Maya de los Chenes y don Gustavo Huchin representante maya

Foto: Ma OGM

Más lectura sobre la visita del relator:

Expondrán desigualdad en acceso al agua y saneamiento en México a Relator Especial de la ONU

En Totonacapan reciben la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México

Relator del agua se lleva aguacero de denuncias

[VIDEO] «La Voz del Gualcarque»: documental en honor a Berta Cáceres y a la lucha del COPINH

Publicada el 06/05/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos el documental «La Voz del Gualcarque» realizado por Ocote Film, disponible en línea

Sinopsis:

La pérdida de la soberanía del pueblo indígena Lenca, sobre su tierra y territorio es el resultado de las políticas neo-liberales impuestas por las elites hondureñas.

La venta de los bienes comunes de la naturaleza a los inversionistas hondureños y extranjeros se realiza sin tener en cuenta la población afectada, sus necesidades y su espiritualidad. El documental tratasobre el proceso de las comunidades Lencas en resistencia, que desde su organización COPINH, alzan sus voces y acciones en contra de la construcción ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que amenaza con hacer desaparecer su río, su cultura y sus ancestrales modos de vida.

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Mensaje de Ocote Film:

«Este documental se realizo entre el 2013-2015, cuando acompañamos a las comunidades indígenas Lencas del COPINH, durante ese tiempo nuestra prioridad fue apoyar en la defensoría de derechos humanos a las comunidades vulnerabilizadas, por el hecho de defender sus derechos colectivos e individuales, perseguidas por defender los bienes comunes de la Naturaleza y criminalizadas por defender el aire que respiramos, al agua que bebemos y en definitiva el mundo que habitamos.

Este documental es la compilación de las video denuncias que realizamos durante más de un año en este voluntariado.

…A las comunidades valientes del COPINH, a nuestra querida Berta.»

Ficha técnica:

Título: «La voz del Gualcarque»

País: Honduras

Duración: 47 min.

Realización: Ocote Film

Año: 2013-2015

Idioma: Español, subtítulos en Alemán.

Licencia: Creative Commons

Más información:

AUDIO – «Nos lo dijo el río»: Poesía en Defensa de la Tierra y el Agua

El COPINH denuncia la reiterada voluntad de Honduras de llevar a la impunidad el caso de Berta Cáceres

Sierra Norte de Puebla: La minera canadiense Almaden Minerals entra por la fuerza en Ixtamaxtitlán

Publicada el 05/05/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Consejo Tiyat Tlali y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua «Atcolhua» en solidaridad con los pobladores de Ixtamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, afectada por el proyecto minero Tuligtic de la empresa canadiense Almaden Minerals

Al Pueblo De Ixtacamaxtitlán
A Las Autoridades Municipales
Al Gobierno Del Estado
Al Gobierno Federal
A LA Secretaria De Medio Ambiente Y Recursos Naturales
A La Procuraduría Federal De Protección Al Ambiente (PROFEPA)
A La Comisión Nacional De Derechos Humanos
A La Secretaria De Economía
A La Comisión Nacional Del Agua
A Las Organizaciones De Derechos Humanos
A La Comunidad Internacional

Con amenazas y uso de lenguaje obsceno, los representantes de la empresa minera canadiense Almaden Minerals, Alfredo Martínez y Daniel Santa María, intentaron obligar a Ignacio Carmona Cruz, poblador de la comunidad Loma Larga (municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla), para que los dejara circular por una de las brechas que son propiedad privada en esta población.

Los hechos ocurrieron el lunes 1 de mayo, alrededor de las 4 de la tarde, cuando los empleados de la minera se encontraron con Carmona y lo amenazaron para que los dejara pasar.

Cabe señalar que Almaden Minerals continuó sus actividades de exploración en las comunidades de Loma Larga y Almeya, Ixtacamaxtitlán, incluso durante los meses de febrero y marzo de 2017, en que no tuvo permiso de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para hacerlo.

En estos trabajos, el personal de la empresa ha estado circulando en brechas de propiedad privada y, ante esta situación, los dueños y vecinos de la comunidad de Loma Larga se organizaron para tapar el paso, dado que son caminos que se dañan con la circulación de vehículos pesados que trae la empresa y también porque, sobre esta brecha, están las mangueras de agua potable para la comunidad y ya han sido dañadas con la circulación de las camionetas.

Es importante decir que las personas de la comunidad se han hartado por el conjunto de arbitrariedades que los mineros han estado cometiendo, por ejemplo han rodado sus vehículos sobre los sembradíos sin reparar los daños. Actos de prepotencia, burla y ninguneo a las personas de esta comunidad.

El 1 de mayo, se presentó un altercado verbal entre Carmona y los dos representantes de la minera, mismo que concluyó con amenazas contra su integridad física. Dada esta situación, el compañero Carmona manifestó que teme por su seguridad e integridad física, lo que consideramos de suma delicadeza, por lo que responsabilizamos al gobierno en sus diferentes niveles y a las instituciones SEMARNAT y Secretaría de Economía, por no asumir su responsabilidad ante los derechos humanos, situación que nos lleva a enfrentar y defendernos frente a los actos de violencia y de violación de derechos por parte de la empresa.

El día 2 de mayo, en solidaridad con la familia Carmona, un grupo de vecinos de Loma Larga e integrantes del colectivo Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua «Atcolhua» acudimos a la brecha en cuestión a colocar un poste de madera para evitar más intrusiones por parte de Almaden Minerals, cuyos representantes intentaron nuevamente amedrentarnos, sin éxito, ya que los vecinos presentes evitamos la confrontación y permanecimos en silencio.

Llama la atención que la tarde del 2 de mayo, el Ministerio Público giró, al menos a seis personas de la comunidad, oficios que fueron entregados por la policía municipal en los domicilios de cada persona, para que se presentaran a declarar por el altercado del 1 de mayo. Este es un mero acto de intimidación y de criminalización por defender nuestros derechos.

Es de hacerse notar la celeridad y eficiencia que mostraron las autoridades municipales cuando se ha tratado de la empresa minera que no es la misma con la que actúan cuando pedimos su intervención al denunciar que la minera viola las leyes ambientales o que ha atentado contra los derechos humanos de los habitantes de la zona.

Hay que señalar que, a pesar de haber documentado la violación de la regulación mexicana, las irregularidades con las que la empresa trabaja, así como la violación de los derechos a la salud, al agua y al medio ambiente sano, SEMARNAT concedió hace unas semanas el permiso solicitado por Almaden Minerals, lo que cuestiona su capacidad para resolver conflictos como el que se presenta en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Los habitantes hemos manifestado en diversas ocasiones el actuar irregular de la minera Almaden Minerals, pero ante la falta de atención de nuestras peticiones por parte de los distintos niveles de gobierno, señalamos que vamos a cuidar de nuestros derechos, en un acto de determinación comunitaria, sin el uso de la violencia.

Tenemos claro que los trabajadores y representantes locales de la empresa no son nuestros enemigos, por ello nos vamos a caer en confrontaciones que nos lleven a hacernos daño.

Siempre hemos actuado con prudencia, responsabilidad, respeto y dignidad, lo que seguiremos haciendo, pero siempre velando por nuestros derechos, los de nuestras familias y los de las comunidades.

Reiteramos que responsabilizamos a la empresa Almaden Minerals, al gobierno Federal, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaria de Economía, así como al gobierno local, de cualquier acto de violencia que surja a partir de este conflicto, y hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y a medios de comunicación para que nos ayuden a difundir este mensaje.

Información sobre el proyecto Tuligtic de Almaden Minerals en Ixtacamatitlán

disponible en la página de la minera:

Más información:

Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero a dicembre de 2016

Por la vida, los derechos humanos y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del Río Apulco: Resultados principales de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del Proyecto Minero Tuligtic

Boletín de Prensa: Almaden Minerals cotiza nuevas acciones para financiar su actividad minera en Puebla, sin contar con permiso de exploración

Fotos: Leticia Ánimas Vargas

[AUDIO] Terrorismo, delincuencia organizada: cuando el derecho penal se usa contra defensores y defensoras

Publicada el 04/05/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

En el audio y el texto que les compartimos hoy y que pueden reproducir libremente, el abogado mexicano Miguel Ángel de los Santos, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), explica cómo en México los tres viveles de gobierno y las empresas usan el derecho penal para apagar movimientos sociales y favorecer la realización de proyectos extractivos.

Es especializado en el acompañamiento legal a defensores y defensoras del territorio en Chiapas. Lo grabamos durante el seminario mensual de Otros Mundos A.C. organizado el 7 de marzo 2017 en la Enseñanza, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el que fue nuestro invitado especial.

>> Escuchar, descargar y compartir el audio completo

«La extracción de recursos del subsuelo en los pueblos, comunidades indígenas y no indígenas siempre se traduce en otras violaciones a derechos humanos, a afectaciones a los derechos colectivos de pueblos indígenas como el derecho al territorio, a la afectación de otros derechos como la salud, la alimentación, el medio ambiente adecuado, la libre expresión, la libre organización de pueblos y comunidades indigenas, entre otros.

Dado que se presentan esos efectos negativos, la respuesta tiene que ser lógicamente la oposición a esos proyectos, sobre todo cuando se imponen sin que se lleve a cabo el proceso de consulta informada que corresponde en los casos de pueblos indígenas de acuerdo con lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y aunque no se tratara de pueblos indígenas, los pueblos y comunidades que no son indígenas también tienen derecho a ser consultados si son proyectos que van a tener repercusiones negativas en su salud, en su alimentación, etc.

Los movimientos reducidos a bloquear carreteras para ser escuchados

Los movimientos sociales han agotado diversas modalidades para oponerse a las políticas que les afectan. Han llevado a cabo marchas, han caminado kilómetros y kilómetros para llegar a las sedes donde se instalan los gobiernos, donde se toman las decisiones, y no siempre son atendidas esas marchas. Han llevado a cabo plantones, de días, de meses, y los efectos no han sido positivos. Han llevado incluso huelgas de hambre y a pesar de que quienes llevan a acabo esas huelgas han estado a punto de perder la vida, aun así, no se les atiende.

Eso ha conducido a diversificar las formas de lucha. Por ejemplo en Chiapas, la forma de lucha que esta de moda es el bloqueo de carreteras. Parece ser ahora una medida que puede resultar un poco más efectiva en estos tiempos, dado que los otros mecanismos han dejado de ser eficaces para lograr diálogos y atención de las autoridades. Evidentemente que eso tiene repercusión en derechos de otras personas, pero eso no debe ser justificación para reprimir la manifestación llevada a cabo por un movimiento social. No puede ser justificación porque lo que ese grupo o esa comunidad esta llevando a cabo es ejercer un derecho de oposición a una política que le afecta, ejerciendo un derecho de libre manifestación, de libre expresión.

Los movimientos acusados de terrorismo, delincuencia organizada y secuestro

En este contexto es que se utilizan las herramientas del derecho penal. El derecho penal, como rama del derecho, pretende regular la convivencia entre las personas, pero a veces, se le da un uso perverso, un uso dirigido a favorecer el desarrollo de esos proyectos económicos que tienen que ver con la extracción de recursos del subsuelo, la generación de energía eléctrica, etc.

Surgen las figuras jurídicas ambiguas, generales, indeterminadas, como el terrorismo; los atentados contra la paz y la libertad y la integridad corporal y patrimonial de la sociedad y del estado; la rebelión; el motín; la apología del delito, etc. Todas esas conductas previstas en el código penal, que fueron creadas para otros contextos, son aplicadas a la protesta social. Incluso el delito de delincuencia organizada o el delito de asociación delictuosa. En muchos casos, la manifestación implica hacer presión sobre las personas que toman las decisiones en los ayuntamientos y a veces, para forzar un diálogo, una negociación, no les permiten abandonar el edificio de la presidencia municipal, y eso, traducido en un proceso penal, se desarrolla como secuestro en algunos casos.

Por tanto digamos que esas son las formas que toma el uso inapropiado, indebido y perverso incluso del derecho penal. Y tiene como finalidad una cosa: distraer a la organización, distraer al defensor o la defensora de la actividad que lleva a cabo en defensa de los derechos humanos para que se ocupe evidentemente de su defensa.

Si criminalizar a los defensores no basta para callarlos, los asesinan

¿En qué contexto se da? Siempre en contextos en que el movimiento social, la organización social, las defensores y los defensores están llevando a cabo acciones legales, políticas, sociales, frente a los efectos negativos de estos grandes proyectos económicos (la minas, las represas hidorelectricas, etc.). Los gobiernos buscan obstaculizar, limitar, impedir incluso, la actividad de defensoras y defensores de derechos humanos. Lo más triste es que cuando las herramientas del derecho penal no les son suficientes, todo parece indicar que tanto los gobiernos como las empresas privadas a cargo de esos proyectos están muy dispuestos a sacrificar el defensor o la defensora de los derechos ambientales. Eso es lo que hoy estamos viviendo con los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos.

Frente a eso, habrá que fortalecer la organización y la concientización, pero también la actividad frente a gobiernos, presionar a los gobiernos para obligarlos a respetar sus obligaciones que tienen en materia de derechos humanos. El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general en favor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, dado el alto índice de criminalización de sus actividades, y en esa recomendación señala que los gobiernos deben crear mecanismos eficaces para atender todo caso de amenaza, hostigamiento, ataque directo a la actividad de defensores y defensoras de derechos humanos. Deben también generar una política de respeto hacia el trabajo que realizan defensoras y defensores a derechos humanos porque es bien sabido que cuando desde los niveles más altos se cuestiona, se pretende desvirtuar ese trabajo, los del nivel más bajo entienden que hay libertad para atacar, amenazar y agredir a defensoras y defensores de derechos humanos.

Mientras los gobiernos no entiendan el papel fundamental que juegan para el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos, va a continuarse con esta política de seguir utilizando medidas de presión o ataques directos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.

Foto: Miguel Ángel de los Santos en el seminario de Otros Mundos A.C. en la Enseñanza – Otros Mundos A.C.

Algunos casos de criminalización a defensores y defensoras del territorio:

– Mariano Abarca Roblero, defensor del territorio en Chicomuselo, Chiapas, fue acusado de delincuencia organizada y asociación delictuosa por un responsable de la empresa minera canadiense Blackfire por haber participado en un bloqueo. Fue detenido 8 días en agosto 2017, y asesinado tres meses después. Más info aquí y aquí.

– Silvia Juárez Juárez, defensora del territorio zoque de Chiapas, fue acusada de secuestro y motín por el presidente municipal de Tecpatán y detenida el 21 de febrero. Está en libertad condicionada desde el 28 de abril. Más info aquí y aquí.

– Los integrantes del Frente popular en Defensa del Soconusco (FPDS) son presentados como delincuentes en los medios locales de Acacoyagua y Escuintla, zona costa de Chiapas, donde mantienen dos campamentos para detener la actividad minera. Más info aquí y aquí.

– Jennifer Moore y John Dougherty fueron detenidos por la policía peruana el 21 de abril tras presentar un documental sobre violaciones a derechos humanos perpetrados por la minera canadiense Hudbay Minerals en el país, y amenazados por ser inculpados de los delitos de trabajo remunerado incompatible con su situación migratoria y obstrucción a la inversión minera. Salieron del país el 23 de abril. Más info aquí.

– Máxima Acuña, defensora peruana en lucha contra la minera Yanacocha, fue acusada por la empresa de usurpación agravada por no entregar sus tierras. En en un fallo histórico, fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia de Perú este 3 de mayo.

Más audios sobre el tema:

AUDIO – Gustavo Castro: «Tenemos que cambiar la forma de resistir y de construir procesos colectivos comunitarios»

AUDIOS – Memoria del conversatorio «Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina»

A siete años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, exigimos justicia y castigo a los responsables

Publicada el 27/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 27 de abril 2017

Hoy, 27 de abril 2017, a siete años del asesinato de nuestra querida compañera Bety Cariño y del observador de derechos humanos finlandés Jyri Jaakkola, seguimos exigiendo justicia.

La defensora poblana Bety y Jyri fueron acribillados a balazos durante una emboscada preparada por paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) en el municipio autónomo de San Juan Copala, mientras se realizaba la Caravana Humanitaria para apoyar al pueblo triqui que sufría en ese entonces mucha violencia paramilitar en su territorio.

A siete años de los hechos, hay cinco detenidos y ocho órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar, pero ningún juicio, ni una sola sanción. Exigimos que se condenen a los responsables de los asesinatos.

Denunciamos la falta de procuración de justicia por parte del gobierno mexicano en casos de asesinatos a defensores de derechos humanos o de feminicidios. La impunidad sólo favorece la multiplicación de esos crímenes, como lo recordó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst después de su visita en México en enero 2017.

Nuestra compañera de lucha Bety, coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) e integrante de la Red Mexicana de de Afectados por la Minería (REMA), fue asesinada por su labor a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México, su derecho a la autodeterminación y a una vida digna.

Su asesinato no es un caso aislado: ella es una de las 41 defensoras de derechos humanos ejecutadas en México desde 2010 a la fecha por ser mujeres y activistas, según el lamentable recuento que presentó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) en su último informe, recordando que esos viles crímenes aún permanecen en la impunidad.

Mandamos nuestro abrazo solidario a las familias de Bety y Jiri, porque su lucha queda de ejemplo y nos hace seguir todos los días, en su recuerdo, con sus palabras en el corazón, con esa convicción por la defensa de la vida de la tierra y de los territorios.

¡Urge que se respete en México el derecho de los defensores de la vida y el territorio!

CONVOCATORIA

Más información:

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal demanda a las autoridades verdad y justicia

Familiares, amig@s y compañer@s de lucha rinden homenaje a Bety Cariño a 5 años de su asesinato

Video: Homenaje a Bety Cariño a cinco años de su asesinato

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Guatemala: el defensor maya q’eqchi Rodrigo Tot gana el Premio Goldman de Medio Ambiente

Publicada el 26/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Artículo de The Goldman Environmental Prize/El Premio Goldman de Medio Ambiente, conocido como el «Premio Nobel del Medio Ambiente», entregado cada año a un defensor o una defensora del medio ambiente de cada continente, por la fundación estadounidense Goldman Fund. Este 23 de abril, el defensor guatemalteco Rodrigo Tot recibió el premio para Centroamérica y América del Sur.

Rodrigo Tot, 59 años, es un líder comunitario maya q’eqchi de la aldea de Agua Caliente (municipio El Estor, departamento de Izabal, Guatemala). Guío a su comunidad a una decisión judicial que sentó un precedente histórico, la cual ordenó al gobierno que emitiera títulos de propiedad para el pueblo q’eqchi y evitó que la destructiva minería de níquel se expandiera a su comunidad. Por esta labor en defensa del territorio ganó el Premio Goldman de Medio Ambiente para Centroamérica y América del Sur.

Una larga historia de incursiones

El lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, y sus tierras circundantes en El Estor, son un lugar de vital importancia para el pueblo indígena Q’eqchi. Como descendientes de los antiguos mayas, los Q’eqchi mantienen su vida cultivando y pescando. Defendieron su territorio de los colonos españoles en el siglo XVI y, cientos de años más tarde, están luchando por su tierra una vez más, esta vez contra su propio gobierno y las empresas multinacionales interesadas en explotar los depósitos de níquel en sus tierras.

En la década de 1960, el gobierno guatemalteco comenzó a otorgar permisos a mineras multinacionales en un intento de sacar tajada a los precios del níquel en aumento. Entre las minas establecidas durante esta fiebre estaba la mina Fénix. Dejó de operar en los años ochenta cuando el precio del níquel se estrelló, pero no antes de descargar aguas residuales no tratadas en el lago Izabal y convertirlo en el lago más contaminado del país.

El precio global del níquel se recuperó y, en 2006, las empresas mineras regresaron a El Estor. El gobierno emitió un permiso no sólo para que reinicien la mina Fénix, sino que también expandan sus operaciones en la aldea Q’eqchi de Agua Caliente. Las fuerzas de seguridad de la empresa comenzaron a expulsar a la gente de sus tierras, violando los tratados internacionales que requieren el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.*

*Info complementaria de Otros Mundos A.C.: La empresa que reactivó la mina Fénix es la Companía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la minera canadiense Skye Resources, la cual fusionó en el 2008 con otra minera canadiense, Hudbay Minerals. Se crea ese mismo año una nueva subsidiaria de Hudbay, HMI Nickel Inc., dueña actual de la mina. El proyecto ha generado protestas desde el 2005. En el 2009, Hudbay lanzó un operativo de desalojo en el que un habitante de la comunidad Puerto Barrios en El Estor, Adolfo Ich, fue asesinado a balazos y machetazos por el entonces jefe de seguridad de Hudbay, Mynor Padilla. El mismo dejó paralítico a otro habitante, Germán Chub Choc. Por esos crimenes, Mynor Padilla fue absuelto el 6 de abril 2017.

El Estor

Estableciendo bases legales para defender sus tierras

Rodrigo Tot nació en el centro de Guatemala justo cuando el boom minero de los años 60 estaba en marcha. Después de perder a sus padres a una edad temprana, se mudó a vivir con sus parientes en Agua Caliente cuando tenía 12 años. El pequeño pueblo llegó a ser su hogar donde creció, aprendió a cultivar, se casó y crió a sus hijos.

Tot nunca recibió educación formal, pero aprendió a hablar español escuchando a otros -una habilidad valiosa para una comunidad indígena que estaba culturalmente privada de los derechos disfrutados por el resto del país. Tot recuerda cómo funcionarios del gobierno y de la compañía nunca hablaron con la comunidad local sobre las minas. Los Q’eqchi sólo se enteraron cuando los mineros llegaron a su tierra para comenzar a trabajar.

El miedo comenzó a propagarse por la comunidad. La gente estaba preocupada de perder su tierra y con ella, su sustento. Tot vio la necesidad de comenzar a reunir pruebas de posesión Q’eqchi de las tierras y, en 2002, como el presidente electo de Agua Caliente, trajo estos documentos al gobierno y solicitó títulos de tierras. Para su consternación, descubrió que varias páginas del catastro oficial habían sido removidas en un intento deliberado de negar a su pueblo sus derechos sobre las tierras.

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Un fallo inesperado

El siguiente recurso para la comunidad fue someter a juicio al gobierno. Tot encontró apoyo legal con el Centro de Recursos para la Ley Indígena (ILRC- por sus siglas en inglés), localizado en los EE.UU., y Defensoria Q’eqchi, una pequeña organización de derechos humanos en Guatemala. El equipo pasó años preparando su caso para establecer las reclamaciones legales a la tierra de la comunidad, incluyendo un estudio geográfico de Agua Caliente y la cadena de propiedad de la tierra. Como una de las pocas personas de Agua Caliente que hablaba español, Tot tradujo todos los detalles de los trámites para la comunidad, organizó reuniones para ayudar a reunir evidencia y contestó las preguntas de los aldeanos.

El 8 de febrero de 2011, dos años después de que la comunidad de Agua Caliente presentó su demanda, el Tribunal Constitucional emitió una decisión histórica. Reconociendo los derechos de propiedad colectiva de los Q’eqchi, el tribunal ordenó al gobierno que reemplazara las páginas que faltan del registro y expidiera títulos de propiedad a los habitantes de Agua Caliente. La sentencia fue una sorpresa para los activistas ambientales e indígenas de todo el mundo que eran bien conscientes de la corrupción en el sistema legal de Guatemala y no confiaban en la capacidad de la corte para ver lo atroz que habían sido estas violaciones.

La victoria ha sido lograda con un enorme costo personal para Tot. En 2012, dos de sus hijos se encontraban en un autobús a la Ciudad de Guatemala cuando fueron fusilados en lo que parecía ser un robo en escena. Uno de ellos murió y el otro sobrevivió con graves heridas.

Mientras tanto, la búsqueda de Tot y su comunidad para asegurar los títulos de tierras continúa. El gobierno todavía tiene por hacer cumplir la decisión de la corte y la compañía minera continuó llevando adelante su extensión. En respuesta, Tot estableció un grupo de vigilancia comunitaria para mantener a raya a los intrusos. En 2014, las fuerzas de seguridad intentaron entrar al pueblo, pero se retiraron después de un pacífico enfrentamiento dirigido por Tot. No han vuelto desde entonces. El caso ha sido priorizado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se está revisando actualmente bajo un estatus acelerado.

Video: El Capítulo Guatemala del documental «Fraude de Flin Flon» de John Dougherty,

sobre las actividades de Hudbay Minerals en El Estor

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Video: El documental «Fraude de Flin Flon» completo,

sobre las actividades criminales de Hudbay Minerals en varias partes del mundo

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Más lectura sobre el Premio Goldman:

La lista de los 6 galardonados del Premio Goldman 2017

Activista contra las cementeras reconocido con el prestigioso Premio Goldman

Más lectura sobre Hudbay Minerals:

Absuelven en Guatemala a presunto asesino, ex jefe de seguridad de la empresa minera canadiense (Hudbay Minerals)

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Información en MiningWatch

Foto: Goldman Environmental Prize

Megaproyectos, militarización y control socio-territorial en la zona transfronteriza México-Guatemala

Publicada el 25/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Investivestigación y cartografía de Geocomunes, colectivo de geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes, en colaboración con Voces Mesoamericanas y Mesa Transfronteriza Migraciones y Género

La frontera sur de México constituye una zona estratégica por ser un corredor de tránsito entre Centroamérica y Norteamérica, tanto para mercancías como para migrantes. Por esta razón la región es considerada por distintos planes de desarrollo neoliberales, como el Plan Puebla Panamá, ahora Proyecto Mesoamérica, y más recientemente, las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

El control económico de la región se complementa con planes de control de la población como el Plan Frontera Sur, diseñado para gestionar el tránsito de migrantes en su ruta hacia Estados Unidos y combatir al narcotráfico con base en apoyos económicos, de armamento, capacitación y, sobre todo, la presencia de distintas fuerzas de seguridad (ejercito, marina, policía federal y estatal, gendarmería), las cuales facilitan el completo control sobre esta zona estratégica.

MAPA 1

Control social y territorial

El despliegue de fuerzas de seguridad justificado por el control de los flujos migratorios y la lucha contra el narcotráfico, parece también responder a una necesidad de asegurar un control social y territorial en la zona. Este dominio socio-territorial sirve para llevar a cabo ciertos proyectos extractivistas y de infraestructura que generan procesos de resistencia por parte de la población local (proyectos mineros, hidroeléctricos, de autopistas, de extracción de hidrocarburos).

Se puede citar como ejemplos las bases militares existentes cerca de Chicomuselo donde se quiere llevar a cabo proyectos mineros que generaron un conflicto amplio con la población (el activista Mariano Abarca fue asesinado en 2009 por la empresa canadiense Blackfire), o las bases existentes en el istmo de Tehuantepec donde se están desarrollando varios megaproyectos (parque eólicos, proyectos mineros, presas, gasoductos). El ejemplo más reciente es la creación de la gendarmería ambiental en la Reserva de la Biósfera Montes Azules, que posee una connotación contrainsurgente y aparece como la prolongación de la estrategia de guerra de baja intensidad desarrollada a partir del levantamiento zapatista en 1994. Pero además, facilita el desarrollo de proyectos del capitalismo verde, como cultivos de palma africana, hidroeléctricas y proyectos ecoturísticos.

Desarrollo de corredores multimodales de flujos múltiples y de las ZEE

En el MAPA 1 se aprecian también diferentes corredores multimodales previstos en la zona como el Corredor Interoceánico en Guatemala o el Corredor Transístmico. Esos corredores concentran flujos de mercancía por el medio de proyectos carreteros y ferroviarios, incluso de energía por medio de gasoductos o red eléctrica, y los flujos de migrantes, quienes constituyen una fuerza de trabajo barata y sobreexplotada para distintos proyectos industriales en de la región.

La importancia del control territorial de esos corredores explican el despliegue y las relaciones entre tres grupos de poder: las fuerzas de seguridad, la presencia del crimen organizado y de los capitales interesados en la zona.

El Corredor Transistmico corresponde a unas de las dos ZEE previstas en la zona (Istmo de Tehuantepec: de Coatzacalcos a Salina Cruz). La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales promulgada en 2016 fue diseñada conjuntamente por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Harvard. Aparece como un estimulador para la inversión privada y el desarrollo de megaproyectos en la región (las empresas no pagarán impuestos y existen modalidades de expropiaciones de tierras con la justificación de la utilidad pública de las ZEE). Además intensificarán el control social y territorial en la zona. Existe un diagnóstico, por parte de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), para trabajar en una estrategia preventiva para preservar la seguridad de las ZEE.

Megaproyectos como factores de migración forzada

En el MAPA 2 se aprecian varios megaproyectos que generan desplazamiento de la población en la región geoestratégica de la Franja Transversal del Norte (FTN) en Guatemala. Esta franja, también conocida como «Franja de los Generales» por el acaparamiento de tierras por altos mandos militares durante en los años 70 y 80, corresponde a un viejo plan de construcción de una carretera, que cruzaría la selva desde la ciudad de Modesto Méndez hasta la frontera con México, para permitir el desarrollo de proyectos extractivos (hidrocarburos, minería, agroindustria, hidroeléctricas) en esta zona aislada. Aunque todavía no se ha llevado a cabo la construcción de toda la carretera, muchos proyectos se han implementando y han generado numerosos casos de despojo y migración forzada.

Se puede mencionar la contaminación del río La Pasión por la aceitera Reforestadora de Palmas del Petén (REPSA) que ha provocado la muerte de miles de peces, afectando la economía local y a más de 3000 familias. O también los proyectos hidroeléctricos de la zona de Huehuetenango como Barillas o San Mateo Ixtatán, donde las empresas contratan a militares de la ex Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) para imponer sus proyectos. Además, está el caso de la Mina Marlín de la empresa canadiense GoldCorp que ha generado graves afectaciones a la salud en la población local como en la localidad de San Miguel Ixtahuacán. Así como los casos de despojo de tierras de valle del Polochic por el implemento de cultivos de palma africana y de caña de azúcar o de proyectos mineros.

Esos casos ilustran como el despliegue de megaproyectos (minería, energías renovables, hidrocarburos, agroindustria) provoca desplazamientos forzados de manera directa (despojo de tierras,) o indirectas (condiciones de reproducción social afectadas por contaminación, perdida de seguridad alimentaría, etc).

Además, el nivel de violencia existente en Guatemala y Honduras, principal causa de migración en la región, es derivado de las luchas por la apropiación de la ganancia por parte de distintos gobiernos, empresas y crimen organizado. Cualquier comunidad o individuo que se oponga al control territorial por parte de estos actores, se enfrenta la represión del gobierno, se convierten en víctimas de amenazas y asesinatos por parte de sicarios y grupos paramilitares que operan como brazos armados de los intereses gubernamentales y empresariales.

MAPA 2

Sobre la detención de Jen Moore y John Dougherty en Perú: ¿Qué tiene que esconder la minera canadiense Hudbay a los peruanos?

Publicada el 24/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de MiningWatch Canada/Alerta Minera Canadá, organización canadiense que estudia los patrones de operación de las empresas mineras canadienses y las políticas mineras del gobierno canadiense en el mundo – Ottawa, Canadá, a 24 de abril 2017

La integrante de MiningWatch Canada Jennifer Morre y el periodista estadunidense John Dougherty fueron detenidos arbitrariamente en Perú tras presentar el documental «Flin Flon Flim Flam» sobre las operaciones y violaciones a derechos humanos de Hudbay Minerals

El viernes 21 de abril, alrededor de las 8:20 pm, Jen Moore, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá, y el periodista estadounidense John Dougherty fueron detenidos arbitrariamente en Cusco, Perú, luego de un exitoso evento público en el que se proyectara un documental sobre las operaciones de Hudbay Minerals en Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Perú. Ambos fueron rodeados y detenidos por entre 15 a 20 policías nacionales, muchos de ellos vestidos de civil, y un puñado de oficiales de migración.

Moore y Dougherty fueron interrogados sobre su estatus migratorio e informados que dichas actividades -proyectar y debatir sobre un documental- no les estaban permitidas bajo sus respectivas visas de turista. Cuatro horas más tarde fueron liberados con una orden para comparecer ante el tribunal el lunes 24 de abril para ser imputados.

«La situación que se dio el viernes no tiene que ver con el estatus migratorio, sino con Hudbay tratando de ejercer control sobre qué información llega a las comunidades que viven alrededor de la mina Constancia. ¿Qué es lo que Hudbay tiene tanto miedo de que las comunidades aprendan del documental sobre sus operaciones internacionales?», comentó Moore.

La estigmatización y criminalización de los involucrados en la proyección del documental «Flin Flon Flim Flam» en las comunidades alrededor de la mina Constancia, así como en Cusco y Lima comenzó mucho antes de que Jen y John llegaran a Cusco el pasado 15 de abril. Un artículo anónimo en un periódico de Cusco acusaba ante las autoridades locales y de distrito a Jen Moore, MiningWatch Canadá y organizaciones peruanas que estaban coordinando la proyección de tratar de «emboscar» a Hudbay.

La emboscada, sin embargo, se realizó contra las personas involucradas en la proyección del documental.

Del 17 al 20 de abril, mientras la película se proyectó en eventos públicos en la provincia de Chumbivilcas, Perú, donde Hudbay tiene su operación minera más grande (Constancia), Dougherty, MiningWatch Canadá y representantes de las ONGs peruanas Derechos Humanos sin Fronteras y CooperAcción fueron constantemente filmados por desconocidos y perseguidos por la policía, a la vez que líderes de la comunidad comunicaron haber sido interrogados por la policía y representantes de la empresa acerca de la proyección de la película.

Estos eventos públicos fueron organizados para que Dougherty compartiera la película, que se había producido en parte a partir de entrevistas con miembros de las mismas comunidades en noviembre de 2014, cuando protestaban por las promesas incumplidas de Hudbay y sufrieron una violenta represión policial. Dougherty dobló la película en español y quechua para poder dar copias de la película a las comunidades y así poder ser proyectada en las ciudades de Cusco y Lima.

La detención arbitraria del viernes por la noche se dio luego de la proyección realizada en el Centro Cultural Municipal de Cusco y duró cuatro horas. Durante este tiempo, se pidió a Moore y Dougherty que hicieran extensas declaraciones sobre sus actividades en el país. Dada la irregularidad con la que fueron detenidos y la evidencia previa de que la compañía y la policía buscaban pruebas para imputarles cargos penales por «incitar a la violencia» por proyectar el documental, ambos ejercieron su derecho a guardar silencio.

El día sábado, el Ministerio del Interior peruano emitió una declaración pública en la que afirmaba el apoyo del gobierno peruano a las operaciones de Hudbay e intentaba incriminar a Dougherty y Moore con serias acusaciones de incitar a la violencia y amenazar el orden público y la seguridad nacional. La declaración del Ministerio intenta vincular a ambos con las protestas ocurridas en 2016 debido al incumplimiento de Hudbay en torno a beneficios sociales, acuerdos contractuales, sociales y ambientales en el zona de la mina de cobre Constancia.

«Estoy sumamente preocupada por el aparente nivel de coordinación entre Hudbay, la policía y el gobierno peruano y las medidas que están dispuestos a tomar para impedir que las comunidades locales reciban información independiente», dijo Moore.

«Sabemos que Hudbay ha tenido contratos con la policía nacional en Perú para brindar seguridad en su área de influencia en Cusco, por lo que es muy posible que la policía pudiera haber actuado bajo sus órdenes o de acuerdo a sus obligaciones para con la compañía, y no a la seguridad pública,» agregó.

«El Gobierno de Canadá debería pedir al Ministerio del Interior del Perú y a Hudbay que expliquen por qué una ciudadana canadiense y otro estadunidense, así como miembros de organizaciones peruanas de derechos humanos y justicia ambiental y líderes de la comunidad local fueron sujetos de este nivel de vigilancia, acoso y criminalización», concluyó Moore.

Dougherty y Moore fueron convocados a comparecer ante la autoridad de migración de Cusco el lunes 24 de abril por la mañana. Ellos hicieron frente a este proceso administrativo a través de sus asesores legales peruanos.

El documental será emitido el martes 25 de abril a las 6pm hora local

en Avenida Camino Real 1075, San Isidro, Lima. (Ver el evento en Facebook)

Documental «Flin Flon Flim Flam» disponible en YouTube:

    Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=j7aacPtEI8s
    Español: https://www.youtube.com/watch?v=1BF06KsgMsc
    Quechua: https://www.youtube.com/watch?v=uT0RB2QCP1w

{YOUTUBE}1BF06KsgMsc{/YOUTUBE}

Más lectura:

Gracias por su solidaridad: Jennifer Moore y John Dougherty salieron de Perú

Periodista Estadounidense Detenido y Hostigado por la Policía Peruana

Cuxtitali, sede de la Feria de Ecotecnología, Defensa de Territorio y Género

Publicada el 22/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Este sábado 22 de abril 2017, la Plazuela de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue la sede de la segunda «Feria de Ecotecnología, Defensa de Territorio y Género», de las 9 AM a las 5 PM.

El evento era la secuela de la «Feria de tecnología apropiada: agua y saneamiento desde un enfoque de género» que tuvo lugar en marzo 2016. Este año, los y las participantes mostraron una gran variedad de ecotecnias, también llamadas tecnologías apropiadas, tales como sistemas de captación de agua de lluvia, baños secos, estufas ecológicas, filtros de agua, bicimaquinas, lombricomposteros, entre otras.

Estuvieron presentes actores y actoras de la búsqueda de prácticas respetuosas del medio ambiente en Chiapas, con el objetivo de compartir sus experiencias sobre el trabajo con ecotecnologías en el territorio.

El espacio estaba abierto al público, con entrada libre, para que todas y todos pudieran participar en varios talleres:
– la elaboración de una taza para baño seco;
– la construcción de un muro de contención con llantas recicladas
– la elaboración de un biofertilizante.

>> Fotos de la Feria en Facebook:

>> El cartel de la Feria:

>> El video de la «Feria de tecnología apropiada: agua y saneamiento desde un enfoque de género»

organizada en marzo 2016 en San Cristóbal de las Casas:

{YOUTUBE}TfveBVjqmmI{/YOUTUBE}

Urgente: Exigimos la salida inmediata y segura de Perú de Jennifer Moore y John Dougherty

Publicada el 22/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

ACTUALIZACIÓN: Jennifer Moore y John Dougherty salieron de Perú el domingo 23 de abril en la madraguda y se encuentran bien.

-Comunicado urgente de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México-
-A 22 de abril 2017, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México-

Nuestra compañera canadiense Jennifer Moore, integrante de la organización MiningWatch Canada y aliada esencial de la lucha de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México por la defensa del territorio ante el despojo minero en Chiapas y México, ha sido víctima del sistema represivo peruano, al igual del documentalista estadounidense John Dougherty.

El día de ayer viernes 21 de abril, ambos fueron detenidos por la policía peruana en Cusco tras participar en el cine forum «Conflictos mineros: Desde Canadá al Sur Andino en el Perú, el caso de Hudbay Minerals», donde se proyectó el documental «Flin Flon Flim Flam» dirigido por John Dougherty, que informa sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas por la minera canadiense HudBay Minerals.

La policía argumentó que Jennifer y John estaban realizando actividades profesionales incompatibles con su estatus migratorio de turista, cuando ninguno de ellos estaba participando en el foro con fines lucrativos. Denunciamos que esta detención de más de cuatro horas fue motivada por la voluntad del Estado peruano de criminalizar a defensores de derechos humanos para proteger a las mineras.

Prueba de esto es el artículo anónimo publicado el 10 de abril en el portal de opinión peruano «El Montenero», titulado «Preparan emboscada contra Hudbay Constancia». El texto defiende el proyecto minero Constancia de Hudbay en la región de Cusco y acusa a «un grupo de conocidas organizaciones no gubernamentales -cuyo principal trabajo es asesorar política y técnicamente al movimiento antiminero-» de estar «organizando una nueva emboscada en contra de este proyecto minero». El nombre de Jennifer Moore aparece cuatro veces.

Exigimos al gobierno peruano que permita la salida inmediata y segura de Perú de Jennifer Moore y John Dougherty, que hasta la hora permanecen en el territorio. Solicitamos que los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos hagan todo lo posible para asegurar la salida inmediata y la protección de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones y movimientos a estar al pendiente de la evolución de la situación. Reiteramos que el trabajo de Jennifer Moore, como coordinadora para América Latina de MiningWatch, es esencial para denunciar las actividades criminales y ecocidas de las mineras canadienses en nuestro país, empezando con las de la empresa BlackFire en Chiapas, responsable del asesinato de Mariano Abarca en el 2009.

¡Salida inmediata y segura de Perú para Jennifer Moore y John Dougherty!

¡Basta de criminalizar a los defensores de derechos humanos!

-OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO-

Documental completo «Flin Flon Flim Flam», subtitualdo en español:

{YOUTUBE}NpOoIPoTahE{/YOUTUBE}

Más comunicados:

– Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA): Policía peruana detiene e intimida a Jennifer Moore y John Dougherty

– Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4): Policía peruana retiene y hostiga a Jeniffer Moore y John Dougherty

El COPINH denuncia la reiterada voluntad de Honduras de llevar a la impunidad el caso de Berta Cáceres

Publicada el 20/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – La Esperanza, Intibucá, A 19 de abril 2017

El 2 de marzo 2016, la defensora hondureña Berta Cáceres, coordinadora del COPINH, fue asesinada por acompañar al pueblo lenca en su lucha por prteger el río sagrado Gualcarque ante el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca impulsado por el gobierno de Honduras. Hoy el COPINH denuncia irregularides en el proceso de investigación y en la audiencia preliminar que debía tener lugar el 19 de abril en Tegucigalpa.

Todas las actuaciones del Ministerio Público hasta la fecha en el caso de Berta Cáceres han sido irregulares y sospechosas.

Existe un claro interés de las autoridades de Honduras de no esclarecer los hechos y los actores detrás del asesinato de nuestra compañera. Las acciones de este 19 de abril en las cuales se pretendía realizar una audiencia preliminar sin que nuestros abogados tuvieran acceso a la información necesaria y que por derecho y debido proceso deben tener, es muestra de ello.

Es preocupante de que, a pesar de la presencia de entes diplomáticos y organizaciones nacionales e internacionales observadoras de DDHH, el Ministerio Público siga realizando actuaciones en violación los derechos de las víctimas por lo cual ha sido señalado en múltiples ocasiones. Esto es clara muestra de la situación de impunidad y falta de Estado de derecho en Honduras. Estas actuaciones demuestran que no hay ningún interés de encontrar a los autores intelectuales del asesinato y esto claramente supone la complicidad del Estado y de la jueza que lleva el caso con quienes ordenaron el asesinato de Berta Cáceres.

Lo que se suma a una larga lista de problemas, irregularidades y negligencias con las que el MP lleva el caso:

1. Falta de indagación en el primer termino de las líneas de investigación relacionadas al trabajo organizativo de Berta Cáceres.
2. El interés de tergiversar en primera instancia el asesinato.
3. Los intentos de involucrar de manera inescrupulosa a miembros del COPINH en el asesinato.
4. La falta de investigación en líneas que conduzcan a la detención de los autores intelectuales.
5. La negligencia en la investigación a la empresa DESA evidentemente vinculada al asesinato por las amenazas a muertes contra nuestra compañera y organización.
6. El establecimiento ilegal e ilegítimo para las víctimas en la investigación.
7. La ausencia de una investigación e imputaciones mínimamente responsables hacia las personas actualmente detenidas.
8. Los evidentes conflictos de interés entre las estructuras de investigación, el ejército hondureño y la empresa DESA.
9. La ausencia de una necesaria perspectiva de pueblos indígenas y de género en la investigación.
10. La carencia absoluta de profesionalidad en la investigación en el cumplimiento de estándares básicos que quedó evidenciado en el robo de expediente.

Con respecto a la situación de este 19 de abril, informamos que debía realizarse, en el Juzgado de Letras de la ciudad de Tegucigalpa, la audiencia preliminar de cinco de los ocho imputados en el caso del asesinato de nuestra hermana, Berta Cáceres Flores.

Esta audiencia finalmente fue suspendida a petición de la acusación privada –que representa a COPINH y a la familia de nuestra hermana- debido a que NO fue entregada la documentación que sustenta las pruebas centrales de la acusación. A pesar de que la petición de acceso anticipado a dicha información se viene haciendo desde hace meses, esto no se ha cumplido.

Esta audiencia tenía el objetivo de formalizar los hechos objetos de juicio que de ir mal planteados no podrán ser modificados hasta que haya sentencia, por tanto hacer una audiencia mediocre pone en peligro todo el proceso de búsqueda de justicia.

La audiencia fue aplazada para el 24 de mayo próximo para la cual estaremos convocando a la atención nacional e internacional sobre el desarrollo de la misma.

«Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica

se levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Libertad, Dignidad y Paz.«

¡Berta Vive, COPINH sigue!

¡Justicia Para Berta YA!

>> Escuchar la nota de Radio Mundo Real sobre el comunicado

Más información:

La visión y el legado de Berta Cáceres: entrevista a sus hijas Berta y Laura

El COPINH celebra 4 años de resistencia y lucha de la comunidad Río Blanco en defensa del río Gualcarque

Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres: en la búsqueda de los autores intelectuales

Mensaje para los ciudadanos estadounidenses:

Por favor contacte a su representante del Congreso de los Estados Unidos para instarlo/a a apoyar el Proyecto de Ley Berta Cáceres de los Derechos Humanos en Honduras que fue re-introducido el 2 de marzo 2017. Éste compromete al gobierno de Estados Unidos a recortar la ayuda militar que presta a Honduras, hasta tanto no mejore su historial en derechos humanos. Por favor difunda el llamado a través de sus redes sociales, también.

>> #JusticeForBerta is the #BertaCaceresAct

>> Endorse the Berta Cáceres Act / Apoyar la Ley Berta Cáceres

Petición: Demandamos la cancelación del modelo extractivo minero en Panamá

Publicada el 19/04/2017 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Petición en línea en la página del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4)

Tras años de mesas de diálogo, cumbres y foros de discusión, el gobierno panameño continúa imponiendo un modelo neoliberal que afecta la vida de indígenas y campesinos. Numerosos testimonios de poblaciones afectadas por la contaminación y los conflictos sociales demuestran que ésta no es una salida al empobrecimiento sino todo lo contrario. Las poblaciones, organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos de Panamá exigen al gobierno nacional la cancelación del modelo extractivo minero y aspiran a continuar el camino de la construcción de una Economía Popular Solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, con participación ciudadana directa, y con respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional.

{YOUTUBE}QTXEKZul0EY{/YOUTUBE}

>> Firmar la petición en línea (se presentará con copia al Presidente de Panamá Juan Carlos Varela, al Ministerio de Ambiente de Panamá, al Ministerio de Comercio e Industria MICI Panamá, a la Contraloría General de la República de Panamá y al Ministerio de Salud de la República de Panamá)

La petición:

1. Transcurrida más de una década, a partir de las impositivas medidas neoliberales en nuestro país, las evidencias de progreso y superación del estatus social, son pocas, máxime en las comunidades rurales (indígenas y campesinas). La exclusión social, empobrecimiento, la ejecución de políticas paternalistas (Beca Universal, SENAPAN, Red de Oportunidades, 120 a los 65, otros), y proyectos extractivos tales como la minería e hidroeléctricas, han hecho de nuestros pueblos una vida improductiva, y más dependiente.

2. Ante la crisis ambiental que sufre el planeta, observamos con mucha preocupación la carencia de soluciones verdaderas al cambio climático, hambre y agua. De la cual han transcurrido mesas, cumbres y foros nacionales e internacionales, con pocas probabilidades de aplicar los acuerdos producidos. Convirtiéndose éstas en otra carga más a la situación socio ambiental, y donde la minería metálica agrava dicha crisis. Por ende, no hay forma que el extractivismo minero, como es Minera Cerro Quema, garantice la preservación de los acuíferos de la provincia de Los Santos, tan necesarios en una región golpeada por las sequías y en donde los productores santeños han realizado cuantiosas inversiones.

3. En la escena de la mal llamada globalización, la economía de Panamá marcó un auge. Sin embargo, a su extremo, el índice económico alcanzó una mala distribución de la riqueza. Y en la actualidad se mantiene, expresado en los pueblos indígenas, áreas campesinas y periferia urbana de la capital istmeña. En el marco de la política económica, la minería no ha demostrado ser otro renglón del producto interno bruto PIB para solventar la carencia de mejores condiciones para la salud, educación, transporte, acueductos y seguridad social.

4. Pruebas y testimonios de familias afectadas y daños ambientales por la industria extractiva minera en Panamá son evidencias para que el gobierno desista con su discurso desarrollista, favoreciendo, bajo el libre comercio, a las transnacionales del capital minero. Los casos de Minera Remance, Mina Santa Rosa, Petaquilla Gold y otros, son muestra de que a Panamá no le corresponde este modelo de producción económica, y que por el contrario ha empeorado el estatus social de las comunidades rurales cerca a los proyectos, generando contaminación, conflictos laborales, aumento de la crisis ambiental local y aislamientos obligados de comunidades fuera de límites de concesión minera, como es el caso de los pobladores de la comunidad de Donoso, secuestrados por Minera Panamá. De igual manera la nula rendición de cuentas y transparencia de lo que revierten las exportaciones del oro y otros metales.

5. Por lo anterior, comunidades afectadas, organizaciones ambientales, defensores de los Derechos Humanos, movimientos sociales y de ciudadanos, rechazamos este modelo de explotación y muerte para el patrimonio ecológico y humano de Panamá.

6. Rechazamos las pretensiones del Gobierno de Panamá de aplicar la mal llamada Economía Verde, bajo programas como Compensaciones por Pérdida de la Biodiversidad, Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, Servicios Ambientales y otros, en la lógica financiera; ya que son formas de justificar la continuidad de una economía de libre mercado a través de la minería y otros proyectos extractivos.

7. Exigimos reformas a la legislación minera en territorio panameño, paralelamente la pronta cancelación de concesiones que incumplen con los preceptos legales de dicha actividad. Y el Estado cumpla pronto con las sanciones penales a proyectos que han generado consecuencias negativas (contaminación en Coclesito, enriquecimiento ilícito en Donoso, etc.) para el ambiente y los poblaciones. De igual forma exigimos a las empresas mineras el cierre de sus operaciones como lo estipula el código minero panameño, ya que luego del fracaso de sus objetivos, abandonan sus obligaciones.

8. Las comunidades rurales, hostigadas por estos proyectos depredadores en Panamá, aspiramos a un Economía Popular Solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, con participación ciudadana directa, y con respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional. Que también contribuya a un mejor nivel de calidad de vida para las y los panameños.

Frente Ciudadano contra la Minería en Coclesito
Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del pueblo Ngäbé Büglé y Campesino
Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE
Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé CODETAC
Frente Santeño contra la Minería
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4. Capitulo de Panamá

>> Firmar la petición en línea