Protegiendo a su Comunidad Contra la Minería y Otras Operaciones Extractivas: Una Guía para la Resistencia

Vía Movimiento M4

Ésta es una guía para la resistencia contra la explotación minera y otras operaciones extractivas. Proporciona a estrategias y a tácticas para prevenir la extracción, y para reducir daño si la extracción está ya en curso. Orienta a dirigentes de la comunidad en la ordenación y toma de medidas local, regional, nacional e internacionalmente, para resistir al asalto devastador de operaciones extractivas. Esto es una versión ampliada, en dos volúmenes, de la primera edición publicada en 2009.

Bajar Ahora!

También pueden descargar aquí el Suplemento Protegiendo a su Comunidad”

Compartido desde MiningWatch Canada

La Feria Popular Alternativa alerta sobre el peligro de Monsanto

El 25 de mayo del 2016, la Feria Popular Alternativa, integrada por varias organizaciones y Otros Mundos A.C., convocó a varias asociaciones y colectivos a participar en una Jornada contra Monsanto en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Informaron al público sobre las actividades de la transnacional, fabricante del herbicida Roundup y primer productor de semillas transgénicas a nivel mundial.

Video en : https://www.youtube.com/watch?v=67QhST0acRI

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Gracias a Constanza de CODEFF por mostrarnos su linda canción y darnos chance de incluírla en el video.

Defender la vida comunitaria es defender nuestra autonomía

Griselda Sánchez. desinformemonos

Una avalancha de planes, programas y reformas se ciernen sobre el campo, pareciera que todas estas políticas del agro quieren desanimar al campesino y llevarlo a abandonarlo; que no le quede más opción que la de migrar y vender sus tierras. Por otra parte, el Estado, las empresas y corporaciones trasnacionales no cumplen con su deber de informar a las y los pobladores de la envergadura de los proyectos, y mucho menos con la obligación de consultarles.

Sabemos que los medios de paga nos muestran información fragmentada, que no vincula los hechos e impide por lo mismo ver la realidad como una totalidad donde se integran las cosas. En su libro Control de los medios, control del hombre, Enrique Guinsberg nos menciona que lo peligroso —para el sistema de dominación— es precisamente el hallazgo de la vinculación, es decir la ruptura de la independencia.

Si seguimos estas ideas, podríamos intentar analizar la realidad como un todo y preguntarnos, por ejemplo: ¿Cuál es la relación entre la reforma educativa, el conflicto magisterial en Oaxaca y las Zonas Económicas Especiales? ¿Cuál es la relación entre la reforma energética, el que OXXO venda gasolina y el que se dispare el precio del combustible?.

Esta vivencia nos ha llevado a destacar la importancia de la comunicación en los procesos de resistencia contra el despojo territorial. Para que esto funcione, es necesario tener un grupo de trabajo o comisión de comunicación permanente y fortalecido que consulte a la organización, asamblea o colectivo y se pregunte de forma continua: ¿Qué queremos comunicar?, ¿qué queremos visibilizar, posicionar?, ¿en quién queremos incidir? Para contestar esta última pregunta, creamos un mapa de actores que nos ayude a vincularnos y armamos un plan que mire a largo plazo para que todas las acciones se articulen en una misma lógica. Para que la comunicación resulte atractiva, trabajamos en lo simbólico cuando abordamos el “cómo lo digo”. Además decidimos en qué soporte difundir nuestra labor: periódico mural, radio, documentales, internet, etcétera. En este caso hablamos del medio radiofónico por FM, pero contamos con otras múltiples plataformas y herramientas desde donde expandir el mensaje radiofónico como los podcasts y el streaming.

Para que la comunicación fluya, se puede trabajar en dos planos que funcionan de manera interrelacionada. A mi parecer, uno de estos planos es fundamental pero en varias ocasiones se desdibuja y no recibe la atención que se merece: es la comunicación local, que no hay que descuidar para nada, porque las comunidades afectadas por los megaproyectos son las que necesitan estar informadas para poder tomar decisiones acertadas basadas en una información verídica y sustentada.

Al visibilizar la fuerza de la asamblea comunitaria y sus modos de tomas de decisiones, nuestras radios pueden ayudar a reconformar la organización comunitaria —muy diluida en algunos casos—, a recuperar la habilidad de agencia en colectivo, la disposición a estar organizados y la capacidad de decisión. Se necesita entonces, fortalecer las capacidades colectivas, partiendo de este principio, nosotros tenemos la tierra y la decisión para la negociación o la negación es nuestra.

El otro plano que tenemos que contemplar es el de la comunicación nacional e internacional, dirigida a sectores que nos ayuden a reforzar los procesos de resistencia. A nivel internacional, el objetivo es sensibilizar a los intelectuales y demás actores que pueden ser aliados, y cuya opinión pesa en la imagen de la política exterior. En estos casos, se recurre mucho a medios como Facebook, Twitter. El reto es: ¿Cómo lograr que las personas sientan el problema como suyo? ¿Qué tipo de información podemos dar para recuperar la capacidad de indignación de la gente y provocar su movilización?

En una conversación que mantuve con el Dr. Noé Valladares Padilla de la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) del Salvador en el marco del Seminario de Comunicación Indígena (Capulálpam de Méndez, Oaxaca, 2013) me contó que ellos trabajan reconociendo el poder de cambio que existe en las personas. Me dijo que de no ser así, nos convertiríamos en víctimas y no seríamos capaces de salir de esa condición; para ACISAM, la comunicación pertenece al ámbito de la cultura, y no al de la información. Y esto se debe a que consideran que la cultura es el marco referencial de los cambios que se buscan. En las memorias del seminario estos argumentos quedaron registrados de la siguiente manera:

Nuestro enfoque es hacer posible que las personas reconozcan el poder que tenemos, que lo reconozcamos, como dice Freire, si no usamos nuestro poder, otros lo van a usar, nos convertimos en víctimas. Pero no somos capaces de poder articular poderes, nuestros poderes desde abajo (Memorias Seminario, 2013:13).

Siguiendo con la experiencia de la ACISAM, vemos que gracias a la realización de vídeos documentales, se construyen héroes comunitarios: la señora que hace las tortillas, el señor que corta la leña y todos los que tienen oficios o hacen algo en la comunidad. Cuando estas imágenes regresan a la comunidad, la gente se mira y se escucha, se eleva la autoestima comunitaria porque la persona se mira a sí misma y su referente para la reflexión ya no le es ajeno. En el caso de la radio, no trabajamos con imágenes propiamente dicho. Trabajamos con “imágenes sonoras”. Cuando nos escuchamos nos podemos reconocer: nos han desdibujado tanto que es necesario volver a reconocernos. No desde lo que piensan o dicen de nosotros; en muchos casos somos estigmatizados como flojos o vándalos opuestos al desarrollo y un largo etcétera.

La organización oaxaqueña EDUCA también trabaja por construir una narrativa a partir de la propia experiencia de los pueblos y de la lucha por la defensa de la tierra y el territorio. En una presentación en el marco del Segundo Encuentro Estatal de Comunicación Indígena (Oaxaca, 2 de diciembre de 2012), Miguel Ángel Vázquez nos compartió que la organización ha tratado de comunicar las demandas de las comunidades que resisten a los megaproyectos y de visibilizar los métodos empleados en la organización comunitaria, exaltando la forma creativa, pacífica y no violenta y sobre todo las alternativas que proponen los pueblos, sus aportaciones, que tienen que ver con los esfuerzos colectivos de vida comunitaria.

La propuesta es entonces, buscar historias que nos den un respiro y esperanza…a pesar de los pesares, y hagamos caso de lo que Erich Fromm, en su libro La revolución de la esperanza, nos dice: la esperanza es un elemento decisivo para cualquier intento de efectuar cambios sociales que lleven a una vivacidad, conciencia y razón mayores (Fromm, 1968:18).

El gobierno de Honduras paga a militares para recabar información de activistas

La organización de Berta Cáceres hace esta denuncia a raíz de la confesión de un militar infiltrado en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras)

Marta del Vado, Cadena Ser

Llevaba unos diez años trabajando para el ejército hondureño hasta que lo descubrieron, dos meses después del asesinato de Berta Cáceres, pasando información de activistas al gobierno de Juan Orlando Hernández. En ese momento, formaba parte de la Guardia de Honor presidencial de las Fuerzas Armadas de Honduras aunque llevaba un año haciéndose pasar por campesino, defensor de los derechos del pueblo lenca y activista contra el proyecto hidroeléctrico que la empresa DESA pretende llevar a cabo en el municipio de La Esperanza, al oeste del país centroamericano. «El orejas», como le llaman los miembros del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), participaba en las actividades de la organización que impulsó Berta hace 23 años y que enfrenta medio centenar de proyectos de multinacionales extractoras en territorio indígena lenca. Pero en realidad se dedicaba a redactar informes sobre las acciones que planean las organizaciones civiles y fotos de los defensores.

Según los documentos incautados en su teléfono móvil, los informes eran remitidos directamente a Casa Presidencial. Cuando los líderes del COPINH se dan cuenta de que tienen un espía entre sus filas, le interrogan. «El orejas» admite que trabaja para el gobierno, niega saber quién está detrás del asesinato de Berta y reconoce que la información que ha facilitado les ha podido costar la vida a varios activistas. Desde el día en el que reconoció ser un infiltrado, a principios de mayo, se desconoce su paradero.

 

Los defensores hondureños del medioambiente y derechos humanos aseguran que las amenazas se han incrementado desde el asesinato de Berta. Nelson García y Lesbia Janeth, ambos miembros del COPINH, han sido asesinados en marzo y julio de este año respectivamente. El actual coordinador de la organización, Tomás Gómez, ha sufrido tres ataques en estos seis meses, uno de ellos fue a balazos contra su coche. Los activistas creen que el hostigamiento constante y las amenazas directas de policías y militares (además de las de sicarios y trabajadores de multinacionales) forman parte de una política de Estado contra la lucha civil, con el objetivo de eliminar las protestas contra los proyectos de las empresas extractoras.

Gustavo Castro, el único testigo del asesinato de Berta, cuenta en declaraciones a la SER que un desertor, del que no ha trascendido su nombre por seguridad, reconoció a defensores hondureños que pertenecía a un escuadrón de élite del ejército que manejaba una lista de objetivos. “Este escuadrón está apoyado y financiado por Estados Unidos”, según el testimonio de esta persona, dice Castro, “estos militares tenían que entrenar y que reportarse en el cuartel y cada vez eran menos y menos los que regresaban, iban poco a poco desertando, desapareciendo, entonces éste decide huir. Y, efectivamente, cuando ve los nombres que están en la lista de posibles asesinatos, confiesa que estaba el de Berta”.

En los informes que “el orejas” envía a Casa Presidencial no solo aparecen datos del COPINH. También figuran otras organizaciones sociales como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Movimiento Amplio Dignidad y Justicia (MADJ) o el Movimiento 5 de Julio, entre ellas. OFRANEH, por ejemplo, se moviliza en la costa Caribe de Honduras, territorio de la etnia garífuna, contra proyectos hidroeléctricos, mineros o de producción de palma africana. Su coordinadora, Miriam Miranda, asegura que el asesinato de Berta no es un caso aislado. “En todo el país existe una gran represión contra las comunidades que inicien cualquier protesta contra los intereses del gobierno; inmediatamente son catalogadas como enemigas del Estado y es el mismo ejecutivo el que nos criminaliza a través de sus aparatos institucionales”. Miranda cree que tras el golpe de Estado en 2009, Honduras se ha convertido en “un laboratorio político que ha sido replicado en países como Paraguay o Brasil, donde se persigue a los defensores de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza”. Miranda, al igual que los integrantes del COPINH, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras un intento de secuestro y asesinato en 2012. Pero asegura que “no sirven un carajo porque el Estado no tiene una política de protección y seguridad para los defensores de derechos humanos más allá de ponerles un policía”. Y se pregunta, “¿cómo vamos a querer ir acompañados de policías cuando en este país altos mandos de las fuerzas armadas están involucrados en el crimen organizado y en los hostigamientos?”.

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas medioambientales y de derechos humanos. Desde 2009, más de 110 defensores han sido asesinados en este país según la organización Global Witness.

 

Minera Yanacocha invade terreno y ataca físicamente a Máxima Acuña

RadioMundoReal.fm

Máxima Acuña, activista peruana ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, denunció haber sido agredida el pasado domingo por trabajadores de la minera Yanacocha, desde una clínica en la que permanece internada en la región de Cajamarca.

La activista denunció este lunes que trabajadores de Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont, ingresaron a su predio para levantar los cultivos que había realizado en un terreno adyacente al de la minera en las inmediaciones de la Laguna Azul, en la localidad de Sorochuco.

«Entonces, han llegado aquí y me han jaloneado, el brazo me duele, tengo un moretón en mi mano, me han jalado por las puras y me han cogido del cuello y de mi ropa», declaró Acuña.

Acuña pidió al Gobierno y a la Defensoría del Pueblo que se interesen por su caso, al considerar haber sido agredida injustamente. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, pidió que el Estado mejore la protección a favor de Máxima Acuña, en el marco de las medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La organización no gubernamental Grufides informó en su sitio web que «cuando la señora Máxima y su esposo Jaime se acercaron a reclamar por la invasión y pidieron que se detenga esta irrupción en su terreno, el personal de seguridad de la minera impidió que la familia avanzara para dialogar».

«Fue en este momento que atacaron violentamente a Máxima y a Jaime. Con un arma han golpeado a Máxima en su cabeza y cuerpo y la han dejado gravemente herida», denunció Grufides.

La fundación del Premio Goldman denunció, a través de las redes sociales, el ataque contra Acuña y su familia por «hacer valer su derecho a vivir en paz en su tierra». La entidad planteó pedir a la empresa, que es la segunda mayor aurífera en el mundo, a «acabar con el acoso» en contra de ella.

En abril pasado, Acuña declaró que las amenazas que recibe por resistirse a entregar su predio a Yanacocha, para el desarrollo del proyecto minero Conga, pueden recrudecerse tras recibir el premio Goldman.

La campesina afirmó recibir anteriormente amenazas de muerte por parte de personas vinculadas a la minera, cuyo proyecto, ubicado en la región de Cajamarca, de los Andes del norte de Perú, se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos en la región.

Acuña reiteró que es propietaria del predio desde antes de que la minera la acusara en 2011 de usurpación indebida, una denuncia de la que fue declarada inocente en 2014, tras haber sido condenada en primera instancia a dos años y ocho meses de prisión suspendida.

En las últimas horas Amnistía Internacional pidió al Estado peruano realizar una investigación imparcial y eficaz sobre el incidente que sufrió Máxima Acuña y su esposo el pasado domingo. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, indicó que el Estado debe brindar protección a Máxima y su familia para que terminen los supuestos actos de intimidación en su contra. Consideró que “es necesaria una investigación imparcial y eficaz sobre lo ocurrido el último domingo a Máxima Acuña y su esposo en Tragadero Grande”.

En el siguiente video Isidora Chaupe Acuña hija de Máxima narra cómo fue agredida su madre:

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Honduras: «El Estado y la imposición del modelo extractivista son responsables del asesinato de Berta»

Entrevista con Tomás Gómez, coordinador interino del Copinh

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 2 de septiembre, en varias ciudades del mundo volvieron a levantarse voces de protesta contra el silencio cómplice de las autoridades hondureñas, y el velo de impunidad que, después de seis meses, aún cubre el brutal asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres Flores.

En La Esperanza, Intibucá, cientos de indígenas Lenca convocados y convocadas por el Copinh[1] se movilizaron junto a familiares de la luchadora social asesinada y a miembros del pueblo garífuna organizado en la Ofraneh[2], exigiendo justicia para Berta Cáceres, castigo para los responsables materiales e intelectuales del crimen y el cese inmediato de la criminalización de la lucha contra el modelo extractivista y el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza.

Tomás Gómez Membreño es el coordinador interino del Copinh. Hace seis meses le tocó asumir el cargo e iniciar a trabajar sin descanso para que el dolor, la frustración y la ira de un entero pueblo se transformara en fuerza creadora y propositiva. La LINyM conversó con él.

– LINyM: ¿Qué han significado estos seis meses de indignación y lucha contra la impunidad?
– Tomás Gómez: Han sido meses difíciles y el asesinato de nuestra coordinadora general está quedando en la impunidad. El Estado de Honduras sigue negándonos las informaciones y el secretismo es total. También ha profundizado la criminalización, estigmatización y el hostigamiento contra nuestra organización y las comunidades Lenca en lucha, como por ejemplo las de Río Blanco que se oponen al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa).

Hemos denunciado la campaña mediática de desprestigio contra el Copinh lanzada por los medios corporativos de comunicación, al tiempo que hemos continuado exigiendo el cumplimiento de los 5 puntos de nuestra agenda, que son la creación de una comisión de investigación independiente e imparcial, el cierre inmediato y definitivo de “Agua Zarca” y la cancelación de las 50 concesiones hidroeléctricas en territorio Lenca.

Asimismo pedimos la desmilitarización de nuestros territorios, la derogación de la nueva Ley de Minería y el cese de cualquier financiamiento nacional e internacional a proyectos de muerte, que son parte del actual modelo económico depredador.

A las autoridades hondureñas no les importa investigar el asesinato de Berta, ni encontrar a los verdaderos responsables. Tampoco les interesa investigar el asesinato de los demás compañeros y compañeras del Copinh.

Pese a las dificultades y al ‘vacío’ dejado por nuestra compañera Berta, vamos a seguir en la lucha y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, avanzando en la organización de las comunidades, en la capacitación de sus miembros y en el fortalecimiento de la lucha contra este modelo.

– Tanto el Copinh como la familia de Berta siguen denunciando que fue un crimen de Estado. ¿Qué significa eso?
– Fue un crimen de Estado porque sus instituciones amenazaron, persiguieron, acosaron y criminalizaron a Berta, y porque nunca hicieron nada para evitar que la asesinaran, más bien trataron de responsabilizar al Copinh de este vil asesinato. Pero también fue un crimen del modelo extractivista impulsado por el gobierno de Honduras. Un modelo neoliberal, patriarcal y racista que depreda recursos, arrebata territorios, criminaliza y asesina a quienes luchan en defensa de la vida.

En Honduras atentar contra los intereses económicos del gran capital nacional y transnacional es un delito, y ese delito se paga con la vida. Es evidente que a Berta la asesinaron para detener la lucha de resistencia contra el proyecto “Agua Zarca” y para acabar con el Copinh y sus 23 años de lucha.

– Hay un fuerte debate acerca de la reglamentación del derecho a la Consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT. ¿Cuál es la posición del Copinh?
– Rechazamos contundentemente la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que el Estado, con el apoyo del Pnud[3], pretende ahora imponer. Además de no tomar en cuenta a los pueblos en su elaboración y discusión, el proyecto deja la decisión final en manos del Estado a través de la Dirección de pueblos indígenas y afrohondureños (Dinafroh), desconociendo así la condición fundamental de ‘Consulta Libre’.

 Actualmente hay como cuatro propuestas, una de ellas es la que el Observatorio de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Honduras (Odhpinh) introdujo en marzo de este año al Congreso Nacional. Esta propuesta se construyó desde las comunidades y de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos indígenas y negros. La misma Berta participó activamente en la elaboración del texto de esta propuesta de ley, que es la que apoyamos.

– ¿Qué es lo que más hizo falta de Berta en estos seis meses y cómo el Copinh se está preparando de cara al futuro?
Berta ha hecho falta en todos los ámbitos. Su asesinato se dio mientras estábamos desarrollando nuestro plan quinquenal y nos tocó replantearlo. A nosotros nos toca ahora asumir su legado e ir apostando al tema de la integralidad de la propuesta. Vamos avanzando de a poco, superando crisis y dificultades, para ir desmontando ese sistema neoliberal que nos oprime.

– Se mantiene un gran apoyo solidario.
– Hay un desborde de solidaridad con el Copinh, con la familia de Berta, algo fundamental para seguir denunciando lo que está pasando. Estamos infinitamente agradecidos con todas aquellas organizaciones y personas que siguen apoyándonos y luchando a la par nuestra.

Notas
[1] Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras
[2] Organización fraternal negra hondureña
[3] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Fuente: LINyM

Reportaje de Al-Jazeera:

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Guatemala: biopolítica, necropolítica y extractivismo en tiempos de la “nueva política”

Movimiento M4

El año 2015 murió de la misma forma que el gobierno del Partido Patriota (PP): en medio de un coro de miles de voces en las calles y plazas, que exigían su fin. Indignados, con toda razón, por las muestras de corrupción y despilfarro del PP, al mismo tiempo la gente moría por falta de medicinas o agua limpia en los hospitales. Al mismo tiempo que en las comunidades rurales y urbanas el Estado-gobierno no llega nunca en la forma de centros de salud, educación, arte o agua entubada, pero si en la forma de fuerzas de tarea y otros grupos armados encargados de “mantener el orden” dominante.

Muchos vieron con una mezcla de creciente desconcierto pero también de esperanza las diversas movilizaciones que culminaron con la renuncia del binomio gobernante. Otros hablaron de la “vieja política”, para referirse a la política como sinónimo de corrupción (además de hacer un juego de palabras machista para referirse a la candidata del partido UNE).

También se habló de la “nueva política” para indicar la aparentemente nueva situación, en la que dichos vicios fueron superados para siempre. Una visión a todas luces simplista de la política, el poder y la historia en Guatemala (queda preguntarnos si este análisis se debe a la ingenuidad o al cinismo).

 

El sorprendente triunfo electoral del partido Frente de Convergencia Nacionalista (FCN) y la transición “a tropezones”, así como un balance de las palabras, las obras y las “actuaciones” del nuevo presidente en estos primeros seis meses del año 2016, nos permiten afirmar que “la vieja política” en realidad no ha sido superada.

Pero no se trata de la “vieja política” de hace solo unos cuantos años, sino el enfermo árbol de la política que nació junto al Estado-nación guatemalteco en el siglo XIX, cuyas ramas llegan hasta estos mismos días en el siglo XXI, pero que hunde sus raíces hondamente en el suelo de la dominación colonial.

Entre muchos otros ejemplos de lo indicado, podemos mencionar la renovación de la pugna jurídica pero también política entre aquellos grupos que insisten en señalar, con las pruebas en la mano, que en Guatemala el Estado implementó políticas genocidas durante la guerra civil o Conflicto Armado Interno (CAI), y aquellos otros grupos que niegan lo anterior, con una serie de argumentos que apelan a sentimientos e ideas como el nacionalismo o un visceral anticomunismo, pero no a la lógica ni a los hechos. Recordemos que desde la época electoral, el entonces candidato del FCN, y actual presidente, tomó partido por la segunda opción, la negación del genocidio.

Esta disputa jurídica y política no solo se desarrolló en el mismo juicio por genocidio, anulado en años pasados y hoy reactivado a puerta cerrada; sino también en otros procesos como el caso de la base militar CREOMPAZ (antigua Zona militar 21 de Cobán), donde han sido localizadas cientos de osamentas de civiles torturados y asesinados, o el caso del campamento militar Sepur Zarco (en Panzós, Alta Verapaz), que fue el escenario de torturas y asesinatos a varios luchadores q’eqchi’ por la tierra y el territorio, así como de la esclavitud y violencia sexual de sus viudas durante largos años.

Tanto la Zona militar 21 de Cobán como el campamento de Sepur Zarco fueron piezas centrales, no solo de las políticas genocidas o políticas de muerte (necropolítica), sino también de las políticas de control, explotación y dominación de poblaciones, territorios y elementos naturales (biopolítica). Tanto la biopolítica como la necropolítica forman parte de la “vieja política”, que ya quisiéramos ver superada, sin embargo se renuevan y se entrelazan de múltiples formas en estos tiempos de una supuesta “nueva política”.

Hoy en día podemos ver a la necropolítica y a la biopolítica en acción, tanto en la destrucción de viviendas, cultivos y medios de vida de las comunidades desalojadas para dar paso a las plantaciones de monocultivo, como en la represión armada que acabó con la vida de Rigoberto Lima Choc (Sayaxché, Petén, 2015) o Walter Méndez (Las Cruces, Petén, 2016), entre muchos otros que no podemos mencionar aquí.

Asimismo, la necropolítica se evidencia en la persecución judicial contra los hombres y mujeres que se enfrentan a las empresas extractivas nacionales y transnacionales (mineras, petroleras, hidroeléctricas, agroindustriales). Por ejemplo las casi 100 órdenes de captura contra líderes y lideresas comunitarios de Alta y Baja Verapaz, por el “terrible crímen” de defender los territorios y la vida. O en la reciente anulación, de forma legal pero abiertamente injusta, de la consulta municipal en Cahabón (Alta Verapaz), en la cual la población votaría en relación a los usos del agua de los ríos Cahabón y Oxec.

En resumen, la máscara de la “nueva política” cubre el rostro de la “vieja política”, que aún está vigente de muchas formas. También sigue vigente la “vieja economía” extractivista (que también tiene raíces en los despojos coloniales). En estos tiempos de “nueva política”, los proyectos extractivistas de todo tipo están fortaleciéndose y consolidando su presencia territorial. Sin embargo, a cada paso han tenido que enfrentar las numerosas y diversas resistencias comunitarias en defensa de los territorios y elementos naturales como el agua. Entre muchas otras cosas, esas resistencias comunitarias nos hablan de un nuevo sentido, esta vez alternativo, de la biopolítica-, toda vez que son luchas en defensa de la vida.

Por Camilo Salvadó, Equipo PICTA – AVANCSO, Pueblos Indígenas, Campesinos, Capitalismo, Territorios y Ambiente (PICTA). La columna fue el Editorial del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica FGER el 17 de agosto del 2016.

Leyes mexicanas favorecen a mineras: expertos

NVI Noticias

Expertos de la organización internacional MiningWatch Canada y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron las leyes “a modo” que en México permiten el saqueo de bienes naturales, despojo de territorios y desplazamiento de pueblos originarios.

Miguel Mijangos, de la REMA, denunció que el Artículo 6 de la Ley Minera da preferencia a la explotación de minerales por encima de reservas naturales, zonas arqueológicas y áreas protegidas como patrimonio histórico, agregó que el gobierno mexicano permite que las empresas mineras operen de manera irresponsable, sin fondos para enfrentar riesgos y menos para prevenirlos.

Las Reformas Estructurales, la Ley Minera y el proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), tienen en común leyes a modo que permiten la extracción de bienes naturales a cambio de contaminación, “no es cierto que trae empleos y progreso, las minas sólo traen contaminación, enfermedades e incremento de la delincuencia, se llevan todo y quedan pueblos fantasmas”.

 

Durante el taller impartido a miembros de la comunidad, Jennifer More expresó que la etapa actual en la que se encuentran los proyectos mineros en el Istmo, específicamente en Ciudad Ixtepec, es incipiente; sin embargo, de continuar avanzando sería casi imposible para la comunidad detenerlo, ya que las mismas leyes permiten a las empresas demandar al gobierno mexicano para que proteja sus inversiones.

Dijo que “blindar” el territorio de proyectos mineros requiere de estrategias multifacéticas, desde la organización de barrios hasta legal, debido a que el modelo extractivo actualmente es demasiado violento con las comunidades, tanto que en fases preliminares ya presenta afectaciones en términos de divisionismo entre los habitantes, además de la contaminación de tierra, agua y aire.

En ese sentido dijo que además de la contaminación de las aguas, las empresas mineras utilizan millones de litros de agua para sus procesos, afectando la calidad y cantidad de agua disponible en la región. Citó como ejemplo que para la extracción de oro se requieren hasta 250 millones de litros de agua al día para sacar 10 kilos de oro, dejando también 17 mil toneladas de desechos tóxicos, por cada 10 toneladas de oro.

Explicó que debido a las afectaciones en la salud de los habitantes, las mineras actúan rápido, extrayendo en un periodo de 5 a 15 años todo el mineral preciado de la zona, dejando millones de toneladas de roca mezcladas de sustancias tóxicas que afectaran el desarrollo de la vida en todas sus manifestaciones en ese territorio.

Con estas leyes que benefician a las empresas, se plantean situaciones absurdas en los pueblos, cuando la única real exigencia a este “modelo atroz” es que les permitan seguir viviendo en paz.

Fuente: Movimiento M4

Lanzamiento campaña por un mundo libre de plásticos

lanzamiento del gran movimiento por un mundo libre de plásticos

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hoy jueves 15 de septiembre

Visión y Principios en Español:

Creemos en un mundo en el que la tierra, el cielo, los océanos y el agua son hogares llenos de vida, y no de plástico. Y donde el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que ingerimos no contienen subproductos tóxicos contaminados por los plásticos.
En este mundo, los principios de justicia medioambiental, justicia social, sanidad y derechos humanos son los que guían las políticas gubernamentales, y no las demandas de la élite y las empresas.
Este es el futuro en el que creemos y estamos creando juntos.

Principios:

Trabajaremos a favor de la solidaridad entre pueblos y comunidades afectadas en todo el mundo, para que:
1. Nuestro estilo de vida y nuestra economía se adapten a los límites naturales de nuestro planeta.
2. Antes que nada, se reduzca la cantidad de residuos.
3. El ciclo de vida de los materiales y productos que utilizamos -desde la extracción y producción hasta su uso final, reciclaje, compostaje y eliminación – favorezcan la salud de las personas y del planeta.
4. Tanto acciones comunitarias fuertes como colaboraciones entre ciudadanos, trabajadores, gobierno, expertos, y empresarios comprometidos, afecten las decisiones de presente y futuro sobre el diseño de los materiales, producción y gestión de residuos.
5. El sector del reciclaje formal e informal sea mantenido con tal de mejorar la operatividad de sus sistemas y co-liderar una transición hacia una economía nueva y segura.
6. Los productores asuman la responsabilidad total del ciclo de vida de sus productos y envoltorio, y rediseñen e innoven mejor los sistemas y materiales.
7. Cuando el plástico y el embalaje sean necesarios, éstos sean reutilizados, reparados o por defecto reciclados; y las substancias tóxicas sean eliminadas de su producción.
8. Ninguna incineradora nueva sea construida, y se eliminen las subvenciones a título de energías renovables para plásticos y quema de residuos. Ésto incluye gasificación, pirólisis, cementeras, y otras instalaciones de valorización energética.
9. Los residuos orgánicos sean devueltos a la tierra y sistemas de Residuo Cero reduzcan la dependencia de vertederos e incineradoras.
10. Los sistemas que construyamos y los materiales que utilicemos ralenticen el cambio climático, más que acelerarlo.

Nuestro objetivo final es un futuro libre de contaminación por plásticos

http://breakfreefromplastic.org/VisionSpanish.pdf

Nuestra solidaridad con los Dakotas y Lakotas de la Reserva Sioux de Standing Rock y Amy Goodman de Democracy Now!

Comunicado de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Lunes 12 de septiembre del 2016 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

A los medios libres de México y el mundo,
A la comunidad internacional,

ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA INTEGRANTES DE LOS PUEBLOS DAKOTA Y LAKOTA

DE LA RESERVA SIOUX DE STANDING ROCK

SOLIDARIDAD CON AMY GOODMAN DE DEMOCRACY NOW!

La organización Otros Mundos A.C./Amigos de La Tierra México, repudiamos el ataque que sufrieron el sábado 3 de septiembre integrantes de los pueblos Dakota y Lakota de la Reserva Sioux de Standing Rock en Dakota del Norte, Estados Unidos, mientras estaban manifestando en contra de la construcción del gigantesco oleoducto Dakota Access Pipeline. Este ataque fue perpetrado por guardias de seguridad empleados por la empresa privada estadounidense Dakota Access L.L.C., encargada de la construcción del megaproyecto. Los guardias agredieron a los manifestantes con gas pimienta y perros.

Nos solidarizamos con la digna lucha de los pueblos originarios de la Reserva Sioux de Standing Rock, quienes rechazan legítimamente la destrucción de su territorio sagrado a favor de un proyecto financiado por bancos como Goldman Sachs, HSBC, UBS, Bank of America, que amenaza también su derecho al agua .

Exigimos el cese inmediato de la represión en contra de los pueblos Dakota y Lakota de la Reserva Sioux de Standing Rock y nos indignamos ante la detención de uno de sus líderes, Cody Hall, que permaneció cuatro días encarcelado después de haber participado en la manifestación del 3 de septiembre.

Condenamos el orden de detención emitido el día de ayer en contra de la periodista estadounidense Amy Goodman, presentadora y productora del medio libre estadounidense Democracy Now!. Fue injustamente acusada por un juez del estado de Dakota del Norte de “invasión de la propiedad” por ejercer su labor periodística, cubriendo la represión de los manifestantes del 3 de septiembre en contra del oleoducto.

¡Que cese la represión contra Integrantes de los pueblos Dakota y Lakota

de la Reserva Sioux de Standing Rock!

¡Que se respete la voz de los pueblos originarios!

¡Toda nuestra solidaridad con Amy Goodman!

¡Cese total del proyecto Dakota Access Pipeline!

#WeStandWithStandingRock

#NoDakotaAccess