La semilla de un nuevo tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos ha sido plantada

Comunicado de Prensa

Amigos de la Tierra Internacional

Amigos de la Tierra Internacional (ATI) celebra el rápido aumento del apoyo, el interés y la movilización en Ginebra esta semana (del 24 al 28 de octubre de 2016), durante las conversaciones destinada a establecer un tratado nuevo y sin precedentes sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos [1].

La creación de un conjunto de reglas internacionales y vinculantes tendrá profundas implicaciones para las empresas más grandes del mundo, obligándolas a respetar los derechos humanos como nunca antes habíamos conocido. [2].

«El presente Tratado siempre ha querido tener como destino establecer reglas vinculantes para frenar en el comportamiento de las empresas transnacionales y sus cadenas de suministro. El hecho de que tantos países -dirigidos por Sudáfrica y Ecuador- expresaran su apoyo inequívoco a normas jurídicamente vinculantes, pone el acento en la necesidad de una negociación ambiciosa y de largo alcance». Dijo, Lucía Ortiz, de Amigos de la Tierra Internacional y coordinadora del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de ATI.

 

ATI celebra ver un número creciente de países, incluyendo la Unión Europea y los estados-miembros que participan en un intercambio positivo y constructivo, junto con organizaciones de la sociedad civil, abogados y otros. Miembros de ATI han pedido a sus gobiernos nacionales que participen en este importante proceso, ya que supone una oportunidad histórica para la justicia y para acabar con la impunidad corporativa.

Anne van Schaik, de Amigos de la Tierra Europa ha manifestado: «Estamos contentos de ver finalmente en la sala a la UE y a algunos estados miembros. En respuesta a la petición de 90.000 ciudadanos europeos que pidieron intensificar los esfuerzos para crear un Tratado que coloque a los derechos humanos por encima de los intereses corporativos.

Sin embargo, esperábamos ver una participación más activa en el debate y que los estados estuvieran más preparados. Pero al menos están en la sala. Ahora deben centrarse en la colaboración con la sociedad civil y las personas afectadas en todo el mundo, para iniciar la elaboración de los elementos concretos necesarios para un Tratado fuerte y eficaz «.

El Tratado también proporcionaría un contrapeso justo y muy necesario para enfrentar el continuo incremento en el número de acuerdos cada vez más controvertidos sobre inversiones y «libre» comercio, los cuales  promueven los derechos de las empresas transnacionales a expensas de los pueblos y el medio ambiente, haciendo que incluso puedan demandar directamente a los países en tribunales secretos [3].

Los debates de esta semana en Ginebra también destacaron por estar rodeados de una fuerte y creciente movilización de la sociedad civil, [4] con muchas aportaciones de las comunidades afectadas en todo el mundo que fueron formalmente invitadas a participar: se presentaron a los gobiernos los casos de violaciones de los derechos humanos por parte de empresas como Shell, Vale y Jindal África a los gobiernos. Los miembros de la red global de ATI contribuyeron formalmente con diez presentaciones e intervenciones detalladas [5].

«Más de un centenar de activistas de 29 países estuvieron presentes durante esta sesión en Ginebra, el movimiento de un tratado vinculante que coloca los derechos humanos por encima de los beneficios empresariales es ya una gran bola de nieve. La fuerza de la sociedad civil se puso de manifiesto en las actividades públicas al exterior, y en el interior, donde se realizaron intervenciones y propuestas concretas sobre el contenido. También estuvimos juntos mostrando nuestra solidaridad con el pueblo brasileño que desafía al actual gobierno ilegítimo en Brasil.» añadió Lucía Ortiz.

Amigos de la Tierra Internacional espera con interés la próxima fase de este proceso fundamental, cuando Ecuador, Presidente de la mesa, iniciará un proceso de negociaciones formales. Esperamos que habrá participación aún más amplia de todos los gobiernos en la ONU-en especial con más países de África, Asia y América Latina y el Caribe-que puedan beneficiarse de un mecanismo que aumente su capacidad para controlar las actividades de las empresas transnacionales, sobre todo cuando las amenazas y la criminalización de líderes sociales que defienden sus derechos y territorios de los intereses corporativos está alcanzando niveles de violencia sin precedentes.

También es importante seguir resistiendo a las empresas ‘que intentan influir en el proceso y debilitarlo, por ejemplo, restringiendo la participación de las compañías debido a los evidentes conflictos de interés.

La semilla por tanto ha sido plantada esta semana: ahora tenemos que crecer y nutrir este Tratado, para darle la fuerza-reglas y mecanismos- efectivos que permitan restringir y controlar los grandes negocios, y para disuadir y sancionar las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas más grandes del mundo.

Notas:
[1] En la actualidad existe un vacío en la arquitectura jurídica internacional que significa que las empresas transnacionales no pueden ser procesados directamente por abusos de derechos humanos. Este es el objeto de discusión en el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (IGWG) sobre las empresas transnacionales y otras empresas respecto de los derechos humanos, que se reunió por segunda vez esta semana en Ginebra. Para obtener más información, véase: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/Session2.aspx

[2] Para obtener una amplia gama de materiales relacionados que incluyen  de noticias, documentos de antecedentes, enfoques políticos y vídeos, consulte: http://www.foei.org/what-we-do/UN-treaty-on-TNCs . Para la presentación formal de ATI durante la segunda sesión del IGWG, que aborda el alcance y el contenido potencial del Tratado, incluyendo la atención a las transnacionales y las cadenas de suministro, el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas, y la petición para una Corte Mundial de las transnacionales y derechos humanos, ver: http://www.foei.org/wp-content/uploads/2016/10/UN-Treaty-TNCs-submission-English.pdf

[3] Por ejemplo, en Europa-debido a la preocupación pública generalizada sobre estos tribunales secretos que benefician a intereses corporativos- las negociaciones sobre un comercio e inversión de Asociación Transatlántica (TTIP) están en un punto muerto (para más información véase: http: // www.euractiv.com/section/trade-society/news/germany-says-ttip-dead-in-the-water/); negociaciones similares sobre un acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE también han fallado durante el proceso de ratificación (para más detalles ver: http://www.foeeurope.org/Belgium-CETA-deal-challenges-corporate-courts-in -Trade-deals).

[4] ATI es un participante activo en la campaña para desmantelar el poder corporativo (http://www.stopcorporateimpunity.org/concrete-proposals-6-points-included-un-binding-treaty-human-rights-transnational-corporations- ETN /) y la plataforma Alianza por el Tratado que agrupa numerosas organizaciones de la sociedad civil (http://www.treatymovement.com/), ambas están luchando por un nuevo Tratado jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y derechos humanos.

[5] Los siguientes participantes de ATI han hecho aportaciones oficiales de la segunda reunión del IGWG, y pueden ser contactados en cualquier momento para más información:

 

 

  • Lucia Ortiz, Amigos de la Tierra Internacional: declaración de apertura en relación con las expectativas de Amigos de la Tierra Internacional para la semana.
  • Ricardo Navarro, Amigos de la Tierra El Salvador / CESTA: Visión general de las violaciónes sistemáticas de los derechos humanos y los delitos ambientales por las ETN – Ejemplos de Centroamérica.
  • Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia / Amis de la Terre: ejemplos de legislaciones nacionales – el caso de la ley francesa de “devoir de vigilance”
  • Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra Camerún / CED: La necesidad de que el futuro Tratado incluya las obligaciones extraterritoriales de los Estados de proteger a las víctimas, los ambientalistas, activistas de derechos humanos y denunciantes.
  • Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Indonesia / WALHI: La necesidad de que el futuro Tratado cubra toda la cadena de suministro de las empresas transnacionales, así como sus financiadores – el caso de Wilmar y Bumitama en Indonesia.
  • Syeda Rizwana Hassan, Amigos de la Tierra Bangladesh / BELA: Estudio de caso – la impunidad de la industria de desguace de buques en Bangladesh.
  • Godwin Ojo, Amigos de la Tierra Nigeria / ERA: Las dificultades enfrentadas en el litigio contra las transnacionales – el ejemplo de Shell en Nigeria.
  • Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa: Mesa redonda sobre el alcance del futuro Tratado
  • Arturo Pablo Juan, Amigos de la Tierra Guatemala / CEIBA: los problemas en el acceso a los recursos y a la justicia – el caso de Hidralia en Guatemala.
  • Gizela Zunguze, Amigos de la Tierra Mozambique / JA !: la falta de acceso a la justicia – los ejemplos de Vale y Jindal en Mozambique.

 

 

REDD: Las trasnacionales de la conservación tras los bosques campesinos

Artículo de Ana de Ita, Directora del Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (Ceccam), publicado en la Jornada

La iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) es una estrategia internacional para disminuir la intensidad del cambio climático a partir de la conservación de los bosques. Muchos de los gobiernos de los países del Sur ven en la existencia de fondos internacionales para la estrategia REDD+ una oportunidad para hacerse de recursos, en tanto que algunas organizaciones y movimientos indígenas y campesinos han alertado sobre la amenaza que puede constituir para los pueblos de los bosques –muchos de ellos pueblos originarios– sin derechos de propiedad formal sobre sus territorios.

En África y Ásia, los bosques son mayoritariamente propiedad del Estado (98 y 66 por ciento, respectivamente) pero en ellos viven millones de personas. En América Latina 33 por ciento de los bosques son estatales, otro tanto son de las comunidades y otros privados. México es distinto a todos ellos ya que 58 por ciento de los bosques son propiedad de los ejidos y comunidades con derechos garantizados por la Constitución; 34 por ciento son privados y sólo 8 por ciento pertenece al Estado.

Pero los bosques mexicanos están en la mira de nuevos actores nacionales e internacionales interesados en enajenar el control a sus legítimos dueños y para ello las políticas de conservación y la iniciativa REDD+ son una puerta de entrada. Con el fin de garantizar que el financiamiento se destine a reducir las emisiones, los países desarrollados y las instituciones multilaterales, quienes por ahora financian la estrategia, promueven construir una estructura institucional, a la que llaman gobernanza para REDD+ y con el beneplácito del gobierno incluyen a múltiples actores, interesados en participar en decisiones, recursos, diseño de políticas, formas de control del territorio que no es suyo y para lo que no tienen mandato.

Así en México opera un consorcio de organizaciones internacionales de conservación, Alianza México REDD+ (Alianza M-REDD+) que ha participado junto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la preparación de la Estrategia Nacional de REDD+ y está construyendo el tal modelo de “gobernanza”. Esta Alianza, financiada por el Departamento de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos (USAID) está liderada por The Nature Conservancy (TNC), una de las primeras organizaciones conservacionistas, dedicada a la compra de tierras para crear reservas privadas y parques nacionales. Su actual presidente proviene del Centro Goldman Sachs para los mercados ambientales. Los otros socios son Rainforest Alliance, especializada en la certificación de productos amigables al ambiente, el Woods Hole Research Center, el think tank número uno respecto del cambio climático, con vínculos con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y una organización mexicana Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (Endesu), que trabaja desde hace más de 20 años en Chiapas.

En un ejemplo local de lo que Harris Gleckman llama «la gobernanza de las múltiples partes interesadas» –una iniciativa del Foro Económico Mundial de 2009, que busca poner los intereses corporativos en el centro– en la gobernaza de REDD+ en México se incluye a múltiples actores con una gran asimetría de poder entre ellos: las trasnacionales de la conservación y sus contrapartes nacionales, el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas, instituciones gubernamentales, corporaciones empresariales, agencias internacionales de cooperación para el desarrollo, instituciones académicas y organizaciones de productores, organizaciones indígenas y campesinas, además de crear nuevas figuras como Agentes Públicos de Desarrollo Territorial, Agentes de Desarrollo Territorial, Comités, Grupos de Trabajo, Juntas, etcétera, sin un análisis profundo de las consecuencias democráticas y políticas de estos entes.

En la gobernanza de múltiples partes interesadas no hay reglas claras sobre transparencia, responsabilidad, resolución de disputas y representación, elementos claves aceptados como principios básicos para un proceso de gobierno legítimo. La informalidad y las situaciones de hecho son la pauta de su funcionamiento. En México la Alianza M-REDD+, se ha adjudicado el análisis del marco legal de REDD+ e incluso elaborado propuestas de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en una clara actitud injerencista.
Los impulsores de REDD+ en México presumen de una gran participación de la sociedad civil en sus acciones, pero después de revisar varios de sus trabajos y eventos es notable la ausencia o participación disminuida de los dueños de los territorios forestales –los ejidos y comunidades indígenas y campesinas–, quienes han cuidado y conservado los bosques como su tierra natal y de quienes depende la real reducción de emisiones.

Declaración de la Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya -CPO-

Con las energías del 4 B’atz’, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, los pueblos Maya K’iche’, Mam, Kaqchikel, Tz’utujil, Sipakapense, Q’anjob’al, Popti’, Chuj, Akateko, Awakateko y Mestizo, en territorio del abuelo Kaib’il B’alam, reunidos en asamblea deliberativa, declaramos:

  1. Celebramos más de 10 años de lucha pacífica y democrática, frente a la imposición de un nuevo despojo, haciendo uso de nuestros principios de participación, consulta y toma de decisiones. En ejercicio de nuestro derecho de libre determinación, hemos logrado frenar la expansión del modelo extractivista, expresado en proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, de transmisión eléctrica y monocultivo.
  2. Celebramos nuestra capacidad no solo de organizarnos y resistir, sino de retar la institucionalidad del actual Estado. Hemos logrado que se declaren ilegales las licencias otorgadas sin consulta previa, sentando jurisprudencia legal a favor de los Pueblos.
  3. Celebramos la consecución colectiva de una sentencia histórica, a través de la liberación de líderes y autoridades comunitarias, demostrando que la organización y el ejercicio de la autoridad de los Pueblos no constituyen delitos, sino el ejercicio pleno y legítimo de derechos fundamentales, y que la criminalización es una estrategia de persecución política del estado en contra de los pueblos.
  4. Denunciamos la maniobra racista del actual gobierno, que llama a un dialogo nacional para construir los estándares básicos para la consulta a los Pueblos Indígenas, deslegitimando nuestras consultas comunitarias y desconociendo que el propio convenio 169 de la OIT, ya los tiene establecidos. La consulta debe ser previa, libre, informada, de buena fe y conforme a los procedimientos propios que los Pueblos decidan.
  5. Estamos convencidos que nuestras victorias, no son suficientes para cambiar el sistema de dominación colonial y capitalista. Necesitamos profundizar nuestra organización comunitaria y nuestra articulación como pueblos Maya, Xinka, Garifuna y Mestizo. Necesitamos la participación plena de la mujer en todos los espacios de toma de decisiones. Necesitamos la participación protagónica y política de la juventud. Necesitamos pensar y decidir por nosotros mismos. Necesitamos convertir nuestra mayoría numérica en fuerza política articuladora. Necesitamos aumentar nuestras luchas en defensa del agua, bosques, tierra y necesitamos construir vida digna.
  6. Para lograr la vida digna, debemos comprometernos a construir un modelo económico, plural y democrático, reconstituyendo los valores propios, basados en la solidaridad, armonía y  el uso sostenible de los bienes naturales y no en la mercantilización salvaje.
  7. Llamamos a todos los Pueblos, y todas las fuerzas políticas y sociales del país, a profundizar y apropiarnos del Proyecto Político  de los Pueblos, como base para la construcción del Estado Plurinacional en Guatemala.

¡¡ES EL TIEMPO DE LOS PUEBLOS!!
Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Maya -CPO-

Vía Movimiento M4

REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras

Por Jutta Kill. World Rainforest Movement (2015)

REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras presenta un resumen de los informes de 24 proyectos o programas REDD con una característica en común: todos ellos presentan una serie de características estructurales que socavan los derechos de los pueblos de los bosques o no abordan verdaderamente la deforestación. Como proyectos de compensación, ninguno se ocupa de la crisis climática, porque, por definición, los proyectos de compensación no reducen el total de emisiones: la reducción de emisiones reivindicada en un lugar justifica que se emita más en otros lugares. Lo que se necesita, entonces, son reducciones generales y drásticas, en particular en los países industrializados. Las compensaciones, por definición, no pueden ayudar a lograr ese objetivo; son tan solo una distracción.

En esta publicación, los términos compensación de carbono forestal y proyecto REDD se utilizan indistintamente porque todos los proyectos referidos fueron diseñados para generar créditos de compensación de carbono. Los proyectos que anteceden a la introducción del término “REDD” (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques), si bien no utilizan el término en sus descripciones originales del proyecto, en otras etapas de la aplicación hicieron referencia al concepto “REDD”. Por lo tanto ambos términos son utilizados para referirse a proyectos que aspiran a restaurar o mantener el bosque a través de la generación de créditos de carbono que pueden ser vendidos para recaudar fondos para la aplicación del proyecto.

DESCARGA EL PDF: REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras

El Modelo Extractivo Minero: amenaza potencial contra la diversidad biológica en Mesoamérica

Por MovimientoM4*

articulo-bosques-m4No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.

No hay duda alguna, el modelo extractivo minero es el megaproyecto de mayor impacto territorial que, además de avasallar los derechos humanos y los bienes de la naturaleza, fomenta el acaparamiento y despojo de tierras y en consecuencia es promotor “natural” de la destrucción de la Madre Tierra.

A nivel mundial, Mesoamérica se caracteriza por poseer una gran diversidad biológica y cultural, no solo por su milenaria historia precolombina, sino también por su ubicación geográfica en la zona ecuatorial, lo que hace de ésta una región con particularidades que derivan en una gran riqueza de bienes naturales y de reserva hídrica, hogar de especies endémicas nativas en peligro de extinción y con zonas de vida exclusivas en el planeta. Sobresalen sus sistemas montañosos como la Sierra Madre (Occidental y Oriental) en México, que recorre gran parte del país; la sierra de los Cuchumatanes en Guatemala; y las cordilleras Volcánica Central y Talamanca en Costa Rica (esta última presente también en Panamá). Es en estas sierras en donde la vida se hace diversa, en donde la naturaleza se expresa de forma multifacética y en donde los pueblos mesoamericanos han contribuido con su manejo y la domesticación de especies nativas, al establecimiento de procesos bioculturales históricos. Y todo ello implica biodiversidad.

La riqueza de la biodiversidad en Mesoamérica está en riesgo debido a los proyectos integracionistas de carácter neoliberal como el “Plan Puebla Panamá”, ahora denominado “Proyecto Mesoamérica”, entre otros proyectos de integración mercantil, que no son más que los planes de empresas y otros actores transnacionales que buscan a toda costa la mercantilización de la naturaleza. El ahora llamado “Proyecto Mesoamérica” busca de forma progresiva crear las condiciones ideales para que se faciliten los procesos para la inversión privada nacional, extranjera y/o trasnacional. No es casual entonces que se hable de la generación de grandes proyectos de infraestructura como carreteras, ferrovías, aeropuertos y puertos marinos, además que el incremento en energía se consiga a través de subestaciones de mega hidroeléctricas o parques eólicos. Sin estos proyectos de infraestructura, comunicación y energía, la inversión quedaría simplemente congelada y las empresas no llegarían o no podrían operar. Al mismo tiempo, se requieren grandes cantidades de bienes naturales como el agua, que en algunos casos, como en los proyectos mineros, es un bien imprescindible para su establecimiento y operación. Por ello tampoco es casual que el sistema de integración energética implique homogeneizar el cableado en la región, a la vez que cada uno de los países avance en la desregularización de sus leyes y reglamentos para posteriormente hacer una nueva regulación acomodada al sector empresarial (1).

El efecto de esas desregulaciones tiene diferentes facetas, pero basta con observar las miles de concesiones mineras, asociadas a proyectos energéticos, autorizadas de manera arbitraria por los Estados, que amenazan y vulneran este territorio para tener una muestra de lo que aquí exponemos.

En este contexto, los destructivos proyectos de la empresa minera canadiense GoldCorp en la región tales como La Mina Marlin en Guatemala, la mina San Martín en Valle de Siria, Honduras o el complejo minero Los Filos en Carrizalillo, México, son un fiel exponente de cómo la explotación a cielo abierto es la esencia de la devastación que produce el modelo extractivo. En estos países, la explotación minera a cielo abierto ha provocado la contaminación de los ríos como efecto del proceso de lixiviación (uso del cianuro de sodio en la extracción de algunos minerales como el oro, la plata y el cobre), así como la producción de grandes pasivos ambientales derivados de los metales pesados tóxicos, que ocasionan irreversibles daños a las salud de las personas y animales y al ambiente.

No obstante, y a pesar que las entidades financieras, los gobiernos y las corporaciones mineras realizan grandes esfuerzos para convencer y hacer creer a la población que el extractivismo minero es la única opción de desarrollo. Los pueblos, haciendo uso de sus procesos pacíficos, democráticos, legales y basados en su libre determinación, han construido diferentes formas de resistencia para frenar la expansión minera y desmitificar el discurso del “progreso y desarrollo” que el modelo extractivista ha estado promoviendo e imponiendo.

El modelo económico imperante es voraz y mercantilista de los bienes naturales a los que define como “estratégicos” (agua, minerales, aire, tierra), buscando simplificar el significado de los mismos, de tal manera que, para el modelo extractivo, un bosque es visto únicamente como productor de madera y recursos energéticos y una montaña es considerada un conjunto de minerales y metales preciosos. De esta forma se pierde la visión de la integralidad que habita al interior de los ecosistemas. Por su parte, los pueblos indígenas, de acuerdo a su cosmovisión, consideran históricamente a la naturaleza como un todo, en donde hay interrelaciones de cosmovisión terrenales y supraterrenales para con los bosques, ríos y el conjunto de la Madre Tierra, siendo esta la esencia de la vida misma. No es casual entonces que ante el modelo extractivo depredador, las resistencias reaccionen y salgan en defensa de la vida misma, siendo capaces de garantizar la existencia de la gran riqueza natural que aún quedan en la región.

Francisco Mateo, miembro del Consejo de Pueblos Mayas de Guatemala y Miguel Angel Mijangos, miembro de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos Integrantes del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4, movimientom4.org. Contacto: info@movimientom4.org

(1) http://movimientom4.org/2016/06/quien-gobierna-ahora-son-las-corporacionestransnacionales-gustavo-castro/

Leer/descargar boletín completo en .pdf aquí

AUDIOS – Memoria del conversatorio «Resistencia al modelo extractivo: criminalización e impunidad en América latina»

El martes 25 de octubre, Otros Mundos A.C. organizó en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, un conversatorio sobre la resistencia al modelo extractivo en América latina, enfocado a la criminalización y la impunidad en medio de las que avanza. En el debate moderado por Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos A.C., participaron Gustavo Castro (vía videollamada), también miembro de la organización, Berta Zúñiga Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el abogado Miguel Ángel de los Santos, y Chenna Maço, integrante del Movimiento de afectados por las represas en Brasil (MAB, por sus siglas en portugués).

AUDIO 1 – Bienvenida y agradecimientos 

El conversatorio dio la oportunidad a los miembros del equipo de Otros Mundos A.C. que estaban presentes de agradecer a la audiencia la inmensa solidaridad que demostró después del asesinato de la coordinadora del COPINH, Berta Cáceres, y de la tentativa de asesinato de Gustavo Castro el pasado 2 de marzo, seguida de su retención arbitraria en Honduras.

AUDIO 2 – Agradecimientos de Gustavo Castro

Gustavo Castro, quien recibió el apoyo de muchas personas y organizaciones solidarias de San Cristóbal de las Casas y de Chiapas cuando estaba retenido en Honduras, pudo agradecer personalmente a la audiencia.

AUDIO 3 – Solidaridad con Luís Díaz

Gustavo Castro expresó su solidaridad con el activista español Luís Díaz López, acompañante del COPINH y observador de derechos humanos, a quien las autoridades migratorias hondureñas impidieron la entrada al país el 25 de octubre.

AUDIO 4 – ¿Qué es el modelo extractivo?

Gustavo Castro explica qué entendemos como “modelo extractivo”: un modelo depredador cuyo principal objetivo es extraer bienes comunes naturales al menor costo, sin tomar en cuenta los costos sociales y ambientales.

AUDIO 5 – Las tres formas de resistencia

Gustavo Castro distingue tres formas de resistencia: la resistencia pasiva, la resistencia activa y la resistencia propositiva.

AUDIO 6 – El dilema de los movimientos sociales de América latina

Gustavo Castro comentó que no todos los movimientos sociales de América latina tienen la misma concepción de la resistencia: unos quieren resistir al modelo extractivo desde arriba (transformándose en partidos políticos, tomando las estructuras del Estado), y otros desde abajo (construyendo autonomía y procesos locales).

AUDIO 7 – La prevención como estrategia de resistencia a la minería

Gustavo Castro explica que la Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la que forma parte Otros Mundos A.C., ha apostado a la prevención como estrategia de resistencia al modelo minero, para evitar la mayor violencia. Pero eso no suple la necesidad de buscar una resistencia propositiva.

AUDIO 8 – ¿Cómo resistir a la criminalización?

Según Gustavo Castro, resistir a la criminalización pasa por acabar con los tratados de libre comercio que hacen prevaler los derechos de las empresas por sobre los derechos humanos.

AUDIO 9 – ¿Qué es el COPINH? 

Berta Zúñiga Cáceres, hija de la fundadora del COPINH Berta Cáceres, cuenta cómo nació la organización en el 1993 y con qué objetivos. Su lucha es anticapitalista, antirracista y antipatriarcal.

AUDIO 10 – Las consecuencias del golpe de Estado en Honduras

Berta Zúñiga Cáceres habla de cómo el golpe de Estado del 2009 en Honduras aceleró la extracción de bienes comunes naturales.

AUDIO 11 – La larga historia de criminalización del COPINH

Berta Zúñiga Cáceres recuerda que el COPINH lleva años sufriendo difamación, criminalización, represión, ataques y asesinatos.

>> ¡Basta de represión contra l@s que defienden la tierra y el territorio en Honduras! 

AUDIO 12 –  Los mecanismos de la criminalización y la impunidad

El abogado Miguel Ángel de los Santos, profesor en la Facultad de derecho de la UNACH en San Cristóbal recuerda que nunca fueron castigados los responsables del asesinato de Mariano Abarca, miembro de la REMA quien luchó contra la minera Blackfire en Chicomuselo, Chiapas.

AUDIO 13 – El caso legal de Gustavo Castro 

Miguel Ángel de Los Santos, abogado de Gustavo Castro, habla del caso legal del integrante de Otros Mundos A.C. quien ha sido retenido ilegalmente en Honduras después de haber sido testigo del asesinato de Berta Cáceres y víctima de una tentativa de asesinato el pasado 2 de marzo.

>> Tortura y secuestro de Estado

AUDIO 14 – La criminalización de la resistencia en Brasil después del golpe de Estad

Chenna Maço, integrante del Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB), habla de la criminalización de la resistencia en su país desde el golpe de Estado de este año, y de los desafíos de su organización. El MAB, Otros Mundos A.C. y el COPINH forman parte del Movimiento latinoamericano de Afectados por las Represas (MAR), fundado en septiembre de este año en Brasil.

AUDIO 15 – Debate: ¿Se puede resistir en medio de la violencia? ¿Se debe de entrarle a la vía electoral?

Debate abierto por la audiencia, en el que participan Gustavo Castro y Berta Zúñiga Cáceres.

¡Gracias por haber sido tan numeros@s!

¡Sí a la vida! ¡No a los proyectos de muerte!

Otros Mundos A.C. recibirá el Premio «Justicia Global» en Denver

Este sábado 29 de octubre, la asociación civil Otros Mundos Chiapas A.C./Amigos de la Tierra México recibirá el premio “Justicia Global” (“Global Justice” en inglés) por parte del Comité de Justicia y Paz de Denver (Denver Justice & Peace Comité, DJPC), en Denver, capital del estado de Colorado, Estados Unidos.

El Comité estadounidense creado en el 1976 trabaja por la solidaridad con los pueblos de América latina y la promoción de los derechos humanos, económicos y ambientales en la región. Apoya entre otros la resistencia del pueblo de Cajamarca contra la minera Yanacocha en Perú.

Con la entrega de este reconocimiento a Otros Mundos Chiapas A.C., el Comité dice reconocer el valor de su trabajo  en la búsqueda de alternativas a la crisis social, económica, política y medioambiental que atravesamos en el actual sistema de dominación capitalista.

El año pasado, este reconocimiento fue otorgado a la historiadora estadounidense Aviva Chomsky, quien ha dedicado una gran parte de su trabajo a la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos.

¡Basta de represión contra l@s que defienden la tierra y el territorio en Honduras!

Comunicado de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 25 de octubre del 2016

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México, alertamos a la comunidad internacional sobre la grave situación que están viviendo los y las defensores y defensoras de la tierra, del territorio y de los derechos humanos en Honduras. La multiplicación de proyectos extractivos como monocultivos de palma africana, minería y represas en este país de Centroamérica, a la cual nos enfrentamos también en México, se acompaña de una guerra abierta contra los pueblos en defensa de su bienestar y de sus fuentes de vida.

En el Bajo Aguán (norte), donde la corporación hondureña Dinant acapara tierras para extender monocultivos de palma africana con el financiamiento del Banco Mundial, dos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) fueron asesinados por paramilitares el 18 de octubre: José Ángel Flores, su presidente, y Silmer Dionisio George, uno de sus integrantes. No son casos aislados: desde el 2009, Human Rights Watch tiene documentados más de 29 asesinatos ligados a la defensa de la tierra que han permanecido en la impunidad en el Bajo Aguan.

Denunciamos la violenta represión que sufre el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras (COPINH) de manera ininterrumpida desde hace varios meses. El pasado 9 de octubre, dos de sus miembros fueron víctimas de intentos de homicidio a balazos: Tomás Gómez, su coordinador, y Alexander García Sorto, uno de sus líderes comunitarios. Repudiamos estos ataques perpetrados bajo el orden del poder corporativo y del gobierno hondureño que buscan silenciar la lucha del COPINH contra los proyectos extractivos, en particular contra la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa hondureña DESA sobre el río Gualcarque, en territorio del pueblo Lenca (suroeste).

El COPINH ha sufrido intentos de criminalización y varios ataques que han terminado con la vida de varios compañeros y compañeras por la defensa del río Gualcarque y su lucha histórica de defensa de los bienes comunes. Estos asesinatos permanecen en total impunidad. Exigimos que sean condenados todos los autores intelectuales y materiales del asesinato de la coordinadora Berta Cáceres, acribillada de balas el 2 de marzo de este año. El robo del expediente del caso a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de supuestos ladrones, el 29 de septiembre, es una vergüenza para el gobierno hondureño que trabaja al servicio de la impunidad y no de la justicia.

Reclamamos que cese la guerra cotidiana contra los miembros COPINH, cuya manifestación pacífica por la justicia y la tierra frente al Ministerio Público en Tegucigalpa el 20 de octubre fue violentamente reprimida por la policía, en donde se puso en riesgo la vida de menores de edad al hacer uso indiscriminado de gases lacrimógenos. En la manifestación también resultaron heridos miembros del OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), quienes se enfrentan cotidianamente a la represión por defender su territorio de la expansión hotelera y palmera en el norte de ese país.

Desde México, apoyamos la lucha de los miembros COPINH en defensa del río Gualcarque y del pueblo lenca .Así mismo, abrazamos a los compañeros y las compañeras del OFRANEH y del MUCA en ardua lucha por  la defensa de sus territorios. Exigimos la cancelación definitiva del proyecto Agua Zarca, y de todos los proyectos de muerte que acaparan tierras, desplazan pueblos y destrozan los bienes comunes naturales en nuestro continente.

¡No a los proyectos extractivos que traen muerte en nuestro continente!
¡Sí a la vida y a la autodeterminación de los pueblos!

Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México


Exigimos al Estado de Honduras que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos

– Repudio al asesinato de campesinos en Honduras (comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC)

Exigimos al Estado de Honduras que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos

Honduras, octubre de 2016

ACTUALIZACIÓN:

«Muchas gracias por haber firmado la carta dirigida a autoridades hondureñas sobre la situación de las personas que defienden derechos humanos en su país.  La carta fue firmada por 170 organizaciones y 16 académicos y otras personalidades.  Se entregó esta tarde al Ministerio Público y la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentalización.  Adjuntas encontrarán la versión final, con su firma incluida y la copia de recepción de la misma con los respectivos sellos en la primera y última páginas.  Les invitamos a circular la carta con sus contactos y compartirla con sus respectivos gobiernos.»

CARTA:

Respetables Señora y Señores

Héctor Leonel Ayala
Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización

Karla Cueva
Sub-Secretaria de Justicia y Derechos Humanos

Oscar Chinchilla
Fiscal General de la República de Honduras

Apreciables señoras y señores:

Las organizaciones firmantes, acompañantes de diferentes procesos de defensa de los derechos humanos en Centroamérica, manifestamos nuestra preocupación por los graves obstáculos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, tal y como lo evidencian los recientes asesinatos de José Ángel Flores (presidente) y Silmer Dionisio George (miembro) del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) ocurridos el día martes 18 de octubre y los atentados en contra de Tomás Gómez Membreño (coordinador general) y Alexander García Sorto (integrante) del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) el pasado 9 de octubre; así como intimidaciones, amenazas, la represión a la libertad de reunión y de expresión y otros hechos que afectan gravemente las actividades de defensoras y defensores en su país; particularmente cuando éstas afectan los intereses de actores con poder político o económico.

 

Estos ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos repercuten negativamente sobre el disfrute de los derechos que defienden, contribuyen a generar un ambiente negativo y de temor para la defensa de los mismos y provocan como consecuencia, la disminución de reclamos y denuncias. En una reciente declaración, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que “cualquier amenaza o violencia contra los defensores de derechos humanos constituye una violación de las obligaciones de los Estados hacia la realización de los derechos contenidos en el Pacto” (1).

Honduras es el país con mayor número de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 426 personas beneficiarias, de las cuales 16 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas entre 2001 y julio de 2016 (2).

El hecho que José Ángel Flores, Silmer Dionsio George, Tomas Gómez Membreño y Alexander García Soto pertenezcan a organizaciones a las que les fueron concedidas medidas cautelares (3) de la CIDH demuestra una grave falla en el deber del Estado de Honduras de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos y la seguridad de los defensores de derechos humanos, incluidos los que trabajan por hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, tal y como quedó expresado en la última resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos (4), la cual fue co-patrocinada y votada por Honduras.

La continuidad de estos hechos de violencia contra las y los defensores, ponen en evidencia que en Honduras la situación es crítica para ellos, ya que no cuentan con garantías por parte del Estado para ejercer su labor ni sus derechos a la libertad de opinión, de expresión y de reunión o asociación pacíficas, a participar en los asuntos públicos y a interponer recursos efectivos (5) cuando lo consideren oportuno.

Respetados funcionarios del Estado de Honduras,

Como es de su conocimiento, durante este año diferentes órganos de tratado de Naciones Unidas han examinado al Estado de Honduras (6). En sus sesiones los diferentes Comités han preguntado específicamente sobre qué esta haciendo el Estado de Honduras para garantizar el trabajo y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. Su respuesta como Estado ha sido el reconocimiento de “la labor de los defensores de derechos humanos” y la aprobación, reglamentación e implementación de la Ley de Protección de defensores de derechos humanos, así como “la atención a las 38 solicitudes de protección presentadas ante la Dirección General del Sistema de Protección hasta junio de 2016” (7).

Sin embargo, los hechos de violencia en contra de las y los defensores de derechos humanos demuestra que este mecanismo ha resultado poco efectivo, tal y como ha sido señalado tanto por actores nacionales como internacionales, dada la falta de medidas concretas (8) y específicas de protección para estas personas, más allá del acompañamiento o vigilancia perimetral policial; los cuales en algunos casos se ha brindado sin análisis de riesgos y respondiendo sólo con medidas de urgencia y no de protección (9).

En sus observaciones finales, tanto el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité Contra la Tortura, como el Comité sobre Trabajadores Migrantes expresaron su preocupación por la descalificación (10), las amenazas (11) actos de intimidación (12) y asesinatos (13) en contra de las personas defensoras de derechos humanos y el grado de impunidad de la que gozan los responsables de esos actos (14).

El Comité Contra la Tortura expresó también su preocupación por las (…) declaraciones públicas realizadas por altos funcionarios del Estado en las que se descalifica el trabajo de los defensores de derechos humanos, poniendo así en riesgo su integridad física (15).

Ante esta grave situación, por medio suyo nos permitimos hacer un llamado al Estado de Honduras para que cumpla con sus compromisos internacionales en materia de protección a los y las defensoras de derechos humanos, entre las cuales están:

  1. Tomar todas las medidas necesarias para la protección efectiva de todas las personas defensoras de derechos humanos, las cuales deben ser desarrolladas en consulta con las beneficiaras (16).
  2. Fortalecer y dotar con los recursos necesarios (17) al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, incluidos los beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, concediendo un mayor espacio de participación a las personas representantes de las organizaciones de derechos humanos (18).
  3. Desarrollar sistemas eficaces de alerta temprana y acción urgente (19) en consulta con las personas defensoras de derechos humanos, con el objetivo de prevenir los ataques en su contra.
  4. Garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de opinión sin amenazas ni hostigamiento y cualquier otra actividad de promoción y defensa de los derechos humanos (20), e
  5. Investigar de manera exhaustiva, eficaz (21) , sin demora y de manera independiente (22) todas las denuncias y atentados contra la vida e integridad física de los defensores y defensoras de derechos humanos (23). Además, se haga rendir cuentas a los responsables (…) y se garantice de manera efectiva su vida e integridad física (24).

Estamos seguros de que la implementación de estas acciones redundará en mejorar las condiciones del trabajo y la seguridad de las y los defensores, y les daría, además, el respaldo institucional que necesitan para continuar con la defensa de los derechos humanos; lo que redundará en beneficios para toda la sociedad hondureña.

Respetuosamente,

Cc
Roberto Herrera Director Comisionado Nacional de Derechos humanos.
Sr. Embajador Giampaolo Carmelo RIZZO ALVARADO Misión Permanente de Honduras ante el Sistema de Naciones Unidas – Ginebra, Suiza.
Dirección General de Investigación para el Cumplimiento de Compromisos en Derechos Humanos
Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales
Dirección General de Políticas Públicas de los Derechos Humanos y Justicia

Sr. James Callavaro, Relator País, Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Sr. Embajador Choi Kyonglim, Presidente del Consejo de DDHH de NU
Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de DDHH de NU-Ginebra
Sra. María Soledad Pazo Oficina del Alto Comisionado de DDHH- Honduras

Órganos de Tratado de Naciones Unidas:
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Comité contra la Tortura
Comité sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

Relatores/as especiales de Naciones Unidas:
Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas;
Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;
Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación;
Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.


(1) E/C.12/2016/2, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Human Rights Defenders and Economic, Social and Cultural Rights, 7 October 2016. Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
(2) PBI, Honduras Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Junio 2016).
(3) CIDH. MC 50/14 – Líderes y lideresas campesinas del Bajo Aguán, Honduras y MC 112/16 – Miembros de COPINH, familiares de Berta Cáceres y otro, Honduras.
(4) A/HRC/31/L.28 Protección de los defensores de derechos humanos, ya sean individuos, grupos u órganos de la sociedad, que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales (23 de marzo de
2016)
(5) Ibídem A/HRC/31/L.28.
(6) Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité contra la Tortura y Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
(7) Comité contra la Tortura, 58o Sesión. Intervención de Honduras, segundo informe periódico de honduras al Comité contra la tortura. 27 al 28 de julio de 2016. En: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fSTA%2f
HND%2f24652&Lang=en
(8) CAT/C/HND/2, Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Honduras, párrafo 42, 10 de agosto de 2016
(9) ¿Es realmente efectivo el mecanismo de protección para Defensorxs de Derechos Humanos?, Coalición contra la Impunidad, 17 octubre de 2016.
(10) E//C.12/HND/CO/2, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Honduras, párrafos 9 y 10, 24 de junio de 2016
(11) E/C.12/HND/CO/2; CAT/C/HND/2; CMW/C/HND/CO/1.
(12) CAT/C/HND/2.
(13) E/C.12/HND/CO/2, CAT/C/HND/2, CMW/C/HND/CO/1.
(14) Op. Cit. CAT/C/HND/2.
(15) Op. Cit.
(16) A/HRC/33/42/Add.2 Consejo de Derechos Humanos
33o período de sesiones,
 Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Honduras, 2016.
(17) Op. Cit. Coalición contra la Impunidad; A/HRC/33/42/Add.2.
(18) Op. Cit.
(19) Op. Cit. A/HRC/33/42/Add.2.
(20) Op. Cit. CMW/C/HND/CO/1.
(21) Op. Cit. E/C.12/HND/CO/2.
(22) Op. Cit. CMW/C/HND/CO/1.
(23) Op. Cit. E/C.12/HND/CO/2.
(24) Op. Cit. CMW/C/HND/CO/1.

Iniciativa promovida por la Plataforma Internacional contra la Impunidad

Chiapas: buscan autorización de pueblos zoques para abrir 12 pozos de hidrocarburos

Inicia consulta en tres municipios. No autorizaron presencia de observadores en el proceso. EZLN se opone.

Por Ángeles Mariscal desde Chiapas. Aristegui Noticias

La Secretaría de Energía inició el martes la consulta a los pueblos indígenas zoques de los municipios Francisco León, Ixtacomitán y Pichucalco, con el fin de lograr su autorización para abrir 12 pozos de donde se espera extraer gas y aceite que actualmente se licitan.

La consulta se llevó a cabo en el ejido Miguel Hidalgo, del municipio de Tecpatán; el jueves se efectuará en el municipio Francisco León; el viernes en los poblados La Providencia y El Escobar de Ixtacomitán; y el sábado en Pichucalco. Estos municipios ubican en la zona norte de Chiapas, donde habitan indígenas de la etnia zoque, de acuerdo al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH).

 

De acuerdo a la Constitución mexicana, para explorar y explotar hidrocarburos que se encuentren en zonas indígenas, se debe tomar en cuenta los intereses y derechos de esas comunidades y pueblos.

Sin embargo, de acuerdo a integrantes del Centro de Lengua y Cultura Zoque, originarios de esa región, en la consulta fue impedida la presencia de observadores externos y especialistas.

“Sobre el proyecto sólo se informó a las autoridades ejidales a través de los ayuntamientos, sin darles mayores detalles. Es hasta el día de la votación cuando someramente se mencione a los habitantes la implicación de los proyectos, explicó Fermín Ledesma, integrante del Centro.

Para acceder a los detalles del proyecto, cada empresa licitante debe pagar 2.5 millones de pesos, por concepto de acceso por cada uno de los “cuarto de datos” que componen las características de los yacimientos sujetos a la licitación que fue abierta el pasado 24 de agosto.

“Primero se les debió informar, para que los ejidatarios analizarán y consultaran sobre los alcances con personas de su confianza y efectos, para que tuvieran un periodo de discusión interna. En estas condiciones no se está llevando a cabo una consulta libre e informada”, explicó el Centro de Lengua y Cultura Zoque.

De acuerdo a la convocatoria CNH-R02-L02/2016, la licitación comprende 12 pozos localizados en una extensión de 845 kilómetros cuadrados donde se encuentran yacimientos de gas y aceite. Se convocó a personas morales nacionales y extranjeras, y a empresas productivas del Estado. Extraoficialmente ya hay tres empresas extranjeras interesadas en la licitación.

La licitación también comprende 20 pozos en el municipio de Macuspana, Tabasco, en la zona conocida como Cuencas del Sureste, señala el CNIH. El 7 de abril de 2017 se dará a conocer el resultado del proceso. Actualmente, en Chiapas los poblados que forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se oponen a los proyectos de la industria extractiva en sus territorios.

Bayer, Monsanto y compañía: agricultura como si no hubiera un mañana

Gabriela Vázquez, eldiario.es

El pasado 14 de septiembre recibíamos, después de varios avisos, la noticia del acuerdo definitivo de Bayer con Monsanto para la compra de la primera por 66.000 millones de dólares. Esta unión se sumaba a la de Dow-Dupont ( diciembre de 2015) y a la de Syngenta-ChemChina ( febrero de 2016), y dejaba “desparejada” a la otra gran empresa del sector semillero y de agroquímicos, BASF, de quien se espera que mueva ficha próximamente.

Pero esta agitación no sólo está dándose en este sector, sino también en otros sectores vitales en el mundo de los insumos agrícolas, y con unos volúmenes de mercado mucho mayores, como son el de los fertilizantes (175.000 millones de dólares en el año 2013, respecto a los 93.000 del mercado de pesticidas-semillas) y el de la maquinaria agrícola (116.000 millones). Todas estas empresas se encuentran igualmente en un frenesí de compras y fusiones, de apuesta por nuevos mercados y de concentración en cada vez menos manos.

Estas fusiones aún pueden ser evitadas por la legislación anti-monopolio de los distintos países (aunque, cuando aún intentaba comprar Syngenta, Monsanto estaba tan segura de que nadie bloquearía el acuerdo que ofrecía una fianza de 2.000 millones de dólares en caso de que así fuera ), y nadie puede saber cómo será exactamente el panorama final: ¿a qué escenario nos llevará esta tendencia que comenzó con la compra de pequeñas empresas semilleras por todo el mundo hace unas décadas?

La acumulación de poder por parte de estas empresas multinacionales se retroalimenta, haciéndose cada vez mayor: su tamaño les da una gran capacidad de lobby, lo que permite que la legislación de todo el mundo se adapte a sus intereses. En el año 2015 las empresas del sector agroquímico invirtieron 132 millones de dólares en labores de lobby sólo en el Congreso de EEUU. También les otorga una enorme influencia a la hora de decidir qué es lo que se investiga y cómo, ganándole terreno cada vez más a la investigación pública y decidiendo de facto hacia dónde se encaminan nuestros sistemas agroalimentarios.

Sin embargo, el mayor poder de estos oligopolios reside en su capacidad para dar lugar a sus propias narrativas sobre lo que debe ser y será la alimentación del futuro. Un modelo alimentario basado en la cantidad de calorías producidas, quizá con algunos suplementos para combatir, considerándolas de forma aislada, algunas deficiencias vitamínicas. Las medidas ambientales que se introducen intentan reconciliar al modelo agroindustrial con el medio en el que vive, sin replantearse este en su conjunto.

En estas narrativas el modelo de monocultivos destinados a la exportación y largas distancias se mantiene. También se mantiene la dinámica del agricultor cada vez más dependiente del suministro de insumos externos, aunque no se cierra la puerta a que estos insumos puedan cambiar. Se defiende la “intensificación sostenible”, que se fundamenta en que, ya que la agricultura va a degradar inevitablemente el territorio, lo mejor es maximizar mediante el uso de insumos externos la productividad de un terreno dado, para ocupar el menor espacio posible. Esta argumentación, aparte de dar por hecho que es inevitable que la actividad agrícola destruya el medio en el que se desarrolla, supone que el único impacto de ésta se da en la parcela en que se cultiva, sin considerar el impacto que la obtención de esos insumos genera en otros lugares.

No es esta una defensa de la autosuficiencia radical de las explotaciones agrícolas. Quiero reivindicar más bien una lógica que no sólo tenga en cuenta cuánto se produce y a qué coste económico, sino que considere igualmente los materiales y energía (incluida la energía necesaria para mover esos materiales por el mundo) que han tenido que consumirse en el proceso. Lamentablemente, nuestro sistema económico no es capaz de medir adecuadamente estos costes, por lo que no podemos dar por hecho que lo más barato económicamente es lo más “barato” en términos de materiales y energía.

Algunas de las soluciones tecnológicas que se plantean, al no ser claramente destructoras o contaminantes de por sí, permiten imaginar un campo que se desarrolla a espaldas del mundo físico que lo sostiene. En muchos casos la cuestión no es el rechazo a la propia tecnología, sino preguntarnos si se han echado las cuentas de hasta qué punto podemos disponer de los recursos para generalizar su utilización. En un mundo de recursos finitos y políticas neoliberales, el acceso de unos pocos agricultores de élite a la maquinaria más avanzada podría impedir a todo el resto el acceso a herramientas mucho más básicas. Si sabemos que necesitaríamos siete planetas para que todo el mundo viviera como un estadounidense medio, ¿cuántos necesitaríamos para que todos los agricultores trabajasen en el futuro que se imaginan Bayer y Monsanto?

Lo que no es posible, bajo este modelo ni bajo ningún otro, es conseguir un sistema de producción justo y viable a largo plazo que garantice los niveles de consumo y despilfarro que tenemos actualmente en los países enriquecidos. Sencillamente, no existen en el planeta que tenemos los materiales para hacer algo así.

Afortunadamente, existen formas de producir lo suficiente para asegurar que se cubran las necesidades (que no los deseos, que son ilimitados) de todas las personas, tanto en el plano alimentario como en otros. Olivier de Schutter, anterior relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, ya explicaba hace algunos años cómo la agroecología (un concepto que va más allá de la agricultura ecológica, con la que a menudo se confunde) sería capaz de “alimentar al mundo” en un contexto de crisis económica, ecológica y energética. Es más, sería posible hacer esto desde una perspectiva de recuperación de la soberanía alimentaria de los pueblos, es decir, de recuperación de la toma de decisiones que en estos momentos, y cada vez más con acuerdos como el de Bayer y Monsanto, se encuentra muy lejos de las comunidades que en la práctica sustentan la vida.

Uno de los cambios clave entre un modelo y otro sería el de recuperar el enfoque centrado en la adaptación de la producción al medio (basado en la diversificación de soluciones según las condiciones particulares de cada lugar), en lugar de continuar con el enfoque centrado en la modificación del medio (basado en la estandarización de muchos lugares diferentes mediante el aporte de insumos externos). El segundo enfoque, en el que un menor número de soluciones son válidas para todo el mundo, encaja mejor con un modelo globalizado y concentrador de poder.

El cómo podría funcionar un modelo basado en la diversificación, qué datos sobre su efectividad tenemos hasta ahora, qué elementos del modelo industrial actual convendría mantener y cuales convendría desechar, y cómo podría realizarse la transición de uno a otro son temas abordados en el informe “ From uniformity to diversity” del comité IPES-Food. Este comité está formado por expertos relacionados con las Naciones Unidas (entre ellos el ya mencionado de Schutter), la academia y diversas organizaciones relacionadas con el medio ambiente y la cooperación internacional.

Según ellos, “el que el potencial de la agroecología para mejorar los resultados de los sistemas alimentarios no coincida con un potencial para generar beneficios para el agronegocio podría explicar por qué ha tardado tanto en hacerse hueco en la agenda política.” Aunque distintos organismos de la ONU lleven varios años haciéndose eco del potencial de la agroecología, especialmente en países del Sur, el primer Simposio sobre Agroecología de la FAO no tuvo lugar hasta el año 2014.

El informe señala también el riesgo fundamental de que, en un momento en el que el cambio es tan necesario, las prioridades políticas se centren no en fomentar y salvaguardar el desarrollo de modelos alternativos, sino en realizar retoques a las prácticas de las multinacionales que en realidad dejen intactos los aspectos esenciales del modelo actual.

Existen distintas medidas que pueden ponerse en marcha para, poco a poco, ir cambiando el centro de gravedad de nuestros sistemas alimentarios, pero la concentración de poder en el sistema actual ha alcanzado cotas tan altas que la acción política resulta también esencial para su desmantelamiento. Aunque no parece que nuestros gobiernos tengan ninguna intención de hacerlo, el bloqueo de acuerdos como el de Bayer-Monsanto sería un buen lugar para empezar.

Boletín del WRM: Los pueblos de “América Media” luchando por sus territorios y contra toda forma de opresión

Boletín nº 226- Octubre 2016

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“América Media”: pueblos en resistencia ante un pasado colonial que perdura con imposición y violencia

Cuando pensamos en los países que van desde el sur de México hasta Panamá, acostumbramos hablar de América Central o Centroamérica. Es decir, en nuestro imaginario, ese sería el nombre que usaríamos para situar el territorio que se encuentra entre la región Sur y la región Norte del continente americano. Sin embargo, las historias, culturas, economías y políticas de este territorio cuentan una historia diferente y nos obligan a reflexionar más allá sobre sus límites y definiciones.
 
Mientras que administrativamente, Centroamérica comprende siete países: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; algunos historiadores aún delimitan la región de acuerdo a los límites establecidos por uno de los virreinatos de la colonia española, es decir, los actuales países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.


Por otra parte, la antropología definió como Mesoamérica a los territorios que comprenden desde la mitad sur de México, los territorios de Guatemala, Belice y El Salvador, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde se asentaron grupos de las zonas precolombinas de México y del Caribe – tales como los pueblos Mayas, Lencas, Pipiles, Kunas, Chorotegas, Nasos, Bribris, entre otros -, y que han habitado estos parajes durante milenios. No debemos confundirnos con otras divisiones que han sido creadas por organizaciones internacionales para pretender una “integración” económica que apunta a expandir el comercio neoliberal en estos territorios.
 
Pero la historia oficial, antropológica y colonial no considera las otras diversas historias que los pueblos, culturas y geografías nos cuentan. Aquellas que tienen que ver con los intercambios culturales y políticos, las luchas de resistencia, las percepciones y formaciones de lugares sagrados, territorios y que dan un sentido de pertenencia a esta “América Media”, en el sentido amplio de la palabra, desde el sur de México hasta Panamá.
 
Esta “América Media” entonces es un territorio definido y re-definido a lo largo de los años por sus pueblos y culturas. A través del tiempo, no obstante, y sobretodo desde la era de la colonización, su papel ha sido el de zona de disputa territorial entre las grandes potencias europeas —a las que se sumó a fines del siglo XIX, Estados Unidos—, con el objetivo de explotar y controlar sus “recursos naturales”. Su ubicación es estratégica, ya que permite cortar camino en la comunicación de los océanos Atlántico y Pacífico por vía marítima. Además, es una zona de altísima biodiversidad en términos de bosques y manglares, suelos fértiles, ricas reservas de agua dulce, así como de enormes reservas de petróleo y minerales.
 
Durante poco más del último siglo, estos territorios han estado modulados por movimientos de liberación y emancipación social, seguidos por cruentas dictaduras militares. La fuerte violencia política y persecución social que continúa en la actualidad no ha impedido a que las luchas de resistencia se siguieran multiplicando por todos sus rincones. Sin embargo, en la actualidad, con los movimientos y organizaciones de base enfocados especialmente en la defensa de los territorios y contra la imposición de un modelo extractivista destructivo, los niveles de violación a los derechos humanos y colectivos de los pueblos es alarmante.
 
Este boletín busca apoyar y honrar a estos pueblos diversos y sus luchas de resistencia. Por tanto, es un boletín dedicado a reflexionar sobre esa “América Media”, es decir, a los territorios definidos por sus pueblos, historias y luchas que van desde el sur de México hasta Panamá. De la mano de organizaciones aliadas en estos territorios, el WRM ha buscado resaltar las imposiciones y luchas que desde hace muchísimos años vienen pugnando los pueblos en la defensa de sus bosques, tierras y culturas.
 
El empuje por expandir las plantaciones de monocultivos, las concesiones mineras y petroleras, los proyectos de “conservación” tipo REDD+, las hidroeléctricas, los proyectos de infraestructura, entre otros, ha ido de la mano de una violenta represión -con casi total impunidad- de cada vez más personas que resisten ese modelo económico que está al servicio del gran capital. En palabras de Berta Cáceres, líder indígena asesinada en Honduras, cuyo legado ha trascendido los territorios de la “América Media”, “La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos sociedades capaces de coexistir  de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y sus espíritus”.
 
Esperamos que este boletín ayude a dar visibilidad a estas luchas y así entender mejor los diversos procesos que pretenden imponerse en estos territorios.

LOS PUEBLOS DE «AMÉRICA MEDIA» LUCHANDO POR SUS TERRITORIOS Y CONTRA TODA FORMA DE OPRESIÓN
Modelo extractivista: el despojo de territorios y la criminalización de la protesta en Centroamérica
Un modelo impuesto que saquea y expulsa a pueblos enteros de sus tierras, que criminaliza y reprime la protesta, que asesina gozando de total impunidad. Pese a esto, la resistencia crece y clama solidaridad.
 
Expansión de las plantaciones de palma aceitera como política de Estado en Centroamérica
Aspectos históricos, ambientales, laborales y económicos unen el fenómeno de expansión de los monocultivos de la palma aceitera en Centroamérica, el cual se incrementa con la demanda de este aceite a nivel global.
 
Madre Vieja: el río que llegó al mar
En febrero de 2016, varias comunidades de la cuenca del río Madre Vieja en Guatemala, se armaron de valor, denunciaron el desvío y robo del agua por parte de las agroindustrias, y emprendieron una pacífica batalla por la liberación de su río.
 
Neocolonialismo y plantaciones en la costa Garífuna de Centroamérica
Un siglo después de la invasión a Honduras por Sam Zemurray y Manuel Bonilla con las empresas bananeras y luego de palma aceitera, se inicia una nueva imposición con la amenaza de las llamadas “ciudades modelo”.
 
El Modelo Extractivo Minero: amenaza potencial contra la diversidad biológica en Mesoamérica
A pesar de los intentos para hacerle creer a la población que el extractivismo minero significa desarrollo sustentable, los pueblos de Mesoamérica, alertados sobre la contaminación que éste produce, caminan en la construcción de diferentes formas de resistencia.
 
La defensa del territorio cuerpo-tierra: una alternativa para los movimientos sociales en resistencia
Es necesario hacer una defensa integral por el derecho a decidir sobre el territorio, el cuerpo y la vida. Solamente uniendo las luchas, éstas tienen posibilidades de resistir y crear alternativas para transformar el sistema capitalista, patriarcal y colonial.
 
Semuc Champey, Guatemala: donde el río se esconde
Un extraordinario bosque fue convertido en “área protegida” sin siquiera consultar con las comunidades que habitaron y cuidaron de esas tierras desde hace siglos. Este “modelo de conservación” se suma a una serie de violaciones históricas.