Una Entrevista con Gustavo Castro

Danielle Marie Mackey, the intercept

GUSTAVO CASTRO fue el testigo único del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, el día 3 de marzo de este año. Castro, director de Otros Mundos, una organización ambiental en Chiapas, México, también recibió disparos en el ataque. Después de prohibírsele irse de Honduras, a Castro lo liberaron el día 30 de marzo, a partir de lo cual se acomodó en una ubicación no revelada. La semana pasada habló por teléfono con The Intercept sobre la noche del asesinato y las razones por las cuales el ambientalismo en Latinoamérica resulta ser tan peligroso.

La experiencia de Castro durante el último mes que estuvo en Honduras nos ofrece una mirada extraordinaria del funcionamiento del sistema de justicia hondureño, el cual se caracteriza por tener una cultura de impunidad. En repetidas ocasiones, durante los meses previos al asesinato, Cáceres dijo que estuvo siendo hostigada por Desarrollos Energéticos, SA (DESA), la compañía privada de energía detrás del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al cual ella se opusó vehementemente. Después del asesinato, la familia de Cáceres señaló de inmediato a DESA. El 31 de marzo, el Ministerio Público de Honduras anunció en un comunicado de prensa que había incautado armas y documentos de la oficina de DESA y cuestionado a varios empleados.

Al ser consultado al respecto, DESA hizo la siguiente declaración: “La Junta Directiva de la empresa que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no han dado ninguna declaración ni se tiene previsto hacerlo hasta que las autoridades de investigación determinen las causas y hechores del lamentable hecho que acabo con la vida de la dirigente indígena Berta Cáceres.”

¿Qué pasó en las últimas horas con Berta Cáceres?

Yo llegué el primero de marzo a San Pedro Sula, y ese día me habían alojado en otra casa, en una casa de COPINH en La Esperanza. A Berta tenía años de no verla físicamente, pero estuvimos en contacto por correo electrónico. Yo iba a dar un taller de capacitación ambiental. Ese mismo día, Berta me dice, “hermano, véngase acá a mi casa, que acá hay internet y puede comunicarse con su familia.” Y entonces es así como ella me aloja en su casa, y estuvimos platicando un rato incluso también de las amenazas que ella recibió durante las semanas previas, intimidaciones y fuertes amenazas por parte del personal y también, al parecer, sicarios contratados por la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Entonces le decía a Berta, esta es una casa muy sola, muy alejada, ¿cómo podés quedarte acá tan sola? Entonces ese mismo día me quedé en su casa, y me puse a trabajar, para preparar el segundo día del taller, y ella estaba también en su habitación. A medianoche se oyó el portazo muy fuerte en la puerta de su casa e inmediatamente en mi cuarto entra uno de los sicarios, y paralelamente también a su habitación entra otra persona. Todo fue muy rápido, 30 segundos quizás, en donde simultáneamente la asesinan a ella y a mi me disparan. A ella la tenían bien localizada y estaban esperando a que estuviera sola, entonces yo creo que les sorprendió ver a otra persona ahí, y no sabían qué hacer, así que simplemente me dispararon y salieron corriendo.

¿Andaban tapados de la cara?

Bueno, no sé del otro, pero él que me disparó no. No tanto (logré ver la cara de la persona), pero de alguna forma ahí me convierto en el principal testigo, en el testigo protegido.

Cuando ella te mencionó que había recibido las amenazas por parte de DESA y Agua Zarca, ¿te especificó en algún momento si esa gente que le andaba persiguiendo era de las fuerzas estatales de seguridad de Honduras? ¿O que eran pandilleros o personas particulares?

No recuerdo ningún comentario así, pero más bien eran trabajadores o gente contratada a favor de la propia empresa. De hecho cuando yo me vino acá a México, el día 30 de marzo, hubo un comunicado público que sacó el Ministerio Público de Honduras en la prensa y en el que se señalaba como parte de la línea de investigación a la empresa. Incluso en el comunicado anuncian que ya habían incautado armas y cuestionado a unas personas de la empresa. Pero no querían llegar a ese punto. Antes de llegar a esa línea de la investigación, me daba la impresión que querían ver si otra línea de investigación les resultaba útil o creíble para la opinión pública nacional e internacional, pero eso era imposible, o sea, toda la gente de COPINH sabía los antecedentes de inmediato. Entonces no hallaron otra versión creíble y no tuvieron otra opción que ir sobre la empresa. Desconozco qué avances han habido en torno a esta línea de investigación.

Durante la última década han habido más de 100 asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. Y todos estos conflictos también vinculan mucho al ejército, a la policía. Es parte de la realidad de Honduras. En este caso muy específico, ella decía que la culpable era la empresa. La empresa era la que tenía un enfrentamiento muy fuerte, muy directo con ella.

Al principio se dijo en los medios que te cuestionaron, te llevaron al aeropuerto y que de repente te dijeron que no ibas a poder salir del país. ¿Así pasó?

Sí. Hubo mucha confusión y mal manejo también del asunto. Los primeros tres, cuatro días estuve en diligencias ahí en La Esperanza todo el tiempo. Yo podría haberme negado participar varias veces, porque uno como víctima y como testigo protegido tiene el derecho de declarar una orden preventiva por seis horas. Sin embargo nunca usé ese instrumento sino que cada vez que me pidieron más diligencias, las hice a cualquier hora, en la madrugada, cuando sea. Entonces estuve casi cuatro días sin dormir. Di la declaración ministerial, la declaración ante el fiscal, pruebas médicas, careos, reconocimiento de fotografías, etc.

Y sí, primero dijeron que me podía ir. Siempre me decían que sólo esta cosa, que solo otra cosa, que solo necesitamos una cosa más, y al final al parecer todo estaba listo. Me alistaron incluso un helicóptero para regresar a Tegucigalpa el día 5 de marzo. Por cuestiones climáticas no podían aterrizar el helicóptero, y entonces se despliega un operativo para acompañarme a Tegucigalpa por tierra. Después la fiscalía dice que iba huyéndome, lo cual es una re-mentira.

Entonces llegué a la embajada Mexicana, donde el embajador y el consulado consiguen mi boleto de avión para el 6 de marzo a las 6:20 de la mañana. Al entrar al aeropuerto, unas oficiales me esperaban, todos estaban escondidos como si fuera necesario eso, como si fuera de orientación criminal el asunto en lugar de ser yo testigo protegido y víctima. Era un operativo tan sinvergüenza, como si yo llevara un ejército a mis espaldas. Y el embajador y el consulado acompañándome. Y de repente aparecen ocho, 10 de la Fiscalía y el Ministerio Público a cerrarme la puerta y decirme que no podía salir. Además ni siquiera querían entregar ningún documento oficial. Yo sé que es un gobierno golpista pero fue tan ridículo que después estaban pidiendo disculpas al embajador y a mí, por ese papel que jugaron lo cual no era necesario. Y obviamente tenían que justificarse ante la prensa nacional e internacional con que yo me iba a huir. En ese momento yo pudiera haber dicho, yo voy. En el marco de un convenio entre México y Honduras de cooperación en materia penal, como víctima y testigo protegido, tuve el derecho de participar en las diligencias desde México. Yo no soy delincuente, soy víctima. Se les olvidaba eso.

Me dijeron, bueno, sólo una diligencia más y estás bien. Yo pedí más seguridad para el viaje de regreso, un chaleco antibalas y más acompañamiento de seguridad. Lo que me pidieron fue una declaración más pero luego resultó ser que eran careos. Al final de la noche salieron con un documento diciéndome que te quedás 30 días más. Era de una manera también ilegal, pues la jueza argumentó tratados internacionales de DDHH para imputados. Cuando mi abogada reclamaba eso, la jueza lo que hizo fue no solamente sacarla del caso sino además suspenderla de su ejercicio profesional por 15 días.

El gobierno quiso tenerme físicamente bajo su control. No tiene ley de víctimas. Tampoco hay reglamentos ni protocolos, ni presupuesto para los defensores de derechos humanos. No hay tampoco un reglamento para los testigos protegidos. Entonces ellos querían que estuviera bajo su supuesta seguridad cuando no hay ningún reglamento que les obliga a nada. Razón por la cual me quedé en la embajada de México. Pero fue un mes de una hipertensión horrible, cuando el gobierno ante tanta falta de reglamentos podía imputarme tranquilamente y llegar a la embajada en cualquier momento con una orden judicial y ante eso la embajada no hubiera podido hacer nada. Una semana antes de que yo llegara, se había disuelto el Consejo de la Judicatura, entonces no había instrumento legal para mi defensa. No había con quien demandar a un juez que cometiera un acto ilegal porque la comisión estaba disuelta. Entonces me encontré en una total indefensión jurídica. Sin abogada, porque la había suspendido su ejercicio profesional. Y parecía que ni la presión internacional ni el gobierno mexicano podían hacer nada. Entonces hubo una total inseguridad — y pues una violación permanente de mis derechos humanos.

¿En algún momento intentaron culpabilizarte oficialmente de algo?

No fue nada explícito. La prensa manejaba rumores de que desde el Ministerio Público hubo intentos de ver si podían justificar que yo estaba involucrado de alguna manera en eso. Pero con las pruebas y mis declaraciones, simplemente no podían inventar tanta farsa. Por más que le dieron vueltas, llegaron a la empresa, no tenían otra opción. Yo tuve la sensación de que por eso me detuvieron, porque si encontraban algo me querían ahí. Era una incertidumbre horrible, sobre todo porque sientes que no tienes abogado. Que tienen la capacidad de dejarte en la total indefensión jurídica.

¿Cómo explicas que oponerte a las represas hidroeléctricas resulte ser una amenaza tan grande?

No es así solamente en Honduras — también sucede en Guatemala, México, Chile, etc. Una de las razones es que las represas significan la inundación de grandes territorios de selva, de bosques, y de territorios indígenas y campesinos. Y eso genera una reacción muy fuerte de los pueblos, porque son miles y miles los desplazados violentamente.

Por otro lado, uno de los mayores negocios en este momento es la venta de energía eléctrica, especialmente en América Latina, porque los tratados de libre comercio están abriendo a las empresas transnacionales las grandes inversiones. Y eso qué significa? Por ejemplo: los tratados de libre comercio permiten a las grandes inversionistas la instalación de maquiladoras, de parques industriales, de infraestructura, de minas, todas son cosas que consumen muchísima energía y muchísima agua. Tomá en cuenta que una mina de oro utiliza de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora, y eso implica ceder el agua de las comunidades, sus ríos, los pozos. Y utilizarlo para generar energía eléctrica para los grandes corredores industriales. Entonces la venta de la energía, y por lo tanto las inversiones en energía, son de los negocios más rentables para la gran capital. Pero implica enfrentarse en una disputa por el territorio con las comunidades campesinas e indígenas.

Si a eso le sumamos que bajo el Protocolo de Kyoto han inventado la estúpida idea que las represas generan energía limpia, entonces vemos que para ganar bonos de carbón y reducir los gases invernaderos, los países del norte invierten en represas. Por esto tenemos un mundo de construcción de represas.

Hoy casi todos los países de América Latina tienen tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá, Europa, y algunos también con Asia. Significa que tienen que modificar su constitución, sus reglamentos ambientales que rigen el agua, la energía y la inversión extranjera, para adoptar a los nuevos marcos de libre comercio. Si no las empresas te demandan. Y para los gobiernos les es más fácil reprimir que pagar las indemnizaciones que los tratados de libre comercio les obligan a otorgar a las empresas. Sirve de ejemplo el caso de El Salvador y la mina de oro. El Salvador ha tenido que gastar millones de dólares para defenderse de la demanda de una empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial. Estamos hablando de una mina, pero imagínate 10,000, 15,000 — estamos hablando de miles de concesiones mineras en la región. Y si a eso le sumás las represas, y las carreteras, los puertos, los aeropuertos, el fracking, el petróleo, los grandes centros comerciales, las zonas económicas especiales, las ciudades modelo, los grandes conjuntos turísticos de élite — hay tantas concesiones.

Si los gobiernos hacen eco de los reclamos de derechos humanos de los pueblos — por contaminación del agua, por afectaciones de tierras, por no tomar en cuenta la información previa y consentida de las comunidades — o si expulsan a una empresa porque derramó al río su desecho tóxico, porque asesinó pueblos, porque la gente que vive cerca del sitio de la mina está enferma de cáncer como es el caso en Honduras, México y Guatemala — si los gobiernos deciden hacer algo con esos reclamos de derechos humanos, y expulsan a las industrias extractivistas, ellos tendrán que pagar millones y millones de dólares que no tienen. Cada país tendría que vender su propio país 20 veces para acabar con la deuda. Entonces no es fácil de resolver.

Eso lleva al enfrentamiento con los pueblos. Y significa un enfrentamiento cada vez más terrible por cosas como el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, así que los gobiernos van a preferir criminalizar la protesta ciudadana, que antes era un derecho humano: el derecho a la movilización pacífica. Ahora todo eso lo llaman “terrorismo,” “violencia.” Es una criminalización de los derechos humanos.

En una entrevista reciente, Hillary Clinton dijo que el golpe de estado de Honduras no era ilegal. ¿Tienes una opinión al respecto?

Me parece que el gobierno al final de cuentas tuvo que justificar que otro grupo llegara al poder, y la antigüedad jurídica en Honduras permite posicionar cualquier tipo de argumento. Por ejemplo, a Zelaya una de las razones por las cuales le dijeron, “estás mal y te vamos a destituir,” es que propuso modificar la constitución para que hubiese reelección. Eso mismo es lo que ahora está haciendo el actual presidente, Juan Orlando Hernández — modificando la constitución para que haya reelección el siguiente año. Entonces por eso digo que depende de cómo lo ves. Si lo propone Zelaya, es inconstitucional y hay que destituirlo. Si lo proponen las fuerzas oligárquicas y hegemónicas, pues es legal, es democrático.

¿Cómo ves tu futuro? ¿Tienes pensamientos al respecto, o estás viviendo más día a día?

Más día a día. Me preguntan muchos si tiraré la toalla, si soy como el boxeador que ya no aguanta más y se da por vencido. Y les digo, no, esa toalla la estoy recogiendo. Esta lucha se tiene que mantener. Y yo no soy el único. Hay por toda América Latina miles de personas criminalizadas, que están siendo perseguidas y amenazadas, porque están luchando por los derechos humanos y por el bien de todo el planeta. Nos tenemos que dar cuenta de que nadie estamos exentos de esta criminalización. Como muchos amigos que han sido asesinados por resistirse. Pero somos muchos, y persistirémos en esto.

El capitalismo atroz no puede seguir así, de forma tan acelerada, extractivista. Está acabando con este planeta. Yo creo que el gran reto que tenemos es darnos cuenta que otros mundos son posibles, que podemos construir otras cosas distintas, con dignidad y con justicia. Hay agua para todos. Hay tierra para todos, hay comida para todos. No podemos seguir alimentando este sistema depredador de acumulación de capital incesante en tan pocas manos. Este sistema es insustentable en sí mismo. Entonces desde dónde estemos — en América, en Europa, en Asia — a todos nos va a afectar. Parece a veces que la crisis no llega a otros lados, y a veces los problemas que hay en EEUU, en Canadá, en Francia, en España no se vinculan de manera estructural al mismo capitalismo. Pero ojalá nos demos cuenta pronto, porque nos afectará a todos, tarde o temprano. Y yo quiero decir que estamos a tiempo todavía para hacer algo, y urge.

Se declaran autoridades comunitarias de la Montaña y Costa Chica contra las mineras y las reformas estructurales

En un encuentro en San Luis Acatlán recriminan el discurso en pro de la minería del gobernador Héctor Astudillo. Convocan a fortalecer sus estructuras para que las empresas transnacionales no destruyan los bosques y los expulsen de sus tierras. En la Montaña hay 46 concesiones entregadas, informan

Integrantes del Consejo de Autoridades Agrarias (CAA) de la Montaña y la Costa Chica por la defensa del territorio y en contra de la reserva de la biosfera, convocaron a las poblaciones a fortalecer a las autoridades comunitarias y agrarias para que las empresas transnacionales dedicadas a la extracción y explotación de recursos naturales no destruyan los bosques y los expulsen de sus tierras; en la Montaña hay 46 títulos de concesiones entregadas.

 

En la segunda reunión del año del CAA, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, comuneros y ejidatarios recriminaron el discurso en pro de la minería del gobernador Héctor Astudillo Flores al ser intermediario entre los pobladores del Nuevo Balsas, Cocula, y la empresa Media Luna que extrae oro en ese municipio y que ha provocado daños al medio ambiente y a la salud de la población.

 

También mostraron su malestar porque el gobierno ha emprendido una estrategia reuniones paralelas con funcionarios del estado y federales en los municipios, como ocurrió ayer en Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, donde fueron ofertados proyectos productivos, lo que ocasiona falta de asistencia al encuentro del CAA.

 

El Consejo de autoridades integra 18 núcleos agrarios de los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc, Zitlaltepec y Cochoapa el Grande, fue creado en octubre del 2012. Ayer se integraron los núcleos agrarios de los municipios de Xochistlahuaca, Marquelia, Copala y Juchitán.

 

Al encuentro asistieron unos 200 pobladores, entre ellos comisariados ejidales, comisarios municipales y delegados. Durante la reunión, que inició minutos después de las 10 de la mañana, los pobladores manifestaron su rechazo a la extracción de los minerales de sus tierras, así como las reformas estructurales del gobierno priista encaminadas al despojo.

 

Uno de los activistas recordó en la reunión que en el estado hay 816 títulos otorgados a empresas mineras, de los que 46 pertenecen a municipios de la Montaña, dos de las más grandes concesiones son; la de la empresa Hochschild Mining, Corazón de Tiniebla, en Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, con 45 mil hectáreas; y el proyecto La Diana, de la empresa Vendome, que abarca 16 mil hectáreas en los municipios de Iliatenco y Zitlaltepec.

 

El 24 de noviembre de 2015, en un escueto informe publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer del desistimiento de la empresa Hochschild Mining para continuar el proyecto de extracción de minerales en la zona, pero no se especifica el motivo. En noviembre de 2013 habitantes de la comunidad me’phaa de San Miguel El Progreso, municipio de Malinalepec, entre ellos autoridades municipales y agrarias, solicitaron un amparo contra las concesiones mineras ante la SCJN.

 

En la reunión de ayer, las autoridades convocaron a modificar los reglamentos internos de los núcleos agrarios y establecer que en sus tierras está prohibido cualquier tipo de extracción de minerales, recordaron que en los únicos lugares donde han logrado establecer ante el Registro Agrario Nacional (RAN) esos términos son los ejidos de San Miguel del Progreso, Zapotitlán Tablas y Zitlaltepec.

 

Denunciaron que una vez que las autoridades se dieron cuenta de que las comunidades y los ejidos estaban protegiendo sus tierras de la extracción de minerales, han bloqueado los trámites y ahora se encuentran en la búsqueda de nuevas formas para establecer la prohibición de cualquier acto de explotación.

 

Durante la reunión, el comisario ejidal de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro sostuvo que el gobierno del estado tiene un plan para impulsar la minería en el estado y una iniciativa que no ha revelado; tampoco ha hablado sobre la situación de las comunidades de la Montaña y la Costa Chica.

 

Otros comuneros y ejidatarios que tomaron la palabra se quejaron de la falta de interés de la población por ir a las reuniones, aunque la afectación será para los municipios, tanto de la parte alta como los de la costa. Rememoraron que los ríos de Marquelia, Quetzalapa, San Pedro y Santa Catarina nacen en la parta alta, donde se pretende sacar minerales a cielo abierto, lo que provocará la contaminación río abajo.

 

Los asistentes reclamaron el desinterés de los presidentes municipales de los municipios que serán afectados si se concretan los proyectos mineros. El comunero de Iliatenco, Ponciano Santana expresó “tenemos que hacer algo por las nuevas generaciones”, y reclamó la tala clandestina permitida en algunas comunidades de la Montaña.

 

Otro comunero, Bulmaro Candia dijo “no estamos de acuerdo en que entren las mineras a nuestros pueblos”, recordó lo que pasó con las comunidades alrededor de Campo Morado, y el conflicto que había en Cocula con la empresa Media Luna.

 

El señor Inocencio Nicolás, sostuvo que no hay confianza en el gobierno de los municipios, del estado y de la federación, “porque no se acuerdan del pueblo”.

 

Durante el encuentro fue proyectado un documental de los efectos de la minería a cielo abierto. En la reunión se acordó que el próximo encuentro será en el municipio de Copala, el 25 de junio, y el 30 de julio será el cuarto taller agrario, con el tema Autonomía de los Pueblos Indígenas de Guerrero, en la comunidad de Colombia de Guadalupe.

 

La amenazaron por ser parte del Consejo, denuncia una vecina

 

La señora Epifanía Pérez Gómez, quien desde hace 22 años se desempeña como médico tradicional en las comunidades de la Montaña, denunció en la reunión que fue amenaza por teléfono el 30 de enero, día de la primera reunión del CAA en San Luis Acatlán.

 

Ella forma parte de la organización Cáritas Mexicanas y asiste a los talleres que la iglesia imparte a las comunidades para hacer abono orgánico, y aprender a tratar las plantas del café afectadas por la plaga de la roya.

 

Durante su participación, dijo que después de ir a la reunión recibió una llamada de un hombre que le dijo “que por su bien” no siguiera asistiendo; pero dice que no tiene miedo y que seguirá acudiendo a las reuniones porque le interesa lo que ocurre en su comunidad. En declaraciones, dijo que el hombre que la llamó le preguntó qué era lo que necesitaba para que dejara de apoyar a las organizaciones.

 

“La primer invitación que te hago es que ya no vayas a esos foros, si quieres vivir con tu familia”, fue lo que le dijo el desconocido. La mujer indicó que ese mismo día avisó de la amenaza al Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

 

(…)

Vía Movimiento M4

 

Fuente: El Sur

Se declara Ixtepec como territorio libre de minería

Vía Movimiento M4

Ciudad Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos -entre otros– del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos.

Durante el evento se sumaron 2500 firmas en contra de este proyecto minero, asimismo se fortaleció la articulación regional y estatal para la defensa de la vida, en contra de la ambición de empresas irresponsables y de la corrupción en algunas autoridades locales, estatales y federales.

 

Este primer foro, se consideró como un llamado a las autoridades y ciudadanía en general a no esperar a que la mina se establezca, sino reforzar el mensaje, “enérgico y firme”, de que el pueblo dice NO A LA MINA, por las afectaciones irreversibles a los bienes naturales y las enfermedades a la salud de las personas que puede ocasionar.

Debe quedar claro que no estamos en contra de la empresa minera, estamos defendiendo nuestro derecho a la vida.

 

Situación actual

De acuerdo a los registros de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE), el pasado 26 de junio de 2015, la Minera Plata Real vendió los derechos de la concesión minera de 8 mil 150 hectáreas en Ciudad Ixtepec a “Pablo Ibarra Mora”, esta actividad sugiere que durante este año se lanzará un nuevo concurso para que una empresa “extractora” tenga el derecho de explotar el oro y la plata que se encuentra en los cerros Banderilla y Nisa Bixhichi  en Ciudad Ixtepec.

De acuerdo a los datos aportados en este foro la concesión minera de 50 años (de 2008 a 2058) es un peligro latente, ya que si una empresa extractora firma un contrato con el concesionario, se ve obligada a explotar la mina -a como dé lugar- de lo contrario tendría que pagar una multa onerosa.

Se destacó que el proyecto en Ciudad Ixtepec se extiende desde Laxhilona hasta la calle Trujano, abarcando más de 10 barrios originarios de Ciudad Ixtepec, como son Carrizal, Tepalcate, 1ra, 2da, 3ra y 4ta sección, así como El Zapote, Carrasquedo, Picacho, Cheguigo Juárez, Cheguigo Zapata y la Huana Milpería.

 

La defensa de los pueblos

Durante el foro regional informativo organizado por el Comité Ixtepecano por la defensa de la Tierra y Territorio, las mujeres zapotecas realizaron también una declaración como mujeres, a favor de la vida, ya que la explotación minera a gran escala como se pretende realizar en Ciudad Ixtepec y en otros municipios istmeños, es un “proyecto de muerte”.

Se destacó la participación de las mujeres istmeñas que físicamente han enfrentado el “saqueo y despojo” de empresas extranjeras, el cual ha permitido y hasta alentado el Gobierno Federal, Estatal y de algunas autoridades municipales y comunales.

Uno a uno, los representantes de organizaciones estatales y locales se pronunciaron en contra de los megaproyectos extractivos en el Istmo de Tehuantepec, debido a que la contaminación de la tierra, agua y viento no sería exclusiva del municipio en el que se exploten los minerales.

Es decir que al contaminar la cuenca del Guigu Bicu (Rio los perros) los elementos tóxicos como cianuro y arsénico llegarían hasta las lagunas marinas de San Mateo del Mar, de igual forma al contaminarse la cuenca del río Ostuta y Espíritu Santo, contaminando las lagunas a San Francisco y San Mateo del Mar, de la cual dependen miles de personas a través de la pesca.

Se citó como relevante, que en Valles Centrales, gracias a la organización de la comunidad de Magdalena Teitipac, se logró expulsar a una empresa minera que contaminó los mantos acuíferos en su territorio; la cual es filial a la que realizó las exploraciones en Ciudad Ixtepec

Antes de finalizar, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y la radio comunitaria Totopo, a través de la niña Antonia Jiménez Vázquez, refrendaron su respaldo a los habitantes de Ciudad Ixtepec para defender la vida en su territorio.

Abuelos y abuelas, padres y madres, hermanas y hermanos jeromeños, estamos aquí para decirles que lucharemos junto a ustedes para expulsar esa mina extranjera que sólo trae destrucción y muerte, además debemos de juntarnos todos para defender nuestro río Bicu Nisa.

Nuestros pueblos son de hermandad, de guendaliza’a (…) para tejer una vida con dignidad, como se teje una atarraya con paciencia y amor que en cada punto representa a cada hombre y mujer de hoy, y en cada amarre a las niñas y niños de mañana”.

Fuente: IstmoPress

Pienso, luego resisto

pienso_luego_resistoCompartimos la publicación de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Pienso, luego Resisto. Experiencias de protección y promoción de derechos construidas desde la base en contextos de grandes inversiones.

Vía Movimiento M4

Introducción

Las personas defensoras de derechos humanos son actores clave en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. Tienen una perspectiva única a la hora de hacer valer la protección y el respeto de los derechos humanos en el contexto de proyectos económicos de gran escala. A menudo, tienen un profundo conocimiento de la situación y del contexto local, y una sólida comprensión de las necesidades de las comunidades. Las personas defensoras desempeñan un papel fundamental a la hora de defender los derechos de la población local y advertir de determinados riesgos. También son fundamentales para sensibilizar en los planos nacional e internacional, para advertir de un conflicto violento inminente y para documentar, denunciar y divulgar información cuando ya se han producido violaciones a los derechos humanos.

 

Sin embargo, los proyectos en terreno de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) reciben cada vez más peticiones de acompañamiento y protección por parte de personas, organizaciones y comunidades que defienden o promueven derechos ante inversiones a gran escala. Con demasiada frecuencia estas personas defensoras carecen de garantías básicas para su seguridad y están expuestas a campañas de difamación y persecución legal diseñadas para obstaculizar su trabajo junto a los titulares de derechos y las víctimas. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos ha alertado en distintas ocasiones de que este grupo de personas se encuentra entre los más vulnerables. Según Global Witness, al menos 908 personas defensoras han sido asesinadas desde 2002 en el contexto de una mayor competencia por el uso de la tierra y los recursos naturales. El informe anual de Frontline Defenders 2016 identifica al grupo de personas defensoras con mayor riesgo: aquellas que se dedican a defender la tierra, proteger al medio ambiente y a los pueblos indígenas. Asimismo expresa preocupación por las mujeres defensoras quienes están expuestas, no solamente a los riesgos que implica su tarea, sino también a la violencia de género, el hostigamiento y la estigmatización.

El sistema legal a menudo está en su contra. PBI ha observado un aumento de los procesos de criminalización de personas que trabajan en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Se enfrenta, por ejemplo, a campañas de difamación, acusaciones legales que posteriormente se muestran infundadas, investigaciones y procesos judiciales prolongados y que no respetan el debido proceso. Con frecuencia las personas defensoras tienen que hacer frente a falsos cargos y tratos arbitrarios, sufriendo al mismo tiempo la impunidad en la que caen los casos de investigación de ataques en su contra. En muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas por los Estados no se encuentran adaptadas a las necesidades específicas de los defensores y defensoras que trabajan sobre este tema o no son implementadas eficazmente. El resultado es que las comunidades y los individuos afectados tienen una menor capacidad para reclamar sus derechos, al tiempo que la probabilidad de nuevas agresiones en su contra aumenta. Es esencial que el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos sea respetado y respaldado por los Estados, los organismos multilaterales y las empresas.

En la presente publicación queremos compartir nuestras preocupaciones por la situación que enfrentan personas, organizaciones y comunidades que promueven y defienden los derechos humanos en este ámbito, a través de estudios de casos y entrevistas a personas defensoras acompañados por PBI en Colombia, Guatemala, Honduras y México. Se muestran las amenazas, hostigamiento e inseguridad en que trabajan las personas defensoras en el contexto de grandes inversiones. También los logros alcanzados por su labor así como las experiencias de buenas prácticas por parte de misiones y delegaciones de la UE presenciadas por PBI. Los artículos destacan las experiencias y herramientas de protección y promoción de los derechos humanos construidas desde la base por las personas, organizaciones y comunidades afectadas por diferentes proyectos de inversión. Para terminar, se realizan algunas recomendaciones a la comunidad internacional basadas en nuestro propio trabajo y experiencia en la prevención de procesos violentos y así poder responder a las amenazas y ataques, haciendo mención a los instrumentos y mecanismos de protección previstos por las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

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DECLARACION ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS “BERTA CÁCERES VIVE”

En esta tierra que lucha desde hace mas de 500 años, con el rumor de los ríos libres, la fuerza de las montañas, de los barrios y comunidades; con la furia y ternura de los seres de la naturaleza; el espíritu de ancestras y ancestros, la esperanza y dolor de hombres, infancia y mujeres; todas y todos gentes de Berta, nos convocamos aquí por su memoria y su rebelde vida.

Desde este Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” celebrado en Tegucigalpa y Rio Blanco, Honduras, del 13 al 15 de abril de 2016, en el que participaron cerca de mil quinientas personas pertenecientes a organizaciones sociales y populares hondureñas y a delegaciones de 22 países del mundo quienes hemos discutido, compartido y reflexionado.

DECLARAMOS que estamos conscientes de que el asesinato de Berta Cáceres fue por su lucha y la lucha del COPINH, vinculado al criminal modelo extractivista, neocolonial, y femicida que dirige la extrema derecha hondureña e internacional que avanza en el continente mediante acciones violentas como estos asesinatos, así como otras estrategias en contra de la justicia para los pueblos tal es el intento de imponer un golpe de estado contra el pueblo brasileño, que desde aquí condenamos, y al cual le antecede el nefasto golpe de 2009 en Honduras.

RECONOCEMOS el inmenso aporte ético y de práctica de nuestra compañera Berta y su compromiso con los pueblos en lucha del mundo. Su propuesta hecha vida se sostenía sobre la radicalidad y honestidad de sus palabras; la profundidad de su pensamiento descolonizador, la fuerza espiritual de los pueblos indígenas; un profundo conocimiento y gran confianza en la gente que lucha; y el horizonte internacional de su mirada emancipatoria. Elementos que hacen parte de su legado que hoy hacemos nuestro con alegría y fuerza.

NOS COMPROMETEMOS Con la lucha, pensamiento, quehacer y rebeldía de esta propuesta antipatriarcal, anticapitalista y antirracista para que sigan alimentando las diversas propuestas del mundo que enfrentan a la lógica neoliberal de la muerte, y que ya se están construyendo en distintas partes de este continente.

En este encuentro hemos intentado consensuar ideas, propuestas y articulaciones colectivas entre organizaciones, países e iniciativas políticas con las cuales poner en marcha intenciones y voluntades transformadoras desde la raíz.

Al igual que lo ha planteado la PMSH, la Articulacion Popular Hondureña Berta Caceres, el COPINH y la familia de Berta Cáceres Flores, desde este encuentro.

Nos comprometemos a luchar por:

-Verdad y Justicia ante el crimen de Berta Cáceres Flores que significa el impulso de una investigación a cargo de un equipo que tome en cuenta el contexto en que ella hacia su práctica política y que identifique la totalidad de autores materiales e intelectuales de su asesinato y de otros que son parte de su proyecto de muerte
-El retiro de DESA del territorio lenca, la liberación del Río Gualcarque, luchar por la convergencia de sinergias colectivas, mecanismos de comunicación, acciones territoriales, conformación de un equipo de trabajo con respaldo de la experiencia internacional que logre la anulación de los proyectos extractivistas en territorios hondureños
-El retiro definitivo de la presencia militar de los territorios indígenas, populares, rurales y urbanos.
-El reconocimiento del COPINH como la organización responsable de velar por la protección de su territorio al igual que al OFRANEH y distintas organizaciones legitimas de los pueblos originarios.

En este encuentro y desde las organizaciones de la PMSH nos comprometemos a continuar el proceso de articulación interna y el fortalecimiento de nuestras propuestas para robustecer la acción internacionalista, donde Berta y su práctica es inspiración y horizonte.

 A todos los pueblos, hombres y mujeres, les invitamos a que con energía y unidad ética arreciemos la lucha, no renunciemos nunca a la esperanza, y a vivir por adelantado la utopía de justicia, libertad y autonomía que es nuestro legítimo proyecto de vida y felicidad en esta tierra.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS “BERTA CÁCERES VIVE”

Honduras: situación de los defensores de los derechos humanos

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras (2016/2648(RSP))

-Condena en los términos más enérgicos el reciente asesinato de Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza, así como cada uno de los asesinatos registrados anteriormente de otros defensores de los derechos humanos en Honduras.

-Expresa su profunda preocupación por que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por
la CIDH, las autoridades de Honduras no brindaron a la Sra. Cáceres protección adecuada

-Expresa profunda preocupación por el clima de extrema violencia, en particular contra las
personas LGBTI y aquellos que defienden sus derechos

-Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que la ayuda
europea no fomente ni permita proyectos de desarrollo a menos que estos cumplan la
obligación de realizar una consulta previa y libre e informen a las comunidades indígenas

DESCARGAR AQUÍ

A. Considerando que, según varios informes de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, activistas mediombientalistas, defensores de los derechos de los pueblos indígenas, periodistas, profesionales de la Justicia, sindicalistas, campesinos, activistas de los derechos de la mujer y de las personas LGBTI, entre otros activistas, continúan siendo objeto en Honduras de abusos, violencia, detenciones arbitrarias, amenazas y homicidios;

B. Considerando que el Gobierno de Honduras ha contraído compromisos positivos y ejercido su iniciativa legislativa en materia de protección de los defensores de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la Justicia, entre los que figura la apertura de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la disponibilidad de las autoridades nacionales para permitir misiones de control de los derechos humanos de carácter internacional, y la aprobación de la Ley de 2015 relativa a la protección de los defensores de los derechos humanos;

C. Considerando que, a pesar de lo expuesto anteriormente, Honduras es en la actualidad uno de los países más peligrosos de la región para los defensores de los derechos humanos; y que Honduras es uno de los países más violentos del mundo para los activistas medioambientalistas, ya que entre 2010 y 2015 fueron asesinados por lo menos 109 de ellos;

D. Considerando que, de conformidad con la información disponible Berta Cáceres, destacada experta en cuestiones de medio ambiente, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su domicilio por hombres no identificados; y que su muerte generó una ola de indignación a escala
internacional y preocupación en la opinión pública en relación con los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y del derecho de propiedad de la tierra en Honduras;

E. Considerando que el 16 de marzo de 2016, apenas dos semanas más tarde, fue asesinado Nelson García, otro miembro del COPINH; y que la rápida intervención de las autoridades de Honduras condujo a la detención de su supuesto asesino;

F. Considerando que Gustavo Castro Soto, ciudadano mexicano, único testigo del asesinato de la Sra.  Cáceres, que fue herido de bala, no pudo abandonar el país durante casi un mes por razones ligadas a la investigación; y que el 6 de abril de 2016 fue autorizado a abandonarlo el país;

G. Considerando que el Gobierno de Honduras condenó rápidamente este crimen abominable, confirió a la investigación sobre el asesinato de la Sra. Cáceres carácter prioritario a escala nacional, e informó a la opinión pública sobre los avances realizados; y que el Gobierno ha solicitado oficialmente la cooperación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación con la investigación de este asesinato;

H. Considerando que Berta Cáceres, que vivía bajo una amenaza permanente, se beneficiaba de medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, según informaciones difundidas, Honduras no aplicaba adecuadamente; y que la Sra. Cáceres es uno de los 15 defensores de los derechos humanos que han perdido la vida entre 2010 y 2016 en Honduras a pesar de beneficiarse de medidas cautelares;

I. Considerando que estos asesinatos registrados recientemente deben examinarse en el contexto de la resistencia pacífica que realizan desde hace una década el COPINH y otros activistas contra la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, en el río Gualcarque, un proyecto de dimensiones faraónicas que depende en gran medida de la tecnología y de los inversores europeos que, al parecer, se está construyendo sin haber realizado previamente una consulta libre y después de haber informado a las comunidades indígenas con vistas a la obtención de su consentimiento, tal como exige el Convenio 169 de la OIT; y que el banco neerlandés de desarrollo, el FMO, y Finnfund han suspendido los pagos en favor del proyecto de la presa de Agua Zarca, del que Berta Cáceres era una destacada opositora;

J. Considerando que el asesinato de Paola Barraza el 24 de enero de 2016, defensora de los derechos de las personas LGBTI, mujer transexual y miembro de la Asociación Arcoiris, pone de relieve el creciente peligro al que se enfrenta la comunidad LGBTI en Honduras; que su asesinato es el último de una serie de muertes violentas de miembros activos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI en los últimos 11 meses, entre las que figuran los asesinatos de Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (también conocida como Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zuniga, Henry Matamoros y Josselin Janet Aceituno Suazo; que se han recibido informaciones en el sentido de que desde 1994 han sido asesinadas en Honduras 235 personas LGBTI y que solamente son 48 los casos que se han puesto en manos de los tribunales; y que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado que el 92 % de los delitos no han sido investigados correctamente, por lo que siguen sin
resolverse;

K. Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Frost, declaró el 18 de marzo 2016 que este ciclo de violencia solo se detendrá cuando se aborde la impunidad y los autores de estos ataques sean puestos a disposición judicial, e hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades hondureñas adopten medidas concretas con carácter inmediato para velar por la seguridad de los defensores de los derechos humanos y de sus familiares en el país;

L. Considerando que Honduras se encuentra en fase de reforma de su código penal, que debería basarse en los convenios internacionales y convertirse en un instrumento importante para garantizar los derechos de los grupos vulnerables;

M. Considerando que la Unión y sus Estados miembros apoyan el fortalecimiento del sector judicial y de los derechos humanos mediante diversos programas y proyectos de cooperación, en particular el Programa de apoyo a los derechos humanos en Honduras (PADH) y Eurojusticia;

N. Considerando que varios Estados miembros de la Unión todavía no han ratificado el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, por lo que el «diálogo político» no ha entrado en vigor; y que el respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, civiles y políticos de los pueblos de las dos regiones son elementos fundamentales del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica;

1. Condena en los términos más enérgicos el reciente asesinato de Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza, así como cada uno de los asesinatos registrados anteriormente de otros defensores de los derechos humanos en Honduras, y transmite su más sentido pésame a las familias y amigos de todos estos defensores de los derechos humanos;

2. Rinde homenaje a la Sra. Cáceres, activista medioambiental hondureña y dirigente indígena del pueblo lenca, cofundadora y coordinadora del COPINH, quien dedicó su vida a la lucha por una sociedad más democrática en su país; pone de relieve que su asesinato es un caso emblemático en un país en el que se registra un número extremadamente elevado de homicidios y una impunidad generalizada;

3. Expresa su profunda preocupación por que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, las autoridades de Honduras no brindaron a la Sra. Cáceres protección adecuada; pide al Gobierno de Honduras que movilice todos los medios a su alcance con objeto de aplicar eficazmente las 92 medidas cautelares de la CIDH vigentes en el país en la actualidad y que impida que se registren hechos similares contra otros activistas medioambientales e indígenas que están amenazados;

4. Pide, con carácter de urgencia, que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, independientes, objetivas y exhaustivas sobre estos y otros asesinatos registrados anteriormente con el fin de llevar a sus autores intelectuales y materiales ante la justicia y poner fin a la impunidad; acoge con satisfacción que, a petición del Gobierno de Honduras, la investigación sobre el asesinato de la Sra. Cáceres incluya a representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la OEA; considera que los instrumentos disponibles en el marco de las Naciones Unidas y de la CIDH, como una investigación internacional independiente, conforme a lo solicitado por las víctimas, podrían contribuir a asegurar una investigación imparcial y razonable de estos asesinatos;

5. Expresa profunda preocupación por el clima de extrema violencia, en particular contra las personas LGBTI y aquellos que defienden sus derechos; subraya la necesidad de llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre los asesinatos de miembros activos de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI;

6. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la protección contra la discriminación y los delitos motivados por el odio por razones de orientación sexual e identidad de género y de desarrollar directrices de buenas prácticas en estrecha cooperación con la sociedad civil; pide la inclusión de nuevas medidas apropiadas para evitar los actos de discriminación y los delitos motivados por el odio y la protección de la comunidad LGBTI como parte de toda revisión del código penal;

7. Acoge con satisfacción las últimas reformas legales y los esfuerzos del Gobierno de Honduras por aliviar la situación actual de los defensores de los derechos humanos en el país, si bien está profundamente preocupado por la situación general de los derechos humanos en Honduras; pide a las autoridades hondureñas que apliquen y desarrollen plenamente la ley de 2015 en vigor relativa a la protección de los defensores de los
derechos humanos y que velen por que, en un marco de cooperación adecuada con la sociedad civil, el sistema nacional de protección de los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los profesionales de la Justicia sea plenamente operativo y cuente con una financiación adecuada; pide al Gobierno de Honduras que aplique plenamente las recomendaciones recogidas en el último examen periódico universal;

8. Expresa su reconocimiento con respecto al trabajo realizado por el jefe de la Delegación de la Unión en Honduras, Ketil Karlsen, y por su equipo en apoyo de los defensores de los derechos humanos de Honduras; pide a la Delegación de la Unión y a las embajadas y consulados de los Estados miembros en el país que hagan un seguimiento y controlen activamente los procesos relacionados con la investigación de los asesinatos de los defensores de los derechos humanos y que intensifiquen sus esfuerzos para defender a los
defensores de los derechos humanos actualmente en peligro;

9. Considera que las actividades de los inversores europeos deben integrarse en un conjunto sólido de políticas de protección social y medioambiental; apoya firmemente la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, con la inclusión de requisitos claros de diligencia debida, garantías en materia de gestión de riesgos y la puesta a disposición de remedios eficaces, si procede; acoge con satisfacción que tanto el FMO como Finnfund hayan condenado públicamente el asesinato
de Berta Cáceres y que se hayan pronunciado a favor de una investigación exhaustiva, así como que el 16 de marzo de 2016, a raíz de las informaciones sobre el asesinato de Nelson García, el FMO haya suspendido todas sus actividades;

10. Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que la ayuda europea no fomente ni permita proyectos de desarrollo a menos que estos cumplan la obligación de realizar una consulta previa y libre e informen a las comunidades indígenas, que velen por una consulta adecuada a todas las comunidades afectadas y que apliquen in situ unas garantías sólidas en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales;

11. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica; insta al Consejo a que desarrolle una política coordinada con respecto a Honduras que comprometa a los 28 Estados miembros y a las instituciones de la Unión con un mensaje decidido común en relación con el papel de los derechos humanos en las relaciones entre la Unión y Honduras y en la región en su conjunto;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, la Comisión, a los Parlamentos nacionales de los 28 Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Honduras, a la Secretaria de Integración Económica Centroamericana, al Parlacen, a la Asamblea Parlamentaria
EuroLat y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

[VIDEO] Primera Feria de tecnología apropiada: agua y saneamiento desde un enfoque de género

Nota informativa y video de Otros Mundos A.C.

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El 11 de marzo, la Casa de la Enseñanza en el centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, abrió sus puertas a la «Feria de tecnología apropiada: agua y saneamiento desde un enfoque de género». El evento fue el fruto de un gran trabajo de diversos grupos comunitarios de la entidad y de la articulación de cuatro asociaciones civiles mexicanas: Mujer y Medio Ambiente A.C., Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Foro para el Desarrollo Sustentable A.C. y el Centro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C (CEPAZDH).

Con el apoyo financiero de la fundación Volkart, estas organizaciones vienen trabajando en temas de agua y saneamiento desde un enfoque de género desde hace tres años. Realizaron esta feria en el marco del proyecto “Agua y género: alternativas comunitarias en Chiapas 2015” que involucra a mujeres y hombres de varias comunidades de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Chenalhó, Simojovel, Chilón y Las Margaritas.

La idea de realizar la Feria surgió como una necesidad de compartir las experiencias de uso de ecotecnias para la gestión del agua y el saneamiento que se viven en las comunidades de Chiapas, desde un enfoque de género. Sirvió para rescatar en particular la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas por las mujeres que fortalecen su participación en los trabajos comunitarios y por ende contribuyen a su empoderamiento colectivo.

Consideramos que la participación de compañeros en esta Feria permitió sensibilizarlos y al público a la importancia de la equidad de género en los procesos comunitarios de gestión del agua y de saneamiento.

La Feria fue la ocasión de mostrar una parte de la gran diversidad de colectivos y organizaciones que promueven alternativas tecnológicas para un mejor uso y cuidado de nuestros bienes comunes. Se facilitó un intercambio de experiencias en donde las y los participantes pudieron dialogar acerca de sus logros y desafíos con respecto a la implementación y el mantenimiento de diversas ecotecnias para la gestión el agua y el saneamiento y otros procesos en sus comunidades.

Información relacionada:

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Saludos al Encuentro Internacional «Berta Cáceres»

Saludo a Honduras

Al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
A la familia de Bertha Cáceres y de Nelson García
A las organizaciones y movimientos de Honduras

Las organizaciones, movimientos y colectivos que conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), así como la organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra-México damos un saludo a todos/a ustedes y celebramos la realización del Encuentro Internacional de Solidaridad con los Pueblos “Bertha Cáceres”.

Estamos presentes porque nos une la defensa de nuestra madre tierra y porque junto a ustedes resistimos esta barbarie e irracional explotación de nuestros bienes comunes naturales que pretenden los capitales trasnacionales, quienes sólo han traído como consecuencia la violencia en nuestros territorios, la persecución de quienes con valentía y dignidad defienden la vida, la división de los pueblos y en consecuencia, fomentan la impunidad y acrecentan la violación recurrente de nuestros derechos. En México también padecemos los efectos de este modelo extractivo depredador que se alimenta del despojo de las poblaciones y que intenta arrasarnos y exterminar nuestras formas de vida y nuestra comunalidad. Los asesinatos, las amenazas, el encarcelamiento, el hostigamiento, todas estrategias promovidas por los intereses de las trasnacionales en colusión con los gobiernos, se han vuelto parte del cotidiano en las comunidades, organizaciones, movimientos, estudiantes, periodistas y en general de mujeres y hombres que defienden los derechos humanos y de la naturaleza.

Nos indigna y duele el asesinato de nuestra compañera y amiga Bertha Cáceres, de Nelson García y de todas y todos los compañeros acaecidos en Honduras, a la vez que nos anima también el legado de sus luchas, porque nos brindan la posibilidad para continuar creciendo y consolidando una Latinoamérica unida, solidaria, libre de proyectos de muerte, donde los ríos corran en libertad, la tierra florezca y los pueblos y comunidades determinemos de forma libre y soberana el futuro de nuestras familias; ese es nuestro derecho y por eso lo defendemos.

Estamos seguros que la organización y la vinculación entre los pueblos es la base para crear alternativas de vida distintas a las que nos ofrece el capitalismo. Es precisamente la fuerza y unión de los pueblos organizados que tenemos el potencial para detener la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera en Latinoamérica. Pararemos la discriminación hacia los pueblos indígenas y campesinos; evitaremos el despojo y desplazamiento forzado que nos generan esos proyectos de muerte; combatiremos la represión y la impunidad de los gobiernos corruptos coludidos en el saqueo de nuestras naciones.

Bertha Cáceres y el COPINH han sembrado la esperanza en Latinoamérica y nuestro compromiso es llevarla con la misma fuerza a nuestros países, pueblos y organizaciones para que nuestros ríos corran libres y limpios, para que nuestras montañas sigan proveyéndonos de vida.

Nuestro profundo agradecimiento para la familia de Bertha Cáceres, el COPINH y a los movimientos de Honduras por toda la solidaridad que mostraron para nuestro hermano Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas A.C., grupo  miembro de nuestras redes.

El asesinato de Bertha y el atentado a Gustavo nos une en la lucha para que Agua Zarca no se construya y para hacer justicia al pueblo Lenca.

¡JUSTICIA PARA BERTA Y NELSON!

Otros Mundos Chiapas A.C./Amigos de la Tierra-México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Organizaciones y movimientos contra las represas de Latinoamérica

Declaración Final: I Asamblea de la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE”

Reunidas y reunidos en la Ciudad de Tegucigalpa, Capital de la República de Honduras los movimientos populares integrados a la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE ”, acuerdan comenzar el trabajo por la UNIDAD construyendo los PRINCIPIOS que regirán la agenda de lucha de los sectores organizados del Pueblo por la liberación de la patria.

Vivimos un momento político, social y económico caracterizado por la pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de la población y por la persecución, amenaza y asesinato de los y las luchadores (as) sociales.

En Honduras se consolida un modelo represivo, autoritario que ataca abiertamente a las organizaciones populares.

Hay una voluntad expresa de las oligarquías entreguistas y las empresas transnacionales de apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza, mediante las concesiones de los territorios, los ríos y las riquezas de los subsuelo a intereses de pequeños grupos capitalistas nacionales y extranjeros.

Estas condiciones adversas para las luchas de los pueblos se dan en el marco de un recrudecimiento de la estrategia imperialista, de militarización y ataque a nuestros territorios y fortalecimiento a las derechas latinoamericanas. En el marco de este contexto, se plantea lo siguiente:

1. Esclarecimiento del femicidio político de la compañera Berta Cáceres Flores; exigimos la implementación de una comisión internacional independiente de investigación a través de la CIDH que sea de plena confianza de COPINH y de las organización de la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE”. Rechazamos que la investigación de su crimen se haga a través de la MACCIH, a la que vemos como un instrumento para manipular a la opinión pública nacional e internacional.

2. Cancelación de manera inmediata y definitiva de la concesión otorgada a la empresa DESA constructora del proyecto hidroeléctrica “Agua Zarca” y cancelación de las concesiones a proyectos extractivos que saquean el territorio nacional.

3. Demandamos el cese inmediato a la persecución, criminalización y judicialización de los líderes, lideresas y organizaciones populares.

4. Rechazamos la remilitarización de la sociedad y de nuestros territorios como instrumento de represión y control.

5. Nuestra compañera Berta Cáceres Flores fue asesinada con balas tal como son asesinadas miles de mujeres, por femicidio, y hombres con las políticas de “limpieza social ” que se ejerce desde el Estado en contubernio con grupos paramilitares. Exigimos un cese a la violencia y la muerte.

6. Condenamos el ataque permanente hacia los trabajadores y trabajadoras despedidos injustificadamente por el régimen, siguiendo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y demás organismos financieros, que continúa profundizando la aplicación del modelo neoliberal.

Reafirmamos que seguimos en la lucha contra este sistema de muerte y a favor de la vida, arreciaremos nuestras demandas en UNIDAD y con FUERZA para exigir justicia por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres Flores.

¡Berta No Murió, Se multiplicó!

¡Unidas, Unidos Venceremos!

¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!

Tegucigalpa MDC sábado 9 de abril de 2016

Nota de prensa de la Misión Internacional «Justicia para Berta Cáceres Flores»

Comunicado de prensa:

Lanzamiento del Informe de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”: El asesinato de Berta Cáceres evidencia que Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores de Derechos Humanos

Buenos Aires, Ciudad de México, San Salvador, Madrid, Bruselas, 11 de abril de 2016

Con ocasión del Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” del 13 al 15 de abril en Honduras, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” conformada por parlamentarias/os, juristas y representantes de organizaciones y redes internacionales en defensa de Derechos Humanos, publica sus observaciones y recomendaciones recabadas en la visita al país del 17 y al 21 de marzo.

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarias/os, juristas y representantes de organizaciones sociales, sindicales y en defensa de Derechos Humanos de diferentes países, desplegó una intensa actividad en Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016.  Respondiendo a la petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y de una extensa red de solidaridad internacional en apoyo al pueblo hondureño, centró su acción en pedir el esclarecimiento del brutal asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres Flores, la noche del 2 de marzo de 2016, y la liberación del dirigente social mexicano Gustavo Castro Soto, testigo herido en el asesinato a Berta. 

La Misión Internacional valora positivamente la decisión del Ministerio Público de Honduras, anunciada el 31 de marzo, de retirar la «prohibición de salir del país» contra Gustavo Castro,  permitiendo efectivamente su regreso a México y el reencuentro con su familia y comunidad. En segundo lugar, reconoce la decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica, anunciada el 1 de abril, de suspender el desembolso al proyecto Agua Zarca, una de las causas del crimen político contra Berta Cáceres Flores, siguiendo las reacciones de los financiadores del proyecto tales como FMO (Holanda) y Finnfund (Finlandia). Ante estos hechos, la Misión se hace eco de las valoraciones del COPINH: “No debemos dudar en que ninguno de estos puntos han sido mediante concesiones de los grupos de poder que están en juego, sino que han sido logros de la movilización popular desencadenada dentro y fuera de nuestro país”. Entre sus conclusiones, la Misión destaca que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de Derechos Humanos y una debilidad manifiesta del estado de derecho, agravados a partir del golpe de estado del 2009. Observa la ausencia de garantías para el respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos así como la falta de voluntad política para acabar con la impunidad imperante. Según el informe publicado hoy, «el sistema de protección de los Derechos Humanos del Estado hondureño no funciona» y que el Gobierno hondureño «ha fracasado en la protección de Berta Cáceres Flores por incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».  La Misión tampoco pierde de vista una «práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como titulares de derecho».

En el informe se formula 25 recomendaciones al Estado de Honduras y otras instituciones, como la Unión Europea, el Gobierno de los Estados Unidos, la empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  Entre otras, la Misión respalda la petición de una investigación independiente, con la participación de expertos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permite identificar los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres así como los responsables del conjunto de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de los y las integrantes del COPINH.  La Misión Internacional pide cancelar de manera inmediata el proyecto Agua Zarca y todas las concesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, así como otras relacionadas con hidroeléctricas,   minería, explotaciones agroindustriales y forestales, reñidas también con la sostenibilidad ambiental y la aceptación social, especialmente cuando las mismas se ubican en territorios indígenas. Reclama la desmilitarización de los territorios indígenas, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria. La Misión además recomienda al Consejo de la Unión Europea a suspender Honduras del Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras incumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicita al Gobierno de España y los Estados miembros de la UE evaluar su financiación al programa EuroJusticia, suspendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las responsabilidades sobre el asesinato de Berta.  También solicita al gobierno de EE.UU. aclarar su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros programas similares, mientras no se garanticen los derechos humanos en Honduras. Asimismo, además de comprometer la continuidad del trabajo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” llama a redoblar las acciones de solidaridad con los y las integrantes de COPINH, la familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro y todas las organizaciones y personas hondureñas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en su lucha contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo sometidos.

La Misión agradece profundamente la inspiración, los testimonios y el apoyo recibidos durante su visita en el país, y hace suyo la petición de la familia de Berta Cáceres y del COPINH, para contar con el acompañamiento internacional con el fin de garantizar el derecho a la vida de los miembros del COPINH. Petición que se presentará también en el Encuentro Internacional de Solidaridad que tiene lugar los días 13, 14 y 15 de abril, en Tegucigalpa y La Esperanza/Río Gualcarque.

Recursos

•    Resumen ejecutivo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”
•    Informe completo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres»
•    Información sobre el Encuentro Internacional de Solidaridad

Contacto para la Prensa:

América Latina:
Ana Sandoval/Martha Flores (Jubileo Sur Américas):  jubileosur@gmail.com

Europa:
•    Tom Kucharz : tomkucharz@gmail.com – (34) 619 94 90 53
•    Mónica Vargas (Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad): m.vargas@tni.org – 00  34-66202649700  

 
La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” fue integrada por:

  • Miguel Urbán Crespo – España, Miembro del Parlamento Europeo por PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos.
  • Candelaria Ochoa – México- Doctora en Antropología Social y Diputada del Congreso de la Unión.
  • Pedro Arrojo – España, Doctor en Ciencias Físicas – Profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y Diputado por PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España.
  • Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Miembro de la Comisión de Verdad de Honduras.
  • Nora Cortiñas – Argentina, defensora de los derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión de Verdad de Honduras.
  • Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales que representa 12.2 millones de afiliados) y en representación de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas.
  • Beverly Keene – Argentina, Diálogo 2000 y Jubileo Sur/Américas.  Integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
  • Natalia Atz Sunuc – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
  • Gustavo Lozano – México, Abogado del Centro Mexicano de Justicia Ambiental y del Movimiento Mexicano de Afectados(as) por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)   en articulación con el movimiento centroamericano.
  • Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia.
  • Adolfo Taleno – Nicaragua, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos.
  • Bartolomé Chocoj Camey – Guatemala, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos.
  • José Olvera – México, Unión Nacional de Trabajadores (UNT) México y Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA).
  • Everardo Piche – El Salvador, Coordinación de la Red de Ambientalistas Comunitarios y de Jubileo Sur / Américas.
  • Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo. Integrante Ecologistas en Acción y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.

 

CIDH presenta informe sobre industrias extractivas y derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”. El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.

Las actividades extractivas y de desarrollo, que están en aumento en la región, son generalmente implementadas en los territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales. La CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que tales emprendimientos pueden tener para la prosperidad y el desarrollo económico de los países de América. Sin embargo, el desarrollo económico de los Estados Miembros no puede realizarse en detrimento de sus obligaciones fundamentales de respetar y garantizar derechos humanos.

 

Los Estados receptores y los Estados de origen de las empresas que ejecutan estos proyectos tienen obligaciones específicas en esta área. El informe desarrolla cuáles son estas obligaciones con miras a garantizar que el desarrollo económico no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro-descendientes. Los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos. Asimismo, deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia.

La obligación de los Estados incluye el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, es decir, se aplica desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización. Esta obligación incluye la necesidad de evaluar eficazmente los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de que sean autorizadas.

Además, el deber de actuar con debida diligencia requiere que los Estados adopten un marco regulatorio apropiado para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos. Dicha obligación también incluye el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que pueden verse afectadas; la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a información facilitadora del ejercicio de derechos; la obligación de supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y otros actores no estatales; el deber de prevenir actividades ilegales y otras formas de violencia; y medidas para asegurar un adecuado acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación plena de las violaciones de derechos humanos en estos contextos.

Esta obligación de alcance amplio también comprende la consideración de impactos diferenciados y adversos sobre grupos específicos como líderes, autoridades y defensores indígenas o afrodescendientes, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El informe concluye con una lista de recomendaciones prácticas, tanto generales como específicamente adaptadas para la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este conjunto de recomendaciones procura promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito. La Comisión insiste de forma particular en la necesidad de adoptar e implementar legislación doméstica para proteger los derechos humanos y el establecimiento de sistemas de monitoreo, control y supervisión de las actividades de compañías extractivas y de desarrollo. El informe incluye recomendaciones orientadas hacia los Estados receptores (donde se ejecuta el proyecto) y los de origen (donde tiene sede la empresa).

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Leer/descargar informe completo (.pdf)

Vía Movimiento M4

 

COPINH: seguimos nuestra lucha, exigimos justicia

COMUNICADO COPINH del 08 de abril del 2016
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, a la comunidad nacional e internacional informa, comunica y denuncia lo siguiente:

1. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional para que haya una investigación objetiva, imparcial, no racista, que esclarezca los hechos en torno al asesinato político de nuestra compañera y Coordinadora General Berta Cáceres, que lleve a la verdad y la justicia de manera que se aplique la ley a los verdaderos asesinos tanto materiales como intelectuales, así como que se conozcan los hechos y móviles por los cuales se planificó y realizó su asesinato, sin embargo reiteramos que el Estado de Honduras sigue incumpliendo sus obligaciones a este respecto. Sin aceptar nuestras peticiones como la comisión internacional independiente de investigación y de plena confianza a nuestra organización, razón por la cual no hemos confiado, no confiamos ni jamas confiaremos en las leyes jurídicas nacionales y denunciar la manipulación de investigación del vil y horrendo asesinato de nuestra compañera Berta Caceres por las autoridades jurídicas de nuestro país. Y que el señor Juan Orlando Hernandez no ha mostrado su verdadera voluntad política en agilizar el proceso de investigación y a un mes del asesinato, ni los familiares de la compañera , ni el COPINH han recibido un informe oficial por parte del gobierno sobre como va el proceso de investigación de los hechores tanto materiales como intelectuales

2. Informamos que el retorno del compañero Gustavo Castro Soto a su casa, en ningún modo significa que el Estado de Honduras este liberado de su responsabilidad por daños morales, jurídicos y económicos hechos a Gustavo Castro Soto durante su cautiverio.

3. Según los principios y estatutos del COPINH, el compañero Tomas Gomez Membreño que actualmente ha desempeñado el cargo de Coordinador de Organización, oficialmente asume el cargo de Coordinador General de nuestra organización, teniendo la responsabilidad para firmar todo tipo de convenios de cooperación con organizaciones fraternas, tanto nacionales como internacionales que sean de suma interés exclusivamente para el COPINH.

4. Denunciamos que hay organizaciones y personas que estan utilizando el nombre de nuestra compañera Berta Cáceres, para gestionar financiamiento para el COPINH, que no tienen por objetivo fortalecer nuestra organizacion sino beneficiarles a ellos mismos.

En vista de lo cual queremos hacer de conocimiento publico que los enlaces oficiales exclusivos para que toda persona u organización nacional o internacional que tenga interés de ayudar y apoyar al COPINH son: Tomas Gomez Coordinador General Interino de COPINH y Lilian Lopez de la Coordinación de finanzas. El contacto directo con los enlaces oficiales de COPINH son: telefono (504) 2783 0817 y correo electrónico es administracion@copinh.org

Cualquier financiamiento o apoyo solidario que no se haga por medio de los enlaces oficiales no son reconocidos por COPINH.

BERTA VIVE!!!

Intibucá 08 de abril del 2016

Con la fuerza ancestral de Iselaca, Etempica y Mota se levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Paz, Dignidad y Libertad.