Categoría: ANÁLISIS

[VIDEO] Primera Feria de tecnología apropiada: agua y saneamiento desde un enfoque de género

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Nota informativa y video de Otros Mundos A.C.

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El 11 de marzo, la Casa de la Enseñanza en el centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, abrió sus puertas a la «Feria de tecnología apropiada: agua y saneamiento desde un enfoque de género». El evento fue el fruto de un gran trabajo de diversos grupos comunitarios de la entidad y de la articulación de cuatro asociaciones civiles mexicanas: Mujer y Medio Ambiente A.C., Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Foro para el Desarrollo Sustentable A.C. y el Centro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C (CEPAZDH).

Con el apoyo financiero de la fundación Volkart, estas organizaciones vienen trabajando en temas de agua y saneamiento desde un enfoque de género desde hace tres años. Realizaron esta feria en el marco del proyecto “Agua y género: alternativas comunitarias en Chiapas 2015” que involucra a mujeres y hombres de varias comunidades de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Chenalhó, Simojovel, Chilón y Las Margaritas.

La idea de realizar la Feria surgió como una necesidad de compartir las experiencias de uso de ecotecnias para la gestión del agua y el saneamiento que se viven en las comunidades de Chiapas, desde un enfoque de género. Sirvió para rescatar en particular la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas por las mujeres que fortalecen su participación en los trabajos comunitarios y por ende contribuyen a su empoderamiento colectivo.

Consideramos que la participación de compañeros en esta Feria permitió sensibilizarlos y al público a la importancia de la equidad de género en los procesos comunitarios de gestión del agua y de saneamiento.

La Feria fue la ocasión de mostrar una parte de la gran diversidad de colectivos y organizaciones que promueven alternativas tecnológicas para un mejor uso y cuidado de nuestros bienes comunes. Se facilitó un intercambio de experiencias en donde las y los participantes pudieron dialogar acerca de sus logros y desafíos con respecto a la implementación y el mantenimiento de diversas ecotecnias para la gestión el agua y el saneamiento y otros procesos en sus comunidades.

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Saludos al Encuentro Internacional «Berta Cáceres»

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Saludo a Honduras

Al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
A la familia de Bertha Cáceres y de Nelson García
A las organizaciones y movimientos de Honduras

Las organizaciones, movimientos y colectivos que conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), así como la organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra-México damos un saludo a todos/a ustedes y celebramos la realización del Encuentro Internacional de Solidaridad con los Pueblos “Bertha Cáceres”.

Estamos presentes porque nos une la defensa de nuestra madre tierra y porque junto a ustedes resistimos esta barbarie e irracional explotación de nuestros bienes comunes naturales que pretenden los capitales trasnacionales, quienes sólo han traído como consecuencia la violencia en nuestros territorios, la persecución de quienes con valentía y dignidad defienden la vida, la división de los pueblos y en consecuencia, fomentan la impunidad y acrecentan la violación recurrente de nuestros derechos. En México también padecemos los efectos de este modelo extractivo depredador que se alimenta del despojo de las poblaciones y que intenta arrasarnos y exterminar nuestras formas de vida y nuestra comunalidad. Los asesinatos, las amenazas, el encarcelamiento, el hostigamiento, todas estrategias promovidas por los intereses de las trasnacionales en colusión con los gobiernos, se han vuelto parte del cotidiano en las comunidades, organizaciones, movimientos, estudiantes, periodistas y en general de mujeres y hombres que defienden los derechos humanos y de la naturaleza.

Nos indigna y duele el asesinato de nuestra compañera y amiga Bertha Cáceres, de Nelson García y de todas y todos los compañeros acaecidos en Honduras, a la vez que nos anima también el legado de sus luchas, porque nos brindan la posibilidad para continuar creciendo y consolidando una Latinoamérica unida, solidaria, libre de proyectos de muerte, donde los ríos corran en libertad, la tierra florezca y los pueblos y comunidades determinemos de forma libre y soberana el futuro de nuestras familias; ese es nuestro derecho y por eso lo defendemos.

Estamos seguros que la organización y la vinculación entre los pueblos es la base para crear alternativas de vida distintas a las que nos ofrece el capitalismo. Es precisamente la fuerza y unión de los pueblos organizados que tenemos el potencial para detener la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera en Latinoamérica. Pararemos la discriminación hacia los pueblos indígenas y campesinos; evitaremos el despojo y desplazamiento forzado que nos generan esos proyectos de muerte; combatiremos la represión y la impunidad de los gobiernos corruptos coludidos en el saqueo de nuestras naciones.

Bertha Cáceres y el COPINH han sembrado la esperanza en Latinoamérica y nuestro compromiso es llevarla con la misma fuerza a nuestros países, pueblos y organizaciones para que nuestros ríos corran libres y limpios, para que nuestras montañas sigan proveyéndonos de vida.

Nuestro profundo agradecimiento para la familia de Bertha Cáceres, el COPINH y a los movimientos de Honduras por toda la solidaridad que mostraron para nuestro hermano Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas A.C., grupo  miembro de nuestras redes.

El asesinato de Bertha y el atentado a Gustavo nos une en la lucha para que Agua Zarca no se construya y para hacer justicia al pueblo Lenca.

¡JUSTICIA PARA BERTA Y NELSON!

Otros Mundos Chiapas A.C./Amigos de la Tierra-México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Organizaciones y movimientos contra las represas de Latinoamérica

Declaración Final: I Asamblea de la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE”

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Reunidas y reunidos en la Ciudad de Tegucigalpa, Capital de la República de Honduras los movimientos populares integrados a la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE ”, acuerdan comenzar el trabajo por la UNIDAD construyendo los PRINCIPIOS que regirán la agenda de lucha de los sectores organizados del Pueblo por la liberación de la patria.

Vivimos un momento político, social y económico caracterizado por la pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de la población y por la persecución, amenaza y asesinato de los y las luchadores (as) sociales.

En Honduras se consolida un modelo represivo, autoritario que ataca abiertamente a las organizaciones populares.

Hay una voluntad expresa de las oligarquías entreguistas y las empresas transnacionales de apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza, mediante las concesiones de los territorios, los ríos y las riquezas de los subsuelo a intereses de pequeños grupos capitalistas nacionales y extranjeros.

Estas condiciones adversas para las luchas de los pueblos se dan en el marco de un recrudecimiento de la estrategia imperialista, de militarización y ataque a nuestros territorios y fortalecimiento a las derechas latinoamericanas. En el marco de este contexto, se plantea lo siguiente:

1. Esclarecimiento del femicidio político de la compañera Berta Cáceres Flores; exigimos la implementación de una comisión internacional independiente de investigación a través de la CIDH que sea de plena confianza de COPINH y de las organización de la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE”. Rechazamos que la investigación de su crimen se haga a través de la MACCIH, a la que vemos como un instrumento para manipular a la opinión pública nacional e internacional.

2. Cancelación de manera inmediata y definitiva de la concesión otorgada a la empresa DESA constructora del proyecto hidroeléctrica “Agua Zarca” y cancelación de las concesiones a proyectos extractivos que saquean el territorio nacional.

3. Demandamos el cese inmediato a la persecución, criminalización y judicialización de los líderes, lideresas y organizaciones populares.

4. Rechazamos la remilitarización de la sociedad y de nuestros territorios como instrumento de represión y control.

5. Nuestra compañera Berta Cáceres Flores fue asesinada con balas tal como son asesinadas miles de mujeres, por femicidio, y hombres con las políticas de “limpieza social ” que se ejerce desde el Estado en contubernio con grupos paramilitares. Exigimos un cese a la violencia y la muerte.

6. Condenamos el ataque permanente hacia los trabajadores y trabajadoras despedidos injustificadamente por el régimen, siguiendo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y demás organismos financieros, que continúa profundizando la aplicación del modelo neoliberal.

Reafirmamos que seguimos en la lucha contra este sistema de muerte y a favor de la vida, arreciaremos nuestras demandas en UNIDAD y con FUERZA para exigir justicia por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres Flores.

¡Berta No Murió, Se multiplicó!

¡Unidas, Unidos Venceremos!

¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!

Tegucigalpa MDC sábado 9 de abril de 2016

Nota de prensa de la Misión Internacional «Justicia para Berta Cáceres Flores»

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Comunicado de prensa:

Lanzamiento del Informe de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”: El asesinato de Berta Cáceres evidencia que Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores de Derechos Humanos

Buenos Aires, Ciudad de México, San Salvador, Madrid, Bruselas, 11 de abril de 2016

Con ocasión del Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” del 13 al 15 de abril en Honduras, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” conformada por parlamentarias/os, juristas y representantes de organizaciones y redes internacionales en defensa de Derechos Humanos, publica sus observaciones y recomendaciones recabadas en la visita al país del 17 y al 21 de marzo.

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarias/os, juristas y representantes de organizaciones sociales, sindicales y en defensa de Derechos Humanos de diferentes países, desplegó una intensa actividad en Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016.  Respondiendo a la petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y de una extensa red de solidaridad internacional en apoyo al pueblo hondureño, centró su acción en pedir el esclarecimiento del brutal asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres Flores, la noche del 2 de marzo de 2016, y la liberación del dirigente social mexicano Gustavo Castro Soto, testigo herido en el asesinato a Berta. 

La Misión Internacional valora positivamente la decisión del Ministerio Público de Honduras, anunciada el 31 de marzo, de retirar la «prohibición de salir del país» contra Gustavo Castro,  permitiendo efectivamente su regreso a México y el reencuentro con su familia y comunidad. En segundo lugar, reconoce la decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica, anunciada el 1 de abril, de suspender el desembolso al proyecto Agua Zarca, una de las causas del crimen político contra Berta Cáceres Flores, siguiendo las reacciones de los financiadores del proyecto tales como FMO (Holanda) y Finnfund (Finlandia). Ante estos hechos, la Misión se hace eco de las valoraciones del COPINH: “No debemos dudar en que ninguno de estos puntos han sido mediante concesiones de los grupos de poder que están en juego, sino que han sido logros de la movilización popular desencadenada dentro y fuera de nuestro país”. Entre sus conclusiones, la Misión destaca que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de Derechos Humanos y una debilidad manifiesta del estado de derecho, agravados a partir del golpe de estado del 2009. Observa la ausencia de garantías para el respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos así como la falta de voluntad política para acabar con la impunidad imperante. Según el informe publicado hoy, «el sistema de protección de los Derechos Humanos del Estado hondureño no funciona» y que el Gobierno hondureño «ha fracasado en la protección de Berta Cáceres Flores por incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».  La Misión tampoco pierde de vista una «práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como titulares de derecho».

En el informe se formula 25 recomendaciones al Estado de Honduras y otras instituciones, como la Unión Europea, el Gobierno de los Estados Unidos, la empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  Entre otras, la Misión respalda la petición de una investigación independiente, con la participación de expertos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permite identificar los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres así como los responsables del conjunto de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de los y las integrantes del COPINH.  La Misión Internacional pide cancelar de manera inmediata el proyecto Agua Zarca y todas las concesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, así como otras relacionadas con hidroeléctricas,   minería, explotaciones agroindustriales y forestales, reñidas también con la sostenibilidad ambiental y la aceptación social, especialmente cuando las mismas se ubican en territorios indígenas. Reclama la desmilitarización de los territorios indígenas, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria. La Misión además recomienda al Consejo de la Unión Europea a suspender Honduras del Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras incumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicita al Gobierno de España y los Estados miembros de la UE evaluar su financiación al programa EuroJusticia, suspendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las responsabilidades sobre el asesinato de Berta.  También solicita al gobierno de EE.UU. aclarar su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros programas similares, mientras no se garanticen los derechos humanos en Honduras. Asimismo, además de comprometer la continuidad del trabajo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” llama a redoblar las acciones de solidaridad con los y las integrantes de COPINH, la familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro y todas las organizaciones y personas hondureñas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en su lucha contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo sometidos.

La Misión agradece profundamente la inspiración, los testimonios y el apoyo recibidos durante su visita en el país, y hace suyo la petición de la familia de Berta Cáceres y del COPINH, para contar con el acompañamiento internacional con el fin de garantizar el derecho a la vida de los miembros del COPINH. Petición que se presentará también en el Encuentro Internacional de Solidaridad que tiene lugar los días 13, 14 y 15 de abril, en Tegucigalpa y La Esperanza/Río Gualcarque.

Recursos

•    Resumen ejecutivo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”
•    Informe completo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres»
•    Información sobre el Encuentro Internacional de Solidaridad

Contacto para la Prensa:

América Latina:
Ana Sandoval/Martha Flores (Jubileo Sur Américas):  jubileosur@gmail.com

Europa:
•    Tom Kucharz : tomkucharz@gmail.com – (34) 619 94 90 53
•    Mónica Vargas (Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad): m.vargas@tni.org – 00  34-66202649700  

 
La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” fue integrada por:

  • Miguel Urbán Crespo – España, Miembro del Parlamento Europeo por PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos.
  • Candelaria Ochoa – México- Doctora en Antropología Social y Diputada del Congreso de la Unión.
  • Pedro Arrojo – España, Doctor en Ciencias Físicas – Profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y Diputado por PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España.
  • Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Miembro de la Comisión de Verdad de Honduras.
  • Nora Cortiñas – Argentina, defensora de los derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión de Verdad de Honduras.
  • Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales que representa 12.2 millones de afiliados) y en representación de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas.
  • Beverly Keene – Argentina, Diálogo 2000 y Jubileo Sur/Américas.  Integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
  • Natalia Atz Sunuc – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
  • Gustavo Lozano – México, Abogado del Centro Mexicano de Justicia Ambiental y del Movimiento Mexicano de Afectados(as) por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)   en articulación con el movimiento centroamericano.
  • Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia.
  • Adolfo Taleno – Nicaragua, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos.
  • Bartolomé Chocoj Camey – Guatemala, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos.
  • José Olvera – México, Unión Nacional de Trabajadores (UNT) México y Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA).
  • Everardo Piche – El Salvador, Coordinación de la Red de Ambientalistas Comunitarios y de Jubileo Sur / Américas.
  • Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo. Integrante Ecologistas en Acción y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.

 

CIDH presenta informe sobre industrias extractivas y derechos humanos

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”. El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.

Las actividades extractivas y de desarrollo, que están en aumento en la región, son generalmente implementadas en los territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales. La CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que tales emprendimientos pueden tener para la prosperidad y el desarrollo económico de los países de América. Sin embargo, el desarrollo económico de los Estados Miembros no puede realizarse en detrimento de sus obligaciones fundamentales de respetar y garantizar derechos humanos.

 

Los Estados receptores y los Estados de origen de las empresas que ejecutan estos proyectos tienen obligaciones específicas en esta área. El informe desarrolla cuáles son estas obligaciones con miras a garantizar que el desarrollo económico no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro-descendientes. Los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos. Asimismo, deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia.

La obligación de los Estados incluye el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, es decir, se aplica desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización. Esta obligación incluye la necesidad de evaluar eficazmente los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de que sean autorizadas.

Además, el deber de actuar con debida diligencia requiere que los Estados adopten un marco regulatorio apropiado para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos. Dicha obligación también incluye el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que pueden verse afectadas; la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a información facilitadora del ejercicio de derechos; la obligación de supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y otros actores no estatales; el deber de prevenir actividades ilegales y otras formas de violencia; y medidas para asegurar un adecuado acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación plena de las violaciones de derechos humanos en estos contextos.

Esta obligación de alcance amplio también comprende la consideración de impactos diferenciados y adversos sobre grupos específicos como líderes, autoridades y defensores indígenas o afrodescendientes, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El informe concluye con una lista de recomendaciones prácticas, tanto generales como específicamente adaptadas para la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este conjunto de recomendaciones procura promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito. La Comisión insiste de forma particular en la necesidad de adoptar e implementar legislación doméstica para proteger los derechos humanos y el establecimiento de sistemas de monitoreo, control y supervisión de las actividades de compañías extractivas y de desarrollo. El informe incluye recomendaciones orientadas hacia los Estados receptores (donde se ejecuta el proyecto) y los de origen (donde tiene sede la empresa).

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Leer/descargar informe completo (.pdf)

Vía Movimiento M4

 

COPINH: seguimos nuestra lucha, exigimos justicia

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COMUNICADO COPINH del 08 de abril del 2016
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, a la comunidad nacional e internacional informa, comunica y denuncia lo siguiente:

1. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional para que haya una investigación objetiva, imparcial, no racista, que esclarezca los hechos en torno al asesinato político de nuestra compañera y Coordinadora General Berta Cáceres, que lleve a la verdad y la justicia de manera que se aplique la ley a los verdaderos asesinos tanto materiales como intelectuales, así como que se conozcan los hechos y móviles por los cuales se planificó y realizó su asesinato, sin embargo reiteramos que el Estado de Honduras sigue incumpliendo sus obligaciones a este respecto. Sin aceptar nuestras peticiones como la comisión internacional independiente de investigación y de plena confianza a nuestra organización, razón por la cual no hemos confiado, no confiamos ni jamas confiaremos en las leyes jurídicas nacionales y denunciar la manipulación de investigación del vil y horrendo asesinato de nuestra compañera Berta Caceres por las autoridades jurídicas de nuestro país. Y que el señor Juan Orlando Hernandez no ha mostrado su verdadera voluntad política en agilizar el proceso de investigación y a un mes del asesinato, ni los familiares de la compañera , ni el COPINH han recibido un informe oficial por parte del gobierno sobre como va el proceso de investigación de los hechores tanto materiales como intelectuales

2. Informamos que el retorno del compañero Gustavo Castro Soto a su casa, en ningún modo significa que el Estado de Honduras este liberado de su responsabilidad por daños morales, jurídicos y económicos hechos a Gustavo Castro Soto durante su cautiverio.

3. Según los principios y estatutos del COPINH, el compañero Tomas Gomez Membreño que actualmente ha desempeñado el cargo de Coordinador de Organización, oficialmente asume el cargo de Coordinador General de nuestra organización, teniendo la responsabilidad para firmar todo tipo de convenios de cooperación con organizaciones fraternas, tanto nacionales como internacionales que sean de suma interés exclusivamente para el COPINH.

4. Denunciamos que hay organizaciones y personas que estan utilizando el nombre de nuestra compañera Berta Cáceres, para gestionar financiamiento para el COPINH, que no tienen por objetivo fortalecer nuestra organizacion sino beneficiarles a ellos mismos.

En vista de lo cual queremos hacer de conocimiento publico que los enlaces oficiales exclusivos para que toda persona u organización nacional o internacional que tenga interés de ayudar y apoyar al COPINH son: Tomas Gomez Coordinador General Interino de COPINH y Lilian Lopez de la Coordinación de finanzas. El contacto directo con los enlaces oficiales de COPINH son: telefono (504) 2783 0817 y correo electrónico es administracion@copinh.org

Cualquier financiamiento o apoyo solidario que no se haga por medio de los enlaces oficiales no son reconocidos por COPINH.

BERTA VIVE!!!

Intibucá 08 de abril del 2016

Con la fuerza ancestral de Iselaca, Etempica y Mota se levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Paz, Dignidad y Libertad.

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, en la ruta de la violencia y la resistencia

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Laura Carlsen, Desinformémonos

Al principio, sonaba alocado. Una caravana internacional que viaja por cinco países en 23 días para explorar los cruces entre la prohibición, la violencia y la resistencia. ¿Por qué y cómo respondería la gente en las ciudades y las comunidades que visitara?

La política de drogas no es un tema que esté en la agenda de todos los movimientos y sociedades de la región México-América Central. Las encuestas muestran un rechazo popular a la legalización de la mariguana y otras drogas y, a pesar del creciente consenso de que la guerra contra el narcotráfico ha sido un tremendo fracaso, se habla poco de las alternativas. En la sociedad, el tema es prácticamente tabú, excepto en algunos lugares y entre grupos especializados.

Es precisamente esta situación lo que la Caravana busca cambiar. La ruta refleja el compromiso de levantar las voces de las víctimas y de los héroes de la guerra contra las drogas, y resulta que son los mismos. Desde su dolor, las víctimas se están convirtiendo de manera organizada en las personas que luchan por la paz y la justicia, y por una salida a la guerra.

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia inició el 28 de marzo en Tegucigalpa, frente a la prensa nacional y las organizaciones sociales y de derechos humanos de un Honduras afligido por la violencia. Se anunció el objetivo de abrir el diálogo sobre las políticas de drogas y se trazó el itinerario desde Honduras a Nueva york, con la intención de llegar hasta las puertas de las Naciones Unidas, que realiza una Sesión Especial sobre las Drogas a partir del 19 de abril. Los representantes hondureños, no muy acostumbrados al tema de las drogas, contaron la situación de estar en medio de la violencia y los abusos de los grupos criminales, por un lado, y las fuerzas militares, paramilitares y policiacas por otro, en un contexto de ausencia de estado de derecho.

El camino siguió hasta La Ceiba, en la costa caribeña, para reunirse con la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) del pueblo indígena garífuna. Miriam Miranda, dirigente de la organización, dijo a la caravana en el acto de recibimiento: “No queremos seguir aceptando que en nombre del combate al narcotráfico asesinan a nuestros hijos e hijas, desplazan a nuestras comunidades, militarizan nuestros territorios. No podemos aceptar que se invierta mucho más en la supuesta seguridad de los estados y no invierten en la salud pública, en la educación. Hay desabasto en los centros de salud, no hay pastillas, no hay nada, y en cambio, hay muchas armas, hay mucho dinero para supuestamente combatir el narcotráfico.”

OFRANEH denunció el asesinato de dos jóvenes garífunas el 28 de diciembre por la Fuerza Naval hondureña. Llegaron a la reunión también familiares de las víctimas de la masacre de Ahuas, donde un helicóptero del Departamento de Estado de EEUU con elementos de la DEA y policías hondureños dispararon contra habitantes del lugar, matando a cuatro.

Al día siguiente, subieron a la caravana cinco garífunas con dos tambores tradicionales para seguir el camino hasta Nueva York.

En su trayectoria, la caravana ha juntado un grupo de unas 35 personas de 7 países —familiares de víctimas, representantes de luchas sociales, expertos— y sigue creciendo. La diversidad en todos los sentidos hace de la convivencia un descubrir constante.

Volviendo a cruzar el país hacia el occidente, se hizo una parada obligatoria en Utopía, el centro del Consejo Cívico de pueblos Indígenas de Honduras, COPINH. Hace un mes, fue asesinada Berta Cáceres, su coordinadora. Su lucha por los territorios del pueblo lenca llevó a que el gobierno hondureño la metiera a la cárcel, las empresas la amenazaron y finalmente unos sicarios la mataron.

Reunidos en un círculo alrededor del altar a Berta, con el humo del incienso suspendido en el aire, el COPINH reafirmó su compromiso con la caravana que Berta ayudó a organizar. La caravana salió de las montañas hondureñas con dos integrantes del COPINH abordo, y una más en espíritu.

De Honduras, la entrada a El Salvador representó un fuerte cambio de contexto. El gobierno salvadoreño ha instrumentado una política represiva hacia las pandillas. La caravana fue recibida por iglesias congregadas en Comunidades de Fe Organizadas por la Acción. En el marco de la caravana y frente a la violencia en el país, abonada por las condiciones de pobreza y marginalidad, declararon:

“El solo abordaje de tipo represivo ha convertido nuestras comunidades en territorios extremadamente violentos… A pesar de los distintos esfuerzos y millones de dólares invertidos por los países más poderosos para ayudar a combatir este flagelo en la región, lejos de disminuirse, el problema se está incrementado día a día.” El grupo abogó por una estrategia enfocada en la prevención, reinserción y rehabilitación.

Aún faltan los encuentros con los movimientos estudiantil, indígena, campesino y de mujeres en Guatemala; los actos de dolor y esperanza con los familiares de desaparecidos y desaparecidas en México; el cruce de fronteras que reducen seres humanos a objetos de contrabando sin derechos; y la llegada a la ONU. Nadie espera que el fin de la guerra contra las drogas que desangra la región vaya a ocurrir desde arriba, en los solemnes auditorios de los delegados oficiales que viven de la estrategia actual.

Al contrario, está ocurriendo desde abajo, con el caminar juntos de miles de personas organizadas que rechazan la política de guerra y piden paz, vida y justicia.

Info: http://pazvidajusticia.org/

Extractivismo en América Latina: el despojo de los derechos

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De Aroa de la Fuente López, Fundar, Centro de Análisis e Investigación

América Latina se encuentra en una encrucijada. O se ponen medidas para transitar el modelo extractivista del que ha venido haciéndose cada vez más dependiente en las últimas décadas, o la situación de la región se volverá completamente insostenible en términos sociales, ambientales, climáticos e, incluso, fiscales y económicos. Los altos precios de minerales e hidrocarburos que, según un estudio de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), se cuadriplicaron entre 1991 y 2001, conllevaron que la región se volviese más atractiva y rentable para las empresas, como lo muestra que en 2013 captase 27% de la inversión en exploración minera a nivel mundial. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos lo vieron como uno de los principales medios para generar renta pública, inversión extranjera directa, crecimiento económico y aumentar el comercio exterior. Es decir, para mejorar toda una serie de indicadores que a los gobiernos les gusta publicitar como muestras de buena gestión pública.

 

 

Sin embargo, el otro lado de la moneda, que rara vez gobiernos, empresas e iniciativas internacionales, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), señalan en sus informes sobre el desarrollo de la actividad extractiva en los países, es la de los daños sociales, ambientales y climáticos que, por su propia naturaleza, genera. Tampoco incluyen información sobre la sistemática violación de derechos humanos y, en especial, de los derechos de los pueblos indígenas y tribales que acompaña a la actividad extractiva; pues como señala acertadamente el periodista e investigador uruguayo Raúl Zibechi, el extractivismo implica características del estado de excepción permanente, ya que “allí donde se instala el modelo extractivo, las leyes, las protecciones legales a las poblaciones desaparecen”.

 

Ante este hecho, no debería sorprendernos que la explotación de minerales e hidrocarburos, pero también de otros tipos de extractivismo como el hidroeléctrico, el forestal y el agrícola, entre otros, sea una causa permanente de conflicto social y ambiental en América Latina. Por dar sólo un dato, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) tiene identificados, al menos, 210 conflictos provocados por 220 proyectos mineros y que afectan a 315 comunidades. En la lista de países donde estos conflictos ocurren, México se lleva la palma con 37 casos, seguido muy de cerca por Perú y Chile con 36 casos cada uno, Argentina con 26 y, ya más alejado, Colombia con 13. Sin embargo, es importante también mencionar la situación de países que, como Honduras, presentan un número menor de conflictos (en este caso cuatro), pero en los cuales la violencia, hostigamiento, criminalización y asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos es especialmente flagrante.

 

Según un estudio que Global Witness publicó en 2015, de los 116 asesinatos de activistas ambientales y territoriales ocurridos en 2014 que se pudieron identificar (pues existen serios vacíos de información que hacen temer una cifra aún mayor), tres cuartas partes ocurrieron en la región latinoamericana. El país más peligroso es Honduras, donde ha habido 111 asesinatos de activistas entre 2002 y 2014, de los cuales 40% de las víctimas eran indígenas. El desarrollo de actividad hidroeléctrica, minera y agroindustrial es la principal causa de estas muertes violentas.

 

El más reciente caso, ocurrido hace tan sólo unas semanas, es el vil asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ataque del que también fue víctima Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, organización mexicana, y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, a quien aún no se le ha permitido salir de Honduras, pese al riesgo en que está su vida. Días después, fue asesinado el compañero Nelson García, también del COPINH. Este Consejo, así como una diversidad de organizaciones y actores nacionales, regionales e internacionales, denuncian que estos no fueron casos aislados, si no que se dan en un marco generalizado de ataque a defensoras y defensores del territorio. En concreto, señalan su relación directa con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y responsabilizan a la empresa Desarrollos Energéticos.

 

Estos hechos muestran, además, los enormes intereses detrás de los proyectos extractivos y la arraigada corrupción, colusión e impunidad existentes en los países de nuestra región, donde rara vez se hace justicia por estos asesinatos o se ponen en marcha medidas que garanticen la no repetición de actos semejantes. En el ataque a Berta, Gustavo y Nelson y la investigación oficial que le ha seguido se pone de manifiesto cómo los gobiernos se alían con las empresas para llevar adelante proyectos por encima de la voluntad de las poblaciones que habitan los territorios que son invadidos y ocupados sistemáticamente por la actividad extractiva.

 

Ahora, ante la caída del precio de minerales e hidrocarburos esta situación corre el riesgo de agravarse, un nuevo panorama se está abriendo. La disminución en la rentabilidad de los proyectos y en la generación de renta pública, está tratando de ser compensada con un aumento de la producción, que conlleva la ampliación de la frontera extractiva. Pero, además, también viene asociada al debilitamiento de la institucionalidad y regulación social y ambiental, la neutralización de la legislación sobre derechos humanos, la reducción y cierre de espacios a sociedad civil, un aumento de la represión, la limitación del acceso a la información y la regresión fiscal. De esta manera se pretende continuar el modelo extractivo cueste lo que cueste y le pese a quien le pese, dirigiendo a la región a una carrera hacia el fondo.

 

En este panorama, se hace cada vez más urgente la construcción de alternativas al extractivismo. Para ello, se necesita la participación y propuestas de la población, especialmente de aquella que vive y ama los territorios, como es el caso de Berta, el COPINH y tantos pueblos a lo largo de nuestra América. Por eso, el ataque a las y los defensores de los territorios es un ataque contra todas y todos, contra la humanidad, porque, además de la perdida de vidas, atenta contra la construcción de otros modelos y modos de vida que no pongan en peligro a la población y el medio ambiente de la región. Modos que protejan al planeta entero, si consideramos el impacto de la actividad extractiva sobre el cambio climático.

 

Es por ello que, desde la RLIE y PLQP, nos sumamos al llamado de justicia para Berta y Nelson y de seguridad para Gustavo y el COPINH. Exigimos que estos y todos los otros ataques contra defendores y defensoras sean investigados, los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia y se establezcan medidas que garanticen la no repetición.

#JusticiaParaBerta
#SeguridadParaGustavo

Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia en Chiapas

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6 y 7 de abril: Acompáñanos a recibir la Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia en su paso por Chiapas. Estarán presentes familiares de Bertha Cáceres y del COPINH

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, es una amplia iniciativa de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de diferentes naciones que claman por un alto a la guerra contra las drogas. El 28 de marzo partió de Honduras y llegará el 18 de abril a Nueva York en Estados Unidos.

En su paso por México, entrará por la frontera Guatemala – México en La Mesilla – Cd. Cuauhtémoc el día 6 de abril y pasará por San Cristóbal de Las Casas el día 7 por la mañana. En esta etapa de la Caravana, se escucharán las palabras y luchas en la región de la frontera sur de México, invadida por una creciente militarización que agrava año con año la situación de derechos humanos contra los pueblos en defensa y cuidado de la tierra y territorio, así como para las personas migrantes de Centroamérica y Chiapas.

La Caravana propone recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en el combate a las drogas, con el fin de hacerlas presentes en la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril.

En este contexto les convocamos a la sociedad en general, a las organizaciones sociales, a los periodistas y medios de comunicación, a sumarse en los siguientes momentos:

-6 de abril: La Mesilla, Huehuetenango – Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas: A partir de las 2:00 PM, ceremonia pública por parte de Monseñor Álvaro Ramazzinni, y acto público a las 3:00PM durante el paso por la línea fronteriza hacia México.
-7 de abril: Plaza de la Paz, San Cristóbal de las Casas: 8:00 AM, conversatorio público entre movimientos y organizaciones en materia de migración y defensa de la tierra y territorio; e intercambio con medios de comunicación de 10:00 a 11:00AM. Contaremos (por confirmar) con la presencia del Coro de las Abejas de Acteal .

Organizaciones convocantes: Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Junax Ko’tantik Mesa transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), Centro de Derechos  Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Otros Mundos Chiapas y La 72 Hogar – Refugio para Personas Migrantes.

Comunicado de REMA y MAPDER sobre el regreso de Gustavo Castro a México

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Comunicado de prensa – 04 de abril del 2016

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimineto mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncian la inacción de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México durante la retención ilegal de Gustavo Castro Soto en Honduras y su responsabilidad cero en el regreso del activista mexicano a su país.

A  LA OPINIÓN  PÚBLICA

A través del presente comunicado las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) queremos informar que los días 31 de marzo y 01 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió dos comunicados -134/135-, en los cuales realiza afirmaciones sobre los resultados de su gestión vinculada al connacional Gustavo Castro Soto, integrante de REMA/Otros Mundos A.C., quien fue retenido de forma innecesaria, ilegal e injusta en Honduras, aun y a pesar de ser víctima y haber recibido el estatus de testigo protegido, por la causa de haber presenciado el cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres, además de salvar la vida del atetando que él mismo sufrió.

 

Al respecto de los comunicados de la SRE queremos aclarar lo siguiente:

1.- La embajada de México en Honduras bajo la tutela de la embajadora Dolores Jiménez Hernández y del Pedro Barragán, realizaron una excelente actuación de protección garantizando, en todo momento y desde la primera hora, la seguridad e integridad de nuestro compañero Gustavo Castro Soto.

Nuestro profundo agradecimiento por su atinada labor y porque la calidez mostrada hacia un connacional durante toda su estancia es digno de mencionar, toda vez que este tipo de actos por parte de nuestros funcionarios mexicanos, son más una excepción que una regla. Nos congratulamos por ello.

2.- Tenemos discrepancias con partes del contenido de los comunicados emitidos por la SRE en México, porque no es verdad que debido a “las constantes gestiones y solicitudes presentadas por el gobierno mexicano, las autoridades hondureñas reconocen que el Sr. Castro ha venido colaborando de la manera más amplia posible en las investigaciones y que podrá seguir haciéndolo en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua vigente entre ambos países”.

El reconocimiento a la colaboración de Gustavo es únicamente resultado de la disponibilidad personal del propio Gustavo y no tiene que ver en absoluto con la gestión del gobierno mexicano. Por el contrario, lamentamos que desde México la SRE no haya fortalecido el trabajo ni diplomático ni jurídico, para que se lograra la implementación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Gustavo sale de Honduras sin tratado alguno porque la SRE desde México fue incapaz de presionar al gobierno hondureño para su implementación, y en dos de las tres reuniones que sostuvimos con ellos, siempre nos manifestaron que era prioritaria la diplomacia, a pesar de que siempre les manifestamos que “no era correcto” que se hablara de diplomacia cuando lo sucedido a Gustavo estaba totalmente relacionado con la violación de sus derechos, por lo tanto, estábamos ante un hecho flagrante de violaciones tanto de las leyes hondureñas como de los tratados internacionales relacionados con la atención de víctimas.

3.- En su comunicado, citan la constante comunicación establecida con Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, mismas en las que participamos como REMA y MAPDER. La comunicación por parte de la SRE en México, estuvo circunscrita a tres reuniones presenciales, una primera para definir una ruta conjunta de trabajo, en donde Otros Mundos y REMA fuimos quienes solicitamos la aplicación del Tratado; la segunda reunión para que nos mostraran los avances de sus gestiones, mismas que nunca pudimos corroborar por medio de ningún documento o minuta de trabajo, a la vez que nosotros les entregamos información que desconocían, la cual era útil para su mediación diplomática y; la tercer reunión se realizó en el marco de la negativa rotunda por parte de la Sra., secretaria la Lic. Claudia Ruiz Massieu quien simplemente por motivos de “agenda” fue incapaz de recibir a la familia de Gustavo a pesar de realizar una solicitud expresa. Esta negativa refleja la poca sensibilidad de la señora Secretaria, además de que abre la puerta a la especulación sobre sus diferentes formas de actuar cuando, por ejemplo, está de por medio su apoyo a connacionales de su partido político a quienes, aun en categoría de imputados, sacan de España casi de forma inmediata y bajo un despliegue mediático impresionante.

4. La SRE miente cuando hace suponer que “la comunicación mantenida entre las autoridades de México y Honduras durante todo el proceso refleja el excelente estado de las relaciones que existen entre los dos países, la pertinencia del marco jurídico que ambas naciones han construido, así como el compromiso de atender aquellos casos en los que estén involucrados nuestros connacionales”. Reiteramos que la retención de Gustavo estuvo siempre enmarcada en la incertidumbre, opacidad e ilegalidad de la actuación del gobierno hondureño, por lo tanto, fue una acción violatoria de sus derechos que le acrecentó daños psicológicos. Por otra parte, la pertinencia del marco jurídico entre ambas naciones nunca fue instrumentada. El tratado bilateral de asistencia mutua es como si no existiera y la SRE no tiene documentos que hagan valer ese supuesto excelente estado de las relaciones entre ambos países, porque a nosotros nunca nos entregaron un sólo oficio de respuesta del gobierno hondureño a pesar de las peticiones que realizamos para ello.

5.- Lamentamos que la SRE se jacte de que sus gestiones fueron la causal para que Gustavo regresara a México. Los recursos jurídicos interpuestos por los abogados de Gustavo, los amicus, las medidas cautelares solicitadas por organizaciones, el trabajo de la misión internacional, y la gran presión política y mediática generada por cientos de voces y movimientos en el mundo, fueron acorralando al gobierno hondureño quien resistió varias semanas los embates, hasta que finalmente les fue insostenible seguir manteniendo retenido a Gustavo por más tiempo y de forma injustificada. Ambos gobiernos jugaron al desgaste de la presión política y mediática y fueron incapaces de aplicar el único instrumento legal que existe: el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería lamenta la pobre actuación política, diplomática y de falta de respeto a las leyes y a los derechos humanos que desde México realizó la SRE para un connacional que fue re-victimizado y violentado por el estado hondureño.

“Cuando las leyes se violan, los “buenos oficios” diplomáticos o la diplomacia en sí misma no puede ser utilizada como un medio o mecanismo de paz y cordialidad para quien violenta las leyes y viola los derechos humanos. La diplomacia en sí misma debe ser una fuerza permanente de legalidad, certidumbre, transparencia, de no impunidad y de libre determinación”.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS
Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS  (MAPDER)


Este comunicado fue leído en conferencia de prensa este lunes 04 de abril del 2016 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh), en la Ciudad de México.

>> Video de la conferencia: https://www.youtube.com/watch?v=ltPnpvV2Okc&feature=youtu.be

>> Participantes (izquierda a derecha): Miguel Angel Mijangos Leal: REMA; Edgar Cortez: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Gustavo Castro Soto: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México / REMA / MAPDER; Libertad Díaz: Otros Mundos A.C/Amigos de la Tierra México / REMA / MAPDER; Oscar Castro Soto: hermano de Gustavo Castro Soto; Gustavo Lozano: REMA / MAPDER

Encuentro Internacional de los Pueblos «Berta Cáceres Vive»

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Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive”
13, 14 y 15 de Abril de 2016

“!Despertemos¡, !despertemos humanidad¡ ya no hay tiempo”
Berta Cáceres

Con la espiritualidad y fuerza de nuestros ancestros y ancestras, los movimientos sociales y populares del mundo nos auto convocamos, para honrar la lucha de Berta Cáceres, compartiendo sus ideales y el profundo amor por la madre tierra y los bienes comunes de la naturaleza.

Objetivos del Encuentro:

    Impulsar un proceso de coordinación y articulación, desde la solidaridad internacional, para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres y por la liberación del compañero Gustavo Castro.
    Promover el internacionalismo militante por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y la lucha contra el modelo extractivista.

Fecha y Lugar:
13 y 14 de Abril de 2016. – Encuentro en Tegucigalpa.
15 de Abril de 2016. – Movilización hacia el Río Gualcarque, Intibucá.

Inscripción:
Las organizaciones participantes y medios de comunicación pueden inscribirse a través del formulario en http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com/p/inscribete.html

Más información
Para más información visite http://encuentrobertacaceresvive.blogspot.com
También puedes comunicarte al email encuentrobertacaceres@gmail.com
Teléfono: +504 9920-5210
Skype: encuentro.bertacaceres

Convocan:
    Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH)
    Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres y
    Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Fiscalía hondureña interviene empresa a la que se oponía activista ambiental asesinada

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Reuters España

TEGUCIGALPA (Reuters) – La Fiscalía de Honduras intervino a la empresa que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la premiada activista ambiental Berta Cáceres, asesinada este mes en el país centroamericano tras denunciar amenazas de muerte, informaron el jueves las autoridades locales.

En el registro de la empresa local Desarrollos Energéticos (DESA) se decomisaron armas y documentos, aunque la policía todavía no maneja ninguna hipótesis oficial sobre la muerte de Cáceres, acribillada el 3 de marzo por desconocidos en su vivienda.

«El pasado 13 de marzo se intervino por orden judicial la empresa (DESA). De haber indicios suficientes se complementarán con la prueba científica para posteriormente presentar las acciones correspondientes», dijo la Fiscalía en un comunicado.

DESA impulsaba el complejo hidroeléctrico Agua Zarca, en el noroeste del país, al que Cáceres plantó cara con protestas y manifestaciones hasta que logró paralizar una obra que desplazaría a cientos de familias indígenas del río Gualcarque, que consideran sagrado.

No fue posible contactar con responsables de DESA para obtener comentarios.

El Ministerio Público, cuya investigación es objeto de duras críticas de organizaciones locales e internacionales, como Amnistía Internacional, también anunció que dejará salir del país al activista mexicano Gustavo Castro, quien fue testigo del homicidio y temía por su vida.

Un abogado de Castro dijo a Reuters que «saldrá en breve» rumbo a México, donde dirige una organización no gubernamental en Chiapas.

La muerte de Cáceres, maestra y madre de cuatro hijos, desató una condena internacional y llevó a que al Banco de Desarrollo de Holanda (FMO) retirara su apoyo de 15 millones de dólares al proyecto.

Los defensores de la planta de 21 megavatios dicen que fortalecería el suministro eléctrico regional y reduciría el uso de combustibles contaminantes como el petróleo, que todavía suponen más de la mitad de la matriz energética de Honduras.