DECLARACION ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS “BERTA CÁCERES VIVE”

En esta tierra que lucha desde hace mas de 500 años, con el rumor de los ríos libres, la fuerza de las montañas, de los barrios y comunidades; con la furia y ternura de los seres de la naturaleza; el espíritu de ancestras y ancestros, la esperanza y dolor de hombres, infancia y mujeres; todas y todos gentes de Berta, nos convocamos aquí por su memoria y su rebelde vida.

Desde este Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” celebrado en Tegucigalpa y Rio Blanco, Honduras, del 13 al 15 de abril de 2016, en el que participaron cerca de mil quinientas personas pertenecientes a organizaciones sociales y populares hondureñas y a delegaciones de 22 países del mundo quienes hemos discutido, compartido y reflexionado.

DECLARAMOS que estamos conscientes de que el asesinato de Berta Cáceres fue por su lucha y la lucha del COPINH, vinculado al criminal modelo extractivista, neocolonial, y femicida que dirige la extrema derecha hondureña e internacional que avanza en el continente mediante acciones violentas como estos asesinatos, así como otras estrategias en contra de la justicia para los pueblos tal es el intento de imponer un golpe de estado contra el pueblo brasileño, que desde aquí condenamos, y al cual le antecede el nefasto golpe de 2009 en Honduras.

RECONOCEMOS el inmenso aporte ético y de práctica de nuestra compañera Berta y su compromiso con los pueblos en lucha del mundo. Su propuesta hecha vida se sostenía sobre la radicalidad y honestidad de sus palabras; la profundidad de su pensamiento descolonizador, la fuerza espiritual de los pueblos indígenas; un profundo conocimiento y gran confianza en la gente que lucha; y el horizonte internacional de su mirada emancipatoria. Elementos que hacen parte de su legado que hoy hacemos nuestro con alegría y fuerza.

NOS COMPROMETEMOS Con la lucha, pensamiento, quehacer y rebeldía de esta propuesta antipatriarcal, anticapitalista y antirracista para que sigan alimentando las diversas propuestas del mundo que enfrentan a la lógica neoliberal de la muerte, y que ya se están construyendo en distintas partes de este continente.

En este encuentro hemos intentado consensuar ideas, propuestas y articulaciones colectivas entre organizaciones, países e iniciativas políticas con las cuales poner en marcha intenciones y voluntades transformadoras desde la raíz.

Al igual que lo ha planteado la PMSH, la Articulacion Popular Hondureña Berta Caceres, el COPINH y la familia de Berta Cáceres Flores, desde este encuentro.

Nos comprometemos a luchar por:

-Verdad y Justicia ante el crimen de Berta Cáceres Flores que significa el impulso de una investigación a cargo de un equipo que tome en cuenta el contexto en que ella hacia su práctica política y que identifique la totalidad de autores materiales e intelectuales de su asesinato y de otros que son parte de su proyecto de muerte
-El retiro de DESA del territorio lenca, la liberación del Río Gualcarque, luchar por la convergencia de sinergias colectivas, mecanismos de comunicación, acciones territoriales, conformación de un equipo de trabajo con respaldo de la experiencia internacional que logre la anulación de los proyectos extractivistas en territorios hondureños
-El retiro definitivo de la presencia militar de los territorios indígenas, populares, rurales y urbanos.
-El reconocimiento del COPINH como la organización responsable de velar por la protección de su territorio al igual que al OFRANEH y distintas organizaciones legitimas de los pueblos originarios.

En este encuentro y desde las organizaciones de la PMSH nos comprometemos a continuar el proceso de articulación interna y el fortalecimiento de nuestras propuestas para robustecer la acción internacionalista, donde Berta y su práctica es inspiración y horizonte.

 A todos los pueblos, hombres y mujeres, les invitamos a que con energía y unidad ética arreciemos la lucha, no renunciemos nunca a la esperanza, y a vivir por adelantado la utopía de justicia, libertad y autonomía que es nuestro legítimo proyecto de vida y felicidad en esta tierra.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS “BERTA CÁCERES VIVE”

Honduras: situación de los defensores de los derechos humanos

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras (2016/2648(RSP))

-Condena en los términos más enérgicos el reciente asesinato de Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza, así como cada uno de los asesinatos registrados anteriormente de otros defensores de los derechos humanos en Honduras.

-Expresa su profunda preocupación por que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por
la CIDH, las autoridades de Honduras no brindaron a la Sra. Cáceres protección adecuada

-Expresa profunda preocupación por el clima de extrema violencia, en particular contra las
personas LGBTI y aquellos que defienden sus derechos

-Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que la ayuda
europea no fomente ni permita proyectos de desarrollo a menos que estos cumplan la
obligación de realizar una consulta previa y libre e informen a las comunidades indígenas

DESCARGAR AQUÍ

A. Considerando que, según varios informes de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, activistas mediombientalistas, defensores de los derechos de los pueblos indígenas, periodistas, profesionales de la Justicia, sindicalistas, campesinos, activistas de los derechos de la mujer y de las personas LGBTI, entre otros activistas, continúan siendo objeto en Honduras de abusos, violencia, detenciones arbitrarias, amenazas y homicidios;

B. Considerando que el Gobierno de Honduras ha contraído compromisos positivos y ejercido su iniciativa legislativa en materia de protección de los defensores de los derechos humanos, periodistas y profesionales de la Justicia, entre los que figura la apertura de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la disponibilidad de las autoridades nacionales para permitir misiones de control de los derechos humanos de carácter internacional, y la aprobación de la Ley de 2015 relativa a la protección de los defensores de los derechos humanos;

C. Considerando que, a pesar de lo expuesto anteriormente, Honduras es en la actualidad uno de los países más peligrosos de la región para los defensores de los derechos humanos; y que Honduras es uno de los países más violentos del mundo para los activistas medioambientalistas, ya que entre 2010 y 2015 fueron asesinados por lo menos 109 de ellos;

D. Considerando que, de conformidad con la información disponible Berta Cáceres, destacada experta en cuestiones de medio ambiente, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su domicilio por hombres no identificados; y que su muerte generó una ola de indignación a escala
internacional y preocupación en la opinión pública en relación con los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y del derecho de propiedad de la tierra en Honduras;

E. Considerando que el 16 de marzo de 2016, apenas dos semanas más tarde, fue asesinado Nelson García, otro miembro del COPINH; y que la rápida intervención de las autoridades de Honduras condujo a la detención de su supuesto asesino;

F. Considerando que Gustavo Castro Soto, ciudadano mexicano, único testigo del asesinato de la Sra.  Cáceres, que fue herido de bala, no pudo abandonar el país durante casi un mes por razones ligadas a la investigación; y que el 6 de abril de 2016 fue autorizado a abandonarlo el país;

G. Considerando que el Gobierno de Honduras condenó rápidamente este crimen abominable, confirió a la investigación sobre el asesinato de la Sra. Cáceres carácter prioritario a escala nacional, e informó a la opinión pública sobre los avances realizados; y que el Gobierno ha solicitado oficialmente la cooperación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación con la investigación de este asesinato;

H. Considerando que Berta Cáceres, que vivía bajo una amenaza permanente, se beneficiaba de medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, según informaciones difundidas, Honduras no aplicaba adecuadamente; y que la Sra. Cáceres es uno de los 15 defensores de los derechos humanos que han perdido la vida entre 2010 y 2016 en Honduras a pesar de beneficiarse de medidas cautelares;

I. Considerando que estos asesinatos registrados recientemente deben examinarse en el contexto de la resistencia pacífica que realizan desde hace una década el COPINH y otros activistas contra la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, en el río Gualcarque, un proyecto de dimensiones faraónicas que depende en gran medida de la tecnología y de los inversores europeos que, al parecer, se está construyendo sin haber realizado previamente una consulta libre y después de haber informado a las comunidades indígenas con vistas a la obtención de su consentimiento, tal como exige el Convenio 169 de la OIT; y que el banco neerlandés de desarrollo, el FMO, y Finnfund han suspendido los pagos en favor del proyecto de la presa de Agua Zarca, del que Berta Cáceres era una destacada opositora;

J. Considerando que el asesinato de Paola Barraza el 24 de enero de 2016, defensora de los derechos de las personas LGBTI, mujer transexual y miembro de la Asociación Arcoiris, pone de relieve el creciente peligro al que se enfrenta la comunidad LGBTI en Honduras; que su asesinato es el último de una serie de muertes violentas de miembros activos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI en los últimos 11 meses, entre las que figuran los asesinatos de Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (también conocida como Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zuniga, Henry Matamoros y Josselin Janet Aceituno Suazo; que se han recibido informaciones en el sentido de que desde 1994 han sido asesinadas en Honduras 235 personas LGBTI y que solamente son 48 los casos que se han puesto en manos de los tribunales; y que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado que el 92 % de los delitos no han sido investigados correctamente, por lo que siguen sin
resolverse;

K. Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Frost, declaró el 18 de marzo 2016 que este ciclo de violencia solo se detendrá cuando se aborde la impunidad y los autores de estos ataques sean puestos a disposición judicial, e hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades hondureñas adopten medidas concretas con carácter inmediato para velar por la seguridad de los defensores de los derechos humanos y de sus familiares en el país;

L. Considerando que Honduras se encuentra en fase de reforma de su código penal, que debería basarse en los convenios internacionales y convertirse en un instrumento importante para garantizar los derechos de los grupos vulnerables;

M. Considerando que la Unión y sus Estados miembros apoyan el fortalecimiento del sector judicial y de los derechos humanos mediante diversos programas y proyectos de cooperación, en particular el Programa de apoyo a los derechos humanos en Honduras (PADH) y Eurojusticia;

N. Considerando que varios Estados miembros de la Unión todavía no han ratificado el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, por lo que el «diálogo político» no ha entrado en vigor; y que el respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, civiles y políticos de los pueblos de las dos regiones son elementos fundamentales del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica;

1. Condena en los términos más enérgicos el reciente asesinato de Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza, así como cada uno de los asesinatos registrados anteriormente de otros defensores de los derechos humanos en Honduras, y transmite su más sentido pésame a las familias y amigos de todos estos defensores de los derechos humanos;

2. Rinde homenaje a la Sra. Cáceres, activista medioambiental hondureña y dirigente indígena del pueblo lenca, cofundadora y coordinadora del COPINH, quien dedicó su vida a la lucha por una sociedad más democrática en su país; pone de relieve que su asesinato es un caso emblemático en un país en el que se registra un número extremadamente elevado de homicidios y una impunidad generalizada;

3. Expresa su profunda preocupación por que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, las autoridades de Honduras no brindaron a la Sra. Cáceres protección adecuada; pide al Gobierno de Honduras que movilice todos los medios a su alcance con objeto de aplicar eficazmente las 92 medidas cautelares de la CIDH vigentes en el país en la actualidad y que impida que se registren hechos similares contra otros activistas medioambientales e indígenas que están amenazados;

4. Pide, con carácter de urgencia, que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, independientes, objetivas y exhaustivas sobre estos y otros asesinatos registrados anteriormente con el fin de llevar a sus autores intelectuales y materiales ante la justicia y poner fin a la impunidad; acoge con satisfacción que, a petición del Gobierno de Honduras, la investigación sobre el asesinato de la Sra. Cáceres incluya a representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la OEA; considera que los instrumentos disponibles en el marco de las Naciones Unidas y de la CIDH, como una investigación internacional independiente, conforme a lo solicitado por las víctimas, podrían contribuir a asegurar una investigación imparcial y razonable de estos asesinatos;

5. Expresa profunda preocupación por el clima de extrema violencia, en particular contra las personas LGBTI y aquellos que defienden sus derechos; subraya la necesidad de llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre los asesinatos de miembros activos de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI;

6. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la protección contra la discriminación y los delitos motivados por el odio por razones de orientación sexual e identidad de género y de desarrollar directrices de buenas prácticas en estrecha cooperación con la sociedad civil; pide la inclusión de nuevas medidas apropiadas para evitar los actos de discriminación y los delitos motivados por el odio y la protección de la comunidad LGBTI como parte de toda revisión del código penal;

7. Acoge con satisfacción las últimas reformas legales y los esfuerzos del Gobierno de Honduras por aliviar la situación actual de los defensores de los derechos humanos en el país, si bien está profundamente preocupado por la situación general de los derechos humanos en Honduras; pide a las autoridades hondureñas que apliquen y desarrollen plenamente la ley de 2015 en vigor relativa a la protección de los defensores de los
derechos humanos y que velen por que, en un marco de cooperación adecuada con la sociedad civil, el sistema nacional de protección de los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los profesionales de la Justicia sea plenamente operativo y cuente con una financiación adecuada; pide al Gobierno de Honduras que aplique plenamente las recomendaciones recogidas en el último examen periódico universal;

8. Expresa su reconocimiento con respecto al trabajo realizado por el jefe de la Delegación de la Unión en Honduras, Ketil Karlsen, y por su equipo en apoyo de los defensores de los derechos humanos de Honduras; pide a la Delegación de la Unión y a las embajadas y consulados de los Estados miembros en el país que hagan un seguimiento y controlen activamente los procesos relacionados con la investigación de los asesinatos de los defensores de los derechos humanos y que intensifiquen sus esfuerzos para defender a los
defensores de los derechos humanos actualmente en peligro;

9. Considera que las actividades de los inversores europeos deben integrarse en un conjunto sólido de políticas de protección social y medioambiental; apoya firmemente la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, con la inclusión de requisitos claros de diligencia debida, garantías en materia de gestión de riesgos y la puesta a disposición de remedios eficaces, si procede; acoge con satisfacción que tanto el FMO como Finnfund hayan condenado públicamente el asesinato
de Berta Cáceres y que se hayan pronunciado a favor de una investigación exhaustiva, así como que el 16 de marzo de 2016, a raíz de las informaciones sobre el asesinato de Nelson García, el FMO haya suspendido todas sus actividades;

10. Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que la ayuda europea no fomente ni permita proyectos de desarrollo a menos que estos cumplan la obligación de realizar una consulta previa y libre e informen a las comunidades indígenas, que velen por una consulta adecuada a todas las comunidades afectadas y que apliquen in situ unas garantías sólidas en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales;

11. Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica; insta al Consejo a que desarrolle una política coordinada con respecto a Honduras que comprometa a los 28 Estados miembros y a las instituciones de la Unión con un mensaje decidido común en relación con el papel de los derechos humanos en las relaciones entre la Unión y Honduras y en la región en su conjunto;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, la Comisión, a los Parlamentos nacionales de los 28 Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Honduras, a la Secretaria de Integración Económica Centroamericana, al Parlacen, a la Asamblea Parlamentaria
EuroLat y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

[VIDEO] Primera Feria de tecnología apropiada: agua y saneamiento desde un enfoque de género

Nota informativa y video de Otros Mundos A.C.

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El 11 de marzo, la Casa de la Enseñanza en el centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, abrió sus puertas a la «Feria de tecnología apropiada: agua y saneamiento desde un enfoque de género». El evento fue el fruto de un gran trabajo de diversos grupos comunitarios de la entidad y de la articulación de cuatro asociaciones civiles mexicanas: Mujer y Medio Ambiente A.C., Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Foro para el Desarrollo Sustentable A.C. y el Centro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C (CEPAZDH).

Con el apoyo financiero de la fundación Volkart, estas organizaciones vienen trabajando en temas de agua y saneamiento desde un enfoque de género desde hace tres años. Realizaron esta feria en el marco del proyecto “Agua y género: alternativas comunitarias en Chiapas 2015” que involucra a mujeres y hombres de varias comunidades de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Huixtán, Chenalhó, Simojovel, Chilón y Las Margaritas.

La idea de realizar la Feria surgió como una necesidad de compartir las experiencias de uso de ecotecnias para la gestión del agua y el saneamiento que se viven en las comunidades de Chiapas, desde un enfoque de género. Sirvió para rescatar en particular la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas por las mujeres que fortalecen su participación en los trabajos comunitarios y por ende contribuyen a su empoderamiento colectivo.

Consideramos que la participación de compañeros en esta Feria permitió sensibilizarlos y al público a la importancia de la equidad de género en los procesos comunitarios de gestión del agua y de saneamiento.

La Feria fue la ocasión de mostrar una parte de la gran diversidad de colectivos y organizaciones que promueven alternativas tecnológicas para un mejor uso y cuidado de nuestros bienes comunes. Se facilitó un intercambio de experiencias en donde las y los participantes pudieron dialogar acerca de sus logros y desafíos con respecto a la implementación y el mantenimiento de diversas ecotecnias para la gestión el agua y el saneamiento y otros procesos en sus comunidades.

Información relacionada:

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Saludos al Encuentro Internacional «Berta Cáceres»

Saludo a Honduras

Al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
A la familia de Bertha Cáceres y de Nelson García
A las organizaciones y movimientos de Honduras

Las organizaciones, movimientos y colectivos que conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), así como la organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra-México damos un saludo a todos/a ustedes y celebramos la realización del Encuentro Internacional de Solidaridad con los Pueblos “Bertha Cáceres”.

Estamos presentes porque nos une la defensa de nuestra madre tierra y porque junto a ustedes resistimos esta barbarie e irracional explotación de nuestros bienes comunes naturales que pretenden los capitales trasnacionales, quienes sólo han traído como consecuencia la violencia en nuestros territorios, la persecución de quienes con valentía y dignidad defienden la vida, la división de los pueblos y en consecuencia, fomentan la impunidad y acrecentan la violación recurrente de nuestros derechos. En México también padecemos los efectos de este modelo extractivo depredador que se alimenta del despojo de las poblaciones y que intenta arrasarnos y exterminar nuestras formas de vida y nuestra comunalidad. Los asesinatos, las amenazas, el encarcelamiento, el hostigamiento, todas estrategias promovidas por los intereses de las trasnacionales en colusión con los gobiernos, se han vuelto parte del cotidiano en las comunidades, organizaciones, movimientos, estudiantes, periodistas y en general de mujeres y hombres que defienden los derechos humanos y de la naturaleza.

Nos indigna y duele el asesinato de nuestra compañera y amiga Bertha Cáceres, de Nelson García y de todas y todos los compañeros acaecidos en Honduras, a la vez que nos anima también el legado de sus luchas, porque nos brindan la posibilidad para continuar creciendo y consolidando una Latinoamérica unida, solidaria, libre de proyectos de muerte, donde los ríos corran en libertad, la tierra florezca y los pueblos y comunidades determinemos de forma libre y soberana el futuro de nuestras familias; ese es nuestro derecho y por eso lo defendemos.

Estamos seguros que la organización y la vinculación entre los pueblos es la base para crear alternativas de vida distintas a las que nos ofrece el capitalismo. Es precisamente la fuerza y unión de los pueblos organizados que tenemos el potencial para detener la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera en Latinoamérica. Pararemos la discriminación hacia los pueblos indígenas y campesinos; evitaremos el despojo y desplazamiento forzado que nos generan esos proyectos de muerte; combatiremos la represión y la impunidad de los gobiernos corruptos coludidos en el saqueo de nuestras naciones.

Bertha Cáceres y el COPINH han sembrado la esperanza en Latinoamérica y nuestro compromiso es llevarla con la misma fuerza a nuestros países, pueblos y organizaciones para que nuestros ríos corran libres y limpios, para que nuestras montañas sigan proveyéndonos de vida.

Nuestro profundo agradecimiento para la familia de Bertha Cáceres, el COPINH y a los movimientos de Honduras por toda la solidaridad que mostraron para nuestro hermano Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas A.C., grupo  miembro de nuestras redes.

El asesinato de Bertha y el atentado a Gustavo nos une en la lucha para que Agua Zarca no se construya y para hacer justicia al pueblo Lenca.

¡JUSTICIA PARA BERTA Y NELSON!

Otros Mundos Chiapas A.C./Amigos de la Tierra-México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Organizaciones y movimientos contra las represas de Latinoamérica

Declaración Final: I Asamblea de la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE”

Reunidas y reunidos en la Ciudad de Tegucigalpa, Capital de la República de Honduras los movimientos populares integrados a la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE ”, acuerdan comenzar el trabajo por la UNIDAD construyendo los PRINCIPIOS que regirán la agenda de lucha de los sectores organizados del Pueblo por la liberación de la patria.

Vivimos un momento político, social y económico caracterizado por la pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de la población y por la persecución, amenaza y asesinato de los y las luchadores (as) sociales.

En Honduras se consolida un modelo represivo, autoritario que ataca abiertamente a las organizaciones populares.

Hay una voluntad expresa de las oligarquías entreguistas y las empresas transnacionales de apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza, mediante las concesiones de los territorios, los ríos y las riquezas de los subsuelo a intereses de pequeños grupos capitalistas nacionales y extranjeros.

Estas condiciones adversas para las luchas de los pueblos se dan en el marco de un recrudecimiento de la estrategia imperialista, de militarización y ataque a nuestros territorios y fortalecimiento a las derechas latinoamericanas. En el marco de este contexto, se plantea lo siguiente:

1. Esclarecimiento del femicidio político de la compañera Berta Cáceres Flores; exigimos la implementación de una comisión internacional independiente de investigación a través de la CIDH que sea de plena confianza de COPINH y de las organización de la Articulación Popular Hondureña “Berta Cáceres VIVE”. Rechazamos que la investigación de su crimen se haga a través de la MACCIH, a la que vemos como un instrumento para manipular a la opinión pública nacional e internacional.

2. Cancelación de manera inmediata y definitiva de la concesión otorgada a la empresa DESA constructora del proyecto hidroeléctrica “Agua Zarca” y cancelación de las concesiones a proyectos extractivos que saquean el territorio nacional.

3. Demandamos el cese inmediato a la persecución, criminalización y judicialización de los líderes, lideresas y organizaciones populares.

4. Rechazamos la remilitarización de la sociedad y de nuestros territorios como instrumento de represión y control.

5. Nuestra compañera Berta Cáceres Flores fue asesinada con balas tal como son asesinadas miles de mujeres, por femicidio, y hombres con las políticas de “limpieza social ” que se ejerce desde el Estado en contubernio con grupos paramilitares. Exigimos un cese a la violencia y la muerte.

6. Condenamos el ataque permanente hacia los trabajadores y trabajadoras despedidos injustificadamente por el régimen, siguiendo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y demás organismos financieros, que continúa profundizando la aplicación del modelo neoliberal.

Reafirmamos que seguimos en la lucha contra este sistema de muerte y a favor de la vida, arreciaremos nuestras demandas en UNIDAD y con FUERZA para exigir justicia por el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres Flores.

¡Berta No Murió, Se multiplicó!

¡Unidas, Unidos Venceremos!

¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!

Tegucigalpa MDC sábado 9 de abril de 2016

Nota de prensa de la Misión Internacional «Justicia para Berta Cáceres Flores»

Comunicado de prensa:

Lanzamiento del Informe de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”: El asesinato de Berta Cáceres evidencia que Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores de Derechos Humanos

Buenos Aires, Ciudad de México, San Salvador, Madrid, Bruselas, 11 de abril de 2016

Con ocasión del Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” del 13 al 15 de abril en Honduras, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” conformada por parlamentarias/os, juristas y representantes de organizaciones y redes internacionales en defensa de Derechos Humanos, publica sus observaciones y recomendaciones recabadas en la visita al país del 17 y al 21 de marzo.

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarias/os, juristas y representantes de organizaciones sociales, sindicales y en defensa de Derechos Humanos de diferentes países, desplegó una intensa actividad en Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016.  Respondiendo a la petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y de una extensa red de solidaridad internacional en apoyo al pueblo hondureño, centró su acción en pedir el esclarecimiento del brutal asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres Flores, la noche del 2 de marzo de 2016, y la liberación del dirigente social mexicano Gustavo Castro Soto, testigo herido en el asesinato a Berta. 

La Misión Internacional valora positivamente la decisión del Ministerio Público de Honduras, anunciada el 31 de marzo, de retirar la «prohibición de salir del país» contra Gustavo Castro,  permitiendo efectivamente su regreso a México y el reencuentro con su familia y comunidad. En segundo lugar, reconoce la decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica, anunciada el 1 de abril, de suspender el desembolso al proyecto Agua Zarca, una de las causas del crimen político contra Berta Cáceres Flores, siguiendo las reacciones de los financiadores del proyecto tales como FMO (Holanda) y Finnfund (Finlandia). Ante estos hechos, la Misión se hace eco de las valoraciones del COPINH: “No debemos dudar en que ninguno de estos puntos han sido mediante concesiones de los grupos de poder que están en juego, sino que han sido logros de la movilización popular desencadenada dentro y fuera de nuestro país”. Entre sus conclusiones, la Misión destaca que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de Derechos Humanos y una debilidad manifiesta del estado de derecho, agravados a partir del golpe de estado del 2009. Observa la ausencia de garantías para el respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos así como la falta de voluntad política para acabar con la impunidad imperante. Según el informe publicado hoy, «el sistema de protección de los Derechos Humanos del Estado hondureño no funciona» y que el Gobierno hondureño «ha fracasado en la protección de Berta Cáceres Flores por incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».  La Misión tampoco pierde de vista una «práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como titulares de derecho».

En el informe se formula 25 recomendaciones al Estado de Honduras y otras instituciones, como la Unión Europea, el Gobierno de los Estados Unidos, la empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  Entre otras, la Misión respalda la petición de una investigación independiente, con la participación de expertos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permite identificar los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres así como los responsables del conjunto de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de los y las integrantes del COPINH.  La Misión Internacional pide cancelar de manera inmediata el proyecto Agua Zarca y todas las concesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, así como otras relacionadas con hidroeléctricas,   minería, explotaciones agroindustriales y forestales, reñidas también con la sostenibilidad ambiental y la aceptación social, especialmente cuando las mismas se ubican en territorios indígenas. Reclama la desmilitarización de los territorios indígenas, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria. La Misión además recomienda al Consejo de la Unión Europea a suspender Honduras del Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras incumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicita al Gobierno de España y los Estados miembros de la UE evaluar su financiación al programa EuroJusticia, suspendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las responsabilidades sobre el asesinato de Berta.  También solicita al gobierno de EE.UU. aclarar su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros programas similares, mientras no se garanticen los derechos humanos en Honduras. Asimismo, además de comprometer la continuidad del trabajo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” llama a redoblar las acciones de solidaridad con los y las integrantes de COPINH, la familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro y todas las organizaciones y personas hondureñas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en su lucha contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo sometidos.

La Misión agradece profundamente la inspiración, los testimonios y el apoyo recibidos durante su visita en el país, y hace suyo la petición de la familia de Berta Cáceres y del COPINH, para contar con el acompañamiento internacional con el fin de garantizar el derecho a la vida de los miembros del COPINH. Petición que se presentará también en el Encuentro Internacional de Solidaridad que tiene lugar los días 13, 14 y 15 de abril, en Tegucigalpa y La Esperanza/Río Gualcarque.

Recursos

•    Resumen ejecutivo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”
•    Informe completo de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres»
•    Información sobre el Encuentro Internacional de Solidaridad

Contacto para la Prensa:

América Latina:
Ana Sandoval/Martha Flores (Jubileo Sur Américas):  jubileosur@gmail.com

Europa:
•    Tom Kucharz : tomkucharz@gmail.com – (34) 619 94 90 53
•    Mónica Vargas (Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad): m.vargas@tni.org – 00  34-66202649700  

 
La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” fue integrada por:

  • Miguel Urbán Crespo – España, Miembro del Parlamento Europeo por PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos.
  • Candelaria Ochoa – México- Doctora en Antropología Social y Diputada del Congreso de la Unión.
  • Pedro Arrojo – España, Doctor en Ciencias Físicas – Profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y Diputado por PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España.
  • Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Miembro de la Comisión de Verdad de Honduras.
  • Nora Cortiñas – Argentina, defensora de los derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión de Verdad de Honduras.
  • Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales que representa 12.2 millones de afiliados) y en representación de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas.
  • Beverly Keene – Argentina, Diálogo 2000 y Jubileo Sur/Américas.  Integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
  • Natalia Atz Sunuc – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
  • Gustavo Lozano – México, Abogado del Centro Mexicano de Justicia Ambiental y del Movimiento Mexicano de Afectados(as) por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)   en articulación con el movimiento centroamericano.
  • Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia.
  • Adolfo Taleno – Nicaragua, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos.
  • Bartolomé Chocoj Camey – Guatemala, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos.
  • José Olvera – México, Unión Nacional de Trabajadores (UNT) México y Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA).
  • Everardo Piche – El Salvador, Coordinación de la Red de Ambientalistas Comunitarios y de Jubileo Sur / Américas.
  • Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo. Integrante Ecologistas en Acción y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.

 

CIDH presenta informe sobre industrias extractivas y derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”. El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.

Las actividades extractivas y de desarrollo, que están en aumento en la región, son generalmente implementadas en los territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales. La CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que tales emprendimientos pueden tener para la prosperidad y el desarrollo económico de los países de América. Sin embargo, el desarrollo económico de los Estados Miembros no puede realizarse en detrimento de sus obligaciones fundamentales de respetar y garantizar derechos humanos.

 

Los Estados receptores y los Estados de origen de las empresas que ejecutan estos proyectos tienen obligaciones específicas en esta área. El informe desarrolla cuáles son estas obligaciones con miras a garantizar que el desarrollo económico no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro-descendientes. Los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos. Asimismo, deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia.

La obligación de los Estados incluye el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, es decir, se aplica desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización. Esta obligación incluye la necesidad de evaluar eficazmente los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de que sean autorizadas.

Además, el deber de actuar con debida diligencia requiere que los Estados adopten un marco regulatorio apropiado para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos. Dicha obligación también incluye el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que pueden verse afectadas; la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a información facilitadora del ejercicio de derechos; la obligación de supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y otros actores no estatales; el deber de prevenir actividades ilegales y otras formas de violencia; y medidas para asegurar un adecuado acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación plena de las violaciones de derechos humanos en estos contextos.

Esta obligación de alcance amplio también comprende la consideración de impactos diferenciados y adversos sobre grupos específicos como líderes, autoridades y defensores indígenas o afrodescendientes, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El informe concluye con una lista de recomendaciones prácticas, tanto generales como específicamente adaptadas para la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este conjunto de recomendaciones procura promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito. La Comisión insiste de forma particular en la necesidad de adoptar e implementar legislación doméstica para proteger los derechos humanos y el establecimiento de sistemas de monitoreo, control y supervisión de las actividades de compañías extractivas y de desarrollo. El informe incluye recomendaciones orientadas hacia los Estados receptores (donde se ejecuta el proyecto) y los de origen (donde tiene sede la empresa).

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Leer/descargar informe completo (.pdf)

Vía Movimiento M4

 

COPINH: seguimos nuestra lucha, exigimos justicia

COMUNICADO COPINH del 08 de abril del 2016
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, a la comunidad nacional e internacional informa, comunica y denuncia lo siguiente:

1. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional para que haya una investigación objetiva, imparcial, no racista, que esclarezca los hechos en torno al asesinato político de nuestra compañera y Coordinadora General Berta Cáceres, que lleve a la verdad y la justicia de manera que se aplique la ley a los verdaderos asesinos tanto materiales como intelectuales, así como que se conozcan los hechos y móviles por los cuales se planificó y realizó su asesinato, sin embargo reiteramos que el Estado de Honduras sigue incumpliendo sus obligaciones a este respecto. Sin aceptar nuestras peticiones como la comisión internacional independiente de investigación y de plena confianza a nuestra organización, razón por la cual no hemos confiado, no confiamos ni jamas confiaremos en las leyes jurídicas nacionales y denunciar la manipulación de investigación del vil y horrendo asesinato de nuestra compañera Berta Caceres por las autoridades jurídicas de nuestro país. Y que el señor Juan Orlando Hernandez no ha mostrado su verdadera voluntad política en agilizar el proceso de investigación y a un mes del asesinato, ni los familiares de la compañera , ni el COPINH han recibido un informe oficial por parte del gobierno sobre como va el proceso de investigación de los hechores tanto materiales como intelectuales

2. Informamos que el retorno del compañero Gustavo Castro Soto a su casa, en ningún modo significa que el Estado de Honduras este liberado de su responsabilidad por daños morales, jurídicos y económicos hechos a Gustavo Castro Soto durante su cautiverio.

3. Según los principios y estatutos del COPINH, el compañero Tomas Gomez Membreño que actualmente ha desempeñado el cargo de Coordinador de Organización, oficialmente asume el cargo de Coordinador General de nuestra organización, teniendo la responsabilidad para firmar todo tipo de convenios de cooperación con organizaciones fraternas, tanto nacionales como internacionales que sean de suma interés exclusivamente para el COPINH.

4. Denunciamos que hay organizaciones y personas que estan utilizando el nombre de nuestra compañera Berta Cáceres, para gestionar financiamiento para el COPINH, que no tienen por objetivo fortalecer nuestra organizacion sino beneficiarles a ellos mismos.

En vista de lo cual queremos hacer de conocimiento publico que los enlaces oficiales exclusivos para que toda persona u organización nacional o internacional que tenga interés de ayudar y apoyar al COPINH son: Tomas Gomez Coordinador General Interino de COPINH y Lilian Lopez de la Coordinación de finanzas. El contacto directo con los enlaces oficiales de COPINH son: telefono (504) 2783 0817 y correo electrónico es administracion@copinh.org

Cualquier financiamiento o apoyo solidario que no se haga por medio de los enlaces oficiales no son reconocidos por COPINH.

BERTA VIVE!!!

Intibucá 08 de abril del 2016

Con la fuerza ancestral de Iselaca, Etempica y Mota se levantan nuestras voces llenas de Vida, Justicia, Paz, Dignidad y Libertad.

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, en la ruta de la violencia y la resistencia

Laura Carlsen, Desinformémonos

Al principio, sonaba alocado. Una caravana internacional que viaja por cinco países en 23 días para explorar los cruces entre la prohibición, la violencia y la resistencia. ¿Por qué y cómo respondería la gente en las ciudades y las comunidades que visitara?

La política de drogas no es un tema que esté en la agenda de todos los movimientos y sociedades de la región México-América Central. Las encuestas muestran un rechazo popular a la legalización de la mariguana y otras drogas y, a pesar del creciente consenso de que la guerra contra el narcotráfico ha sido un tremendo fracaso, se habla poco de las alternativas. En la sociedad, el tema es prácticamente tabú, excepto en algunos lugares y entre grupos especializados.

Es precisamente esta situación lo que la Caravana busca cambiar. La ruta refleja el compromiso de levantar las voces de las víctimas y de los héroes de la guerra contra las drogas, y resulta que son los mismos. Desde su dolor, las víctimas se están convirtiendo de manera organizada en las personas que luchan por la paz y la justicia, y por una salida a la guerra.

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia inició el 28 de marzo en Tegucigalpa, frente a la prensa nacional y las organizaciones sociales y de derechos humanos de un Honduras afligido por la violencia. Se anunció el objetivo de abrir el diálogo sobre las políticas de drogas y se trazó el itinerario desde Honduras a Nueva york, con la intención de llegar hasta las puertas de las Naciones Unidas, que realiza una Sesión Especial sobre las Drogas a partir del 19 de abril. Los representantes hondureños, no muy acostumbrados al tema de las drogas, contaron la situación de estar en medio de la violencia y los abusos de los grupos criminales, por un lado, y las fuerzas militares, paramilitares y policiacas por otro, en un contexto de ausencia de estado de derecho.

El camino siguió hasta La Ceiba, en la costa caribeña, para reunirse con la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) del pueblo indígena garífuna. Miriam Miranda, dirigente de la organización, dijo a la caravana en el acto de recibimiento: “No queremos seguir aceptando que en nombre del combate al narcotráfico asesinan a nuestros hijos e hijas, desplazan a nuestras comunidades, militarizan nuestros territorios. No podemos aceptar que se invierta mucho más en la supuesta seguridad de los estados y no invierten en la salud pública, en la educación. Hay desabasto en los centros de salud, no hay pastillas, no hay nada, y en cambio, hay muchas armas, hay mucho dinero para supuestamente combatir el narcotráfico.”

OFRANEH denunció el asesinato de dos jóvenes garífunas el 28 de diciembre por la Fuerza Naval hondureña. Llegaron a la reunión también familiares de las víctimas de la masacre de Ahuas, donde un helicóptero del Departamento de Estado de EEUU con elementos de la DEA y policías hondureños dispararon contra habitantes del lugar, matando a cuatro.

Al día siguiente, subieron a la caravana cinco garífunas con dos tambores tradicionales para seguir el camino hasta Nueva York.

En su trayectoria, la caravana ha juntado un grupo de unas 35 personas de 7 países —familiares de víctimas, representantes de luchas sociales, expertos— y sigue creciendo. La diversidad en todos los sentidos hace de la convivencia un descubrir constante.

Volviendo a cruzar el país hacia el occidente, se hizo una parada obligatoria en Utopía, el centro del Consejo Cívico de pueblos Indígenas de Honduras, COPINH. Hace un mes, fue asesinada Berta Cáceres, su coordinadora. Su lucha por los territorios del pueblo lenca llevó a que el gobierno hondureño la metiera a la cárcel, las empresas la amenazaron y finalmente unos sicarios la mataron.

Reunidos en un círculo alrededor del altar a Berta, con el humo del incienso suspendido en el aire, el COPINH reafirmó su compromiso con la caravana que Berta ayudó a organizar. La caravana salió de las montañas hondureñas con dos integrantes del COPINH abordo, y una más en espíritu.

De Honduras, la entrada a El Salvador representó un fuerte cambio de contexto. El gobierno salvadoreño ha instrumentado una política represiva hacia las pandillas. La caravana fue recibida por iglesias congregadas en Comunidades de Fe Organizadas por la Acción. En el marco de la caravana y frente a la violencia en el país, abonada por las condiciones de pobreza y marginalidad, declararon:

“El solo abordaje de tipo represivo ha convertido nuestras comunidades en territorios extremadamente violentos… A pesar de los distintos esfuerzos y millones de dólares invertidos por los países más poderosos para ayudar a combatir este flagelo en la región, lejos de disminuirse, el problema se está incrementado día a día.” El grupo abogó por una estrategia enfocada en la prevención, reinserción y rehabilitación.

Aún faltan los encuentros con los movimientos estudiantil, indígena, campesino y de mujeres en Guatemala; los actos de dolor y esperanza con los familiares de desaparecidos y desaparecidas en México; el cruce de fronteras que reducen seres humanos a objetos de contrabando sin derechos; y la llegada a la ONU. Nadie espera que el fin de la guerra contra las drogas que desangra la región vaya a ocurrir desde arriba, en los solemnes auditorios de los delegados oficiales que viven de la estrategia actual.

Al contrario, está ocurriendo desde abajo, con el caminar juntos de miles de personas organizadas que rechazan la política de guerra y piden paz, vida y justicia.

Info: http://pazvidajusticia.org/

Extractivismo en América Latina: el despojo de los derechos

De Aroa de la Fuente López, Fundar, Centro de Análisis e Investigación

América Latina se encuentra en una encrucijada. O se ponen medidas para transitar el modelo extractivista del que ha venido haciéndose cada vez más dependiente en las últimas décadas, o la situación de la región se volverá completamente insostenible en términos sociales, ambientales, climáticos e, incluso, fiscales y económicos. Los altos precios de minerales e hidrocarburos que, según un estudio de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), se cuadriplicaron entre 1991 y 2001, conllevaron que la región se volviese más atractiva y rentable para las empresas, como lo muestra que en 2013 captase 27% de la inversión en exploración minera a nivel mundial. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos lo vieron como uno de los principales medios para generar renta pública, inversión extranjera directa, crecimiento económico y aumentar el comercio exterior. Es decir, para mejorar toda una serie de indicadores que a los gobiernos les gusta publicitar como muestras de buena gestión pública.

 

 

Sin embargo, el otro lado de la moneda, que rara vez gobiernos, empresas e iniciativas internacionales, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), señalan en sus informes sobre el desarrollo de la actividad extractiva en los países, es la de los daños sociales, ambientales y climáticos que, por su propia naturaleza, genera. Tampoco incluyen información sobre la sistemática violación de derechos humanos y, en especial, de los derechos de los pueblos indígenas y tribales que acompaña a la actividad extractiva; pues como señala acertadamente el periodista e investigador uruguayo Raúl Zibechi, el extractivismo implica características del estado de excepción permanente, ya que “allí donde se instala el modelo extractivo, las leyes, las protecciones legales a las poblaciones desaparecen”.

 

Ante este hecho, no debería sorprendernos que la explotación de minerales e hidrocarburos, pero también de otros tipos de extractivismo como el hidroeléctrico, el forestal y el agrícola, entre otros, sea una causa permanente de conflicto social y ambiental en América Latina. Por dar sólo un dato, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) tiene identificados, al menos, 210 conflictos provocados por 220 proyectos mineros y que afectan a 315 comunidades. En la lista de países donde estos conflictos ocurren, México se lleva la palma con 37 casos, seguido muy de cerca por Perú y Chile con 36 casos cada uno, Argentina con 26 y, ya más alejado, Colombia con 13. Sin embargo, es importante también mencionar la situación de países que, como Honduras, presentan un número menor de conflictos (en este caso cuatro), pero en los cuales la violencia, hostigamiento, criminalización y asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos es especialmente flagrante.

 

Según un estudio que Global Witness publicó en 2015, de los 116 asesinatos de activistas ambientales y territoriales ocurridos en 2014 que se pudieron identificar (pues existen serios vacíos de información que hacen temer una cifra aún mayor), tres cuartas partes ocurrieron en la región latinoamericana. El país más peligroso es Honduras, donde ha habido 111 asesinatos de activistas entre 2002 y 2014, de los cuales 40% de las víctimas eran indígenas. El desarrollo de actividad hidroeléctrica, minera y agroindustrial es la principal causa de estas muertes violentas.

 

El más reciente caso, ocurrido hace tan sólo unas semanas, es el vil asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ataque del que también fue víctima Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, organización mexicana, y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, a quien aún no se le ha permitido salir de Honduras, pese al riesgo en que está su vida. Días después, fue asesinado el compañero Nelson García, también del COPINH. Este Consejo, así como una diversidad de organizaciones y actores nacionales, regionales e internacionales, denuncian que estos no fueron casos aislados, si no que se dan en un marco generalizado de ataque a defensoras y defensores del territorio. En concreto, señalan su relación directa con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y responsabilizan a la empresa Desarrollos Energéticos.

 

Estos hechos muestran, además, los enormes intereses detrás de los proyectos extractivos y la arraigada corrupción, colusión e impunidad existentes en los países de nuestra región, donde rara vez se hace justicia por estos asesinatos o se ponen en marcha medidas que garanticen la no repetición de actos semejantes. En el ataque a Berta, Gustavo y Nelson y la investigación oficial que le ha seguido se pone de manifiesto cómo los gobiernos se alían con las empresas para llevar adelante proyectos por encima de la voluntad de las poblaciones que habitan los territorios que son invadidos y ocupados sistemáticamente por la actividad extractiva.

 

Ahora, ante la caída del precio de minerales e hidrocarburos esta situación corre el riesgo de agravarse, un nuevo panorama se está abriendo. La disminución en la rentabilidad de los proyectos y en la generación de renta pública, está tratando de ser compensada con un aumento de la producción, que conlleva la ampliación de la frontera extractiva. Pero, además, también viene asociada al debilitamiento de la institucionalidad y regulación social y ambiental, la neutralización de la legislación sobre derechos humanos, la reducción y cierre de espacios a sociedad civil, un aumento de la represión, la limitación del acceso a la información y la regresión fiscal. De esta manera se pretende continuar el modelo extractivo cueste lo que cueste y le pese a quien le pese, dirigiendo a la región a una carrera hacia el fondo.

 

En este panorama, se hace cada vez más urgente la construcción de alternativas al extractivismo. Para ello, se necesita la participación y propuestas de la población, especialmente de aquella que vive y ama los territorios, como es el caso de Berta, el COPINH y tantos pueblos a lo largo de nuestra América. Por eso, el ataque a las y los defensores de los territorios es un ataque contra todas y todos, contra la humanidad, porque, además de la perdida de vidas, atenta contra la construcción de otros modelos y modos de vida que no pongan en peligro a la población y el medio ambiente de la región. Modos que protejan al planeta entero, si consideramos el impacto de la actividad extractiva sobre el cambio climático.

 

Es por ello que, desde la RLIE y PLQP, nos sumamos al llamado de justicia para Berta y Nelson y de seguridad para Gustavo y el COPINH. Exigimos que estos y todos los otros ataques contra defendores y defensoras sean investigados, los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia y se establezcan medidas que garanticen la no repetición.

#JusticiaParaBerta
#SeguridadParaGustavo

Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia en Chiapas

6 y 7 de abril: Acompáñanos a recibir la Caravana por La Paz, La Vida y la Justicia en su paso por Chiapas. Estarán presentes familiares de Bertha Cáceres y del COPINH

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, es una amplia iniciativa de familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de diferentes naciones que claman por un alto a la guerra contra las drogas. El 28 de marzo partió de Honduras y llegará el 18 de abril a Nueva York en Estados Unidos.

En su paso por México, entrará por la frontera Guatemala – México en La Mesilla – Cd. Cuauhtémoc el día 6 de abril y pasará por San Cristóbal de Las Casas el día 7 por la mañana. En esta etapa de la Caravana, se escucharán las palabras y luchas en la región de la frontera sur de México, invadida por una creciente militarización que agrava año con año la situación de derechos humanos contra los pueblos en defensa y cuidado de la tierra y territorio, así como para las personas migrantes de Centroamérica y Chiapas.

La Caravana propone recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en el combate a las drogas, con el fin de hacerlas presentes en la Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo del 19 al 21 de abril.

En este contexto les convocamos a la sociedad en general, a las organizaciones sociales, a los periodistas y medios de comunicación, a sumarse en los siguientes momentos:

-6 de abril: La Mesilla, Huehuetenango – Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas: A partir de las 2:00 PM, ceremonia pública por parte de Monseñor Álvaro Ramazzinni, y acto público a las 3:00PM durante el paso por la línea fronteriza hacia México.
-7 de abril: Plaza de la Paz, San Cristóbal de las Casas: 8:00 AM, conversatorio público entre movimientos y organizaciones en materia de migración y defensa de la tierra y territorio; e intercambio con medios de comunicación de 10:00 a 11:00AM. Contaremos (por confirmar) con la presencia del Coro de las Abejas de Acteal .

Organizaciones convocantes: Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH), Junax Ko’tantik Mesa transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), Centro de Derechos  Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Otros Mundos Chiapas y La 72 Hogar – Refugio para Personas Migrantes.

Comunicado de REMA y MAPDER sobre el regreso de Gustavo Castro a México

Comunicado de prensa – 04 de abril del 2016

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimineto mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denuncian la inacción de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) de México durante la retención ilegal de Gustavo Castro Soto en Honduras y su responsabilidad cero en el regreso del activista mexicano a su país.

A  LA OPINIÓN  PÚBLICA

A través del presente comunicado las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) queremos informar que los días 31 de marzo y 01 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió dos comunicados -134/135-, en los cuales realiza afirmaciones sobre los resultados de su gestión vinculada al connacional Gustavo Castro Soto, integrante de REMA/Otros Mundos A.C., quien fue retenido de forma innecesaria, ilegal e injusta en Honduras, aun y a pesar de ser víctima y haber recibido el estatus de testigo protegido, por la causa de haber presenciado el cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres, además de salvar la vida del atetando que él mismo sufrió.

 

Al respecto de los comunicados de la SRE queremos aclarar lo siguiente:

1.- La embajada de México en Honduras bajo la tutela de la embajadora Dolores Jiménez Hernández y del Pedro Barragán, realizaron una excelente actuación de protección garantizando, en todo momento y desde la primera hora, la seguridad e integridad de nuestro compañero Gustavo Castro Soto.

Nuestro profundo agradecimiento por su atinada labor y porque la calidez mostrada hacia un connacional durante toda su estancia es digno de mencionar, toda vez que este tipo de actos por parte de nuestros funcionarios mexicanos, son más una excepción que una regla. Nos congratulamos por ello.

2.- Tenemos discrepancias con partes del contenido de los comunicados emitidos por la SRE en México, porque no es verdad que debido a “las constantes gestiones y solicitudes presentadas por el gobierno mexicano, las autoridades hondureñas reconocen que el Sr. Castro ha venido colaborando de la manera más amplia posible en las investigaciones y que podrá seguir haciéndolo en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua vigente entre ambos países”.

El reconocimiento a la colaboración de Gustavo es únicamente resultado de la disponibilidad personal del propio Gustavo y no tiene que ver en absoluto con la gestión del gobierno mexicano. Por el contrario, lamentamos que desde México la SRE no haya fortalecido el trabajo ni diplomático ni jurídico, para que se lograra la implementación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Gustavo sale de Honduras sin tratado alguno porque la SRE desde México fue incapaz de presionar al gobierno hondureño para su implementación, y en dos de las tres reuniones que sostuvimos con ellos, siempre nos manifestaron que era prioritaria la diplomacia, a pesar de que siempre les manifestamos que “no era correcto” que se hablara de diplomacia cuando lo sucedido a Gustavo estaba totalmente relacionado con la violación de sus derechos, por lo tanto, estábamos ante un hecho flagrante de violaciones tanto de las leyes hondureñas como de los tratados internacionales relacionados con la atención de víctimas.

3.- En su comunicado, citan la constante comunicación establecida con Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, mismas en las que participamos como REMA y MAPDER. La comunicación por parte de la SRE en México, estuvo circunscrita a tres reuniones presenciales, una primera para definir una ruta conjunta de trabajo, en donde Otros Mundos y REMA fuimos quienes solicitamos la aplicación del Tratado; la segunda reunión para que nos mostraran los avances de sus gestiones, mismas que nunca pudimos corroborar por medio de ningún documento o minuta de trabajo, a la vez que nosotros les entregamos información que desconocían, la cual era útil para su mediación diplomática y; la tercer reunión se realizó en el marco de la negativa rotunda por parte de la Sra., secretaria la Lic. Claudia Ruiz Massieu quien simplemente por motivos de “agenda” fue incapaz de recibir a la familia de Gustavo a pesar de realizar una solicitud expresa. Esta negativa refleja la poca sensibilidad de la señora Secretaria, además de que abre la puerta a la especulación sobre sus diferentes formas de actuar cuando, por ejemplo, está de por medio su apoyo a connacionales de su partido político a quienes, aun en categoría de imputados, sacan de España casi de forma inmediata y bajo un despliegue mediático impresionante.

4. La SRE miente cuando hace suponer que “la comunicación mantenida entre las autoridades de México y Honduras durante todo el proceso refleja el excelente estado de las relaciones que existen entre los dos países, la pertinencia del marco jurídico que ambas naciones han construido, así como el compromiso de atender aquellos casos en los que estén involucrados nuestros connacionales”. Reiteramos que la retención de Gustavo estuvo siempre enmarcada en la incertidumbre, opacidad e ilegalidad de la actuación del gobierno hondureño, por lo tanto, fue una acción violatoria de sus derechos que le acrecentó daños psicológicos. Por otra parte, la pertinencia del marco jurídico entre ambas naciones nunca fue instrumentada. El tratado bilateral de asistencia mutua es como si no existiera y la SRE no tiene documentos que hagan valer ese supuesto excelente estado de las relaciones entre ambos países, porque a nosotros nunca nos entregaron un sólo oficio de respuesta del gobierno hondureño a pesar de las peticiones que realizamos para ello.

5.- Lamentamos que la SRE se jacte de que sus gestiones fueron la causal para que Gustavo regresara a México. Los recursos jurídicos interpuestos por los abogados de Gustavo, los amicus, las medidas cautelares solicitadas por organizaciones, el trabajo de la misión internacional, y la gran presión política y mediática generada por cientos de voces y movimientos en el mundo, fueron acorralando al gobierno hondureño quien resistió varias semanas los embates, hasta que finalmente les fue insostenible seguir manteniendo retenido a Gustavo por más tiempo y de forma injustificada. Ambos gobiernos jugaron al desgaste de la presión política y mediática y fueron incapaces de aplicar el único instrumento legal que existe: el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería lamenta la pobre actuación política, diplomática y de falta de respeto a las leyes y a los derechos humanos que desde México realizó la SRE para un connacional que fue re-victimizado y violentado por el estado hondureño.

“Cuando las leyes se violan, los “buenos oficios” diplomáticos o la diplomacia en sí misma no puede ser utilizada como un medio o mecanismo de paz y cordialidad para quien violenta las leyes y viola los derechos humanos. La diplomacia en sí misma debe ser una fuerza permanente de legalidad, certidumbre, transparencia, de no impunidad y de libre determinación”.

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS
Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS  (MAPDER)


Este comunicado fue leído en conferencia de prensa este lunes 04 de abril del 2016 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh), en la Ciudad de México.

>> Video de la conferencia: https://www.youtube.com/watch?v=ltPnpvV2Okc&feature=youtu.be

>> Participantes (izquierda a derecha): Miguel Angel Mijangos Leal: REMA; Edgar Cortez: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Gustavo Castro Soto: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México / REMA / MAPDER; Libertad Díaz: Otros Mundos A.C/Amigos de la Tierra México / REMA / MAPDER; Oscar Castro Soto: hermano de Gustavo Castro Soto; Gustavo Lozano: REMA / MAPDER