COMUNICADO DE PRENSA
Tegucigalpa, 21 de marzo de 2016
Hoy culminó su visita a Honduras la Misión Internacional «Justicia para Berta Cáceres», que ha desarrollado sus actividades en el país centroamericano entre el 17 y el 21 de marzo, contando con la participación de 14 representantes parlamentarios, expertos/as y activistas provenientes de 9 países de América Latina y Europa. Entre los/as integrantes se encontraban: una representante de las Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora, diputado/as de los Congresos español y mexicano y del Parlamento Europeo, una ex – Magistrada de la Corte Suprema de El Salvador, representantes de importantes sindicatos como son el estadounidense AFL/CIO-CSA, y la Unión Nacional de Trabajadores de México (UNT-CSA), así como integrantes de organizaciones de alcance regional tales como el Grito de los Excluidos, Jubileo Sur, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), y de redes globales como la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad, entre otro/as.
La Misión fue desplegada en aras de entrevistarse con instancias y funcionarios/as gubernamentales, judiciales y parlamentarios/as, así como representantes de los movimientos sociales hondureños, representantes de las Naciones Unidas, y de la Embajada de los Estados Unidos y de la Representación diplomática de la Unión Europea en este país. Todo ello con el objetivo de contribuir al esclarecimiento del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres a inicios del mes de marzo de este año y de sostener la urgencia de la liberación inmediata del integrante de MAPDER y coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Gustavo Castro Soto, así como la garantía de su integridad personal y de su retorno a México.
La fatal agresión que acabó con la vida de la ganadora del Premio Goldman 2015 e hirió al reconocido activista mexicano ha sido analizada por la Misión no como un hecho puntual, sino en el marco de la represión continua y sistemática de las y los defensores de los Derechos Humanos y del medio ambiente en Honduras. En este país se proyectan e implementan, de forma violenta en los territorios de comunidades indígenas y campesinas, un gran número de megaproyectos de infraestructuras, tal como el Proyecto “Agua Zarca”, contra el cual luchaban Berta Cáceres y la organización que coordinaba, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH). Por regla general, estos megaproyectos son llevados a cabo sin respetar el derecho a la Consulta previa e informada de las comunidades. En particular en el ámbito de los recursos hídricos, tras el Golpe de Estado de 2009, se aprobó una Ley General de Aguas y de Minería que ha provocado que se adjudicaran sin las evaluaciones ambientales pertinentes, ni el respeto del Derecho a la consulta previa e informada, un gran número de concesiones y proyectos mineros. Estos megaproyectos se encuentran facilitados y promovidos por los Tratados de Libre Comercio tal como aquel firmado entre Estados Unidos y Centroamérica o los Acuerdos de Asociación y de protección de las inversiones como aquel firmado con la Unión Europea. Estos tratados aseguran los intereses de las empresas transnacionales, pero no disponen de ninguna norma vinculante que sancione el respeto de los derechos humanos. Ante esta situación, organizaciones de comunidades afectadas como COPINH se encuentran en la línea de mira de la represión. Al respecto, el Diputado español e integrante de la Misión, Pedro Arrojo destacó que “hemos recogido testimonios de un gran número de amenazas que han recibido tanto Berta Cáceres como su familia y otros integrantes de COPINH desde 2013 hasta el día de hoy”.
Los resultados preliminares de la Misión han sido presentados el día de hoy en el marco de una rueda de prensa, que ha contado con una importante cobertura mediática y que ha sido retransmitida en directo a nivel internacional. Entre sus primeras conclusiones, la Misión remarcó la gravedad de la falta de garantías en Honduras en términos de los principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos. En ese sentido, recordó que lo/as jueces suelen ser el objeto de actos de intimidación, lo que conlleva una notable falta de independencia en el sistema judicial frente al Gobierno. Asimismo, la Misión constató la flagrante transgresión del Derecho Internacional en la implementación de los megaproyectos y de aquel de “Agua Zarca” en particular, en razón de las acciones y omisiones de la empresa DESA y del propio Gobierno hondureño. Se vinculó este hecho con los estrechos vínculos entre el Gobierno y diversos poderes económicos tales como las grandes empresas e instituciones financieras internacionales que participan en los proyectos. La Misión afirmó no haber encontrado ninguna voluntad política del Gobierno hondureño de cara a la lucha contra la impunidad en la violación de los Derechos Humanos, y que el propio sistema de protección no funciona. Su fracaso explica en parte que Berta Cáceres, que gozaba de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuera asesinada. A la vez, la Misión observó que no existen razones legales que justifiquen continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, prohibiendo su regreso a México. Peor aún, de acuerdo con sus integrantes, como testigo directo del asesinato de Berta Cáceres Flores, su vida corre peligro al permanecer en Honduras.
La Misión enunció recomendaciones preliminares para el Estado de Honduras de forma general y específica en lo que atañe a los casos de Berta Cáceres y de Gustavo Castro. Asimismo, emitió recomendaciones preliminares para los Gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En ese sentido, la Misión Internacional afirmó que Consejo Europeo debería suspender el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se incumpla la obligación de “alcanzar el pleno cumplimiento de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Asimismo, la Misión solicitó al Gobierno de EEUU que aclare las condiciones y términos de su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Además, ante las irregularidades surgidas en la investigación del asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros del COPINH, la Misión apuntó que se debería evaluar la financiación proveniente del Estado español y de la Unión Europea al Programa EuroJusticia.
Durante la Rueda de Prensa, se destacó que el Gobierno de Honduras se había caracterizado por la falta de transparencia y de claridad sobre el caso de Berta Cáceres. De hecho, la Misión Internacional, recogiendo la petición del COPINH, y respondiendo a la amplia desconfianza social que genera la impunidad de los múltiples asesinatos ocurridos hasta la fecha, manifestó su respaldo a la demanda de una investigación independiente, con la participación de organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante la rueda de prensa, Gustavo Lozano, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA), recordó que “Gustavo Castro es una figura tan relevante como Berta Cáceres. La Misión Internacional denuncia su retención ilegal en Honduras”. A su vez, Tom Kucharz, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad comentó que “próximamente se preparará un informe final y habrá un trabajo intenso con las instituciones parlamentarias a nivel regional e internacional sobre este caso. El compromiso ético y moral que se lleva la Misión Internacional es de poner todo su empeño para conseguir Justicia para Berta Cáceres”.
La delegación está conformada por :
Miguel Urbán Crespo – Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas – Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales
Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz Sunuc – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el movimiento centroamericano.
Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos – México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.
Contacto con la Misión:
misioninternacionaljbc@gmail.com
América Latina:
Número local: + 50489748879
J. Elosegui (Radio Mundo Real / Amigos de la Tierra Internacional): + 598-98846967
A. Sandoval (Jubileo Sur Américas): + 50587136579
Europa:
P.Pof (Podemos): + 34-618 154 002
M. Vargas (Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la impunidad): + 34-662026497
À. Guillamón (Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte): + 34-932683366 / + 34 – 691501789
Con la espiritualidad y fuerza de nuestros ancestros y ancestras, los movimientos sociales y populares del mundo nos auto convocamos, para honrar la lucha de Berta Cáceres, compartiendo sus ideales y el profundo amor por la madre tierra y los bienes comunes de la naturaleza.
TEGUCIGALPA (Reuters) – La Fiscalía de Honduras intervino a la empresa que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la premiada activista ambiental Berta Cáceres, asesinada este mes en el país centroamericano tras denunciar amenazas de muerte, informaron el jueves las autoridades locales.
La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia social. La ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica que expresa el poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora.
París, Ginebra, México, 25 de febrero de 2016 – La criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina, denuncia hoy el Observatorio en México durante la presentación de su último informe titulado “La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”. El documento da también cuenta del rol de las empresas, funcionarios públicos, fiscales, jueces, poderes del Estado entre otros, en este fenómeno.
Gustavo Castro estaba hospedado en casa de Berta Cácerez, defensora hondureña de las comunidades indígenas y de sus territorios, cuando fue asesinada el 3 de marzo pasado. Gustavo fue testigo de los hechos y desde entonces está impedido de salir de Honduras y regresar a México.