ANÁLISIS

Indígenas de Chiapas, entre los grupos originarios más desplazados de América Latina

Publicada el 13/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Investigadora de la UNAM destaca la importancia de los derechos humanos de grupos vulnerables del continente.

De México a Brasil el mayor número de individuos forzados a moverse de su territorio pertenece a comunidades originarias, señaló Katherine Isabel Herazo González, profesora de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM.

Esto se puede ver en Chiapas, con el movimiento zapatista; en Nicaragua, con los miskitos; en Colombia, con los nasas y embera katios, o en Perú, con los ashánincas, cada uno asociado a un proceso sociopolítico, refirió la egresada del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), informó la UNAM.

La difícil situación se extiende a países de la región por los conflictos comunitarios, políticos y económicos. El fenómeno se empieza a presentar como una forma de ganar guerras internas, es decir, el desplazamiento se vuelve una estrategia político-militar.

Indicó que trabajó con población tzotzil y tzeltal y que en el primer grupo su lengua no tiene palabras para designar a los derechos humanos, lo que constituyó el primer dilema epistemológico, porque los conciben como algo lejano y venido de Occidente.

“Desde su cosmovisión los derechos humanos no sólo son construidos por la normatividad o la regularización humana, sino que existen otros de índole consuetudinaria, basados en usos, costumbres y maneras de entender la realidad”, detalló.

Primer lugar

Esa noción se afianza en su afinidad política, como en el grupo de la sociedad civil Las Abejas, que defiende su tierra, autonomía y territorio, pero pacíficamente. Al desplazarse los elementos éticos y religiosos juegan un papel fundamental.

La investigadora fue primer lugar en el V Concurso de Tesis sobre América Latina y el Caribe 2013 —convocado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC)—, en la categoría Doctorado.

En su trabajo para obtener el grado, Los que huyeron (jataveletik). Representaciones sociales y derechos humanos de los indígenas desplazados, la universitaria argumenta que estos movimientos cambian a medida que las fuerzas sociales y los poderes hegemónicos y contrahegemónicos entran en tensión.

Herazo González rescata la historia y las voces de quienes se vieron obliga a abandonar su sitio y establece que los derechos humanos son un pilar por el cual luchar.

“Si alguien se desplaza no sólo pierde su tierra, sino también su trama social e historia, lo que provoca una desestructuración de identidades. Además, para los indígenas la relación con su territorio es sagrada”, externó la académica en un comunicado de la máxima casa de estudios.

La egresada del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras indicó que también hay otras poblaciones desplazadas no indígenas, aunque la investigación se enfocó a ese núcleo por ser, históricamente, el más vulnerable.

“A nivel micro mi idea fue resaltar cómo se experimentan las garantías individuales en estas comunidades, qué tan vulnerables son y estudiar sus representaciones sociales en el rubro. Eso demostró por qué persiste el debate sobre su violación y vulneración”.

REMA: Los pueblos en resistencia siguen impulsando territorios libres de minería

Publicada el 12/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA SIGUEN IMPULSANDO TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Miércoles 11 de marzo de 2015

REMA SE SUMA A LAS FELICITACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS CABILDOS DE XOCHITEPEC Y MIACATLÁN EN EL ESTADO DE MORELOS

Las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a los Presidentes Municipales de Xochitepec y de Miacatlán, en el estado de Morelos, los señores Rodolfo Tapia López y Sergio Arias Carreño respectivamente, así como a todas y todos los integrante de sus cabildos, quienes en pleno uso de sus atribuciones y en sesión ordinaria de cabildo han declarado “El Territorio Libre de Minería a Tajo Abierto por Metales”, ante la eventual amenaza que la empresa minera Álamos Gold Inc., destruya la salud, el ambiente y el patrimonio histórico de Xochicalco, ya que las más de 15 mil hectáreas que ocupa la concesión de dicha empresa, contempla la destrucción total del cerro “El Jumil” del municipio de Temixco, además de extenderse hacia la zona arqueológica de Xochicalco y ronda los territorios entre Temixco, Miacatlán y Xochitepec.

Sin duda alguna se han interpuesto por sobre la prevalecencia de una política economicista y depredadora, para salvaguardar los intereses más elementales de la vida comunitaria de los pueblos a los que actualmente representan como gobierno. Nos congratulamos al saber que también se han comprometido a “No Autorizar el Cambio de Uso de Suelo o a Retirarlo en su Caso” y con ello hacer más complicado el ingreso a nuestro país de estas empresas tóxicas y depredadoras que acaban con el medio ambiente y la salud de la población que vive inmersa en un proyecto como la que habita en los alrededores.

Su pronunciamiento y claridad con la que han actuado sobre el destino que apuestan para los pueblos de su región, son fundamentales para continuar demostrando que los pueblos organizados con sus autoridades locales, son capaces de frenar a las empresas más poderosas del mundo, de tal manera que esta importante decisión que han tomado, alienta a todas las luchas y resistencias que hay tanto en el país como en el continente. Nos congratula también que lo hacen de forma pacífica, conforme a derecho y asumiendo su rol principal de dar bienestar permanente a ésta y las generaciones subsecuentes.

En REMA estamos totalmente conscientes de que la resistencia no puede ser un compromiso individual sino colectivo, y por ello también celebramos que el Cabildo de Xochitepec “exhorte” para que se posicionen al respecto, a los cabildos de Miacatlán -quienes de manera elocuente se han sumado a ese llamado-, así como de Cuernavaca y Temixco, este último, sin duda alguna quien más sufrirá de los terribles impactos que deja.

En ese mismo sentido, El ayuntamiento de Xochitepec también hace un llamado al Congreso de Morelos para que se pronuncie “LEGISLANDO CONTRA ESTE TIPO DE MINERÍA EN TODO EL TERRITORIO MORELENSE”, lo cual si se logra sería un hecho inédito en este país.

Reconocemos aun más su acto y toma de acuerdos, porque lo hacen en contracorriente a las recientes reformas estructurales, como la energética y de hidrocarburos y la actualmente en receso ley de aguas, entre otras, que han sido elaboradas para facilitar aun más el ingreso de empresas extractivas, quienes pretenden todos nuestros bienes naturales a cambio de un falso discurso de desarrollo y progreso, el cual ya ha fracasado según el último balance realizado en el TLCAN, en el cual se muestra un incremento significativo de las asimetrías entre Estados Unidos, Canadá y México.

Consideramos que el posicionamiento de Xochitepec y Miacatlán, debe ser escuchado y tomado en cuenta por más gobiernos municipales, porque su actuar es clave en el contexto del otorgamiento de permisos para que no entren las empresas extractivas. La actuación de ambos cabildos no sólo representa la voz del ayuntamiento, sino de la sociedad civil morelense ya que se suma a la resistencia y defensa que realiza “El Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto”. Sólo el diálogo entre las autoridades y la sociedad civil puede ser fructífero y llevar a acciones favorables para la población, sobre todo si aspiramos a que la democracia no sea una acción de votos y matemáticas mayoritarias, sino sea un proceso permanente y libre de discusión armónica, que nos permita disponer de información relevante, transparente y con valor de uso para con ello dirimir sobre nuestra propia acción para modificar nuestra realidad, si es que ello fuera necesario.

Desde REMA festejamos que los pueblos de Xochitepec y Miacatlán se unan a la cada vez más larga lista de territorios mexicanos organizados contra el avance y el saqueo perpetrados por las empresas extractivas en el país, tal como también ha sucedido con la comunidad de Zacualpan (municipio de Comala, Colima), oficialmente reconocido “TERRITORIO LIBRE DE MIERÍA” por un Tribunal Unitario Agrario en mayo de 2014. También a los 95 ejidos, comunidades, bienes comunales y organizaciones reunidos en el movimiento “La Voz del Pueblo” que firmaron la Segunda Declaración de Tapachula, Chiapas, por Territorios Libres de Represas y Minería en la Región Sierra Madre y Llanura Costera el pasado 8 diciembre. Pero del mismo modo los territorios liberados en Guerrero, Oaxaca, entre otros rincones del país.

Apoyamos los esfuerzos de los cabildos de Xochitepec y Miacatlán para con su lucha contra Álamos Gold Inc. y nos sumamos a los exhortos de exigencia para que los cabildos subsecuentes mantengan la elocuencia y respeto para apoyar y sostener la voz del pueblo, y refrendar que la vida comunitaria, el ambiente sano y la salud de la población, porque ello está muy por encima de esta política entreguista y depredadora.

FRATERNALMENTE,

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

Miembro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

Los acuerdos de San Andrés: 19 años

Publicada el 12/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Magdalena Gómez. La Jornada

El pasado 16 de febrero se cumplieron 19 años de la firma de los acuerdos de San Andrés en 1996, en el marco del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, suspendido por los zapatistas siete meses después sin que el gobierno de Ernesto Zedillo hiciera nada por rencauzarlo. Más bien provocó la crisis con el incumplimiento a los acuerdos y el virtual sabotaje a la mesa sobre democracia y justicia. El espejismo del gobierno foxista pronto condujo a la imposibilidad de reanudar el diálogo ante la contrarreforma indígena de 2001, que se distanció de los históricos acuerdos en aspectos fundamentales.

Han transcurrido 14 años y tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto definieron la línea de aplicar el carácter de «cosa juzgada» sin abrir la posibilidad de otra reforma constitucional que enderece los entuertos. En cambio, las múltiples concesiones mineras y megaproyectos del anterior gobierno, y sobre todo el actual, que avanzó con reformas como la energética, plantean un desafío a la subsistencia misma de los pueblos indígenas. Ante ello los movimientos indígenas se rearticularon regionalmente con otros nuevos a fin de enfrentar la dinámica de conflictos desatados por la agresión a sus territorios. Por cierto, hay que destacar que el Estado no ha logrado cooptar al movimiento político indígena organizado. La decisión que anunció el EZLN tras la marcha del silencio, en diciembre de 2012, de reactivar vínculos con el Congreso Nacional Indígena (CNI) forma parte también de otra etapa del mismo movimiento, aún armado, en la cual se retoma la centralidad de la causa indígena, si bien no exclusiva en la agenda zapatista.

No se debe olvidar que durante casi 20 años el EZLN ha enfrentado la continuidad de la contrainsurgencia por diversas vías, pese a que está vigente la Ley para el Diálogo y éste se suspendió, pero formalmente no está roto. Dos décadas que encierran agravios ominosos, como el intento de desmantelar los municipios autónomos, la creación de grupos paramilitares, la impune masacre de Acteal, el divisionismo propiciado activamente mediante la zanahoria de los programas gubernamentales. Este factor debe tenerse presente cuando valoremos el proyecto autonómico de las juntas de buen gobierno en Chiapas, construido por el zapatismo a contrapelo del Estado.

El balance que ofreció la primera compartición EZLN-CNI en agosto de 2014 es muy significativo, pues los 29 espejos de despojo y movimientos de resistencia en curso fueron acompañados por un informe sobre criminalización que dio cuenta detallada de los asesinados, los desaparecidos, los presos, los perseguidos con orden de aprehensión y los casos de hostigamiento.

Tras una densa reconstrucción histórica señalaron: «En la actualidad los capitalistas neoliberales, con el apoyo de todos los partidos políticos y los malos gobiernos encabezados por el criminal y jefe paramilitar Enrique Peña Nieto, están aplicando las mismas políticas de despojo a gran escala que aplicaron los liberales del siglo diecinueve, los carranzas o los obregones, apuntalándose en la militarización y paramilitarización, asesoradas por los cuerpos de inteligencia estadunidense, en aquellas regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo».

Y concluyeron que se reafirma el rompimiento del EZLN y el CNI con toda la institucionalidad: «Nadie va venir a salvarnos, nadie absolutamente nadie va a luchar por nosotros. Ni partidos políticos, ni políticos, ni leyes, ni nada hay para nosotros». En síntesis, ofrecieron un fiel retrato de la política de Estado de reprimir antes que resolver y dar cauce a los conflictos. Este panorama nos muestra que la mira de la lucha de estos pueblos está en la defensa de sus derechos autonómicos y territoriales y al acercar la lupa a cada uno se puede observar que su resistencia se apoya en diversas estrategias. Algunos mantienen en jaque al Poder Judicial, a tribunales agrarios, y lamentablemente su experiencia demuestra que no se logran concretar los triunfos jurídicos, por lo que las vías de hecho se imponen.

Los acuerdos de San Andrés se convirtieron en el programa de los pueblos, que se expresa en la resistencia y estrategias de defensa y ni hablar de la razón de Estado que definió el suyo desde 2001 para ofrecer a los pueblos políticas asistencialistas, culturalistas que nada tienen que ver con la autonomía y la libre determinación. Por ello no respetan sentencias de la Corte a favor de la tribu yaqui ante la violación a su derecho territorial al agua sin pasar siquiera por el derecho a la consulta; por ello están presos Nestora Salgado, comandante de la policía comunitaria en Guerrero; Marco Antonio Suástegui, del consejo opositor a la construcción de la presa La Parota, y Mario Luna y Fernando Jiménez, de la tribu yaqui. Por ello los pueblos no esperan que se cumplan los acuerdos de San Andrés.

Asociación Transpacífica: garantizar ganancias e impunidad

Publicada el 11/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, impulsado formalmente por el gobierno de Estados Unidos parece ser un cheque en blanco para el gran capital. En secreto, los gobiernos firman impunidad para las grandes empresas y los bancos de Wall Street. El objetivo del documento: eliminar cualquier ley o regulación que se interponga en el camino de las ganancias de las trasnacionales.

Vía Revista Contralínea

Martha Andrés Román/Prensa Latina

La Cuba. El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés), en cuyas negociaciones participan hasta el momento 12 países, continúa generando una creciente polémica, motivada por las dimensiones del pacto y el secretismo con el cual se ha abordado.

El mecanismo, encabezado por Estados Unidos, incluye además a la tercera economía del orbe, Japón, y a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Todos ellos tienen una población conjunta de 792 millones de personas y representan alrededor del 40 por ciento del producto interno bruto mundial, lo que podría convertir al TPP en el principal pacto de libre comercio de la historia.

El gobierno estadunidense espera que el instrumento, aún en proceso de negociación después de varios años, pueda complementarse con otro proyecto tremendamente ambicioso e igual de controvertido: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con la Unión Europea.

Las rondas de conversaciones sobre el TPP comenzaron en 2010, y aunque el objetivo era sellar el acuerdo en 2013, ese plazo no fue suficiente, debido, en gran medida, a la fuerte oposición generada en diferentes sectores de los territorios involucrados.

El pasado año la Casa Blanca señaló la meta de concretar el convenio durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrado en China en noviembre último, pero nuevamente ese intento resultó fallido y varios analistas se atreven a señalar, incluso, que hasta 2017 es improbable su aprobación.

Puntos polémicos y secretismo

Aunque Estados Unidos ya tiene acuerdos comerciales con seis de los países comprendidos en la propuesta del TPP, uno de los mayores premios del instrumento es la posibilidad de una apertura con Japón, según consideran varios analistas.

Sin embargo, el convenio no está destinado sólo a desmantelar barreras comerciales, sino que abarca gran gama de asuntos, lo cual constituye una de las principales causas de la avalancha de críticas que ha recibido.

Impacto ambiental, salvaguardas laborales, fijación de precios de medicinas, normas relativas a patentes y la capacidad de los inversores de eludir las leyes nacionales son algunos de los temas incluidos en los textos preliminares del instrumento.

Para Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la Campaña Ciudadana para el Comercio Justo, el presidente estadunidense, Barack Obama, sigue incumpliendo los plazos del TPP porque está impulsando una agenda extremadamente impopular, con el objetivo de beneficiar a grandes corporaciones.

Según el líder de la organización contraria al pacto, tanto la sociedad civil como los parlamentarios de naciones con costas en el Pacífico están empezando a darse cuenta de que el mecanismo será una mala noticia para sus Estados, con repercusiones en áreas como la economía, el medio ambiente y la salud pública.

Uno de los puntos que ha generado mayor polémica y está considerado entre los más sensibles del TPP es el relacionado con la propiedad intelectual, un capítulo que abarca desde los precios de los medicamentos hasta la libertad con la cual las personas navegan por internet.

En ese apartado se propone cambiar el plazo de protección de los derechos de autor: si actualmente una obra permanece amparada durante 70 años y luego pasa a ser patrimonio público, la petición estadunidense es aumentar el plazo a 95 años, lo que no es respaldado por varios territorios.

A finales de 2013, el portal digital Wikileaks denunció que, en el más alto secretismo, Estados Unidos gestionaba con los otros países implicados en el TPP la aplicación de sanciones contra aquellos proveedores de servicios de internet que no realicen tareas de fiscalización.

Según el borrador del capítulo sobre propiedad intelectual, el mecanismo establece la creación de tribunales supranacionales para regular la aplicación de nuevas normas en materia de derechos de autor, lo que, a decir de Wikileaks, dañaría significativamente el acceso libre a la cultura y a la educación en la red.

Pero las regulaciones recogidas en el tratado no afectarían sólo a internet, pues también regularían el comercio de fármacos, el copyright, la legislación sobre patentes y la industria sanitaria, indicó la página digital.
Los intereses detrás del TPP

De acuerdo con el senador estadunidense Bernie Sanders, el TPP es un convenio comercial desastroso diseñado para proteger los intereses de las multinacionales a expensas de los trabajadores, los consumidores, el medio ambiente y algunas de las personas más pobres del planeta.

Este mecanismo fue escrito a puerta cerrada por el mundo corporativo e, increíblemente, mientras las compañías, los bancos, la industria farmacéutica y los grandes medios tienen amplios conocimientos sobre su contenido, el pueblo y los miembros del Congreso han quedado fuera del proceso, apuntó.

A decir del político estadunidense, el TPP es mucho más que un acuerdo de libre comercio, pues forma parte de una carrera global para aumentar los beneficios de las corporaciones y socavar los derechos de los trabajadores.

Por su parte, el profesor Robert Reich, de la Universidad de California en Berkeley, señaló recientemente en un artículo publicado por el periódico The Huffington Post que el TTP podría ser un desastre.

Si tras la Segunda Guerra Mundial el debate giraba en torno a la oposición entre libre comercio y proteccionismo, ahora las grandes empresas y centros financieros quieren un poco de ambas fórmulas, reflexionó.

Ellos desean más protección internacional cuando se trata de su propiedad intelectual y otros bienes, por lo cual han estado buscando normas comerciales que aseguren y extiendan sus patentes, mercados, marcas y derechos de autor en el exterior.

Pero, al mismo tiempo, explicó, esas entidades desean menos amparo a los consumidores, trabajadores, pequeños inversionistas y medio ambiente, porque todos ellos interfieren en sus dividendos y, por consiguiente, buscan reglas que les permitan anular esas protecciones.

Al mismo tiempo, advirtió Reich, la administración de Obama ha expresado que el acuerdo impulsará las exportaciones estadunidenses en la cuenca del Pacífico, donde Estados Unidos enfrenta la creciente competencia de China, por lo que el pacto también pretende contener la destreza estratégica y económica de la nación asiática.

En otras palabras, concluyó, el TPP brinda a las grandes empresas y los bancos de Wall Street la forma de eliminar cualquier ley o regulación que se interponga en el camino de sus ganancias.

Carta de Científicos: Ley de Agua pone en riesgo a la sociedad y a la naturaleza

Publicada el 10/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)

A las Cámaras del Congreso de la Unión
A la Comunidad académica y a la sociedad en general

Los abajo firmantes alertamos a la comunidad académica y a la sociedad sobre la posible aprobación “fast-track” de la iniciativa de la Ley General de Aguas formulada por la CONAGUA y presentada por los legisladores Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD).

Preocupados no sólo por el proceso de discusión y aprobación de la iniciativa que ha sido opaco, con acuerdos escasamente democráticos, de espalda a la sociedad, sino también por los contenidos de la misma que son contrarios al artículo 4° constitucional y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y que ponen en riesgo a la sociedad y a la naturaleza es que señalamos algunos de los graves problemas que tiene la iniciativa y que son todos violatorios de la Constitución y el derecho internacional.

1. Promueve la privatización del agua al considerarla principalmente un bien económico y no un bien cultural y social como establecen el párrafo 12 de la Observación General No. 15 del Comité DESC.

La concepción del agua en la iniciativa como un bien económico se sobrepone al concepto del agua como parte de la naturaleza en el ciclo hidrológico o como un bien cultural y social (ver Art. 82, Fracc. I). Lo anterior, habrá de potenciar la desigualdad social en el acceso al agua por el aumento de tarifas y compromete la disponibilidad de ésta para el funcionamiento e integridad de los ecosistemas, así como para uso humano en esta y las generaciones futuras.

2. Promueve el desplazamiento de personas y la muerte de los ríos

La práctica de trasvasar el agua moviendo grandes volúmenes de una cuenca hacia otra, no sólo es insustentable y afecta en el mediano y largo plazo al medio ambiente sino que provoca desplazamientos forzosos que destruyen pueblos y comunidades y marginalizan a las personas quienes quedan obligadas a trasladarse a los cinturones de miseria de las grandes ciudades. No se promueve en ningún apartado el tratamiento y reúso del agua, alternativa lógica a los problemas de escasez y disponibilidad de agua.

3. Amplia los márgenes para poder contaminar el agua

En el apartado de definiciones de la iniciativa de ley, en lugar de señalar que la contaminación supone agregar cualquier substancia física, química, biológica u otra que genere un efecto negativo en el ser humano o la naturaleza, la iniciativa remite a un listado limitado de contaminantes que constantemente estará desactualizado y no se permite el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos.

4. Restringe, condiciona y sanciona los estudios, la investigación científica y el monitoreo

La iniciativa restringe de forma preocupante la posibilidad de que los académicos y la sociedad civil puedan emprender estudios sobre el agua en general. Ello atenta contra la libertad de investigación, la producción de conocimiento así como el derecho a la información. Para reforzar lo anterior la ley considera como falta grave el emprender estudios sin el permiso de la CONAGUA y establece sanciones desproporcionadas. El Artículo 267 (Fracción XXVI) faculta a la CONAGUA a sancionar hasta con 50 000 días de salario mínimo a todo aquel que realice estudios, monitoreo y remediación de las aguas como bienes nacionales sin contar con un permiso expedido por ellos. Esto implica que ningún universitario o persona podrá generar conocimiento alternativo al oficial sin su consentimiento.

Tomando en cuenta todo lo anterior y destacando que de forma paralela a esta iniciativa ha sido presentada ante las Cámaras una iniciativa ciudadana que propone alternativas viables frente a todos estos aspectos, exigimos se abra un debate público con especialistas y sociedad en ambas Cámaras para asegurar que la Ley que habrá de regir la gestión del agua en el país beneficie a la sociedad con una visión de uso y manejo del agua para el futuro inmediato y de largo plazo.

Ver Carta y Firmantes

Reunión del Tumin San Cristóbal: Sábado 14 marzo

Publicada el 09/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

A los miembros del Tumin, la moneda comunitaria, y para los que quieran información o quieran formar parte, les invitamos a una reunión:

EL SABADO 14 DE MARZO 2015
En la Cafetería Relax (Diego de Mazariegos 19), Centro Histórico, en San Cristóbal de Las Casas.

¿Sabías que la cafetería Relax acepta hasta el 100% de tumin en el consumo? Sabias que en El Espinal, Veracruz, las autoridades aceptan Túmin para el pago del agua al municipio? Sabías que cada vez más comunidades, regiones y estados van sumándose al Túmin?

Toda persona que tenga algo que ofrecer está invitado a formar parte. Cualquier productor o prestador de servicios. Por ejemplo, quien vende pan, tortillas, comida, artesanías, café, miel, huevo, frutas, plantas, ropa, muebles, paletas, pasteles, libros, pinturas, esculturas, pósters, publicaciones (revistas, periódicos, etc.), impresiones, camisetas, serigrafía, carne, quesos, tamales, comida, medicina tradicional, plantas, pollos, gallinas, conejos, abonos, los frutos de tu patio, etc., etc.. O quien presta servicios; lavandería, carpintería, taxista, doctor, enfermería, inyecciones, sastrería, traducciones, veterinaria, mecánico, limpieza, chofer, soldadura, pintura, guía de turistas, asesoría, papelería, consultoría, diseños, reparaciones, albañilería, talleres, jardinería, relojería, cuida perros, cursos de lo que sea, ediciones, fotografía, arreglo de compus, diseño de webs y blosgs, diseño gráfico, clases de idiomas o de cualquier cosa, peluquería, tatuajes, cuida niñas-niños, chofer, plomería, electricista, hospedaje, fletes, servicios religiosos, consultas (médicas, psicológicas, masajes, acupuntura, legales, etc.), renta de sillas, espacios para eventos, o cualquier cosa; etc. etc.

Es para todos y todas que deseen sumarse a la Economía Solidaria frente a la crisis actual que vivimos.

Puedes venir a preguntar e informarte sin compromiso. También pueden traer lo que desean vender en Tumin.
Pasa la voz y avísale a tus amigos, amigas, parientes…

http://www.tumin.org.mx/

TE ESPERAMOS!

TUMIN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Ley de Aguas: Carta abierta a diputados desde las OSC

Publicada el 09/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Carta abierta a diputados

Las organizaciones y personas abajo firmantes, con fundamento en los artículos primero, cuarto quinto párrafo, octavo y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23.1 a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 11, 12 y 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 25, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; comparecemos ante Usted para exponer:

1) Es de nuestro conocimiento que la Cámara de Diputados está por iniciar la discusión sobre la iniciativa de la Ley General de Aguas, la cual tiene por objeto respetar, promover, proteger y garantizar el derecho humano al agua. Es de destacarse que el pasado 7 de febrero investigadores e integrantes de organizaciones civiles entregaron a las y los legisladores federales una iniciativa ciudadana de Ley, en cuya elaboración participaron más de 450 académicos, investigadores, especialistas, junto con comunidades y comités de usuarios; y que Ustedes han presentado su iniciativa de Ley General de Aguas, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4223 del jueves 26 de febrero de 2015.

2) En este contexto queremos recordarle que la legitimidad del Estado mexicano y por ende la legitimidad de todas las autoridades en el país depende directamente del respeto, protección, promoción y garantía que se le dé a los derechos humanos. La satisfacción y garantía del derecho humano al agua en México impone importantes retos para el Estado mexicano, por lo cual la Ley General de Aguas, que debe ser expedida a la brevedad, debe ser construida con la mayor participación ciudadana posible, con el mayor conocimiento científico y bajo los más altos estándares, esto es, proporcionando la protección más amplia a todas las personas y para ello debe orientarse en la Observación General 15 del Comité de Derechos Sociales y Culturales (DESC), pues dicha Observación es el mapa y el texto más evolucionado sobre los contenidos y mecanismos para garantizar el derecho humano al agua.

3) En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 177 inciso 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicitamos que las Comisión que preside tenga a bien acordar una serie de audiencias públicas a fin de consultar la opinión de los especialistas en la materia, de los grupos interesados, de los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, de las organizaciones de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las empresas. México es un país sumamente rico y complejo cultural e hidrológicamente, sólo escuchando las voces de todos los actores será posible construir una iniciativa de Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua bajo los estándares más altos.

4) Amén de lo anterior, recordemos que el Estado mexicano es un estado multicultural como se reconoce en el artículo segundo constitucional y en el Convenio 169 de la OIT, por virtud de lo cual las autoridades están obligadas a respetar y fomentar todas las formas de ser y estar que existen en México. En este sentido es evidente que la Ley General de Aguas podría afectar de manera directa a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, particularmente en lo que se refiere a el acceso de agua potable y saneamiento, por lo cual es necesario que se les respete y garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada conforme mandata el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT; hacer lo contrario es incurrir en responsabilidad internacional.

5) Por lo cual y con fundamento en los artículos segundo constitucional y sexto del Convenio 169 de la OIT, le solicitamos que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas de México y las comunidades equiparables respecto de esta medida legislativa, para lo cual se deberá de proveer todo lo necesario bajo la luz del principio pro persona. Ningún foro de discusión satisface los extremos que el derecho a la consulta previa impone.

Por lo anterior expuesto,

A Usted atentamente le solicitamos:

PRIMERO. Tener por presentado el presente escrito.

SEGUNDO. Considerar las peticiones que se hacen en el presente escrito y por lo mismo en el momento oportuno realizar los foros solicitados a fin de que se construya la mejor Ley General de Aguas.

TERCERO. Garantizar el derecho a la consulta previa respecto de esta medida legislativa a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, en términos de lo dispuesto por el artículo segundo constitucional, sexto del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CUARTO. En caso de no estimar procedentes las peticiones anteriores, haga de nuestro conocimiento la fundamentación y motivación, jurídica y/o técnica, que esa autoridad considere como sustento de sus determinaciones, haciéndonos entrega de copia certificada de los documentos que haya empleado para arribar a ellas.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C.
Alianza Internacional de Habitantes
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.)
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.)
Asociación Ecológica Santo Tomás
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.
Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI)
Colectivas
Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR)
Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social DECIDES
Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH)
Colectivo La Roca
Comité Promotor de Aguas para Todos Puebla
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.)
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)
Controla tu Gobierno A.C.
DECA Equipo Pueblo A.C.
DEMATAC
Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC)
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)
Food First Information and Action Network sección México (FIAN México)
Fronteras Comunes
Guardianes de los Volcanes A.C.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
LAVIDA
Litiga
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Otros Mundos – Amigos de la Tierra
Pobladores
Pronatura Veracruz
Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres
Red Género y Medio Ambiente (RGEMA)
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)
Sendas A.C.
Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, A.C.
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)
y como aliados internacionales: Food & Water Watch, Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) y Proyecto Planeta Azul (Blue Planet Project)
Cristina Almazán
Guillemo Rodríguez
Luisa Paré
Eckart Boege

Cherán Keri: un pedacito de utopía

Publicada el 06/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Mayra I. Terrones Medina, La Jornada del Campo. ESPECIAL BOSQUES.

En mayo próximo se realizarán las elecciones por usos y costumbres de Cherán para renovar a las autoridades comunales vigentes desde 2012. Para quienes resistimos el embate capitalista-neoliberal de estos tiempos, tal proceso es, creo yo, de mayor importancia que las elecciones intermedias que protagonizarán los grupos de poder este 2015. Cherán ejerció su derecho a manejarse por usos y costumbres tras rebelarse a la lógica en que se encuentran comunidades aledañas, como son Nahuatzen y Paracho.

En 2008 los pobladores de esta comunidad purépecha vieron cómo se intensificaba la entrada del narcotráfico en su territorio; los tala montes eran cuidados y recibían protección del crimen organizado para destruir el bosque. La devastación era dolorosa para toda la comunidad, pero el miedo a reaccionar era grande. Para 2011 la deforestación alcanzaban las ocho mil hectáreas, y los aserraderos particulares pagaban cuotas, así como las tiendas y locales. De 500 resineros que trabajaban en el bosque, sólo quedaban cien. El Comisariado de Bienes Comunales estaba al servicio de crimen organizado; sin embargo, antes del levantamiento habían asesinado al secretario de acuerdos, al tesorero y a un miembro del consejo de vigilancia. Los miembros del Comisariado se auto exiliaron, no se sabe si porque se negaron a colaborar o porque rompieron el acuerdo que habían hecho con los malos.

El miedo a transitar sus propias tierras era grande; las desapariciones, amenazas y extorsiones estaban a la orden del día, a tal grado que los campesinos dejaron de sembrar en las tierras más alejadas de la comunidad. Resineros, campesinos y tala montes de la comunidad eran amenazados para que no subieran al bosque. Esta situación la siguen viviendo hoy día las comunidades vecinas de Cherán, sin encontrar salida; siguen permitiendo la devastación de sus bosques y el sometimiento de su población ante el crimen organizado. En Cherán hay cuando menos 11 desaparecidos, y las viudas de los muertos siguen sin respuesta, ni justicia.

La madrugada del 15 de abril de 2011, mujeres apoyadas por los jóvenes se cansaron de tanta injusticia y se decidieron a sacar a los tala montes protegidos por el crimen organizado; éstos hacían tres viajes al día, más o menos en unas 200 camionetas y se llevaban la madera de mejor calidad; dejaban una devastación tal que los ojos de los cheranenses no alcanzaban a mirarla en toda su magnitud.

Las mujeres sabían que serían el próximo botín de los narcotraficantes. Como objetos que se toman para usarse y desecharse, las mujeres en Michoacán no han tenido tregua en la situación que vive la meseta purépecha, creo que no hay una contabilidad real de las muertas, torturadas, violadas y desaparecidas. Algunas mujeres de Cherán escucharon el rumor que los malos hacían correr por las calles: “ahora vamos por sus mujeres”, también se dolían por la situación en general: su comunidad estaba siendo destruida, los narcos se paseaban por el pueblo impunemente y no se podía salir después de las 7 de la noche.

Cuando estas mujeres y los jóvenes decidieron sacar a los tala montes de su comunidad, no se imaginaban todo lo que vendría. Sin armas de alto calibre, sólo con palos, piedras y lo que encontraron a la mano, sacaron al narcotráfico de su comunidad. Los tala montes entendieron que no iban a poder seguir devastando el bosque más, por nueve meses los pobladores se organizaron, armaron grupos de vigilancia como les dijeron los viejos de la comunidad, bloquearon todas la entradas a la comunidad, con aproximadamente 400 comuneros por barricada; luego se formaron las fogatas en cada cuadra, éstas respondían a una manera también antigua de comunicarse. Ya que la luz y el teléfono habían sido cortados, los cuetes y las vigilancias en las fogatas ayudaban a que toda la comunidad estuviera enterada de que los malos venían.

Ese mismo año Cherán decidió retomar su forma de organización social comunitaria y ponerla al servicio de la resistencia; los comuneros que se ofrecieron a vigilar la comunidad, entrenar y trabajar para la seguridad de la misma son los que luego estructurarían la Ronda Comunitaria, que estuvo al servicio de la comunidad durante todos estos meses de manera voluntaria.

También surgió una comisión que tomó las riendas de la comunidad; inició una labor para buscar la forma de organizarse sin que estuvieran los representantes oficiales. Casi toda la comunidad considera que la entrada de los partidos políticos provocó la división y descomposición de los espacios de organización comunal. Comentan que tales espacios servían para quien ostentara el cargo y no para ver las necesidades de todos. Relatan los robos que hacían y el poco interés por hacer crecer los mecanismos productivos de la comunidad, como el aserradero comunal, el vivero y la regulación de la tala, además de que abandonaron al sector resinero. En 2008 ganó el PRI en su comunidad, después de tres administraciones perredistas, mismas que se comportaron, según relatan, igual que los priistas. Pero cuando el PRI llegó de nuevo al poder dejó pasar a los malos ya sin simulaciones.

De igual manera, jóvenes profesionistas y no iniciaron la tarea de reforestar el bosque; la devastación era grande pero las ganas de reconstruir eran más. La ronda comunitaria subía al bosque y verificaba que no estuvieran los malos para que los voluntarios pudieran hacer los trabajos de reforestación, unos 400 o 500 comuneros hacían las labores. Ya en 2012 después de haber estructurado su gobierno comunitario, el Consejo de Bienes Comunales sufrió la baja de dos de sus miembros, identificados por el crimen organizado como parte de quienes impulsaban la nueva forma de organizarse.

En 2011 los cheranenses reforestaron 400 hectáreas; en 2012, 450, y para 2013 llevaban 600. Esto es un total de casi mil 500 hectáreas. Hoy día son los primeros productores de composta con corteza de pino; han hecho baños secos. En el año que se levantaron tenían que traer la planta de otras regiones, para el 2013 había producido un millón de plantas y tenían 400 mil en bolsa.

La forma en la que ejercen la justicia desde el 2012, cuando lograron efectuar la elección de sus representantes por medio de usos y costumbres, es un ejemplo para muchas otras comunidades que buscan luchar contra el crimen organizado y los partidos políticos coludidos con ellos. La organización del Gobierno Comunal tiene como máxima instancia la Asamblea General, en donde todas propuestas son escuchadas y se van consensando por barrios. Cherán tiene cuatro barrios y un número de representantes en cada uno de los seis consejos operativos, igual que en el Consejo Mayor. La toma de decisiones es a mano alzada y los consejos están obligados a dar cuenta en cada barrio de las acciones que llevan a cabo.

La comunidad de Cherán no sólo supo organizarse para sacar al crimen organizado, sino que ha logrado establecer mecanismos comunitarios para reconstruir su comunidad; los trabajos de reforestación, en el vivero y en el aserradero comunal generan empleos temporales y permanentes para la propia comunidad, que han permitido a jóvenes, mujeres, niños y ancianos reintegrarse a la producción y reproducción de su vida, aportando en los espacios de su comunidad un trabajo colectivo que les permite vivir dignamente.

Cherán tiene sus elecciones comunales este mayo y para quienes defendemos la tierra y el territorio es de suma importancia este momento. La continuación de su reconstrucción comunitaria se sostiene desde el trabajo de los consejos mandatados por su propia comunidad; que ellos decidan sobre su destino y el de sus recursos naturales es algo que parece un lujo hoy día para muchas otras comunidades. Un pedacito de utopía que puede ayudarnos a encontrar caminos para reconstruir un México sin impunidad, con verdad y justicia.

Agua y minerales: trasfondo del conflicto en Zacualpan

Publicada el 05/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Gian Carlo Delgado Ramos, La Jornada de Oriente

Zacualpan, municipio de Cómala, es un territorio estratégico pues el manantial ahí localizado abastece alrededor de 4/5 partes del agua que demanda la ciudad de Colima (con 105 localidades) y Villa de Álvarez (con 57 localidades). Del manantial, a 27.5 km de esta zona urbanizada, se captan por medio del Acueducto Zacualpan unos mil litros por segundo.

Según las autoridades comunales de Zacualpan, los detalles sobre el acuerdo de usufructo del agua a favor de la Comisión Intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) se desconocen, tanto el plazo como los volúmenes, todo al tiempo que se asegura que no reciben compensación alguna. En cambio, la comunidad generan ingresos propios por tener dentro de su propiedad un ojo de agua al cual le dan uso recreativo (el denominado Parque Ecoturístico de Zacualpan), precisamente punto de conflicto entre las autoridades actualmente en funciones, electas el 30 de noviembre de 2014 por Asamblea y reconocidas por diversas autoridades del Estado de Colima, y las autoridades depuestas, entre otras razones –se asegura– por el uso indebido de los ingresos generados durante su mandato y su resistencia a permitir el usufructo del dicho bien común a beneficio de la comunidad (un pequeño grupo controla desde hace meses el camino al manantial contradiciendo la orden ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario de Distrito 38 que entregó la administración del parque a la actual presidencia de bienes comunales); ello además de que en su momento tales autoridades depuestas permitieron actividades de exploración minera.

Zacualpan cuenta, además de agua, con yacimientos de oro–plata y cobre, así lo reconoce el “Panorama Minero del Estado de Colima” para el caso del lote Heliotropo de unas 100 hectáreas (concesión número 201872) y donde el Servicio Geológico Mexicano ha estimado concentraciones de 1 a 2 gramos de oro por tonelada de tierra y entre 0.5 por ciento y 12 por ciento de cobre, es decir, concentraciones económicamente explotables.

Cabe precisar que a nivel estatal, al cierre de 2014, el grueso de concesiones mineras otorgadas ya cubrían 37.5 por ciento del territorio, el grueso centradas en hierro, el principal producto metálico de Colima con casi 3 millones de toneladas extraídas en 2012 (además de diversos materiales no–metálicos, sobre todo de construcción). Pese a ello, recientemente ya se identifican concesiones con interés en la explotación de oro, plata y manganeso, al tiempo que se habla del potencial para la extracción de titanio presente en las arenas negras de las playas del Estado (se trata de un material estratégico para ciertas industrias de alta tecnología).

Los principales intereses económicos del hierro son Ternium y Arcelor Mittal Steel, a los que se suman en los últimos años otros capitales de EUA (Cotton & Western Mining, Jaguar Mining, Tara Minerals), China (Gan Bo Investment y Tianjin Binhai Harbor Port Int Trade) y Reino Unido (London Mining). En el caso del oro, aparece la canadiense Macmillan Gold Corp y otros capitales aparentemente locales como Gabfer, SA de CV quien supuestamente detenta la concesión del mencionado lote, Heliotropo, ubicado al suroeste del manantial de Zacualpan. Su promotor, Rigorberto Verduzco Rodríguez, ha detallado a los medios que el beneficio o procesamiento se haría en otro lugar y que ahí sólo se extraería la roca mineralizada por la cual pagaría 4 dólares la tonelada como regalías, un monto que en 50 por ciento se destinaría al municipio de Comala, a visitas médicas y en el establecimientos y dotación de una farmacia.

Según informó el delegado estatal de la Secretaría de Economía el pasado 2 de marzo, la concesión que aparentemente detenta la empresa, y cuya composición de capital se asegura se desconoce pues no está registrada ante esa Secretaría, no ha sido aprobada debido a una serie de irregularidades. La concesión en cuestión fue originalmente otorgada en 1995 al ahora difunto Adolfo Pineda Martínez y todos los movimientos de la misma se hicieron directamente en la Ciudad de México, no en la delegación local. Según el expediente 624/ 2014 del 18 de Julio de 2014, se presentó formalmente el contrato de asociación para la exploración y explotación entre el “heredero” (Justino Pineda Larios) que abogó por una sucesión testamentaria y la interesada empresa Gabfer. Considerando diversas cuestiones administrativas, tales como la falta de un contrato que indique el periodo de exploración / explotación y las contraprestaciones convenidas con los comuneros, la Secretaría de Economía afirma haber negado el permiso de explotación, no obstante, la concesión se mantiene vigente. Pese a este panorama, afirman los comuneros y autoridades de Zacualpan, ya hubo extracción de material en más de una treintena de camiones de volteo. Todo ello ha llevado a la demanda no sólo de Zacualpan, territorio libre de minería, sino a la cancelación definitiva de dicha concesión minera. El gobierno en turno, capitaliza la situación, sosteniendo que no habrá minería en Zacualpan mientras estén en el cargo. Las elecciones son en junio de 2015.

El conflicto de Zacualpan, en efecto, se ha profundizado por la presencia de la Policía municipal y estatal que es acusada de favorecer al grupo que ha tomado el camino al manantial. Según un documento entregado el 16 de enero de 2015 al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación por parte del presidente de bienes comunales actualmente en funciones, se pide la intervención de tal Secretaría, “…ante el abuso excesivo y arbitrario de la autoridad estatal que permite, protege, solapa y promueve actos delictivos cometidos en perjuicio del bien común de esta comunidad indígena que representamos, mediante la cuales se quebranta la ley con el único fin de que personas que son afines a la explotación de una mina dentro de los recursos naturales de esta comunidad permitan ello”.

Ante tal situación, cada vez más compleja y tensa y en la que las fuerzas del estado, en los hechos no resuelven al tiempo que colabora en el proceso de erosión del tejido social, la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan, integrada por organizaciones diversas de derechos humanos, académicos y cineastas tanto de EUA, Canadá y México (por ejemplo el Fund for Global Human Rights, Mining Watch Canada, Environmental Defender Law Center, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, Red Mexicana de Afectados por la Mineria, entre otros), se autoconvocó para atender el problema mediante una visita presencial con la cual se buscaría dialogar con los actores, incluyendo los de gobierno, para así plantear un diagnóstico y recomendaciones.

Si bien ha logrado el diálogo con actores de gobierno, no ha podido visitar a la comunidad debido a la toma de la ruta hacia Zacualpan por parte de un pequeño grupo, presuntamente ligados al presidente de bienes comunales depuesto, Carlos Guzmán Teodoro. El desenlace el día 3 de marzo fue el intento por parte del gobierno del Estado de hacer valer “el Estado de derecho”, no antes sino justo durante la visita de la misión y ante medios televisivos que fueron convocados por el propio gobierno, al plantear el desalojo mediante el uso de la fuerza pero con el aval de una Misión que ante todo le preocupan los derechos humanos y aboga por resoluciones pacíficas y políticamente negociadas. Ante ello dicha Misión decidió retirarse y no prestarse a tal situación, funcional a un desenlace violento e indeseable. Los policías fueron retirados.

El caso Zacualpan no puede exponerse en su cabalidad en pocas palabras. Lo que es cierto es que en el fondo parecen estar fuertes intereses privados, no sólo empresariales, que procuran condiciones favorables para hacerse del usufructo de los recursos naturales de dicho territorio, algo que sin duda pasa por el desgaste y fractura de la comunidad y que rápidamente permite calificar el asunto como un “conflicto interno”. “Validado” el conflicto, el uso de la fuerza es visto en algún momento como algo justificable. Con ello, la restructuración de la gestión concreta del territorio se establece, incluso en medio de una situación de violencia o falta de “gobernanza”.

La disputa por el usufructo del agua y los minerales, una vez más pretende atropellar los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la autogestión de los territorios en el país. El Estado, en sus tres órdenes de gobierno, está lejos de no tener responsabilidad, por el contrario ha jugado un rol clave, sea por acción u omisión.

Informe de la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan

Publicada el 04/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

INFORME PRELIMINAR DE LA MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

Colima, México, 4 DE MARZO DEL 2015

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA FAVORECE LA IMPUNIDAD, LA FALTA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS.

URGIMOS EL RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA

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En nuestra visita, hemos constatado la divergencia total entre el discurso de los funcionarios y su práctica concreta. Lamentamos enormemente que no hayamos podido entrevistarnos con ninguna de las dos partes del grupo en conflicto en Zacualpan, lo cual no quiere decir que no dispongamos de información sobre la situación que viven, a la vez que nos ayuda a ratificar que acá en Colima prevalece el contubernio, la impunidad la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y federal, además de la criminalización, persecución y amenazas contra las y los defensores de los derechos humanos. Esperamos que estas conclusiones ayuden al menos a aclarar un poco el distorsionado proceso informativo en el cual han sido envueltos y que logramos escuchar durante la misión.

Finalmente, esta Misión se retira con gran preocupación resaltando:

Desde este momento hacemos responsable al gobernador del estado de Colima sobre cualquier hecho violento, derramamiento de sangre o incluso muertos por la falta de oficio político para resolver asuntos que están totalmente relacionados a la falta de garantía para la aplicación del derecho.

Exigimos sean retiradas de manera inmediata todas las mantas, carteles y demás expresiones de hostigamiento y amenazas de muerte ubicadas en el sitio de bloqueo, en los cuales se hace un claro señalamiento para los integrantes de Bios Iguana Esperanza Salazar Zenil, Víctor Andrés Cruz Chi, Alejandro Bueno Salazar, Giovanna Ramírez Pimentel, Montserrat Cárdenas Rojas, Gabriel Martínez Campos y Misael Andrade Simental, a quienes de manera inmediata se les deben asignar e implementar medidas cautelares.

La restitución inmediata del usufructo de os bienes naturales para el pueblo de Zacualpan conforme a derecho y en manos de la autoridad agraria en turno el Sr Taurino Rincón Lorenzo, lo cual requiere una respuesta conforme a sus funciones del Tribunal Unitario Agrario, notoriamente una de las dos instancias de gobierno del Estado que nos concedieron una entrevista.

El levantamiento inmediato de libre tránsito y acceso para cualquier persona a la comunidad de Zacualpan.

El cumplimiento de la ley y la restitución del estado de derecho.

La cancelación definitiva de las concesiones mineras en el territorio de Zacualpan.

La misión se mantendrá vigilante, atenta y dará seguimiento a los compromisos que han adquirido. Para lograr esto, estableceremos una Comisión de Verificación que se mantendrá en contacto para exigir de los funcionarios municipales, estatales y federales que cumplan con sus compromisos, para seguir complementando la información ya recopilada con los informes prometidos y otras fuentes de información que podría abonar nuestros hallazgos, y especialmente para seguir atentos a la implementación de medidas que aseguren la procuración de justicia y respeto de los derechos del pueblo de Zacualpan y la integridad física, de la vida y el derecho a realizar su trabajo de defender los derechos humanos de la organización Bios Iguana y de todos sus integrantes.

MISIÓNINTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

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Comuneros priístas violan derecho al libre tránsito de la Misión Internacional de Observadores

Publicada el 04/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

http://youtu.be/AY7fVSH6014

EL GOBIERNO PROMETE SOLUCIÓN AL CASO ZACUALPAN

Publicada el 03/03/2015 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

BOLETÍN DE PRENSA

3 de Marzo 2015, Colima, México

Los integrantes de la Misión de Observación Internacional y Nacional para el Caso Zacualpan en el estado de Colima, informamos sobre algunos de los compromisos adquiridos por los tres niveles de gobierno para solucionar el conflicto en los Bienes Comunales de Zacualpan. Para ello, esta Misión se entrevistó con el Lic. Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Secretaria de Gobernación; el Dr. José Ernesto Pasarín Tapia, Delegado de Semarnat en Colima; el Ing. Agustín Trejo Ramos, de la Secretaria de Economía; el Lic. Rogelio Rueda Sánchez, Srio. General de Gobierno; Rafael Gutiérrez, Srio. de Fomento Económico; el Lic. Roberto Chapula, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal de Comala, y los integrantes de su cabildo.

En un marco de respeto logramos establecer un diálogo fructífero, toda vez que escuchamos y escucharon la información, posición y los argumentos de los integrantes de la Misión, todas dentro del contexto del conflicto derivado por el otorgamiento de una concesión minera en el territorio comunal y pueblo indígena de Zacualpan.

Aunque resta la verificación de cada compromiso, a manera de síntesis, hasta el momento se lograron los siguientes acuerdos y compromisos:

Se garantizará el libre tránsito y seguridad de los integrantes de la Misión para que, el día 03 de marzo, las y los integrantes de la Misión logremos desarrollar una reunión de trabajo con la representación de la autoridad agraria de Zacualpan y los integrantes del Consejo Indígena de la comunidad, toda vez que esta reunión es fundamental para entender la situación, dado que el día 1 de marzo nos fue imposible desarrollarla por el bloqueo al libre tránsito impuesto por el grupo que recurre a la violación del Estado de Derecho, el cual hemos denunciado en contubernio con la policía ministerial y estatal.
-Se levantará el bloqueo hacia el manantial Ojo de Agua en el cual colabora la policía estatal y el grupo protegido por éstos, para que la autoridad agraria reconocida por el Estado de Derecho finalmente logre para con sus representados, hacer pleno el ejercicio el usufructo de manera libre y plena su derechos al territorio.
-Se realizará un pronunciamiento por parte del gobierno del estado, antes de que la Misión se retire, y en todos los medios masivos posibles, en donde se haga un pleno reconocimiento para la organización Bios Iguana, por la incansable defensa de los derechos individuales y colectivos de muchos colimenses que ni se imaginan el potencial daño que tendrían un proyecto minero en su territorio.
-El gobierno del estado se compromete a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria de Zacualpan, el abogado asesor de la comunidad y los integrantes de la organización Bios Iguana, de tal manera que se tenga información de primera mano y se pueda desarrollar una agenda para atender todos los hechos y pormenores que están relacionados con la violación de los derechos del pueblo de Zacualpan, de los integrantes del Consejo Indígena y de Bios Iguana. A la vez, que se de fin a la campaña de difamación y persecución que se ha implementado contra ellos, y se otorguen las medidas de protección que este caso requiere de manera urgente a favor de el pueblo de Zacualpan, el Consejo Indígena, de Bios Iguana y su abogado Benjamín Luna Alatorre. De manera especial se debe atender a la brevedad los casos de los integrantes de Bios Iguana quienes han tenido que dejar el estado debido a las amenazas de muerte y de detención que se han implementado en su contra, de tal manera que ellos puedan reintegrarse de manera libre y plena a sus funciones y recobren su vida privada y su trabajo social con pleno goce de sus derechos.
-El Secretario de Gobierno se comprometió a impulsar un proceso de trabajo interinstitucional, en donde participe la comunidad de Zacualpan a través de su representante legal, integrantes de Bios Iguana y el abogado de la comunidad, para que se inicie un trabajo colegiado que tenga como propósito cancelar de manera permanente la concesión minera que, pese a que no es un proyecto implementado, ha sido la principal causa del conflicto que actualmente se vive en la comunidad, ha creado la división comunitaria y dañado gravemente el tejido social, lo cual sabemos a nivel mesoamericano, acaba favoreciendo a las promoventes mineras.
-El Secretario General de gobierno se compromete a entregar a la Misión, un informe que describa el despliegue policiaco estatal y ministerial en torno a la comunidad de Zacualpan, aclarando el quehacer concreto de cada una de las fuerzas ahí desplegadas. Al mismo tiempo se compromete a entregar a la autoridad agraria un oficio que describa las funciones y atribuciones de la policía estatal cada vez que esté circulando o actuando en el territorio y pueblo de Zacualpan, de tal manera que la población tenga la certeza de su quehacer y se evite que unidades policiacas sean dedicadas al traslado de quienes violan el Estado de Derecho, de comida y refrescos para ellos, y que no logren evadir sus responsabilidades por la carencia de un mandato claro y dentro de las atribuciones que para ello están definidas.
-Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a las y los integrantes de la Misión así como a la comunidad de Zacualpan.
-El Secretario de Fomento Económico se comprometió a entregar la documentación referente a la entrega de más de un millón de pesos a la administración del depuesto comisariado, Carlos Guzmán, para proyectos en el Ojo de Agua, como parte de la investigación de supuesta corrupción de fondos recibidos tanto federales como estatales.
-El Gobierno Federal, a través del titular de Gobernación en el estado, se compromete a participar, en coadyuvancia con el gobierno estatal, de tal forma que se logre resarcir la paz social, la gobernabilidad y el estado de derecho, y ello contribuya a una mejor vida social y comunitaria
-También se compromete a establecer una mesa de trabajo con la autoridad agraria reconocida, el abogado Benjamín Luna Alatorre de la comunidad e integrantes de Bios Iguana.
-Por su parte, el delegado de Semarnat hace un reconocimiento a los defensores del ambiente como Bios Iguana y el pueblo de Zacualpan.
-Se compromete a coordinarse con Profepa para que se investigue cómo es que una empresa realizó extracción de minerales sin tener Manifestación de Impacto Ambiental y el resto de los permisos vinculados a la extracción minera.
-Semarnat trabajará para que la comunidad de Zacualpan adquiera medidas de protección ambientales y ello inhiba el ingreso presente y futuro de empresas extractivas de cualquier tipo, y menos si éstas no tienen un acuerdo de la comunidad.
-El delegado de Economía realizará una investigación para dar seguimiento a una investigación minera en Zacualpan de la cual tienen desconocimiento.
-El Ayuntamiento del municipio de Comala, a través de su presidente el C. Braulio Arreguín Acevedo, se comprometió a: (1) coordinarse con el gobierno del Estado de Colima para garantizar el derecho al libre tránsito de manera permanente; (2) reabrir el proceso mediante el cual se valorará la destitución del presidente de la junta municipal, el señor Enrique Carpio; (3) revisar para refrendar o en su caso elaborar el proceso para declarar al municipio de Comala, en sesión solemne del Ayuntamiento, como Territorio Libre de Minería, y así mismo, asentar que ésta administración no otorgará cambio de uso de suelo para la explotación minera.

Agradecemos a los tres niveles de gobierno la intención de solucionar el conflicto en la comunidad indígena de Zacualpan.

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN

INTEGRANTES

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México; Fund for Global Human Rights, Washington, Estados Unidos; MiningWatch Canadá, Ottawa, Canadá; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca; Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Morelos; Environmental Defender Law Center (EDLC), Montana, Estados Unidos; Greenpeace; Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos(Red TDTT), México; PEACE ACTION, Estados Unidos; Iglesia Menonita Evergreen de Seattle, Washington, Estados Unidos; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (SITRAJOR); Colectivo de Abogados, Jalisco. Dr. Gilberto López y Rivas; Dr. Gian Carlo Delgado y Dana Rotberg Goldsmith.