¿Qué es el Fracking?

Por Alianza Mexicana contra el fracking

Checa la Infografía.

¿Qué son los hidrocarburos de lutitas o shale?

Se trata del petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas situadas en el subsuelo. Suelen encontrase a profundidades de entre mil y cinco mil metros.

¿Qué es la fractura hidráulica o fracking?

Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio.

 

Impactos socioambientales del uso de la fracturación hidráulica

• Disminución de disponibilidad del agua: La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/año) de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Ello acarreará la disminución de la cantidad de agua disponible, lo que pondría en peligro los ecosistemas y la realización del derecho humano al agua y a la alimentación. En estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, regiones donde esta actividad ya se está realizando, la disponibilidad de agua es limitada al tratarse de regiones con alto estrés hídrico (donde la demanda es mayor a la disponibilidad).

• Contaminación de las fuentes de agua: En Estados Unidos existen más de 1,000 casos documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso de la fracturación hidráulica. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Además, el agua de desecho conocida como agua de retorno no sólo contiene los químicos y la arena que originalmente se introdujeron, sino también metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radioactivos, como el radón, que se encuentran en el subsuelo. A la fecha, no existe tratamiento efectivo para la misma, dejando el agua inutilizable para otros usos y fuera del ciclo hidrológico. Para su manejo se busca aislarla e injectarla en pozos letrina, pero no es una solución ya que se ha comprobado que estos pozos filtran y se han contaminado acuíferos enteros (ej.California, EEUU).

• Impactos sobre la salud: Los expertos señalan que al menos 25% de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso. Los pozos de agua potable que abastecen a la población situados en cercanías de las zonas donde se aplica la fracturación hidráulica tienen altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. Por otro lado, la población que habita cerca de los pozos tiene 66% de probabilidad de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica. Igualmente, la toxicidad y los riesgos de accidentes asociados a esta actividad repercute en la salud y la vida de las y los trabajadores de la industria.

• Emisión de gases y su contribución al calentamiento global: 90% de las emisiones en el proceso de obtención del gas es metano (CH4), aunque también se emite dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la quema del gas natural emite menos dióxido de carbono (CO2) que otros hidrocarburos, el proceso completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio climático debido a las fugas de metano producidas durante su extracción. Estas emisiones pueden alcanzar 8% de la producción total de un pozo, es decir, 30% más que en los proyectos de gas convencionales. El metano es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 25 veces superior al CO2 en el corto plazo, por lo que en 20 años el impacto de la extracción de gas de lutitas sobre el cambio climático puede superar en 20% el del carbón.

• Otras afectaciones: Debido al deterioro ambiental que provoca, la explotación del gas de lutitas es incompatible con otras actividades económicas como la ganadería, la agricultura y el turismo. A ello se suma el deterioro de la infraestructura carretera por el impacto de los 250 viajes diarios por pozo de camiones de gran tonelaje, así como la proliferación de sismos que se ha vinculado al efecto que tienen los pozos letrina en las placas tectónicas. Todo ello afecta calidad de vida, salud y tranquilidad de las poblaciones.

Alternativa energética costosa e inviable
La industria gasífera de Estados Unidos ha reconocido que 80% de los pozos fracturados no son económicamente viables. Ello debido a i) tasas de declinación de situadas entre 29% y 52% anual, que hacen necesario seguir invirtiendo grandes sumas de dinero cada año para mantener la producción; ii) baja recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos, situada en el caso del gas entre 4.7%- 10% frente al 75%-80% de los proyectos convencionales; y, iii) un deficiente rendimiento energético. Mientras los proyectos tradicionales obtienen 20 unidades de energía por cada unidad invertida, los de fracturación hidráulica sólo generan 5. Además, la complejidad de esta técnica sitúa los costos de cada pozo en 20-25 millones de dólares en México. De esta manera, sólo produce ganancias a través de la especulación financiera, las cuales se quedan en pocas manos a costa del futuro de la población y el planeta. Por todas estas razones, la explotación de hidrocarburos mediante esta técnica no es una opción para producir energía de manera sostenible, mientras que su uso desvía recursos que deberían dirigirse a las energías renovables y sostenibles, obstaculizando su desarrollo.

Nuestras demandas:

1. México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica con base en el principio precautorio, tal como lo han hecho Francia y Bulgaria y numerosos gobiernos regionales y locales alrededor del mundo. Tal es el caso del estado de Nueva York, quien la prohibió en diciembre de 2014 con base en las evidencias existentes sobre los riesgos que representa para la salud.

2. En la planeación e implementación de la política energética, las entidades públicas deben asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos y en específico el de los pueblos indígenas y campesinos al manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales.

3. El Estado debe garantizar el derecho humano al agua tal como lo establece el artículo 4° constitucional, el PIDESC y la resolución A/RES/64/292 de Naciones Unidas, y no permitir actividades que lo pongan en riesgo. La política energética debe alinearse a estos preceptos.

4. El Estado debe garantizar el derecho al medio ambiente sano, el cual es también reconocido por nuestra Constitución.

5. El Estado debe establecer los cambios legales e institucionales pertinentes para impulsar el desarrollo de energías renovables que asegure el respeto de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Igualmente, debe establecer medidas para la reducción del consumo de energía y la eficiencia energética.

Descárgala en pdf: Hoja informativa fracking

Mapa donde se pretende llevar a cabo el fracking en México

Mapa México

En Colima el gobierno del Estado no garantizó el libre tránsito a la Misión Internacional de observación sobre caso Zacualpan

BOLETIN DE PRENSA
EL GOBIERNO DEL ESTADO NO GARANTIZÓ EL LIBRE TRANSITO
A LA MISION INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACION
SOBRE EL CASO ZACUALPAN

2 de Marzo 2015, Colima, Colima, México

mision-internacional-zacualpan-colima-mexicoEl día primero de marzo del año en curso, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando la Misión internacional y nacional de observación sobre el caso Zacualpan se dirigía a dicha comunidad para entrevistarse con las autoridades legalmente constituidas, el gobierno del estado permitió el bloqueo de la carretera estatal correspondiente por parte de un pequeño grupo vociferante y agresivo, ligado al depuesto Carlos Guzmán, e impidiendo así la visita de la Misión.

Las autoridades estatales contaban con numerosos policías apostados en la carretera y sin intervenir en absoluto para hacer cumplir el derecho de libre tránsito, atestiguaron el bloqueo y las agresiones verbales y físicas a los miembros de la Misión. En tanto, numerosos integrantes de la comunidad de Zacualpan, en un acto de prudencia y de sensatez, se abstuvieron de desalojar por sus propios medios a quienes incurrían en la arbitrariedad de impedir el paso a su propia comunidad protegidos por la actitud omisa de las autoridades.

 

Cabe hacer notar que con anticipación suficiente, se dio aviso a las autoridades de que se llevaría a cabo dicha visita. La omisión de los actos de autoridad de la policía y del representante del gobierno del estado que se apersonó, demuestran fehacientemente su complicidad en contra de la decisión mayoritaria de la población de Zacualpan, que se ha opuesto sistemáticamente y en diversas instancias a la apertura de una mina a tajo abierto en su territorio y también por el control del balneario Ojo de Agua.

Los integrantes de la Misión lamentamos la actitud facciosa del gobierno del estado al impedir el libre tránsito por la vía de interpuestas personas, no solo de la Misión misma, sino el de los pobladores indígenas de la comunidad.

Para todos los miembros de la Misión se constata la impunidad con que el grupo minoritario ejerce ilegalidades y delitos federales con el apoyo y protección del gobierno estatal. En otras circunstancias y ante grupos de población que no le sean afectos, el gobierno no hubiera dudado en aplicar la ley, por lo que se evidencia la doble cara en el ejercicio del Estado de Derecho.

Nos queda claro que el problema básico no reside en una lucha interna en la comunidad, sino en el apoyo gubernamental a un grupo minoritario que le confiere impunidad a sus acciones delictivas.

La Misión intentó dialogar con quienes violan la ley y el libre tránsito y solicitarles una entrevista para escuchar sus puntos de vista sobre el conflicto, a todo lo cual se negaron. Su cerrazón evidencia la falta de argumentos que justifiquen sus acciones ilegales y delicuenciales. Bajo la observación de la seguridad pública y de los representantes del gobierno del estado, la Misión recibió insultos y dos de sus miembros fueron sometidos a violencia física. El gobierno del estado viola la autonomía del pueblo indígena y el resguardo de su patrimonio.

Consideramos que el factor esencial del conflicto es la pretensión de abrir una mina de tajo abierto por metales, con graves, persistentes y múltiples efectos tóxicos, siguiendo la tónica de la ingeniería de conflictos manifiesta actualmente. Los integrantes de la Misión rechazamos a su vez la campaña de satanización y tergiversación que se ha desencadenado en contra de la Asociación Bios Iguana, cuando el desempeño de ésta es reconocido ampliamente en términos positivos por la mayoría de los comuneros y habitantes de Zacualpan.

Demandamos que el gobierno del Estado de Colima brinde a la brevedad las garantías suficientes y necesarias para el libre tránsito de la Misión en su visita a la comunidad de Zacualpan y suspenda de inmediato su actitud omisa en el cumplimiento de la Ley.

Responsabilizamos al gobierno del Estado y a las autoridades de la Federación por cualquier acto de violencia que resulte su omisión en la aplicación de la justicia.

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN
SOBRE EL CASO ZACUALPAN

Misión de Observación Internacional al conflicto minero de Zacualpan, Colima

«Hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.»

BOLETÍN DE PRENSA

MISIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE OBSERVACIÓN
SOBRE EL CASO ZACUALPAN, COLIMA, MÉXICO

Ontario, Canadá, 26 de Febrero 2015

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La sociedad de México y el Mundo, durante todo el 2014 y lo que va del 2015, ha tenido un amplio conocimiento sobre el conflicto generado en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comala, en el estado de Colima, debido a la imposición y apoyo irrestricto, por parte del gobierno Federal y Estatal, de una concesión minera a nombre del Sr. Pineda Martínez, para que la empresa Gabfer, S. A. de C. V. pueda extraer oro de las tierras comunales de Zacualpan.

Desde entonces, la comunidad ha fraguado una ardua lucha de resistencia y defensa por sus tierras y la vida a través de la presentación de varias denuncias y demandas legales, amparos, movilizaciones pacíficas y reuniones, en donde han buscado establecer distintos procesos de diálogo con diversos actores del gobierno, como el Gobernador Constitucional, la Procuraduría Agraria del estado, el Presidente Municipal de Comala, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e incluso el propio Congreso del Estado, quienes de una u otra forma han estado vinculados a este caso, con el propósito de que les sean aclaradas las recurrentes negativas a sus demandas, a la vez que han exigido les sean respetados sus derechos, además de exigir que prevalezca como preponderante su proceso a la libre determinación, su derecho al usufructo pleno sobre su territorio, así como se reconozca que el gobierno federal y estatal han violado de manera flagrante el consentimiento previo, libre e informado, mismo derecho que como los otros que se han citado, están adscritos tanto en la Constitución Mexicana, como en diversas leyes y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que, de respetarse, ayudarían a impedir la impunidad, fortalecería una mejor actuación para la real procuración de justicia, y no se tendría por qué apostar a una política que pretende imponer proyectos que dañan severamente tanto a la salud como al ambiente, sin el consentimiento de los pueblos.

La información que tenemos señala que, quienes promueven el proyecto minero, han sido señalados como instigadores de la violencia y de la corrupción, mientras las instancias de los tres niveles de gobierno han sido culpadas por actuar en contubernio con la corporación minera. Sabemos también sobre la campaña de difamaciones implementada contra la organización Bios Iguana, A. C. por apoyar y asesorar a la comunidad de Zacualpan, así como la serie de calumnias y agresiones dirigidas contra las mujeres y hombres de este pueblo indígena, quienes han resistido de forma pacífica y sin caer en provocaciones, a las agresiones corporativas y a la presunta complicidad gubernamental.

Es en el contexto de un país que vive actualmente una fuerte crisis política y de credibilidad de sus instituciones causada por la violencia de Estado y por la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos -con  su cauda en el incremento de desapariciones forzadas, desplazados, ejecuciones extrajudiciales, persecución y asesinato de periodistas-, que diversos actores nacionales e internacionales hemos decidido visitar la región, con la intención de llevar a cabo una Misión de Observación que nos permita documentar, de forma directa, la difícil y grave situación que ha prevalecido en Zacualpan, y de ser posible ayudemos a evitar se tenga un nuevo caso de violencia en México de consecuencias irreparables.

Por las razones expuestas hemos decidido convocarnos -diversas personalidades y representantes de organismos civiles y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales-, para encontrarnos en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan. La Misión de Observación se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo del año en curso, y nos daremos cita con integrantes, responsables y representantes de distintas instancias del gobierno del Estado de Colima, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, del Congreso estatal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, entre otros actores políticos, con quienes ya hemos establecido contacto para que nos reciban y nos compartan sus impresiones, y a partir de ello saber, de primera mano, cuál es la situación en torno al caso de la comunidad indígena de Zacualpan y apoyar a la generación de mecanismos de diálogo y de prevención que ayuden a evitar una mayor escalada al conflicto, misma ya vislumbramos se avecina y con hechos lamentables si no actuamos a tiempo.

Mucho agradeceremos la divulgación de este comunicado, así como los invitamos a que se mantengan atentos a los resultados y conclusiones de las y los integrantes de La Misión de Observación.

MISION NACIONAL E INTERNACIONAL  DE OBSERVACIÓN SOBRE EL CASO ZACUALPAN (2 y 3 de Marzo de 2015)
INTEGRANTES:
1) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero, México.
Representante: Abel Jesús Barrera Hernández.
2) Fund for Global Human Rights. Washington, Estados Unidos.
Representante: Ana Paula Hernández.
3) MiningWatch Canadá. Ottawa, Canadá.
Representante: Jennifer Moore.
4) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), con sede en todos los países Mesoamericano. (Mesoamérica)
Representante: Miguel Angel Mijangos Leal.
5) Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Oaxaca.
Representante: Lucina Betina Cruz Hernández.
6) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Con sede en 13 estados de la República mexicana.
Representante: Gustavo Lozano.
7) Instituto Nacional de Antropología e HIstoria (INAH). Morelos
Representante: Dr. Paul Hersch Martínez.
8) Dr. Gilberto López y Rivas. Morelos.
9) Dr. Gian Carlo Delgado. Ciudad de México.
10)  Environmental Defender Law Center (EDLC). Montana, Estados Unidos.
Representante: Alison Wright.
11) Greenpeace.
Representante: María Colin.
12) Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua). América Latina.
13) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT). México
Representante: María González Valencia.
14) PEACE ACTION. Estados Unidos.
Representante: Mario Galvez.
15) Iglesia Menonita Evergreen de Seattle. Washington, Estados Unidos.
Representantes: Peter y Margaret Lumsdaine
16) Dana Rotberg Goldsmith.
17) Rosa Rojas García.

Embajada canadiense respalda represión a mineros y ejidatarios mexicanos

Nota de Marcela Turati y Alejandra Guillén, Revista Proceso.

Documentos confidenciales de la embajada canadiense en México muestran el apoyo que le brindó a la empresa minera Excellon Corporation para acabar con la protesta de mineros y ejidatarios de La Sierrita, Durango que demandaban el saneamiento de las aguas contaminadas y el cumplimiento de derechos laborales.

En Español, descargar INFORME COMPLETO

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No es ningún secreto que los servicios de la diplomacia canadiense respaldan los intereses de empresas del mismo origen a nivel internacional. De hecho, se considera éste un aspecto normal de las actividades consulares. También se entiende que este tipo de esfuerzos se basan en el marco de principios y estándares de comportamiento que un país ha acordado aceptar y promover a nivel internacional, ya sea en materia de corrupción, militarización, protección ambiental, trabajo o derechos humanos e indígenas. Sin embargo, existen pruebas contundentes en el comportamiento de representantes del Gobierno Canadiense en México que estas suposiciones no son válidas en los casos donde se ve involucrada una empresa minera canadiense. 
 
Mediante una solicitud de acceso a la información, se han procurado documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD) que implican de forma directa a la Embajada de Canadá en México al intentar de Excellon Resources de Toronto evadir su responsabilidad por violaciones al contrato pactado con el ejido en cuyas tierras opera la mina La Platosa en el estado de Durango. Esto incluye la tolerancia y el apoyo de la Embajada en la violenta represión estatal de una protesta pacífica en el ejido La Sierrita a mediados del 2012. 
 
El entender el comportamiento de la Embajada Canadiense en México es un importante indicador de la manera en que las misiones canadienses operan en el extranjero, puesto que México es el principal destino de las inversiones canadienses de minería al exterior de Canadá y que las empresas canadienses conforman alrededor del 70% de las empresas mineras extranjeras que operan en el país. La frma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994 y, con esto, las reformas constitucionales que posibilitan la renta de tierras comunales, abrieron las puertas del sector minero mexicano a la inversión extranjera. El conficto entre el ejido La Sierrita y Excellon Resources es uno de los muchos ejemplos de conflictos con empresas mineras canadienses en México y en toda la región. 
 
Los resultados que arroja nuestro análisis en este informe incrementan nuestra preocupación de que las misiones canadienses promueven y protegen los intereses de las empresas mineras canadienses a costa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas. En este caso, los mecanismos de rendición de cuentas de parte del Estado canadiense sobre los abusos que ocurren también brillan por su ausencia. Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es el hecho que la Embajada no exige incluso la protección más elemental a los derechos humanos para la comunidad afectada, sabiendo que se recurrirá a la represión estatal a favor de la empresa minera canadiense en el contexto mexicano donde las fuerzas policíacas y castrenses se ven implicadas en excesivos niveles de violencia incluyendo desapariciones forzadas, tortura, y asesinatos.
 

Minustah en Haití al servicio del capitalismo

Entrevista Beverly Keene :”La Minustah busca mantener a Haití al servicio de los intereses de Estados Unidos, las empresas y los capitales que ellos representan”

Beverly Keene, de Jubileo y Dialogo 200 Argentina

Resumen Latinoamericano/ Por Mario Hernandez.

M.H.: Se cumplieron 5 años del terremoto que costara entre 250.000 y 300.000 vidas y también un nuevo aniversario de la independencia de Haití, primer país independiente de Latinoamérica, en 1804, 6 años antes de nuestro 25 de mayo. Con la característica particular de convertirse en la primer República negra que, entre otras cosas, eliminó la esclavitud. A estas efemérides se suma el hecho coyuntural que el Comité por el retiro de las tropas de Haití, en representación de una serie de organizaciones de nuestro país y latinoamericanas, se hizo presente en la Embajada de Chile con el objetivo de entregar una carta dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que visitó Haití entre los días 23 y 25 de enero y este mes está presidido precisamente por Chile. Esta declaración lleva una serie de firmas, como las de Jubileo Sur, Diálogo 2000 Argentina, Encuentro Sindical Nuestra América, Comité Argentino de Solidaridad por el retiro de las tropas de Haití, el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Mirta Baravalle de la misma organización, Frente Popular Darío Santillán, etc. Para conversar sobre esta carta al Consejo de Seguridad que aborda varias temáticas que queremos profundizar, hoy hemos invitado a Beverly Keene de Jubileo Sur, Diálogo 2000, miembro también del Comité argentino por el retiro de las tropas de Haití.

Una carta al Consejo de Seguridad que creo es una pintura bastante ajustada de la situación que vive el pueblo haitiano, donde se han producido algunas novedades de la coyuntura política de ese país como ser lo que humildemente he denominado un golpe de Estado, porque el pasado día 13 de enero han caducado las autoridades parlamentarias del Senado y la Cámara de Diputados y el actual presidente Martelly se ha hecho de la suma del poder público estableciendo un gobierno que funcionará por decreto, a través de la designación de un Primer Ministro, Evans Paul, quien reemplazó a Laurent Lamotte y que ha prometido en su asunción convocar a elecciones durante el transcurso del corriente año. Mientras tanto esa situación se produzca, lo cierto es que Michelle Martelly va a gobernar por decreto. ¿Qué nos podés comentar respecto de esta situación?

-B.K.: En primer lugar agradecer el espacio para hablar sobre Haití, a veces parece algo muy lejano a nosotros, pero aquí en Argentina tenemos muy presentes las estrategias diversas de intervención de Estados Unidos, Canadá y Francia, los poderes centrales en nuestro mundo hoy, en lo que son las vidas y las decisiones políticas de los pueblos de América Latina. Sin ir más lejos, tenemos el golpe de Estado que se produjo en Paraguay hace unos años atrás, el golpe en Honduras en 2009, y también el golpe de Estado en Haití en 2004, que llevó a la constitución de la Minustah, esta misión que se suponía era para la estabilización de Haití, cuando en realidad lo que se percibió en ese momento y que se ve con mucha más fuerza hoy, es que busca mantener a Haití al servicio de los intereses de Estados Unidos, las empresas y los capitales que ellos representan.

Efectivamente, el golpe de Estado que se está dando en este momento en Haití, por las vías más modernas, no hace falta que los marines estadounidenses ocupen Haití como lo hicieron en 1915 porque se pueden dar el lujo de tercerizar la ocupación militar, como en este caso con las tropas de nuestros países de América Latina, de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, etc., una serie de países que se utilizan no por un decreto del Departamento de Estado de Estados Unidos sino a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que recientemente el Presidente boliviano bautizó muy correctamente como “Consejo de Inseguridad”. En este caso se lo utiliza para imponer la voluntad de los poderes de siempre. En Haití esto significa en este momento el inicio de un período de gobierno por decreto. Justamente esta visita que se realizó el fin de semana el Consejo de Seguridad, sin duda tiene como objetivo legitimarlo, rodear esta nueva situación de un nuevo Primer Ministro, que puso un gabinete que los medios llaman “de consenso”, buscando legitimar este proceso que no es la voluntad del pueblo haitiano, sino de los poderes que en este momento ocupan Haití a través de las tropas de la Minustah.

Esta es una situación a la que tenemos que prestar mucha atención, en la que estamos involucrados directamente a través de la presencia de tropas argentinas en Haití, por ende, apoyando esta situación, y tenemos que escuchar la voluntad que expresan las voces de las organizaciones sociales y populares haitianas, reconociendo que tanto en Haití como en todos nuestros países hay una gran diversidad de opiniones políticas.

Hay partidos que se llaman y se dicen de la “oposición” que están acordando con Martelly para poner en marcha este nuevo golpe de Estado y hay partidos de la oposición que están en contra de esto y siguen manifestándose día por medio de manera masiva en las calles de Puerto Príncipe y en otras partes del país. También hay otros partidos, organizaciones sociales, movimientos populares en Haití que siguen reclamando lo que es lógico, su soberanía, el derecho del pueblo haitiano de hablar y poder decidir por sí mismo sin la intromisión de Estados Unidos, Francia, Naciones Unidas, la OEA o la Minustah, en sus asuntos internos. Muchas de estas organizaciones con las que tenemos un contacto permanente expresan su preocupación, no solamente por esta pérdida de soberanía sino por lo que está sucediendo por detrás de esto, un proceso de recolonización donde la política de mantener los salarios de Haití como los más bajos de todo el hemisferio, favoreciendo la instalación de la maquila, industrias sobre todo textiles que exportan a Estados Unidos a precios de miseria y favoreciendo la instalación de grandes empresas de exploración petrolera y aurífera.

En estos momentos han llevado una queja formal al Banco Mundial por su apoyo al gobierno de Haití por la posibilidad de reformar la Ley minera para que las empresas mineras ingresen y consoliden su posición sin ninguna posibilidad que el Parlamento las supervise o controle.

También hemos visto en estos últimos meses muchas manifestaciones y protestas de parte de comunidades pesqueras costeras en algunas partes de Haití, que han sido señaladas como sedes de futuras inversiones para el turismo de lujo, oponiéndose a la política de desplazar a las comunidades locales y quitar al pueblo no solamente los medios de su subsistencia sino también cualquier posibilidad de decir algo al respecto.

Hay protestas casi todos los días frente a estos avances en lo que es un proceso de recolonización y saqueo, porque aunque no lleguen a nuestros diarios hay una sociedad muy activa y alerta. Tenemos una situación muy compleja, de la que nos llega poca información, la clave es entender que hay un golpe de Estado en curso en Haití y la Minustah, la Misión de estabilización de las Naciones Unidas, es cómplice de ese golpe.

Las tropas de Argentina, Brasil y otros países no están cumpliendo misiones humanitarias, sino cumpliendo como guardia pretoriana de la verdadera ocupación de Estados Unidos, Canadá y Francia. La situación es de mucha dificultad para un pueblo que es el más empobrecido de nuestra América Latina y el Caribe. Es importante recordar que en su época de colonia francesa fue la más rica de Francia, entonces no es que Haití, como todos los países de América Latina seamos pueblos pobres, hay un proceso concreto de empobrecimiento que el pueblo haitiano sigue sufriendo. No podemos aceptar que esos países extranjeros sigan determinando su destino y menos aceptar tropas de nuestros países ayudando en ese cometido.
 

La presencia de la Minustah forma parte de una industria rentable para las Fuerzas Armadas latinoamericanas

-M.H.: Luego vamos a volver sobre la realidad interna de Haití. Has mencionado la presencia de tropas argentinas, y las has denominado como tropas de ocupación, no son las únicas tropas que forman parte de la Minustah, recientemente se ha producido un debate entre el gobierno saliente y entrante en Uruguay, el futuro Canciller Nin, quien fuera vicepresidente de Uruguay habló del inminente retiro de las tropas uruguayas y rápidamente el Canciller Almagro y el Ministro de Defensa, Huidobro, salieron a desautorizar ese punto de vista. Más allá de estas “contradicciones” me gustaría que le expliques a nuestros oyentes cuáles son los fundamentos por los cuales las autoridades argentinas sostienen la presencia de tropas de nuestro país en Haití.

-B.K.: En cierto sentido te podría responder que es muy fácil, en septiembre del año pasado le tocó al Congreso Argentino aprobar la salida de las tropas que participan en Haití de la Minustah, es una autorización que tiene que dar el Congreso en cualquier situación en la que Argentina quiera enviar tropas fuera del país o recibir dentro del país la visita de tropas de otro. En ese debate que se hizo en septiembre en la Comisión de Relaciones Exteriores y la de Defensa de la Cámara de Diputados, un debate que el partido oficialista no esperaba, ya que esperaba un trámite como en anteriores oportunidades, varios partidos se presentaron para reclamar y exigir que hubiera un debate sobre la participación de Argentina en la Minustah y acordaron que los funcionarios del gobierno que fueron a defender la posición de la participación de Argentina en la Minustah no tenían argumentos, pero es una decisión que se sigue manteniendo.

Esa sería la respuesta más fácil. Otra es la que nos dio el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, que en marzo del año pasado visitó Haití durante 36 horas haciendo un saludo de rutina a las tropas estacionadas en Haití, cuando volvió de este viaje, al que lo acompañaron un batallón de periodistas, alrededor de 50 de casi todos los medios masivos, el mensaje fue muy claro y lo repitieron todos los medios, diciendo que la Minustah y la participación Argentina es una misión humanitaria, más o menos dando a entender que se había establecido después del terremoto y no 5 años antes del mismo. Se mostraban escenas de las tropas argentinas entregando agua en bidones a la población, como ejemplo de misión humanitaria. Esos son los argumentos oficiales.

En la Cancillería, a la que hemos ido durante los últimos años en repetidas ocasiones distintas organizaciones populares y sociales, para insistir en nuestro reclamo de retiro de las tropas, por lo general tampoco defienden mucho la presencia, sí hacen mucho hincapié en que no es una decisión de la cual Argentina se hace cargo sola, afirman que están ahí con otros países de América Latina y que el retiro sería en conjunto, no se tomaría una decisión unilateral.

Podría resultar respetable o entendible esta posición, pero no quita la responsabilidad de cada gobierno de estar defendiendo una situación para la que no tienen argumentos de peso. Si el motivo por el cual tenemos tropas de Argentina en Haití durante 11 años es para seguir entregando agua a la población, podemos concluir que ha sido un fracaso total, porque supongamos que esa fuese su misión, la verdad es que tanto tiempo y que no se haya podido resolver nada respecto a un problema que obviamente es real, porque el suministro de agua se sigue manejando con camiones y con bidones con agua y no se ha ido más allá de eso, lo que de por sí sería reconocer el fracaso de la misión.

Está claro que ese no es el objetivo. Según el Consejo de Seguridad, Haití representa un peligro para la seguridad de la región. Muchos gobiernos siguen aprobando eso en octubre cuando revén el mandato de la Minustah, y ese peligro se pone en boca de Estados Unidos, que dice que si la situación se complica en Haití van a tener muchos inmigrantes haitianos en las costas de Florida y como no pueden permitirlo la situación debe ser controlada.

Esa es la defensa oficial que se hace en el Consejo de Seguridad. Pero, en realidad, lo que vemos es que la permanencia se da por objetivos de control, dominación, saqueo y colonización del pueblo haitiano. Podemos mirar un poco más los argumentos que esgrimen distintos gobiernos en nuestra América Latina, podemos reconocer que hoy en día existen debates, como el que hemos visto entre el gobierno saliente y el entrante en Uruguay, que significa que hay preocupación sobre esta presencia de tropas latinoamericanas en Haití. Más de uno ha llegado a la conclusión de que se han metido en un callejón sin salida, en una trampa que puso Estados Unidos y Francia cuando invitaron a los gobiernos “progresistas” liderados en 2004 por Lula de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina, de hacerse cargo de esa ocupación y que ahora no saben cómo salir con elegancia.

El segundo problema, que puede ser muy pedestre, es que la presencia de los latinoamericanos hoy en Haití, en cualquiera de estas misiones de paz, es una industria, significa recursos, posibilidades de viajar para los efectivos que se anotan, es un privilegio, un premio monetario en su carrera.

En Argentina en estos últimos días, cosa que no sale en los noticieros, las Fuerzas Armadas han creado una escuela de capacitación y entrenamiento para los efectivos que participen en misiones de paz. Todo esto forma parte de una industria y cortar la presencia de Argentina en la Minustah la pone en peligro. Ese es un tema que se ve en la discusión, por ejemplo, con Uruguay. Las Fuerzas Armadas uruguayas tienen muchos más antecedentes en la participación en estas misiones de paz de Naciones Unidas, y es un reducto que también vemos en Brasil, incluso en Bolivia, Paraguay, Ecuador, donde se ponen en juego las relaciones entre los distintos sectores de nuestros propios gobiernos. Aquí, entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, Cancillería y Presidencia, no todos tienen la misma postura. Y en más de un gobierno de América Latina en voz baja se ha planteado que no pueden sacar las tropas de Haití porque pueden crear un problema con las Fuerzas Armadas de su país. Esto es importante y lo tenemos que tener presente, si volvemos a los argumentos que los gobiernos esgrimen para sostener esa presencia en Haití, en los inicios se hablaba de la posibilidad de crear una política distinta, de cooperación regional con América Latina, que es algo que la mayoría de nosotros quisiéramos apoyar, como hace Cuba con la presencia de sus misiones médicas desde hace muchos años, como ha sido la política de Venezuela a través de Petrocaribe, un apoyo muy concreto a la vida cotidiana del pueblo haitiano. Pero lo que estamos viendo es que los gobiernos de América Latina están repitiendo los mismos errores, las mismas políticas de dominación y presencia de los poderes centrales. Por eso entendemos que este año, 2015, el centenario de la primera invasión y ocupación de Estados Unidos a Haití, es un momento crítico en la vida del pueblo haitiano, porque las organizaciones sociales haitianas están reivindicando la necesidad de avanzar en la refundación de su país, no con la ocupación de tropas de toda América Latina, sino con políticas realmente de cooperación, solidarias, de los pueblos y los gobiernos latinoamericanos, es el momento para avanzar en ese plano y eso significa, primero, retirar las tropas y luego avanzar en políticas de apoyo en aspectos humanitarios, las cuales sin dudas se pueden ofrecer y también en todo lo que pueden ser políticas de apoyo a la institucionalidad haitiana, pero la que decida su pueblo, no Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OEA o la Comunidad Internacional.

-M.H.: Uno de los argumentos esgrimidos por nuestros gobernantes ha sido el factor que implica que la Minustah ayuda a detener la violencia en Haití. Yo me tomé el trabajo de investigar al respecto y la tasa de homicidios en Haití es de 7 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio en el Caribe es de 17, en México ese índice llega a 24 y en Honduras a 91. Una de las cosas que llama la atención es que, a pesar de las políticas asistencialistas y de las donaciones que proporcionaron ayuda a los damnificados del terremoto, el país sigue inmerso en la pobreza. Mencionaste en alguna de tus intervenciones anteriores, la construcción de hoteles de lujo. ¿Cómo se entiende esto?

-B.K.: Uno piensa en los intereses económicos que están en juego, tanto Haití como Cuba, están cerca de las costas de Estados Unidos, y es un destino caribeño muy atractivo, con aguas cálidas y hermosas. Esa atracción juega un rol en lo que es la codicia, la política hacia un país al cual efectivamente al poder no le importa que tiene un pueblo con mucha historia, de respeto hacia sí mismo, de resistencia, siendo el primer país en poner fin a la esclavitud, tal vez el único pueblo que logró tanto su liberación de la esclavitud como del yugo colonial.

Haití sigue siendo muy codiciado, sus playas, su sol, la riqueza de su suelo, que si bien ya está muy deteriorado por las políticas de saqueo que se sostienen hace varios siglos, ahora se apunta al subsuelo y las riquezas ahí escondidas. Ese es el problema, el pueblo haitiano estorba, está de más, sea yendo para la costa de Florida en sus barquitos buscando sobrevivir al hambre y la miseria que reina, o el que quiere vivir en su país y seguir luchando.

La política de dominación tiene intereses geopolíticos muy claros, de Estados Unidos a Venezuela tenés que pasar por encima o alrededor de Haití, si se quiere seguir bloqueando a Cuba, Haití está en un lugar privilegiado y como hemos visto históricamente a Estados Unidos le es suficiente con decir que es el “patio trasero” para seguir manteniendo el dominio. Desde todos esos puntos de vista el pueblo haitiano sigue sufriendo esta política de control y dominación.

La novedad de estos últimos casi 11 años de la presencia de la Minustah es la participación de las tropas de América Latina en ese proceso, lo cual lo torna doblemente inaceptable. La política de Estados Unidos, Canadá y Francia sigue más o menos sus canales de siempre, y han encontrado a muy bajo precio la posibilidad de involucrar tropas de otros países para llevar a cabo el trabajo sucio. Digo esto, porque hay varias declaraciones de los Embajadores de Estados Unidos en los debates del Consejo de Seguridad, e incluso hay un estudio hecho por una oficina de auditoría del Congreso de Estados Unidos que ha arrojado como información que para ese país mantener las tropas de la Minustah es mucho más barato que pagar la presencia de tropas propias. O sea, lo que para los militares de América Latina es un gran premio, por los recursos que se mueven detrás de su presencia en Haití, para Estados Unidos es muy barato.

Para hablar de una realidad que tiene que ver con la actualidad del pueblo haitiano, Estados Unidos, Francia y Canadá son los países que más contribuyen al presupuesto de la Minustah, en este momento están invirtiendo alrededor de U$S 500 millones anuales para mantenerla. Les costaría muchísimo más mandar tropas de sus propios países. Esos mismos gobiernos han sido incapaces, con todo el conjunto de la llamada Comunidad Internacional, de poner U$S 50 millones para agua potable y la erradicación de la epidemia de cólera que fue introducida por la Minustah, es su responsabilidad aunque la ONU está escondiéndose detrás de que las tropas tienen inmunidad.

-M.H.: Quisiera señalar que el cólera había desaparecido de Haití hace 50 años. Hace pocos días un Tribunal Superior de Nueva York, donde se presentaron los damnificados a exigir indemnizaciones, se pronunció en este sentido que mencionabas, que las tropas no son imputables, por lo tanto, no corresponde el pago de ningún tipo de indemnización ni cargo a las Naciones Unidas, por la reintroducción del cólera en Haití.

La prensa mundial tiende a presentar los problemas de Haití de manera tendenciosa, extrapolándolos de su historia y del contexto neocolonial en que se engendraron. Como si la pobreza endémica, la desforestación, el cólera, los daños de las catástrofes nacionales y el arrebato de la soberanía hubieran sido producidos por un pueblo inconsciente o por un clima adverso, poco se habla de los despilfarros y costos logísticos de las más de 10.000 ONGs presentes en Haití que en la mayoría de los casos constituyen más del 60% de su presupuesto.

-B.K.: Yo no conozco exactamente la cifra, pero la presencia de grandes ONGs existe y me consta que es avasallante. No solamente por los informes y las versiones periodísticas y las denuncias de las organizaciones haitianas, sino porque te das cuenta llegando a Haití desde el propio aeropuerto. La presencia principalmente de las grandes organizaciones que se dedican supuestamente al desarrollo o reconstrucción después de una catástrofe como el terremoto, que son una industria que mueve mucha plata, tal vez en algunos casos con mejores intenciones otras con peores, y ve cualquier situación de este tipo como un campo fértil de ganancias, en prestigio, en plata y en la posibilidad de seguir su cometido.

También hay una enorme presencia de organizaciones más chicas pero que pertenecen a los sectores religiosos muy conservadores de Estados Unidos, algunos independientes y otros que forman parte de conglomerados con una clara intencionalidad política. Otros tienen una intencionalidad política menos clara pero sirven a los mismos fines. Esa presencia en Haití que fue terriblemente multiplicada después del terremoto ha sido denunciada por las organizaciones haitianas de manera sistemática. En cierto sentido sienten que detrás de ese ejército llamado de cooperación o de desarrollo, se les escapaba de las manos cualquier posibilidad de opinar sobre la reconstrucción de su propio país.

Las decisiones y la plata siempre se mueven por fuera del presupuesto del gobierno haitiano y el Estado ha sido muy marginado. Es un proceso que lamentablemente no es único en Haití, se puede ver en muchos otros países, como Indonesia después del tsunami en 2005, y lo vimos en Irak, porque las guerras significan una destrucción descomunal de la población y su reconstrucción son industrias de gran escala. En el caso de Irak, las denuncias de la tercerización de la guerra a empresas contratistas de parte del gobierno de Estados Unidos, y luego la reconstrucción de esos desastres realizadas por las mismas empresas. Esta es una realidad de nuestro siglo XXI, la destrucción y la reconstrucción son industrias y significan una exclusión de la población de cualquier posibilidad de participación en la toma de decisiones, en el diseño de esas reconstrucciones, en la construcción de su futuro.

Hoy en Haití esto forma parte importante del contexto, entonces cuando escuchamos a las organizaciones populares haitianas o las manifestaciones callejeras pidiendo el retiro de los extranjeros, tenemos que ubicarnos en esa realidad, están hartos de esa intervención porque están en todos lados, desde lo más cotidiano hasta el debilitamiento del Estado Haitiano. No hay organización popular haitiana que defienda la capacidad del Estado haitiano o del gobierno para resolver los problemas del pueblo, reconocen grandes debilidades, pero en ese reconocimiento también está que, tanto los gobiernos de la llamada “comunidad internacional” como las ONGs, las empresas contratistas y las instituciones financieras, participan con políticas deliberadas en ese debilitamiento del Estado.

Parte de lo que reclaman las organizaciones populares haitianas en este momento es que cambiar simplemente los nombres en el gobierno y en el gabinete y seguir excluyendo al pueblo haitiano de cualquier posibilidad de tomar las decisiones, no va a resolver los problemas políticos y sociales. Es el propio pueblo el que tiene que resolverlos y construir su propia fortaleza con organizaciones populares para lograr esos objetivos.

-M.H.: Personalmente los argumentos me han convencido de que Haití no es una amenaza para la paz mundial ni regional. No sé si a los que han escuchado este programa les ha sucedido lo mismo, pero el objetivo de esta entrevista era justamente clarificar sobre algunos aspectos poco conocidos de la realidad haitiana. Si ha quedado algún tema sobre el que desearías ampliar te invito a que lo hagas.

-B.K.: Algo que me gustaría agregar es una invitación, realmente tenemos una posibilidad y un privilegio pero que es también una necesidad de ir conociendo a este pueblo que ha contribuido tanto a la historia no solamente propia sino de América Latina y el mundo en la lucha por la independencia, por los derechos humanos y el fin de la esclavitud. Es un pueblo que tiene una cultura impresionante en lo que tiene que ver a sus contribuciones en el arte, la música, el teatro, el cine. Tenemos mucho para disfrutar de este pueblo y para aprender de sus luchas y su resistencia hoy en día. Es un deber que tenemos para ir consolidando los lazos de hermandad y de lucha conjunta con otros pueblos de América Latina.

Este año desde el Comité argentino de solidaridad por el retiro de las tropas de Haití esperamos poder avanzar con actividades, para lo cual nos ponemos a disposición de cuanta organización o casa cultural, para acercar la cultura de este pueblo y ver cómo podemos vincular más estrechamente las luchas, conflictos y resistencias también del pueblo argentino por su supervivencia, por su soberanía, por su autodeterminación con las luchas del pueblo haitiano. Va esa invitación, más allá de la presentación mañana de esta nueva carta en la Embajada de Chile.

-M.H.: Justamente aquí, en el barrio de Barracas, la Escuela 11 se llama República de Haití.

Exigen se prohíba maíz transgénico y glifosato en alimentos y se etiqueten todos los productos que contengan transgénicos

BOLETÍN DE PRENSA

El maíz transgénico importado e incorporado en alimentos de alto consumo para los mexicanos representa un riesgo para la salud, entre otros, por la presencia de glifosato y otros agro-tóxicos.

Los mexicanos tenemos derecho a: (A) Una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y por lo tanto libre de tóxicos. (B) La información clara y completa sobre el contenido en nuestros alimentos; por ello exigimos etiquetado de todos los alimentos que contengan transgénicos, como ocurre en 61 países.

 

“Es muy preocupante que se estén importando 10 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos y que no haya seguridad de que éste y sus agrotóxicos (glifosato, 2,4D, glufosinato, etc., y combinaciones) asociados nos estén llegando a nuestro alimento. Una parte importante de este maíz es transgénico y la mayor parte tiene glifosato y otras substancias nocivas. Los alimentos derivados de cultivos transgénicos de algodón, soya, canola también pueden tener estos tóxicos. A pesar de la evidencia de toxicidad, La Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario (COFEPRIS) ha autorizado 135 líneas de transgénicos para consumo humano y un porcentaje alto de ellas son tolerantes al glifosato. Los más recientes resisten también al glufosinato, y el 2,4D (cancerígeno), entre otros.

Los estudios científicos muestran que el glifosato es un disrruptor endócrino, que puede causar daño hepático y renal, así como malformaciones y otros daños en animales experimentales. Los químicos de los herbicidas y surfactantes penetran a las plantas y NO se pueden lavar. Los granos (Ejemplo: maíz transgénico) y oleaginosas (Ejemplo: soya transgénica) importados de Estados Unidos tienen concentraciones altas de glifosato no permitidas en Europa” señaló la Doctora Elena Álvarez-Buylla, experta en genética molecular del Instituto de Ecología de la UNAM, Presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS; Programa Agricultura y Alimentación).

La COFEPRIS ha otorgado autorizaciones para el consumo de transgénicos, de las cuales el 50% son de maíz, exponiéndonos a las y los mexicanos a un grave riesgo, pues en México el maíz es la base de nuestra dieta: consumimos 329 gramos de maíz al día, que representa más del 50% de la ingesta calórica y 39 % de la ingesta de proteínas. Los datos científicos que hoy se exponen nos alertan sobre la necesidad de atender de inmediato la calidad de nuestros alimentos y llamar la atención a la Secretaria de Salud. El derecho a la alimentación inscrito en la Constitución en 2011 señala que los mexicanos debemos contar con una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
No podemos permitir que se nos exponga a un experimento al obligarnos a consumir cotidianamente maíz transgénico que, además de las secuencias genéticas incorporadas, tiene un alto contenido de herbicidas y otros tóxicos, y una muy baja calidad. El maíz que se importa de Estados Unidos tiene mayor contenido de almidones y azúcares, y menos proteína y fibra que el nativo mexicano; pues está hecho para engordar ganado. Por ello, el consumo humano aumenta el riesgo de padecer obesidad e incluso diabetes. Hoy más del 50% del maíz que se come en México es aún producido por los campesinos a partir de variedades nativas (criollas), este maíz es mucho mejor para la salud, incluso se ha demostrado que los maíces de colores contienen antioxidantes, que ayudan a prevenir enfermedades; además está libre de transgénicos y tiene hoy un sobreprecio en el mercado. Este maíz ha sido protegido por los campesinos que se han opuesto a la siembra de transgénicos, sin embargo hoy la autoridad de salud parece desconocer el tema y actúa con indiferencia e irresponsabilidad”. Declaró Adelita San Vicente, Directora de la Fundación Semillas de Vida y miembra de la Campaña Sin maíz no hay país.

Por ello, exigimos que: 1. Se prohíba el maíz transgénico y/o glifosato en alimentos. 2. Se etiqueten todos los alimentos que se hayan hecho a partir de cultivos transgénicos y/o tratados con faena (glifosato) u otros herbicidas (por ejemplo, el 2,4D). 3. Se regule el uso de estos tóxicos de manera más estricta; en beneficio de la salud pública, evitando que lleguen a nuestros alimentos.

Estas demandas se sustentan en evidencia científica que será entregada a COFEPRIS, y se resume en:

  1. Casi 9 de cada 10 de las líneas transgénicas en el mercado son tolerantes al glifosato, el principio activo del herbicida más usado en México, el llamado Faena. Los granos (Ej., maíz transgénico) y oleaginosas (Ej., soya transgénica) importados de Estados Unidos tienen concentraciones muy elevadas de este tóxico. Hasta hace poco más de 20 años en que no había transgénicos, los herbicidas se asperjaban en los campos antes de la siembra, y los cultivos raramente estaban en contacto con estos tóxicos. En las transgénicas tolerantes al Faena se asperja el tóxico directamente. Los cultivos transgénicos sobreviven con altas concentraciones de estos tóxicos, contaminando a los alimentos que se hacen con ellos.

  2. El glifosato también se asocia con mayor incidencia de malformaciones en bebés de madres que viven cerca de siembras de transgénicos en Argentina y otros países. Se ha asociado con mayores alteraciones celulares y genéticas en trabajadores de soya transgénica. En Sudamérica y Estados Unidos, en donde se han sembrado y consumido masivamente los transgénicos los últimos 20 años, se ha reportado aumento en incidencia de enfermedades renales, hepáticas y cáncer en zonas cercanas a siembras de transgénicos y en la población en general.

  3. El glifosato se acumula en el agua, suelo y en aerosoles; puede llegar al agua que tomamos.

  4. Se ha detectado glifosato en orina, sangre y leche materna; los afectados, más propensos a enfermedades.

  5. En algunos casos se usa este herbicida para facilitar la cosecha; incluso en no transgénicos (Ej., trigo).

  6. El 2,4D, al cual son tolerantes las transgénicas recién aprobadas por COFEPRIS, es un probado cancerígeno y teratógeno (causa malformaciones al nacer) y se acumulará en estos cultivos.

Por su parte, la Alianza por la Salud Alimentaria exigió que se informe en el etiquetado de todos los alimentos y bebidas si contienen organismos genéticamente modificados como ocurre ya en 61 países, entre ellos los estados miembro de la Unión Europea, Rusia, China, Brasil, Australia, Turquía y Sudáfrica. “Es un derecho de los ciudadanos el acceso a la información y este derecho está violado por el gobierno mexicano que ha permitido que los transgénicos entren en nuestros alimentos sin ninguna información al consumidor”, señaló Alejandro Calvillo miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria.

Desde abril del 2011 el Codex Alimentarius aprobó la posibilidad, a escala internacional, para que los países que lo deseen puedan identificar en las etiquetas los alimentos que contienen transgénicos. La Organización Mundial de Comercio, OMC, hacía 20 años que se oponía a la posibilidad de etiquetar los alimentos argumentando que era una barrera al libre comercio. En 2011, los Estados Unidos que eran el principal opositor al etiquetado, apoyando a las grandes empresas como Monsanto, lo aceptó. “Con la autorización del Codex Alimentarius al etiquetado de transgénicos ya no existe ningún argumento comercial para impedir su aplicación” subrayó Alejandro Calvillo.

Contacto Prensa: Rosa Elena Luna cel. 55-2271-5686; Diana Turner cel. 55-8580-6525,Denise Rojas cel. 55-1298-9928

Firma Por el Retiro de las Tropas de Ocupación en Haití

Campaña de Firmas Avazz.org.

FIRMA LA CARTA AQUÍ

CARTA A JOSÉ MUGICA:

Señor Presidente de Uruguay

Somos simples ciudadanos de este país, orgullosos de su tradición democrática y pacifista, de su defensa de los principios básicos de autodeterminación y soberanía, que no son simples palabras.

Es claro para todos nosotros y también para usted que la intervención en la tierra hermana de Haití es injustificable, insostenible, y que además ha fracasado y no tiene ninguna perspectiva de aportar algo positivo al pueblo haitiano, ni tampoco al uruguayo. No vamos a repetir de nuevo los argumentos por todos conocidos, y de los que usted mismo ha sido un claro vocero al decir que «no seremos guardia pretoriana de una dictadura».

Luego de eso, señor presidente, no caben los eufemismos ni buscar matices ni palabras para evadir la realidad. Tal vez no podamos y no tengamos potestad para decir quien tiene la razón en Haití y quien no, pero entonces, por eso mismo, no tenemos nada que hacer allí con tropas de ocupación.

Si son altos los motivos para forjar compromisos y relaciones estrechas y recíprocas con los países de la región, causa que todos queremos, con más razón podemos decir que ninguna hermandad entre pueblos podrá construirse empezando con el abuso del hermano más débil, como es en este caso.

No puede haber cálculo ni interés particular ni sectorial ni excusa alguna que justifique ya continuar la presencia de las tropas uruguayas en Haití, en una ocupación que la sociedad haitiana rechaza día a día por todos los medios por los que puede hacerlo, porque los medios institucionales para que que ese pueblo exprese su propia opinión les han sido negados y se les sigue negando.

Se compartan o no los esfuerzos que su gobierno ha hecho en Haití, hoy, ya agotados por completo, resulta más que evidente que la única actitud de coherencia en la defensa de los principios que siempre ha sostenido nuestro país, solo puede ser el retiro total, inmediato e incondicional de las tropas uruguayas

Por lo anterior y por todo lo que usted ya sabe, señor presidente, le pedimos que antes de terminar su mandato sea el vehículo para que el país tenga un gesto supremo de dignidad, y deje de ocupar la tierra haitiana.

(Solicitamos que todos los adherentes a estos conceptos reproduzcan esta carta por todos los medios posibles, incluyendo redes sociales y listas de contacto, y la reenvíen a comunicacion@presidencia.gub.uy y a todos los destinos que les parezcan útiles)

Más de una década de resistencia contra empresa extractiva en el Cañón del Sumidero, Chiapas

Desinformémonos

Ciudad de México, 18 de febrero del 2015. Durante más de cincuenta años la empresa Cales y Morteros del Grijalva se ha dedicado a la extracción de materiales pétreos para la construcción, a pesar de no contar con estudios ni manifiesto de impacto ambiental, ni la autorización del cambio de uso de suelo. La organización Salvemos al Cañón, le solicitó en días pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT) una audiencia para que evalúe el impacto ambiental y los daños a las comunidades que habitan esta región en la capital chiapaneca.

“La maquinaria obsoleta que utiliza la empresa en sus procesos de producción, aunado al mal manejo de operación, permite las emisiones fugitivas de partículas contaminantes a la atmósfera de humo, polvo, vapores y ruido, dañando severamente el medio ambiente y la salud de la población”, denunció el colectivo en un documento enviado a la SEMARNAT y agregó que la empresa está afectando severamente la pared oriente del Cañón del Sumidero, área protegida desde 1980.

Las rocas en las paredes del Cañón se comenzaron a formar hace más de 136 millones de años en Tuxtla Gutiérrez. Este cañón es considerado uno de los más imponentes en el mundo y fue declarado Parque nacional en 1980 y fue nominado para ser una de las siete maravillas del mundo.

El director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, respondió a las denuncias de los pobladores que viven del turismo y su economía se ha visto seriamente afectada, argumentando que esa institución no tiene competencia para evaluar el impacto ambiental de la empresa Cales, porque la extracción en el cañón inició antes de que existiera la Ley general de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y por lo tanto no están obligadas a contar con autorizaciones en materia de impacto.

A pesar de haber dos averiguaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), la La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con sede en Chiapas, no le ha dado seguimiento al caso y la empresa continua trabajando sin los estudios y permisos requeridos en la obra y que fue concesionada por diferentes instancias gubernamentales.

En más de una década de lucha, las comunidades informaron que han agotado todas las vías legales posibles, sin que el Estado tome cartas en el asunto, al contrario es cómplice de las violaciones a los derechos humanos y ambientales de la empresa.

Las comunidades que habitan esta región denunciaron las afectaciones y daños irreversibles causados por la empresa Cales y Morteros. “El agua está contaminada con cal, la microcuenca Cahuaré esta atascada de lodos grises y material triturado, contaminación del aire, derrumbes recientes en la pared del cañón, ruidos y vibraciones de camiones y maquinaria pesada, casas fracturadas, obstrucción vehicular en la autopista Chiapas- Tuxtla, tala de vegetación recientemente y sin permiso, extenso hueco en una superficie de 40 hectáreas y la Pared Oriente del Cañón del Sumidero fracturadas con el riesgo de desplomarse en cualquier momento, lluvia permanente de hollín y polvo de cal y enfermedades entre la población”.

La organización Salvemos al Cañón del Sumidero exigieron se termine este ecocidio, pues aún están a tiempo de rescatar algo, ya se presentan daños irreparables y la población sufre cada vez más de enfermedades, además su economía que se basa en el ecoturismo está siendo afectada enormemente.

Con información de Radio Pozol

Gobierno y trasnacionales de transgénicos ya perdieron cinco de seis amparos

Angélica Enciso L., La Jornada

El gobierno federal y empresas trasnacionales productoras de transgénicos ya perdieron cinco de seis amparos que interpusieron en contra de la demanda para evitar la siembra de maíz transgénico en México, interpuesta por 53 ciudadanos y organizaciones, por lo que el juicio comenzaría en unas semanas.

El viernes pasado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) perdió el amparo que presentó en contra de la demanda, según resolvió el segundo tribunal unitario en materia civil.

Esta instancia en dos semanas deberá resolver un último amparo, interpuesto por la empresa Pionner Dupont. En caso de que ésta pierda el recurso, luego de 19 meses de que se inició la demanda, podría comenzar el juicio, explicó el abogado de Colectivas AC, René Sánchez Galindo.

La demanda colectiva fue presentada el 5 de julio de 2013 por el sacerdote Miguel Concha, los investigadores Antonio Turrent, y Víctor Toledo; Bernardo Bátiz, Raúl Hernández Garciadiego, Adelita San Vicente y las actrices Jesusa Rodríguez y Regina Orozco, entre otros, con el fin de evitar el cultivo de maíz transgénico, centro de origen del grano y alimento básico de los mexicanos.

El gobierno actúa como una empresa más. «No es que haya dicho vamos a revisar qué estuvo mal, sino que ha rehuido el juicio y no quiere un debate», sostuvo en entrevista Adelita San Vicente, de Semillas de Vida.

Explicó que en los amparos el argumento de las secretarías es que los quejosos no se debieron acoger a las acciones colectivas, sino a la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida como ley Monsanto, que es «deficiente y está acotada a lo que empresas y gobierno quieren».

Sánchez Galindo detalló que hay 91 impugnaciones en contra de la demanda, así como de la medida precautoria que estableció en 2013 el juzgado federal décimo segundo de distrito en materia civil en el Distrito Federal. Con esta medida se ordenó a la Semarnat y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Agricultura (Sagarpa) abstenerse de realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado; prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de estas semillas, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial.

Abundó en que los procesos se llevan en 17 tribunales distintos, ya que estas secretarías así como Monsanto, Syngenta, Dow y Pionner Dupont presentaron diversos recursos legales en contra de la demanda y de la medida precautoria. Agregó Monsanto, Syngenta y Dow, la Sagarpa, y ahora Semarnat, perdieron el amparo.

Concluyó que el caso ya llegó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre la medida precautoria se espera que en los próximos días sean resueltos siete amparos, indicó.

Miembros mexicanos formulan estrategias para el proceso del Tratado para regular los abusos corporativos

Red-DESC

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (CAWG) de la Red-DESC organizó el 28 de enero de 2015, en Ciudad de México, una reunión de concienciación y elaboración de estrategias en relación al nuevo proceso de la ONU para establecer un tratado para regular las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. Más de 15 organizaciones de la sociedad civil de México participaron en la reunión.

El objetivo del encuentro en Ciudad de México era informar sobre el progreso del proceso de la ONU para empezar a desarrollar un tratado, y discutir maneras en que las organizaciones nacionales pueden participar de manera activa en su elaboración.

 

Un grupo de miembros mexicanos de la Red-DESC participó en la reunión, entre ellos: PODER, ProDESC, Proyecto AliMente, Equipo Pueblo, FIAN Mexico y CEMDA. También asistieron algunas organizaciones de otras regiones que se encontraban en México para participar en otra reunión de la Red-DESC sobre la captura corporativa, como Defend Job Philippines y Habi Centre for Environmental Law (Egipto).

Durante el evento, los participantes plantearon sus preocupaciones sobre la existencia de vacíos legales en la legislación nacional, que facilitan la impunidad y hacen que las corporaciones puedan influir en el sistema judicial. Todos estuvieron de acuerdo en que el proceso de creación del tratado puede brindar nuevas oportunidades estratégicas para crear una agenda de incidencia local, fortalecer los esfuerzos colectivos existentes para abordar las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y ejercer una presión efectiva sobre el gobierno mexicano para que tome medidas proactivas hacia una mayor rendición de cuentas y transparencia corporativa.

Los participantes también hicieron hincapié en la ineficiencia de los mecanismos actuales a la hora de abordar las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, y se mostraron de acuerdo con que un nuevo mecanismo podría ayudar a impulsar una agenda local, a la vez que conectarían las iniciativas de la sociedad civil mexicana con acciones similares en otros países. 

También se debatió cómo sería posible participar de manera efectiva en el proceso de desarrollo del tratado. Algunas de las ideas propuestas sugerían oportunidades coordinadas de incidencia en los litigios nacionales e internacionales, actividades de presión sobre el gobierno mexicano y diplomáticos de la ONU, la creación de conciencia entre otros activistas mexicanos e internacionales sobre casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, y la promoción del reconocimiento y el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales (ETO).

Durante la reunión también se anunció que la Red-DESC y la FIDH han lanzado un proyecto conjunto que facilitará la participación de los miembros y los aliados en el desarrollo del contenido para el tratado, mediante consultas con un grupo de expertos legales que viajará a las principales regiones del mundo y se reunirá con las comunidades afectadas y las organizaciones que trabajan en temas de rendición de cuentas y transparencia. Los resultados de estas consultas se traducirán en la producción de propuestas legales por parte del grupo de expertos, compuesto por miembros de la Red-DESC y de la FIDH y sus aliados. Las propuestas legales formarán la base de las propuestas de contenido sobre temas pertinentes para el tratado.

A modo de clausura de la reunión, las organizaciones participantes se comprometieron a continuar la conversación entre ellas como un primer paso hacia una participación y una coordinación de los esfuerzos más significativa en relación al proceso del tratado.

 

Chiapas: Pantelho se moviliza en contra de los proyectos de minas

espoir chiapas

Fotos @AreaDeComunicacionDeLasAbejas

El pueblo creyente de la Parroquia Santa Catarina de Pantelho organizo una marcha en la cabecera municipal para anunciar su total rechazo a la venida de la empresa GYMSA que tiene planificado de hacer sus trabajo y servicio geologico para empiezar a construir su proyecto de mina.

Igual en su comunicado añadieron su rechazo al trago y a las drogas.

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE
PARROQUIA SANTA CATARINA, PANTELHO’
11 de Febrero de 2015

Nosotros, hombres y mujeres del Pueblo Creyente de Nuestro Señor, hemos venido para decir la verdad sobre los problemas que ya están entre nosotros en estos días, de los grandes empresarios y gobernantes.

Porque nos duele en nuestro corazón que ya está el problema en nuestras comunidades: hay división por las ayudas que da el gobierno en cada una de nuestras comunidades.

Por eso, sabemos que somos hijas e hijos de Dios y que él no quiere que tengamos duros sufrimientos. Sólo él es nuestra fuerza, sólo él es nuestro Libertador. Así nos lo dice en su Palabra: Dichoso el hombre que confía en el Señor (Salmo 1).

Así pues, hemos venido a decir abiertamente que NO QUEREMOS QUE VENGA A HACER SUS TRABAJOS EL SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO A TRAVES DE LA EMPRESA GYMSA (Geoquímica y Perforación Sociedad Anónima), porque sabemos que ellos están buscando las riquezas de nuestra santa madre tierra.

¿Por qué no queremos que entre en nuestras comunidades?
Porque explotan nuestra vida y la vida de nuestra madre tierra.

También queremos denunciar de nuevo que NO QUEREMOS LA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES. NO QUEREMOS LA VENTA Y EL CONSUMO DE MARIGUANA. Por eso han aumentado los ladrones y asesinos en nuestro municipio.

Hermanas y hermanos todos: ahora estamos reunidos aquí. Tenemos fuerza con la Eucaristía en nuestra peregrinación para mirar nuestros problemas y sufrimientos, para que tengamos fuerza en nuestros corazones para hacer nuestro trabajo que recibimos de Nuestro Señor.

Que Dios Padre y Madre, nos ayude y mantenga viva nuestra esperanza.

Esta es la voz del Pueblo Creyente. Parroquia Santa Catarina, Pantelho’