POSICIONAMIENTO REGIONAL AMERICA LATINA, SOBRE FRACKING

vía Hijos de la Tierra

El desarrollo de la fracturación hidráulica (fracking) tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente y la población de América Latina y agravará el cambio climático por lo que no debe ser permitida.

 – En el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20) y de la Cumbre de los Pueblos en Lima, organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región.

– Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.
– Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas (shale) en sus territorios.[1] Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking para extraer gas y petróleo se encuentra en diversas fases. Por ejemplo, en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia, Uruguay y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria, y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años.

La técnica de la fractura hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a hasta 16 km de extensión según la formación geológica.

El uso de la fracturación hidráulica provocará, y ya se encuentra provocando como se ha demostrado en EEUU y Argentina, fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población,[2] ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad y condición experimental,[3] esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son:
– Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que quedan completamente inservibles para otros usos. Esto se debe a los 300.000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido se puede filtrar a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.[4] Por lo tanto, el uso de esta técnica viene a sumarse a las amenazas e impactos del cambio climático sobre  el agua.
– Supone graves afectaciones a la salud.[5] Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.[6] Además, los efectos sinérgicos de los químicos empleados son totalmente desconocidos, por las propias empresas proveedoras.[7]
– Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.[8]
– La reinyección de las aguas residuales del fracking en el subsuelo en “pozos letrina” está directamente vinculada con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.[9] Además, se ha logrado comprobar que esta inyección ha provocado la contaminación de acuíferos enteros en California.[10]
– Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la vida y a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos, como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación.
– Las economías y medios de vida de los pueblos de Latinoamérica sufren o podrían verse afectados por la contaminación de los acuíferos subterráneos y aguas superficiales, en las cercanías de las operaciones de fracking, afectando la sanidad de los productos agrícolas y ganaderos, y conllevando grandes pérdidas y daños para las comunidades.
– Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación en la producción de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%), y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo.[11]

Nuestras demandas y exigencias

Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a nuestros gobiernos de los países latinoamericanos:
– Que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios en aplicación del principio y obligación estatal de precaución, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas.
– Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva, verídica e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada y sustancias empleadas en el fracking, y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras.
– Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.  
– Demandamos a nuestros Estados la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables y renovables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura y la mitigación del cambio climático.
– Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten  los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
– Demandamos que sean atendidos los reclamos, las acciones legales y las denuncias de las comunidades que protegen la vida y los territorios libres de petróleo, carbón y gas.
– Demandamos que las delegaciones de los Estados ante la COP y las corporaciones impulsen reducciones radicales en la exploración, explotación y uso de combustibles fósiles.

Manifiesto en solidaridad con el pueblo mexicano

El caso de México es especialmente representativo de las estrategias que están siguiendo algunos gobiernos de la región para imponer este tipo de proyectos a poblaciones que defienden sus derechos fundamentales ante esta impactante actividad. La situación de violencia estructural en este país promovida por el propio Estado que desembocó en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero), la criminalización de la protesta social y de las y los defensores de derechos humanos, y la creación de fuerzas de seguridad para la protección de las inversiones son ejemplos de ello.  Hechos que se están dando a la vez que se trata de implementar una reforma energética que le apuesta al desarrollo de la fracturación hidráulica, por encima de los derechos de la población.

Ante esta situación, nos solidarizamos con el pueblo mexicano y hacemos un llamado específico al Estado de este país para que establezca las medidas necesarias para atender la situación de violencia estructural y criminalización de la protesta social existente en el país. Para ello, exigimos que se esclarezcan los hechos ocurridos en relación a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el paradero de los otros 22,000 hombres y mujeres desaparecidos en el país, la liberación de las y los presos detenidos arbitrariamente en la exigencia de sus derechos y la puesta en marcha de reformas de fondo que garanticen que estas y otras violaciones de los derechos humanos no se vuelvan a repetir.

VER organizaciones firmantes

Declaración de la Cumbre de los Pueblos Frente al Cambio Climático

DECLARACIÓN DE LIMA
Cumbre de los Pueblos Frente al Cambio Climático
Lima, 11 de diciembre de 2014
 
La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, realizada en Lima del 8 al 11 de diciembre de 2014, es expresión de los procesos de movilización y resistencia emprendidos por una diversidad de organizaciones, movimientos, plataformas, redes y colectivos sociales, sindicales, de mujeres, campesinos, indígenas, juveniles, ambientalistas, religiosos, artísticos y culturales peruanos e internacionales. Nos reunimos para seguir debatiendo y compartiendo las múltiples formas de lucha y resistencia, por la construcción de la justicia social, contra el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico, por el respeto de las diversas formas de vida, sin explotación ni expoliación de los bienes de la naturaleza, por la capacidad de los pueblos de decidir sobre sus fuentes de energía, comunitaria, por la reducción de las desigualdades sociales así como promover el Buen Vivir como modelo de vida en armonía con la Naturaleza y la Madre Tierra.
 
El capital busca hacer frente a su crisis sistémica imponiendo la captura el agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la depredación, la producción de combustibles fósiles, la mayor explotación de los trabajadores y trabajadoras, la represión de los movimientos sociales y la violencia física y psicológica, aumenta múltiples formas de criminalización de las luchas, de los pueblos, de militarización y control territorial. Todo esto es alentado por las corporaciones mediáticas. Además, a esta realidad hay que sumarle la captura de los Estados y de sus burocracias por el poder económico, el pago de las deudas injustas y corruptas, y una diversidad de hechos que benefician exclusivamente a los verdaderos poderes tras los gobiernos de turno, dóciles al mandato de las empresas nacionales y las grandes corporaciones transnacionales y sus operadores políticos.
 
En esta coyuntura la Cumbre de los Pueblos representa la voz de los sectores explotados y oprimidos del mundo, de los marginados por un sistema económico y cultural que los subordina a los sectores racistas, fundamentalistas, machistas y patronales que se benefician del modelo capitalista. En este momento crucial que atraviesa la humanidad, en el que el gravísimo cambio climático que sufrimos exige acciones urgentes de parte de la sociedad global, demandamos a los Gobiernos –y al Sistema de Naciones Unidas reunido en la COP 20–la adopción de acuerdos que respeten y valoricen la vida de los pueblos originarios, campesinos y urbanos, y que promuevan la preservación de la biodiversidad global. Rechazamos cualquier mecanismo de mercado que se plantee como solución a los problemas climáticos y ambientales.
 
Quienes nos reunimos en esta cumbre, recogemos y hacemos parte de procesos de luchas anteriores que se han tejido en nuestros pueblos, y llegamos a este momento con esa fuerza y construcción colectiva. A partir de ello expresamos y demandamos:
 
A los Gobiernos del mundo que respeten nuestros territorios, derechos y modos de vida, nuestras culturas, costumbres y cosmovisiones sobre la vida y el mundo que habitamos. Denunciamos la explotación de nuestros recursos naturales y territorios por parte de las industrias extractivas, que afectan nuestras formas de sustento, nuestra fuente de identidad y la relación armoniosa de nuestras comunidades con la Madre Tierra.
 
Demandamos el reconocimiento de la propiedad territorial de las comunidades que tradicionalmente han vivido en sus tierras. No aceptamos el control externo de los territorios, ni los procesos de negociación e implementación de las falsas soluciones al clima. Los Gobiernos deben tener como eje central el respeto de nuestras formas de vida ancestrales y el reconocimiento a nuestra autodeterminación como naciones y pueblos originarios.
 
Asimismo, aclaramos que el conjunto de iniciativas orientadas a revertir la destructiva tendencia climática hacia la que ha sido conducido nuestro planeta, deben considerar las responsabilidades históricas de los países desarrollados y el reconocimiento y reparación de la deuda histórica y ecológica que tienen con el Sur global. En particular, las corporaciones transnacionales de capital privado de los países desarrollados deben ser responsabilizadas por sus acciones y prácticas a nivel global. Exigimos plena justicia en los casos de contaminación por parte de Newmont, Doeran en Perú, y la Chevron-Texaco, entre otras, la cual en su paso por la Amazonía dejó como legado uno de los mayores ecocidios de la historia del planeta.
 
A los Gobiernos y empresas les exigimos aceptar y respetar nuestro derecho humano a un trabajo digno, con pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y que se garantice un proceso de transición justa en un mundo que nos permita mejorar la calidad de vida. Demandamos garantías al acceso universal a los sistemas de protección y seguridad social, el respeto de nuestra libertad sindical y a una repartición justa y equitativa de la riqueza producida con nuestro trabajo y conocimientos.
 
Consideramos que ninguna acción para enfrentar el cambio climático será eficiente o viable si no se promueve con políticas públicas efectivas a favor de la pequeña agricultura familiar y campesina, la reforma agraria, la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos, la producción auto sustentable, con base agroecológica, autóctona y libre de transgénicos y agrotóxicos, orientada al consumo humano y a la preservación de nuestra biodiversidad. Creemos que para avanzar hacia un mundo justo y una economía local, solidaria, cooperativa, feminista y comunal, es fundamental reconocer el derecho humano a la alimentación, así como el gran aporte de la agricultura familiar campesina, que contribuye con más del 70% de la alimentación del mundo. Exigimos frenar la producción y expansión de los agrocombustibles, que promueven la deforestación, erosión de las tierras, contaminación de las fuentes del agua y aire, y significan una forma de recolonización territorial.
 
Como expresión de esta estrategia del capital, en los últimos años se han agudizado los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza, expresados en los principios de la economía verde, que nos presenta las falsas soluciones a la crisis climática. Algunas de ellas son: Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), transgénicos, agrocombustibles, geoingeniería, megaproyectos hidroeléctricos, centrales nucleares, fractura hidráulica (“fracking”), agricultura climáticamente inteligente.
 
La estrategia del capital pasa también por lo que llamamos arquitectura de la impunidad de las corporaciones transnacionales y gobiernos, a través de los tratados de libre comercio y protección de inversiones, entre otros, que pretenden privatizar servicios esenciales como el agua, la educación, salud y vivienda, y atentan contra los derechos humanos de trabajadores y de los pueblos. La Cumbre de los Pueblos rechaza todas estas estrategias del capital
 
Como expresamos antes, denunciamos el sistema capitalista-patriarcal que sostiene la opresión y control sobre el cuerpo, el trabajo y la vida de las mujeres, promueve la violencia sexual y la trata, las margina de diversos ámbitos de la vida social y pública. Es necesario transitar hacia otra división social del trabajo, que elimine la subordinación del trabajo femenino, que no invisibilice el trabajo del cuidado –que hace posible la reproducción social– ni lo subordine a los mandatos del mercado. Exigimos un cambio radical que reconozca el trabajo reproductivo como la base de la sustentabilidad humana y de las relaciones entre las personas y comunidades.
 
Todas las alternativas deben incorporar la perspectiva feminista y promover una relación más justa entre hombres y mujeres.
 
Abogamos por la promoción de un consumo responsable y no alienado, basado en la adopción de hábitos y pautas de consumo saludables, y de acuerdo con la necesidad humana, no sujeta a la ambición del capital. Un  consumo que no contribuya a la contaminación ambiental ni al cambio climático. Alentamos el uso responsable de los recursos vitales, el reciclado y el manejo sustentable de los residuos sólidos. Nos comprometemos a promover la conciencia ciudadana respecto a las acciones que podemos llevar adelante individual y colectivamente para avanzar hacia un mundo más justo.
 
Los Estados deben tomar decisiones y medidas inmediatas de protección, conservación o restauración de las cuencas, los ecosistemas, las altas montañas, bofedales, humedales, páramos, estepas, bosques, acuíferos, lagos, ríos, manantiales, zonas marinas costeras, que alimentan a la Madre Tierra. Esos ecosistemas y fuentes de agua son afectados por las actividades de las industrias extractivas, como la minera, petrolera, carbonífera y gasífera, por las talas de árboles y el arrojo de desechos, entre otras causas. Se debe garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, en igualdad de condiciones, acceso y salubridad. Esto sólo se puede garantizar con empresas públicas en manos públicas.
 
La Cumbre de los Pueblos cuestiona la incoherencia del Gobierno peruano en su calidad de presidente de la COP 20. Por las políticas ambientales, laborales y tributarias adoptadas recientemente a favor de la inversión privada –rebajando estándares y regulaciones que afectan derechos colectivos, ambientales y culturales–. Denunciamos la represión que sufren representantes indígenas, dirigentes sindicales y campesinos, activistas ambientales, así como los hostigamientos a delegaciones que arribaron a la Cumbre de los Pueblos desde diversas regiones del país y el exterior.
 
La Cumbre de los Pueblos cuestiona la captura corporativa de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Las grandes corporaciones transnacionales “acompañan” a los gobiernos en las negociaciones globales para acordar medidas que tienen por único fin limpiar de responsabilidades a los países industrializados por sus emisiones de gases de efecto invernadero y por ser los principales responsables del cambio climático. Exigimos que los pagos por servicios de la deuda externa e interna –que ahogan a los pueblos y limitan la capacidad de los Estados para atender necesidades básicas de las poblaciones–, se destinen a hacer frente a la crisis ambiental y climática, porque de ello depende la sobrevivencia de la Humanidad y todas las especies vivas del planeta.
 
La Cumbre de los Pueblos saluda la movilización comprometida y entusiasta de las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo que participaron de la Gran Marcha Global en Defensa de la Madre Tierra (10/Dic) en Lima y en otras ciudades del planeta. Esta gran concentración de organizaciones, movimientos y delegaciones del Perú y numerosísimos países es la expresión más clara de la posición de los pueblos a favor de un mundo justo y democrático, que garantice la armonía entre la existencia humana y los derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra.
 
Seguiremos fortaleciendo la articulación de nuestras luchas, de forma activa y permanente en las múltiples movilizaciones del 2015, con un especial momento de activismo en París, Francia, donde se llevará a cabo la COP 21. Desde ya los movimientos sociales del mundo nos preparamos para dar continuidad a las luchas desde nuestros territorios en defensa de la vida, hasta que nuestras exigencias sean atendidas. Seguiremos en lucha hasta cambiar el sistema… No el Clima!
 
Cumbre de los Pueblos
 
Lima 11 de diciembre 2014.

El pueblo San Juan Cancuc movilizado contra el despojo

Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos AC/Chiapas

En San Juan Cancuc, municipio de la región Altos de Chiapas, donde la mayoría del pueblo es tseltal, más de 900 personas se sumaron a la marcha convocada por la Parroquia este 25 de noviembre de 2014, a la cual participó Otros Mundos A.C. En el marco del día internacional por la eliminación de la violencia hacia la Mujer, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, que reúne once parroquias de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México), incluyendo la de Cancuc, organizó en esta fecha su segunda gran peregrinación en defensa de la Madre Tierra. Hace seis meses, la primera gran peregrinación del movimiento había reunido a más de 15.000 personas en el estado. De nuevo, miles de chiapanecos originarios, en mayoría tsotsiles y tseltales, caminaron en los 11 municipios representados (San Cristóbal de las Casas, representado por los ejidatarios de La Candelaria, Huixtán, Tumbalá, Cancuc, Tenejapa, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Bachajón-Chilón, Yajalón y Salto de Agua).

VIDEO: Segunda Peregrinación en defensa de la Madre Tierra en San Juan Cancuc

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En Cancuc, los peregrinos alzaron la voz contra la alta tasa de feminicidios en Chiapas (50 mujeres fueron asesinadas en la entidad este año según Kinal Antsetik) y también contra la violencia de Estado, solidarizándose con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero), víctimas de un ataque policíaco mortal el 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), en el cual 3 de ellos fueron asesinados y 43 otros desaparecidos. Durante esta marcha de dos horas que inició a las nueve de la mañana, los habitantes de Cancuc gritaron su indignación frente a una de las formas más agresivas de la violencia de Estado: el despojo. «Basta de derramar más sangre y a la destrucción de la Madre Tierra !», dijo en el micrófono un representante de la Parroquia leyendo la palabra del Pueblo Creyente de Cancuc. En su comunicado, la Parroquia expresó su rechazo a «la súper carretera (San Cristóbal de Las Casas-Palenque), autopistas, represas hidroeléctricas, minas, extracción del petróleo» y se opuso a la voluntad del gobierno de «convertir en negocios nuestros lugares sagrados, manantiales, ríos, lagos, cuevas, cerros, los pueblos antiguos, vía el ecoturismo» así como al «saqueo de los recursos genéticos de la biodiversidad de nuestro estado de Chiapas».

>> LEER el comunicado de la Parroquia de San Juan Cancuc

El rechazo a la nueva autopista de 153 km que el gobierno de Chiapas y el presidente de la República Enrique Peña Nieto quieren construir entre San Cristóbal de Las Casas (Altos de Chiapas) y Palenque (región Selva), cristalizó el descontento de todos los manifestantes que marcharon ese día en el estado. Si esa carretera de dos carriles (que ocuparán 60 metros de ancho) ve la luz con su trazo actual, miles de hectáreas de siembras, de cerros, de bosques y de cuencas van a ser arrasadas en la entidad. «En estos meses hemos consultado a nuestras comunidades si quieren o no que se construya la super-carretera San Cristóbal-Palenque y su respuesta ha sido: que es una obra que va a destruir a la madre naturaleza», expresó el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en un comunicado conjunto que fue leído en cada uno de los municipios participantes. «Beneficiará a las grandes compañías, a los empresarios y si acaso a algunos comerciantes, pero no a la gran mayoría del pueblo pobre (…) Si realmente, los gobiernos estatal y federal quieren, como dicen, beneficiar a las comunidades para salir de su pobreza, pedimos que los miles de millones que quiere emplear en esa obra, los utilicen para terminar los más de 40 hospitales y clínicas, que desde el sexenio pasado, por corrupción, quedaron inconclusos; que pavimenten los cientos de caminos rurales que están en pésimas condiciones», añadió el Movimiento en su comunicado.

>> LEER el comunicado del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

En Cancuc, la carretera pasará por al menos 3 localidades: Yashnail, Crusiljá y Pocolna. Según el convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito por México, los pueblos originarios como lo son los habitantes de Cancuc, tienen el derecho de ser consultados de manera previa e informada cada vez que sus tierras pueden ser afectadas por un proyecto industrial o de infraestructura (sea una carretera, una mina, una presa o un complejo turístico). El estado de Chiapas y el gobierno mexicano violaron esta ley internacional ya que no consultaron a ningún de los chiapanecos que van a perder sus tierras con el paso de la carretera. Los habitantes de Yashnail, Crusiljá y Pocolna fueron informados sobre asunto sólo cuando ingenieros entraron en sus tierras este año para decirles que por allí iba a pasar la autopista. «Los habitantes dijeron que no estaban de acuerdo pero los ingenieros continuaron a venir», explicó un habitante de Cancuc después de la marcha.

A un lado del parque central, frente a la Iglesia, se encuentra un tornillo grueso colocado en el piso (ver video abajo). «A principios de junio de este año, ingenieros vinieron aquí para hacer un estudio satélite. Pusieron ese tornillo que es un punto de GPS», que sirve para los ingenieros a hacer estudios topográficos previos a la construcción de la obra, explicó el encargado de la comunicación de la Parroquia de Cancuc. «Después, me encontré en San Cristóbal de Las Casas con esos mismos ingenieros colocando otros puntos GPS», añadió. La entrada de estos trabajadores en las tierras de los habitantes de Cancuc que no han sido consultado y han rechazado públicamente el proyecto varias veces constituye una grave violación de sus derechos.

VIDEO: El pueblo de Cancuc movilizado contra el despojo:

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Hay otro megaproyecto que amenaza a los habitantes de San Juan Cancuc: la construcción de una presa hidroeléctrica sobre el río Chacté, al nivel del precioso Cañón Chacté. El proyecto de la presa Chacté nació hace casi 40 años, cuando Cancuc todavía pertenecía al municipio de Ocosingo (fue reconocido como municipio libre en 1989). Fue en 1978 que los comuneros vieron por primera vez a empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegar en el centro del pueblo y entrar en la comunidad de Chacté para estudiar la factibilidad de este proyecto. Los comuneros nunca habían sido informados de que la CFE quería construir una presa en ese lugar y tampoco habían sido consultados para que se le otorgara al personal de la Comisión el permiso de empezar a trabajar en sus tierras.



En 1986, el Profesor Lorenzo Pérez, profesor de educación primaria en Cancuc y conocido como el organizador del pueblo (luchó para que sea reconocido como municipio libre), empezó a reunir más información sobre el proyecto. Se enteró de que el personal había recibido un permiso de la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU) después de haber recibido la autorización escrita del presidente de Bienes Comunales de Cancuc que no había consultado al pueblo antes de firmar. Según documentos que se procuró el Profesor en ese entonces, la construcción de la presa Chacté iba a inundar 3000 hectáreas de tierras, obligando a los habitantes de 8 comunidades a desplazarse. Ese mismo año, los comuneros de Cancuc hicieron una asamblea en la cual pidieron al Presidente de la República, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de la Reforma Agraria, la cancelación definitiva del proyecto, lo que no obtuvieron.



En 1987, funcionarios de la CFE llegaron al domicilio del Profesor Lorenzo para proponerle dinero en cambio de que debía dejar de organizar asambleas en contra del proyecto y dar su acuerdo. «Yo nunca acepté ese dinero porque sería vender al pueblo, y también, ¿a dónde iría la gente ? Porque se iba a desplazarla pero no se sabía donde. No era justo que yo como persona, como organizador del pueblo, yo me vendiera a espalda de la gente», dijo el maestro durante una conferencia en San Cristóbal de Las Casas en octubre de 2013 en el marco del seminario «Las Venas Abiertas del Chiapas Contemporáneo» organizado por Otros Mundos A.C. con otras instituciones y organizaciones. El maestro rechazó la propuesta de la CFE que aceptó organizar una asamblea con los comuneros de Cancuc, quienes pidieron de nuevo la cancelación del proyecto. Allí la Comisión firmó un documento que anula el proyecto, «pero en realidad no se canceló», advirtió Lorenzo Pérez.



>> ESCUCHAR la ponencia completa del Profesor Lorenzo Pérez (Más Audios de Koman Ilel)



En junio de 2012, el presidente de Bienes comunales de Cancuc se reunió con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria y también un representante de una empresa privada canadiense, la Pan American Hydro Corporation, quienes querían proponerle la reactivación del proyecto. Esta vez, no era la CFE la que iba a construirla, sino esta compañía canadiense que tiene 9 proyectos en México, incluso 6 en Chiapas, y otros 39 en Guatemala (ver mapa). Los comuneros fueron informados de esta reunión y convocados al teatro municipal. «La gente dijo que no estaba de acuerdo. Pero el empresario no quiso dar la cara, dijo que ya no quería estar con la gente, porque se iba a politizar lo que había venido a realizar», nos contó el encargado de comunicación de la Parroquia de Cancuc. Los comuneros pidieron al presidente municipal que se firme un documento que cancela definitivamente el proyecto, pero «no supimos nada de este documento, parece que no se hizo», lamentó.

«No vamos a permitir que se construye esta presa, vamos a seguir manteniendo la fuerza de nuestros primeros padres. No vamos a permitir que se inundan de tierra a nuestros hermanos, porque están allí los recursos naturales, nuestras tierras sagradas, cuevas sagradas, los ecosistemas, la casa de los animales, y entre ellos estamos también nosotros», insistió. Enumeró las 12 comunidades que se encuentran alrededor del Cañon y que podrían ser afectadas por la construcción de la presa: Chacté, Juchiljá, Chicjá, El Pozo, Nichteel San Antonio, Tzumbal, Chijil, Tzunjok, Bapuz, Independencia y San José de Chacté.



Por el momento, el proyecto de la Pan American Hydro Corporation aparece en su página internet en amarillo, como un proyecto «potencial» y no «seguro». El proyecto de la presa Chacté debe ser cancelado definitivamente. Primero para respetar la voluntad del pueblo de Cancuc que expresó en varias asambleas su rechazo. Segundo porque de acuerdo con un estudio publicado por la propia Comisión Federal de Electricad en 1987 (CFE. Subdirección de Construcción. Unidad de Estudios de Ingeniería Civil. “Trabajos de exploración geológica desarrollados en el Sistema Cancuc, trasferencia alto Usumacinta-Tacotalpa, Chiapas, 1987″), esta presa no es viable. «Sus principales problemas serán los espesores de roca descomprimidos,  la presencia de algunos bloques inestables y el posible desarrollo cárstico”, dice el estudio.

Más lectura:

– Porqué los pueblos originarios rechazan la autopista San Cristóbal – Palenque

– Ejidatarios de La candelaria se oponen a la construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque

– Asamblea Suyul: El grito de 15.400 indígenas de los Altos contra la carretera San Cristóbal – Palenque

Comunidad indígena urge al Gobierno de México acabar con la incineración de residuos en cementeras

Alianza GAIA

Como parte de la delegación internacional de GAIA que se encuentra participando en la 20ª Conferencia de las Partes a la Convención de la ONU para el Cambio Climático en Lima, Venancia Cruz, de la comunidad indígena de Santiago de Anaya en México, interpeló directamente al Gobierno de México para terminar con la incineración de residuos en cementeras que está causando graves impactos a la salud ambiental en este país.

La interpelación se dio lugar en un acto paralelo de la COP 20 organizado por el Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que varios representantes del Gobierno de México presentaron sus iniciativas para reducir las emisiones de corta-vida, incluyendo acuerdos con la Agencia de Protección Ambiental de California y con el auspicio de CCAC – Climate and Clean Air Coalition.

Después que el moderador del evento, el director de CEMDA – Centro Mexicano por el Derecho Ambiental, ignoró varios de los intentos de Venancia Cruz para hablar en el coloquio posterior a las presentaciones, ésta tomó la palabra de viva voz y habló en nombre de su comunidad ante los presentes. Venancia, ama de casa y profesora de la lengua hña hñu del Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo, es miembro del Movimiento hace 2 años y medio. El Movimiento se creó para presionar a la Cementera Fortaleza a que cumpla con normativas ambientales en el corto plazo.

 

 

Venancia Cruz se dirigió al Gobierno de México con las siguientes palabras:

 

 

 

“Gobierno de México, en su estrategia para la reducción de estos gases, tienen contempladas las cementeras? Como mínimo hay una incineradora en el Estado de Hidalgo que ya está quemando residuos tóxicos y para el resto hay un convenio con el Estado de México para autorizar la quema de residuos tóxicos. La cementera ya está dañando, aun sin utilizar residuos tóxicos, a nuestra salud, al medio ambiente, a la flora y a la fauna. Está en peligro nuestra alimentación, y más que nada la salud de los pequeños. Entonces si están hablando de una estrategia para el 2020, cuando el Gobierno de México va a tomar cartas en el asunto? Mi petición es que las autoridades del Gobierno de México voltee sus ojos y lo detenga en este instante. No se concentre solo en las ciudades, vayan al campo, vayan a donde está el daño. Con todo el respeto, vayan a donde están las cementeras, vayan donde ya nos están dañando. Cuándo desde ahora hasta el 2020 van a reducir esos gases?

 

 

 

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Juan José Abud respondió:

 

“ La PROFETA está llevando a cabo un programa de inspección no solamente en las cementeras sino en toda la industria minera. Todas aquellas actividades que pudieran representar un riesgo por arriba de lo normal, hoy en día la PROFEPRA está haciendo una inspección muy detallada de todos estos sistemas de producción. En el caso particular para Hidalgo le ofrezco a usted que en cuanto se acabe esta reunión hablo al procurador para que intensifique las visitas a la empresa que usted me está diciendo y espero que ello nos de resultados.”

Venancia Cruz participó también de una Acción “Basura Cero o Soluciones de Basura Cero para el Cambio Climático” realizada ayer en los espacios formales de la Conferencia de Cambio Climático para denunciar el uso de residuos para combustible y la incineración de residuos como prácticas de energía sucia.

 

Guía de las Resistencias

Estrategias Comunitarias para la Vida y en Contra de las Empresas Mineras Depredadoras

“GUIA DE LAS RESISTENCIAS”

por Miguel Angel Mijangos Leal

Grupo: Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos -PIAP, A.C.- REMA/M4
Colaboraciones: Jennifer Moore, Esperanza Salazar, Gustavo Castro y Gustavo Lozano
Diagramación, Diseño y Dibujos: Otros Mundos, A.C./ REMA/M4

México, D.F., Noviembre de 2014.

La siguiente guía está escrita principalmente para las y los integrantes de núcleos agrarios de bienes comunales y ejidos, así como para las y los ciudadanos y avecindados de los poblados, aunque también puede ser útil para personas y grupos que están o pretenden estar en procesos para la defensa y resistencia en contra de las empresas mineras de capital nacional o extranjero.

Nuestro motivo es compartir ideas, estrategias o acciones de defensa y resistencia para complementar las que ya se realizan en los pueblos, de tal manera que en conjunto, se haga más fuertes y eficaces, a la vez que logremos reducir los riesgos y evitar el desgaste, la desarticulación y la ruptura de los movimientos sociales de forma innecesaria, sobre todo si tenemos claro que la lucha contra una o contra varias empresas mineras, es una lucha de varios años, es una lucha de largo aliento. Las estrategias y acciones aquí descritas, son producto del esfuerzo de varias resistencias en diferentes partes de México y de Mesoamérica, principalmente de comunidades y grupos de la REMA y del M4, así como de otros colectivos, de tal manera que sería inmoral asumir la autoría de éstas.Son estrategias y acciones que han sido puestas a prueba en distintos momentos y sitios, de tal manera es importante no perder de vista las particularidades de cada caso, porque de ello depende el éxito o el fracaso de lo que se pretende…

(…)
El megaproyecto de mayor impacto territorial es sin duda la actividad extractiva minera. Las consecuencias son terribles y abarcan la afectación del conjunto de los derechos humanos. Afecta los suelos, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, el aire, la vida, la biodiversidad, el cambio climático, entre otras afectaciones muchas de ellas irreversibles. La tecnología usada y la forma de hacerlo la han convertido en un Modelo Extractivo Minero (MEM) de gran escala que opera con la ayuda de los gobiernos quienes modifican todas las legislaciones para facilitar este extractivismo que enriquece cada vez más a las empresas mineras.

DESCARGAR: Guía de las Resistencias (PDF)

Ahora es el momento de actuar para el clima: Análisis de Dipti Bhatnagar

Opinión para IPS de Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional.

LIMA, 10 dic 2014 (IPS) – Los 195 gobiernos representados en la capital de Perú esta semana parecen estar de acuerdo: ahora es el momento de actuar para el clima, durante la 20 sesión de la Conferencia de las Partes (COP 20) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El problema es que el mantra “ahora es el momento de actuar para el clima” lo repiten a cada conferencia y nuestros gobiernos siguen sin actuar.

Estamos enfrentando una emergencia planetaria: inundaciones, tormentas, sequías y el ascenso del nivel del mar ya están causando devastación. El riesgo de un colapso climático fuera de control está cada vez más cerca.

En todo el mundo, las comunidades están pagando con sus vidas y sus medios de sustento los costos de la inacción de nuestros gobiernos.

En los últimos 20 años de negociaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hemos sido testigos de los esfuerzos continuos de los países industrializados para destruir sistemáticamente los pocos sistemas que les obligan a hacerse cargo de sus emisiones históricas de carbono.

Desafortunadamente, la conferencia de la CMNUCC que comenzó el día 1 y termina el viernes 12 en Lima no es una excepción.

Los países más ricos e industrializados del mundo son los más responsables del cambio climático. Estos países son responsables de emitir la mayor parte de los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera hoy en día, muchísimo más que la cuota parte justa que les corresponde.

El acuerdo de la ONU sobre el clima reconoce que los países industrializados han contribuido más al cambio climático y deben tomar medidas drásticas para aportar la cuota parte que les corresponde para encarar la crisis.

Deben reducir drásticamente sus emisiones y también deben proporcionar financiamiento, transferencia de tecnología y capacitación a los países en desarrollo que ya están sufriendo en mayor medida los efectos de la crisis climática.

Pero el texto que surge de las negociaciones más recientes de la ONU sobre el clima muestra que los países ricos continúan debilitando sus compromisos de acciones en torno al clima.

Estamos observando esfuerzos deliberados para desmantelar la convención de la ONU sobre el cambio climático mediante la eliminación del requisito para los países industrializados de seguir cumpliendo con metas cuantificables de financiamiento y hacerse cargo de su responsabilidad histórica por el cambio climático con obligaciones legalmente vinculantes.

Lo que observamos en Lima es que se intenta debilitar propuestas que ya para empezar no eran suficientemente fuertes: los países industrizados están evadiendo una vez más sus responsabilidades.

El movimiento por la justicia climática, incluido Amigos de la Tierra Internacional, y la mayoría de los países en desarrollo reclaman obligaciones aplicables y legalmente vinculantes para los países desarrollados a través de un acuerdo de la ONU que sea ambicioso y justo.

Sin embargo, las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, en inglés) que se están discutiendo en Lima no obligan a los países industrializados a explicar cuánto financiamiento tienen pensado proporcionar, ni qué harán en lo referente a la capacitación o la transferencia de tecnología.

El texto que se discute en Lima también deja de lado los derechos y necesidades de los pueblos afectados trampeando en los asuntos de adaptación.

En septiembre de este año, cientos de miles de personas en distintas ciudades de todo el mundo marcharon a favor de soluciones reales a la crisis climática. Las propuestas de Lima hacen caso omiso de los reclamos populares, liberando a los países industrializados de sus responsabilidades.

“El texto se discute a través de un proceso sesgado que no da la misma voz a las partes presentes en la mesa de negociación de la ONU. Las voces del mundo en desarrollo han sido marginadas”, según Geoffrey Kamese, Director de Programas de Amigos de la Tierra Uganda.

“Si el texto que surja de las negociaciones de Lima no obliga a los países a establecer claramente cuándo y cómo cumplirán con sus responsabilidades con el mundo y la gente, no tendrá absolutamente ningún valor”, agregó.

Cualquiera sea el acuerdo que se apruebe en Lima, allanará el camino para un acuerdo clave en París en 2015, que determinará las acciones que realizarán los países a partir de 2020 frente al cambio climático. ¿Pero qué harán desde ahora hasta 2020?

Las propuestas discutidas en Lima para los planes hasta 2020 solo incluyen la creación de un foro y el nombramiento de varios grupos técnicos de expertos. Esas no son soluciones para los problemas que enfrentamos. Necesitamos acciones reales ahora mismo.

En las negociaciones en curso en Lima, nuestros gobiernos sólo están ofreciendo soluciones falsas y vacías, incluidos la expansión de los mercados de carbono, REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques)y débiles promesas voluntarias de reducción de emisiones.

La inacción de nuestros gobiernos es muy clara: no han logrado establecer un acuerdo climático fuerte y equitativo en el marco de la ONU en los últimos 20 años, y los pequeños pasos que están dando en Lima no nos llevan en la dirección correcta. Están creando las condiciones para un fracaso en la cumbre sobre el clima a realizarse en París en 2015.

Todo acuerdo futuro de la ONU sobre el clima debe ser exhaustivo, equitativo y vinculante. Las metas de reducción de emisiones incluidas en este acuerdo deben reflejar un enfoque de reparto justo del presupuesto de carbono, o sea la cantidad limitada de contaminación de carbono que aún puede emitirse evitando aun así un “cambio climático peligroso”.

Existen soluciones verdaderas y reales a la crisis climática. Entre ellas, ponerle punto final a los combustibles fósiles, construir soluciones de energía limpia y sustentable bajo control de las comunidades, reducir drásticamente las emisiones de carbono, transformar nuestros sistemas alimentarios y frenar la deforestación.

El movimiento a favor de alternativas verdaderas está creciendo y fortaleciéndose día a día, y los reclamos del movimiento por la justicia climática deben constituir el núcleo central de las soluciones climáticas.

Este miércoles 10, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, los activistas de Amigos de la Tierra Internacional se suman a miles de defensores ambientales, entre ellos los familiares de activistas sindicales peruanos recién asesinados, en una ‘marcha mundial en defensa de la Madre Tierra’ en Lima para reclamar la justicia climatica y las soluciones verdaderas a la crisis climática.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad de la autora y no expresan necesariamente las de IPS, ni pueden serle atribuidas.

Agencia IPS

VIDEO: La Voz del Pueblo marcha en Tapachula por territorios libres de represas y minería

Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos AC/Chiapas

El movimiento La Voz del Pueblo, integrado por 95 ejidos, bienes comunales, comunidades y organizaciones sociales y campesinas de diez municipios de Chiapas (Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo, Tuzantán, Huixla y San Cristóbal de las Casas), organizó su Segunda Mega Marcha Pacífica por Territorios libres de Represas y Minería este lunes 8 de diciembre de 2014 en Tapachula (Chiapas, México). La primera marcha del movimiento se había llevado a cabo en esa misma ciudad hace un año, el 10 de diciembre de 2013.

Cientos de personas, hombres y mujeres, en mayoría campesinos y campesinas, alzaron la voz para exigir el derecho a tener «una vida digna» y cultivar sus tierras sin padecer de la contaminación provocada por la explotación minera y la construcción de presas hidroeléctricas. «Sabemos muy bien que en Guatemala y también en México está sucediendo casos muy fuertes de enfermedades a causa de la minería. Y también el agua se va secando. Los terrenos se descomponen, quedan los terrenos estériles», explicó un habitante del Cantón La Florida (municipio de Huehuetan), que participó en la marcha.

>> VIDEO: Segunda Mega Marcha en Tapachula por Territorios libres de Represas y Minería:

http://youtu.be/-NJ-R-mJ_7c

Los y las manifestantes salieron a las 10 de la mañana de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y caminaron hasta el parque central Miguel Hidalgo, donde un miembro del movimiento leyó la «Segunda Declaración de Tapachula por Territorios Libres de Represas y Minería en la Región Sierra Madre y la LLanura costera de Chiapas». Este documento fue ratificado por 39 representantes de ejidos, bienes comunales, comunidades y organizaciones sociales y campesinas provenientes de Tapachula, Motozintla, Huixtla, Huehuetán y San Cristóbal de Las Casas. Con su firma, se integraron oficialmente al movimiento, sumándose a los 56 representantes que habían firmado la «Primera Declaración de Tapachula por Territorios Libres de represas y Minería en la región Sierra Madre y la Llanura costera de Chiapas» el 10 de diciembre de 2013.

En su Segunda Declaración, los miembros de la Voz del Pueblo autodeclararon de nuevo ante los tres niveles de gobierno que los territorios de la Sierra Madre y la Llanura costera de Chiapas son «libres de represas hidroeléctricas y de explotación minera». «Seguimos exigiendo, que las autoridades federales, estatales y municipales escuchen y respeten la decisión de los ejidos, bienes comunales, comunidades, organizaciones y pueblos, y cancelen todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para construir estos megaproyectos que hayan otorgado sobre nuestras tierras y territorios», escribieron en el documento, afirmando que «los pueblos tenemos el derecho de definir nuestro destino, el mejor uso de nuestras tierras y territorios para lograr las mejores condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.»

>> LEER: La Segunda Declaración de Tapachula por Territorios Libres de Represas y Minería en la Región Sierra Madre y la LLanura costera de Chiapas

Después del mitin en el parque central, los manifestantes entraron al Palacio municipal donde pidieron una cita con el presidente municipal, Samuel Alexis Chacón Morales, para entregarle personalmente la Declaración. Pero el edil estaba en Palenque para un viaje oficial y los miembros de La Voz del Pueblo fueron atendidos por su asistente, quien les prometió una cita para la semana del 15 de diciembre.

>> FOTOREPORTAJE de la Marcha del 8 de diciembre en Tapachula

La agroecología es la solución al hambre y al cambio climático

En este análisis para IPS, Kirtana Chandrasekaran y Martín Drago, coordinadores de programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, destacan que la agroecología campesina es la única solución a los enormes desafíos causados por el hambre y el cambio climático. Acabar con el hambre en el mundo sería alcanzable con una transformación fundamental del sistema agroalimentario mundial: un cambio radical de la agricultura industrial a la agroecología para la soberanía alimentaria, subrayan.

Análisis de Kirtana Chandrasekaran y Martín Drago
IPS Agencia de Noticias

Científicos especializados en cambio climático emitieron el 2 de noviembre su más reciente advertencia de que la crisis climática está empeorando rápidamente en varios aspectos. Prevén que el cambio climático afecte la productividad agrícola, cuya  consecuencia será la afectación de la seguridad y soberanía alimentaria de muchos países. 

¿Adoptarán nuestros gobiernos las medidas urgentes y necesarias para abordar estas crisis? Tienen una oportunidad en la próxima ronda de negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en Lima, del 1 al 12 de diciembre.

Los campesinos y campesinas como el salvadoreño Adolfo son los principales productores de alimentos hoy en día. Necesitamos de ellos, y no de la producción industrial, para alimentar al planeta en el contexto del cambio climático y de la degradación generalizada de los recursos naturales.

En nuestro planeta, 805 millones de personas padecen hambre crónica y el sobrepeso y la obesidad afecta a más de 2.000 millones de personas; 65 por ciento de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad matan más personas que la desnutrición.

Quienes padecen hambre son principalmente las personas pobres de las zonas rurales en los países en desarrollo, fundamentalmente productores a pequeña escala de África y Asia. Casi una de cada nueve personas se va a dormir con hambre cada noche.

No es el caso de Adolfo y su familia, a pesar de vivir en una zona que fue devastada por los efectos del cambio climático y las inundaciones, el Valle Lempa en El Salvador. Él  conoce por experiencia propia que la diversidad agrícola y la conservación en manos campesinas de las semillas tradicionales son fundamentales para el sustento de los productores a pequeña escala.

La enorme mayoría de los gobiernos de todo el mundo han ignorado a los productores a pequeña escala durante décadas, sumiendo a millones de ellos en la pobreza. Sin embargo,  ellos y ellas siguen siendo quienes producen la mayor parte de los alimentos del mundo, utilizando variedades tradicionales de semillas y sin recurrir a insumos industriales.

En África, los campesinos y campesinas cultivan prácticamente todos los alimentos que se consumen a nivel local. En América Latina, 60 por ciento de la producción, incluida la carne, proviene de pequeñas fincas familiares. En Asia, centro mundial de la producción de arroz, prácticamente todo el arroz se cultiva en granjas de menos de dos hectáreas.

Aun así, el agronegocio y algunos gobiernos promueven fuertemente la agricultura industrial (basada en monocultivos, semillas híbridas y plaguicidas y fertilizantes químicos) como la mejor forma de alimentar al planeta.

Además, la agricultura industrial es una de las mayores contribuyentes al cambio climático, debido a su alto consumo de combustibles fósiles, pesticidas y fertilizantes y a sus impactos sobre suelos, aguas y biodiversidad. Existe suficiente evidencia de que está destruyendo los recursos de los que dependemos para producir nuestros alimentos.

Pero los promotores de la agricultura industrial hacen caso omiso de sus impactos ambientales.

Sabiendo el gran reto que representa el cambio climático, ya que podría reducir considerablemente la productividad agrícola, especialmente en los países en desarrollo, otros son los caminos que se deberían fomentar.

Por otro lado, los defensores de la agricultura industrial la justifican señalando que debido a la creciente población mundial se necesitarán producir más alimentos y para ello es necesario aumentar los rendimientos. Pero sabemos que producir más alimentos y aumentar el rendimiento no son los únicos retos. De hecho, ya producimos suficientes alimentos para alimentar a nuestra población actual y futura.

El problema no es la falta de alimentos, sino su distribución desigual. El acceso a los alimentos está definido por la riqueza y el lucro, en lugar de la necesidad. Se promueve el libre comercio por encima del derecho a la alimentación.

Como consecuencia de ello, la mitad de los granos del mundo se utilizan para alimentar a animales criados en establecimientos industriales y una proporción importante de cultivos básicos en la alimentación se convierten en agrocombustibles para alimentar autos. Así, las personas hambrientas se quedan sin alimentos para dárselos a los consumidores ricos.

Para erradicar el hambre es imprescindible aumentar los ingresos de los sectores empobrecidos y contribuir a que los productores y productoras de alimentos a pequeña escala puedan mantener sus modos de vida, para alimentarse y alimentar al mundo de forma sustentable.

Pero la salida estructural al hambre y la pobreza se encontrará construyendo la soberanía alimentaria de los pueblos. Es decir, “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”, resume la Declaración de Nyéléni con que concluyó el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, realizado en Malí en 2007.

Para ello, es imprescindible: que el control de los sistemas y políticas agroalimentarias recaiga en aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos, en lugar de en los mercados y las corporaciones; priorizar las economías y los mercados locales y nacionales; fomentar la sostenibilidad ambiental, social y económica de la producción, la distribución y el consumo; y garantizar el derecho de los productores de alimentos al acceso y la gestión de la tierra, las aguas, las semillas y la biodiversidad en general.

“La Soberanía Alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones”, destaca también la Declaración de Nyéléni.

La soberanía alimentaria incluye el derecho a la seguridad alimentaria. Pero un país que se centra solamente en lograr la seguridad alimentaria no distingue de dónde provienen los alimentos ni las condiciones en las que se producen y distribuyen.

Los objetivos nacionales de seguridad alimentaria a menudo se logran mediante la producción de alimentos en condiciones de destrucción del medio ambiente y de explotación social que destruyen a los productores locales de alimentos, mientras benefician a las empresas del agronegocio.

En los últimos años, varios organismos de las Naciones Unidas han reconocido que la agroecología es la forma más eficaz para combatir las crisis alimentaria, ambiental y de pobreza. Un análisis de la agroecología, realizado en 2011, evidenció que tiene el potencial de duplicar la producción de alimentos en 10 años.

Hasta una fracción de dicha ganancia puede disminuir considerablemente el hambre en el mundo. Las pruebas son claras, pero cambiar el sistema agroalimentario mundial es difícil.

Para hacer frente a este desafío surgió el movimiento por la “soberanía alimentaria”; que cuenta con el respaldo de más de 300 millones de mujeres y hombres, productores de alimentos a pequeña escala, consumidores y activistas por la justicia ambiental y los derechos humanos, entre otros.

El poder de las empresas de semillas y plaguicidas como Monsanto y Syngenta, de supermercados gigantes como Wal-Mart y de empresas productoras de granos como Cargill ha crecido tanto que ejercen mucha influencia en las políticas agroalimentarias nacionales y globales. Esto asegura que el agronegocio reciba miles de millones de dólares en subvenciones y apoyo normativo.

Acabar con el hambre en el mundo está a nuestro alcance, pero se necesita una transformación fundamental del sistema agroalimentario mundial: un cambio radical de la agricultura industrial a la agroecología para la soberanía alimentaria.

Esta transformación sin duda tendría repercusiones muy positivas en la crisis climática: menos agricultura industrial y más producción agroecológica equivalen a menos emisiones de carbono, algo fundamental para protegernos del cambio climático.

Adolfo y millones de productores y productoras como él están en la primera línea de esta transformación y los líderes mundiales deben brindarles mucho más apoyo -a nivel de la ONU, así como en el plano nacional y local- si se proponen seriamente solucionar las crisis climática y alimentaria.

Kirtana Chandrasekaran y Martin Drago coordinan el programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional.

Cumbre de los Pueblos comienza denunciando fuertemente las falsas soluciones al cambio climatico

Soluciones al lucro

RadioMundoReal

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Con representantes de movimientos y organizaciones sociales de más de 30 países de todo el mundo, y más de 160 actividades inscriptas, se inició en el día de hoy, lunes 8 de diciembre, la Cumbre de los Pueblos paralela a la 20ª Conferencia de las Partes de Cambio Climatico que está siendo realizada en la capital peruana, Lima.

“Exponiendo las falsas soluciones a la crisis climatica” fue una de las 52 actividades realizadas en el primer día de esta cumbre. Organizada por Amigos de la Tierra Internacional, la actividad se propuso analizar críticamente y denunciar el funcionamiento e impactos generados por varias de las supuestas soluciones que tanto corporaciones transnacionales como los Estados del norte proponen con respecto al fenómeno del cambio climático.

Una de estas falsas soluciones son las represas hidroeléctricas. Sobre esto, Juan Pablo Soler, integrante del Movimiento Ríos Vivos fue enfático al decir que “las represas no enfrían el planeta”. En este sentido, Soler expresa que los proyectos hidroeléctricos no están diseñados para “solucionar las necesidades energéticas de la gente”, sino que están asociados a proyecciones de otros megaproyectos “igual o más destructivos de los bienes comunes”. Más concretamente, denunció que “las represas son las que sustentan el modelo extractivo, así como el desplazamiento de poblaciones y de especies”.

Sobre este último punto el militante afirmó que los desplazamientos forzados por construcciones de hidroeléctricas superan los desplazamientos actuales por guerras, y se contabilizan en decenas de millones en todo el mundo.

Lobos con piel de cordero

Como parte de la actividad además, se presentó un informe publicado en el mismo día sobre el lobby que realiza la multinacional minera británica-sudafricana Anglo American en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de hacer ganancias con la crisis climática, y aumentando la extracción de energías altamente contaminantes.

El informe fue elaborado por Amigos de la Tierra Internacional (ATI), el Observatorio de Corporaciones Europeas (CEO, por sus siglas en inglés) y Transnational Institute (TNI). Como representante de esta última organización, estuvo en la mesa Lydia Forero, quién fue encargada de redactar el informe sobre El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo está situada en Colombia, y propiedad de Anglo American.

Según Lyda, El Cerrejón ha generado una enorme cantidad de conflictos sociales y ambientales. Uno de los datos más impactantes es el consumo de agua de esta megamina: cada día El Cerrejón consume 17 millones de litros de agua, generando no solamente la escasez del recurso entre las comunidades de la Guajira, sino la consecuente pérdida de soberanía alimentaria de esas poblaciones.

El proyecto es constantemente denunciado por comunidades indígenas, campesinas y comunidades afrocolombianas, según consigna el informe lanzado en el día de hoy.

Escuche fragmentos de la actividad en el audio.

Imagen: Radio Mundo Real

 

II DECLARACIÓN DE TAPACHULA: POR TERRITORIOS LIBRES DE REPRESAS Y MINERÍA EN LA SIERRA MADRE Y LLANURA COSTERA DE CHIAPAS

LA VOZ DEL PUEBLO
II DECLARACIÓN DE TAPACHULA
POR TERRITORIOS LIBRES DE REPRESAS Y MINERÍA EN LA SIERRA MADRE Y LLANURA COSTERA DE CHIAPAS
Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México
8 de Diciembre de 2014

Al Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto
Al Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
A las demás autoridades de los tres niveles de gobierno
A las organizaciones nacionales e internacionales
Al Pueblo de México.

Siendo el 8 de Diciembre de 2014, reunidos en el Parque Central Miguel Hidalgo, Tapachula, Chiapas, México, los 39 ejidos, bienes comunales, comunidades y organizaciones sociales, campesinas e indígenas; representados por sus autoridades legales y legítimos de los núcleos agrarios, por sus delegados y delegadas provenientes de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huixtla, Huehuetán y San Cristóbal de las Casas, y acompañados por diversas organizaciones nacionales, ratificamos la declaración de que nuestras tierras y territorios SON LIBRES DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN MINERA. Ratificamos la Declaración de la VOZ EL PUEBLO del 10 de diciembre de 2013 que en este mismo Parque Central exigió, y seguimos exigiendo, que las autoridades federales, estatales y municipales escuchen y respeten la decisión de los ejidos, bienes comunales, comunidades, organizaciones y pueblos, y cancelen todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para construir estos megaproyectos que hayan otorgado sobre nuestras tierras y territorios.

Los pueblos tenemos el derecho de definir nuestro destino, el mejor uso de nuestras tierras y territorios para lograr las mejores condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

Sin embargo, en el marco de la Reforma Energética, el gobierno federal sigue empecinado en imponer sus proyectos que solo benefician a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras mediante el despojo de las tierras y territorios de los pueblos; mediante engaños, represión, amenazas, encarcelamiento y hasta asesinatos. Por ello nos sumamos a la exigencia de justicia por el asesinato de Mariano Abarca quien fuera asesinado el 27 de noviembre de 2009 en su lucha contra la minera canadiense Blackfire en el municipio de Chicomuselo. También exigimos justicia por los derrames ocasionados por la minera del Grupo México en Sonora, así como otros accidentes e injusticias cometidas por los proyectos mineros en Puebla, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Colima, entre otros estados que sufren las consecuencias de los proyectos mineros. Felicitamos a los comuneros de Zacualpan en Colima por su victoria de decretar sus territorios libres de minería. Del mismo modo exigimos la liberación de Marco Suastegui, preso por su lucha contra la presa La Parota en el estado de Guerrero, así como la liberación de otras personas presas e injusticias cometidas por la imposición de los proyectos de represas hidroeléctricas en Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Tabasco, Puebla, Guerrero, Chiapas y otros estados del país. Exigimos justicia por el asesinato reciente de Atilano Román en Sinaloa, lider de la oposición contra la presa Picachos. También exigimos la cancelación de la presa El Zapotillo que pretende inundar al pueblo de Temacapulín en Jalisco.

Pese a todo lo anterior, los pueblos seguiremos organizados para defender nuestros derechos. Nos sumamos e invitamos a los demás núcleos agrarios de Chiapas y del país, a los ejidatarios y comuneros, a las comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y sociales, a que decretemos en todo el territorio nacional, territorios prohibidos para la construcción de represas, minería y otros megaproyectos de muerte para nuestros pueblos. Nos sumamos al reclamo de justicia de los pueblos contra la carretera San Cristóbal-Palenque.

Así mismo, informamos a la opinión pública nacional e internacional, que hemos presentado el día 26 de noviembre de 2014 ante el Registro Agrario Nacional (RAN) de Tuxtla Gutiérrez las Actas de las Asambleas de los ejidos que legalmente han llevado a cabo procesos de consulta, y al fin la decisión legal en Asamblea de decretar sus territorios prohibidos para la construcción de represas y proyectos mineros, con el fin de que sean legalmente registradas ante este organismo.

LA VOZ DEL PUEBLO declaramos una vez más nuestros territorios libres de represas y minería, y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de cualquier conflicto que pretendan generar con el fin de dividir e imponer los proyectos de despojo a costa de la violación a nuestros derechos humanos. Nos sumamos también a los reclamos de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!

Financiarización de la Biodiversidad. Documento posición de Amigos de la Tierra Internacional

Desde hace varios años, en Amigos de la Tierra Internacional (ATI), nos hemos venido oponiendo a las diversas formas de comodificación y privatización de la biodiversidad. Hoy vivimos una nueva ola de privatización a través de la aplicación de mecanismos financieros. Desde este ámbito, los intereses de las grandes corporaciones empujan reformas en políticas internacionales y nacionales para facilitar el control de la biodiversidad. No es la primera vez que lo hacen, ya habíamos vivido intentos similares a través de la promulgación de políticas que privatizan la biodiversidad en sí misma y otras, que promueven lo mismo pero referidos a sus elementos genéticos y bioquímicos a través de diversos mecanismos de propiedad intelectual. Hoy en día se le quiere convertir tan solo en un activo financiero.

Editorial: Amigos de la Tierra Internacional

Documento: Descargar

Informe ‘El cabildeo de Anglo American a favor de energías sucias y falsas soluciones para el clima’

Amigos de la Tierra Internacional

Empresas multinacionales como Anglo American socavan las políticas fundamentales sobre el clima y promueven falsas soluciones que les permiten lucrar con la crisis climática, según un nuevo informe publicado hoy [8 de diciembre] durante las negociaciones sobre el clima de las Naciones Unidas.

Las empresas como Anglo American sigue expandiendo su modelo empresarial nocivo para el medio ambiente, mientras utiliza fondos verdes, mecanismos de compensación y soluciones técnicas dudosas para dar una imagen ecológica, según el nuevo informe de Amigos de la Tierra Internacional titulado “El cabildeo de Anglo American a favor de energías sucias y falsas soluciones para el clima”.

 

COMUNICADO DE PRENSA

Amigos de la Tierra Internacional
Corporate Europe Observatory
Transnational Institute

Denuncian influencia negativa de Anglo American en las políticas sobre el clima

LIMA, PERÚ. Un nuevo informe publicado hoy [8 de diciembre] durante las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático señala que las empresas multinacionales, como Anglo American, socavan las políticas importantes sobre el clima y promueven falsas soluciones, y de ese modo lucran con la crisis climática. [1]

El nuevo informe examina las actividades de la gigante minera Anglo American y se centra en una de las mayores minas a cielo abierto del mundo, El Cerrejón, en La Guajira, Colombia. La empresa británico-sudafricana Anglo American es una de las tres empresas accionistas de la mina.

Anglo American lucra con las falsas soluciones a la crisis climática, como el comercio, la captura y el almacenamiento de carbono, que benefician a las grandes empresas en lugar de favorecer a las personas o al planeta, según el informe publicado por Amigos de la Tierra, Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute.

Anglo American sigue expandiendo su modelo empresarial nocivo para el medio ambiente, mientras utiliza fondos verdes, mecanismos de compensación y soluciones técnicas dudosas para dar una imagen ecológica, según afirma el informe titulado “El cabildeo de Anglo American a favor de energías sucias y falsas soluciones para el clima”, que fue publicado en la Cumbre de los Pueblos contra el Cambio Climático que tiene lugar en Lima. [2]
 
Pascoe Sabido de Corporate Europe Observatory sostuvo:

“Anglo American ha ejercido una fuerte presión en contra de las subvenciones a las energías renovables debido a que favorece las energías sucias como el carbón y el gas de esquisto. Dado que tanto Anglo como sus grupos de presión tienen acceso privilegiado a los tomadores de decisiones, no caben dudas de que estamos a años luz de lograr un acuerdo justo y ambicioso sobre el clima en las Naciones Unidas. Una de las formas en que Anglo American ejerce presión a favor de sus falsas soluciones a la crisis climática es organizar fiestas con los representantes de nuestros gobiernos. Lamentablemente para las personas y para el planeta, nuestros gobiernos prestan atención a los contaminadores empresariales y están aplicando sus falsas soluciones”.

Lyda Forero del Transnational Institute afirmó:

“La minería en El Cerrejón ha provocado acaparamiento de tierras, despojo y escasez de agua en La Guajira, Colombia, como han denunciado las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas. El Cerrejón exporta todo el carbón extraído, dejando tras de sí violaciones de los derechos humanos y ambientales”.

Lucia Ortiz, coordinadora del Programa Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional, declaró:

“Los intereses de las empresas como Anglo American sin duda están por encima de los intereses de la población en las negociaciones sobre el clima y esto es inaceptable. Anglo American es famosa por los graves efectos de sus actividades de minería insustentable. Los tomadores de decisiones deberían escuchar a las personas, no a las empresas contaminadoras”.

Existen soluciones a la crisis climática, como reducir drásticamente las emisiones de carbono, abandonar la extracción de los combustibles fósiles, detener la deforestación, proponer soluciones energéticas sustentables y comunitarias y transformar nuestro sistema de alimentación.

Estas soluciones se están debatiendo en la Cumbre de los Pueblos de Lima [2], en la que participan movimientos sociales y activistas de todo el mundo, entre ellos Amigos de la Tierra Internacional, Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute. Estas organizaciones se han sumado a los defensores ambientales y movimientos sociales de Perú y del mundo entero para participar en la Marcha Mundial en Defensa de la Madre Tierra, celebrada en Lima, el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos.

NOTAS:

[1] El informe “El cabildeo de Anglo American a favor de energías sucias y falsas soluciones para el clima” está disponible en:
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2014/11/18-foei-corporate-capture-report-esp-lr.pdf

[2] Para más información sobre la Cumbre de los Pueblos contra el Cambio Climático en Lima, véase: http://cumbrepuebloscop20.org/