Categoría: ANÁLISIS

Vía Movimiento M4

La labor de incidencia de Base en Centroamérica  generalmente no es un trabajo que produzca muchas historias asombrosas de éxito. A menudo, más bien se compara tristemente con el esfuerzo desesperado de un debilucho de noveno grado de unos 5 pies 2 pulgadas y 100 libras que incesantemente practica su tiro en suspensión en un día de invierno, mientras sueña con jugar algún día en la NBA y que con tristeza se da cuenta de que su sueño probablemente nunca se volverá realidad. Esa metáfora podría o no ser auto-biográfica.

En Guatemala, acompañar a la población indígena maya en su lucha persistente para mantener el control sobre sus territorios ancestrales, los recursos y las formas tradicionales de vida es frustrante, cuando menos. A pesar de la jurisprudencia anclada en la legislación nacional e internacional que supuestamente reconoce, respeta y defiende los derechos de la mayoría de la población maya, el gobierno de Guatemala, la oligarquía a la que sirve, y los intereses de las empresas transnacionales constantemente triunfan sobre los derechos y el bienestar del pueblo maya. Cuando las comunidades mayas se atreven a defender con determinación sus derechos y territorios, el derramamiento de sangre patrocinado por el gobierno usualmente es más común que la negociación o el diálogo.

Dada esta realidad tan deprimente, es importante destacar el ocasional éxito de la labor de incidencia, por pocas y distantes que sean. Por lo tanto, compartimos este breve relato de la resistencia del pueblo maya Ixil no para echarnos flores, sino más bien para compartir la esperanza de que la labor de incidencia no es completamente inútil.

Desde la década de 1970, las comunidades Mayas Ixiles en Nebaj, Guatemala se han resistido a la explotación de una mina de barita situada en un bosque comunal en la parte norte de su territorio ancestral. La Barita es un mineral que se usa principalmente para la perforación de pozos de petróleo. Con el ascenso de la industria del fracking, la barita está en alta demanda. En 2001, el gobierno de Guatemala emitió una licencia de extracción de la mina de barita. Como es el caso con todos los permisos de explotación minera en Guatemala, la comunidad local nunca fue consultada ni informada sobre la mina propuesta.

La licencia de la mina de barita rebotó de compañía en compañía hasta que finalmente cayó en manos de Jorge Luis Avalos, un empresario guatemalteco nacido en México con enormes vínculos con las industrias mineras y químicas de Guatemala. Avalos comenzó la explotación de la mina en 2005, pero cuando un manantial de agua del lugar misteriosamente se secó, las comunidades locales expulsaron a la empresa minera.

Recientemente, Avalos intentó vender la licencia a Double Crown Resources, una compañía minera con sede norteamericana. Debido a la mala trayectoria de las corporaciones mineras multinacionales en América Central (Goldcorp, por ejemplo), las comunidades locales comenzaron a preocuparse. Cuando esta noticia salió a la luz, el Comité Central Menonita (CCM) junto con otras ONGs nacionales e internacionales apoyaron el llamado de las comunidades mayas Ixiles para anular la licencia. Debido a la presión de los medios nacionales e internacionales, Avalos canceló el acuerdo con Double Crown.

CCM México apoya a ¨Otros Mundos¨, una ONG mexicana que entre otras cosas, ha apoyado a la comunidad de Chicomuselo, Chiapas en su resistencia hacia otra mina de barita operada por Blackfire Exploration, una compañía minera con sede en Canadá. Las comunidades de Chicomuselo, después de años de resistencia, fueron capaces de expulsar a la compañía canadiense de su municipio después de que Mariano Abarca, un prominente organizador comunitario anti-minería, fuera asesinado por personas vinculadas a la empresa minera y el gobierno local. En septiembre de 2014, CCM ayudó a organizar una visita de las autoridades ancestrales mayas Ixiles a las comunidades en Chicomuselo, Chiapas.

Durante la visita de dos días, José Luis Abarca, hijo del martirizado Mariano, y otros líderes de la comunidad compartieron sus experiencias relacionadas con el negocio de la minería de barita y el largo proceso de resistencia. Una visita a la antigua mina confirmó la destrucción ecológica que la minería inevitablemente provoca. Durante la última noche de la visita, José Luis lamentó que “resistir a grandes empresas mineras a menudo trae consigo la muerte de aquellos que defendemos nuestros derechos y nuestra tierra. En nuestro caso, fue mi padre quien fue asesinado. En sus comunidades, hay que preguntarse quién va a morir por la causa de la tierra y de la comunidad. ” Las autoridades ancestrales mayas Ixiles regresaron a sus comunidades determinados a seguir defendiendo sus tierras comunales, sus comunidades y sus derechos.

En noviembre de 2014, los líderes maya Ixiles fueron capaces de traer a Jorge Luis Avalos, el titular de la licencia de explotación minera, a Nebaj para las negociaciones. Avalos llegó decidido a convencer a las comunidades de los “beneficios” que la minería barita traería a la comunidad local. Su presentación en power point estaba elaborada sobre las oportunidades de trabajo que la mina crearía y la falta de impacto ambiental que la mina tendría. Durante un momento de la presentación, Avalos mencionó la mina en Chicomuselo.

Cuando afirmó que “hay otra mina de barita en Chicomuselo, México que ofreció grandes ventajas para la población local”, una ronda de risa escéptica llenó la habitación. Lu Pa’l, miembro de las autoridades indígenas del pueblo Maya Ixil interrumpió Avalos y en tono de reproche le preguntó: “¿Cómo puedes decir que la mina en Chicomuselo era buena para la gente de allí? Hemos estado en Chicomuselo y hemos visto la mina y sus efectos. Lo único que trajo a la comunidad era muerte, y eso no lo vamos a aceptar”.

En ese momento de la negociación, Avalos reparó en que no iba a tener éxito en convencer a las comunidades de los supuestos beneficios de la minería de barita. Varios miembros de las autoridades Ixiles agradecieron a Avalos por venir, pero insistieron en que la comunidad se oponía vehementemente a la mina de barita y que no toleraría la presencia de cualquier empresa minera sin invitación. Avalos aceptó con desánimo (por ahora) la decisión de las comunidades Ixiles y prometió que él y su compañía minera respetarían la decisión de la comunidad y que no procederían con los planes para la mina de barita.

Esta supuesta historia de “éxito” está lejos de haber terminado. Avalos todavía tiene la licencia minera que es oficial hasta el año 2021 y sería absurdo creer que él u otra compañía a la que él intente venderle la licencia simplemente ignore la prometedora rentabilidad de una enorme fuente de un mineral en alta demanda. Sin embargo, una victoria es una victoria y debe ser celebrada y compartida. La labor de incidencia en este caso fue exitosa gracias al uso de los medios de comunicación internacionales para exponer  acuerdos de negocios por debajo de la mesa, y a través de la conexión de comunidades que enfrentan luchas similares y comparten la misma resistencia.

Esperamos que CCM y otras organizaciones internacionales continúen el largo y tedioso trabajo de apoyar a las comunidades en toda América Central y el mundo en la defensa de sus tierras, de sus comunidades y de sus derechos.

Fuente: Comité Central Menonita América Latina

Nota relacionada:
(en inglés) Breakthrough Regarding Legal Liability of Canadian Mining Corporations for Abuses Overseas

En un primer dictamen de una investigación que concluirá en 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno de ese país son responsables de violar los derechos humanos en América Latina.

El TPP, una organización independiente fundada en Italia, halló que Ottawa y las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources son culpables de violar los derechos laborales, destruir el medio ambiente, privar a la población indígena del derecho a la autodeterminación, penalizar a la disidencia y de realizar asesinatos selectivos.

Gianni Tognoni, el secretario general del TPP desde su creación en 1979, fue uno de los ocho jueces que tomó la decisión el 10 de diciembre.

En entrevista con IPS, habló sobre la manera en que las decisiones del TPP han repercutido en el debate internacional en el pasado.

De los muchos ejemplos, citó el caso del trabajo esclavo infantil en la industria de la vestimenta, que fue denunciado por el TPP “con el fin de reforzar los controles y la vigilancia de las organizaciones no gubernamentales”.

“Lo que se podía hacer se está haciendo… con el fin de integrar el tribunal a otras fuerzas… para formular las denuncias en términos de solidez jurídica”, destacó Tognoni.

Los procesos internacionales rara vez son rápidos, señaló. La sentencia de la antigua Yugoslavia “parece ser más bien una especie de juicio sobre la memoria, lo mismo es cierto para Ruanda”, comentó.

Comparó esa situación con la eficacia inmediata de los tratados económicos y mencionó el conocido choque entre los derechos humanos y las empresas transnacionales, así como la actitud impune de estas últimas.

“No es posible tener una sociedad mundial que esté respondiendo progresivamente y únicamente a los criterios… y los indicadores económicos”, resaltó.

Formalmente, Canadá debería defender los mismos derechos en el extranjero como en su propio territorio, según el principio de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados por el cual los poderes públicos deben supervisar a los actores no estatales.

“Pero simplemente no lo hace”, afirmó Tognoni.

El fallo de 86 páginas informa que 75 por ciento de las empresas mineras de todo el mundo tienen su sede en Canadá, y que las compañías canadienses con inversiones estimadas en más de 50.000 millones de dólares en el sector de la extracción en América Latina representan entre 50 y 70 por ciento del total en la región.

“Y el veredicto… muestra claramente que Canadá en el exterior favorece la violación de los derechos humanos fundamentales”, subrayó Tognoni.

La sesión del TPP sobre la minería canadiense llegó a un veredicto de culpabilidad en Montreal, el 10 de diciembre, en el día internacional de los derechos humanos, en una investigación en curso hasta el año 2016.

El TPP realizó recomendaciones al gobierno canadiense, a las empresas mineras en cuestión, así como a agencias y organismos internacionales, entre ellas 22 divisiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El lento acceso a la justicia

“Está claro que es importante organizar el movimiento de oposición para darle un apoyo sólido y también jurídico a los argumentos políticos y sociales, para que quede claro que la batalla por la justicia internacional es absolutamente idéntica a la batalla por la democracia interna”, dijo Tognoni.

A su juicio, “debido a que las dos cosas están cada vez más vinculadas, ya no hay países que sean independientes de la escena internacional”.

Las sesiones del TPP se “añaden a ese corpus de trabajo con el fin de demostrar que hay una necesidad urgente de instrumentos que permitan el acceso a la justicia”, dijo el organizador de la sesión sobre la minería canadiense en América Latina, Daniel Cayley-Daoust.

El TPP “no es un tipo de iniciativa que pueda aplicarse, ya que no tiene capacidad legal de una manera concreta”, explicó. Sirve de apoyo a las comunidades afectadas y para documentar los abusos cometidos “en el sentido de ampliar ese debate… para incrementar la presión”, añadió.

Una de las prioridades del TPP es añadir “más voz y credibilidad a algo que fue en gran medida ignorado por la gente que… tiene el poder de hacer los cambios”, indicó Cayley-Daoust.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

Cayley-Daoust expresó su preocupación porque la ONU tuvo influencia empresarial en las últimas tres o cuatro décadas, especialmente a causa de sus relaciones más estrechas con las empresas.

Rolando Gómez, portavoz del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo a IPS que las empresas no están inmunizadas.

“No hay una sola cuestión de derechos humanos en cualquier entorno, sea una empresa, una ciudad, un país o una comunidad, que escape a la atención del Consejo”, aseguró.

“Hemos visto tendencias positivas de empresas, grandes y pequeñas, que tomaron estas cuestiones muy en serio”, sostuvo.

También se refirió a las consecuencias políticas. “Cada vez más, los Estados reconocen que tenemos que despolitizar el debate”, dijo a IPS.

Hizo hincapié en que “el Consejo de Derechos Humanos no tiene que ver solo con los acuerdos adoptados, sino con el seguimiento, la acción, el hecho de que hay un escenario aquí en Ginebra donde se escuchan problemas que a menudo no se escuchan”.

“El grado en que las ONG están activas aquí es excepcional”, manifestó. Mencionó cómo participan en Ginebra las víctimas de violaciones de derechos humanos y la sociedad civil en la entrega de declaraciones, con su presencia en las negociaciones y al informar sobre los debates formales.

En cuanto a si la charla se traduce en acción, “eso depende de la cuestión, así como la voluntad de los Estados y los responsables de las decisiones”, dijo Gómez.

“La justicia tarda mucho tiempo”, concluyó.

Fuente: IPS Noticias

Por Mariana Morales, Chiapasparalelo.com

Pese a que la minería es una actividad avalada por el gobierno Mexicano comunidades se han pronunciado contra esa extracción que acaba con los recursos naturales de este estado biodiverso. El subsuelo de este entidad se concesiona, se venden, se transfieren; no existe transparencia en cuanto  a quién las adquiere, como lo hacen funcionarios, lo pueden hacer socios de televisoras, ex prófugos de la justicia o simples presta nombres, afirma el activista Gustavo Castro. En la industria de la minería, las ganancias conquista a muchos.

Entre las montañas de la zona norte de esta última frontera, un hombre de estatura alta,  delgado, ropa color café,  botas negras   y de toda la confianza del patrón nos recibe en la entrada de la minera de uno de los hombres más poderosos del mundo, Carlos Slim. San Francisco del Oro S.A DE C.V, filian de FRISCO.

            Hasta aquí, en la comunidad El Beneficio perteneciente al municipio de Solosuchiapa ubicado a casi cuatro horas de la capital Tuxtla Gutiérrez, se ubica la empresa del “rey de las telecomunicaciones”. Chiapas no es el único estado donde reinan sus empresas,  tiene presencia en varias entidades del país, siendo las del norte las más rentables.

            Después de tomar un par de transportes desde el municipio de Pichucalco, llegamos al sitio  donde las redes del empresario llegaron desde los años 90. Aunque eso, pasa a segundo plano no porque no exista señal TELCEL, en esta pequeña comunidad de unos 100 habitantes está  uno de los tres sectores que hace crecer  la fortuna del empresario en América Latina: la extracción de minerales. Oro y plata, lo más cotizado para las personas que gustan lucir de ello.

San Francisco del Oro S.A DE C.V concesionó durante los últimos años la tierra de toda esta comunidad a través de la minería.  Documentos que expiden las dependencias ambientales estatales y federales otorgaron el derecho  de subsuelo para, extraer acá, ambos minerales hasta por 45 años, señalan documentos obtenidos vía transparencia solicitados a la Secretaria de Economía Federal, la cual está obligada a dar cuenta de ello. 

-¿Incluye sus ríos, el grande?- Nos pregunta un joven que vive muy cerca de la mina, junto a su padre remienda una red que le sirve para atrapar peces. La pesca,  cuidar la mina o la extracción de material pétreo en los ríos de la zona, son tres opciones de trabajo en este lugar donde reina la Central Independiente de Obreros Agrícolas y  Campesinos (CIOAC).

El hombre que nos recibió permanece sentado en una pequeña caseta ubicada a un lado de las rejas blancas que plasman el logotipo rojo de San Francisco del Oro. Desde ahí, observa quién pasa por la carretera federal o pide la parada para bajar  a este pueblo.

-Para entrar a la mina también se puede por  atrás donde se encuentra pedacitos de oro que dejaron quienes hace años sacaron mineral; se ven las cuevas, carretas y material abandonado… a la gente de acá a veces le damos permiso para sacar fruta y también se ven algunos animales-  explica el joven originario de esta comunidad, al tiempo  nos invita a pasar, aunque no lo hacemos.

De acuerdo a las seis concesiones que en conjunto suman la superficie de esta comunidad, al menos de las rejas blancas hacia el fondo, ya es propiedad privada. Aunque para la cartografía del estado de Chiapas, El Beneficio es parte de uno de los municipios de este estado.

Él, es el velador de esta empresa, su vestimenta café y un logotipo de seguridad  lo delatan, por eso desde la caseta tiene que cubrir un horario de ocho horas de vigilancia y entregar cuentas al patrón. “El patrón”, un hombre de toda la confianza del otro patrón; el mero mero, el que sólo viene cuando realizan exploración. La última vez lo vieron en el 2013, dejó su número de teléfono por aquello de las visitas extrañas. Se trata de “el ingeniero de México”  a quien ya le comunicaron que hoy llegamos, pero tampoco  le interesa contestarnos.

-La exploración a la que viene el ingeniero, es una prueba para saber qué tanto mineral existe en la tierra, esa ocasión fue en la mañana, fueron ruidos, ruidos y más ruidos en la parte alta de la mina- explica el joven que remienda su red de pesca.

-¿Registró cuarteaduras tu casa? –se le  pregunta-

No contesta y sigue su relato: “Ese día  bajamos a pescar al río Grande (que en realidad se llama Danta) en una zona donde no están los volteos que sacan arena y piedra; pero esa vez bajó el agua sucia y aceitosa porque la mina hacia esas pruebas, se lo digo porque yo sé qué es eso, en un tiempo trabaje con ellos, entonces le digo que esa vez los peces ya no sirvieron.

San Francisco del Oro S.A DE C.V realizó exploraciones donde delimitó con rejas y alambres parte de lo que afirman, a través de las concesiones, es parte de su territorio. Es aquí, justo donde nos paramos, en la caseta que cuida este hombre que amablemente nos recibe.

De acuerdo a un reporte de la SEMARNAT Chiapas, en el 2011 la empresa realizó una exploración para sacar  mineral, realizó perforaciones al suelo utilizando agua que le ayudarían a extraer,  consumió de 3 a 6 litros de agua por segundo del río Danta. Por ahora la empresa sólo explora, no ha iniciado extracción en Chiapas, así lo señala el último reporte de su página de internet donde registra un incremento en su producción del 14% reflejado en sus ventas.

-¡No!, no ha llegado el momento en que la empresa  inicien de verdad la extracción de oro o plata, y cuando suceda ya dijo el ingeniero de México que no tienen interés en sacar a todo el pueblo-  contesta el velador al tiempo que sale de la caseta.

-Entonces, ¿Trabajarán para ellos?- se le pregunta.

-No sé, ya le dije que nosotros acá seguiremos viviendo …. debe saber que yo nací acá luego me fui a Estados Unidos y regresé, acá nací… antes de que llegará esta empresa esté era un pueblo minero abandonado. Quienes antiguamente trabajaron  vendieron a quienes hoy habitan. Tenemos un derecho de posesión que nos acredita como dueños.

Lo que cuenta este joven que viste de café está documentado en los Archivos Históricos de Chiapas. En la investigación  “El Despertar de la Serpiente, la Sierra Madre de Chiapas en Riesgo Extracción Minera y Comunidades en Resistencia en Chicomuselo” su autor, Marín Morales detalla que en los años 1900 por pequeños periodos siete empresas sacaron de este sitio mineral, lo abandonaron por la dificultad que implicó su transportación hacia las fueras. 

-Mientras, la gente de acá tiene que trabajar…- contesta el vigilante. Se para frente a las rejas blancas, ahora lo acompañan dos hombres más que visten como él y que se entretienen en la transmisión de un pequeño radio-televisión colocado sobre una piedra. Aunque para el joven pescador, el trabajo es en el río Danta que atraviesa este poblado rodeado de montañas en la zona norte de Chiapas.

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El subsuelo de este entidad se concesiona a la minería, se venden o se transfieren; no existe transparencia en cuanto  a quién las adquiere, como lo hacen funcionarios, lo pueden hacer socios de televisoras, ex prófugos de la justicia o simples presta nombres. Ni siquiera el Servicio Geológico Mexicano (SGM) registra transparencia en los datos que proporciona. 

El integrante de la REMA-M4 y Otros Mundos es Posible,  Gustavo Castro señala que el 14 por ciento del territorio chiapaneco esta concesionado a la minería.  El mayor número de títulos en la entidad los posee Tristán Canales Reyna vinculado a la minera canadiense Blackfire que causó el asesinato del opositor minero de la Sierra Madre de Chiapas, Mariano Abarca.

Canales Reyna se vio prófugo después que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo dejó en libertad en mayo del 2014 por arroyar en el crucero de la Carretera Internacional al niño Ramón Gómez Jiménez, de 11 años, quien sufrió una fractura craneoencefálica.

 Tristán Canales Reyna es presunto hijo del abogado Tristán Canales Najjar, quien fuera Diputado Federal, actualmente empresario mexicano, uno de los directivos del Grupo Salinas y TV Azteca, y Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

En esta entidad, no sólo San Francisco del Oro S.A DE C.V ha buscado concesionar las montañas de la zona norte de la entidad, también lo hacen los Chinos en la Sierra Madre de Chiapas a través de la empresa la empresa Honour Up Trading S.A. de C.V.

De acuerdo al informe “Minería 2015” elaborado por Castro, el mayor número de concesiones en la entidad se realizó durante la administración del presidente Calderón y el ex gobernador Juan Sabines. En la presente administración federal, Peña Nieto y estatal de Manuel Velasco se han expedido 10 concesiones de tierra para la minería