Minería: Industria de la muerte
Corporaciones canadienses trasplantan en México sus métodos de exterminio indígena
ABRAHAM GARCÍA IBARRA, El Correo de la Tarde
(A las víctimas del homicidio industrial de Pasta de Conchos, Coahuila, que inmoló a 63 obreros, crimen todavía impune.)
De acuerdo con indicios razonablemente verosímiles -como hace un siglo lo hizo contra obreros mexicanos la Cananean Constolidated Cooper, empleando Rangers estadunidenses-, corporaciones mineras están contratando sicarios del crimen organizado (se habla expresamente de La Familia Michoacana, cuyas bandas operan en Michoacán y Jalisco) para reprimir violentamente la resistencia de comunidades indígenas, activistas sociales y movimientos ambientalistas contra la depredación y el saqueo. Durante el calderonato, el Grupo México, de Germán Larrea Mota-Velasco, estuvo protegido, particularmente en Cananea, por brigadas de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública.
Desde que -en 1982- se instaló en el poder político la tecnoburocracia criolla, México empezó a padecer la más rapaz depredación de la riqueza nacional que se recuerde desde la Conquista, la Colonia y la dictadura porfiriana.
Después de la Reforma juarista del siglo XIX, que tiene como referente clave la desamortización de los bienes de la Iglesia Católica, algunos pensadores liberales coincidieron en que lo que no hizo la Reforma -anatemizada por Roma-, fue desamortizar la mentalidad de los conservadores.
En el siglo XX, la contrarrevolución clero-empresarial empezó a conjurar desde el mismo momento en que el presidente Venustiano Carranza promulgó la Constitución de 1917. El núcleo de la resistencia, que se dio armada en la segunda década del siglo, se condensó contra el artículo 27, que reservó al dominio de la Nación la propiedad de los recursos del suelo y del subsuelo.
La expropiación de la industria petrolera en 1938, concitó de nuevo la rebelión armada contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se encomendó al general Saturnino Cedillo. Al año siguiente, se fundó el Partido Acción Nacional (PAN) -publicitado por algunos estudiosos como la “alternativa política a la Revolución Mexicana”-, que prometió a los mexicanos el humanismo político.
El ávilacamachismo (1940-1946) procuró reconciliarse con el clero. El alemanismo corrupto (1946-1952) contemporizó con la oligarquía privada. El ruizcortinismo (1952-1958) nadó de muertito con su oferta de austeridad republicana.
La ofensiva contra López Mateos
La contrarrevolución volvió al ataque, ahora contra Adolfo El joven López Mateos (1958-1964), cuando éste acometió la tarea de culminar la indemnización a las empresas petroleras expropiadas en 1938, y mexicanizó la industria eléctrica.
En 1976 se produjo la ruptura entre el poder presidencial y el poder económico (se estrenaba el Consejo Coordinador Empresarial), cuando Luis Echeverría decretó la expropiación de 100 mil hectáreas de los latifundios de los valles de El Yaqui y El Mayo, en Sonora.
En realidad, esa ruptura empezó a gestarse cuando Echeverría promovió desde un año antes la iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos para regular la planeación del desarrollo urbano. Entonces, los oligarcas de Monterrey lo acusaron de pretender chilenizar México (allendizar, le llamaron otros, por el ya difunto Salvador Allende) y convocaron a lo que se conoció como la Conspiración de Chipinque, en la que se incitó al golpe de Estado.
México en la libertad
La segunda fase de dicha ruptura la incitó la expropiación de la banca en 1982 por José López Portillo -aclamada por el PRI-, que fue contestada con la campaña clero-empresarial denominada México en la libertad, que tuvo continuidad en los primeros meses de Miguel de la Madrid, quien, de su lado, impulsó la reforma de la Constitución para introducir lo que desde tiempo atrás se proponía como Capítulo Económico. Su eje fue la institución de la Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional. Simultáneamente, hizo concesiones a los banqueros expropiados en materia de participación en el sistema de banca y crédito.
No obstante, instalada la tecnoburocracia criolla en la Secretaría de Programación y Presupuesto, a cargo de Carlos Salinas de Gortari, y con menor incidencia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (el Banco de México era posiblemente el primer enclave), al alimón con ciertas troneras derechistas de Monterrey. Puebla, Hermosillo y la Ciudad de México, se inició una ofensiva de satanización contra Echeverría y López Portillo, y contra la dictadura de los sectores del PRI.
Los Documentos de Santa FE
Ese tránsito del modelo político-económico mexicano hacia el neoliberalismo, no se dio en el vacío ideológico. Hacia finales de la década de los 70, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, convocó en Nuevo México a tanques pensantes norteamericanos para trazarle la carta de ruta al gobierno del republicano Ronald Reagan, en lo que se conoció en 1980 como Documentos de Santa Fe, que al tiempo se metamorfosearon en Consenso de Washington.
Reagan su ayuntaría con la también debutante en el Reino Unido, Margaret Thatcher, con la que proclamó -con la afiliación del flamante papa Juan Pablo II; éste para frenar la jesuítica Teología de la liberación-, la Revolución Conservadora, santo y seña, entre otras cosas, para combatir los ejes del mal.
En efecto, Los Documentos de Santa Fe fueron el llamado a zafarrancho de la CIA contra el activismo izquierdizante en América Latina, tarea a la que sirvieron de ariete los primates uniformados de Chile y Argentina, entre otros. No sólo. Los Documentos… contenían el diagnóstico sobre la crisis de los precios petroleros provocada por los gobiernos inscritos en la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), y prescribían el control de las reservas petroleras latinoamericanas, con particular énfasis en Venezuela y México, según Richard M. Nixon (La Verdadera Guerra, la tercera) expuestos a caer en la órbita URSS-Cuba.
Petróleo, arma de negociación
Desde la saliniana Secretaría de Programación y Presupuesto, la tecnoburocracia criolla tejía sigilosamente el entramado de la era neoliberal, advirtiendo, en principio, contra la Reforma Económica propuesta, de entrada, por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), apoyada enseguida por el Congreso del Trabajo (CT), y asumida por la Confederación Nacional Campesina (CNC), con la que se concertó el Pacto Obrero-Campesino.
En una de las líneas centrales de las conclusiones de la Asamblea Nacional de la CTM para la Reforma Económica, se había postulado el petróleo como arma de negociación internacional, ahí donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) sentaba sus reales en México, esgrimiendo la primera carta de intención que, en la crisis económica finisexenal, se le impuso a Echeverría; en tanto, los acreedores de la deuda externa mostraban sus rapaces garras.
Vino el Golpe de Estado técnico (diputado priista don Antonio Martínez Báez dixit/ verano de 1988) y Salinas de Gortari se hizo del control absoluto del poder político, dinamitando la organización social y la división de poderes, para concentrar en Los Pinos todas las facultades, constitucionales y metaconstitucionales, habidas y por haber.
Los mentores de la tecnoburocracia criolla -en una primera camada identificada como los Chicago boys-, tomaron carta de naturaleza en México: Von Hayek y Milton Friedman, en la vanguardia. Consigna: Desmantelar el Estado (su monserga de bienestar), y mandar al diablo la Justicia Social.
Primero, el nervio vital del Estado
Del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, (1990) vino la exigencia primera de privatización de la banca. Pedro Aspe Armella y Guillermo Ortiz Martínez, sus operarios. Pero los trazos neoliberales ya estaban en el borrador desde De la Madrid, y el lápiz seguiría corriendo:
1) Despojar al Estado de su facultad rectora de la economía (todavía, efectivamente, mixta), legislando o de facto, mediante la venta o liquidación de las empresas públicas;
2) Extinguir la presencia del sector social (sindicatos, cooperativas, ejidos, comunidades agrarias, asociaciones de pequeños propietarios, etcétera) en el proceso económico;
3) Estrangular o desaparecer toda figura de banca de desarrollo ocupada en la atención crediticia a aquellas unidades de producción (bancos Agrícola, de Pesca y Desarrollo Portuario, Fondo de Fomento Ejidal, etcétera);
4) Trastocar el régimen de gestión de los distritos de riego, entregándolos a los latifundistas o a corporativos exportadores, preferentemente extranjeros;
5) Liquidar entes estatales, proveedores de insumos para potenciar la producción del campo (un caso, Fertimex);
6) Limitar o anular los seguros de protección a los productores rurales, pesqueros, etcétera, en casos de desastre;
7) Desaparecer organismos socialmente compensatorios y de regulación de mercado de abasto y consumo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares/ Conasupo, por ejemplo.);
8) Como para los obreros los topes salariales, para los campesinos la cancelación de los precios de garantía;
9) Por si acaso no bastara la discrecionalidad administrativa usurpada por la Presidencia de la República, buscar su legitimación en el proceso legislativo ordenado a un dócil Congreso de la Unión.
Camino a la servidumbre
Los listados, no fueron actos aislados. Fueron un sistema instrumentado por la tecnoburocracia criolla para hacer de los mexicanos una sociedad de servicio. De servidumbre al inversionista extranjero, dicho con más propiedad. Por eso, a Carlos se le puso el remoquete Salinas Recortari y el Consejo Nacional de la Publicidad, de matriz privada, le puso bocinas al propósito con su slogan: ¡Empléate a ti mismo!
Ahora resulta que cunde el pánico porque, de la Población Económicamente Activa (PEA), seis de cada diez mexicanos están ocupados (ocupación no es empleo, que jurídicamente es depositario de derechos laborales) en la economía negra. De lo que viene que, en esa categoría, la suma es de más de 28 millones de mexicanos en tal situación. Eco lejano de la mexiquense Sor Juana: Parecer quiere el denuedo/ de vuestro parecer loco/ el niño que pone el coco/ y luego le tiene miedo…
Labriegos, expulsados del Edén
Ese, económica y socialmente disolvente diseño (como si fuera una helada matriz insumo-producto), ya estaba en ejecución cuando el salinato puso la puntilla, al sustraer el sector social de las zonas productivas mediante la reforma constitucionales al 27 (febrero de 1992, aprobada por la mayoría priista, y particularmente por su bancada campesina de la CNC), y le asestó luego al infelizaje rural el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y Canadá. De Canadá, básicamente, nos viene el tema de esta entrega.
Antes -permítasenos la licencia-, contemos el cuento de la modernización del campo con la coartada de la economía a escala. Ya para 1993, Hacienda (Aspe Armella) hablaba de 600 proyectos relacionados con esa falacia. Reforma Agraria sólo reconocía 120, y un publicista del salinato reducía el número a 110. Hablaban, sin concierto, de las asociaciones empresarios-campesinos, como ahora se habla de las asociaciones público-privadas. (El banco de sangre en manos de Drácula.)
La prueba piloto se concentró en Vaquerías, Nuevo León. Se otorgó la concesión al empresario priista regio Alberto Santos, conocido en el medio empresarial como Don Galleto (Galletas Gamesa-Desarrollo Integral del Campo Mexicano).
Antes de que el proyecto agotara el cuantioso presupuesto para esa época (12 millones de dólares destinados al ensayo, al que Gamesa sólo aportó 15 por ciento) apareció el lobo feroz: Santos negoció con la trasnacional Pepsi la cesión de Gamesa, a la que otro corporativo trasnacional, Purina, le había interpuesto demanda de embargo.
Fue, en ese contexto, cuando intervino como tercera interesada otra trasnacional, Coca Cola, opuesta a su rival en aguas negras, Pepsi, que expandía su mercado en tierras mexicanas. Al fin y al cabo, Pepsi le había advertido a Santos que no le interesaba asociarse con campesinos. Ahí terminó la leyenda de la economía a escala para la modernización del agro mexicano. El municipio de China, donde está enclavado Vaquerías, hoy es dominio del narco.
La leyenda del Halcón negro
Antes de retornar al TLC, una incursión por el oeste de los Estados Unidos (1830), sólo para citar al legendario jefe indio sauk, reconocido como Halcón negro, guerrero embaucado por uno de los engañosos 90 tratados firmados por Andrew Jackson para despojar y desplazar de sus tierras a las naciones originarias, a fin de ceder su dominio a los colonos blancos; tratado contra el cual el caudillo sauk se sublevó.
La década anterior, se había expedido el Tratado Indian Spring, sobre tierra de los Criques. Fue tan leonino y perverso, que el Senado lo rechazó. Se escribió entonces que los tratados eran resultado de pactos corruptos, habida cuenta que sedicentes jefes indios “se vendían a los blancos a cambio de jugosas recompensas”. Por otro tratado de la misma factura, el de Dancing Rabbit, los Choctaws (Alabama), perdieron 3.2 millones de hectáreas.
Llegaría La fiebre del oro
Eran tiempos en que todavía Gran Bretaña metía sus narices en la República de Texas (estado arrebatado a México), ponía la mira en Hawai y oteaba sobre las bahías de San Francisco y San Diego, California, pretexto más que auspicioso para enervar la nuevecita doctrina del Destino manifiesto, del célebre James Monroe.
Como sea, eran tiempos precursores de la fiebre del oro. Entonces, los gambusinos blancos se conformaban apenas con la plata. Aparte de las tierras fértiles, esa era, pues, otra razón para el exterminio indígena (pieles rojas) por los blancos. Toda una escuela de crueldad despiadada, dicho así aunque incurramos en un pleonasmo, porque es el modelo que prevalece en México -a cargo de Canadá-, a la sombra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Para saciar sus mercantilistas fines, las impunes corporaciones mineras canadienses practican sus crímenes en su propio ámbito doméstico, para luego exportar sus depurados métodos a territorios con gobiernos sumisos: Verbigracia: En la provincia Saskatchewan, hogar nativo de la nación Deline Dene, aguas del Lago Gran Oso han sido envenenadas con 1.7 millones de toneladas de desechos y residuos radiactivos. Por los efectos de la radiación, han muerto 50 hombres de la comunidad.
Tomadas, 605 reservas de pueblos originarios
Según un seguimiento histórico, desde 1927, 27 por ciento de 609 reservas de pueblos originarios de Canadá ha sufrido algún tipo de actividad de exploraciones para minerales no metálicos.
En la Columbia Británica -donde 97 por ciento de las tierras de los pueblos originarios se ha clasificado como “sin concesión”, según las leyes canadienses e internacionales-, el Plan Minero de 2005 de la provincia clasificó más de 85 por ciento de la tierra como “abierta a la exploración”, e incluso estableció u mecanismo para el registro en Internet de los derechos para la explotación minera. (La minería canadiense en México: Violencia hecha en Canadá, Mandeep Dhillon, 7-V-2007)
El reporte citado afirma que “la devastación y la violencia perpetrados por las empresas mineras canadienses, han sido ampliamente documentadas y vinculadas con violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán”.
Guatemala, ¿llamarada de petate?
(Cuando procesamos este material, recibimos noticias de que, por mandato de la Sala Primera de Apelaciones del Poder Judicial de Guatemala, se suspendió la licencia expedida por el gobierno de Otto Pérez Molina al proyecto de El Escobal, de la minera San Rafael, filial de la canadiense Tahoe Resource, que a su vez había adquirido los derechos de la minera paisana GoldCorp, que declinó a la explotación de yacimientos de plata a causa de la resistencia de la población. Se trata de la comunidad Xina, que puebla el Departamento de Santa Rosa -municipios de San Rafael Las Flores, Nueva Santa Rosa y Casillas-, en cuyo territorio el Ministerio de Energía y Minas había cedido a las mineras dos mil 400 kilómetros cuadrados.
El Ministerio citado había ignorado 250 recursos interpuestos por gestores que denunciaban el riesgo de contaminación a sus fuentes de agua. En mayo pasado, San Rafael había sido puesto en estado de sitio.)
Recordando la huelga de Cananea
La investigación publicada por Mandeep Dhillon recapitula sobre la huelga de Cananea contra la Cananean Consolidated Cooper, en 1906, llega hasta la firma del TLCAN y subraya las reformas de 1992 a las leyes Minera y de Inversión Extranjera mexicanas que permite, ésta última, hasta 100 por ciento de capital foráneo en actividades de exploración y explotación minera.
Hoy, dice el texto, “son las empresas mineras canadienses las que están en primera fila de las fuerzas colonizadoras de México (que significan para las comunidades indígenas, lesiones, muerte, destrucción ambiental y empobrecimiento); las mismas que se apoderaron, y se siguen apoderando, de las riquezas de las tierras de los pueblos indígenas de Canadá”.
En el top 10 de la minería mundial, las corporaciones canadienses -que acumulan ocho mil 300 propiedades en el planeta; mil 200 en América Latina y el Caribe- ocupan el primer lugar en explotación de zinc, uranio, níquel y potasio; segundo en azufre, asbesto, aluminio y cadmio; tercero en cobre y platino; cuarta en oro y quinta en plomo. A la vista están evidencias de que algunas son proveedoras de insumos para la industria bélica.
A partir de la firma del TLCAN, entre los más prominentes inversionistas canadienses asentados en México destacan Scotiabank, TransAlta, Transcontinental,, Magna Internacional, Palliser, Presión Dilling, Fairmon y Hoteles Gour Seasons, pero nada que ver con el poderío de las 85 mineras (corte preliminar); 66 de las cuales tienen su matriz en Vancouver (casualmente donde desde hace más de seis años está exiliado el dirigente del Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia), 15 en Toronto, cuatro en Calgary, a saber:
La nómina del terror
Columbia Metals Corporation, Comaplex Minerals, Coniagas Resources, Continuum Resources, Copper Ridge Explorations, Corex Gold, Cream Minerals, Diadem Resources, ECU Silver Minning, Endeavour Silverm Energold Driling (Impàct Silver), Evolving Gold,, Esperanza Silver, Exxwllon Resources, Dundarave Resources, Farallon Resources (Hunter Dickinson), Firesteel Resources…
First Majestic Silver, Fording Canadian Coal Trust (NYCO), Formation Capital, Fronteer Development Group, Gammon Lake Resources, Genco Resources, GoldCorp, Gold-Ore Resources, Golden Goliath Resources, Grandcru Resources, Grayd Panther Resources, Grid Capital, Hawkeye Gold and Diamonds. Hasta donde vamos, la voluptuosidad se encariña con el oro, la plata y los diamantes, según sus denominaciones sociales…
Horseshoe Gold Mining, Iamgold Corporation.royalties-Iciena Venture, International Croesus, Intrepid Mines, Kimber Rosources, Linear Gold, Mcmillan Gold, MAG Silver, Minefinders, Morgain Minerals, Metalica Resources, Mexoro Minerals, Northair Group, Northwestern Mineral Ventures, Oromex Rosources, Orko Silver, Pacific Comox Resources, Palmarejo Silver, Pinnacle Mines, Quaterra, Rome Resources, Ross River Mierals, Roxwell Gold Mines, Santoy Resources, Soho Resources Group, Sonora Gold Corp, Sparton Resources, Starcore International Ventures…
Stingray Resources, Southern Silver Exploration, Stoud Resources, Teck Cominco, Terra Novo Gold, Tumi Resources, Tyler Resources, UC Resources, Valdez Gold, War Eagle Mining Company y Zoruma Resources.
En su ultimo complaciente reporte que nos dejó el especialista en derecho familiar y secretario de Economía por obra y gracia de Felipe Calderón Hinojosa, Bruno Ferrari asegura que las mineras extranjeras traen consigo generación de infraestructura básica como caminos, drenaje, alumbrado, y la infraestructura social como vivienda de calidad, escuelas, centros deportivos y hospitales… (Je je je.)
Haciendo abstracción de tanta belleza, para 2011 el informe asegura que, entre 2007 y 2011, las inversiones alcanzaron un monto de 17 mil millones de dólares, capital representado por 288 empresas de tenencia extranjera, aplicado a 803 proyectos, de los que hacen punta Canadá (206/71 por ciento), los Estados Unidos (46), China ocho y Australia (siete). Para 2013 el registro consigna breve variante al alza. El valor de la producción de metales preciosos fue para el mismo año de 111 mil 642 millones de pesos. La producción de oro se incrementó en 15.9 por ciento y plata 18.60 por ciento.
Y, ¿dónde está el tenebroso SAT?
A precios corrientes, la minería ampliada alcanzó la cota de 259.8 mil millones de pesos. Sonora, Zacatecas y Chihuahua y Coahuila aportan el 73 por ciento del valor total de la producción. El sexenio de Calderón Hinojosa fue jauja para el sector minero: Con un incremento de 14 puntos porcentuales, alcanzó un equivalente de 28 por ciento del valor de la producción de petróleo y gas, que, de su lado, cayó en el mismo periodo 11.8 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi.)
De lo que se cuida la Secretaría de Economía en su beneplácito a la inversión extranjera en la minería, es de esconder el régimen fiscal que privilegia al sector. El concesionario, por ejemplo, paga por derechos una irrisoria cuota de cinco pesos por hectárea concesionada en los primeros dos años, hasta alcanzar progresivamente 111 pesos. Pero, en cuanto al Impuesto sobre la Renta, la benevolente Secretaría de Hacienda le hace hasta 77 por ciento de deducción con la sola notificación de “nuevas inversiones”. Qué tal.
Modus operandi: Asesinato y destrucción
Industria de la muerte, fue la tipificación que se hizo de la minería en nuestro país en reciente foro del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP/sección México). La profesora e investigadora de la UNAM. María Fernández Campa Uranga caracterizó esa actividad como extensiva, depredadora y devastadora de suelos y vidas de las comunidades. Acusó que su modus operandi se funda en el asesinato de comuneros, líderes ejidales y activistas. (Sólo en esa audiencia, se citaron diez casos específicos.)
“Industria de la muerte”. No es casual, entonces, que el Grupo México, del ensoberbecido Germán Larrea Mota-Velasco, sea imputado socialmente de homicidio industrial por la tragedia, aún impune, en Pasta de Conchos, Sabinas, Coahuila.
Nuestras Compañeras y Compañeros del Ejido Puebla (Chenalvo’o, Chiapas) de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal están saliendo de la colonia por temor a su vida. Salen de sus casas caminando rumbo a una comunidad vecina en donde una Caravana de la Sociedad Civil conformada por 11 camionetas de organizaciones, colectivos y medios de comunicación independientes, los encontrarán para buscarles resguardo, en lo que es el segundo intento de la semana de dicha acción. Las familias del Ejido Puebla denuncian que el gobierno no está haciendo nada por evitar el desplazamiento ni por asegurar la integridad física de las 32 familias católicas de la comunidad.
El Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua está dispuesto a extender su demanda a todo el estado si es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) decide que se necesitan 61 mil firmas para que proceda su solicitud de referéndum en el tema del concesionamiento del servicio de agua potable en Tuxtla.
Ante las recientes declaraciones en medios de comunicación realizadas por Adrián Cervantes Sánchez presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y del diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor presidente del Congreso del Estado de Chiapas; y dado que no hemos recibido respuestas alguna por escrito, quienes integramos el Movimiento Chiapanec@s en Defensa del Agua manifestamos lo siguiente:
Mariano Abarca, habitante de Chicomuselo, en el estado mexicano de Chiapas, fue asesinado en diciembre de 2009 tras liderar la resistencia de su comunidad a la minera canadiense Blackfire. Su familia y decenas de organizaciones y redes mexicanas que resisten la minería realizaron este martes 20 y miércoles 21 de agosto un homenaje a su memoria con un panel en la sala “Digna Ochoa” de la Comisión de DDHH del DF mexicano y frente a la embajada canadiense, repectivamente.
El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, se congratula con respecto al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conservar la altura de la cortina de la Presa El Zapotillo en su elevación original de 80 metros. Coincidimos con las y los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que esta altura no asegura a las poblaciones afectadas permanecer exentas de afectación alguna, aun cuando se instalen diques que contengan el agua de la presa, sin embargo, sí nos concede la razón en cuanto que prueba una vez más las grandes irregularidades en que las autoridades estatales y federales incurrieron para imponer este proyecto a costa de la población jalisciense.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones (CIADI), denegó a la empresa minera Commerce Group Corp. la solicitud de prórroga para poder seguir demandando al Estado Salvadoreño.
La organización señaló, en su guía sobre el Crimen en el Mercado del Carbono, que las áreas industriales tienen mayor riesgo de ser manipuladas a través del fraude fiscal, el tráfico ilegal, la malversación, el blanqueo de dinero y el cibercrimen.
Indignados, en alerta máxima y con el grito a una sola voz de justicia, bajo el acoso de un ostentoso operativo policial por el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz al inicio de nuestro encuentro y a quien dedicamos la celebración del Décimo Aniversario MAPDER, reunidos más de 300 defensoras y defensores de los ríos e invitados internacionales procedentes de siete países llevamos a cabo el Décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del 2 al 4 de agosto, en Amatlán de los Reyes, región de las altas montañas de Veracruz.
El Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, confirmó días antes en una reunión con miembros del Mapder que la seguridad del X Aniversario estaba garantizada. Al mismo tiempo, en esos días publicaba el Decreto de Área Natural Protegida de la región que impediría la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Naranjal, cuyos dueños, los empresarios de Constructo, Claudio X. González y Gerardo González Guajardo, han sido acusados de corromper autoridades y presionar a la población para que aceptara el proyecto de la represa.
Al llegar a su fin este martes 6 de agosto la Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria se reivindicó como un instrumento de unidad de los pueblos que enfrentan al modelo de producción y distribución alimentaria global, el cual mantiene en situación de hambre a mil millones de personas en todo el planeta.