Que el Ejecutivo federal no demore más en firmar el PF PIDESC y lo turne al Senado de la República para su ratificación
COMUNICADO DE LA CAMPAÑA MEXICANA POR LA FIRMA Y RATIFICACIÓN DEL PF PIDESC
El día 24 de septiembre de 2012 se cumpleron tres años de la apertura a firmas, ratificaciones y adhesiones al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF PIDESC), un tratado adicional al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que establece un mecanismo internacional para que las personas y grupos de personas puedan presentar casos de violación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas y para que éste órgano independiente pueda llevar a cabo investigaciones ante situaciones graves y sistemáticas de violación a los derechos humanos consagrados en el Pacto, los cuales están vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas en ámbitos como el trabajo, la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura, el agua y el medio ambiente, indispensables para una vida digna.
Hasta el momento, solamente 40 Estados han firmado el Protocolo Facultativo del PIDESC, 10 de ellos de América Latina, 15 de Europa, 10 de África, 4 de Asia y 1 de Oceanía; de los cuáles sólo 8 lo han ratificado: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Bosnia y Hersegovina, Eslovaquia, España y Mongolia. Se requieren 10 ratificaciones para que el PF PIDESC entre en vigor, y México podría contribuir a ello si no demora más en firmarlo y turnarlo al Senado de la República para su ratificación.
Es por eso que el viernes 21 de septiembre, en la víspera de este aniversario, la alianza de organizaciones civiles y sociales, redes, organismos públicos autónomos, académicas(os), comunicadoras(es), promotoras(es) y defensoras(es) de derechos humanos que en varias entidades federativas del país hacemos parte de la Campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC, hicimos entrega a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa Cantellano, de un escrito suscrito por 179 organizaciones y redes mexicanas, acompañado de 1121 firmas ciudadanas exhortando al Ejecutivo federal para que firme ya este importante instrumento y lo turne al Senado para que sea ratificado. Dichas firmas se suman a las más de 18 mil que en el mismo sentido habíamos entregado a la Cancillería el 7 de diciembre de 2011, previo al aniversario de la adopción del PF PIDESC por la Asamblea General de Naciones Unidas.
La Cancillería es la responsable de coordinar las consultas al interior de la administración pública previo a definir la firma de un instrumento de derechos humanos; las consultas en torno al Protocolo Facultativo del PIDESC habían concluido favorablemente a finales de 2011 luego de un proceso de tres años, pero de acuerdo con información de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores una nueva fase de consultas fue abierta este año.
Entre las organizaciones y redes que suscribimos el exhorto se encuentran Amnistía Internacional sección México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), entre muchas otras organizaciones civiles, sociales, redes e instituciones comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro país. El exhorto también es respaldado por las siguientes organizaciones y redes internacionales: la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, A.C. (ALOP), la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), Social Watch Internacional, así como por la Coalición Internacional de ONG por el Protocolo Facultativo del PIDESC (OP Coalition), cuyo Comité Conductor está integrado por Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, Community Law Center – Sudáfrica, Food First Information and Action Network – FIAN Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC) y Social Rights Advocacy Centre –Canadá.
Para quienes venimos impulsando el Protocolo Facultativo del PIDESC desde los años de su elaboración y negociación en Naciones Unidas, se trata de un compromiso ineludible: dar pasos decisivos para el acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en beneficio de muchas personas y comunidades en México y el mundo, subsanando el déficit histórico de recursos apropiados para su defensa, lo cual será también congruente con las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos que tuvieron lugar el año pasado en nuestro país y que requieren del Estado mexicano, entre otras cuestiones, desarrollar mecanismos efectivos para la justiciabilidad de estos derechos.
Esperamos ver materializado muy pronto el compromiso de México en la materia.
Más información en: http://ratificapfpidescmex.org/
y al correo: ratificapfpidescmex@gmail.com
Areli Sandoval Terán (por la coordinación de la Campaña)
Reunidas más de 600 personas, del 5 al 7 de octubre, en la comunidad de Presidio de los Reyes, en el marco del IX Encuentro Nacional Intercultural del Mapder, los Gobernadores tradicionales Coras, Tepehuanos, Mexicaneros, Wixarikas del estado de Nayarit, recibieron a delegados y delegadas de los pueblos Tsotsiles, Tseltales, Chontales, Mayas Quiches, Mam, Choles, Chatinos, Mixtecos, Afromexicanos, Mazatecos, Totonacas, Nahuas y mestizos , de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, Durango, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Distrito Federal, Colima, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte, así como organizaciones solidarias de Alemania, España, Suecia e Italia; para intercambiar información, saberes y conocimientos, sobre las experiencias de resistencia de los pueblos ante la imposición de proyectos de presas y otros megaproyectos, la defensa del agua, los territorios, las cuencas y los ríos.
El gobierno guatemalteco del militar Otto Pérez Molina reprimió este jueves 4 de octubre una movilización pacífica de pueblos indígenas mayas con un saldo de al menos siete indígenas fallecidos mientras se manifestaban en torno al acceso a la energía eléctrica, la formación de maestros y la concesión de territorios a la minería sin el consentimiento de las poblaciones.


Hoy 3 de octubre es crucial para Alberto Patishtán. Los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirán si asumen o no la competencia para revisar el encarcelamiento y la condena de 60 años en su contra.
BERGEN (Noruega)/ LAGOS (Nigeria), 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012. Amigos de la Tierra Internacional, la mayor federación de organizaciones ambientalistas de base, tiene el orgullo de anunciar que su presidente, Nnimmo Bassey, quien es también Director Ejecutivo de Amigos de la Tierra Nigeria [1], recibirá el premio Rafto 2012 por su lucha por los derechos humanos.[2]
En América Latina, las izquierdas -sea en su matriz anticapitalista como nacional-popular- han sostenido y continúan sosteniendo una lectura productivista, y tienden a minimizar o presta escasa atención a las nuevas luchas sociales concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes.
En términos más generales, la ilusión desarrollista, promovida por los gobiernos progresistas más radicales como Bolivia y Ecuador, aparece hoy asociada a la acción del Estado productor y relativamente regulador junto a una batería de políticas sociales, dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya base misma es la renta extractivista. Ciertamente, no es posible desdeñar la recuperación de determinadas herramientas y capacidades institucionales por parte del Estado nacional, el cual se ha vuelto a erigir en un actor económico relevante y, en ciertos casos, en un agente de redistribución. Sin embargo, en el marco de las teorías de la gobernanza mundial, que tiene por base la consolidación de una nueva institucionalidad basada en marcos supranacionales o meta-reguladores, la tendencia no es precisamente que el Estado nacional devenga un «mega-actor». Al contrario, la hipótesis de máxima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometría variable, esto es, en un esquema multiactoral de complejización de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, Ongs y otros actores, pero en estrecha asociación con los capitales privados multinacionales, cuyo peso en las economías nacionales es cada vez mayor. Ello coloca límites claros a la acción del Estado nacional y un umbral inexorable a la propia demanda de democratización de las decisiones promovida por las comunidades y poblaciones afectadas a causa de los grandes proyectos extractivos.
Este escenario de contrastes que presenta hoy América Latina abre a un terreno de grandes acechanzas. Uno de los rasgos más notorios de la época es que el Consenso de los Commodities impuso una brecha, una herida, en el pensamiento crítico latinoamericano, el cual en los `90, mostraba rasgos mucho más aglutinantes, frente al carácter monopólico del neoliberalismo como usina ideológica. Así, el presente latinoamericano refleja diferentes tendencias políticas e intelectuales: por un lado, están aquellas posiciones que dan cuenta del retorno del concepto de Desarrollo, en sentido fuerte; esto es, asociado a una visión productivista que incorpora conceptos engañosos, de resonancia global -Desarrollo sustentable en su versión débil, Responsabilidad Social Empresarial, gobernanza- al tiempo que busca sostenerse a través de una retórica falsamente industrialista. Sea en el lenguaje crudo de la desposesión del neodesarrollismo neoliberal, como en un neodesarrollismo progresista que apunta al control del excedente por parte del Estado, el actual modelo de desarrollo se apoya sobre un paradigma extractivista, se nutre de la idea de «oportunidades económicas» o «ventajas comparativas» proporcionadas por el Consenso de los Commodities, y despliega ciertos imaginarios sociales -la ilusión desarrollista- desbordando las fronteras político-ideológicas que los años `90 habían erigido. Por encima de las diferencias que es posible establecer en términos político-ideológicos y los matices que puedan hallarse, dichas posiciones reflejan la tendencia a consolidar un modelo neocolonial de apropiación y explotación de los bienes comunes, que avanza sobre las poblaciones desde una lógica vertical (de arriba hacia abajo), colocando en un gran tembladeral los avances alcanzados en el campo de la democracia participativa e inaugurando un nuevo ciclo de violación de los Derechos Humanos.
Más allá del neodesarrollismo imperante, en sus versiones progresistas y neoliberales, en América Latina existe una perspectiva crítica diferente, que hoy aparece ilustrada por diferentes organizaciones sociales y posicionamientos intelectuales que cuestionan abiertamente el modelo de desarrollo extractivista hegemónico y su concepto de naturaleza. En un contexto de retorno del concepto de desarrollo como gran relato y en sintonía con los cuestionamientos propios de las corrientes indigenistas, el campo del pensamiento crítico ha venido retomando la noción de «post-desarrollo» elaborada por Arturo Escobar , así como elementos propios de una concepción «fuerte» de la sustentabilidad. En efecto, al compás de los conflictos socio-ambientales se han ido forjando marcos interpretativos de la acción, que expresan un cruce entre discurso ambientalista y matriz indigenista; consignas movilizadoras en defensa de los bienes comunes, la justicia ambiental, el buen vivir y los derechos de la naturaleza; esto es, una gramática común latinoamericana. Asimismo, desde la tradición crítica del pensamiento latinoamericano, la perspectiva del post-desarrollo ha venido promoviendo otras valoraciones de la Naturaleza, que provienen de otros registros y cosmovisiones: pueblos originarios, perspectiva ambientalista, eco-comunitaria, eco-feminista, decoloniales, movimientos eco-territoriales, entre otros.
Con motivo de celebrarse el pasado viernes el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, Radio Mundo Real (Amigos de la Tierra Internacional) presenta un corto audiovisual titulado “Ocupación silenciosa”, en el que se denuncia el avance de los monocultivos forestales en diversas partes del mundo y la resistencia de numerosas comunidades.