La humanidad agotó los recursos naturales disponibles para el 2019

Compartimos el siguiente artículo publicado en Servicios de Comunicación Intercultural (SERVINDI) – Julio 2019

Servindi, 31 de julio de 2019.-

En solo siete meses, la humanidad ya agotó los recursos naturales que el planeta Tierra puede regenerar para este 2019.

Así lo reveló el informe anual de la Global Footprint Network, con sede en Estados Unidos, Bélgica y Suiza.

Según el cálculo «la humanidad vive a crédito desde el 29 de julio», debido a que los seres humanos ya consumieron todo el agua, el aire limpio, la tierra y los recursos naturales disponibles para este 2019.

Después del 29 de julio la humanidad estaría gastando más de lo que el planeta produce.

Este hecho representaría usar a nuestro planeta 1,75 veces más. «Lo que quiere decir que para mantener el ritmo de vida de las personas actualmente necesitaríamos casi dos planetas más», así lo explica el informe de la oenegé.

«Para mantener el ritmo de vida de las personas actualmente necesitaríamos casi dos planetas más»

«Destacar que no podemos usar 1,75 Tierras por mucho tiempo cuando solo tenemos una es simplemente reconocer el contexto de la existencia humana», señaló Mathis Wackernagel, fundador de Global Footprint Network, con motivo del Día del Sobregiro de la Tierra (Earth Overshoot Day 2019).

Se conoce como el Día de la Sobrecapacidad (o del Sobregiro) de la Tierra, cuando el planeta agota todos sus recursos naturales designados para un año. En las últimas décadas, la fecha se adelantó dos meses.

La de 2019 es la más temprana en la historia, de acuerdo con un estudio realizado por la Red Global de la Huella Ecológica. 

«La actividad humana se ajustará inevitablemente a la capacidad ecológica de la Tierra. La cuestión es si elegimos llegar allí por desastre o por diseño», agregó Wackernagel.

Ante estos hechos, la Global Footprint Network también contempla soluciones en cinco áreas clave: ciudad, energía, comida, planeta y población. Si se lograra aplicar dichas soluciones y mover la fecha al menos cinco días más cada año, antes del 2050 se viviría dentro de la capacidad del planeta, señala la oenegé.

En el siguiente enlace puedes calcular cuál es tu huella ecológica: ¿Cuántos planetas usaríamos si todos vivieran como tú?

Imágenes: Foto1: Correo, imagen 2: SERVENDI

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México supera a países africanos en asesinatos de ambientalistas

Compartimos la siguiente nota publicado en el diario Ángulo 7 a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – Julio 2019

Publicado por: Lorena González Guzmán en Nacional 31 julio, 2019

En asesinatos de ambientalistas, con 14 hechos México superó a naciones africanas con conflictos armados como República Democrática del Congo (ocho), Kenia (dos) Gambia (dos), Senegal (uno) y Sudáfrica (uno) esto durante 2018.

Así lo reveló el estudio “¿Enemigos del estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras”, de la organización Global Witness (GW).

La organización internacional documentó 164 asesinatos, un promedio de más de tres personas defensoras fueron asesinadas cada semana.

Entre los hallazgos realizados destacaron que Filipinas, encabezó la lista con 30 asesinatos, seguido de Colombia con 24, India, con 23, Brasil con 20, Guatemala 16 y México con 14.

Los grupos de seguridad privados, las fuerzas estatales y los sicarios son sospechosos de llevar a cabo los asesinatos, a veces actuando de forma conjunta.

El sector de minerías e industrias extractivas concentró el mayor número de víctimas con 43, le siguió la agroindustria, aguas y represas, con 21 y 17 respectivamente.

Cabe recordar que en 2017, el total de homicidios contra defensores del medio ambiente en el mundo sumó 207 víctimas, por lo que hubo una reducción el 20.7 por ciento, según Global Witness.

Este 2019. El más reciente asesinato de un ambientalista tuvo lugar en Tabasco, la víctima fue José Luis Álvarez Flores, quien cuidaba un área de conservación del Mono Saraguato (aullador), también denunció a los extractores ilegales de bancos de arena del Río Usumacinta.

Foto: México supera a países africanos en asesinatos de ambientalistas. Foto: Especial – Ángulo 7

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[INFORME] ¿Cómo enfrentamos el miedo en el contexto actual las defensoras?

[Artículo] Los dueños del pan: El lobby y los peligros del trigo transgénico

Compartimos la siguiente investigación sobre los peligros del trigo transgénico publicado en Avispa Midia – Julio 2019 


Por Darío Aranda- julio 28, 2019

Un reducido sector, con aval del Gobierno, impulsa el pan transgénico (y con agrotóxicos). Quiénes y cómo buscan aprobarlo. El factor Brasil. La interna empresaria. Y la voz de quienes reclaman: “No se metan con el pan”.

Un puñado de funcionarios. Una encumbrada científica del Conicet. Y medio centenar de empresarios. Ellos son los responsables de que 44 millones de argentinos estén a un paso de comer pan en base a trigo transgénico (y con restos de agrotóxicos), con consecuencias impredecibles en la salud y el ambiente. El macrismo lleva aprobados veinte transgénicos, de manera irregular, en tres años. Un verdadero experimento masivo a cielo abierto.

La principal estrella transgénica de Argentina es la soja, aprobada en 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Lo que sobrevino es historia conocida: uso masivo de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales y concentración de tierras en pocas manos. Fue un cambio radical en la estructura agraria del país. El “modelo transgénico” (llamado “agronegocio” por sus propios impulsores) avanzó luego en Argentina con otros dos cultivos: maíz y algodón. Se sabe que en Argentina el modelo agropecuario es política de Estado, sin importar los gobiernos de turno. Pero el macrismo dio un paso más: avanzó en la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, cultivo que en Argentina abarca 5,6 millones de hectáreas y es central para el pan, uno de los alimentos más populares del país.

El trigo transgénico no está impulsado por Monsanto-Bayer, ni Syngenta-ChemChina, ni Corteva (fusión de Dow y Dupont). Se trata de una empresa “nacional”, conformada por medio centenar de empresarios del agro, entre ellos los millonarios Hugo Sigman (presidente del Grupo Insud, con presencia en cuarenta países, desde laboratorios farmacéuticos hasta medios de comunicación), Gustavo Grobocopatel (el llamado “rey de la soja”) y Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, cámara que reúne a empresarios referentes del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina). 

Bioceres se presenta como “proveedor totalmente integrado de soluciones en productividad de cultivos” y publicita que cuenta con “alianzas estratégicas con líderes mundiales, tales como Syngenta, Valent Biosciences, Dow AgroSciences, Don Mario y TMG”. Sus ejes de negocios incluyen semillas de soja, maíz, alfalfa y trigo. En noviembre de 2018, la empresa Bioceres había presentado su “trigo HB4”. La publicidad corporativa celebró su “tolerancia a la sequía”.

Ya pasó el visto bueno del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la polémica Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). En Argentina, los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Conabia, dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las compañías o tienen conflictos de intereses. Para que los argentinos coman pan con trigo transgénico sólo resta un paso burocrático: la firma de la Secretaría de Mercados.

Ciencia de mercado

Raquel Chan es una investigadora conocida en el ámbito científico. Docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y el Conicet, tomó notoriedad pública cuando desarrolló una soja resistente a la sequía. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces (y actual) ministro de Ciencia, Lino Barañao, la mencionaban como ejemplo de la ciencia productiva para el país. “Este desarrollo significaría mayor producción de alimentos, con una población mundial que crece cada vez más”, afirmó Chan en 2012, en sintonía con el argumento central del agronegocio y la falsa necesidad de más alimentos para la humanidad, mientras en el país los precios suben y la comida escasea. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la felicitó: “Me siento muy orgullosa de formar parte de un gobierno y de un proyecto que ayude a que científicos argentinos puedan desarrollar estas aptitudes que le sirven a todo el mundo y que nos constituyen en un verdadero ejemplo”.

Lo que celebraban Chan, los funcionarios y empresarios era, para ellos, una buena noticia: más soja. Es decir, visto por las víctimas del agronegocio, más avance de la frontera agropecuaria, más desmontes, más agrotóxicos. Raquel Chan suele evadir la cuota de responsabilidad de los posibles impactos de su desarrollo.“Es algo que no va a depender de nosotros, va a depender de una decisión política. Estas cuestiones no dependen ni de nosotros ni de la empresa”, se excusó ante el diario El Litoral en 2012.

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Foto:Avispa Midia

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El Escaramujo 79: LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

Informe: Treinta años de transgénicos en México

Zacatecas: Advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la Presa Milpillas

Compartimos el siguiente artículo publicado en La Jornada Zacatecas – Julio 2019 

Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas

■ Endeudamientos y altos costos, entre los posibles riesgos adicionales

■ En todo el mundo, 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas: Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas


 

POR MARTÍN CATALÁN LERMA – julio 24, 2019 

Detrás del discurso del Gobierno del Estado y sus dependencias sobre el desabastecimiento de agua en la zona conurbada de Zacatecas y la necesidad de construir la presa Milpillas, están las consecuencias que ese proyecto provocaría en las comunidades, entre ellas el desplazamiento forzado y la acentuación de la pobreza, afirmó Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas en México, mismo que le fue otorgado por la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Infirmó que en todo el mundo, más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas, donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del “desarrollo”.

En México, refirió que en ese tipo de proyectos es común observar que genera “más endeudamiento de los gobiernos, aumento en los costos de la construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas; pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosechas, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales; desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de venta, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios, y pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente.

Aunado a ello, dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) actúan siempre a favor de los proyectos gubernamentales y empresariales, mientras que la Procuraduría Agraria manipula la información a los ejidatarios y comuneros e interviene de manera ilegal, no respeta las asambleas agrarias, se acusa a “intereses externos” cuando hay oposición, trata a la población como ignorante y se le desprecia su capacidad de decisión.

Castro Soto explicó que, de manera paralela, la estrategia de los gobiernos para imponer esos proyectos consiste en dar marcha a todo su aparato de convencimiento por medio de propaganda, asambleas y ofrecimiento de dinero a las autoridades ejidales, a la vez que se especula con el valor de la tierra, se contrata personal fuera de la región y de otros estados lo que no redunda en mayores empleos.

Por lo general, afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prohíbe el uso del agua de las represas para los pueblos locales a los que no está destinado el agua, además que las especificaciones de la represa cambian, según intereses, según la fuerza de las resistencias sociales y los problemas que va presentando el proyecto.

Asimismo, expuso que en Zacatecas, la primera represa registrada por la Conagua se construyó en el año 1602. A lo largo de la historia se han construido en el estado 356 represas de todo tipo, tamaño y finalidad. Estas representan el 5.7 por ciento del total de represas construidas en el país desde el siglo 17 y es la quinta entidad de la República con mayor número de represas construidas, solo después de Tamaulipas, Jalisco, Durango y Chihuahua.

El especialista en represas y colaborador de Bertha Cáceres, ecologista asesinada, indicó que “esta nueva represa es una obra que el gobierno de Zacatecas quiere imponer a toda costa, ya que la autorización para construirla tiene una vigencia de 5 años a partir de que se otorgó el permiso en enero de 2017, por lo que en 2018 las presiones, intimidaciones y hasta amenazas de muerte sobre los actores que se oponen a ella registran una alta intensidad”.

Castro Soto refirió que en marzo de 2015, la Conagua, “una de las instituciones más corruptas del país”, presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en su Modalidad Regional denominado “Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el Municipio de Jiménez del Teul y Línea de Conducción para el abastecimiento d agua potable al Corredor Zacatecas-Fresnilllo”, de más de 540 páginas, que tuvo un costo de 16 millones 362 mil 98 pesos, mientras que la indemnización que se pretende para los propietarios de los terrenos es de sólo 750 mil pesos.

Respecto a las características del proyecto, explicó que en el Manifiesto de Impacto Ambiental se afirma que la región Fresnillo-Zacatecas concentra la mayor población del estado de Zacatecas, con una intensa actividad agrícola y sistemas riego que conllevó a la sobre explotación de los pozos, y que el objetivo, entonces, es crear una obra de abastecimiento de agua potable a toda esta región y evitar extraer agua del subsuelo y favorecer la recarga hidrológica.

“Suponen que en 50 años de vida útil de la presa, aunque se otorgó el permiso de operación por 60 años, serán suficientes para que se recarguen los pozos como si la extracción se eliminara con la represa. El manifiesto no presenta metodología ni fuentes para determinar el grado de sobreexplotación, además de que en muchos casos no existen los medidores para analizar esta tendencia; suponen erróneamente que bajará la extracción el agua de los pozos con este proyecto cuando 11 acuíferos están sobreexplotados y hay un déficit alto de disponibilidad de agua”, cuestionó.

Por el contrario, aseguró que el proyecto conllevará un aumento de la oferta de agua, de la actividad industrial y de servicios, por lo que lejos de bajar la explotación de los acuíferos, ésta se mantendrá igual o aumentará. Por tanto, no disminuirán los hundimientos ni los tandeos ni la contaminación de aguas freáticas.

Por último, Castro Soto señaló que el manifiesto de impacto ambiental expone que el municipio de Calera, si bien no tiene escases de agua, sí alimentaría al parque industrial y otras empresas que demandan mucha agua potable, incluyendo la compañía cervecera. Para el municipio de Sombrerete se ofrecerá agua a la producción agrícola y ganadera, y para Valparaíso, Morelos, Guadalupe, Enrique Estrada, Fresnillo y Zacatecas, para los sectores sociales y productivos.

Foto: Aspecto de la comunidad Milpillas, en Jiménez del Teul Crédito: LA JORNADA ZACATECAS

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[Reportaje] ¿Es posible alcanzar la justicia en Canadá o en Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

Compartimos el siguiente reportaje sobre algunos casas de defensa de los territorios de mineras canadienses publicado en Rights Action – A 23 de julio 2019 


Por Grahame Russell, 23 de julio de 2019

Cada cierto tiempo, la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.

Las demandas en contra de Hudbay Minerals/CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel) interpuestas en Canadá en 2010, y el juicio penal paralelo en contra de Mynor Padilla que se lleva en Guatemala desde 2015, son un ejemplo de este tipo de lucha.

Y aun si han pasado muchos años desde la comisión de estos crímenes vinculados a la Hudbay Minerals y CGN, ambos luchas siguen avanzando.

Lo que está en cuestión en estas luchas – represión causada por la minería (un asesinato, un atentado con disparos que causó parálisis, violaciones sexuales); desalojos forzosos con amplia destrucción; corrupción y colusión con gobiernos, fuerzas de seguridad privadas, policías y fuerzas armadas – son parecidos a tantos otros casos de criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que se vienen produciendo en Guatemala y a través del mundo.

Por varios razones generales y particulares – desde el valor, la dignidad y la fortaleza de las víctimas-querellantes Maya-Q’eqchi’, hasta la astucia, pasión y compromiso de los abogados en Canadá y Guatemala –, estos juicios en Canadá y Guatemala han superado, hasta ahora, todos los obstáculos legales, políticos y tácticos, y se están llevando adelante.

Aunque podría demorar años más, un eventual juicio en Canadá y un eventual nuevo juicio en Guatemala – si es que se llega a eso – estas demandas ya están cambiando la realidad legal y política de la impunidad e inmunidad corporativas de asumir responsabilidades legales.

Los procesos judiciales en Canada y Guatemala

Trece querellantes Q’eqchi’ están demandando a Hudbay Minerales y la CGN por represión vinculada a la minería. Representados por los abogados Murray Klippenstein y Cory Wanless, las tres demandas interrelacionadas fueron interpuestas por:

  • Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, con cinco hijos, un dirigente comunal y profesor que en un ataque dirigido el 27 de setiembre de 2009 fue asesinado a machetazos y disparos realizados por personal de seguridad de Hudbay;
  • German Chub, un joven padre, que fue víctima de un ataque con disparos por parte de personal de seguridad de Hudbay que lo dejó paralizado, el mismo día en que mataron a Adolfo Ich;
  • Margarita Caal, Rosa Elbira Ich Coc y otras nueve mujeres de la aldea de Lote Ocho, quienes fueron violadas por las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals (en ese entonces Skye Resources) y CGN, y por miembros de la policía y de las fuerzas armadas en enero de 2007, durante un desalojo ilegal y violento y la destrucción de su pueblo. 

Dos de estas víctimas (Angelica Choc y German Chub) son partes en el juicio penal que se lleva en Guatemala en contra de Mynor Padilla, el ex jefe de seguridad de Hudbay/CGN. Dada la historia de impunidad que las empresas mineras canadienses han gozado en Canadá, y dada la impunidad, corrupción y represión endémicas en Guatemala (que las empresas multi-nacionales conocen y del que se benefician), la pregunta sigue siendo, ¿será posible alcanzar la justicia en Canadá y/o Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

La minería Canadiense en el territorio Q’eqchi’ desde los años 1960

Desde los años 1960, y sobre todo a partir de los años 1970, la población Q’eqchi’ de El Estor, en el oriente de Guatemala, ha sufrido actos reiterados de represión vinculados a una serie de empresas de extracción de níquel de propiedad canadiense: INCO (Compañía Minera Internacional), 1964-2004; Skye Resources, 2004-2008; y Hudbay Minerals, 2008-2011.

«Canadian Companies Mining With The Genocidal Generals In Guatemala”, by Grahame Russell, 7 April 2019, http://rightsaction.org/canadian-companies-mining-with-the-genocidal-generals-in-guatemala/

Dicha represión recurrente incluye: desalojos ilegales y violentos y destrucción de comunidades; atentados con disparos y ataques que causan discapacidad; asesinatos selectivos de dirigentes comunitarios; violaciones sexuales; criminalización de los defensores comunitarios, etc.

Aclaraciones sobre las empresas: EXMIBAL era la subsidiaria de INCO. Cuando INCO vendió sus intereses a Skye Resources, cambiaron el nombre de EXMIBAL a CGN. La CGN era propiedad de Skye Resources (2004-2008) y luego de Hudbay Minerals (2008-2011). Skye Resources fue incorporado por ex funcionarios de la empresa INCO, y la empresa INCO transfirió su empresa subsidiaria EXMIBAL y la concesión minera que INCO había recibido del gobierno militar de turno durante la década de 1960.

En 2008, Hudbay Minerales compró Skye, incluso todos sus activos (CGN) y sus pasivos.

En 2011, Hudbay vendió la CGN al Solway Investment Group (de la Suiza), pero sigue siendo responsable por los procesos judiciales en Canada.

Ni en Canada, ni en Guatemala, se hizo justicia por las violaciones y represión cometidos por INCO/EXMIBAL, juntos con el ejército Guatemalteco, en los años 70 y entrando en los años 80. Varios de esos casos de represión minera son documentados en el informe final (1999) de la “comisión de la verdad” de las Naciones Unidas – la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

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Foto: Rights ActionLucia Caal, Carmelina Caal, Rosa Elvira, Elvira Choc, Irma Yolanda, Angelica Choc, Margarita Caal, Elena Choc, Olivia Asig, Irma Yolanda. Faltan: Amalia Cac y Luisa Caal.

Grahame Russell es un abogado canadiense retirado, profesor en la University of Northern British Columbia, y desde 1995 director de Rights Action (Derechos en Acción). Para mayor información sobre las luchas de los Q’eqchi’ en busca de la justicia, o si desea apoyarlas, comuníquese con: grahame@rightsaction.org, www.rightsaction.org.

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Juez de Corte Federal de Canadá acepta la posibilidad que Mariano Abarca no hubiera sido asesinado, si la Embajada canadiense en México hubiese actuado de otra manera; No obstante, niega ordenar una investigación

Compartimos el boletín de prensan de la Familia Abarca, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), MiningWatch y Otros Mundos respecto al fallo del Juez federal de Canadá- A 29 de julio 2019  >>Descargar en boletín en PDF<<


(Chiapas, Mexico City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no estuviera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration. 

Lo anterior lo señaló en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca. La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para que acallen las protesas en la comunidad cuando supuieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos que los querellantes identificaron no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en asegurar que fiscalización pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá y en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según los querellantes, la decisión de la corte carece de una examinación seria de porqué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá y sobre las cuales los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.

“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá publica y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.

Para Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano quien también estuvo presente en la audiencia en la Corte federal, la noticia del fallo no le sorprendió. “Como familia, sabíamos de la dificultad para que una corte en Canadá aceptará admitir una investigación por la actuación de funcionarios de la embajada canadiense. No investigar a la embajada de Canadá es tener miedo a conocer la verdad sobre la forma en que operan las empresas mineras en Latinoamérica y sobre todo en México y Chiapas donde funcionarios canadienses ayudan facilitar las operaciones de emprasas mineras canadienses que han causado severos daños ecológicos y atropellos a los derechos humanos. A pesar del fallo, no nos rendiremos y vamos a continuar en esta lucha por la justicia”.

Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, también litigante en el caso, considera que la decisión es emblemática de una problemática generalizada de impunidad para el sector minero canadiense. “El gobierno de Canadá beneficia de las actividades mineras en el exterior, y más allá de que haya razón o no en nuestra acusación, el no querer revisar el caso, ni ordenar una investigación habla de forma muy clara: no quieren que se investigue a su propia gobierno.”

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá presentaron su queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciaron su intención de llevar su denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendan su compromiso para que se efectúe una rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, están preparándose para ejercer su derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.

Para mas informacion:

  • Yavar Hameed, Hameed Law, yhameed@hameedlaw.ca, (613) 627-2974
  • Charis Kamphius, Justice and Corporate Accountability Project, ckamphuis@justice-project.org, 250-572-2625
  • Kirsten Francescone (para información o para organizar entrevistas con la familia o las organizaciones mexicanas), kirsten@miningwatch.ca

Antecedentes

Información que se obtuvo mediante solicitudes al acceso a la información demuestra que la embajada intervino con oficiales del gobierno mexicano para apoyar a la empresa cuando ya se sabía que era sobre el conflicto que ellos tenían con respecto a su proyecto de Blackfire en Chiapas, México, incluyendo a los riesgos que enfrentaba Mariano. Mariano alertó a la embajada sobre las preocupaciones que tenían las comunidades con respecto a los impactos de la mina y amenazas relacionadas. Poco después, Mariano fue detenido sin acusaciones en base a una denuncia que presentó la empresa en su contra. Además, solamente semanas antes que lo asesinaran, la embajada consultó a las autoridades mexicanas que acallen a las protestas en contra las operaciones de Blackfire.

Alrededor del mismo tiempo, oficiales federales se pronunciaron frente al Comité Permanente del Parlamento sobre las Relaciones Exteriores constatando que el rol de las embajadas canadienses es “trabajar muy de cerca con empresas, las comunidades afectadas, gobiernos, pueblos Indígenas y la sociedad civil para facilitar un diálogo informado y abierto entre todo los partes”. Sin embargo, la Embajada canadiense en México negó reunirse con la familia y organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en la comunidad hasta que pasaron meses después del asesinato de Mariano, a pesar de que ellos seguían otorgando apoyo a la empresa.

Documentos:

Decisión de Judge Boswell (inglés) disponible acá.

Resumen de la Queja presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá disponible acá.

Solicitud para la Revisión de la decisión del Comisionado por la Corte Federal de Canadá disponible acá.

Visita el blog: Justicia para Mariano Abarca 

Más información: 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL 

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

[Nota] Celebran Guelaguetza contra el extractivismo de 41 proyectos de minería

Compartimos esta nota sobre resistencias contra el extractivismo publicada en Página 3 a través de ChiapasParalelo – A 23 de julio 2019 

#AlianzadeMedios | Por Pedro Matías de Página 3 

SAN MARTIN DE LOS CANSECO, Oaxaca (pagina3.mx).- Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario“.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Mineríaconvencidos de que hacer comunalidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

Imagen: Página 3

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La minería en México: Un despojo legalizado

[Nota] Pueblo zoque rechaza consultas del INPI y reitera respetar su autonomía

Compartimos esta nota sobre el Pueblo Zoque publicada en ChiapasParelelo – A 21 de julio  2019 

En el marco de la llegada de las consultas a pueblos indígenas de Chiapas, pidieron respeten su autonomía, la vida y la tierra. 

 

Ante la amenaza de utilizar 180 mil hectáreas para proyectos de extracción, energéticos e hidroeléctricos, el Movimiento Indígenas del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (Zodevite) pidió sea respetada su autonomía y su defensa por la Madre Tierra.

En el marco del inicio de consultas por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Chiapas, el Zodetive mencionó que los pueblos originarios siguen con problemas de dominación, despojo y extermino como desde hace 500 años, solo que ahora con nuevas máscaras.

El Movimiento expresó que el despojo avanza en el territorio de los pueblos originarios de Chiapas con los proyectos mineros, eólicos, petroleros, hidroeléctricos, geotérmicos, agroindustrias de monocultivos, todos ellos usan grandes cantidad de agua, tierra, bosque, aire, energía y materiales tóxicos.

Las empresas llegan con la promesa de trabajo asalariado, becas, clínicas, caminos como un sinónimo de progreso y desarrollo de los pueblos, sin embargo, amenazan con destruir lo que son y tienen: la vida, la tierra y el territorio.

El Zodevite afirmó que está proyectado usar 180 mil hectáreas para estos proyectos en los municipios de Ocotepec, Francisco León, Coapilla, Copainalá, Ixtacomitán, Tecpatán, Chapultenango, Chicoasén, Ostuacán, Tapilula, Solosuchiapa, Ixhuatán, Ixtapangajoya, Tapalapa, Juarez.

Los cuales pretenden avanzan mientras el número de pobres y desempleados crecen, lo que hace que deciden irse como migrantes a Estados Unidos, mencionó el Zodetive.

“En los últimos 200 años, el Estado-Gobierno ha menospreciado a nuestros pueblos zoques, entregando las tierras al as compañías extranjeras” afirmaron.

Por tanto, cuestionaron que si las consultas del INPI son sólo trámites para legitimar y legalizar los proyectos extractivos en el territorio zoque, ya que ante los atropellos que viven diariamente no han visto un cambio en su vida.

Desde 2016, de forma autónoma en Francisco león, Ixtacomitán y Chaputenango, se hicieron consultas comunitarias para que ningún proyecto extractivo entre y atente contra la vida de los pueblos y el medio ambiente.

Por último, el Zodevite hizo un llamado para seguir organizando y resistir ante los agravios y despojos para un nuevo despertar de los pueblos.

Imágenes: Chiapas Paralelo julio 2019

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[Artículo] Comunidades de la costa de Chiapas exigen freno a proyectos hidroeléctricos y mineros

Compartimos la siguiente nota sobre la resistencia al modelo capitalista y de muerte en la región de costa publicada en Avispa Midia – A 19 de julio de 2019 

El 15 de julio pasado, el cabildo del ayuntamiento de Huehuetán en la región del Soconusco aprobó por unanimidad el no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de centrales hidroeléctricas en el municipio chiapaneco. 

Esta acción es parte de la lucha de comunidades de dicho municipio y de Tapachula, quienes desde 2012 se oponen a los proyectos hidroeléctricos Coatán y Cuilco, informó La Voz del Pueblo mediante comunicado de prensa difundido el pasado lunes.

Desde el año 2012, dicha organización donde confluyen comunidades de la región costa y sierra chiapanecas han exigido a autoridades locales la cancelación de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades. 

“Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y actuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región”, refiere la organización chiapaneca que se opone a la construcción de la represa en la zona media alta de Tapachula entre los ejidos Mexiquito, Congregación Zaragoza y El Cairo, en el municipio de Huehuetán.

Al mismo tiempo las comunidades se oponen al proyecto que pretende instalarse en los ejidos Chespal Nuevo y Chespal Viejo, afectando territorios indígenas Mam de los municipios de Tapachula y Cacahoatán.

De acuerdo al testimonio de Claudia Ytuarte Núñez, integrante de la La Voz del Pueblo, existen por lo menos siete proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas en la región costa sur de Chiapas.

También, en la misma zona existen 78 conseciones mineras (de un total de 99 en todo Chiapas) en los municipios de Escuintla, Chicomuselo, Acacoyagua y Tapachula. Los minerales son extraídos por empresas canadienses y chinas, los cuales van del oro, plata, mercurio, zinc, plomo, hierro hasta el titanio, éste último clave para las industrias tecnológicas, aeronáutica, naval y armamentista.

“En 2014 vimos la relación presa-minería”, relata Ituarte, antropóloga quien ha colaborado con la organización del Soconusco desde su creación. “Dónde había permisos de exploración mineras en la costa fue donde ubicamos un punto cerca de Congregación Zaragoza donde esta la (presa) de Cuilco. La (presa) de Coatán donde está cerca el punto de Aguacaliente. Descubrimos que todos los minerales que son importantes extraer, la mayor parte marcaron desde Ciudad Hidalgo por toda la llanura hasta Mapastepec y el mar; con las presas realmente toda esta franja costera desaparecería porque es un sistema bien interconectado. Por ejemplo, los manglares desde San José hasta Pijijiapan están conectados por la (reserva) Encrucijada”. 

Renovables en Chiapas, un atractivo negocio

El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos. Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano. Ubicación del proyecto hidroeléctrico en el río Cuilco. “El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.

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Imagen: Avispa Midia 2019 

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Discurso: La patria murió, ¡¡¡Viva la MATRIA!!!

Compartimos el discurso que dio Rubén Albarrán para el foro: “Costos de la masculinidad tóxica” en el Senado de la República – Julio 2019

CDMX, jul. 2019

Respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada. 

Por favor, no se ofendan, no lo tomen personal, si bien me siento contento de estar aquí en el Senado, no es a ustedes – trabajadores en este recinto – a quienes me dirijo.

Estas palabras van a todos, a mis hermanas y hermanos con los que comparto un proceso histórico, geográfico y cultural.

Como tales, y si han leído un poco de historia, ¿Cómo podemos negar que nuestro padre fue violador, golpeador, drogadicto; nuestra madre, la chingada, violada, golpeada, sumisa?

Y nosotros, los hijos de la chingada, los chicuarotes, niños de la calle, niños sin sentir amor, despreciando el calor y sabiduría de nuestra vejada y menospreciada madre a manos de nuestro ausente, lejano e indiferente padre…

He allí, en poquísimas palabras, el génesis de nuestra corta historia como país. Reconocer quienes nos dieron vida como pueblo mestizo, tiene una gran valía, pues se abre la posibilidad de trascender aquello que nos formo.

Acepto que así fue, pero no tengo por qué ser aquello.

Perdono, porque así mi corazón y el de aquellos que me hicieron daño se libera; pero no olvido, pues al recordar me libraré de caer en los mismos errores.

 

¿Cuántas veces sentimos ese enojo al leer en los libros de texto cómo nuestro padre golpeo a nuestra madre?

Así como en la película dirigida por Gael García, la madre implorando: “¡no, por favor!” al padre que se alista para golpearla y nosotros como hijos, desde la habitación, escuchamos aquel infierno de angustia, miedo, encierro y desesperación.

Hablar de los costos de la masculinidad tóxica en nuestra sociedad me parece ya una premisa que proviene de esa misma masculinidad. Y está bien, pues aún cuando deseo que haya muchas mujeres en este recinto, intuyo que han tenido que tomar papeles masculinos para sobrevivir en este ámbito básicamente machista, como lo es de la política; hasta ahora…

Y está bien, porque traducir a costos económicos es hablar en un lenguaje que pueda ser entendido en estos círculos patriarcales. 

Gracias a este estudio, se le han asignado valores monetarios a la violencia y al acoso sexual, escolar – se ha omitido el ámbito familiar, privado, dentro del hogar- a la depresión, al suicidio, al consumo de alcohol, a accidentes de tránsito. Pero ello no es más que una traducción del verdadero problema. Es solamente pasar la factura del hospital, por la madriza que le pusieron a la jefa.

Ahora nosotros, como padres y madres de este momento, debemos hacer conscientes que esta cultura patriarcal y machista de la que provenimos no solo nos ha costado dinero; nos está costando la supervivencia, como país, como cultura, como seres vivos. Si no concientizamos que estas actitudes machistas nos están aniquilando, seguiremos repitiendo este patrón destructivo hasta que no quede más nada.

Ese patriarcado es el mismo que permite un abuso como el del derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, sin ser castigado; ese padre golpeador que explota bosques y mares, que pretende un mega-proyecto transístmico y que disfraza su violencia con un paseo dominical por un mal llamado tren maya para que a la familia se le olviden los gritos y los golpes: un padre armado y cobarde que ya se alista a reprimir con una Guardia Nacional en las calles, con el cinturón enredado al puño. Un padre que invita a casa a sus cuates de la cantina, socios, jefes y demás pandilla machista a que violen a las mujeres de casa: “¡cojan, violen, cosifiquen, hagan una orgía de abusos, exploten todo lo que esta tierra brinda!”. “¡Hagan minería, fracking, proyectos turísticos, carreteros, ferroviarios, implanten transgénicos, contaminen el agua, el oxígeno, la tierra!”. “Embrutezcan a los hijos con medios electrónicos hipnotizantes y con contenido igualmente tóxico, que perpetúen esos patrones patriarcales y machistas; embrutezcan a los jóvenes con la peor droga, la mas dañina, alcoholizándolos y haciendo negocios millonarios con toda la miseria que esta adicción genera…y la madre sumisa, que no reacciona, no abandona esa relación tóxica.

Estas palabras van dirigidas a los padres y madres, la parte masculina y femenina, que viven dentro de cada uno de nosotros, que día a día nos dan vida y nos crean como personas, luego como familia y sociedad:

“Pa, ya no te pases, respeta a mi mamá, no la golpees, no abuses más de ella. No le robes, ya estas viejo, agradezco me hayas dado vida, pero no seré más tú, seré yo mismo. Ma, gracias por traerme y darme cuerpo, pero ya reacciona, deja esa relación tóxica, vive tu dignidad. Yo no permitiré que abusen así de mí, ni de mis hijos”. Estas palabras van para ese niño descuidado, abandonado, al que le pusieron pocos limites, enojado y subdesarrollado que vive en todos nosotros: “Hijo, tus padres te dieron la vida, pero su relación es tóxica, no es obligación repetirlos, tú puedes ser otro”.

Celebro esos momentos de lucidez que cada vez son más constantes como el 8M, en el que pienso que la mitad de la humanidad está despertando de esta toxicidad, o el movimiento liderado por la niña activista Greta Thunberg, con el que estamos diciendo un “¡Ya basta!” a los abusos de ese padre sinvergüenza. Ojo, ambos movimientos liderados por mujeres.

Nos celebro a todos nosotros, hermanas y hermanos en quienes surge, nace una nueva humanidad, que ya abandona esos tóxicos patrones patriarcales. Que ya escucha ambas partes, femenina y masculina que nos conforman, viviendo un equilibrio.

Ese mundo machista ya da sus últimos suspiros.

La patria murió, ¡¡¡Viva la MATRIA!!!

#Sevaacaer #8M #YouthforClimate #MadreTierra #CambiemoselDiscurso #NiUnaMás #NiUnaMenos #SeguimosEnLucha #EnPieDeLucha #TodasLasLuchasSonLaMismaLucha MenEngage Alliance #MenEngageLATAM Cómplices por la igualdad

Costa Rica: A 4 meses del asesinato de Sergio Rojas

Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real (RMR) a 4 meses sin justicia por el asesinato de Sergio Rojas – A 18 de julio 2019 

Exigen investigación por crimen de Sergio Rojas

A 4 meses del asesinato «necesitamos respuestas claras desde el Estado para saber por dónde va la investigación», dice Coecoceiba. 


Sergio Rojas Ortiz fue asesinado el 18 de marzo de este año en su hogar ubicado en Yeri, territorio ancestral de Salitre, Puntarenas, por el que luchaba desde hace más de una década.

Era líder indígena Bribri, miembro fundador del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra) y el Frente Nacional de los Pueblos Indígenas (FRENAPI).

Se cumplen 4 meses de lo que decenas de movimientos y organizaciones sociales consideran un «asesinato político», responsabilidad del Estado costarricense «por su omisión en cuanto a las medidas cautelares establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y los derechos legítimos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales», según expresaron en un petitorio que presentarán ante la Fiscalía General de la República este jueves 18.

Desde Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica, una organización que apoya la lucha de Sergio Rojas y de su comunidad por recuperar sus tierras y territorios, dijeron a Radio Mundo Real que se necesitan «respuestas y pistas claras desde el Estado para saber por dónde está yendo la investigación sobre el crimen».

Alejandra Porras, integrante de Coecoceiba consideró que «hay buenas intenciones, pero no hay claridad sobre cómo ni quién está haciendo el proceso de investigación. El Estado ha mostrado una apertura muy leve para la investigación y, a cuatro meses del asesinato de Sergio, no vemos que avancen en la verdad y la justicia sobre el crimen», agregó la activista que también forma parte del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

Imagen: ATALC/RMR

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Denuncia y repudio por el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica

Guanajuato: Sector minero en Guanajuato ridiculiza preocupación de Comunidades por el Proyecto Cerro del Gallo

Comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Socioambiental A.C. y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 17 de julio 2019 


Luego de que se dieran a conocer las razones por las que comunidades campesinas del Municipio de Dolores Hidalgo se oponen al Proyecto Minero Cerro del Gallo -propiedad de la empresa canadiense Argonaut Gold- el lobby minero las ridiculiza.

El pasado 12 de julio, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera.

Esta declaración revela la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.

El dirigente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos justifica sus declaraciones en los 500 años de extracción minera en el Estado de Guanajuato, pero omite considerar que la canadiense Argonaut Gold plantea, para la explotación de su Proyecto Cerro del Gallo, la técnica a cielo abierto y la lixiviación en pila con una mezcla de cianuro altamente tóxica tanto para la población como para la flora y la fauna del ecosistema regional, todo ello en un contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del Acuífero de la Independencia.

En efecto, el Proyecto Minero Cerro del Gallo se ubica dentro del territorio conocido como Cuenca de la Independencia, el cual ha sido ampliamente estudiado por el Centro de Geociencias de la UNAM. Los estudios científicos de la UNAM, arrojan, entre otros, los siguientes resultados:

  • 1. La realidad geohídrica no se corresponde con la realidad política y/o administrativa. La división de acuíferos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEAG) está basada en límites administrativos y no reales o naturales. En el Norte y Noreste del Estado de Guanajuato, existe un solo acuífero –el Acuífero de la Independencia– que abarca a siete municipios: San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende. Sin embargo, a lo largo de las últimas administraciones, las dependencias han sostenido que se trata de cuatro (CONAGUA) y seis (CEAG) acuíferos. Los criterios oficiales de división agudizan el problema de acceso al agua en toda la región y favorecen, en detrimento de los campesinos, a los grandes capitales de la agroindustria de exportación y la minería.
  • 2. La gestión del agua subterranea no es sustentable. Más del 50% de las concesiones, de los volúmenes de extracción de agua subterránea, autorizadas por la CONAGUA exceden la disponibilidad segura de agua en el acuífero.
  • 3. La mayor parte del agua disponible no es segura. Los resultados de los estudios de calidad del agua muestran la existencia en altas concentraciones de elementos nocivos para la salud como flúor y arsénico, entre otros.

En este sentido, el consumo y exposición de la población a los altos niveles de fluoruro y arsénico en el agua genera intoxicación crónica y provoca una serie de problemas de salud tales como: fluorosis dental, fluorosis esquelética, síntomas cardiovasculares, hematológicos y neurológicos; problemas gastrointestinales, de los riñones, del sistema reproductor, de la piel y cáncer. Los numerosos casos de insuficiencia renal en la región de Dolores Hidalgo son conocidos, sin embargo son sistemáticamente minimizados o invisibilizados por las autoridades federales y estatales, el gobernador y la secretaría de salud, en aras de mantener un modelo económico depredador.

Pese a esta realidad que evidencía una gestión irresponsable de las autoridades, la empresa Argonaut Gold cuenta 8 títulos de concesión que le autorizan a aprovechar un volumen total de 1,440,000,000 m3 de agua subterranea del Acuífero de la Independencia (Cuenca Alta del Río Laja). A ello, habría que sumar los impactos que la minería a cielo abierto -como es el caso del Proyecto Cerro del Gallo- genera sobre el territorio y las comunidades afectadas.

Ha sido ampliamente documentado que ningún otro megaproyecto es tan agresivo con las comunidades y el medio ambiente como la «minería a cielo abierto». Los efectos de su operación son especialmente devastadores. Despoja a las comunidades de sus tierras, remueve y elimina grandes extensiones de suelo fértil, consume y contamina enormes cantidades de agua, contamina la tierra y el aire, genera erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje, contribuye al cambio climático, causa graves daños a la salud de las poblaciones vecinas, divide y debilita el tejido social; en otras palabras, depreda al medio ambiente y vulnera los derechos humanos de las comunidades, todo ello a cambio de algunos empleos precarios.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Firman

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Más información: 

Guanajuato: No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia