INFORME: Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía

Compartimos este informe publicado en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 4 de septiembre de 2019

 

RESUMEN DEL INFORME:

Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro. “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, reúne información sobre sus actividades comerciales y casos legales relacionados, incluyendo acusaciones por el asesinato de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas, internacionalmente reconocida, Berta Cáceres, y acusaciones de corrupción. En el informe se describen actividades delictivas, incluyendo graves violaciones de derechos humanos y actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público.

Las actividades delictivas descritas en Un Perfil de David Castillo se llevaron a cabo presumiblemente para promover los intereses de las empresas con las que Castillo estaba asociado. Por lo menos seis compañías fueron constituidas en Honduras, donde los registros corporativos se encuentran repartidos por todo el país en aproximadamente 30 registros distintos. Y al menos dos compañías asociadas con Castillo fueron registradas en Panamá, donde el anonimato de sus accionistas está protegido. Las dificultades para obtener acceso a los archivos de algunas de las corporaciones, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad en Panamá, hacen extremadamente difícil identificar a los propietarios. Esto contribuye a que la impunidad sea un obstáculo para la investigación de la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.

Aunque múltiples corporaciones aparentemente se han beneficiado de supuestos delitos, aquellos que habrían beneficiado a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y a empresas relacionadas, son particularmente graves. Antes de su asesinato el 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres dirigió el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y apoyó a las comunidades indígenas que denunciaron la implementación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA en su territorio. Castillo fue gerente general de la empresa DESA en el momento del asesinato y aparentemente continúa en ese cargo a la fecha.

El 2 de marzo de 2018, Castillo fue capturado por el asesinato de Cáceres. Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso sigue en la fase preliminar del proceso; no se ha detenido a ningún otro autor intelectual del crimen.

La evidencia sugiere que el asesinato de Berta Cáceres fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso e impunidad orquestado por Castillo junto a otros en DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal. La evidencia admitida en Honduras vs. Douglas Bustillo y otros sugiere que Castillo, sus asociados y empleados en DESA obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando influencias indebidas en el Ministerio de Seguridad, la policía, las fuerzas armadas y el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y a la oposición del COPINH al proyecto Agua Zarca.

Un Perfil de David Castillo destaca la preocupación por las aparentes conexiones entre Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A. de C.V. (PRODERSSA) y la organización narcotraficante y violenta conocida como Los Cachiros. Aunque es imposible determinar quién es el propietario de PEMSA (Panamá), PEMSA asumió la propiedad de una compañía de energía hondureña, PRODERSSA, fundada por abogados que según los fiscales hondureños, administraban los activos de Los Cachiro en ese momento. La transferencia de la propiedad de PRODERSSA a PEMSA ocurrió pocos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA, lo que despierta la preocupación de que PEMSA pudiera actuar como un holding para ocultar los activos de Los Cachiro. Castillo era el representante legal de PEMSA,empresa propietaria de una gran parte de DESA.

El Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de PRODERSSA con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue adjudicado apenas 12 días antes de que el presidente hondureño Porfirio Lobo dejara su cargo. Un líder de los Cachiros testificó ante cortes de los Estados Unidos que sobornó a Lobo a cambio de contratos favorables a las compañías que poseía. Esto eleva la preocupación de que el PPA de PRODERSSA pueda haber sido otorgado mediante actos de corrupción.

Las empresas de reciente creación vinculadas con Castillo recibieron contratos de instituciones estatales para las que Castillo trabajó. Al parecer, estas empresas tenían poca o ninguna experiencia pertinente o capital de origen transparente. Esto incluye un PPA en poder de DESA que según los fiscales hondureños, fue negociado fraudulentamente con la ENEE para proporcionar condiciones indebidamente favorables para DESA.

Instituciones financieras internacionales parcialmente propiedad de gobiernos extranjeros como Noruega, Holanda y Finlandia, así como bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, en el que Estados Unidos tiene una participación significativa han financiado estos proyectos. Algunos de estos bancos e inversionistas internacionales continúan beneficiándose de inversiones en compañías con licencias y contratos estatales cuestionables. En el caso de DESA, algunos bancos de desarrollo cancelaron el financiamiento, sin embargo, DESA aparentemente sigue teniendo licencias y contratos para el desarrollo del Proyecto Agua Zarca.

Castillo ha sido objeto de sanciones administrativas por acciones que podrían ser consideradas corrupción criminal. El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras determinó que la empresa de informática propiedad de Castillo vendía equipos a las Fuerzas Armadas a precios inflados y que Castillo también recibía ilegalmente un doble salario del gobierno mientras era oficial militar y empleado de la ENEE.

La Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha iniciado una investigación sobre posibles sobornos vinculados a las negociaciones de la ENEE con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht. La prensa hondureña informa que Castillo formó parte del equipo que negoció los contratos con Odebrecht, incluso viajando a Brasil, en representación del estado hondureño.

Las investigaciones detalladas en Un Perfil de David Castillo abren una ventana sobre las actividades de personas presuntamente involucradas en actividades delictivas y violaciones de los derechos humanos que benefician a las empresas, que al parecer han recibido apoyo de inversores internacionales y bancos multilaterales de desarrollo.

El informe destaca la precaria situación de los derechos humanos en Honduras y muestra cómo las concesiones para explotar los recursos naturales – especialmente cuando se hacen a empresas con conexiones a redes criminales peligrosas – a menudo impactan profunda y negativamente a las comunidades circundantes. Esto a menudo conduce a conflictos que ponen a los defensores comunitarios de los derechos humanos en un riesgo extremo.

El Perfil de David Castillo insta a la comunidad internacional a hacer un llamado al gobierno hondureño para que proteja a los defensores de los derechos humanos, luchar contra la corrupción y la impunidad, e insta a que se impida la participación de actores estatales en violaciones de derechos humanos. También establece una serie de recomendaciones relativas a la financiación internacional para el desarrollo.

Imagen: COPINH 2019

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[Informe] “Yo sólo quería que amaneciera»

En el marco de acciones por las 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotziapa compartimos el siguiente informe “Yo sólo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”

Prólogo

El diagnóstico psicosocial y en salud que recoge este informe, es parte de un proceso de acompañamiento a los familiares y víctimas del caso Ayotzinapa. Su objetivo es documentar su experiencia, y convertir ese dolor y sufrimiento en algo útil para escuchar y cambiar.

La idea del diagnóstico nació del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por México de acuerdo con los representantes de las víctimas para coadyuvar en la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas del caso. El GIEI empezó a documentar la experiencia de los familiares, heridos y sobrevivientes, como una muestra de lo que se necesita hacer frente al drama de la desaparición forzada. Durante su trabajo, llevó a cabo acercamientos entre los familiares y el Estado y ayudó a tejer las primeras iniciativas de atención. También incluyó en su segundo informe la propuesta de que se hiciera un diagnóstico que ayudara a seguir dando pasos en esa dirección, y estableció algunos criterios como la adecuación al proceso de los familiares, su participación, el trabajo con profesionales de confianza y el apego a los estándares internacionales en la atención a sus derechos, con sus diferentes urgencias y necesidades.

El equipo que cuidadosamente lo ha realizado tuvo la ardua tarea de entrevistar, escuchar, tratar de entender, analizar y narrar algo para lo que no es fácil encontrar palabras. El trauma es inenarrable porque no entra en las categorías con las que contamos. Y la desaparición forzada es el trauma más duro porque además de la tragedia de la pérdida conlleva una dramática incertidumbre, un dolor permanente. Este diagnóstico acompaña y traduce, y sobre todo permite escuchar las voces de las víctimas, sobrevivientes y familiares. El compromiso acordado fue que las propuestas del diagnóstico serían la guía de las políticas del Estado en relación a los familiares y víctimas del caso. Esa es ahora la tarea.

El trabajo psicosocial es un método de trabajo al lado de la gente, con la convicción de que, en los casos de violaciones de derechos humanos, las víctimas y sobrevivientes son el elemento central de cualquier estrategia de transformación. Sin embargo, la historia reciente de muchos de estos casos en México está escrita en la crónica roja que convierte a los muertos y desaparecidos en estadísticas de un abstracto problema de seguridad, que se refiere a cárteles, policías, gobiernos o la militarización, pero que no habla del sufrimiento ni de sus rostros. Los heridos, sobrevivientes y familiares del caso Ayotzinapa son parte de una persistencia que hace visible, junto con otros muchos familiares, esa profunda herida.

En los casos de desaparición forzada, donde la niebla de silencio cubre los hechos y se trata de desviar la atención y ocultar las responsabilidades, la atención psicosocial empieza por el acompañamiento hacia lo que los familiares de desaparecidos más quieren y necesitan: saber la verdad y el destino de sus padres, hijos y hermanos. Asimismo, es necesario brindar apoyo a muchas de las necesidades invisibles que acompañan esa lucha por la verdad y contra la impunidad. El impacto en las familias, la atención psicosocial, los problemas de salud, son parte de los elementos que hay que considerar para el fortalecimiento personal y colectivo. Lo que en estas páginas se encuentra es un tesoro escondido en el que, a pesar del dolor de la ausencia y del desprecio sufridos, laten las ganas de saber y de vivir. El impacto de las violaciones a los derechos humanos, de las amenazas, las heridas, las pérdidas, la desaparición forzada, no puede esconderse debajo de la alfombra, ni se puede dejar de lado. Hay que mirarlo a los ojos.

Este es un trabajo de memoria viva. Hay un antes y un después de los hechos traumáticos para las víctimas y familiares. También lo hay para México. Como señala Hannah Arendt: “Hay tiempos históricos, raros periodos intermedios, en los que el tiempo está determinado tanto por cosas que ya no son como por cosas que todavía no son”. En la historia estos intervalos han demostrado, en más de una ocasión, que pueden contener el momento de la verdad. El intervalo entre el pasado y el futuro no es un contínuum sino un punto de fractura en el que luchamos para hacernos un lugar propio.

El Informe de impactos psicosociales da cuenta de esa fractura. Escucharla es parte de lo que se necesita para generar acciones de atención con respeto y dignidad. En estas páginas se dibujan y proponen algunos de esos caminos que, desde la experiencia de las víctimas y familiares, pasan por la atención psicosocial, la salud, la verdad y la justicia. Esta es una experiencia inédita en México, un ejemplo también para otros casos, para aprender y fortalecer una respuesta adecuada desde las instituciones. Este diagnóstico incluye algunos de esos caminos para hacerlo posible y está tejido de una convicción que es necesario escuchar: ninguna herida se cura sin el bálsamo del reconocimiento.

Dr. Carlos Martín Beristain

Introducción

El 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, fueron perpetrados una serie de ataques en contra de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y población civil que se encontraba en el lugar de los hechos o que acudieron para ayudar a los normalistas. Los ataques generaron indignación en la sociedad mexicana, que se movilizó sobre todo en apoyo a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en los ataques. Estos hechos también tuvieron repercusiones a nivel internacional; se organizaron eventos de solidaridad en diferentes países y organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron por el esclarecimiento de los sucesos, la búsqueda de los normalistas desaparecidos y la sanción a los responsables.

El 3 de octubre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) emitió la Medida Cautelar No. 409/141. En seguimiento a las medidas cautelares, y a petición de los beneficiarios, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica internacional en la investigación del paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos. En noviembre de 2014 se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la cidh, el Estado mexicano y representantes de víctimas. Este acuerdo establece la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei)2, y su mandato: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El giei inició su mandato el 2 de marzo de 2015 por un periodo de seis meses, que fue prorrogado por seis meses más. El 30 de abril de 2016 culminó ese periodo. Durante su gestión, el giei emitió dos informes sobre el caso Ayotzinapa.

El giei permitió ampliar y profundizar las líneas de investigación, y el Estado creó la Oficina de Investigación para el caso Ayotzinapa, encargada de continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la investigación de los hechos. En julio de 2016 se firmó un acuerdo para crear un Mecanismo de Seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la cidh para el caso Ayotzinapa y de acuerdo a las recomendaciones del giei.

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[Artículo] Megaproyectos mineros en Wirikuta ¿desarrollo para el bien común o etnocidio?

Compartimos este artículo sobre proyectos mineros en Wirikuta escrito por  David Avilés– Agosto 2019 


El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes del pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto de un proceso de resistencia intensa a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte- Wirikuta, que se prolonga hasta la actualidad y que suspende cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano- Wirikuta.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman así en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni siquiera representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por las transnacionales mineras, en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano norte, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del entorno del Altiplano norte Wirikuta, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hace que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación y por tanto negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), organismo oficial de los wixaritari formados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), emitieron un comunicado público conjunto, en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.

En el manifiesto, comunicaban, a las comunidades y autoridades civiles y agrarias del Altiplano-Wirikuta, a las diferentes autoridades de las tres escalas del gobierno mexicano y a la sociedad civil nacional e internacional en su conjunto, la posición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras y otras actividades que amenazan Wirikuta, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775). 

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos, más bien, queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A.C., saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido, sin ningún pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic. Y por otro, ensayar, una descripción de uno de los aspectos del conflicto en el Altiplano-Wirikuta, que tiene relación con cuestiones relacionales de los habitantes del desierto, de los wixaritari y las empresas mineras con el territorio que enmarca el Altiplano-Wirikuta.

Como es sabido, desde el año 2010, el Altiplano-Wirikuta, está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos de las comunidades.

Las comunidades que conforman el Altiplano tienen un origen colonial y desde finales del siglo XVIII, en el municipio de Real de Catorce se abren diversas minas tradicionales donde se extraía oro y plata, principalmente.

En torno a estas explotaciones mineras, se organizaron las diferentes comunidades campesinas y centros de comercio con artesanos y diferentes profesiones para dar servicio a las poblaciones mineras, configuradas como sociedades complejas, en contraposición al modelo de la megaminería actual, mucho más agresivo en sus formas de extraer los recursos naturales y que ya no produce sociedades complejas como el anterior modelo, sino que, como argumenta Claudio Garibay, produce campamentos mineros, pues los recursos son extraídos, convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Este relato describe someramente el inicio de las comunidades del desierto en torno a la minería colonial y al modelo minero conocido como Real de Minas, un modelo de minería tradicional y de organización social hoy agotado, que contribuyó considerablemente a la conformación de las sociedades mestizas asentadas hoy en día en el Altiplano y que en la actualidad mantienen un modo de vida fundamentalmente campesino y ganadero, además de cierta actividad turística.

Paralelamente a los modos de vida de las comunidades, en el altiplano, existe otra construcción cultural que ha convivido simultáneamente y de forma pacífica con las concepciones mestizas del Altiplano-Wirikuta. 

Wirikuta, es para el pueblo wixarika, el lugar donde se establecieron los acuerdos con los antepasados para que fuera el lugar donde naciera el Sol y se produjera el primer amanecer de la historia de nuestro universo conocido, el lugar donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, convertidos en rocas y lagunas, cuyo recuerdo es mantenido y cuya vitalidad es reactivada trabajosamente por las personas wixaritari a través de peregrinaciones anuales, entrega de ofrendas, cantos y danzas, en prácticas diversas de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Esta lectura que sostienen los wixaritari y esta relación de integración que evita la confrontación entre unos seres humanos y la naturaleza y que a través de los ritos y de las prácticas culturales de los wixarika, cumplen la función de mantener vivos estos lugares de rocas y manantiales como espejos originarios que reflejan la memoria del mundo que, los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen en la matriz de vida que activa Wirikuta y que, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de las personas wixaritari.

Esta construcción múltiple mestiza/wixarika de la territorialidad del desierto, que ha coexistido en el lugar, nos permite contemplar el Altiplano-Wirikuta desde una perspectiva ampliada, más allá de la consideración del lugar como un mero espacio físico, como un espacio culturalmente construido y practicado, un lugar cargado de sentido, por las comunidades, por un lado, como lugar donde se desarrollan sus vidas individuales y colectivas y por otro, por la cultura wixarika, que a la vez carga de sentido esta cultura.

Esta perspectiva, nos permite contemplar Wirikuta como el elemento territorial que da sentido espiritual y material a este pueblo originario, como el lugar donde la cultura del pueblo wixarika toma tierra.

Lo que queremos expresar aquí, es que con la presencia de esta variedad de actores significando el Altiplano-Wirikuta de una forma compatible desde hace, al menos 250 años, tenemos un modelo de territorialidad basado, como afirma Maristella Svampa, en una memoria corta, como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido de forma pacífica con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga y antigua como territorio originario y ancestral.

Una convivencia que ha estado exenta de contradicciones hasta la introducción del modelo extractivista, facilitado por los diferentes niveles del gobierno mexicano que proviene de la matriz capitalista y que introduce una concepción de territorialidad a gran escala, antes ausente en el lugar y que convierte el Altiplano-Wirikuta en un territorio sacrificable, a través de parámetros valorativos reduccionistas del territorio, que se fundan exclusivamente sobre una concepción económica, basada en los valores de los metales en mercados internacionales, que además introducen una nueva dimensión territorial al Altiplano norte-Wirikuta como territorio en disputa.

Este modelo genera tensiones, pues excluye, por incompatibles, las formas preexistentes de territorialidad mestiza y wixarika basadas en lugar, las empresas necesitan los recursos a cualquier coste, pero no necesitan a las comunidades, que cuando se niegan y resisten, se convierten en un problema a solucionar, como han demostrado por cualquier medio, para estas entidades de carácter transnacional.

Con la introducción de estos modelos territoriales externos a las comunidades, nos encontramos ante un conflicto enmarcado dentro de la supervivencia física y cultural de estos pueblos mestizos y wixarika, en base a diferentes construcciones de naturaleza y formas de relacionarse con ella, que implican definiciones incompatibles de territorio, sostenibilidad, así como de uso y aprovechamiento de los recursos y que desembocan en conflictos con dimensiones ecosociales.

Finalmente, Estos conflictos, están enmarcados dentro del ámbito de la supervivencia física y cultural de los pueblos mestizos, habitantes del desierto y wixarika. En este sentido los megaproyectos representan el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

David Avilés

Investigador Universidad Autónoma de Madrid (España).

Área de Antropología de orientación pública.


Imagen: Huicholes en defensa de wirikuta, manifestación en DF/Foto México contaminada

Más información:

MINERAS: ¿IMPUNIDAD CON EL PERMISO DEL ESTADO? 

Documental: Agua Sagrada – Minería en Wirikuta

ZACATECAS: COMUNICADO DE APOYO AL EJIDO EL POTRERO DE JIMÉNEZ DEL TEUL

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA) – A 1 de septiembre de 2019

 

A los compañeros y compañeras defensores que siguen avanzando por la exigencia y vigencia de sus derechos agrarios y humanos, con la resistencia ante la imposición de la Presa Milpillas; por ser el agua otro gran tema del despojo territorial que obliga a los campesinos a organizarse y movilizarse en defensa de su patrimonio natural contra proyectos que violentan sus derechos en su tierra ejidal y comunal. Hoy vemos un claro ejemplo en los agravios contra el Ejido el Potrero por parte de autoridades ejidales que el 14 de octubre de 2018, apoyados con la fuerza pública de forma ilegal y arbitraria, con agresiones a ejidatarios y ejidatarias y sin haber el quórum legal del 70% para la instalación de una asamblea, así como la falta de fedatario público que al ser asunto de cambio de destino de tierra de uso común era indispensable cumplirse para la realización de la citada asamblea. Así también la alteración de votos asentados en el acta, misma que establece la autorización previa a expropiación de 125 hectáreas de uso común del ejido para comenzar con los trabajos para el embalse de la Presa Milpillas.

Pese a lo anterior y con el apoyo de los órganos de representación agraria como fue: el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, Subdelegado de la Procuraduría Agraria de Zacatecas, Visitador Agrario, Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana del Gobierno del Estado y la Presidenta Municipal de Jiménez del Teul, el Registro Agrario Nacional inscribió esta acta ilegal y por complicidad ésta institución se encuentra demandada en el respectivo juicio de nulidad.

Respaldamos a los compañeros del Ejido del Potrero y activistas en su segunda demanda de juicio de nulidad del acta de Asamblea del 14 de octubre del 2018 por actos graves de corrupción, ilegalidad y violación a sus derechos humanos y agrarios.

Nos pronunciamos enérgicamente porque las autoridades agrarias en Zacatecas no solamente atentan en contra de los derechos agrarios del Ejido del Potrero; imponen prácticas graves de corrupción, ilegalidad e imposición a todos los núcleos ejidales de México, transgrediendo el andamiaje jurídico de toda una tradición agraria.

En este entorno de conflictos socio ambientales agrarios, la imposición de proyectos neoliberales a las comunidades rurales intensifica prácticas colectivas de defensa de los núcleos agrarios y exhortamos a compartir experiencias de lucha para contrarrestar la imposición del Estado y hacer valer la justicia.

¡POR EL RESPETO AL PATRIMONIO NATURAL DE LOS CAMPESINOS! ¡POR LA CREACIÓN DE VÍNCULOS SOLIDARIOS CON MOVIMIENTOS DE CAMPESINOS E INDÍGENAS!

¡CONTRA LA REPRESIÓN E IMPUNIDAD DEL ESTADO!

¡PORQUE LA TIERRA Y EL AGUA SON DERECHOS DE TODAS Y TODOS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)

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A 15 DÍAS DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS ABEJAS

Comunicado de Otros Mundos Chiapas en solidaridad con las compañeras y compañeros de la Sociedad Civil Las Abejas – A 03 de septiembre de 2019 >>Descargar comunicado en pdf<<

 

03 de Septiembre 2019, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

 

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos

A la Fiscalía General de la República

A la Fiscalía de Chiapas

Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México

Al Secretario General de Gobierno

A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

 

En el marco del Plan de campaña Chiapas 94 se dio la masacre de Acteal. El entonces Presidente Zedillo lo clasificó como resultado de un conflicto intercomunitario. Así es como fueron masacrados 45 indígenas de la organización Las Abejas, cuatro de ellas embarazadas, el 22 de diciembre de 1997. La masacre se dio en un contexto previo de mucha tensión debido a la quema y destrucción de casas así como el robo de pertenencias.

Una de las comunidades que participó activamente y que es identificada como cuna de los paramilitares es el ejido Miguel Utrilla, Los Chorros, en donde actualmente está concentrada una de las problemáticas que dio comienzo el 3 de noviembre de 2015, cuando nombraron a uno de los integrantes de Las Abejas como miembro del Comité de Drenaje, obra con la que no están de acuerdo por la contaminación que se generaría con aguas negras a los cuerpos de agua de las comunidades. Las condiciones actuales no son muy diferentes a 1997,  el pasado 10 de agosto de 2019 por la tarde la asamblea de la Colonia Río Jordán, decidieron destruir las casas de 5 familias por no aceptar el cargo de la Clínica de Salud.

Actualmente las autoridades Estatales y Municipales no han tomado con seriedad el caso ya que han hecho declaraciones frente al Consejo Parroquial de Yabteclum de que los integrantes de la Sociedad Civil Abejas no se han mostrado con la disposición de dialogo, aun sabiendo que el pasado 20 de julio las Abejas anticiparon que intervinieran como autoridades en este caso que ya lleva casi 4 años.

El pasado 15 de agosto, en asamblea del ejido Miguel Utrilla, donde asistieron habitantes de los 6 barrios de la comunidad Los Chorros, en uno de sus puntos del orden del día comentaron la problemática en Rio Jordán. En el punto mencionaron muy claramente los miembros del comisariado que el cargo dentro de la clínica de salud no es obligatorio y mucho menos si los miembros de la Sociedad Civil no reciben ningún beneficio. Aunque esto no está como un acuerdo sobre un acta, ha sido un punto dentro de la asamblea ejidal. En la vida cotidiana del ejido, los miembros de la Sociedad Las Abejas cumplen con todos sus trabajos comunitarios (limpia de fuentes de agua potable, limpia de postes de la luz eléctrica, limpia de calles y mojones que dividen

con otros territorios) y cargos, como parte de su responsabilidad para mantener la armonía comunitaria. Estos nuevos cargos nuevamente que pretenden el “desarrollo” han traído más división y la falta de respeto a las distintas formas de organización, ya que la sociedad civil cuenta con su área de salud.

Es importante recordar que a las 10:00 horas el 24 de enero 2002 en la comunidad de Yabteclum en presencia del gobernador entonces Pablo Salazar Mendiguchia, la CNDH, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, representantes de la diócesis de San Cristóbal, la iglesia nacional presbiteriana, observadores internacionales, entre otros actores, firmaron una serie de acuerdos. Entre ellos las mismas autoridades municipales y 70 comunidades de Chenalho propusieron respetar a los simpatizantes de la Sociedad Civil las Abejas, que hasta ahora no ha sido cumplido después de 17 años.

Pedimos que se realice el dialogo con las autoridades correspondientes para que compañeras y compañeros de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal regresen pronto y se integren a su vida comunitaria.

Repudiamos la violencia ejercida contra la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y exigimos al gobierno que resguarde la seguridad de sus familias y se respete la autonomía de la organización.

 

¡Exigimos respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y organizados!

¡Exigimos el retorno pacifico de las familias de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal!

 

Firma

 

OTROS MUNDOS A.C.

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Más información:

Repudio a la violencia contra familias de la Sociedad CivilL Las Abejas en Chenalho

Las Abejas de Acteal denuncian ataque violento a sus integrantes en la colonia Los Chorros

NORA PATRICIA LÓPEZ LEÓN OTRA DEFENSORA ASESINADA ¡YA BASTA!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 31 de agosto de 2019


Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el asesinato de la bióloga ambientalista Nora Patricia López León, ocurrido el pasado martes 21 del presente mes en el Estado de Chiapas. 

Este asesinato se suma a la lamentable ola de violencia, desapariciones forzadas y asesinatos en contra de miles de mujeres en lo que va del año en nuestro país, lo que claramente muestra la impunidad con la que opera la delincuencia, sin que se vislumbre una estrategia gubernamental clara de seguridad, ni de acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Así mismo, la violencia e inseguridad que vivimos las y los defensores de la vida que trabajamos principalmente en territorios en disputa por las empresas extractivas, parece no tener fin, pues el asesinato de Nora Patricia se suma al de Samir Flores en Morelos; Abiram Hernández en Veracruz; José Luis Álvarez, Noé Jiménez, Estelina López, Sinar Corso y José Santiago en Chiapas; Oscar Cazola, Gustavo Cruz y Bernardio García en Oaxaca; José Luis Bartolo y Modesto Verales en Guerrero y Leonel Diaz en Puebla; tan sólo este año.

Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos/as de Nora Patricia López León, sumando nuestra voz a una sola ¡YA BASTA! !JUSTICIA!, y ¡NO MÁS IMPUNIDAD!.

Abrazamos a todas y todos los que desde su trinchera arriesgan todo por la defensa de la naturaleza, de las causas justas y de la vida, aun cuando esto implique poner en juego la propia.

¡JUSTICIA PARA NORA PATRICIA!

¡JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADXS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS  Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)


Ilustración: Rompeviento TV

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México supera a países africanos en asesinatos de ambientalistas

[INFORME] ¿Cómo enfrentamos el miedo en el contexto actual las defensoras?

[ENTREVISTA] Indígenas exigen respeto a su autodeterminación en Chiapas

Entrevista de Radio Mundo Real (RMR) al Modevite en el contexto de su Mega- Peregrinación por la Vida – A 27 de agosto de 2019

Desde hace meses comunidades de Chilón son amenazadas por elegir representantes comunitarios y oponerse a megaproyectos. 


El 21 de agosto, miles de indígenas -provenientes de 13 municipios chiapanecos- realizaron una gigantesca marcha y peregrinación desde San Cristóbal de las Casas hacia la capital Tuxtla Gutiérrez.

>>Escuchar entrevista<<

En ese caminar denunciaron las amenazas que sufren ante sus intentos de autodeterminación en la elección de representantes de los gobiernos comunitarios, y la oposición que han presentado desde el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) a megaproyectos, como los extractivistas y el Tren Maya, que afectan territorios ancestrales.

El 12 de julio, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos manifestó su preocupación por «los actos de amenaza, intimidación y difamación contra organizaciones de derechos humanos defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chilón, incluyendo la Misión Jesuita de Bachajón, el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC A.C.) y el MODEVITE», llevados a cabo el 8 de junio por parte de autoridades municipales, ejidales y comunitarias de Chilón, que acusaban a las organizaciones mencionadas de «oponerse al progreso y al desarrollo de los pueblos».

Estas situaciones intimidatorias se profundizaron, incluso con intentos de desplazar a las comunidades, cuando a comienzos de agosto en Chilón -región indígena tseltal de Chiapas- eligieron, mediante votación comunitaria, a las autoridades de su autogobierno. Como integrantes de partidos políticos no validaron estas elecciones, el gobierno comunitario convocó a un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que realizaran un “estudio cultural” (tal como indica el artículo 2º de la Constitución Federal y Tratados Internacionales en que el Estado mexicano es parte) y comprobasen que mantienen usos y costumbres de los pueblos originarios que eligen con “sistemas normativos indígenas” a sus autoridades.

Durante la visita a esa región, entre el 8 y 13 de agosto, los antropólogos del INAH fueron amedrentados por autoridades partidarias e incluso fueron retenidos por unas horas, presionándolos para que se retirasen del lugar.

Radio Mundo Real se comunicó con dos integrantes del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, vinculados a CEDIAC, que detallaron los amedrentamientos que han sufrido en los intentos de formar sus autogobiernos, y destacaron la articulación que hacen con MODEVITE en la defensa de la vida, de los territorios y de los derechos de los pueblos originarios a decidir sobre los proyectos que se lleven a cabo.

Desde Otros mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México, se solidarizaron con el Gobierno Comunitario de Chilón y el CEDIAC «ante las confrontaciones de servidores públicos del ayuntamiento de Chilón con la intención de impedir el avance del estudio cultural para lograr el reconocimiento de la libre determinación y respeto a los sistemas normativos internos».

Militarización: la otra amenaza

A comienzos de agosto, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos advirtieron que estas situaciones de amenazas, intimidación y desplazamientos forzados de comunidades se dan en pleno «contexto de hostigamiento militar en Chiapas», que durante este sexenio de gobierno tendrá el despliegue de la Guardia Nacional anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, guardia que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Secretaría de Marina Armada (Semar) y a la Policía Federal, y el «reacomodo geoestratégico en el sur-sureste con grandes megaproyectos económicos como el Proyecto Integral de la Península (incluido el Tren Maya y la autopista Palenque – San Cristóbal), el Proyecto Integral del Itsmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos, la refinería de Dos Bocas en Tabasco”.

Tomando en cuenta el aproximado de, al menos, 76 campamentos existentes en todo el estado, 65 de los cuales se encuentran en zonas de confluencia de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, «esto representa la continuidad y profundización de la militarización, manteniendo el cerco de hostigamiento y amenazas a la autonomía de las comunidades zapatistas», agregaron.

«El cuartel militar más grande de Chiapas se construyó en una de las zonas donde se intenta imponer la industria minera, como parte de la Cuarta Transformación que significa el despojo de los territorios, el desplazamiento forzado de sus comunidades, el cambio en el uso del suelo, el desarraigo cultural, para beneficiar a las empresas transnacionales a costa del exterminio de los pueblos”, expresaron, según recoge el medio Chiapas Paralelo.

Las organizaciones también alertaron por la situación de seis presos políticos indígenas que mantuvieron durante cuatro meses una huelga de hambre e hicieron un llamado “a estar atentos y atentas, a estar informándose e informando» sobre lo que ocurre en este estado al Sur de México.

Imagen: MODEVITE 20 de agosto de 2019

Más información:

Comunicado de la Mega-peregrinación por la Vida MODEVITE

¡Por la autodeterminación de los Pueblos! 

¡Exigimos el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos!

¡ALTO A LA DESTRUCCIÓN DE LA AMAZONíA!

Compartimos el comunicado del Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica (MAR) – A 28 de Agosto 2019 >>Descargar comunicado en pdf<< 

 

El Bosque Tropical más grande del planeta se encuentra en llamas gracias a las irresponsables actitudes y políticas del actual gobierno del Presidente Jair Bolsonaro. El pulmón más grande del planeta con 5.5 millones de kilómetros cuadrados y de la más alta biodiversidad del mundo no solo vive una deforestación a ritmos acelerados sino que además los intereses de las empresas madereras, de agronegocios, de proyectos mineros y la construcción de grandes represas, entre otros megaproyectos, la están acabando. Todo ello pese a que los pueblos originarios de Brasil resisten día tras día para evitar la destrucción de sus territorios y ayudar a la preservación de nuestra vida en el planeta. La lucha incansable de los pueblos indígenas de la Amazonía conlleva una fuerte criminalización contra ellos.

Los incendios de hoy en la Amazonía agudizarán el Cambio Climático y repercutirá en el ciclo del agua, en los patrones de precipitación y evapotranspiración. Los extremos climáticos ya se registran cada vez con mayor intensidad, desde sequías y grandes inundaciones. Sin embargo, los gobiernos siguen con sus simulaciones ambientales, sin tomar medidas radicales y contundentes, y favoreciendo la ambición de las grandes corporaciones al pintar de verde su depredación ambiental.

Este ecocidio que vive la Amazonía hará todavía más insustentable a las gigantes represas hidroeléctricas que operan en la región, además acumularán mayores cantidades de azolves por el arrastre de sedimentos de territorios devastados por los incendios. Bosques que según algunos científicos podrán terminar en enormes sabanas, con mayor extensión de territorios para la ganadería extensiva, y con grandes extensiones de monocultivos agroindustriales, entre otras mega inversiones que destruyen las selvas.

El Presidente Jair Bolsonaro debe ser juzgado por este ecocidio de la Amazonía, por el crimen contra humanidad y la violación a los derechos de los pueblos originarios. Pero también las grandes corporaciones y gobiernos que impulsan, favorecen y se enriquecen del modelo extractivo depredador de nuestra Madre Tierra violando sistemáticamente los Derechos de la Naturaleza y de nosotros en ella.

¡Alto a la destrucción de la Amazonía!

Firma

Movimiento de Afectados por las Represas en Latinoamérica

MAR BINACIONAL CHIAPAS-GUATEMALA

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imagen:  La temporada lluviosa en el Amazonas, en general, comienza a fines de septiembre. Reuters – Milenio

[Artículo] Cerro de San Pedro no se olvida

Compartimos el siguiente artículo publicado en La Jornada – 22 de Agosto 2019

Por Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

Por segunda ocasión en su mandato y «para que no olvidemos», el pasado 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disertó ante la prensa sobre la desaparición del Cerro de San Pedro Potosí. Lo hizo como parte de la respuesta que le dio a una reportera de Querétaro, quien preguntó al mandatario sobre un polígono de 5 mil hectáreas que la ciudadanía queretana desea convertir en área natural protegida en contra de los planes de fraccionadores. AMLO aprovechó el tema para fustigar por enésima ocasión a lo que denomina como antiguo régimen neoliberal, además de reiterar que su gobierno no está al servicio de la minoría rapaz de la que forman parte, entre otros, los dueños de inmobiliarias. «¡Ya cambiaron las cosas!», remató, y en un episodio más de su cruzada moralizante llamó a reflexionar sobre la vergüenza que deben sentir los hijos y nietos de aquellos personajes que permitieron la devastación del Potosí mexicano. El mensaje del Presidente señaló como responsables del despojo a funcionarios mexicanos, quienes habrían otorgado concesiones a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX) para su ecocida proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, la postura presidencial preocupa por ingenua, pues la desaparición del Cerro de San Pedro fue producto de una conspiración criminal que sigue impune y que inauguró, como lo señaló entonces Carlos Montemayor, una nueva forma de delincuencia organizada. Eso es lo que no deben olvidar los mexicanos. Dicha conspiración tuvo a la cabeza dos presidentes apátridas (Vicente Fox y Felipe Calderón), un gobernador panista (Marcelo de los Santos Fraga), el entonces abogado del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, quien al mismo tiempo era abogado de MSX y su traficante de influencias (Ángel Candia Pardo), un primer ministro de Canadá (Stephen Harper) y su cuerpo diplomático en México al servicio de sus mineras, el violento Robert Gallagher, entonces presidente de New Gold, dos serviles gerentes y golpeadores mexicanos encargados de operar el ilegal proyecto minero (Jorge Mendizábal y el ex funcionario zedillista Armando Ortega), varios jueces corruptos, una presidenta municipal inexplicablemente enriquecida (Rosaura Loredo), y además muchos peones insertos en dependencias federales y estatales, incluidos algunos académicos.

El caso no es atribuible, como dice AMLO, a un simple problema de política pública neoliberal que entregó la tercera parte del territorio mexicano a mineras trasnacionales. La conspiración criminal que nos despojó de los vestigios novohispanos del Potosí mexicano, y que nos ha heredado en menos de una década un irreversible ecocidio, se caracterizó por la corrupción de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la procuración de justicia. Fue una corrupción gestionada desde el poder estatal y federal, e impulsada por las autoridades y corporativos canadienses. Esta alianza para delinquir se tradujo en la violación de nuestra soberanía por parte de Canadá, un minero-Estado acostumbrado a intervenir en países jurídicamente débiles y corruptos. Los desastres, muerte y violencia generados por las industrias extractivas canadienses en Asia, África y América Latina han sido plenamente documentados. Sin embargo, es un gravísimo error pensar que dichas industrias se manejan diferente en territorio canadiense.

Alguien, con urgencia, debe acercarle la información correcta a AMLO: Canadá es un país depredador en su propio territorio. Las presiones y despojos a pueblos originarios, el atropello de los derechos ambientales de comunidades, así como la destrucción y contaminación de grandes territorios son prácticas que han instrumentado las mineras canadienses en el propio Canadá. La idealización que AMLO hace de este país nos puede hacer un gran daño como nación, sobre todo porque las mineras canadienses, con apoyo de su gobierno, han violado sistemáticamente la soberanía de México. Recordemos que en el caso del Cerro de San Pedro la sociedad civil organizada demostró, sin violencia y en tribunales, la ilegalidad del proyecto de MSX, el cual fue anulado por sentencias firmes ignoradas por Fox, Calderón, Marcelo de los Santos, MSX y el gobierno canadiense.

¿Sentirán vergüenza los hijos y nietos de quienes conspiraron para violar la ley y la soberanía nacionales, provocando con ello un daño irreversible a nuestro patrimonio ambiental e histórico en el caso Cerro de San Pedro? ¿A los hijos de los fraccionadores les preocupará la integridad moral de sus padres por intentar destruir con sus ecocidas negocios la Sierra de San Miguelito? La respuesta es que se sienten muy orgullosos de ser hijos y nietos de enriquecidos depredadores, como en el caso de Marcelo de los Santos Anaya, hijo de una pieza clave de la conspiración en torno a MSX. Marcelo de los Santos Fraga, al igual que su padre, De los Santos Anaya no sólo se ha enriquecido a la sombra de esa combinación entre poder político y económico que AMLO aspira a erradicar de la vida pública de México, sino que ahora, emulando las hazañas moralmente insolventes de su progenitor, se prepara para ser el candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí. Esperemos que los potosinos logren superar la prueba.

*Investigador de El Colegio de San Luis


Imagen: Cerro de San Pedro – Planoinformativo.com

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Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas?

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Jornada por el Día de Maíz

En el marco del Día Nacional del Maíz,

Otros Mundos A.C.

Invita a su

JORDANA POR EL DÍA DE MAÍZ»

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE 

Cada 29 de septiembre se celebra en México el Día del Maíz, se celebra en estas fechas porque porque es cuando se comienza a cosechar nuestro maíz, del que vivos todos los pueblos. Por eso decidimos celebrar este día en grande con varias actividades, no solo para revindicar el papel del maíz sino también informar sobre los peligros de los monocultivos y los agrotóxicos.

 Acompáñanos es nuestras actividades:

Martes 3 de septiembre: Presentación del Libro «Plaguisidas Altamente Peligrosos en México» de Fernando Bejarano, nos acompañaran: Jaime Rendón, Fernando Bejarano y Remy Vandame. En La Cosecha Librería a las 6 de la tarde.

Miércoles 4 de septiembre: Taller: El impacto de los plaguicidas en el en el ambiente y salud humana». En el Centro Alter Natos. Cupo límitado a 10 personas, informes: angel@otrosmundoschiapas.org

Martes 17 de septiembre: Cine-dabte: «El falso mito de las energías limpias«. En el Foro Cultural Kinoki a las 6 de la tarde.

Viernes 27 de septiembre:Festival del Maíz y la Tortilla. En La Cosecha Librería

Tendremos intercambio de semillas, venta de productos orgánicos, exposición sobre el maíz, rap en resistencia y más. 

 

[Artículo] Piña y crisis climática

Compartimos este comunicado de COECOCEIBA (Amigos de la TierrA Costa Rica) y FECON – Agosto 2019

Pre-COP del clima y moratoria a la expansión piñera

Deforestación de piñeras han producido al menos 1.224.520 toneladas de CO2;

Moratoria a la expansión piñera debe incluirse en el Plan Nacional de Descarbonización.


(13 de agosto, 2019) La Organización de las Naciones Unidas ha señalado a la agroindustria como responsable de agravar la Crisis Climática, esto sobretodo debido a los impactos producto del cambio en el uso del suelo, es decir, la deforestación (1).

Mientras tanto en Costa Rica sigue impune el delito ambiental producto de la actividad piñera. Industria que ha degradado más de 5.568 hectáreas de cobertura forestal, incrementando en 1,2 Giga Toneladas de CO2 las Contribuciones Nacionales de Gases de Efecto Invernadero de Costa Ria (2). Es por esto que el movimiento ecologista considera necesario incluir la moratoria a la expansión piñera en el Plan Nacional de Descarbonización.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) ha publicado un último informe titulado “El cambio climático y la tierra: reporte especial sobre el clima, desertificación, degradación de la tierra, manejo sustentable, seguridad alimentaria, y flujos de gases de efecto invernadero en ecosistemas terrestres”.

Costa Rica será sede de la pre-conferencia sobre cambio climático (Pre-COP) del 8 al 10 de octubre (3), pero los grupos ecologista nacionales señalan que hace falta mayor discusión y participación de los sectores en la definición de políticas costarricenses sobre el cambio climático.

Según Alejandra Porras integrante de CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica: “ a la luz de este nuevo informe del IPCC es importante incluir a la soberanía alimentaria y la moratoria a la expansión piñera en la discusión nacional ante la Pre-COP del clima y en el Plan Nacional de Descarbonización.

Para Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la producción piñera (FRENASAPP): “la expansión piñera debe de ser parte de la discusión climática debido a que estas empresas contaminan y generan serios impactos ambientales”

Piña y crisis climática:

Un calculo realizado por la FECON revela un aporte importante en las emisiones responsables del calentamiento global. El Factor de Emisiones por Deforestación para los bosques de Costa Rica (4) aplicado con la cantidad de cobertura forestal que las empresas piñeras han talado entre el año 2000 al 2015, revela una parte de la contribución de las empresas piñeras en materia de Gases de Efecto Invernadero exclusivos de la deforestación de esta actividad.

Según los datos del Centro Nacional de Alta Tecnología del CONARE y su proyecto de Monitoreo del Cambio de Uso en Paisajes Productivos(MOCUPP) (5) las empresas piñeras han deforestado del año lo equivalente a 5.568 hectáreas de cobertura forestal.

Por su lado el IPCC señala que convertir una hectárea de bosque en Costa Rica en monocultivo genera unos 220 toneladas de dioxido de carbono (5). Esto daría un acumulado de 1.224.520 toneladas de CO2 liberadas al ambiente sólo por la deforestación de esta industria. Este es un calculo conservador porque habrá que sumarle el uso de agroquímicos (provenientes del petroleo), las quemas de los rastrojos, el transporte, embalaje y maquinaria.

Además, según el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), las empresas agroexportadoras de piña están cultivando incluso dentro de Áreas Silvestres Protegidas, en donde siembran 1.500 hectáreas de este monocultivo al margen de regulaciones.

También gracias al SNIT se puede comprobar que la expansión piñera continua. Solo entre el año 2017 y 2018 los cultivos de esta fruta se expandieron en 9.000 hectáreas más, un 15% del área total sembrada en el país. Alcanzando la cifra récord de 67.000 hectáreas de cultivo de piña (6).

Lo cual demuestra que la expansión piñera es una realidad y está poniendo en riesgo no solo a la poblaciones locales impactadas por los agrotóxicos sino también acelerando la crisis climática que sufrimos globalmente.

Para Henry Picado, presidente de FECON: “La meta de descarbonización planteada por el gobierno de Carlos Alvarado es imposible de cumplir mientras se siga encubriendo los crímenes ambientales del sector piñero”

El cambio climático y la tierra:

Según el comunicado oficial del IPCC emitido el pasado jueves: «La tierra desempeña una función importante en el sistema climático. El uso de la tierra para fines agrícolas, silvícolas y de otra índole supone el 23 % de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, los procesos naturales de la tierra absorben una cantidad de dióxido de carbono equivalente a prácticamente una tercera parte de las emisiones de dióxido de carbono causadas por la quema de combustibles fósiles y la industria», dijo Jim Skea, copresidente del Grupo de Trabajo III del IPCC. (7)

Esta situación se agudizar si tomamos en cuenta que otros expertos sobre el clima señalan un sub-registro importante o incluso ocultamiento de datos por parte del sector agroindustrial sobre sus emisiones reales. Organizaciones dedicadas a la investigación han encontrado que entre el 44% y el 57% de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero proviene del sistema industrial de alimentación (8).

GRAIN señala que estas empresas son responsables del los GEI producto de la Deforestación, el uso e agrotóxicos, el transporte, procesamiento y empacado, refrigeración y desperdicio (antes de legar al mercado). Juntos todos estos aspectos hacen que el sistema de producción de alimentos sea responsable de la mitad de las GEI en del planeta. Sumando a esto anterior mente Naciones Unidas también han señalado que la agricultura a gran escala es el responsable del 70% del consumo global del agua (9).

CONTACTOS: Alejandra Porras, CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica: Teléfono 8358 2930 Henry Picado, FECON. Teléfono 87609800

Imagen: CoecoCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Mas información: 

1. El cambio climático y la tierra: reporte especial sobre el clima, desertificación, degradación de la tierra, manejo sustentable, seguridad alimentaria, y flujos de gases de efecto invernadero en ecosistemas terrestres https://www.ipcc.ch/report/srccl/

2. Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque https://semanariouniversidad.com/pais/expansion-pinera-se-comio-5-568-hectareas-bosque/

3.PreCOP25 se celebrará del 8 al 10 de octubre en Costa Rica https://presidencia.go.cr/comunicados/2019/06/precop25-se-celebrara-del-8-al-10-de-octubre-en-costa-rica/

4. Detalle del factor de emisiones de IPCC para Costa Rica de bosques convertidos en plantaciones. Se estima que convertir una hectárea de bosque en monocultivo genera unos 220 Ton dm. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/ef_detail.php

5. http://www.mocupp.org

6. Nuevas imágenes satelitales comprueban que piña se expande de forma descontrolada https://feconcr.com/agronegocios/nuevas-imagenes-satelitales-comprueban-que-pina-se-expande-de-forma-descontrolada/

7. La tierra es un recurso decisivo, según un informe del IPCCSe encuentra sujeta a la presión del ser humano y del cambio climático, pero es parte de la solución https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_es.pdf

8. La soberanía alimentaria: 5 pasos para enfriar el planeta y alimentar a su gente https://www.grain.org/es/article/5100-la-soberania-alimentaria-5-pasos-para-enfriar-el-planeta-y-alimentar-a-su-gente

9. Día Mundial del Agua: La agricultura utiliza hoy el 70 % de toda el agua utilizada a nivel mundial, señala la FAO https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/12/13323695743570/cp01-dia_mundial_del_agua_2.pdf

AMLO, La minería no es sustentable

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 20 de agosto de 2019

Sr. presidente, el Modelo Extractivo Minero por definición no es sustentable, toda vez que se trata de una actividad extractiva que se basa fundamentalmente en el uso de insumos NO RENOVABLES. Si a ello le agregamos que toda actividad minera por si misma genera daños ambientales y a la salud por la lógica de su implementación operativa, tenemos entonces una combinación maquiavélica y perversa, porque los daños son descomunales. Por ello, parte del procedimiento legal debe estar sustentado en una Manifestación de IMPACTO Ambiental. Sumemos a esto que, prácticamente desde hace medio siglo, la minería dio un salto cuántico con el uso de técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas que en conjunto significan cerros enteros, a tal grado que sólo en este periodo de 50 años ya se han extraído poco más del doble de la cantidad de metales que se extrajeron desde la llegada de la corona española a México. 

En este proceso se modificaron las técnicas de extracción y empezaron a implementarse las técnicas A CIELO ABIERTO Y LA DE TUMBE Y RELLENO, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente para lograr procesar la descomunal cantidad de material removido y extraer los metales de su interés con la ayuda de sustancias químicas como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico y otras sustancias ácidas, que ocasionó modificaciones en las leyes mexicanas y ya tiene tiempo que se crearon las NOM para establecer criterios y procedimientos para, a partir de ello, establecer en la ley que la minería tiene UN CARÁCTER TÓXICO. Por lo tanto, debe tener procedimientos de actuación y estar supervisada y vigilada porque potencialmente, como ya lo sabemos, son bombas de tiempo. Si tomamos en cuenta estos aspectos, no hay forma que nadie pueda sostener de manera real, coherente y científica que hay minería verde, sustentable, amigable con el ambiente. Luego entonces quienes promueven ese discurso de matices y maquillajes son los mismos de siempre, las multinacionales que utilizan a la ONU y otras instancias para mentir y seguir engañándonos, al igual que a usted, con que el progreso y desarrollo minero es el camino de los pueblos.

Toda la actividad minera contamina, pero el uso de las nuevas técnicas ha hecho que la contaminación alcance realmente niveles irracionales, entre los cuales, la técnica a Cielo Abierto es esencialmente la más depredadora del medio ambiente. Su elevadísimo consumo de agua, la contaminación de la misma y los millones de toneladas de desechos, terreros, jales, despolves plagados con metales pesados tóxicos y partículas de tamaño PM 10 y 2,5 literalmente expuestas al aire libre, son algunos de sus componentes que generan daños cotidianos, permanentemente e irreversibles, de tal tamaño y tan obvio que a simple vista se pueden discernir cómo es que no hay voluntad política para detener la minería.

Los datos en el mundo son contundentes:

  • a. Es el megaproyecto que más destruye suelos, bosques, selvas, y, en consecuencia, provoca afectaciones sociales en todos los sentidos (destrucción del tejido social, daños de severos a graves e irreversibles a la salud, desarticulación familiar por muertes, etc.);
  • b. También es el megaproyecto que más impacto induce contra los derechos humanos, a la vivienda, a la alimentación, al paisaje, a la cultura, porque en si mismo SU FIN ES EL DESPOJO y el despojo de territorios es tan brutal, que no se puede mirar el destrozo sin apelar a la mínima consciencia;
  • c. Mariano Abarca o Bernardo Vázquez son una muestra de cientos de asesinados por resistir a tal despojo, a tal grado que llenan la geografía del país y de América Latina. Asesinatos que, por cierto, están en total impunidad;
  • d. Es el megaproyecto extractivo que mayor acumulación de riqueza para sí mismo genera, y al mismo tiempo que es un mito la generación de muchos empleos, porque en su fórmula nunca cuentan, entre otros factores, los empleos que desplaza, lo cual es el otro componente central de la actividad minera EL DESPLAZAMIENTO FORZADO;
  • e. Las concesiones mineras que ha entregado el gobierno mexicano están comprometidas en los Tratados de Libre Comercio para asegurar la ganancia y el extractivismo de las empresas mineras a tal grado que, de amenazar su actividad, demandan a los gobiernos con millones de dólares por impedir su actividad altamente lucrativa a expensas de los pueblos y del medio ambiente, tal como ya sucede en México https://movimientom4.org/2019/06/informe-casino-del-extractivismo-las-empresas-mineras-apuestan-con-la-vida-y-la- soberania-de-america-latina-usando-el-arbitraje-supranacional/, de tal manera que, se le agradece que desde su posición no se entreguen más concesiones, lo cual esperamos obedezca y cumpla el titular del sector;
  • f. Es también una actividad extractiva que no asume, ni siquiera sus ridículos procesos creados por ellos mismos relacionados con la responsabilidad social corporativa, los principios rectores empresariales, el código para el buen uso del cianuro, etc., etc., por lo tanto, nunca cumple los costos sociales y ambientales que ellos mismos establecen en la MIA y en los convenios que firman con comunidades. Ni que decir de evasión o desviación o la omisión de los pagos hacendarios/impuestos que realmente corresponderían a sus ganancias y, sobre el pago del impuesto minero a municipios, que ahora se propone sea directo a comunidades, la verdad es que no tiene caso ni opinar al respecto, porque es notorio el desconocimiento de lo que ello significa. No respetan ni las débiles leyes mexicanas, ni las directrices internacionales, ni los convenios con las comunidades que, engañadas firman la depredación de la tierra;
  • g. La ley minera que tenemos es un símil que Canadá impuso en toda América Latina, con lo cual le queremos decir, que de ninguna manera es cierto que en Canadá y en Estados Unidos la minería es cumplida, amigable y sustentable, sino todo lo contrario, de ahí mismo es donde viene lo que se implementa en México y en América Latina. Por lo tanto, no sabemos quién le informa e influye en su postura totalmente errónea a lo que realmente sucede, aunque sospechamos que Gómez Urrutia podría ser uno de ellos o los responsables del sector, en especial el Sr Quiroga que sabemos es un exdirector de empresas mineras, por ende, un promovente que le interesa el sector, pero en lo más mínimo los daños que ocasiona, y por ello va a cenar con los empresarios mineros, pero es incapaz de atender a los pueblos afectados por las empresas. De hecho, es lamentable el nivel de injerencia del gobierno canadiense en ese tema y en particular el papel y rol que juega la embajada canadiense en México, que sale a celebrar la inversión minera en una de las zonas de mayor violencia del mundo como sucede en el estado de Guerrero, al mismo tiempo que el gobierno canadienses emite alertas para que los turistas canadienses no visiten Guerrero, más racismo de este tipo no se puede permitir, menos aun seguir generando una opinión de que la minería en México debe seguir el buen comportamiento de la canadiense o estadunidense, porque es totalmente falso. 

Para nosotros como REMA, es mejor exhortarlo a que revise meticulosamente todo esto que le mencionamos, porque se trata de 11 años de narrativa, de vivencias en las comunidades, de apoyos académicos, de procesos de análisis e informativos de medios de comunicación, del intercambio de experiencias nacionales e internacionales, de atrevernos a demandar al gobierno canadiense porque sabemos que tenemos la razón jurídica, de pelearnos contra el despojo y el desplazamiento del mal llamado progreso y desarrollo minero. Todo esto NOS HA ENSEÑADO A DERRIBAR LOS MITOS DE LA MINERÍA CANADIENSE, aceptar lo anterior es una prioridad para usted señor Presidente, porque de verdad si no lo hace, nos quedará un amargo sabor de boca porque pareciera que entonces, también quiere engañar a las comunidades y al conjunto de la sociedad tratando de convencer que la actividad minera es “compatible con el medio ambiente” y que además aporta a la economía del país y dan fuentes de empleo. Este Modelo Extractivo no es verde, no es sustentable, no es responsable, ni aporta al desarrollo del país. Nuestro campo, los pueblos originarios, la gran y prodigiosa diversidad de la naturaleza que tenemos, la fuerza del pueblo de México que ha aguantado el saqueo hasta el cansancio, es lo que tenemos para hacer crecer y cambiar al país, es lo que suponemos debe ser el fondo de la 4T, porque si seguimos en la retórica de la mentira, pero dicho desde la legitimidad que usted se ganó en el proceso electoral, entonces la 4T no es real, sino una idea suya, para usted y para los de siempre.

Desde antes de que asumiera la responsabilidad de ser Presidente le enviamos un comunicado en donde le pedíamos algunos guiños de que somos escuchados, que, para comenzar, cancelara todas las concesiones que son miles, en dónde no hay un sólo proyecto operando, como bien usted señala, sólo favorece la especulación y el engordamiento de vividores en la bolsa de valores, la venta ilegal de concesiones entre quienes las poseen y que debería ser penado con la cárcel en México porque el país no las vende y otros hacen riqueza de la insuficiencia legal que hay al respecto. Habría que solucionar primero el desastre ambiental del Grupo México en el Río Sonora, pero NO DESDE EL ACUERDO CON UN EMPRESARIO que se ha ganado desde hace años el pleno derecho de estar en la cárcel por la cantidad de personas y de miseria que han generado sus múltiples proyectos mineros que tiene en el país y en otros países, sino desde hacer valer el estado de derecho. Por qué negociar con un hampón como el Sr Larrea y continuar sumiso a su negocio. Por otra parte, celebramos la postura adquirida para el rescate de los compañeros del desastre de Pasta de Conchos, al igual que celebramos deje fuera al Senador Gómez Urrutia y al Sr Larrea célebres coparticipes del abandono y no rescate de los 63 trabajadores, porque por lo menos es una luz para que por fin, ellos y sus familias descansen de este terrible agravio en donde el desprecio a la vida se volvió política pública. Le pedimos también sume a su mirada sobre la problemática minera a quienes han sido asesinados por defender la vida y el territorio, porque sus asesinatos son prácticamente carpetas de investigación, folders archivados, familias que se niegan a la impunidad y continúan persiguiendo a la justicia. Bernardo Vázquez, Mariano Abarca, Bety Cariño, Ismael Solorio y su esposa Manuela Ortiz, son algunos de los vacíos del corazón que cargamos por una política basada en el desastre y la violencia, que viven pueblos enteros y que todo ello empeora de manera significativa en aquellos que le dijeron sí a la minería como Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, como en Salaverna, Mazapil, la Colorada y Chalchihuites en Zacatecas, como también sucedió en Cerro San Pedro de San Luis Potosí. Cada pueblo minero de estos y muchos más que por falta de espacio no mencionamos, han sido una parte fundamental de nuestro aprendizaje porque nos han proporcionado los elementos necesarios para construir y tener la total convicción de ser férreos opositores a ese tipo de progreso y desarrollo. No queremos más violencia del Estado para quienes resisten por la vida y luchan en contra del despojo y del desplazamiento forzado. Basta de persecución por parte del Estado en Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, en prácticamente todo el país. No nos parece ni correcto que usted Sr. presidente, establezca agenda con dichos falsos sobre una minería sustentable que no existe ni en México, ni en Canadá, ni en China, y que su regulación y “la buena dirección” de Gómez Urrutia la meterá al orden laboral, porque sabemos como abandona a sus trabajadores gremiales. Tampoco nos parece justo que no escuche, ni hable, ni reciba a las resistencias contra las mineras, pero si convocar a empresarios para “regañarlos” y decirles que se porten bien y que no nos abandonen porque necesitamos sus empleos. Eso es totalmente incongruente con alguien que dice quiere transformar al país. Discutir la problemática minera para nosotros no pasa por un espacio de participación amplio, sino por terminar con las asimetrías y entonces sí darle forma y fondo a un proceso crítico y serio sobre la problemática que existe en torno a la industria minera, como sucede ahora con el INPI: creando consultas amañadas, falsas y sin contenido; entonces da igual y políticamente seguiremos como ya estamos en transiciones de oropel, mientras la gente y los ecosistemas mueren.

Su discurso en torno al respeto al medio ambiente, al combate al cambio climático, al desarrollo sustentable, entre otros “slogans” que posicionó durante su campaña y que continúa mencionando, por cierto con menos enjundia ahora que ya gobierna, no son congruentes con la práctica de las acciones que ya suceden, por lo que, NOS NEGAMOS A RECONOCER SU PALABRA, SI ESTA CONTINÚA OFRECIÉNDOLE APOYO A UNA ACTIVIDAD QUE ESTÁ MATANDO AL PUEBLO DE MÉXICO, a sus bosques, a sus recursos hídricos, a sus suelos y a su soberanía alimentaria.

Nos parece bien que al parecer ya no entregará más concesiones mineras, pero qué hará usted con las existentes que son miles, porque cada que inicia la operación de alguna de ellas daña, no una, sino varias comunidades, varios ríos, varios ecosistemas. Cancelarlas de forma definitiva y de forma permanente es el inicio para resolver los conflictos actuales; penalizar a aquellos dueños de las empresas que han violentado leyes, violado derechos y actuado de forma violenta contra los opositores a dicha actividad es una plataforma urgente para que las empresas empiecen a sentirse que no son más poderosas que el gobierno, ni que el pueblo de México. Eliminar la actividad extractiva a cielo abierto y de tumbe y relleno es una urgente necesidad, porque sólo de esa manera se provocará la transición y el impulso a otras formas de producción y consumo que debemos restituir, reconstruir y reafirmar entre todas y todos. 

Sr. Presidente Andrés Manuel, como se dará cuenta, el tema minero ofrece una amplia gama de problemas que simplemente usted no observa y que, de hecho, acá ni siquiera alcanzamos a mencionarlas porque aun hay más tela de donde seguir cuestionando sobre los por qué luchamos para que no haya minería en México. No faltará quien salga al quite diciendo que necesitamos una Ley Minera moderna e incluyente, así como esperemos que, si nos lee, no salga con la retórica de que somos ingenuos al tema por querer expulsar de México una actividad loable y noble, porque si así lo piensa, le adelantamos que DE FACTO ATACARÁ A PAÍSES Y PROVINCIAS DE OTROS PAÍSES QUE YA HAN PROHIBIDO ESA ACTIVIDAD. Le podemos garantizar que nos podrán seguir criticando por mil cosas, pero no de ser ingenuos o que nos pongan la etiqueta de activistas radicales sin fundamentos ni legales, ni científicos, porque en lo que usted planea el rumbo, nosotros ya hemos pasado por la embajada de Canadá, por la ciencia, por los pueblos, por las empresas, por las leyes, por los trabajadores, por el agua contaminada, por miles de enfermos y, de todo ello hemos aprendido mucho para cuando llegue el momento, poner en ridículo a los dueños y empresarios mineros, lo que haremos cuando existan y se garanticen la igualdad de condiciones, cuando sean ellos quienes den la cara y no envíen a sus gerentes y no sea bajo su asimetría de dinero, la violencia y los políticos afines a ellos.

Usted ha creado una expectativa muy alta de credibilidad en este país la cual, por supuesto ya necesitábamos, pero por la forma en la que de repente hace uso de la palabra, nos preguntamos si sus operadores son tan inútiles que no pueden pasarle una ficha de verdad y no llena de mentiras. Es distinto que usted diga que no le importa si en el país opera una minería rapaz, a que diga que exhorta a que tengamos una minería verde y linda como en Canadá, porque sobre esta última frase, no hay forma que logre encontrar elementos ni técnicos, ni científicos, ni razonables, ni sustentables, ni epistemológicos sociales, por lo tanto, es una gran mentira y, en esas circunstancias no sólo se engaña a sí mismo, sino también al pueblo de México, ese pueblo que hoy le da toda la mano de la credibilidad. Aún es tiempo, no lapide su principal fuerza basada en el apoyo social que ostenta al pretender vender la imagen de una actividad que está matando al planeta como si fuera una actividad sustentable.

¡TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS  Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA

Imagen: Mina Carrizalillo – trabajo movil

Más información:

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Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas?