¡Felicidades! al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio Por su IV Aniversario y su Acta de Declaratoria de Municipio Libre de Minería

Comunicado de Otros Mundos y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA-Chiapas. San Cristóbal de Las Casas- A 21 de junio 2019  >>Descargar comunicado en PDF<<

 

El equipo de Otros Mundos Chiapas, felicitamos a los y las compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) por su IV aniversario en la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Desde el 20 de junio del 2015 el FPDS se encuentra en resistencia contra los proyectos mineros que bajo el discurso del desarrollo y progreso llegan a los ejidos y comunidades. Sin embargo, las consecuencias han sido la contaminación, las enfermedades y la división dentro de las comunidades, rompiendo con los modos de vida y relación con la naturaleza. Es por ello que desde hace 4 años, mujeres, hombres, niños y niñas defienden las tierras y los territorios, los ríos, la naturaleza y la salud de los habitantes. 

Cumpliendo 4 años de lucha y resistencia, también celebramos en conjunto el acta de Municipio Libre de Minería en Acacoyagua, en la costa chiapaneca, firmada por el H. Ayuntamiento, en donde se declara que dentro de los tres años de gobierno 201-2021 no se permitirá ningún permiso o licencia de uso y factibilidad de suelo para las actividades mineras.

Este logro, sumado a los núcleos agrarios que en Asamblea General han declarado ¡no a la minería!, son los frutos de la digna resistencia y la alegría de defender la vida, de alzar la voz para defender nuestros derechos de vivir en nuestras tierras y frenar el modelo extractivo que trata a la naturaleza como material explotable para el beneficio de las grandes empresas.

Agradecemos a los y las compañeras la valentía, el esfuerzo y los conocimientos que han aportado a este caminar, y reafirmamos nuestro compromiso en la lucha.

¡Vida si, Mina no! ¡No más concesiones mineras en Acacoyagua!

¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!

Porque ¡Otros mundos son posibles!

Más información: 

4 años luchando por la vida Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» Acacoyagua libre de minería 

Pueblos organizados de Chiapas y Puebla frenan, Ley en mano, 4 minas; nunca los consultaron

¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

4 años luchando por la vida Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» Acacoyagua libre de minería

Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» por su 4to aniversario y Declaración Acacoyagua Municipio Libre de Minería – A 20 de junio de 2019  >>Descargar comunicado en pdf<<


El Frente Popular en Defensa del Sococonusco cumplimos 4 años de resistencia y celebramos nuestra organización declarando “Acacoyagua Libre de Minería” 

Hoy 20 de Junio del 2019 el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) cumplimos cuatro años de organizarnos para poner un alto a la minería en nuestro territorio y celebramos nuestra resistencia ganando la firma del Acta de Cabildo del H. Ayuntamiento de Acacoyagua que Declara al “Municipio Libre de Minería” durante su periodo administrativo. 

La declaratoria de municipio libre establece principalmente el compromiso del presidente municipal C. Elmer Campos Gutiérrez y de las/os regidores de no autorizar ni un permiso de uso y factibilidad de suelo a las trece concesiones mineras en Acacoyagua, en segundo lugar a actuar y dar aviso a los y las habitantes en caso de que alguna empresa minera: Mina Cristina, Mina Casas Viejas o Bambú inicie algún tipo de actividad de exploración y explotación porque las empresas no cuentan con los permisos adecuados para su actividad y porque están suspendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA). La declaratoria se compromete a respetar la decisión del Ejido Acacoyagua, Ejido 15 de Septiembre, Bienes Comunales de Acacoyagua de no permitir el paso al transporte de material pétreo ya que dañan los caminos ejidales y municipales y contaminan el medio ambiente. Es importante señalar que en el acta también se incluyó un apartado donde se obliga al presidente municipal y los/as regidores se reúnan o dispongan acuerdos con algún empresario, directivo o prominente del ramo minero (establecer diálogo, dar información sobre las comunidades, hacer trámites, etc.) ¡NUNCA MÁS UN MUNICIPIO A FAVOR DE LAS EMPRESAS Y CONTRA LOS PUEBLOS!

Hace cuatro años nos reunimos en la casa Ejidal de Acacoyagua más de 40 representantes de diferentes comunidades de Acacoyagua y Escuintla con la preocupación por la salud de nuestras familias (cáncer, enfermedades en la piel y en los ojos), por la contaminación de nuestros ríos Cacaluta, Chicol y Cintalapa y por la muerte de sus especies. Ahí decidimos que nosotros/as nos debemos a estos ríos, a nuestros árboles, a nuestras montañas y a la tierra y que esperamos un futuro pleno para nuestros hijos, con salud, sin violencia y con la misma abundancia con la que heredamos nuestra tierra, por lo que decidimos alzar la voz, organizarnos y sacar a la minería de nuestro territorio. Hoy somos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería-REMA, que ayer cumplió once años de lucha, contamos con organizaciones aliadas en la Costa, en el estado de Chiapas y América Latina y gracias a ellas comprendemos como actúa el modelo extractivo en nuestros territorios y contamos con estrategias para la defensa.

Este 20 de junio celebramos la valentía de hombres y mujeres para salir a las calles y exigir al municipio, a las autoridades estatales y a los empresarios: ¡No a la minería!. Celebramos el esfuerzo diario de visitar e informar casa por casa, en asambleas, en reuniones y concientizar sobre nuestros derechos para que los ejidos decidamos colectivamente y blindemos nuestros territorios, gracias a esto hoy celebramos: la suspensión de la actividad minera de los proyectos Cristina, Casas Viejas y Bambú, que tres ejidos han elaborado sus actas ejidales para no permitir el paso de las máquinas de las empresas y que hoy en las comunidades no será fácil para las empresas engañar y estafar a nuestros hermanos y hermanas con promesas falsas que comprometen la vida a cambio de la muerta.

¡Sí a la Vida, No a la Mina!

¡Ríos para la Vida, No para la Mina!

 

Firma

Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería-REMA

 

Declaratoria de Municipio Libre de Minería 



>>Descargar declaratoria en PDF<<

Más información: 

Facebook: Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» – FPDS

El Frente Popular en Defensa del Soconusco exige se declare al municipio de Acacoyagua “Territorio Libre de Minería” 

Pueblos organizados de Chiapas y Puebla frenan, Ley en mano, 4 minas; nunca los consultaron 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería felicita al FPDS en el marco de su tercer aniversario 

¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

[Artículo] Empresas mineras quieren explotar el fondo de los océanos

Compartimos el siguiente artículo publicado por Avispa Midia – Junio 2019


Por Eugenia López- 7 de junio 2019

Si bien los minerales siempre han sido necesarios en los diversos avances tecnológicos, sus nuevos usos – particularmente en las industrias digitales y automotriz – crean una demanda cada vez mayor a nivel mundial.

Aunque las reservas son extensas, la explotación masiva conduce inevitablemente a un fenómeno de rarefacción y a una alza de los precios en el mercado global – además de un número creciente de conflictos sociales en varias regiones del planeta. Como consecuencia y para abastecerse, industriales y Estados miran hacia áreas vírgenes de minería entre los que se encuentran los fondos marinos.

Océanos: abundancia en minerales

Depósitos de minerales se encuentran en todos los océanos, a profundidades que van desde unos cientos hasta varios miles de metros. De entre todos los recursos minerales submarinos existentes, los más importantes, debido a su potencial económico e industrial, son los yacimientos de minerales polimetálicos: nódulos de manganeso, costras de ferromanganeso ricas en cobalto y sulfuros hidrotermales polimetálicos . Estos depósitos se distribuyen a lo largo de todos los fondos oceánicos.

Esa mineralización profunda contiene metales muy codiciados: cobalto, hierro, manganeso, platino, níquel, oro, plata, titanio, cobre, mercurio, tierras raras, etc. Sus concentraciones tienden a ser mucho más altas que en los depósitos terrestres y las áreas que podrían ser explotadas bajo los océanos son más extensas ya que los mares y océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra.

Así lo demuestra un informe realizado por los investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS por sus siglas en francés) y del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer) el cual estima “el peso total de los nódulos en el área de Clarion-Clipperton, el más rico en el Pacífico (15% de la superficie del océano pacífico), a 34 mil millones de toneladas: 6,000 veces más talio, tres veces más cobalto y más manganeso y níquel que todos los recursos que se encuentran fuera de los océanos”.

Según el mismo informe, a diferencia de las minas terrestres, no sería necesario cavar túneles para acceder a los recursos submarinos ya que “los recursos minerales marinos accesibles se encuentran en la superficie del fondo marino”.

Sabiendo que la mayor parte de los fondos marinos permanecen aún inexplorados, no cabe duda de que los recursos en metales estratégicos que albergan son inmensos.

Los mares y océanos están reglamentados

Mientras las actividades de prospección pueden realizarse sin permiso, el acceso a los recursos minerales marinos para su exploración y explotación no es libre, sino que está reglamentado por una serie de normas que varían según su ubicación.

En base a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar de 1982, los mares están divididos en cuatro categorías:

El ‘Mar Territorial’ es el área hasta las 12 millas náuticas sobre el cual un país tiene derecho de soberanía sobre el espacio aéreo, el agua, suelo y subsuelo marino;

La ‘Zona Económica Exclusiva’ (ZEE) se encuentra entre las 12 y 200 millas. Un país tiene soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos o no (minerales y recursos energéticos) en sus aguas, suelo y subsuelo marino;

La ‘Plataforma Continental’ puede extenderse hasta las 350 millas. Dentro de esta zona un país tiene derechos para explorar y explotar recursos naturales del suelo y subsuelo marino, sin embargo, incluye pagos o contribuciones previas a favor de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas (AIFM, o ISA por su siglas en ingles).

El resto de los fondos marinos constituyen ‘La Zona’, que es considerada “patrimonio común de la humanidad”. Su exploración o explotación requiere la aprobación de la AIFM.

Imágenes: Máquina para extraer minerales operada por la empresa canadiense Nautilus Minerals en los mares de Papúa Nueva Guinea. Diagrama sintético de formación de los diferentes depósitos polimetálicos submarinos

[Nota] Trasnacionales extractivas obligan a países a indemnizarlas por proyectos cancelados

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada – A 16 de junio 2019

Alfredo Valadez Rodríguez, Zacatecas, Zac.,

Las grandes compañías dedicadas a extraer petróleo, gas y minerales en América Latina imponen a los países donde operan un andamiaje jurídico internacional, a través de tratados de libre comercio y de inversión, aseguraron los investigadores Jen Moore y Manuel Pérez Rocha Loyo, al presentar su informe El casino del extractivismo, en la Ciudad de México, informó en un comunicado ayer la Red Mexicana de Afectados por la Minería. 

Los expertos denunciaron que las trasnacionales extractivas, «en su carrera por implantar sus proyectos de despojo, cuando éstos se ven impedidos recurren al reclamo por la afectación real o potencial de sus intereses, lo cual incluye la demanda y exigencia de indemnizaciones, por montos descomunales».

La paradoja es que las demandas privadas las presentan en tribunales integrados por abogados corporativos «que protegen los derechos de inversionistas que han sido definidos durante las firmas de los tratados de libre comercio».

Lo anterior significa que los Estados están obligados a cumplir. México ha tenido que pagar 242 millones de dólares en juicios perdidos contra empresas transnacionales, entre ellas la española Abengoa y la estadunidense Cargill.

Le llaman «cláusula de controversias entre inversionistas y Estado», y está incluida en todos los tratados comerciales que se han firmado. «Se diseñó para proteger, sobre todo, las inversiones, pues obliga a los gobiernos a indemnizar a las empresas por proyectos de inversión que no puedan concretarse» y durante los últimos años ha cobrado fuerza.

Más información: 

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Compartimos el informe publicado por Jen More Y Manuel Pérez-Rocha Loyo, con apoyo de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EE.UU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EE.UU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH) – A junio 2019

Presentación  

Este informe examina la manera en que empresas mineras interponen demandas multimillonarias en contra de países de América Latina cuando sus cortes toman decisiones, y cuando implementan políticas públicas o medidas gubernamentales – particularmente en respuesta a las justas exigencias de comunidades afectadas por la minería – que afectan sus inversiones. El informe demuestra como el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las empresas mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor. La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley. 

Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional. Este sistema les permite a los inversionistas extranjeros presentar demandas por millones, e incluso miles de millones de dólares, contra Estados soberanos ante “tribunales” privados de arbitraje, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el más comúnmente utilizado, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se presenta como otra opción. Estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos. Estos tribunales no deberían ser considerados como verdaderas cortes legales. En cambio, han sido identificados como “una caricatura del sistema legal” con muy poca referencia a precedentes legales y sin ningún compromiso con la verdad o la justicia, más allá de los privilegios que los TLC y TBI otorgan a los inversionistas.

Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional. Este sistema les permite a los inversionistas extranjeros presentar demandas por millones, e incluso miles de millones de dólares, contra Estados soberanos ante “tribunales” privados de arbitraje, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el más comúnmente utilizado, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se presenta como otra opción. Estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos. Estos tribunales no deberían ser considerados como verdaderas cortes legales. En cambio, han sido identificados como “una caricatura del sistema legal” con muy poca referencia a precedentes legales y sin ningún compromiso con la verdad o la justicia, más allá de los privilegios que los TLC y TBI otorgan a los inversionistas. 

Este informe analiza 38 casos de SCIE de empresas mineras en contra de gobiernos de América Latina. Cabe resaltar que más de la mitad de las empresas que han presentado demandas, o indicado su intención de hacerlo, y que se examinan en este trabajo no cuentan con ninguna mina en operación, lo cual no les impide presentar demandas costosas y abusivas para obtener una “compensaciones” por sus ganancias esperadas no obtenidas.

>>Descargar el informe<<

Más información: 

Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

Invitación a la presentación del Informe: El Casino del Extractivismo

Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema (REMA) – A 12 de junio 2019 >>Descargar comunicado<<


Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

Resumen ejecutivo del Informe «El Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional»

Análisis De Casos: Las Demandas De Empresas Mineras Contra Países Latinoamericanos

El andamiaje jurídico internacional de tratados de libre comercio y de inversión vigente, organizado, por más irracional que nos parezca, por las propias estructuras legislativas de las naciones para proteger los intereses empresariales, han llegado al iracundo punto de agredir y vulnerar a los Estados Nacionales, permitiendo que las empresas mineras -y otras extractivas- de capitales nacionales y extranjeros, tengan espacio para entablar arbitrajes supranacionales (demandas privadas en tribunales integrados por abogados corporativos que protegen los derechos de inversionistas que han sido definidos durante las firmas de los tratados de libre comercio) contra los gobiernos, cuando éstos últimos toman medidas en defensa de sus territorios ante los potenciales o ya generados daños relacionados con proyectos de la megaminería tóxica. En otras palabras, en su iracunda carrera por implantar sus proyectos de despojo y cuando estos se ven impedidos, las empresas reclaman la afectación real o potencial de sus intereses, lo cual incluye reclamos y exigibilidad de “indemnizaciones” por montos financieros descomunales quienes además, han creado toda una red de empresas “prestamistas” que financian a las empresas durante sus demandas, lo cual no solamente es totalmente ajeno a la materia de reclamo, sino que les permite a las empresas sin financiamiento tener condiciones de establecer juicios de mediano y largo plazo totalmente especulativos.

Es importante destacar que, durante las últimas décadas, pero sobre todo durante la más reciente, las empresas mineras han presentado decenas de demandas contra países latinoamericanos alegando la afectación y reducción del valor de sus inversiones. Estas son llevadas a los tribunales supranacionales de arbitraje, a quienes les han exigido indemnización por sentencias en contra de cortes de justicia, por ajustes en políticas públicas que determinan les perjudican, así como aquellas comunidades que al ser afectadas por los proyectos mineros se organizan y resisten de forma activa la defensa de sus territorios y bienes naturales.

En ese contexto, son evidentes los niveles de locura alcanzados por las directrices y políticas relacionadas al progreso y desarrollo minero, porque han decidido de forma firme que su prioridad es el dinero y no la vida, lo cual implica la invisibilidad total de las afectaciones generadas en las poblaciones locales, el despojo de la tierra y la salud comunitaria, menos aun les importa contaminar al ambiente en su conjunto, así como tampoco afectar dinamitar los procesos relacionados con la comunalidad, la cual está íntimamente relacionada con el pleno ejercicio de la libre determinación y toda la gama de expresiones particulares de vida que persisten en los territorios.

Los arbitrajes supranacionales representan un acoso adicional al que ya ejercen cotidianamente las empresas en los territorios. Para las empresas mineras transnacionales, los proyectos extractivos son una gran oportunidad para, de forma casi azarosa, como ocurre en un casino o casa de apuestas, para ganar extravagantes e indignantes fortunas, aun incluso, sin haber invertido un solo peso de inversión en el terreno. Es así tal cual comienzan las apuestas en un juego en donde las cartas están claramente marcadas a su favor.

En el informe “El Casino del Extractivismo”, se examinan 38 casos presentados por empresas mineras transnacionales contra gobiernos latinoamericanos, quienes han acudido al mecanismo de “Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados” (SCIE), también conocido como ISDS (por sus siglas en inglés). La mayoría de estos casos los presentaron empresas canadienses, representando con ello la desproporcionada participación del financiamiento canadiense en la industria minera internacional; aunque también participan empresas estadounidenses, del Reino Unido, sudafricanas, suizas, francesas, holandesas, chilenas, australianas y de la India. Es importante señalar que, aunque las empresas no siempre salen victoriosas de los procesos de arbitraje, resalta el bajo nivel de riesgo al que se enfrentan al apostar en casos multimillonarios, además de la disponibilidad de financiación por terceros y la utilización de reglas y normas sesgadas a su favor, lo que les incentiva a realizar la presentación de demandas cada vez más exorbitantes.

El informe documenta y desnuda la voracidad empresarial, la sumisión legislativa y la gran asimetría inmersa en la firma de los tratados comerciales internacionales, en donde las empresas quedan por encima de las naciones. Es doblemente preocupante saber que, a pesar de la gran complejidad que enfrentamos los pueblos en las diversas luchas que se gestan a lo largo del continente, todavía el capitalismo y la globalización son capaces de desangrar aun más a los estados/nación, el territorio y los bienes naturales con pagos de compensación.

El progreso y desarrollo minero, goza del contubernio y la protección gubernamental en todos sus niveles, se legitima desde una falsa procuración de justicia trasnacional y financiera, accesa a créditos con lo que protege su capital propio, tiene un marco de regulación totalmente alineado a sus intereses, se desentiende de los impactos y daños que ocasiona al ambiente y a la salud comunitaria, y, por si fuera poco, desarrollan estrategias de gestión gubernamental política y financiera con prácticamente cero transparencia, sin olvidar la gran cantidad de caso en los cuales actúan en colaboración con grupos armados “legales e ilegales”.

La política y los políticos son ineficientes para servir a la sociedad y a la naturaleza, por lo tanto, es necesario reflexionar a partir de la revisión de estos esfuerzos de información útiles para establecer nuevas posiciones que hagan contrapeso a la hegemonía impuesta por los capitales y sus proyectos trasnacionales, tal como sucedió en la república de El Salvador, cuando realizó la histórica prohibición de la minería metálica en el país.

Esperamos que éste informe sirva de motivación para que las comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarias/os interesados por un país para sus habitantes y no para los negocios, redoblen sus esfuerzos en el movimiento global en contra de los tratados internacionales de libre comercio y de inversión y las leyes relacionadas, y los contratos que amenazan con despojar a las comunidades afectadas por la minería y a los pueblos, no sólo de sus territorios, tierra y agua, sino también de su soberanía y libre determinación.

En México el llamado T-MEC debe de ser consultado con toda la sociedad antes de ser ratificado a toda prisa por el Senado Mexicano. Este trabajo pone de relieve la urgente necesidad de desmontar el aparato jurídico impuesto que en nuestro país y en América Latina opera a favor del despojo

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería


>>Descargar el resumen ejecutivo<<

Más información: 

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Invitación a la presentación del Informe: El Casino del Extractivismo 

Invitación a la presentación del Informe: El Casino del Extractivismo

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EE.UU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EE.UU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), invitan cordialmente a la presentación del informe:

«El Casino del Extractivismo: Las Empresas Mineras apuestan con la vida y la soberanía de los pueblos de América Latina usando el arbitraje supranacional»

 

Miércoles 12 de junio del 2019, de 4 a 6 pm Museo Nacional de las Culturas del Mundo Moneda 13, Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc, CDMX 

Cuando los proyectos mineros son frenados por resistencias comunitarias, medidas de protección ambiental o de la salud, las empresas mineras transnacionales recurren a tribunales supranacionales de arbitraje, para entablar demandas multimillonarias en contra de los Estados de América Latina. MÉXICO NO ES LA EXCEPCIÓN. De unas 30 demandas en contra de México en tribunales supranacionales, actualmente enfrenta dos casos presentados por empresas mineras; uno en proceso y otro notificado con carta de intención que, en conjunto, significan un reclamo que supera los $4 MIL MILLONES DE DÓLARES.

Les invitamos a la presentación del INFORME, así como esperamos su participación durante este CONVERSATORIO, en el que reflexionaremos sobre estos procesos con los cuales las empresas pasan sobre la soberanía de los pueblos bajo estos costosos y abusivos juegos de azar.

Ponentes:

•Manuel Pérez-Rocha Loyo y Jen Moore, afiliados al Instituto de Estudios Políticos y co-autores del informe

•Grecia Rodríguez Navarro, Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y REMA.

•Moderador: Dr. Paul Hersch Martínez, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales y REMA

El informe será presentado con el auspicio de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EE.UU.), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EE.UU.) y Alerta Minera Canadá.

[Audio] Minera Cales y Morteros del Grijalva SA de CV, responsable de daños ambientales al Cañon del Sumidero y causante de enfermedades graves en la población

Compartimos la siguiente nota radiofónica producida por el Colectivo Boca de Polen, sobre lo expuesto en el conversatorio: «SALVEMOS EL CAÑÓN DEL SUMIDERO Análisis de la problemática de la calera Cahuaré», el pasado martes 4 de junio del presente año.  

 

>>Escuchar audio<<

El movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero, señala a la empresa calera como causante de enfermedades cancerígenas. La CNDH destaca las omisiones en las que incurrieron funcionarios públicos al permitir que la empresa minera continúe en operaciones. De acuerdo con información de la asociación civil Otros Mundos Chiapas, el parque nacional El Cañon del Sumidero enfrenta graves problemas ambientales por las actividades extractivas de la minera Cales y Morteros del Grijalva, empresa que extrae desde hace 54 años piedra caliza las 24 horas al día, los 365 días al año. La operación de esta empresa, también afecta la salud y vida de la población ubicados en la Ribiera Cahuaré, donde los habitantes están expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina.

En conferencia de prensa realizada el 4 de junio, Alejandra Aldama Pérez, integrante del movimiento ciudadano Salvemos El Cañón del Sumidero afirmó que la maquinaria que utiliza la empresa es la misma con la que empezaron, que es obsoleta, emiten contaminantes a la atmósfera y es ruidosa; además, que los desechos industriales va a dar al rio Grijalva, las emisiones que salen por chimeneas causan impacto a la vegetación y a las casas de los habitantes.

La ingeniera industrial Claribel Pérez Anaya e integrante también del Movimiento asegura que la contaminación causa desde enfermedades infecciosas respiratorias agudas hasta cáncer; detalla que la empresa utiliza la piedra caliza y un combustible, la cual al coserse emana por las chimeneas metales livianos, los cuales se combinan con otros químicos y dan como resultado lluvia ácida; residuos tóxicos expuestos a los seres humanos que causan dermatitis, anosmia, sinusitis, asma, cáncer bronco pulmonar y nasal, además de las enfermedades broco aspiratorias y pulmonares, Claribel resaltó que muchos estudios dicen que estos metales son conocidos por su carácter cancerígeno.

Cabe destacar que el movimiento ciudadano Salvemos al Cañón del Sumidero logró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, emitiera el 24 de mayo, la recomendación 12-2019 dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales y al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. En la recomendación del a CNDH destaca las omisiones en las que incurrieron funcionarios públicos al permitir que la empresa minera continúe realizando operaciones a pesar de que las actividades que desarrolla son absolutamente incompatibles con el régimen de protección de un parque nacional.

Por la red de comunicadores boca de polen, Vladimir Contreras Escamilla

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Más información: 

Martes 4 de junio, 6 pm, Conversatorio «SALVEMOS EL CAÑÓN DEL SUMIDERO Análisis de la problemática de la calera Cahuaré»

Nueva alerta sobre las enfermedades respiratorias en la población de Cahuaré, contaminada por la mina Cales y Morteros 

Cañón del Sumidero: a pesar de la clausura temporal, la mina Cales y Morteros sigue excavando 

EL ESCARAMUJO 48: Cañón del Sumidero: el pueblo de Ribera Cahuaré enfermo a causa de la mina Cales y Morteros 

Chiapas: Denuncian degradación del parque nacional El Cañón del Sumidero

Ríos libres… Ríos para la vida ¡El NO a la presa Milpillas retumbó en toda la Sierra!

Pronunciameinto del Primer Encuentró de Pueblos Afectados por el Modelo Extractivo, através de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería – A 9 de junio de 2019. 


Los días 08 y 09 de junio llevamos a cabo el “PRIMER ENCUENTRO DE PUEBLOS AFECTADOS POR EL MODELO EXTRACTIVO EN ZACATECAS” en el Ejido de El Potrero, municipio de Jiménez de Teul, Zacatecas. Fueron dos días llenos de fuerza, solidaridad, lágrimas, danzas y reflexiones que compartimos con las hermanas y hermanos que nos visitaron desde Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Durango, Puebla, Guanajuato y Guerrero. Con cada uno platicamos sobre sus experiencias y luchas en contra de megaproyectos de muerte como presas, hidroeléctricas, gaseoductos, acueductos, minas y fábricas de cianuro, que han generado daños y afectaciones en sus pueblos, comunidades, familias y bienes naturales. 

Contamos con la presencia, fuerza y representación de los COMISARIADOS AGRARIOS DE LOS EJIDOS de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como las y los delegados municipales de los ejidos, pobladores La Lagunita del Mezquite Blanco, Carretas, Las Bocas, Las Palmas, La Mota y la cabecera municipal de Jiménez de Teul, las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, ratificamos una vez más nuestra convicción de proteger NUESTRO RÍO ATENCO, el cual pretende ser represado por el gobierno del estado, que ha utilizado como su principal estrategia, la creación de conflictos que han tenido efectos y han creado divisiones entre nuestras familias y las y los habitantes de los pueblos en donde busca imponerse el proyecto de La Presa Milpillas. 

También se manifestó la solidaridad y el apoyo internacional latinoamericano, pueblos y organizaciones latinas que lucha por el cuidado de la vida, el Centro Alexander Humboldt, Nicaragua; la Red por los Ríos Libres, Chile; Hugo Pereira del Centro de Estudios Rurales (Ceri) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción Paraguay; Pamela Benicio, Agua de Castilla, Jujuy, Argentina; La Biblioteca Andina «Ñawpayachaykuna» de Abra Pampa, Jujuy, Argentina; Pueblos Kollas de la Puna Jujeña, Argentina; Censat Agua Viva, Colombia; Comunidad de los Queñes, Chile, Cajón del Río Tenguel; Colectivo Casa, Bolivia; Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, Ecuador; Fundación Tanti y Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, Chile; No a la Mina Esquel y No a la Mina Trevelin, Chubut, Argentina; Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Oruro y el Colectivo CASA de Bolivia; Movimiento en Defensa de la Tierra, el Agua y el Medio Ambiente (MODATIMA), Chile; Danilo Chammas, de la organización Justiça nos Trilhos y la Articulación Internacional de los Afectados y Afectadas por la Vale, Brasil; El Observatorio dos Conflictos do Extremo Sul do Brasil; y El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). Las voces de estas resistencias se sumaron al eco que RETUMBÓ POR TODA LA SIERRA DEL “NO A LA PRESA MILPILLAS”.

Conocer las experiencias de otras partes del país y Latinoamérica, NOS CONFIRMA que en Zacatecas también estamos enfrentando un MODELO EXTRACTIVO DEPREDADOR que, para decepción nuestra, está siendo fomentado por el gobierno federal, estatal y municipal, quienes, de manera sumisa y servil, han decidido abandonar a los pueblos para entregar nuestra tierra y nuestros bienes naturales a los empresarios privados de capitales nacionales y extranjeros. Reafirmamos que la presa Milpillas es inviable e innecesaria, la vida de un río es esencial para la reproducción de la vida de toda la región y represarlo traería consecuencias graves, contaminaría el agua y devastaría los ecosistemas de la cuenca.

Con las compañeras y compañeros de las diferentes resistencias refrendamos nuestra lucha POR LA DEFENSA DELRÍO ATENCO, NUESTRA TIERRA Y MONTAÑAS, nos pronunciamos firmemente a favor de la vida, la armonía entre comunidades y el futuro de nuestros hijos e hijas, por ello gritamos fuerte……

¡RÍOS LIBRES… PUEBLOS LIBRES! ¡AGUAS PARA LA VIDA!

NO PARA LA MUERTE!

¡NO A LA PRESA MILPILLAS!

Atentamente

Movimiento por la Defensa del Territorio y el Río Atenco, Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, Red Mexicana de Afectadas y Afectados os por la Minería, Comité “Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo” de Jalisco contra la Presa el Zapotillo, Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio Acacoyagua Chiapas, Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Guadalcazar San Luis Potosí Municipio Libre de Minería Metálica, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Acción Colectiva, Campaña Negra, Hijas de la Tierra, JCM Colectivo la Comuna, Red de Rebeldía y Resistencia de Zacatecas, Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, Observatorio de Violencia Social y de Género de Zacatecas, Estudiantes y Docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Investigadores e investigadoras de todo México, Asistentes de Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Durango, Guadalupe, Río Grande, Chalchihuites, Saín Alto, Sombrerete, Jiménez del Teul, Zacatecas, Canadá y Colombia.



Foto: Comité SalvemosTemacapulín, Acasico y Palmero.

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Discursos “verdes” y deforestación

Compartimos el siguiente boletín publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) 

Mientras la destrucción de territorios de bosques continúa, más promesas y programas se llevan a cabo en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Este boletín pone de manifiesto, entre otras cosas, cómo la deforestación se oculta bajo discursos “verdes” y propagandas llamativas. 

Mientras que, por un lado, en todo el mundo, las comunidades que dependen de los bosques siguen sufriendo aún mayores amenazas y la destrucción de sus territorios, por otro lado se hacen y llevan a cabo más promesas, acuerdos, proyectos y programas en nombre de “enfrentar la deforestación y el cambio climático”. Empresas multinacionales, gobiernos, bancos multilaterales, organismos de las Naciones Unidas (ONU), ONG conservacionistas y sus patrocinadores financieros siguen afirmando que ellos, los mismos actores que de hecho impulsan las causas directas y subyacentes de la deforestación, pueden ser “la solución”.

Este boletín recopila siete artículos de diferentes partes del mundo que muestran cómo los procesos de deforestación suelen ocultarse bajo discursos “verdes” y vistosa propaganda. Algunos autores también nos recuerdan que las comunidades de los bosques, a pesar de ser criminalizadas y con frecuencia convenientemente culpadas por la deforestación y desalojadas de sus territorios, continúan resistiendo esta destrucción así como las soluciones falsas que se les imponen aún cuando son quienes se encargan del cuidado de sus bosques, culturas y vidas.

Un artículo de Indonesia advierte que si bien los impactos devastadores de la crisis climática ya están afectando gravemente a miles de comunidades pesqueras, un mecanismo de compensación llamado “Carbono Azul”, promovido por las Naciones Unidas como una “solución” a la crisis, está transformando los territorios costeros en activos negociables. Si bien el daño a los manglares se debe al desarrollo de hoteles, granjas camaroneras industriales, la expansión de plantaciones de palma aceitera y la minería masiva, el Carbono Azul tiene como objetivo maquillar de verde la creciente y devastadora destrucción de éstos y otros actores contaminantes.

Desde Mozambique, un artículo describe los peligros de los crecientes fondos fiduciarios para la conservación, como el caso de BIOFUND. Este fondo fue creado para financiar el sistema de áreas protegidas de Mozambique, con el apoyo del Banco Mundial, organismos de cooperación internacional y ONGs conservacionistas. Su objetivo es captar grandes contribuciones, incluyendo los ingresos generados por proyectos de compensación de la biodiversidad del país, y especular con ese dinero en los mercados financieros.

Otro artículo muestra cómo, a pesar de las promesas del gobierno de Malasia en cuanto a mantener una cobertura forestal del 50 por ciento en el país, desde la década de 1990 se han destinado al menos 3,4 millones de hectáreas de zonas mayormente de bosques para el establecimiento de monocultivos, en especial plantaciones forestales para la obtención de madera y plantaciones de palma aceitera. La ambición del 50 por ciento parece basarse en estadísticas que consideran a los monocultivos como parte de la “cubierta forestal” nacional.

Otro artículo expone cómo el Fondo Verde para el Clima, que tiene el objetivo de ayudar a los países del Sur global a responder al cambio climático, aprobó recientemente por primera vez en la Amazonia brasileña el llamado pago REDD+ basado en “resultados”. También advierte que la Corporación Financiera Internacional, la agencia de financiamiento del Banco Mundial, se prepara para solicitar fondos para subvencionar proyectos REDD+ del sector privado, que indefectiblemente entrarán en conflicto con las comunidades que dependen de los bosques.

Desde la India, un artículo denuncia los nuevos intentos del gobierno, en colaboración con empresas y ONG conservacionistas, de apropiarse de los bosques y desalojar a las comunidades que dependen de ellos. Después de múltiples intentos, una reciente propuesta de enmienda de la Ley sobre los bosques de la India, de la época colonial, en los hechos vendría a poner fin a la Ley de los Derechos sobre los Bosques, una ley fundamental que reconoce numerosos derechos de los Adivasis (pueblos indígenas) y otras comunidades tradicionales que habitan en los bosques. Las enmiendas suponen la criminalización de todos los usos posibles de los bosques por parte de las comunidades (a menos que los funcionarios forestales lo permitan), y crean una nueva categoría jurídica llamada “bosques de producción”, que habilita la privatización a gran escala.

El caso de la comunidad Wimbí en Ecuador señala los perjudiciales efectos de la expansión de las plantaciones de palma aceitera, que va de la mano del tráfico de tierras y las plantaciones forestales para la obtención de madera. Además de la destrucción de los bosques y del suelo de la zona, para los miembros de las comunidades, la pérdida de sus lugares de cultivo es un elemento más de presión que los lleva a buscar trabajo asalariado en otros lugares, incluso en la empresa palmícola que los desalojó. Pero los residentes de Wimbí no han dejado de luchar por sus tierras y sus medios de vida.

Por último, el artículo final revela la horrorosa violencia y abusos llevados a cabo por el modelo de conservación que busca “preservar una naturaleza sin gente”. Informes de las organizaciones Rainforest Foundation UK y Buzzfeed News han revelado la crueldad perpetuada para con los pueblos indígenas que viven dentro y alrededor de las áreas protegidas apoyadas por el WWF. Este es definitivamente un grave problema de violación de los derechos humanos así como de intervención colonial en bosques tropicales. Demasiado a menudo las organizaciones conservacionistas están en el centro de estos graves abusos.

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Más información: 

Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del «Carbono Azul» 

[Artículo] Estudios demuestran que parques eólicos aumentan temperaturas en zonas donde son instalados 

[Artículo]Escasez de agua y alimentos: comunidades mayas muestran los efectos de la palma africana en Chiapas 

Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Indonesia: el destino de las aldeas pesqueras en la crisis climática y el fracaso del «Carbono Azul»

Compartimos el artículo del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en Ingles) 


El llamado ‘Carbono Azul’ surgió como un nuevo mecanismo de compensación a través de la absorción de carbono que realizan los manglares y otros territorios costeros. Sin embargo, organizaciones de Indonesia advierten que esta iniciativa es una estrategia para transformar los territorios costeros y marinos en activos negociables en el mercado. 

Sugeng Haryanto, un pescador de 57 años de la costa de Jepara, en Java Central, empuja su bote hacia el muelle todas las semanas. Durante el último mes, Sugeng no ha podido salir a pescar. Las fuertes olas y vientos fueron la razón principal de que Sugeng mantuviera su barco y su equipo de pesca amarrados en el puerto. No quería arriesgarse a perder la vida, como le pasó a algunos de sus amigos.

Actualmente, las comunidades pesqueras en Indonesia enfrentan problemas vinculados directamente al clima que resultan difíciles de entender. Desde la reducción del período de pesca hasta desastres naturales que suceden cada año en mayor número en los territorios costeros de Indonesia. Esos territorios abarcan bosques de mangles, praderas de hierbas marinas y marismas (un tipo de humedal) de agua salada. Debido a todas estas dificultades, los pescadores en Indonesia solo pueden salir al mar 150 días al año. Esto significa que los otros 215 días deben abstenerse de cualquier actividad pesquera.

Las comunidades pesqueras indonesias sufren directamente los dañinos efectos de la crisis climática. A lo largo de los últimos cinco años, al menos 737 aldeas costeras sufrieron deslizamientos de tierra, 2.651 quedaron inundadas, 307 se vieron afectadas por inundaciones repentinas, 1.484 confrontaron maremotos, mientras que 1.422 sufrieron los efectos de tornados. Asimismo, otras 790 aldeas costeras fueron golpeadas por terremotos, 6 por un tsunami y otras 54 se vieron afectadas por una erupción volcánica. (1)

Cada año, el destino de millones de pescadores se pone sobre la mesa de negociaciones sobre el clima de la ONU. Lamentablemente, estas negociaciones han perdido el rumbo ya que no abordan los problemas verdaderos y subyacentes de esta crisis.

Pero no se trata solamente de que hoy en día los barcos de pesca quedan anclados por períodos cada vez más largos, sino de que el futuro de los pescadores para mantener sus medios de subsistencia y el control sobre sus territorios está ligado a la amenaza de esta crisis multidimensional y a las llamadas soluciones que la acompañan.

 

Cuando el carbono se vuelve azul

Una de las reacciones de la ONU a esta crisis multidimensional es una iniciativa denominada Carbono Azul. También conocida como REDD Azul, fue introducida por el PNUMA y otros organismos de la ONU en 2009. A lo largo de numerosas reuniones internacionales, el PNUMA reafirmó la importancia de introducir un nuevo mecanismo de compensación de carbono por el cual las emisiones de carbono puedan ser compensadas por la absorción de carbono que realizan los ecosistemas costeros. Según sus defensores, los territorios costeros ricos en plantas, tales como los manglares, las praderas de hierbas marinas y las marismas de agua salada (un tipo de humedal), absorben y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono. (2)

Una publicación de 2009 de varios organismos de la ONU titulada “Carbono Azul: el rol de los océanos saludables en fijar el carbono” (Blue Carbon: the Role of Healthy Oceans in Binding Carbon) afirma que la protección, el manejo y la restauración de los ecosistemas marinos aumentarán su capacidad de absorción de carbono a casi el 10 por ciento de la reducción de emisiones globales requerida. (3)

La investigación sobre la iniciativa Carbono Azul realizada por la Agencia de Investigación y Desarrollo Marítimo y Pesquero de Indonesia (Balitbang KP) afirma que los lechos de las praderas marinas tienen el potencial de absorber alrededor de 4,88 toneladas de carbono por hectárea por año. En total, las praderas de hierbas marinas en Indonesia podrían almacenar 16,11 millones de toneladas de carbono por año. Y, en total, los manglares de Indonesia podrían almacenar 122,22 millones de toneladas de carbono por año.

Hasta la fecha, la iniciativa Carbono Azul es promovida sistemáticamente en las reuniones internacionales, así como en las cumbres anuales de la ONU sobre el clima. Durante la Conferencia Nuestro Océano, celebrada en Bali en 2018, el gobierno de Indonesia alentó los proyectos de conservación marina y el Carbono Azul, con el objetivo de incluir en dichos mecanismos 20 millones de hectáreas para 2020. En 2018, la zona establecida para la conservación marina alcanzó 19,14 millones de hectáreas.

La organización indonesia KIARA (Coalición Popular para la Justicia en la Pesca) destaca que hasta el momento, la conservación marina no se ha implementado como una actividad democrática, que se origine a partir del conocimiento y la sabiduría de las comunidades marítimas de Indonesia, sino como una actividad verticalista, impuesta por el estado. Como resultado, la gente de las comunidades costeras se convierte en víctima de lo que, desde su perspectiva, equivale a proyectos ecofascistas.

¿Intercambio de carbono? Plantando árboles de mangle

El fondo Livelihoods Fund, que cuenta con el apoyo de empresas privadas, invierte desde 2011 en proyectos de compensación alrededor del mundo, vinculados a las cadenas de suministro de sus inversores. Tres de estos proyectos se encuentran en territorios de manglares: uno en Indonesia, uno en India y otro en Senegal. En su página web, Livelihoods Fund dice que actualmente se han plantado 18 millones de árboles en Indonesia, 16 millones en la India y 79 millones en Senegal. (4)

Los proyectos tienen una duración de 20 años y los inversionistas (empresas privadas) recibirán créditos de carbono a partir de los árboles de mangle plantados por las comunidades costeras. En base a esto, estas industrias pueden continuar sus negocios de la manera habitual (y seguir con las mismas emisiones) al tiempo que afirman haber reducido sus emisiones de carbono.

Los inversionistas de Livelihoods Fund son: la empresa del agronegocio Danone; la multinacional francesa Schneider Electric; el grupo bancario francés Credit Agricole; el fabricante francés de artículos de lujo Hermès International; el grupo de viajes francés Voyageurs du Monde; la empresa francesa de servicios postales La Poste Group; la compañía fabricante de neumáticos Michelin; la compañía de fragancias y sabores Firmenich; la entidad financiera pública francesa Caisse des dépôts et consignations y la empresa alemana de software y tecnología SAP.

Repitiendo los fracasos de REDD+

La iniciativa Carbono Azul se inventó como una versión del mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal) para territorios costeros y de manglares. Durante casi 15 años se ha promovido REDD+ como una solución a la deforestación en los bosques tropicales. Pero la deforestación continúa. Lamentablemente, REDD+ es un mecanismo orientado a los negocios, que es la causa de una serie de problemas. Como en otros lugares, los proyectos REDD+ en Indonesia han causado varios conflictos.

Un ejemplo de ello es un proyecto REDD+ en la aldea Henda, en Borneo, Indonesia, organizado por el PNUD y financiado por el gobierno noruego. Una investigación reveló que este proyecto ha causado conflictos a la interna de la comunidad como consecuencia de la falta de transparencia y el manejo discriminatorio de los fondos de REDD+ en el ámbito de la aldea. Una de las razones del conflicto tuvo su origen en el programa de empoderamiento vinculado al proyecto REDD+, que no involucraba a todas las comunidades, lo que inevitablemente generó recelos entre los aldeanos. (4)

Otro proyecto REDD+ en la aldea de Mantangai Hulu causó además conflictos con los donantes y el gobierno. Este proyecto REDD+ fue organizado por la Asociación de Bosques y Clima de Kalimantan (KFCP) y fue financiado por el gobierno australiano. La comunidad de la aldea de Mantangai Hulu cedió sus 120.000 hectáreas de bosque a KFCP para un proyecto piloto REDD+. Cuando se hizo evidente que el proyecto era más beneficioso para los facilitadores locales, el gobierno y los donantes, la comunidad organizó la resistencia al proyecto. La distribución de los fondos de REDD+ tampoco fue transparente y no dio participación a la comunidad. (5)

El fracaso de REDD+ en detener la deforestación y su rol en causar numerosos conflictos con las comunidades y a la interna de ellas, debería servir de lección a los líderes mundiales, quienes deberían tener más cuidado en las respuestas que dan a la crisis climática. Al mismo tiempo, las comunidades marítimas de Indonesia reclaman la adopción de medidas para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, las políticas propuestas tienden a ser meros parches, ofreciendo soluciones falsas con objetivos de reducción de emisiones que son insuficientes y dependientes de mecanismos de compensación.

Las negociaciones y las posibles soluciones para enfrentar la crisis climática deben poner su mirada en el conocimiento y las necesidades de las comunidades. No más falsas soluciones como el Carbono Azul o similares, que de hecho aumentan la carga de las finanzas del Estado, incrementando la deuda externa. La deuda también abre las puertas a una mayor corrupción. Estos mecanismos de compensación, propuestos por el Banco Mundial, siempre se basaron en préstamos. Sin embargo, en 2018, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia rechazó el sistema de préstamo. No obstante, y lamentablemente, el mecanismo implementado todavía se basa en la inversión extranjera y el comercio de carbono, lo que viene generando los mismos problemas que el mecanismo propuesto por el Banco Mundial.

La mercantilización de una crisis

KIARA considera que la iniciativa Blue Carbon es un pretexto para convertir los territorios costeros y marinos en activos negociables. Hay al menos tres razones por las que la Iniciativa Carbono Azul no es la solución a la crisis climática.

En primer lugar, los proyectos de Carbono Azul contabilizan el carbono almacenado de tal manera que se beneficia solo a algunas personas o a un grupo en particular, pero excluye a muchos en la comunidad que se ven perjudicados por los proyectos Carbono Azul, porque ya no pueden usar los manglares o las praderas marinas como lo hacían antes. Mientras tanto, se ignora la existencia y el papel que juegan las comunidades costeras en el mantenimiento de los ecosistemas costeros, con el uso que hacen de los manglares para la obtención de hierbas medicinales, ingredientes cosméticos y como fuente de alimentos.

En segundo lugar, se argumenta que una de las causas de la crisis climática es la destrucción de los manglares por su mal manejo. En Indonesia, el daño a los manglares y los ecosistemas costeros se debe a modelos de emprendimientos extractivos y de explotación tales como la ocupación de zonas costeras con hoteles, apartamentos o zonas de recreación, granjas industriales camaroneras, la expansión de plantaciones de palma aceitera en la costa y la minería costera masiva. El Centro de Datos e Información de KIARA señala que en Indonesia, en 2018, se ocuparon como mínimo 42 zonas costeras para tales fines.

En tercer lugar, el Carbono Azul no puede cambiar la forma de actuar de las empresas responsables de grandes cantidades de emisiones de carbono, ya que se trata simplemente de un mecanismo de compensación de las emisiones de carbono.

Los territorios costeros tienen características únicas y son muy vulnerables. Las costas son un zona de transición entre la tierra y el mar. La presión, tanto natural como humana, es muy evidente. La iniciativa Carbono Azul les da la oportunidad a las élites de empeñar los bienes naturales y enriquecerse en nombre del cambio climático.

Mientras tanto, debido a su vulnerabilidad, tanto los territorios como las comunidades de las zonas costeras seguirán viéndose perjudicados por los emprendimientos realizados en esas áreas, por el agravamiento de los efectos del cambio climático y por las falsas soluciones promovidas en las negociaciones de la ONU sobre el clima.

En la próxima década habrá que adoptar decisiones cruciales que influirán en la forma en que las comunidades de pescadores de Indonesia se verán afectadas por la multidimensional crisis climática. En lugar de glorificar el pasado del archipiélago sería prudente que el gobierno se centrara primero en reducir los efectos de la crisis climática en los pescadores artesanales y, al mismo tiempo, salvar al mundo costero y marítimo indonesio de quedar atrapado en el comercio de carbono.

¡No vendan nuestro mar en nombre del comercio de carbono!

¡Nuestro Mar, Nuestra Identidad, Somos el Mar!

Susan Herawati

Secretaria General de la Coalición Popular para la Justicia en la Pesca

(KIARA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)

Referencias:

  • (1) Centro indonesio de información y datos, 2019
  • (2) Por más información sobre el Carbono Azul, ver WRM “‘Carbono Azul’ y ‘REDD Azul’: transformando los territorios marino-costeros en mercadería”, 2014
  • (3) Pueden acceder a la publicación (en inglés) aqui
  • (4) Ver su página web
  • (5) Anggraeni, Nur. (2013). Melestarikan Tradisi, Meningkatkan Kesejahteraan: Pandangan Tentang Dampak Program REDD+ di Kalimantan Tengah. Master Thesis UGM
  • (6) Firnaherera, Vice Admira. (2013). Konflik Pengelolaan REDD+: Studi Kasus di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Master Thesis UGM y Hidayah, Nur Putri. (2013). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Kalumpang Kedamangan mantangai dalam Mendukung Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+). Master Thesis UGM.

 

La justicia en deuda : Preocupante demora en caso de Berta Cáceres

Compartimos el siguiente artículo sobre actualizaciones del caso de Berta Cáceres mediante el análisis de la «Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres» publicado en Sputnik – A 3 de junio de 2019 

MONTEVIDEO (Sputnik) — A medio año de emitido el dictamen sobre el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el tribunal aún no presentó la sentencia condenatoria por escrito y esto debilita el fallo, contó a Sputnik el vicepresidente de la Federación Internacional de DDHH (FIDH), Francisco Soto.

«A seis meses de emitido el fallo lamentablemente no hay una sentencia escrita por parte del tribunal; eso significa que el fallo en primera instancia no está firme hasta que esa sentencia escrita se pueda dar a las partes del proceso», señaló el abogado guatemalteco.

El defensor es uno de los integrantes de la Misión de Observación Calificada del juicio oral y público por el asesinato de la activista hondureña, que está acompañando el caso desde hace más de un año y medio.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.

Soto, quien también es Director del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, manifestó que la falta de una sentencia escrita les preocupa además porque la misión no puede brindar el informe completo sobre el acompañamiento del caso debido a que «el proceso no termina hasta que ese fallo no esté escrito». 

Seis meses atrás, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño emitió un fallo oral en el primer juicio por el asesinato de la activista y determinó que el crimen fue cometido «con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)» con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca y declaró culpables a siete de los ocho acusados. 

Cáceres había realizado denuncias relacionadas a este proyecto hidroeléctrico por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

La familia de la activista y el Copinh denunciaron durante el proceso reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal.

Fuentes del Copinh dijeron a Sputnik que la demora en la emisión de la sentencia demuestra que «las irregularidades continúan estando presentes en el proceso y se demuestra la inoperancia del sistema de justicia hondureño, que tiene un uso político», expresó la organización.

«No hay ningún documento oficial escrito en el que se corrobore el fallo, la sentencia de culpabilidad contra estas personas; lo que se dio el 29 de noviembre fue un fallo oral, si bien lo dijeron públicamente no hay ningún documento que respalde eso, las partes no pueden recurrir a ese fallo. Esto no significa que esto sea irregular en Honduras debido a que el sistema de justicia es muy lento, pero en este caso que tiene tanta trascendencia demuestra la inoperancia del sistema de justicia», dijo el Copinh a esta agencia. 

Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recordó el miércoles en un comunicado que «es un deber de los jueces y juezas el dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables».

Además, opinaron que «en este caso el retraso de seis meses en la emisión de la sentencia no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable. Esta dilación vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso».

Cuestionamiento del proceso

Los abogados de los imputados por el asesinato de Cáceres denunciaron a mediados de mayo una supuesta manipulación de pruebas presentadas durante el juicio por parte de una perita del Ministerio Público. 

Esto es cuestionado por Soto, debido a que considera que el momento en el que se debían presentar estos reclamos era durante el desarrollo del juicio, donde tendrían que haber demostrado que la prueba no cumple con los requisitos necesarios.

«El tribunal es el que valora los medios de prueba, si no lo hacen en ese momento obviamente después es una forma de tratar de defender algo que ya se valoró», explicó el abogado.

Según el Copinh, lo que la defensa está haciendo con estas alegaciones «es un show mediático, porque se dan cuenta de que jurídicamente su defendido, David Castillo, está muy involucrado, entonces lo que quieren es mediáticamente y con una narrativa política tratar de buscar exculparlo». 

«Están diciendo que el Ministerio Público falsificó unas pruebas, lo cual es mentira; ellos pueden criticar todo lo que quieran el manejo de la prueba realizado por el Ministerio Público, critican a una perito que hace una interpretación de las comunicaciones, sin embargo la prueba habla por sí misma, no hace falta una interpretación de ningún perito para leer las comunicaciones», señaló el Copinh a esta agencia.

«Las comunicaciones de David Castillo y los demás imputados son las pruebas y en eso se fundamenta el caso y no en el análisis de ella, que fue quien sistematizó la información», agregaron desde la organización.

En paralelo a esta situación se está desarrollando en Honduras el juicio contra el único presunto autor intelectual del asesinato de Cáceres que está siendo investigado, David Castillo Mejía (actualmente en prisión preventiva).

Ex gerente general de DESA, Mejía es acusado de actuar como nexo entre los autores materiales y la empresa, y se está esperando que finalice la audiencia preliminar para ver si se el caso se lleva o no a juicio.

«Que se esté cuestionando el proceso tiene un impacto en el otro proceso; aquí el tema es que el tribunal brinde certeza jurídica en el sentido de que emita su resolución por escrito y que las partes, conforme el procedimiento legal, presenten sus apelaciones si así lo consideran pertinente», opinó Soto.

El vicepresidente de la FIDH añadió que según su experiencia «la defensa siempre argumenta el mal manejo de los medios de prueba; es una forma de desacreditar las investigaciones y más que un planteamiento jurídico es un planteamiento político». 

«Obviamente este es un caso de alto impacto en Centroamérica porque demuestra cómo los diferentes megaproyectos que se están implementando en esta región se están realizando sin el consentimiento y sin la aprobación de la población en los territorios en donde se están llevando a cabo», comentó el abogado guatemalteco.

Soto considera que el caso de Berta Cáceres es emblemático debido a que «demuestra cómo la empresa con tal de imponer estos proyectos llega al extremo de eliminar físicamente a las personas que se oponen».

El activista considera que si bien es algo que sucede mucho en esta región, en el caso de Cáceres esto logró ser probado en un tribunal.

Ver nota del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Foto: Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres, Crédito COPINH

Imagen: Comando creativo

Más información: 

Gerente sería autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres 

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