Gobierno de Chilón viola el derecho de los pueblos a la libre determinación: CEDIAC

Comunicado de CEDIAC Chilón,

Chiapas, a 12 de agosto de 2019

Al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

Al Gobierno del Estado de Chiapas

A la Red de Todos los Derechos Para Todas y Todos (RedTdT)

A la Red Paz Chiapas

En el contexto de la entrega del pronunciamiento del Foro para pueblos indígenas, en el que el gobierno federal se compromete a respetar los derechos de los pueblos a libre determinación, funcionarios del gobierno municipal de Chilón intentan impedir el estudio cultural que llevan a cabo antropólogos del INAH por encargo del IEPC. El CEDIAC, con presencia de más de 25 años en la región, denuncia estos hechos que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas y el ejercicio de participación democrática de las comunidades indígenas.

El 29 de junio de 2018 el Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana emitió un acuerdo general que daba respuesta a las solicitudes presentadas por las comisiones de gobierno comunitario de los municipios de Chilón y Sitalá de ejercer sus derechos a la libre determinación transitando de un sistema de elección de partidos políticos a un régimen de usos y costumbres. Para lo que estableció como condición la realización de un estudio cultural y una consulta. El IEPC solicitó la colaboración del INAH para llevar a cabo dichos estudios que determinarían la vigencia de un sistema normativo propio en las comunidades tseltales de los municipios en cuestión. Y los presidentes municipales se comprometieron con el IEPC a garantizar las condiciones de seguridad para el trabajo del equipo de antropólogos, encabezado por Teresa Mora y el Héctor Ortiz.

Este 8 de agosto sostuvieron una reunión a puerta cerrada con el ayuntamiento municipal de Chilón para dar inicio al recorrido por las comunidades para entrevistar a la ciudadanía. Sin embargo, el día sábado 10 de agosto dos camionetas pick up ALLENDE # 5 ESQ. ALDAMA BARRIO GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS. C.P. 29940. TEL/FAX (967) 1 00 21 conducidas por personas de Chilón interceptaron la camioneta que transportaba a los antropólogos para impedir su llegada a Bachajón a realizar entrevistas. Y el día domingo 11, a la entrada de la comunidad de Guadalupe Paxilá, un grupo de personas lideradas por funcionarios municipales de Chilón–Santiago Miranda Pérez, regidor del ayuntamiento, y Pedro Hernández Ruiz, delegado municipal-, intentaron sabotear el trabajo del estudio cultural. Estas personas amenazaron al equipo de abogados representantes de las comisiones para Gobierno Comunitario y a los antropólogos con retenerlos y privarlos de su libertad si no accedían de dirigirse a un lugar distinto al que ya se había establecido por la comunidad. El Delegado Municipal, identificado como Pedro Hernández Ruíz, agredió físicamente a una ciudadana que se acercó a la camioneta que transportaba a los abogados. En estos eventos hubo presencia pasiva e indiferente de parte de la policía municipal.

Ante estos hechos flagrantes, responsabilizamos al Presidente Municipal e integrantes del Ayuntamiento de Chilón de cualquier agresión física al equipo de abogados representantes del gobierno comunitario y al equipo de antropólogos del INAH, y de cualquier hecho que violente la seguridad y los derechos humanos de las comunidades.

Exigimos a las autoridades responsables en este caso, IEPC y Ayuntamiento Municipal de Chilón, que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias para la realización de los estudios culturales y las consultas para hacer efectivo el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a las organizaciones de la Sociedad Civil organizada, a los Centros de Derechos Humanos y a la sociedad civil que se mantengan alertas a éstos acontecimientos ya que las agresiones están siendo diversas para que se sumen a nuestros denuncias y no se permita que se detenga este movimiento.

CENTRO DE DERECHOS INDÍGENAS, A.C. CEDIAC.

Más información:

Organizaciones internacionales piden urgente intervención para detener ataques a defensores en Chilón 

¡Por la autodeterminación de los Pueblos!

Carta al Gobernador de Guanajuato sobre Presa El Zapotillo

Compartimos la siguiente carta dirigida al Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La carta va suscrita por un total de 25 organizaciones, colectivos y redes del Estado de Guanajuato – A 7 de agosto 2019  >>Descargar carta en pdf<<


León, Guanajuato, a 07 de agosto del 2019

C. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato

P R E S E N T E

Durante la última semana hemos seguido con atención sus declaraciones con relación a la Presa El Zapotillo y a la visita del titular de la SEMARNAT al pueblo de Temacapulín, Jalisco. Al respecto, deseamos compartirle nuestras consideraciones.

El encuentro del pasado martes 30 de julio en los Altos de Jalisco fue histórico. En más de 10 años de resistencia contra la amenaza de la Presa El Zapotillo, ni Temacapulín, ni Acasico, ni Palmarejo habían sido visitados por un funcionario de alto nivel. La cuestión no es menor si consideramos que los gobiernos de los Presidentes Calderón y Peña Nieto, así como los de Guanajuato y Jalisco han pretendido llevar adelante un proyecto que, de realizarse, tendría profundas implicaciones para estas poblaciones y para el equilibrio ecológico de la región.

Sin embargo, al referirse a este episodio -que hace parte de una lucha más amplia por sobrevivir- Usted ha preferido descalificar. Ha descalificado lo mismo a Toledo que a quienes defendemos los derechos humanos, el territorio y el medio ambiente y, sin pudor, descalifica también a las comunidades de los Altos de Jalisco que se niegan a desaparecer.

Usted ha dicho que las declaraciones de este ministro -que demostró tener sensibilidad hacia las legítimas reivindicaciones de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo- fueron desafortunadas “porque le faltan datos técnicos del proyecto”. Debe saber que desaprobamos sus comentarios hacia el Dr. Víctor Toledo, probablemente uno de los secretarios mejor formados que ha tenido la SEMARNAT en las últimas décadas.

Por si no lo ha notado, sus declaraciones son contradictorias. Por un lado afirma que el debate sobre El Zapotillo debe ser sólo de carácter técnico y no político pues eso es lo que ha atrasado el proyecto; sin embargo, enseguida apela al Acuerdo de Entendimiento relativo al Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde que recientemente firmó con el gobernador de Jalisco, acuerdo político que no existía en el pasado reciente y en el que, en definitiva, Usted finca sus expectativas. Nosotros le decimos, en cambio, que la cuestión es fundamentalmente política pues tiene que ver con la supervivencia de nuestros pueblos hermanos de los Altos de Jalisco, con nuestros bienes naturales y con la viabilidad de la ciudad de León a largo plazo.

Al referirse a la participación de los “activistas” en las recientes “protestas”, está Usted muy mal informado o no nos reconoce como ciudadanos guanajuatenses pues habla sólo de un “grupo reducido” de Jalisco. Como si fuéramos despreciables enemigos de Guanajuato cuando nuestra pretensión es ser el equilibrio y la contención que no existe hoy en las instituciones de nuestro Estado frente al poder desbocado que Usted representa. En este sentido, se equivoca de manera colosal pues quienes acudimos al llamado de Temacapulín, Acasico y Palmarejo el pasado 30 de julio, representamos pueblos, comunidades y organizaciones del Bajío guanajuatense y del territorio de la Cuenca de la Independencia.

No omitimos señalar que entre el numeroso contingente que acudió a Temacapulín el pasado 30 de julio, había académicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) quienes afirman, con base en sus investigaciones, que además de inviable, la Presa El Zapotillo resultaría ineficiente en comparación con las alternativas existentes pues su aporte sería considerablemente menor a lo que se podría lograr con una Gestión Integral del Agua, tanto en la ciudad de Guadalajara como en la de León.

Durante los últimos ocho días, no contento con desacreditar al profesor Toledo, así como a las y los defensores del agua, Usted arreció contra los afectados por la Presa El Zapotillo. Con una lógica maquiavélica (nunca mejor dicho), opone y minimiza los derechos de los pobladores de Temacapulíun, Acasico y Palmarejo porque son menos que quienes residen en León. Los intereses de 1,800,000 leoneses contra los de 500 alteños. Creemos firmemente que este discurso es inapropiado en el contexto de un estado democrático de derecho como el que Usted presume gobernar en Guanajuato (aunque la realidad estatal en las áreas de seguridad, corrupción e impunidad contrasten con cualquier idea de estado de derecho). Usar el discurso del derecho humano al agua de los habitantes de León para colocar en segundo plano el derecho a la vida y a no ser desplazados de los alteños, resulta en una enorme falta de ética y sin ética, señor Sinhue, no se puede gobernar con decencia.

Consideramos que el pensamiento que anima sus declaraciones en torno al conflicto sobre la Presa El Zapotillo entraña una posición política protofascista que nos preocupa: beneficiaros vs afectados, muchos vs pocos, grupos de poder económico como aliados vs el interés general como oponente.

Con sus declaraciones y el rol que su gobierno juega en la gestión de este conflicto por el agua, Usted valida las relaciones de poder entre los diferentes grupos en nuestra sociedad, justificando, legitimando y priorizando –de manera soterrada- los valores e intereses de las «élites económicas» cuyas empresas despilfarran y contaminan impunemente el agua de todas y todos. Dos ejemplos actuales confirman lo anterior:

  • Proyecto City Center. En un contexto de escasez de agua, como el que Usted y su gobierno aseguran que existe en León, el SAPAL otorgó una factibilidad de servicio de agua a este proyecto inmobiliario por un total de 9.61 litros por segundo, es decir, 303,060,960 (TRESCIENTOS TRES MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA) litros de agua al año. Agua que Usted y el gobierno municipal de León aseguran que no tenemos.
  • Consejo Directivo de SAPAL. Compuesto de 17 consejeros, salvo tres representantes del Ayuntamiento, uno de la Federación de Trabajadores del Estado de Guanajuato (FTEG – CTM), uno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), otro de la Universidad Tecnológica de León (UTL) y uno más del Colegio de Ingenieros Civiles de León, A.C. (CICL), el resto de sus miembros, diez en total, representan los intereses de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de León (CANACO – SERVYTUR), la Cámara de la Industria de la Curtiduría (CICUR), la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), el Centro Patronal de León (COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG), la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, A.C. (APIMEX). En este consejo directivo, la industria esta sobrerrepresentada en contraste con los usuarios domésticos quienes no tienen una sola representación.

En este sentido, lo que Usted no parece comprender es que la crisis del agua en León es una crisis de gestión y no una crisis de escasez. Este panorama, que se reproduce en el resto del Estado de Guanajuato, es la causa principal de la crisis del agua: la relación entre capital y poder político que, como en ninguna otra parte de la República, ha prosperado al amparo del modelo económico neoliberal que en este contexto entendemos como la promoción y protección desde las instituciones del Estado (su gobierno principalmente) de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital. Desde este punto de vista, su agenda no es la del pueblo de Guanajuato y su gobierno no actúa en función de las demandas de la sociedad sino de acuerdo a la imposición de influyentes grupos de interés no sometidos al examen crítico de los ciudadanos.

Ante este panorama, nos parece importante que responda a las siguientes preguntas: (1) ¿Por qué una ciudad como León, ubicada en un valle rodeado de montañas y con los enormes recursos con los que cuenta, tiene que ejercer esa clase violencia estructural hacia tres poblados rurales en los Altos de Jalisco?; (2) ¿Por qué una ciudad como León, con uno de los PIB’s más altos del país, en cada temporada de lluvias se inunda y deja correr las aguas por su malecón sin que se realicen las inversiones necesarias en infraestructura para infiltrar el agua en el acuífero del Valle de León? (3) ¿Cuál es la racionalidad con la que SAPAL administra nuestra agua: la ecológica, la económica o la financiera? (4) Por qué no busca Usted la asesoría de verdaderos expertos del agua para empezar a diseñar políticas públicas para una gestión integral del agua en León y en el Estado? (5) Si la Presa El Zapotillo llegara a operar, tendría una vida útil de 20 o 25 años, qué otros poblados iremos a inundar a mediados del siglo XXI? Y, finalmente y desde su propia lógica de mayorías, ¿si en otras circunstancias León fuera Temacapulín e Iztapalapa, Ecatepec, Guadalajara, Puebla, Tijuana o Juárez fueran León y quisieran nuestra tierra o nuestra agua, debemos suponer que Usted las entregaría?

Señor gobernador, creemos firmemente que apoyar la construcción de la Presa El Zapotillo es un grave error que su gobierno no puede darse el lujo de cometer. Las advertencias de los grandes expertos mundiales señalan que nos queda poco tiempo para reaccionar frente al gravísimo fenómeno del cambio climático. En este contexto, los trasvases de agua de una cuenca a otra, como el que Usted apoya con el proyecto Presa El Zapotillo, están desaconsejados pues sólo profundizarían la crisis ambiental en curso.

Aun estamos a tiempo de recomponer el camino. La gestión del agua no puede ser una cuestión que sólo se discuta en el ámbito desde el punto de vista técnico y entre pequeños pero poderosos grupos de poder. El agua es un bien común y su gestión requiere de decisiones colectivas.

Respetuosamente.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

¡AGUA PARA TODAS Y TODOS, AGUA PARA SIEMPRE! }

¡RÍOS LIBRES, PUEBLOS VIVOS!

Acción Colectiva Socioambiental, A.C. (León) Agenda Ambiental Irapuato (Irapuato) Ágora de Cultura Ambiental Guanajuato, A.C. (Irapuato) Asociación Ganadera Local – Especializada en Apicultura (Dolores Hidalgo) Caminos de Agua, A.C. (San Miguel de Allende) Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León) Ciudadanos Hartos (León) Colectivo 2 de Enero (León) Comunidades de Vida Cristiana (CVX – León) Comunidades en Lucha por el Agua y Vida Sana – CUVAPAS (San Diego de la Unión) Comunidades Unidas por la Vida y el Agua Pastoral Social – COENLAVIS (San Luis de la Paz) Cooperativa Verde Esperanza (San Luis de la Paz) Dejame Plantado, A.C. (León) El Charco del Ingenio, A.C. (San Miguel de Allende) Fundación Animare (León) Hermandad de la Cuenca de la Independencia (Norte de Guanajuato) Medio Ambiente y Calidad de Vida, A.C. (León) Movimiento Colibríes de Guanajuato (Guanajuato) Observatorio Ambiental Ciudadano Biosfera (Salamanca) Pastoral Campesina (Diocesis de Celaya) Plataforma Salvemos El Humedal (León) Red Alebrije, A.C. (León) Redes del Cubilete (Silao) Servicios Comunitarios Pozos Ademado, A.C. – SECOPA (San Diego de la Unión) Yólotl. Gestión Cultural (León)

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Foto: Presa El Zapotillo. Foto: Conagua

Más información: 

Ríos libres… Ríos para la vida ¡El NO a la presa Milpillas retumbó en toda la Sierra! 

[INFORME] Vidas borradas: La invisibilización de las víctimas del desplazamiento por presas en México 

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[Reportaje] Derrame del Río Sonora: cinco años de horror

Compartimos este reportaje publicado en Píe de Página, a través de ChiapasParalelo – A 5 de agosto 2019

Cinco años después del derrame tóxico más grave en la historia de la minería en México, las comunidades afectadas continúan contaminadas y sin agua potable. Todo lo prometido por Grupo México ha sido hecho a medias. Mientras, Germán Larrea, el presidente de la corporación, sigue siendo el segundo hombre más rico del país

 

#AlianzadeMedios | Por Lydiette Carrión de Pie de Página

BACANUCHI, SONORA.- Ramón Aguirre Moiza era comisario ejidal de Bacanuchi en 2014, cuando ocurrió el desastre: 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado derramados por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Cuarenta millones de litros –el equivalente a 12 albercas olímpicas llenas– recorrieron más de 300 kilómetros y afectaron directamente siete municipios, hasta llegar a la presa El Molinito, en Hermosillo.

Aquel día, el 6 de agosto, Ramón Aguirre se hallaba fuera del pueblo, de visita con unos parientes, cuando un hermano le habló por teléfono:

–El agua viene mal.

Ramón regresó de inmediato. Usualmente el río era claro y limpio. Aquel día eran lodos cafés y naranjas. Los ejidatarios tomaron muestras a diversas alturas del caudal, se trasladaron a Hermosillo y de su dinero pagaron análisis de laboratorio.

El resultado fue “el esperado: agua envenenada de arsénico y metales pesados”, resume Aguirre. Estos son los únicos análisis completos que la comunidad de Bacanuchi tiene sobre la calidad del agua de su río. Aunque periódicamente vienen autoridades a medir la calidad del agua, jamás publican ni explican los resultados.

“Nunca hemos visto análisis completos”, refrenda Adalberto Vázquez López, el actual comisario, en entrevista aparte. “El Grupo México dice que no afectó, pero usted verá, no es así”.

El 6 de agosto de 2014, una presa de jales (así se les llama a las de deshechos mineros) derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Tinajas, afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. Es el peor desastre en la historia de la minería en México

Edén deshonrado

En 2019 Ramón Aguirre ya no es comisariado ejidal de Bacanuchi. Cumplió 65 años. Ahora se dedica a su parcela; es el primer año que siembra después del derrame: un poco de maíz y alfalfa.

Bacanuchi está enclavado en un paisaje semidesértico. Pero el río obsequia tierras fértiles a lo largo de la ribera. Aquí, las parcelas son hermosas, el clima es húmedo y fresco, los árboles crecen a la orilla de los canales de riego; los cardos presumen su blanca flor entre los surcos.

Antes del derrame, los ejidatarios sembraban de todo: sandías, alfalfa, calabaza, milpa, frijol, sargazo. “Se vivía muy bien”, reconoce uno. Como toda zona fronteriza, los rancheros tienen vocación ganadera. Así que en Bacanuchi preparaban queso, leche y carne.

Después del 6 agosto de 2014, la cosecha de aquel año se tiró. Y en septiembre vino el remate: Minera México envió personal a levantar lo más obvio del derrame: las espumas naranjas. “Las colocaban en carretillas afuera de la ribera, para subirlos a camiones”, explica Aguirre.

En eso llegó la crecida. De esas que ocurren en los ríos del desierto: inesperadas y brutales. El río Bacanuchi se desbordó y arrojó sobre las parcelas todo el contenido de las carretillas.

“Los lodos llegaron hasta allá”, dice Aguirre, mientras señala el final de la parcela. Todo quedó sepultado en porquería.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) estimó al menos 2 mil 519 productores agropecuarios afectados, 5 mil 573 hectáreas agrícolas cultivadas dañadas y alrededor de 72 mil 755 cabezas de ganado bovino perjudicadas.

Fuente: Poder.

Cosechas perdidas

Nadie sembró en Bacanuchi durante dos años. Y hasta la fecha algunas parcelas siguen abandonadas. “No sólo no se podía sembrar”, explica Aguirre. Nadie compraba. “Si era de Bacanuchi, nadie te compraba, decían que estaba contaminado”.

El hombre sigue recorriendo el río casi todos los días. Lo conoce de memoria. Por eso sabe que los árboles que se inundan cuando crece el río ya están muriendo. Ahora nos encontramos en un tramo así. El agua corre muy poco, cristalina. El enorme álamo que bebe a la orilla amarillea.

–El agua está clara. ¿Usted cree que ya está limpio el río?

–Claro que no. Los metales están en el fondo. Siguen ahí, y a veces, con las crecidas [del río], la lluvia, salen.

Según Procuraduría Federal de Protección al ambiente, Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos. A pesar de ello, la dependencia impuso a Buenavista del Cobre una multa de apenas 23 millones de pesos, equivalente al 0.00016 % de los ingresos de la minera ese año. Fuente: Poder.

Consecuencias desconocidas

Este fenómeno lo explicarían más tarde algunos reporteros provenientes de Hermosillo, que han cubierto el desastre desde el día uno. Los metales, que en masa se diseminaron por el río, se asentaron a lo largo del río. Algunos viajaron cientos kilómetros, cada vez más diluidos, hasta llegar a la presa el Molinillo, en Hermosillo.

El Molinillo fue clausurado para uso humano y continúa así. Hasta la fecha no se usa esa presa para abastecer agua potable; aunque la leyenda urbana asegura que cuando hace mucha falta, las autoridades lo permiten. “Sólo usan agua somera, jamás del fondo de la presa”, dice con sorna un reportero.

Pero los metales se remueven y a veces afloran. Aguirre muestra su teléfono celular, un modelo viejito: muestra las fotografías borrosas. En una de ellas, los lodos naranjas se estancan en un brazo del río.

“Ésta la tomé en enero de este año. ¿Ve? Ahí sigue la porquería”.

El derrame de Grupo México afectó a más de 22 mil personas, en siete municipios en la cuenca del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.

Pero los daños podrían alcanzar hasta 1 millón de personas si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo. “Cinco años de impunidad”, informe de prensa grupo Poder.

La comunidad languidece

De 2014 a la fecha, la población de Bacanuchi se redujo a la mitad. Solían vivir ahí unas 400 personas, entre ejidatarios y avecindados. Ahora son alrededor de 200. En vacaciones todavía se duplica la cantidad: muchos originarios que residen habitualmente en Arizona, Estados Unidos, regresan.

“Aquí se vivía bien”, repiten muchos. Lo dice el señor Aguirre en su milpa. Lo asevera Lourdes Quiñones mientras prepara la comida en su cocina. Todos la llaman Yuli. Originaria de Sinaloa, vino a Bacanuchi con su esposo e hijos hace ya 13 años.

Anahí, una de las hijas de Yuly, es maestra de preescolar. Pero el próximo ciclo, no se abrirá su salón porque ya no hay niños en la comunidad. De los cuatro niños que debían pasar a preescolar sólo se quedarán dos en la comunidad. Los demás se han ido con sus mamás al otro lado.

Garrafones infinitos

Yuli prepara un plato de cerdo y maíz en caldo de frijol, muy sabroso, al que llaman “gallina colorada”. La cocina es amplia y de techos bajos; una construcción modular prefabricada, popular en Bacanuchi y herencia de Arizona. La mujer guisa, prepara café y naranjada con agua de garrafón. Porque el agua de la llave está limitada a la ducha (a veces les da comezón) y el quehacer.

Traen garrafones desde Cananea, a dos horas de camino. “¡Es un gasto que no teníamos! Y llevamos así cinco años”.

En 2015, comenzó a operar la purificadora de Bacanuchi. Pero la gente no le tiene confianza porque, explican, el agua “a veces sabe a centavo”. En abril de este 2019, por medio de las gestiones de vecinos, un grupo de la Iglesia Católica se instaló en el centro de Bacanuchi una pequeña purificadora de agua. La gente debe introducir monedas para llenar sus garrafones.

El Fideicomiso de Grupo México entregó a las familias afectadas 15 mil 350 pesos para compra de agua mientras se establecían las 36 plantas potabilizadoras (sólo abrieron 3). A cinco años del derrame, las familias de la región siguen comprando garrafones. El promedio de gasto de una familia en garrafones rebasa los 51 mil pesos en estos cinco años. Fuente: Poder

Sin derecho a la salud

Antes de derrame, había un pequeño centro de salud, atendido por un pasante de medicina. Tras la tragedia, Grupo México prometió construir una pequeña clínica para dar seguimiento a los problemas que se presenten. Pero nunca la construyó. Y ya ni hay médico pasante en el centro de salud; está cerrado desde hace dos años.

La señora Nora muestra fotografías desde una memoria vieja: su hijo, que entonces tenía unos 6 años, con los ojos enrojecidos; otras más: las uñas de los pies destruidas. Por caminar por el río aquel 2014.

La cantidad destinada por el fideicomiso para atender las afectaciones en salud fue poca: casi 8 millones de pesos. Sólo el 10 % del total del rubro en salud. El 90 % restante (71 millones de pesos) se gastó en “Acciones de atención y seguimiento médico en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS)”. De acuerdo con habitantes de Bacanuchi estos seguimientos sólo hacen biometrías hemáticas. Jamás han conocido el nivel de metales pesados en su sangre. Fuente: Poder y testimonios in situ.

Fideicomiso: voracidad sin fin

El 15 de septiembre de 2014, Grupo México firmó el contrato Fideicomiso Río Sonora. Y ahí se comprometió a aportar dos mil millones de pesos, del que saldrían las potabilizadoras prometidas, los tinacos, una clínica y apoyos directos a los afectados.

De las 36 potabilizadoras pactadas en septiembre de 2014, sólo se construyeron tres. Pero sí que se compraron tinacos a los que no llega el agua. Esos tinacos fueron adquiridos en la empresa de un primo de Germán Larrea, presidente de Grupo México.

El Fideicomiso destinó casi 185 millones de pesos para la compra e instalación de 10 mil tinacos, para supuestamente almacenar agua que llegaría de las potabilizadoras prometidas. Las potabilizadoras jamás se instalaron.

El dinero de los tinacos se distribuyó así:

  • ➢ El Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora AC: 150 millones de pesos.

  • ➢ El Colegio de Ingenieros Ambientales de México AC (institución fundada por Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Medio Ambiente y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso): 28 millones de pesos. La empresa Rotoplas, de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco: 5 millones 502 mil.

    Fuente: Poder

Reparación del daño a discreción


“Les dieron dinero a puros familiares de políticos”, explica un habitante de Bacanuchi. “A gente que tiene su rancho en la sierra, bien lejos de aquí”, reclama.

En efecto, en 2015, la periodista Shaila Rosagel documentó en Sin Embargo, que alcaldes panistas y priistas de varios municipios de la cuenca recibieron elevados montos por parte del Fideicomiso.

Algunos, 100 mil pesos, otros 200 mil. Juanita Barrios, esposa del alcalde de Banamichi, casi un millón de pesos. Quizá no parezcan montos exagerados. “Pero a la gente más afectada les dieron a lo mucho 20 mil pesos”, explica otro habitante de Bacanuchi.

Otros beneficiarios “destacados” por el fideicomiso fueron el hermano y los primos del político priista Alfonso Elías Serrano, quienes en conjunto recibieron un millón de pesos, documenta Rosagel.

No se perforaron los 63 pozos prometidos, pero sí se gastaron 32 millones de pesos en publicidad. “Parte de este dinero fue para proyectar spots sobre la supuesta remediación del río en Cinemex, que es parte de Grupo México”. Poder.

El nuevo monstruo

Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca.

La organización no gubernamental Poder ha dado seguimiento al derrame desde el inicio. Apuesta por la autogestión, y ha buscado que los pobladores se organicen. Actualmente, los habitantes de los pueblos afectados están coordinados en 12 comités en seis municipios.

Uno de estos comités es el de Bacanuchi, que actualmente batalla contra un nuevo monstruo.

El histórico derrame ocurrió en agosto de 2014. En 2015, una nueva presa de desechos tóxicos 100 veces más grande arrancó operaciones. Ninguna autoridad detuvo el proyecto, y nadie informó a las comunidades que pueden ser afectadas.

Los caminos privados de Grupo México

El camino rumbo a Bacanuchi es de tierra y queda inservible en temporada de lluvias. La ciudad más cercana es Cananea; antes les quedaba a hora y media de distancia. Grupo México los despojó del camino. Alegó que era “propiedad privada” y ahora es utilizado para los trabajos de la nueva presa de jales. A Bacanuchi les dieron otra ruta. Ahora hacen hasta dos horas y media a Cananea.

Bajamos de las camionetas a un lado del camino, poco antes de entrar a “propiedad privada”. Esas tierras pertenecían al ejido 16 de septiembre. Por presiones y engaños vendieron. María Elena Bustamante señala la muralla de la presa: una monstruosidad que recuerda el muro del norte, de la serie Game of Thrones. María Elena señala: “Nos empezamos a dar cuenta de que construían la presa porque pasábamos por aquí”, explica. La mujer llora: es un monstruo. Si eso se derrama, se acaba Bacanuchi.

La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace tres años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.

A la comunidad jamás se le informó nada. Se enteraron cuando la vieron operar, y porque les quitaron el camino. Así que con asesoría de Poder, interpusieron un amparo en 2015. El año pasado llegó hasta la Suprema Corte, quien determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debió respetar el derecho de los pobladores a participar y decidir si estaban de acuerdo con la ampliación de una presa de jales. Batalla legal

Las comunidades afectadas por Buenavista han interpuesto:

  • 13 demandas por el derrame de 2014.

  • 1 por la presa construida en 2015.

  • 8 por las Zonas de Desarrollo Económico.

  • 3 amparos ya no procedieron.

  • 4 se encuentran en la SCJN.

Daño acumulado

Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca. Y los derrames en Río Sonora existen desde que la zona es minera.

Juan Manuel Silva Rodríguez, en su ensayo “100 años de contaminación de la minería en ríos de Sonora 1908-2014”, explica que si bien el derrame de 2014 es considerado el peor desastre causado por la minería en un siglo, no es de lejos el único. Por el contrario, la contaminación del Río Sonora ha sido continua desde al menos 100 años.

Él explica cómo desde los años 1650 se explotaban minas a lo largo del Río Sonora. Y ya para el siglo XX, queda asentado cómo la mayor parte de las solicitudes de explotación de minas se concentra en la cuenca.

Pero hasta 1917 hay normas para prevenir la contaminación. Antes, los derrames de presas de jales no “eran nota” (esta expresión es mía).

El investigador narra cómo es que desde esos años hay registros de agricultores que presentan quejas ante el gobernador porque las minas estropean sus tierras debido al derrame de “jales” en el agua, que inundan sus campos.

Fotos: Foto 1 El derrame de ácido sulfúrico que tornó naranja al río Sonora, Agosto 2014 Crédito: Agencia Reforma. Fotos 2, 3 y 4 % años después del derrame Agosto 2019, Crédito: Lydiette Carrión

Más información:

[Artículo] ¿Quién es Grupo México y por qué ha logrado salir impune de los desastres mineros?

[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles

VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora

La humanidad agotó los recursos naturales disponibles para el 2019

Compartimos el siguiente artículo publicado en Servicios de Comunicación Intercultural (SERVINDI) – Julio 2019

Servindi, 31 de julio de 2019.-

En solo siete meses, la humanidad ya agotó los recursos naturales que el planeta Tierra puede regenerar para este 2019.

Así lo reveló el informe anual de la Global Footprint Network, con sede en Estados Unidos, Bélgica y Suiza.

Según el cálculo «la humanidad vive a crédito desde el 29 de julio», debido a que los seres humanos ya consumieron todo el agua, el aire limpio, la tierra y los recursos naturales disponibles para este 2019.

Después del 29 de julio la humanidad estaría gastando más de lo que el planeta produce.

Este hecho representaría usar a nuestro planeta 1,75 veces más. «Lo que quiere decir que para mantener el ritmo de vida de las personas actualmente necesitaríamos casi dos planetas más», así lo explica el informe de la oenegé.

«Para mantener el ritmo de vida de las personas actualmente necesitaríamos casi dos planetas más»

«Destacar que no podemos usar 1,75 Tierras por mucho tiempo cuando solo tenemos una es simplemente reconocer el contexto de la existencia humana», señaló Mathis Wackernagel, fundador de Global Footprint Network, con motivo del Día del Sobregiro de la Tierra (Earth Overshoot Day 2019).

Se conoce como el Día de la Sobrecapacidad (o del Sobregiro) de la Tierra, cuando el planeta agota todos sus recursos naturales designados para un año. En las últimas décadas, la fecha se adelantó dos meses.

La de 2019 es la más temprana en la historia, de acuerdo con un estudio realizado por la Red Global de la Huella Ecológica. 

«La actividad humana se ajustará inevitablemente a la capacidad ecológica de la Tierra. La cuestión es si elegimos llegar allí por desastre o por diseño», agregó Wackernagel.

Ante estos hechos, la Global Footprint Network también contempla soluciones en cinco áreas clave: ciudad, energía, comida, planeta y población. Si se lograra aplicar dichas soluciones y mover la fecha al menos cinco días más cada año, antes del 2050 se viviría dentro de la capacidad del planeta, señala la oenegé.

En el siguiente enlace puedes calcular cuál es tu huella ecológica: ¿Cuántos planetas usaríamos si todos vivieran como tú?

Imágenes: Foto1: Correo, imagen 2: SERVENDI

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México supera a países africanos en asesinatos de ambientalistas

Compartimos la siguiente nota publicado en el diario Ángulo 7 a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – Julio 2019

Publicado por: Lorena González Guzmán en Nacional 31 julio, 2019

En asesinatos de ambientalistas, con 14 hechos México superó a naciones africanas con conflictos armados como República Democrática del Congo (ocho), Kenia (dos) Gambia (dos), Senegal (uno) y Sudáfrica (uno) esto durante 2018.

Así lo reveló el estudio “¿Enemigos del estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras”, de la organización Global Witness (GW).

La organización internacional documentó 164 asesinatos, un promedio de más de tres personas defensoras fueron asesinadas cada semana.

Entre los hallazgos realizados destacaron que Filipinas, encabezó la lista con 30 asesinatos, seguido de Colombia con 24, India, con 23, Brasil con 20, Guatemala 16 y México con 14.

Los grupos de seguridad privados, las fuerzas estatales y los sicarios son sospechosos de llevar a cabo los asesinatos, a veces actuando de forma conjunta.

El sector de minerías e industrias extractivas concentró el mayor número de víctimas con 43, le siguió la agroindustria, aguas y represas, con 21 y 17 respectivamente.

Cabe recordar que en 2017, el total de homicidios contra defensores del medio ambiente en el mundo sumó 207 víctimas, por lo que hubo una reducción el 20.7 por ciento, según Global Witness.

Este 2019. El más reciente asesinato de un ambientalista tuvo lugar en Tabasco, la víctima fue José Luis Álvarez Flores, quien cuidaba un área de conservación del Mono Saraguato (aullador), también denunció a los extractores ilegales de bancos de arena del Río Usumacinta.

Foto: México supera a países africanos en asesinatos de ambientalistas. Foto: Especial – Ángulo 7

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[Artículo] Los dueños del pan: El lobby y los peligros del trigo transgénico

Compartimos la siguiente investigación sobre los peligros del trigo transgénico publicado en Avispa Midia – Julio 2019 


Por Darío Aranda- julio 28, 2019

Un reducido sector, con aval del Gobierno, impulsa el pan transgénico (y con agrotóxicos). Quiénes y cómo buscan aprobarlo. El factor Brasil. La interna empresaria. Y la voz de quienes reclaman: “No se metan con el pan”.

Un puñado de funcionarios. Una encumbrada científica del Conicet. Y medio centenar de empresarios. Ellos son los responsables de que 44 millones de argentinos estén a un paso de comer pan en base a trigo transgénico (y con restos de agrotóxicos), con consecuencias impredecibles en la salud y el ambiente. El macrismo lleva aprobados veinte transgénicos, de manera irregular, en tres años. Un verdadero experimento masivo a cielo abierto.

La principal estrella transgénica de Argentina es la soja, aprobada en 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Lo que sobrevino es historia conocida: uso masivo de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales y concentración de tierras en pocas manos. Fue un cambio radical en la estructura agraria del país. El “modelo transgénico” (llamado “agronegocio” por sus propios impulsores) avanzó luego en Argentina con otros dos cultivos: maíz y algodón. Se sabe que en Argentina el modelo agropecuario es política de Estado, sin importar los gobiernos de turno. Pero el macrismo dio un paso más: avanzó en la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, cultivo que en Argentina abarca 5,6 millones de hectáreas y es central para el pan, uno de los alimentos más populares del país.

El trigo transgénico no está impulsado por Monsanto-Bayer, ni Syngenta-ChemChina, ni Corteva (fusión de Dow y Dupont). Se trata de una empresa “nacional”, conformada por medio centenar de empresarios del agro, entre ellos los millonarios Hugo Sigman (presidente del Grupo Insud, con presencia en cuarenta países, desde laboratorios farmacéuticos hasta medios de comunicación), Gustavo Grobocopatel (el llamado “rey de la soja”) y Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, cámara que reúne a empresarios referentes del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina). 

Bioceres se presenta como “proveedor totalmente integrado de soluciones en productividad de cultivos” y publicita que cuenta con “alianzas estratégicas con líderes mundiales, tales como Syngenta, Valent Biosciences, Dow AgroSciences, Don Mario y TMG”. Sus ejes de negocios incluyen semillas de soja, maíz, alfalfa y trigo. En noviembre de 2018, la empresa Bioceres había presentado su “trigo HB4”. La publicidad corporativa celebró su “tolerancia a la sequía”.

Ya pasó el visto bueno del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la polémica Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). En Argentina, los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Conabia, dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las compañías o tienen conflictos de intereses. Para que los argentinos coman pan con trigo transgénico sólo resta un paso burocrático: la firma de la Secretaría de Mercados.

Ciencia de mercado

Raquel Chan es una investigadora conocida en el ámbito científico. Docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y el Conicet, tomó notoriedad pública cuando desarrolló una soja resistente a la sequía. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces (y actual) ministro de Ciencia, Lino Barañao, la mencionaban como ejemplo de la ciencia productiva para el país. “Este desarrollo significaría mayor producción de alimentos, con una población mundial que crece cada vez más”, afirmó Chan en 2012, en sintonía con el argumento central del agronegocio y la falsa necesidad de más alimentos para la humanidad, mientras en el país los precios suben y la comida escasea. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la felicitó: “Me siento muy orgullosa de formar parte de un gobierno y de un proyecto que ayude a que científicos argentinos puedan desarrollar estas aptitudes que le sirven a todo el mundo y que nos constituyen en un verdadero ejemplo”.

Lo que celebraban Chan, los funcionarios y empresarios era, para ellos, una buena noticia: más soja. Es decir, visto por las víctimas del agronegocio, más avance de la frontera agropecuaria, más desmontes, más agrotóxicos. Raquel Chan suele evadir la cuota de responsabilidad de los posibles impactos de su desarrollo.“Es algo que no va a depender de nosotros, va a depender de una decisión política. Estas cuestiones no dependen ni de nosotros ni de la empresa”, se excusó ante el diario El Litoral en 2012.

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Foto:Avispa Midia

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El Escaramujo 79: LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

Informe: Treinta años de transgénicos en México

Zacatecas: Advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la Presa Milpillas

Compartimos el siguiente artículo publicado en La Jornada Zacatecas – Julio 2019 

Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas

■ Endeudamientos y altos costos, entre los posibles riesgos adicionales

■ En todo el mundo, 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas: Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas


 

POR MARTÍN CATALÁN LERMA – julio 24, 2019 

Detrás del discurso del Gobierno del Estado y sus dependencias sobre el desabastecimiento de agua en la zona conurbada de Zacatecas y la necesidad de construir la presa Milpillas, están las consecuencias que ese proyecto provocaría en las comunidades, entre ellas el desplazamiento forzado y la acentuación de la pobreza, afirmó Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas en México, mismo que le fue otorgado por la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Infirmó que en todo el mundo, más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas, donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del “desarrollo”.

En México, refirió que en ese tipo de proyectos es común observar que genera “más endeudamiento de los gobiernos, aumento en los costos de la construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas; pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosechas, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales; desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de venta, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios, y pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente.

Aunado a ello, dijo que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) actúan siempre a favor de los proyectos gubernamentales y empresariales, mientras que la Procuraduría Agraria manipula la información a los ejidatarios y comuneros e interviene de manera ilegal, no respeta las asambleas agrarias, se acusa a “intereses externos” cuando hay oposición, trata a la población como ignorante y se le desprecia su capacidad de decisión.

Castro Soto explicó que, de manera paralela, la estrategia de los gobiernos para imponer esos proyectos consiste en dar marcha a todo su aparato de convencimiento por medio de propaganda, asambleas y ofrecimiento de dinero a las autoridades ejidales, a la vez que se especula con el valor de la tierra, se contrata personal fuera de la región y de otros estados lo que no redunda en mayores empleos.

Por lo general, afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prohíbe el uso del agua de las represas para los pueblos locales a los que no está destinado el agua, además que las especificaciones de la represa cambian, según intereses, según la fuerza de las resistencias sociales y los problemas que va presentando el proyecto.

Asimismo, expuso que en Zacatecas, la primera represa registrada por la Conagua se construyó en el año 1602. A lo largo de la historia se han construido en el estado 356 represas de todo tipo, tamaño y finalidad. Estas representan el 5.7 por ciento del total de represas construidas en el país desde el siglo 17 y es la quinta entidad de la República con mayor número de represas construidas, solo después de Tamaulipas, Jalisco, Durango y Chihuahua.

El especialista en represas y colaborador de Bertha Cáceres, ecologista asesinada, indicó que “esta nueva represa es una obra que el gobierno de Zacatecas quiere imponer a toda costa, ya que la autorización para construirla tiene una vigencia de 5 años a partir de que se otorgó el permiso en enero de 2017, por lo que en 2018 las presiones, intimidaciones y hasta amenazas de muerte sobre los actores que se oponen a ella registran una alta intensidad”.

Castro Soto refirió que en marzo de 2015, la Conagua, “una de las instituciones más corruptas del país”, presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en su Modalidad Regional denominado “Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el Municipio de Jiménez del Teul y Línea de Conducción para el abastecimiento d agua potable al Corredor Zacatecas-Fresnilllo”, de más de 540 páginas, que tuvo un costo de 16 millones 362 mil 98 pesos, mientras que la indemnización que se pretende para los propietarios de los terrenos es de sólo 750 mil pesos.

Respecto a las características del proyecto, explicó que en el Manifiesto de Impacto Ambiental se afirma que la región Fresnillo-Zacatecas concentra la mayor población del estado de Zacatecas, con una intensa actividad agrícola y sistemas riego que conllevó a la sobre explotación de los pozos, y que el objetivo, entonces, es crear una obra de abastecimiento de agua potable a toda esta región y evitar extraer agua del subsuelo y favorecer la recarga hidrológica.

“Suponen que en 50 años de vida útil de la presa, aunque se otorgó el permiso de operación por 60 años, serán suficientes para que se recarguen los pozos como si la extracción se eliminara con la represa. El manifiesto no presenta metodología ni fuentes para determinar el grado de sobreexplotación, además de que en muchos casos no existen los medidores para analizar esta tendencia; suponen erróneamente que bajará la extracción el agua de los pozos con este proyecto cuando 11 acuíferos están sobreexplotados y hay un déficit alto de disponibilidad de agua”, cuestionó.

Por el contrario, aseguró que el proyecto conllevará un aumento de la oferta de agua, de la actividad industrial y de servicios, por lo que lejos de bajar la explotación de los acuíferos, ésta se mantendrá igual o aumentará. Por tanto, no disminuirán los hundimientos ni los tandeos ni la contaminación de aguas freáticas.

Por último, Castro Soto señaló que el manifiesto de impacto ambiental expone que el municipio de Calera, si bien no tiene escases de agua, sí alimentaría al parque industrial y otras empresas que demandan mucha agua potable, incluyendo la compañía cervecera. Para el municipio de Sombrerete se ofrecerá agua a la producción agrícola y ganadera, y para Valparaíso, Morelos, Guadalupe, Enrique Estrada, Fresnillo y Zacatecas, para los sectores sociales y productivos.

Foto: Aspecto de la comunidad Milpillas, en Jiménez del Teul Crédito: LA JORNADA ZACATECAS

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[Reportaje] ¿Es posible alcanzar la justicia en Canadá o en Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

Compartimos el siguiente reportaje sobre algunos casas de defensa de los territorios de mineras canadienses publicado en Rights Action – A 23 de julio 2019 


Por Grahame Russell, 23 de julio de 2019

Cada cierto tiempo, la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.

Las demandas en contra de Hudbay Minerals/CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel) interpuestas en Canadá en 2010, y el juicio penal paralelo en contra de Mynor Padilla que se lleva en Guatemala desde 2015, son un ejemplo de este tipo de lucha.

Y aun si han pasado muchos años desde la comisión de estos crímenes vinculados a la Hudbay Minerals y CGN, ambos luchas siguen avanzando.

Lo que está en cuestión en estas luchas – represión causada por la minería (un asesinato, un atentado con disparos que causó parálisis, violaciones sexuales); desalojos forzosos con amplia destrucción; corrupción y colusión con gobiernos, fuerzas de seguridad privadas, policías y fuerzas armadas – son parecidos a tantos otros casos de criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que se vienen produciendo en Guatemala y a través del mundo.

Por varios razones generales y particulares – desde el valor, la dignidad y la fortaleza de las víctimas-querellantes Maya-Q’eqchi’, hasta la astucia, pasión y compromiso de los abogados en Canadá y Guatemala –, estos juicios en Canadá y Guatemala han superado, hasta ahora, todos los obstáculos legales, políticos y tácticos, y se están llevando adelante.

Aunque podría demorar años más, un eventual juicio en Canadá y un eventual nuevo juicio en Guatemala – si es que se llega a eso – estas demandas ya están cambiando la realidad legal y política de la impunidad e inmunidad corporativas de asumir responsabilidades legales.

Los procesos judiciales en Canada y Guatemala

Trece querellantes Q’eqchi’ están demandando a Hudbay Minerales y la CGN por represión vinculada a la minería. Representados por los abogados Murray Klippenstein y Cory Wanless, las tres demandas interrelacionadas fueron interpuestas por:

  • Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, con cinco hijos, un dirigente comunal y profesor que en un ataque dirigido el 27 de setiembre de 2009 fue asesinado a machetazos y disparos realizados por personal de seguridad de Hudbay;
  • German Chub, un joven padre, que fue víctima de un ataque con disparos por parte de personal de seguridad de Hudbay que lo dejó paralizado, el mismo día en que mataron a Adolfo Ich;
  • Margarita Caal, Rosa Elbira Ich Coc y otras nueve mujeres de la aldea de Lote Ocho, quienes fueron violadas por las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals (en ese entonces Skye Resources) y CGN, y por miembros de la policía y de las fuerzas armadas en enero de 2007, durante un desalojo ilegal y violento y la destrucción de su pueblo. 

Dos de estas víctimas (Angelica Choc y German Chub) son partes en el juicio penal que se lleva en Guatemala en contra de Mynor Padilla, el ex jefe de seguridad de Hudbay/CGN. Dada la historia de impunidad que las empresas mineras canadienses han gozado en Canadá, y dada la impunidad, corrupción y represión endémicas en Guatemala (que las empresas multi-nacionales conocen y del que se benefician), la pregunta sigue siendo, ¿será posible alcanzar la justicia en Canadá y/o Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

La minería Canadiense en el territorio Q’eqchi’ desde los años 1960

Desde los años 1960, y sobre todo a partir de los años 1970, la población Q’eqchi’ de El Estor, en el oriente de Guatemala, ha sufrido actos reiterados de represión vinculados a una serie de empresas de extracción de níquel de propiedad canadiense: INCO (Compañía Minera Internacional), 1964-2004; Skye Resources, 2004-2008; y Hudbay Minerals, 2008-2011.

«Canadian Companies Mining With The Genocidal Generals In Guatemala”, by Grahame Russell, 7 April 2019, http://rightsaction.org/canadian-companies-mining-with-the-genocidal-generals-in-guatemala/

Dicha represión recurrente incluye: desalojos ilegales y violentos y destrucción de comunidades; atentados con disparos y ataques que causan discapacidad; asesinatos selectivos de dirigentes comunitarios; violaciones sexuales; criminalización de los defensores comunitarios, etc.

Aclaraciones sobre las empresas: EXMIBAL era la subsidiaria de INCO. Cuando INCO vendió sus intereses a Skye Resources, cambiaron el nombre de EXMIBAL a CGN. La CGN era propiedad de Skye Resources (2004-2008) y luego de Hudbay Minerals (2008-2011). Skye Resources fue incorporado por ex funcionarios de la empresa INCO, y la empresa INCO transfirió su empresa subsidiaria EXMIBAL y la concesión minera que INCO había recibido del gobierno militar de turno durante la década de 1960.

En 2008, Hudbay Minerales compró Skye, incluso todos sus activos (CGN) y sus pasivos.

En 2011, Hudbay vendió la CGN al Solway Investment Group (de la Suiza), pero sigue siendo responsable por los procesos judiciales en Canada.

Ni en Canada, ni en Guatemala, se hizo justicia por las violaciones y represión cometidos por INCO/EXMIBAL, juntos con el ejército Guatemalteco, en los años 70 y entrando en los años 80. Varios de esos casos de represión minera son documentados en el informe final (1999) de la “comisión de la verdad” de las Naciones Unidas – la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

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Foto: Rights ActionLucia Caal, Carmelina Caal, Rosa Elvira, Elvira Choc, Irma Yolanda, Angelica Choc, Margarita Caal, Elena Choc, Olivia Asig, Irma Yolanda. Faltan: Amalia Cac y Luisa Caal.

Grahame Russell es un abogado canadiense retirado, profesor en la University of Northern British Columbia, y desde 1995 director de Rights Action (Derechos en Acción). Para mayor información sobre las luchas de los Q’eqchi’ en busca de la justicia, o si desea apoyarlas, comuníquese con: grahame@rightsaction.org, www.rightsaction.org.

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Juez de Corte Federal de Canadá acepta la posibilidad que Mariano Abarca no hubiera sido asesinado, si la Embajada canadiense en México hubiese actuado de otra manera; No obstante, niega ordenar una investigación

Compartimos el boletín de prensan de la Familia Abarca, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), MiningWatch y Otros Mundos respecto al fallo del Juez federal de Canadá- A 29 de julio 2019  >>Descargar en boletín en PDF<<


(Chiapas, Mexico City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no estuviera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration. 

Lo anterior lo señaló en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca. La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para que acallen las protesas en la comunidad cuando supuieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos que los querellantes identificaron no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en asegurar que fiscalización pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá y en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según los querellantes, la decisión de la corte carece de una examinación seria de porqué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá y sobre las cuales los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.

“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá publica y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.

Para Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano quien también estuvo presente en la audiencia en la Corte federal, la noticia del fallo no le sorprendió. “Como familia, sabíamos de la dificultad para que una corte en Canadá aceptará admitir una investigación por la actuación de funcionarios de la embajada canadiense. No investigar a la embajada de Canadá es tener miedo a conocer la verdad sobre la forma en que operan las empresas mineras en Latinoamérica y sobre todo en México y Chiapas donde funcionarios canadienses ayudan facilitar las operaciones de emprasas mineras canadienses que han causado severos daños ecológicos y atropellos a los derechos humanos. A pesar del fallo, no nos rendiremos y vamos a continuar en esta lucha por la justicia”.

Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, también litigante en el caso, considera que la decisión es emblemática de una problemática generalizada de impunidad para el sector minero canadiense. “El gobierno de Canadá beneficia de las actividades mineras en el exterior, y más allá de que haya razón o no en nuestra acusación, el no querer revisar el caso, ni ordenar una investigación habla de forma muy clara: no quieren que se investigue a su propia gobierno.”

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá presentaron su queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciaron su intención de llevar su denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendan su compromiso para que se efectúe una rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, están preparándose para ejercer su derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.

Para mas informacion:

  • Yavar Hameed, Hameed Law, yhameed@hameedlaw.ca, (613) 627-2974
  • Charis Kamphius, Justice and Corporate Accountability Project, ckamphuis@justice-project.org, 250-572-2625
  • Kirsten Francescone (para información o para organizar entrevistas con la familia o las organizaciones mexicanas), kirsten@miningwatch.ca

Antecedentes

Información que se obtuvo mediante solicitudes al acceso a la información demuestra que la embajada intervino con oficiales del gobierno mexicano para apoyar a la empresa cuando ya se sabía que era sobre el conflicto que ellos tenían con respecto a su proyecto de Blackfire en Chiapas, México, incluyendo a los riesgos que enfrentaba Mariano. Mariano alertó a la embajada sobre las preocupaciones que tenían las comunidades con respecto a los impactos de la mina y amenazas relacionadas. Poco después, Mariano fue detenido sin acusaciones en base a una denuncia que presentó la empresa en su contra. Además, solamente semanas antes que lo asesinaran, la embajada consultó a las autoridades mexicanas que acallen a las protestas en contra las operaciones de Blackfire.

Alrededor del mismo tiempo, oficiales federales se pronunciaron frente al Comité Permanente del Parlamento sobre las Relaciones Exteriores constatando que el rol de las embajadas canadienses es “trabajar muy de cerca con empresas, las comunidades afectadas, gobiernos, pueblos Indígenas y la sociedad civil para facilitar un diálogo informado y abierto entre todo los partes”. Sin embargo, la Embajada canadiense en México negó reunirse con la familia y organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en la comunidad hasta que pasaron meses después del asesinato de Mariano, a pesar de que ellos seguían otorgando apoyo a la empresa.

Documentos:

Decisión de Judge Boswell (inglés) disponible acá.

Resumen de la Queja presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá disponible acá.

Solicitud para la Revisión de la decisión del Comisionado por la Corte Federal de Canadá disponible acá.

Visita el blog: Justicia para Mariano Abarca 

Más información: 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL 

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

[Nota] Celebran Guelaguetza contra el extractivismo de 41 proyectos de minería

Compartimos esta nota sobre resistencias contra el extractivismo publicada en Página 3 a través de ChiapasParalelo – A 23 de julio 2019 

#AlianzadeMedios | Por Pedro Matías de Página 3 

SAN MARTIN DE LOS CANSECO, Oaxaca (pagina3.mx).- Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario“.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Mineríaconvencidos de que hacer comunalidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

Imagen: Página 3

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En el marco de la llegada de las consultas a pueblos indígenas de Chiapas, pidieron respeten su autonomía, la vida y la tierra. 

 

Ante la amenaza de utilizar 180 mil hectáreas para proyectos de extracción, energéticos e hidroeléctricos, el Movimiento Indígenas del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (Zodevite) pidió sea respetada su autonomía y su defensa por la Madre Tierra.

En el marco del inicio de consultas por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Chiapas, el Zodetive mencionó que los pueblos originarios siguen con problemas de dominación, despojo y extermino como desde hace 500 años, solo que ahora con nuevas máscaras.

El Movimiento expresó que el despojo avanza en el territorio de los pueblos originarios de Chiapas con los proyectos mineros, eólicos, petroleros, hidroeléctricos, geotérmicos, agroindustrias de monocultivos, todos ellos usan grandes cantidad de agua, tierra, bosque, aire, energía y materiales tóxicos.

Las empresas llegan con la promesa de trabajo asalariado, becas, clínicas, caminos como un sinónimo de progreso y desarrollo de los pueblos, sin embargo, amenazan con destruir lo que son y tienen: la vida, la tierra y el territorio.

El Zodevite afirmó que está proyectado usar 180 mil hectáreas para estos proyectos en los municipios de Ocotepec, Francisco León, Coapilla, Copainalá, Ixtacomitán, Tecpatán, Chapultenango, Chicoasén, Ostuacán, Tapilula, Solosuchiapa, Ixhuatán, Ixtapangajoya, Tapalapa, Juarez.

Los cuales pretenden avanzan mientras el número de pobres y desempleados crecen, lo que hace que deciden irse como migrantes a Estados Unidos, mencionó el Zodetive.

“En los últimos 200 años, el Estado-Gobierno ha menospreciado a nuestros pueblos zoques, entregando las tierras al as compañías extranjeras” afirmaron.

Por tanto, cuestionaron que si las consultas del INPI son sólo trámites para legitimar y legalizar los proyectos extractivos en el territorio zoque, ya que ante los atropellos que viven diariamente no han visto un cambio en su vida.

Desde 2016, de forma autónoma en Francisco león, Ixtacomitán y Chaputenango, se hicieron consultas comunitarias para que ningún proyecto extractivo entre y atente contra la vida de los pueblos y el medio ambiente.

Por último, el Zodevite hizo un llamado para seguir organizando y resistir ante los agravios y despojos para un nuevo despertar de los pueblos.

Imágenes: Chiapas Paralelo julio 2019

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El 15 de julio pasado, el cabildo del ayuntamiento de Huehuetán en la región del Soconusco aprobó por unanimidad el no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de centrales hidroeléctricas en el municipio chiapaneco. 

Esta acción es parte de la lucha de comunidades de dicho municipio y de Tapachula, quienes desde 2012 se oponen a los proyectos hidroeléctricos Coatán y Cuilco, informó La Voz del Pueblo mediante comunicado de prensa difundido el pasado lunes.

Desde el año 2012, dicha organización donde confluyen comunidades de la región costa y sierra chiapanecas han exigido a autoridades locales la cancelación de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades. 

“Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y actuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región”, refiere la organización chiapaneca que se opone a la construcción de la represa en la zona media alta de Tapachula entre los ejidos Mexiquito, Congregación Zaragoza y El Cairo, en el municipio de Huehuetán.

Al mismo tiempo las comunidades se oponen al proyecto que pretende instalarse en los ejidos Chespal Nuevo y Chespal Viejo, afectando territorios indígenas Mam de los municipios de Tapachula y Cacahoatán.

De acuerdo al testimonio de Claudia Ytuarte Núñez, integrante de la La Voz del Pueblo, existen por lo menos siete proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas en la región costa sur de Chiapas.

También, en la misma zona existen 78 conseciones mineras (de un total de 99 en todo Chiapas) en los municipios de Escuintla, Chicomuselo, Acacoyagua y Tapachula. Los minerales son extraídos por empresas canadienses y chinas, los cuales van del oro, plata, mercurio, zinc, plomo, hierro hasta el titanio, éste último clave para las industrias tecnológicas, aeronáutica, naval y armamentista.

“En 2014 vimos la relación presa-minería”, relata Ituarte, antropóloga quien ha colaborado con la organización del Soconusco desde su creación. “Dónde había permisos de exploración mineras en la costa fue donde ubicamos un punto cerca de Congregación Zaragoza donde esta la (presa) de Cuilco. La (presa) de Coatán donde está cerca el punto de Aguacaliente. Descubrimos que todos los minerales que son importantes extraer, la mayor parte marcaron desde Ciudad Hidalgo por toda la llanura hasta Mapastepec y el mar; con las presas realmente toda esta franja costera desaparecería porque es un sistema bien interconectado. Por ejemplo, los manglares desde San José hasta Pijijiapan están conectados por la (reserva) Encrucijada”. 

Renovables en Chiapas, un atractivo negocio

El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos. Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano. Ubicación del proyecto hidroeléctrico en el río Cuilco. “El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.

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Imagen: Avispa Midia 2019 

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