El Frente Popular en Defensa del Soconusco exige se declare al municipio de Acacoyagua “Territorio Libre de Minería”

 Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco, Otros Mundos A.C y la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 24 de enero de 2019 (Descargar el comunicado en PDF)

Acacoyagua, Chiapas, México 

A 24 de enero 2019 

Al gobernador del estado de Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas,

Al presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador,

A los medios de comunicación,

A la sociedad civil de Chiapas y México,

Hoy, jueves 24 de enero 2019, quienes conformamos el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS) nos reunimos con el presidente municipal de Acacoyagua, C.P. Elmer Campos, la Sindica María del Carmen Tzusuki Antonio y cuatro Regidores, para entregarles una solicitud en la que les pedimos se comprometan a frenar la minería en este municipio. Les solicitamos convoquen a una asamblea de cabildo abierto en donde el H. Ayuntamiento establezca un acta de “Territorio Libre de Minería” y lo publique en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

Somos habitantes, en su mayoría campesinos y campesinas, de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazados por 21 concesiones mineras. El municipio de Acacoyagua en sí solo está invadido por 13 concesiones, para la explotación de ilmenita, cobre, titanio, plomo y barita. Además de la amenaza de proyectos de dos mini hidroeléctricas y una planta de geotermia.

Ya hemos visto cómo la minería afecta nuestro territorio y nuestros derechos colectivos, a raíz de las actividades de explotación del Grupo Male S.A de C.V. en los ejidos de Libertad y María Esther, y de los trabajos de exploración del Grupo El Puntal S.A. de C.V. en los Ejidos de Cacaos, Satélite Morelia y Magnolia, además de las labores de la Trituradora “Pataste”. 

Hemos denunciado en varias ocasiones los múltiples actos de intimidación, ataques, compra de conciencia e intentos de división comunitaria a los cuales recurren estas empresas para imponer sus proyectos. También sufrimos daños a la salud y al medioambiente: irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, deforestación y contaminación del aire. Hasta el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, escuchó cómo la minería contamina a los ríos Cacaluta, Chocolate y Cintalapa que nos abastecen de agua. Aquí vivimos principalmente del cultivo de mangos, arroz, cacao, frijol, café, maíz, ajonjolí, rambutan, entre otros, y no queremos que nuestra tierra siga perdiendo productividad a causa de la minería.

En nombre de nuestro derecho a una vida digna y de todos l@s Chiapanec@s a un medio ambiento sano, no dejaremos que la minería siga avanzando en nuestra tan bella región. Las montañas de la reserva del Triunfo y los manglares de la Encrucijada son de tod@s y para tod@s es importante cuidar estos ecosistemas de los cuales dependemos para seguir viviendo en buena salud.

Necesitamos que el H. Ayuntamiento se una a nuestra digna lucha ya que es su obligación otorgar el permiso de uso y factibilidad de suelo, es decir quien tiene el poder de decidir si la tierra se entrega o no a la mineras. En apego a lo establecido por los artículos 1º y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo al Principio de Precaución, solicitamos:

Primero.- Se comprometa a no autorizar ninguna solicitud de permiso de uso y factibilidad para minería de ningún tipo, “a tajo o a cielo abierto” o “subterránea”.

Segundo.- Se comprometa a actuar en caso de que alguna empresa minera ponga en operación la fase de exploración o explotación.

Tercero.- Respete la decisión del Ejido Acacoyagua, de los Bienes Comunales de Acacoyagua y del Ejido 15 de Septiembre de no permitir que los camiones de carga y la maquinaria de los mineros dañen sus caminos ejidales y municipales.

Cuarto. Se comprometa a dar aviso de inmediato tanto a la población como a grupos organizados y a los representantes agrarios que le compete, en caso de que algún empresario, directivo o promovente del ramo minero se presente ante su envergadura para establecer diálogo, pedir información, hacer trámites o solicitar el permiso correspondiente.

   Requerimos el siguiente procedimiento:

Convoque a una asamblea de cabildo abierto, en donde esté presente la ciudadanía que vive en Acacoyagua, con el propósito de analizar, discutir y refrendar los hechos en un acta en la cual el Municipio sea declarado como “Territorio Libre de Minería”. 

– Se comprometa a realizar todas las gestiones que le corresponden en un máximo de dos meses a partir de la asamblea de cabildo abierto, incluyendo que el acta sea publicada en el POF del estado de Chiapas.

– Exhorte a los H. Ayuntamientos de los Municipios “Escuintla”, “Acapetahua” con quienes colindamos a que se pronuncien en el mismo sentido y se declaren también como “Territorios Libres de Minería

– Solicitamos que explore los mecanismos legales conducentes para elaborar o, en su caso, modificar un ordenamiento ecológico territorial municipal, mediante el cual determine la protección de todo el territorio municipal de actividades extractivas que nos pongan en riesgo (minería, hidroeléctricas y geotermia)

Llamamos a los medios de comunicación y a la sociedad civil en general a respaldar nuestra digna lucha por la vida y el territorio y estar al pendiente de cualquier acto de criminalización que podamos sufrimos por oponernos al extractivismo minero y del modelo energético  en el Soconusco.

FIRMA:

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” (FPDS)

APOYA:

Otros Mundos A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Foto: Reunión del FPDS con el Ayuntamiento de Acacoyagua el 24 de enero 2019 (Crédito: FPDS)

>> Descargar el comunicado en PDF

Más información:

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo! 

Chiapas: Defensores de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión 

En la prensa: 

Activistas piden declarar a Acacoyagua libre de minería  

Habitantes de Acacoyagua piden sea declarado territorio libre de minería 

Exigen pobladores de Acacoyagua parar las concesiones de minería 

30 de enero en CDMX: «Expansión de Proyectos eléctricos en Centroamérica»

Les invitamos a la presentación del material «Expansión de proyectos eléctricos en Centroamérica. El desarrollo de un sistema eléctrico regional fuera del control de los pueblos», que forma parte de una investigación realizada por el colectivo GeoComunes con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo México. 

La presentación será el miércoles 30 de enero 2019 a la 17.45 en el café Zapata Vive (Certificados 6, Álamos, 03400 Ciudad de México, a unas cuadras del metro Xola).

La investigación consistió en un mapeo de los proyectos eléctricos en los países de Centroamérica. Este día se presentará un material impreso y en un geovisualizador digital construidos a partir de este trabajo.

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Más información:

Megaproyectos, militarización y control socio-territorial en la zona transfronteriza México-Guatemala 

Guatemala: asesinan a dos defensores que resisten a proyectos hidroeléctricos en Ixquisis 

Honduras: Las Mujeres en Resistencia ante la Imposición de Proyectos Hidroeléctricos en el Departamento de La Paz 

A un año de la muerte de Rosy Govela: Tu incansable fuerza de lucha nos guía

Querida Rosy,

Mujer sensible, solidaria, madre, hermana, amiga. No te olvidamos, sigues en cada uno de nosotros. Te recordamos cosechando la esperanza, construyendo la resistencia y dispuesta en la lucha por los derechos de las mujeres y la defensa de los pueblos. Tu ejemplo sigue vivo y tu presencia nos acompaña.

Recordamos tu sonrisa, tu inagotable fuerza y tus ganas de seguir adelante, siempre estarás en nuestros caminos, en las luchas, en nuestro andar por un mundo mejor.

A un año de tu partida sigues presente querida Rosy, ¡hasta siempre! 

 Firma:

REMA

Foto: Rosa Govela (Crédito: Pie de página)

Más Información: 

Rosy Govela, ¡Siempre estarás presente!

Sierra Norte de Puebla: El Subsecretario de Minería avala proyecto minero repudiado por comunidades indígenas

La Secretaría de Economía infiltrada por operadores de la minería tóxica

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 21 de enero 2019

«Un área de gobierno estratégica infiltrada y confiscada hoy por la megaminería tóxica»

Desde hace meses en REMA hemos venido denunciando y advirtiendo manifestaciones preocupantes actuales de subordinación gubernamental a los intereses de la megaminería tóxica en el país. En ese mismo sentido, y en plena concordancia con lo señalado recientemente por Juan Carlos Ruiz Guadalajara el pasado 7 de enero en La Jornada, en torno a las perspectivas que se perfilan respecto a la política federal en el campo de la minería ahora mismo y para los próximos años, denunciamos hechos concretos que indican la continuidad de la política permisiva e irresponsable que ha sido llevada a cabo en los últimos treinta años en México, de entrega de bienes naturales y de soberanía a favor del saqueo y la generación de daño irreversible a diverso nivel, en términos ambientales, de salud, económicos y culturales, entre otros. Nos referimos en particular al sistema de minería a tajo abierto por metales, una de las modalidades más tóxicas de extracción de minerales en todo el mundo.

En este rubro, la nueva gestión de gobierno federal no implica novedad alguna. Ha colocado como funcionarios en áreas estratégicas de la Secretaría de Economía a operadores directos o indirectos de las propias empresas, propiciando así la continuidad del modelo extractivo que a cambio de expoliar bienes naturales del país y de romper la trama social de las comunidades, deja una estela de desolación y muerte. Con este tipo de medidas muy lejos nos encontramos de una transformación como la anunciada por el gobierno del presidente López Obrador, y muy lejos también del respeto a la voluntad y el verdadero bienestar de las comunidades y de sus territorios, pues sigue avanzando la degradación de nuestros territorios, gestionada por los personeros de las empresas ya colocados en el gobierno actual.

Coincidimos con Ruiz Guadalajara al señalar de manera específica a la actual secretaria de economía, Graciela Márquez, quien en su corta gestión ya ha demostrado un desprecio absoluto por las luchas en defensa de la integridad de los territorios y una clara alineación con los intereses depredadores de las empresas, al designar como subsecretario de minería a Francisco Quiroga, ex funcionario de Zedillo y de Fox y ex empleado de empresas mineras con claros antecedentes de abusos a diverso nivel. Quiroga funciona ya como franco agente de empresas como la Almaden Minerals anunciando en la Sierra Norte de Puebla el apoyo de AMLO a esas iniciativas.

Como también señala Ruiz Guadalajara, otra prueba del servilismo de esta nueva camada de políticos empresariales para con el capital privado, el empresario minero Armando Guadiola, por cierto senador por Morena y anterior militante priísta, es otro de los operadores de las mineras que ya actuó para bloquear la iniciativa de la senadora Angélica García -por cierto de la cual REMA también fijo su posición-, que pugnaba por declarar zonas inviables de explotación por impacto social negativo. El mismo Guadiola ha anunciado que la próxima titular de la Dirección General de Minas será a su vez Laura Díaz Nieves, experta en la defensa legal de las empresas mineras canadienses y quien ha sido incluso integrante de una de ellas, la Goldplay Exploration.

¿Es que el presidente López Obrador no sabe quiénes son estos cuatro personajes y sus compromisos? ¿O lo sabe?

La presencia de estos cuatro operadores de la megaminería tóxica denota el grado de infiltración del actual gobierno federal por intereses ajenos a las comunidades. Estas posiciones estratégicas otorgadas a la megaminería tóxica al interior de la gestión gubernamental encabezada por López Obrador nada bueno auguran, ni para el bien común del país ni para la legitimidad del gobierno federal.

¿Dónde están y cuáles son y puéden ser los proyectos de las propias comunidades? Eesa debe ser hoy por hoy la materia prioritaria de la Secretaría de Economía.

¡Exigimos una política federal de apoyo categórica a la integridad de los pueblos y sus territorios!

¡Exigimos un ejercicio de gobierno que no se humille ni subordine ante los intereses de las empresas de megaminería tóxica!

¡NINGUNA PROSPECCIÓN, CONCESIÓN, EXPLORACIÓN NI EXPLOTACIÓN MINERA DEBE AUTORIZARSE AL MARGEN DE LA VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES!

¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE TODAS LAS CONCESIONES MINERAS EN MÉXICO!

¡FUERA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE TODO EL GOBIERNO FEDERAL A LOS OPERADORES DE LAS EMPRESAS DE MEGAMINERÍA TÓXICA Y DE TODOS LOS MEGAPROYECTOS!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)

Foto: Francisco Quiroga, subsecretario de minería

Más información:

¿Quién es Francisco Quiroga? Actual Subsecretario de Minería

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AMLO y el ganso de los huevos de oro

 

 

 

[VIDEO] Nuevas herramientas para entender la Captura Corporativa

Publicación de la Red-DESC – A 18 de enero 2018

Los miembros de la Red-DESC han venido utilizando cada vez más el término «captura corporativa» para referirse a los medios por los cuales una élite económica socava la realización de los derechos humanos y medioambientales al ejercer una influencia indebida sobre los tomadores de decisiones nacionales e internacionales y las instituciones públicas.

En los últimos cuatro años, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa, el grupo de trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC ha trabajado para aumentar la sensibilización y diseñar estrategias para abordar esta tendencia global. En el 2018, los miembros han llevado a cabo acciones de abogacía, investigación y comunicación, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto, incluyendo:

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Sobre la base de este proyecto, en 2019, la Red-DESC iniciará una campaña en toda la red para empezar una conversación más amplia sobre la captura corporativa y el impacto que esta tendencia está teniendo sobre los derechos a la tierra, la vivienda y los recursos naturales. Prestando atención a cómo esas preocupaciones impactan a las mujeres y requieren su liderazgo, esta campaña trabajará para involucrar al conjunto de los miembros de la Red-DESC para sensibilizar sobre la tendencia de la captura corporativa y el desarrollo de estrategias para contrarrestarla. Si usted desea saber cómo puede unirse a la campaña de la Red-DESC sobre captura corporativa en el 2019 envíe un correo electrónico Gabriela C Martins: gcmartins@escr-net.org.

Más información:

¿Porqué teme la Unión Europea el establecimiento de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos?

Gustavo Castro: «Nos parece fundamental un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos»

[INFORME] Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas

Informe publicado por Sursiendo, Comunicación digital en enero de 2019

>>DESCARGAR EL INFORME AQUÍ<<

 El día de hoy Sursiendo da a conocer su primer Informe Investigación sobre seguridad digital con organizaciones sociales de Chiapas.

En el presente Informe se aborda el proceso de diagnóstico, hallazgos y aprendizajes resultados del acompañamiento de Sursiendo en seguridad digital desde el enfoque de la autodefensa digital y los autocuidados junto a 8 organizaciones defensoras de los derechos humanos de Chiapas.

Diagnóstico tuvo el objetivo de conocer las necesidades de las organizaciones en seguridad digital con relación a sus labores de defensoría de los derechos humanos. Para con él, posteriormente, desarrollar herramientas y prácticas colectivas graduales de autocuidados digitales.

En un contexto donde Internet visto y pensado como territorio está sujeto a disputas actuales visibles y discutidas como los modelos de extracción de valor de nuestras comunicaciones casi exclusivamente guiados por el valor de mercado, la industria de la vigilancia, y el crecimiento de las facultades de vigilancia de los gobiernos.

El proceso de diagnóstico echa mano de un conjunto de metodologías participativas como la educación popular y herramientas de investigación-accion (IAP), informa-acción, y del manual Diagnósticos en seguridad digital para organizaciones defensoras de derechos humanos y del territorio, desarrollado por Técnicas Rudas.

Un trabajo que valora el aprendizaje desde las propias experiencias de uso de quienes acompañan. Sin perder de vista el papel y la importancia de la generación de los acuerdos colectivos al interior de las organizaciones que se acompañan.

Una publicación que indudablemente representa una contribución al oficio de la pedagogía del aprendizaje mutuo de la seguridad digital en dos dimensiones, la reflexión política tecnológica y su acción

 Ø  Presentación:

Este es el informe sobre uno de los caminos recorridos durante 2018 como Sursiendo, donde hemos convivido con lo local y lo digital, en un proyecto-proceso de investigación con organizaciones sociales de Chiapas para realizar un diagnóstico sobre seguridad digital.

Según un estudio de Lori Lewis y Chadd Callahan (Desjardins, 2018), con datos de mayo de 2018, en una hora se envían más de 10.000 millones de emails, se descargan 22 millones de aplicaciones o se realizan 222 millones de consultas en buscadores. En México, más del 65% de la población está conectada, según datos de Internet World Stats (2018).

Hoy en día Internet es fundamental para entender cómo funcionan nuestras sociedades, ya que está presente en casi todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales de México y del mundo. Estar en línea es muy importante para gran parte de la población. También para el trabajo de defensa de derechos humanos.

Más allá de las cifras pensamos que debemos fijarnos más en los quiénes, los cómos y los qués. Cómo usamos y nos relacionamos a través de Internet, y a través de qué dispositivos y programas. Qué ponemos en riesgo al estar en línea.

Nos gusta pensar Internet como un territorio, «como el espacio vivido, sentido y parte integrante de su cotidianidad», según lo define Arturo Escobar (2010); el territorio es el escenario de las relaciones sociales, por eso vemos Internet como una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción, de su ‘habitarlo’. Pero ese territorio, como muchos otros, está amenazado por el neoliberalismo, a través de la vigilancia y el control, la criminalización y el despojo, la comercialización de datos personales y la falta de ética. Internet es un territorio en disputa.

Así, durante todo el año 2018 nos propusimos realizar una investigación sobre una parte de esta disputa: la seguridad digital en organizaciones sociales de Chiapas, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación de este tema en la región.

En México, la situación de la seguridad digital atraviesa momentos de amenaza a organizaciones, activistas sociales y defensoras de derechos humanos, como hemos visto con el despliegue de la vigilancia de Estado y los casos de utilización de software de espionaje Galileo, de la empresa Hacking Team, o Pegasus, de NSO Group, además de criminalización y censura. Tanto instituciones públicas como corporaciones tecnológicas ponen en riesgo la seguridad en el trabajo de defensoría y acompañamiento a procesos colectivos, que también se ve afectada por el crimen organizado.

Nos planteamos hacer un proceso de diagnóstico basado en metodologías de la educación popular y dinámicas participativas con talleres, encuestas, entrevistas y fichas de información en la red, yendo a sus contextos, conociendo sus espacios; para pasar a analizar toda esa información y posteriormente hacer una devolución que sirviese para mejorar las prácticas que se tienen en los entornos digitales, y así tener una base firme para realizar un acompañamiento de largo plazo.

Pero ¿qué es la seguridad digital? En algunos casos es definida como la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con ésta y, especialmente, la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras; o también se puede definir como las prácticas y las herramientas que utilizamos las y los usuarios para proteger aparatos, información e interacciones digitales.

Mucho de eso hay, pero desde Sursiendo preferimos ver la ‘seguridad digital’ como las prácticas de autodefensa y autocuidados digitales, como las formas de mejorar nuestra ‘vida digital’ en un (largo) camino hacia la soberanía tecnológica. O como también describen algunas de las personas de las organizaciones participantes: “una serie de hábitos, herramientas que uno utiliza en su cotidiano para poder proteger la información” o “la posibilidad de moverme por el ciberespacio sin que eso me pusiera en un riesgo no elegido. Ni a mí, ni a las personas que me rodean, ni en el trabajo”.

Consideramos que la ‘seguridad’ como concepto es en sí mismo engañoso y ha desembocado en el estado de vigilancia en el que cual estamos actualmente. No hay manera posible de estar ‘seguras y seguros’ al 100%, pero sí podemos tomar medidas para cuidar nuestras acciones digitales y así cuidar también nuestro trabajo de defensoría y activismos.

Sin embargo, y debido a que el concepto de ‘seguridad digital’ ha adquirido una utilización más generalizada para hablar de este tema, lo nombraremos de este modo a lo largo de todo el informe.

Este proceso de diagnóstico ha sido realizado con ocho organizaciones de Chiapas que trabajan distintos ámbitos, como los derechos humanos, migraciones, derechos de las mujeres, defensa de la tierra y el territorio, acompañamiento a comunidades en resistencia o con propuestas alternativas al modelo extractivo de “desarrollo”. Por guardar la confidencialidad y proteger sus procesos no se mencionan sus nombres en este informe.

En las siguientes páginas hacemos un resumen de qué ha pasado con la seguridad digital en México y en Chiapas, cuáles han sido los hallazgos de la investigación y qué necesidades y retos se plantean.

>>DESCARGAR EL INFORME AQUÍ<<

¡Libertad para el río Gualcarque en Honduras! ¡Fuera DESA!

Comunicado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 10 de enero de 2019

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han presentado una acción legal (amparo) ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la cancelación de la concesión al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Durante la acción las comunidades Lencas organizadas en el COPINH realizaron una manifestación en la capital de la república de Honduras que terminó en agresiones hacia nuestros compañeros y compañeras por parte de las fuerzas represoras del gobierno quienes nuevamente impidieron el ingreso del pueblo a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En el año 2017 las mismas organizaciones intentaron declarar inconstitucionales los decretos legislativos que otorgaban la concesión a la empresa que asesinó a nuestra compañera Berta Cáceres.

#RepresaDeMuerte
#DesaAsesina
#JusticiaParaBerta
#FaltanLosAtala

Foto: Conferencia de prensa del MADJ y COPINH el 10 de enero ante la CSJ en Tegucigalpa, Honduras. (crédito: COPINH)

Más información:

Galería de FOTOS Y VIDEOS de la manifestación y de la conferencia

Comunicado de la Familia de Berta Cáceres, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo

Tribunal aún no puede emitir sentencia a culpables por el asesinato de Berta Cáceres  

Liberar al río Gualcarque es reivindicar a Berta

[INFORME] Vidas borradas: La invisibilización de las víctimas del desplazamiento por presas en México

Informe publicado en 2018 por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), OXFAM

 

El presente documento expone los resultados de una investigación sobre el desplazamiento de personas a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica en México y el periodo 2006-2016. Su objetivo principal fue proporcionar información estadística al informe alternativo que la sociedad civil entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (cdesc).

En esta introducción se revisa críticamente el discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo, y se presenta una caracterización general de las presas construidas durante los siglos xx y xxi  para diferenciarlas en términos de sus dimensiones, sus aprovechamientos y la magnitud de sus impactos.

El segundo capítulo describe la metodología diseñada para el análisis de las presas y de sus afectaciones sociales. Como allí se menciona,  os datos empleados provinieron principalmente de documentos oficiales publicados por dependencias federales durante los sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como gran parte del trabajo consistió en la caracterización de las obras de infraestructura hídrica, en el tercer capítulo se presentan los rasgos básicos de las 259 presas levantadas en el periodo 2006-2016: ubicación, altura de la cortina, capacidad de almacenamiento, usos del agua y promoventes.

El capítulo continúa con la descripción general de las 35 presas seleccionadas para el análisis, de capacidad mayor de 0.5 hectómetros (hm3), y en su última parte se enuncian las afectaciones sociales derivadas de los desplazamientos.  Finalmente, en el cuarto capítulo, a modo de conclusiones se aporta una reflexión sobre los principales hallazgos de la investigación.

1.1 El discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo

En este apartado se reúnen los argumentos utilizados para justificar el emprendimiento de programas y proyectos de desarrollo en los dos periodos de gobierno mencionados y se señalan las presas que la federación ha reconocido como prioritarias.

Con los Planes Nacionales de Desarrollo (pnd) se rigen las políticas federales durante cada sexenio. En los correspondientes al periodo en estudio se observa que el discurso de la sustentabilidad ambiental fue asumido como un principio del desarrollo, por lo cual plantean el impulso de energías limpias y renovables a fin de atenuar y contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. En cuanto a los sectores hidráulico e hidroeléctrico, reiteran la importancia de avanzar en la gestión del recurso agua mediante el incremento de la eficacia en el manejo de las presas, lo que conllevaría (supuestamente) una mayor dotación del líquido a la población.

En el discurso oficial, uno de los argumentos más recurrentes para respaldar los proyectos de infraestructura hidráulica es la necesidad de proveer de recursos hídricos a determinadas poblaciones, apelando en algunos casos al derecho humano al agua. Tal intención se presenta como el eje de la gestión del agua en un contexto de creciente incorporación del sector privado en el manejo de los recursos hídricos e hidroeléctricos, recomendada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Conagua, 2014).

Esta transformación en el diseño y la gestión de la infraestructura hidráulica se manifiesta en políticas públicas que de manera reiterada esgrimen la imperiosa necesidad de fortalecer la productividad y la competitividad de las distintas regiones de México de cara a un escenario global en constante dinamismo y en el que la competencia y el libre mercado son el único camino para el desarrollo. Se asume, por lo tanto, que el Estado mexicano debe seguir los lineamientos de corte neoliberal y tomar por sentado que «el rol que juegan los gobiernos debe ser para eliminar obstáculos, fomentar la orientación hacia mercados o sectores estratégicos, la desregulación y la coordinación entre diversos agentes y órdenes de gobierno» (pr, 2013: 17).

Otros documentos que aportan datos y elementos para comprender el discurso oficial son los Programas Nacionales de Infraestructura (PNI), que incluyen la descripción de los principales proyectos en los rubros de infraestructura hidroagrícola y control de inundaciones. El PNI 2007-2012 (pr, 2007) destaca las presas:

1. El Cajón, Nayarit.
2. La Yesca, Nayarit.
3. Santa María, Sinaloa.
4. Picachos, Sinaloa.
5. El Carrizo, Jalisco.
6. El Naranjo, Jalisco.
7. Francisco J. Múgica, Michoacán.
8. El Yathé, Hidalgo.

En el PNI 2014-2018 (pr, 2014a, b y c) se subraya la supuesta necesidad de acordar inversiones conjuntas entre los sectores público y privado, e incluso se habla de una democratización del agua en la cual quedarían insertos los proyectos de infraestructura hidráulica. Asimismo, se pone énfasis en la región sureste, en la que se pretende aprovechar la abundancia de recursos naturales en un contexto de poco desarrollo de la infraestructura.

Los principales proyectos que señala el PNI 2014-2018 no coinciden del todo con los del PNI 2007-2012, pues indica los siguientes:

1. Nuevo Guerrero (La Parota), Guerrero.
2. Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina, Oaxaca.
3. Las Cruces, Nayarit.
4. Central hidroeléctrica Chicoasén II, Chiapas.
5. Tenosique, Tabasco y Chiapas.
6. Presa de almacenamiento La Maroma, San Luis Potosí.
7. Chiapan (Angostura II), Chiapas.
8. La Yesca U1 y U2, Nayarit.
9. La Palma, Baja California Sur.
10. La Higuerilla (Alberto Andrés Alvarado Arámburo), Baja California Sur.
11. Piedras Azules, Chihuahua.
12. Rocheachi, Chihuahua.
13. El Yathé, Hidalgo.
14. Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para Jalisco y León.
15. La Laja, Guerrero.
16. Sistema Purgatorio-Arcediano, Jalisco.
17. Santa María, Sinaloa.

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (conagua, 2014) se señalan las atribuciones de cada una de las dependencias que intervienen en el manejo del recurso agua, sin profundizar en proyectos específicos. Por su parte, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el lapso 2007-2016 (CFE, 2007) destaca la dimensión técnica de las obras. Un dato interesante de este documento es el reconocimiento de que en algunos casos surgen problemas sociales que complican e incluso retrasan el curso de los proyectos, como en La Parota, ahora renombrado Nuevo Guerrero.

Es importante señalar que el conjunto de estos documentos, que recogen el discurso oficial en cuanto a los proyectos de desarrollo, deja de lado las problemáticas que conllevan la construcción y la gestión de tales proyectos, lo cual es grave pues varios de éstos son de grandes dimensiones y requieren un gasto excesivo de recursos públicos por periodos prolongados.

Ante la omisión por parte del Estado mexicano de ofrecer información sistematizada y de fácil acceso sobre todas las características de las grandes presas, incluso de sus implicaciones sociales y ambientales negativas, se vuelve necesaria la generación de una metodología que posibilite encontrar y recopilar información útil y suficiente para analizar y diagnosticar tales problemáticas y, con ello, fortalecer los argumentos de denuncia de los procesos de desplazamiento desencadenados por esas obras.

Más información:

Declaración del 13º Encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

[VIDEO] «Mesoamericanas»: corto-documental sobre defensoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

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Este documental, dirigido por Alma Laura Hernández Arévalo, pone el foco sobre el trabajo y el contexto que enfrentan las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica, a partir del testimonio de compañeras como Francisca Ramírez (Nicaragua), Miriam Miranda (Honduras), Sonia Sánchez (El Salvador), Trinidad Ramírez (México) o Cesia Juárez, Guadalupe Marcos y Ana Karen Juarez (Guatemala).

Más información:

Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

El Manifiesto de la Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

Los Perfiles de la Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

[INFORME] Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística

[AUDIO] Represa impuesta con sangre: asesinan a dos defensores del río Pojom en Guatemala

Nota y audio de Radio Mundo Real – A 20 de diciembre 2018

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO AQUÍ <<

El Consejo de Pueblos Wuxhtaj y el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que integran el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR), denunciaron que el 16 de diciembre fueron asesinados los hermanos Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, oriundos de la comunidad Bella Linda, microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala).

Ambos eran defensores del río Pojom y se oponían a la construcción de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés. «Fueron asesinados a balazos, en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica», denunciaron desde el Movimiento de Afectados por Represas.

Joel, responsable de la organización comunitaria de Bella Linda, dijo a RMR que el Ministerio Público Fiscal y la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron con negligencia luego que organizaciones de derechos humanos denunciaran ante las autoridades la aparición de los cuerpos de los hermanos en la casa de máquinas de la empresa hidroeléctrica.

Desde el Consejo del Pueblo Maya (CPO) señalaron que estos crímenes son parte del hostigamiento y otros tipos de violencia ejercida por integrantes de la empresa panameña Energía y Renovación Holding S.A., que ha impuesto sus proyectos en el territorio con la complicidad del gobierno guatemalteco, la represión de la PNC y el apoyo de inversiones de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Francisco Rocael, integrante del CPO,  dijo a Radio Mundo Real que estos proyectos extractivistas han dividido a muchas comunidades, generando conflictos a través de «infiltrados» que enfrentan a pobladores entre sí. El defensor pidió justicia por los asesinatos de los Esteban Pedro y recordó que también sigue impune el crimen de Sebastián Alonso, cometido en enero de 2017, asesinado por fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra Pojom I.

«Esta situación se suma a una serie de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas por la implementación de una política energética en Guatemala para satisfacer una demanda de las grandes industrias y no las demandas de las comunidades. Una política energética que se está imponiendo con sangre, con división comunitaria, con represión estatal y militarización, que pretende convertir al país en uno de los exportadores de energía a nivel regional», dijo Rocael.

«Se debe llegar no solo a los autores materiales sino también intelectuales de estos crímenes, perpetrados para proteger altos intereses económicos. Este tipo de proyectos que se presentan como vectores de desarrollo para los pueblos campesinos de nuestro continente no garantizan ningún derecho, ni el derecho básico a la electricidad», agregaron desde el Movimiento de Afectados por Represas y Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México, que adhiere a esta denuncia.

Desde MAR y CPO también denunciaron “la farsa” de “los Acuerdos de paz y desarrollo de San Mateo Ixtatán” firmados en octubre sin el consentimiento de la comunidad local, luego de una intimidación de 300 efectivos de la Policía Nacional Civil que custodiaban las instalaciones de la empresa Energía y Renovación para hostigar a la población en resistencia. Ante estos hechos, los movimientos sociales exigen, una vez más, la cancelación definitiva e inmediata de los proyectos Pojom I, Pojom II y San Andrés.

Más información:

Denunciamos el doble asesinato de miembros de la resistencia de Ixquisis (comunicado del Consejo de Pueblos Wuxhtak)

Guatemala: asesinan a dos defensores que resisten a proyectos hidroeléctricos en Ixquisis (comunicado de Otros Mundos A.C. y MAR)

Pronunciamiento ante doble asesinato, agresión física y situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Mensaje de la REMA al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: «Coincidencias y Discordancias»

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de diciembre 2018

LIC. ADELFO REGINO MONTES,

En REMA leímos con atención su repuesta a nuestro comunicado del 13 de diciembre 2018. De su respuesta apreciamos la importancia en la cual hace pública su postura y «reitera su firme convicción de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar a los pueblos indígenas su derecho fundamental a sus tierras, territorios y recursos naturales», porque tomando en cuenta la legitimidad con la cual ingresan a tomar las riendas del mando en este sexenio, muchas y muchos no esperaremos menos de ninguno de los funcionarios del nuevo gobierno, porque en términos concretos es su obligación.

Sin embargo, no compartimos algunas de sus apreciaciones cuando usted señala: «es necesario enfatizar que en la Constitución Política Federal, en el Convenio número 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas, la consulta y el consentimiento no están previstos como una herramienta estatal, sino como un derecho fundamental de los pueblos indígenas”, porque son varios pueblos originarios en Latinoamérica que realizan álgidos debates sobre los cambios constitucionales que citan la importancia de los pueblos originarios y sin embargo, a través del uso de la consulta, han sufrido la imposición del modelo extractivo. También revisan y cuestionan el pero real que en verdad tienen tanto el convenio como la declaratoria, para los cuales mencionan por lo menos los siguientes argumentos: 1. El hecho de que exista un marco normativo sobre los derechos humanos y de los pueblos originarios, no significa que estén bien hechos ni que tengan efectos vinculantes de forma directa, porque si así fuera, nada de lo que ocurre actualmente con el modelo extractivo sucedería. 2. Tampoco se garantiza que los gobiernos hagan cabal cumplimiento de su uso, porque desde hace años, no se respeta los derechos reconocidos en la constitución, el convenio y la declaratoria. Por el contrario, hoy son utilizadas para manipular el marco ético y de buena fe que dichos documentos refrendan, para pasar encima de la historia de los pueblos originarios. Para REMA son temas para el debate, porque recurrentemente usan esos argumentos para imponer los megaproyectos.

Por otro lado, cuando nos plantea que «el Instituto tiene el mandato de ser el órgano técnico para el ejercicio de este derecho, por lo que será garante que se cumplan los más altos estándares internacionales», por supuesto que lo sabemos, pero hay contrastes que ponemos a su consideración por ejemplo; ¿cómo fue que aplicaron los «más altos estándares» cuando implementaron los “Foros de Consulta sobre la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”? ¿En qué posición de respeto y credibilidad por la lucha de los derechos de los pueblos originarios lo ponen a usted, las ocurrencias folclóricas de los rituales para imponer el tren maya? ¿Los más altos estándares internacionales para realizar consultas a los pueblos cuando se aplicarán?, porque nos queda claro que en el tren maya, por lo menos lo previo como derecho ya fue vulnerado.

En REMA no actuamos con dolo como nos lo hace saber a través de un twitter, hacemos planteamientos críticos y denuncias sobre un modelo que genera despojo y desplazamiento forzado, el cual no podemos permitir siga protegiéndose con actuaciones vagas, sumisas o por desconocimiento. De este nuevo gobierno no queremos titubeos, sino decisiones firmes que refuercen y refrenden el respeto de los derechos de los pueblos originarios, porque ya los gobiernos anteriores fueron fiel referente de la sumisión, la impunidad, y la violación de derechos. En ese contexto, desde nuestro nacimiento trabajamos, entre otras cosas, por desmitificar el «progreso y desarrollo» del modelo minero y de aquellos personeros que desde el gobierno y desde las empresas lo pretenden perpetuar. Con ello no decimos que a usted lo tenemos en esa categoría, pues no tenemos más argumentos para que ello suceda en estos momentos, pero es nuestro deber exigirle trabaje bien y a mil por hora no porque sea necesario para REMA, sino para los pueblos que en estos momentos ya les han sido vulnerados sus derechos, como los cientos de comunidades de Oaxaca con concesiones mineras.

Coincidimos con usted; en estos momentos álgidos del modelo extractivo, es prioritario luchar por garantizar que los pueblos originarios ejerzan el pleno disfrute de su derecho fundamental a sus tierras, territorios y bienes naturales, a lo cual sumaríamos también el derecho a su cultura, a mantener y fortalecer sus procesos identitarios y no folclorizarlos, y dar total certidumbre y garantía a su libre determinación.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

 

Pronunciamiento ante doble asesinato, agresión física y situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Pronunciamiento de organizaciones sociales de Guatemala, México y el mundoHuehuetenango, Guatemala, A 20 de diciembre 2018

Las organizaciones organizaciones, colectivos y personas firmantes, entre las cuales Otros Mundos A.C., manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán.

Las personas defensoras del territorio y del medioambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.) que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW.

Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II, se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco.

En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017; asesinato que sigue sin esclarecerse.

 

Además de este doble asesinato se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018:

– Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas.

– 12 de octubre: En el transcurso del día dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días.

– 20 de octubre y 7 de noviembre: hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada.

– 9 de diciembre: agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo su hija Maria Jorge Gómez y su nuera, Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas.

La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más un año nuevamente ha aumentado de intensidad impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular de uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez.

A principios de noviembre de 2018 fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un «Acuerdo para la Paz y el Desarrollo» en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo, han registrado un aumento de ataques en su contra.

Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos:

– Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan.

– Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos.

– Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencias y que tome medidas de protección especificas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis.

– Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis.

– A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido.

– A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

FIRMAMOS:

Accountability Counsel, Estados Unidos
ACODET, Guatemala
Alerte Honduras, Francia
Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), Guatemala
Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
Asociación Civil El Observador, Guatemala
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional
ALIANZAS Unitarian Universalist Church of Arlington, Estados Unidos
American Jewish World Service, Estados Unidos
Asociación Civil Verdad y Vida, Guatemala
Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), Guatemala
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), Guatemala
Bank Information Center, Estados Unidos
Bank Information Center Europe, Regional
BC CASA-Cafe Justicia, Canadá
Both Ends, Holanda
Anne Bordatto, Guatemala
Lorena Bugueño, Chile
Cadena para un Retorno Acompañado (CAREA), Alemania
Carlos Alfaro Aldana, Guatemala
Carlos Salamanca, Investigador Adjunto Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, (CONICET), Argentina
Cataylst Project, Estados Unidos
Center for International Environmental Law (CIEL), Estados Unidos
Center for Participatory Change, Estados Unidos
Alejandro R. Chan S. Politólogo, Guatemala
Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Estados Unidos
Sandra Elizabeth Chuc Norato, Guatemala
CISPES, the Committee in Solidarity with the People of El Salvador, Estados Unidos
Collectif Guatemala, Francia
Colectivo Madreselva, Guatemala
Columban Mission Center, Estados Unidos
Comite Campesino del Altiplano-CCDA, Guatemala
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL), Canadá
Community Alliance for Global Justice (CAGJ), Estados Unidos
Consejo Mam te Txe Chman San Marcos, Guatemala
Consejo De Mujeres Mayas Ixmucane, Guatemala
Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Guatemala
Coordinación de Ong y Cooperativas (CONGCOOP), Guatemala
The Copper Country Guatemala Accompaniment Project (CCGAP), Estados Unidos
Crude Accountability, Estados Unidos
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Peru
Development International, Estados Unidos
Earth Guardians, Estados Unidos
Nelson Escobar Ruiz, Guatemala
Festivales Solidarios, Guatemala
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, América Latina
FONGI – Foro de ONGs Internacionales en Guatemala, Guatemala
France Amérique Latine, Francia
Friends of the Earth United States, Estados Unidos
Friendship Office of the Americas, Estados Unidos
Front Line Defenders, Irlanda
Frontera Water Protectors, Estados Unidos
Fundación para el Debido Proceso/Due Process of Law Foundation (DPLF), Estados Unidos
GegenStroemung–ContraCorrientes, Alemania
Gender Action, Estados Unidos
Global Labor Justice, Estados Unidos
Global Witness, United Kingdom / Internacional
Guatemala Human Rights Commission, Estados Unidos
Guatemalanetz Bern, Suiza
Guatemala-Netz Zürich, Suiza
Guatemala Partnership Committee, Congregational Church of Needham, Estados Unidos
Heart of the Sky Fair Trade, Estados Unidos
Human Rights Defenders Project, Estados Unidos
Indigenous Climate Action, Estados Unidos
Indigenous Goddess Gang of the Diné (Navajo) Nation, Estados Unidos
International Rivers, Estados Unidos
International Accountability Project, Global
InterReligious Task Force on Central America and Colombia, Estados Unidos
Jennifer Casolo -geógrafa, Estados Unidos
JusticiaYA, Guatemala
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Canadá
Kickapoo Guatemala Accompainment Project (KGAP), Estados Unidos
Km207 Guatemala-Suisse, Suiza
Leocadio Juracán, Diputado, Guatemala
The Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canadá
Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Canadá
Movimiento de Reconciliación, Austria
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), Estados Unidos
OTROS MUNDOS A.C., México
Parlamento del Pueblo Xinka, Guatemala
El Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG), Canadá
Peace Watch Switzerland (PWS), Suiza
Perifèries del Món, España
Plataforma Internacional contra la Impunidad, Suiza
Prensa Comunitaria, Guatemala
Programa Interdisciplinario de Investigación en Espacios, Políticas y Sociedades del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Protection International, Bélgica
Protection International Mesoamérica, Guatemala
Public Service Alliance of Canada, Canadá
Red por la Justicia Ambiental, Colombia
Resistencia Pacífica La Puya, Guatemala
Resistencia Pacífica Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, Guatemala
Sandra Sanchez, Guatemala
SEFCA, Guatemala
Solidaridad de Austria con Guatemala, Austria
Südwind Entwicklungspolitik, Austria
Terre et Liberté pour Arauco, Francia
The Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA), Estados Unidos
TreeSisters, Estados Unidos
urgewald, Alemania
Welthaus Viena, Austria
WIDE – Red de Mujeres y Desarrollo, Austria
WoMin African Alliance, Sudafrica

Foto: Domingo Esteban Pedro