Categoría: ANÁLISIS

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Ciudad de México, 18 de diciembre 2018

• Da respaldo a pesar de que el proyecto minero sería realizado sobre concesiones que violaron derechos, y por las cuales, está demandada judicialmente la Secretaría de Economía.

El pasado 9 de diciembre, el recién nombrado Subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, para expresar su respaldo abierto y explícito al proyecto minero de oro y plata a cielo abierto que la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, pretende realizar sobre dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía le otorgó sobre dicho municipio.

Ello a pesar del rechazo público de diversas comunidades al proyecto, y a pesar de que las concesiones sobre las cuales pretende implementarse, fueron otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos del municipio. El Subsecretario soslaya incluso que existe un Juicio de Amparo interpuesto por la Comunidad Nahua de Tecoltemi, en contra de las referidas concesiones, en donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada.

El apoyo de Luis Francisco Quiroga se dio durante su asistencia a la 9ª Junta Informativa del proyecto minero Ixtaca, organizada por la empresa. En ella, el representante de la Secretaría de Economía, acompañado por integrantes de su equipo, elogió a la minera y su proyecto, afirmando que «los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, que aquí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país», llamando «voces disidentes» a quienes defienden sus derechos y al territorio de la devastación y los daños que causa la minería a cielo abierto[1].

El día de ayer, entregamos una carta a la Secretaria de Economía, Lic. Graciela Márquez Colín, en la que manifestamos nuestro rechazo y condena por la presencia y declaraciones del Subsecretario en un evento de la empresa. En ella, y ahora también, preguntamos a la Titular de la Secretaría de Economía, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si acaso el proceder del Subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo Gobierno Federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social existente en el país debido a la imposición de concesiones y de proyectos mineros; si acaso pretende dar continuidad al modelo extractivo minero impuesto por los sexenios pasados, y que sólo ha generado división, violencia, despojo y depredación de los recursos del territorio.

El Gobierno Federal tiene ahora una oportunidad única para demostrar que cumplirá con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que no se conducirá con las mismas prácticas violatorias, y que por tanto, pondrá la vida y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y agrarias, por encima de los intereses de las empresas.

FIRMAN:

Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac

Consejo Tiyat Tlali

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Red Mexicana de Afectados por la Minería

Contacto:

– consejotiyattlali@gmail.com  Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060

– Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar:  dianaa@fundar.org.mx

[1] Lo dicho por el Subsecretario puede constatarse en el siguiente video que fue tomado durante la reunión:

{YOUTUBE}N8LNmajLKOs{/YOUTUBE}

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Los conflictos y controversias de la minería de Canadá en América Latina (que van en contra de su imagen progresista)

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 13 de diciembre 2018

Foto: Adelfo Regino Montes, Director General del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Adelfo Regino Montes, originario del pueblo Mixe del estado de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fue Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretario Técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (2010-2016), asesor también de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017), y asesor de distintas asociaciones y grupos indígenas como: Autoridades Mixes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayuuk por la Agricultura Sostenible, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA), del Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, además de ser asesor del EZLN en los momentos álgidos del levantamiento de estos en Chiapas.

La experiencia curricular del Lic. Adelfo, es notoria y sin duda creemos fue significativa a la hora de su designación al frente del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Instituto que, por cierto, está lejos de atender las reales necesidades de los pueblos originarios, toda vez que nuevamente queda por debajo y a expensas de lo que determinen las Secretarías de estado. Al margen de ello, no deja de sorprendernos que el Lic. Adelfo, no explote al máximo su experiencia curricular, y sin todavía dar a conocer públicamente un planteamiento serio al respecto de los pueblos originarios, ya empieza a mostrar la clásica visión del capitalista minero, al pretender mejorar el reparto del Fondo Minero y compensar los terribles daños que los pueblos originarios, campesinos y equiparables están viviendo a causa de la actividad extractiva minera.

Es lamentable sea de esa manera como arranque lo que parece será el proyecto político minero para los pueblos originarios. Señala la implementación de un censo que le orientará el cómo repartir de la mejor manera los recursos económicos del Fondo Minero el cual, por cierto, sólo ha servido para lavar el pago de impuestos de las empresas, ha servido para sustituir las labores del estado y ahora sean las empresas quienes invierten en obra pública en los pueblos, pueblos que por cierto son destruidos, al mismo tiempo que los daños son maquillados con obras de oropel. Ha servido también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se enriquezca de forma descarada y absurda, pero, sobre todo, ha servido para esconder la verdadera cara de la devastación que está detrás del mito de progreso y desarrollo minero.

También lo vemos muy animado y empujando el discurso de su jefe, el Presidente de la República, ponderando que ahora todo será a través de consultas como dirimirán su destino los pueblos, lo cual nos deja un amargo sabor de boca porque, lo único que constata esa propuesta, es la ignorancia que tienen sobre los efectos sociales y ambientales que genera el Modelo Extractivo Minero, a tal grado que en verdad creen se resolverá a través de absurdas consultas, aunque estas tengan los más altos estándares internacionales. ¿Por qué consultarle a un pueblo si está de acuerdo en que un megaproyecto le cambie la vida de forma negativa para siempre? La consulta no es un derecho, es una herramienta. Lo que es un Derecho, es el Derecho a la Vida.

La errónea política del que contamina paga debe de desaparecer, para transitar y actuar con mecanismos efectivos para la rendición de cuentas, que deriven en el encarcelamiento de los dueños de las empresas quienes, además de vivir a costa del despojo de nuestros bienes naturales, se dan el lujo de destruir todos los modos de vida de pueblos enteros sin que haya consecuencias al respecto. Igual de importante, es llevar a la rendición de cuentas a todos los funcionarios de gobierno quienes, utilizando las Secretarías de estado, trabajan en contubernio con las empresas, que los usan para ocultar todas las arbitrariedades y violaciones que ocasionan.

Lic. Adelfo, el dinero minero no rescata ni un sólo milímetro de los Derechos Violados de los Pueblos Originarios, tampoco repara los daños permanentes e irreversibles a la salud de la población, de la tierra, de los bienes naturales, ni del territorio, menos aún sirven para resarcir la ruptura y desaparición identitaria, cultural, lingüística, patrimonial que, si bien usted los menciona en los medios como fundamentales para los pueblos, es claro que no tiene una idea suficiente sobre lo que pasa en una comunidad que convive con una empresa minera. Darles más o menos dinero a los pueblos afectados por empresas mineras, es continuar con el proyecto de aniquilamiento, despojo y desplazamiento forzado que el Modelo Extractivo Minero ha impuesto en toda Latinoamérica, que lo ha impuesto a partir de estados desnacionalizados con leyes que ignoran las graves consecuencias que ocasiona la minería y, sobre todo que, bajo una visión mercantilista, creen que el dinero resuelve el fondo del problema.

Le proponemos que mejor impulse un censo para obtener toda información que los anteriores gobiernos han ocultado o en su acción de omisión no han generado. Por ejemplo; hacer el inventario de los destrozos integrales e interregionales generados por las empresas mineras, evaluar los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, estimar el volumen de los pasivos ambientales y sociales que nos están dejando como herencia en este país; que sirva para difundir las gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de identificar los lazos de corrupción que existen entre funcionarios del gobierno, empresas y el crimen organizado. Un censo que aclare el saqueo de bienes minerales que las empresas no reportan en México, entre muchos otros ítems, que serían de gran utilidad y suficientes para llevar a la cárcel a los empresarios mineros.

Si estas líneas que le expresamos le hacen cambiar el rumbo de su plan, bienvenido sea. Por el contrario, si insisten en ponderar el mismo modo capitalista como lo fueron las tres administraciones anteriores, pronto se darán cuenta que la 4ta Transformación no será positiva, sino regresiva.

FIRMA:
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

Fondo de concesiones mineras, a revisión por el Instituto de Pueblos Indígenas

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desmiente categóricamente las afirmaciones de la REMA

El INPI toma la voz en la presentación de la agenda en temas de representación y participación política de los pueblos originarios de México

La Ley Minera propuesta por MORENA favorece el saqueo de los bienes naturales de los pueblos

Carta de Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida, Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – A 2 de diciembre 2018

Al Presidente de la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador
Al Gobernador del Estado de Veracruz, C. Cuitláhuac García Jiménez
A la Secretaria de Economía, C. Graciela Márquez Colín
A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Josefa González Blanco
A la opinión pública,

Una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos 30 años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Como lo mencionó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador en su discurso inaugural, es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo.

Desafortunadamente, el Estado de Veracruz también es víctima de esta tendencia de saqueo en sus pueblos, ríos y ecosistemas. Desde 2005, particularmente los municipios de Alto Lucero y Actopan se vieron afectados por la imposición de múltiples polígonos de concesión para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero. En la actualidad, estas concesiones se concentran en dos proyectos de explotación: La Paila, antes Caballo Blanco –a cargo de la empresa canadiense Candelaria Mining Corp.—, y El Cobre –a cargo de Azúcar Minerals Ltd., empresa canadiense sucesora de Almadex Minerals Ltd., del mismo país de origen—.

Estos proyectos mineros ponen en riesgo la viabilidad de ecosistemas únicos en el mundo, producto del contacto entre el Eje Neovolcánico Transversal y el Golfo de México. Asimismo, generan una situación de violación potencial y actual de derechos humanos de los habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, quienes enfrentan ya invasiones a sus predios para la realización de barrenos exploratorios y que, de desarrollarse las explotaciones mineras, podrían enfrentar desplazamiento forzado, graves daños al abasto de agua, a la salud y a la viabilidad de las actividades económicas de las cuáles dependen para su subsistencia.

Ante este panorama, solicitamos al gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, en el ámbito de sus competencias, revoquen todos los permisos otorgados para la realización de actividades mineras; que impidan el otorgamiento de permisos adicionales; y que declaren a la entidad veracruzana libre de proyectos de minería tóxica.

Asimismo, al Presidente López Obrador y a los legisladores del Congreso de la Unión se les solicita que se haga una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros. Es urgente que los gobiernos que recién inauguran sus mandatos se comprometan a promover el desarrollo local y sostenible de sus poblaciones. Como dijo el López Obrador: «Por el bien de México, primero los pobres».

¡Queremos frijoles, queremos pescado!

¡Fuera mineras de nuestro estado!

#VIDAoMINA

Atte,

Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida
Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental

Información relacionada:

VIDEO: Comunidades de Alto Lucero y Actopan en Veracruz se declaran libres de minería

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