ANÁLISIS

COP 24: las empresas de combustibles fósiles obstaculizan las negociaciones

Publicada el 14/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional – Katowice, Polonia, a 14 de diciembre 2018

Mientras las negociaciones de la ONU sobre el clima llegan a sus últimas horas en Katowice, los avances en términos del «Libro de Reglas» del Acuerdo de París y otras decisiones clave, como el reconocimiento del informe sin precedentes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre los 1,5 grados, han sido aterradoramente lentos. Las negociaciones no están bien encaminadas para pasar las pruebas de la ciencia o la justicia, y los gobiernos clave que presionan a favor de los combustibles fósiles imponen muchos obstáculos.

Sara Shaw, Coordinadora del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, afirmó: «Siempre supimos que sería una conferencia difícil, que se desarrollaría en el centro de la industria carbonífera de Polonia, y que empresas como Shell, Exxon y BP estarían dentro de las negociaciones y promoverían el mito de que es posible detener el cambio climático sin desmantelar la industria de los combustibles fósiles. Pero sigue siendo devastador ver cómo países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia y Kuwait destruyen nuestras chances de tener un planeta seguro donde sea posible vivir y cómo estos países obstaculizan el progreso en cada oportunidad que tienen. Hace más de 50 años se sabe que los gases de efecto invernadero provocan el cambio climático. Sin embargo aquí estamos, al borde de una catástrofe, porque los intereses empresariales y las ganancias de los combustibles fósiles se han infiltrado en las negociaciones sobre el clima para perpetuar el sistema de energía sucia sin que importen los costos para los pueblos y el planeta. El hecho de que Shell se jactara esta semana de haber ayudado a redactar el Acuerdo de París es una prueba más de esta realidad».

Es probable que los gobiernos negocien finalmente un acuerdo sobre el Libro de Reglas necesario para implementar las débiles metas del Acuerdo de París, que fue su mandato en esta 24a Conferencia de las Partes de la CMNUCC. Esta conferencia tuvo lugar inmediatamente después de que se dieran a conocer las conclusiones cruciales del informe especial del IPCC sobre los 1,5 grados. Pero si bien los países en desarrollo y los pueblos vulnerables del planeta necesitan desesperadamente que se proporcione financiamiento para la mitigación, adaptación, las pérdidas y daños, y si bien es vital que aumente la ambición de las reducciones de emisiones, los avances han sido frustrados a cada paso por los países que no tienen ningún interés en detener el cambio climático y que están ávidos por sostener la industria criminal de los combustibles fósiles. Sin embargo, nuevamente vimos cómo se socavó el principio crucial de que los países desarrollados tienen la responsabilidad histórica de hacer más y de pagar la deuda climática que mantienen con el Sur.

Sara Shaw continuó: «Los países ricos están presionando a los países en desarrollo para que acepten normas que no los benefician, y les plantean una elección imposible entre recibir financiamiento para la tan necesaria transición o sobrevivir. Las reglas que se quieren adoptar no nos encaminarían hacia un futuro por debajo de los 1,5 grados y se corre el riesgo de confinar al mundo a décadas de falta de acción».

Entretanto, mientras las empresas de combustibles fósiles disfrutan de niveles extraordinarios de acceso a las negociaciones sobre el clima, la sociedad civil ha sido llevada a los márgenes de las negociaciones y se detuvo, deportó y negó el acceso a Polonia a muchos/as activistas. Los/as activistas que marcharon por la justicia climática en las calles de Katowice estuvieron rodeados/as por un gran número de oficiales de policía fuertemente armados, vehículos blindados y gases lacrimógenos.

Rita Uwaka, de Environmental Rights Action/ Amigos de la Tierra Nigeria, sostuvo:»En el momento preciso en el que necesitamos de las mayores medidas climáticas posibles es que vemos un aumento de los regímenes autoritarios de derecha y de los negadores del cambio climático en Estados Unidos, en Brasil, en Polonia, en Filipinas y en otras partes del mundo. Este es un duro golpe para la democracia, para la justicia climática, para la seguridad de los/as activistas y la gente común en muchos países. Vemos un aumento del apoyo de estos regímenes a la impunidad de los grandes contaminadores. Pero los pueblos se están alzando y se movilizan a pesar de los graves riesgos que corren en algunas partes. La sociedad civil está resistiendo aquí en Polonia. Y continuaremos con el importante trabajo que hacemos en nuestros países, desafiando a los contaminadores, fortaleciendo nuestros movimientos con las comunidades en la primera línea que son las más afectadas por el cambio climático y la energía sucia y desafiando el patriarcado para crear un mundo justo y sustentable».

Foto: Movilización en el marco de la COP 24 en Katowice, Polandia

Más información:

Expertos del IPCC recomiendan «cambios sin precedentes» para limitar el calentamiento global a 1,5ºC

«Soberanía Energética Ya»: manifiesto por una transición hacia la justicia climática

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Publicada el 13/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 13 de diciembre 2018

Foto: Adelfo Regino Montes, Director General del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Adelfo Regino Montes, originario del pueblo Mixe del estado de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fue Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretario Técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (2010-2016), asesor también de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017), y asesor de distintas asociaciones y grupos indígenas como: Autoridades Mixes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayuuk por la Agricultura Sostenible, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA), del Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, además de ser asesor del EZLN en los momentos álgidos del levantamiento de estos en Chiapas.

La experiencia curricular del Lic. Adelfo, es notoria y sin duda creemos fue significativa a la hora de su designación al frente del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Instituto que, por cierto, está lejos de atender las reales necesidades de los pueblos originarios, toda vez que nuevamente queda por debajo y a expensas de lo que determinen las Secretarías de estado. Al margen de ello, no deja de sorprendernos que el Lic. Adelfo, no explote al máximo su experiencia curricular, y sin todavía dar a conocer públicamente un planteamiento serio al respecto de los pueblos originarios, ya empieza a mostrar la clásica visión del capitalista minero, al pretender mejorar el reparto del Fondo Minero y compensar los terribles daños que los pueblos originarios, campesinos y equiparables están viviendo a causa de la actividad extractiva minera.

Es lamentable sea de esa manera como arranque lo que parece será el proyecto político minero para los pueblos originarios. Señala la implementación de un censo que le orientará el cómo repartir de la mejor manera los recursos económicos del Fondo Minero el cual, por cierto, sólo ha servido para lavar el pago de impuestos de las empresas, ha servido para sustituir las labores del estado y ahora sean las empresas quienes invierten en obra pública en los pueblos, pueblos que por cierto son destruidos, al mismo tiempo que los daños son maquillados con obras de oropel. Ha servido también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se enriquezca de forma descarada y absurda, pero, sobre todo, ha servido para esconder la verdadera cara de la devastación que está detrás del mito de progreso y desarrollo minero.

También lo vemos muy animado y empujando el discurso de su jefe, el Presidente de la República, ponderando que ahora todo será a través de consultas como dirimirán su destino los pueblos, lo cual nos deja un amargo sabor de boca porque, lo único que constata esa propuesta, es la ignorancia que tienen sobre los efectos sociales y ambientales que genera el Modelo Extractivo Minero, a tal grado que en verdad creen se resolverá a través de absurdas consultas, aunque estas tengan los más altos estándares internacionales. ¿Por qué consultarle a un pueblo si está de acuerdo en que un megaproyecto le cambie la vida de forma negativa para siempre? La consulta no es un derecho, es una herramienta. Lo que es un Derecho, es el Derecho a la Vida.

La errónea política del que contamina paga debe de desaparecer, para transitar y actuar con mecanismos efectivos para la rendición de cuentas, que deriven en el encarcelamiento de los dueños de las empresas quienes, además de vivir a costa del despojo de nuestros bienes naturales, se dan el lujo de destruir todos los modos de vida de pueblos enteros sin que haya consecuencias al respecto. Igual de importante, es llevar a la rendición de cuentas a todos los funcionarios de gobierno quienes, utilizando las Secretarías de estado, trabajan en contubernio con las empresas, que los usan para ocultar todas las arbitrariedades y violaciones que ocasionan.

Lic. Adelfo, el dinero minero no rescata ni un sólo milímetro de los Derechos Violados de los Pueblos Originarios, tampoco repara los daños permanentes e irreversibles a la salud de la población, de la tierra, de los bienes naturales, ni del territorio, menos aún sirven para resarcir la ruptura y desaparición identitaria, cultural, lingüística, patrimonial que, si bien usted los menciona en los medios como fundamentales para los pueblos, es claro que no tiene una idea suficiente sobre lo que pasa en una comunidad que convive con una empresa minera. Darles más o menos dinero a los pueblos afectados por empresas mineras, es continuar con el proyecto de aniquilamiento, despojo y desplazamiento forzado que el Modelo Extractivo Minero ha impuesto en toda Latinoamérica, que lo ha impuesto a partir de estados desnacionalizados con leyes que ignoran las graves consecuencias que ocasiona la minería y, sobre todo que, bajo una visión mercantilista, creen que el dinero resuelve el fondo del problema.

Le proponemos que mejor impulse un censo para obtener toda información que los anteriores gobiernos han ocultado o en su acción de omisión no han generado. Por ejemplo; hacer el inventario de los destrozos integrales e interregionales generados por las empresas mineras, evaluar los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, estimar el volumen de los pasivos ambientales y sociales que nos están dejando como herencia en este país; que sirva para difundir las gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de identificar los lazos de corrupción que existen entre funcionarios del gobierno, empresas y el crimen organizado. Un censo que aclare el saqueo de bienes minerales que las empresas no reportan en México, entre muchos otros ítems, que serían de gran utilidad y suficientes para llevar a la cárcel a los empresarios mineros.

Si estas líneas que le expresamos le hacen cambiar el rumbo de su plan, bienvenido sea. Por el contrario, si insisten en ponderar el mismo modo capitalista como lo fueron las tres administraciones anteriores, pronto se darán cuenta que la 4ta Transformación no será positiva, sino regresiva.

FIRMA:
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

Fondo de concesiones mineras, a revisión por el Instituto de Pueblos Indígenas

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desmiente categóricamente las afirmaciones de la REMA

El INPI toma la voz en la presentación de la agenda en temas de representación y participación política de los pueblos originarios de México

La Ley Minera propuesta por MORENA favorece el saqueo de los bienes naturales de los pueblos

Repensar los derechos humanos y la hondureñización de América Latina

Publicada el 11/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Documento de análisis redactado por Juan Almendares Bonilla*

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Resumen: Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo con una tasa de impunidad del 90%. Se plantea la necesidad de reconceptualizar los derechos humanos en un país militarmente ocupado por Estados Unidos de América y con una democracia ficticia y donde el respeto a los derechos económicos-sociales es mínimo comparado con los derechos humanos formales de carácter individual, civil y político.

Es un estado Policial Militar y un país «experimento» en golpes de estado, procesos de electorales fraudulentos, Estado de excepción y alta corrupción. En consecuencia, se hace necesario repensar los derechos humanos y prevenir que esta experiencia violenta en Honduras se transplante a todo el continente, lo que hemos llamado: La hondureñización de América Latina.

Propósito: El ensayo que se presenta a continuación tiene como finalidad, desarrollar un replanteamiento teórico y crítico de los derechos humanos (DH) a partir de la génesis de la violencia estructural e histórica que vulnera la totalidad de las relaciones de los seres vivos entre sí, las relaciones materiales, metabólicas, espirituales y culturales entre la sociedad y la naturaleza sobre la producción y la reproducción de la totalidad dialéctica de la vida y de las relaciones sociales que tienen lugar en la formación social concreta de un país mesoamericano como Honduras, cuya realidad social está inserta y articulada a la mundialización del capital.

Lo que ha ocurrido en este país es una serie de ensayos experimentales de la explotación, perversidad política, fábrica de corruptos, tortura y tratos crueles y degradantes; cuyos métodos y prácticas pueden ser reproducidos en otros Estados, particularmente en América Latina.

Introducción: Pensar mediante conceptos y categorías, establecer sus relaciones entre sí en forma dialéctica e histórica a través de la praxis social, es pensar en forma reflexiva y crítica sobre la teoría y práctica de los derechos humanos (DH). Si se parte de lo histórico-real de la emancipación social del sujeto humano donde lo social en su práctica histórica, material, espiritual, política y cultural; es la forma y contenido de la expresión real de los conceptos y categorías como instrumentos que nos permiten comprender la realidad objetiva y subjetiva que enfrentamos para conocerla, interpretarla y transformarla.

Los conceptos referentes a los derechos humanos (DH) deben ser históricos, basados en la vida real y sus necesidades materiales, que se expresan por medio de la economía política de producción, la reproducción social y por medio de las relaciones sociedad-naturaleza (destrucción ambiental, cambio climático global) en el marco de la unidad dialéctica de la totalidad histórica planetaria.

La concepción reduccionista de los derechos humanos (DH) a lo jurídico, al Estado o a la sociedad civil sin considerar las categorías como: la explotación humana, la tasa de ganancia o plusvalía, el conflicto de clase, el patriarcado, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la discriminación, la exclusión social (migraciones), la dependencia y las relaciones imperialistas entre los Estados; agravan la situación de los derechos humanos de los individuos, grupos sociales y comunidades.

Sin desconocer los aspectos positivos que tienen algunos conceptos y categorías que tiene la Declaración Universal de los derechos humanos (DH) de La ONU 1948, nuestro punto de partida serán las violaciones a los derechos económicos, sociales, territorios y procesos de conquista, colonización y neocolonización y coloniaje de Honduras.

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*Miembro del Movimiento Madre Tierra Honduras/Amigos de la Tierra Honduras y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4) y presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de las Torturas y sus Familiares en Honduras.

Más información:

VIDEO: Pronunciamiento de Juan Almendares contra el servicio militar obligatorio en Honduras

Juan Almendares Bonilla: Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos

El Escaramujo 84: LAS RAZONES DEL ÉXODO HONDUREÑO

[INFORME] Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe

Publicada el 10/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) – Publicado el 10 de diciembre 2018

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INTRODUCCIÓN: Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe

Durante los últimos años, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha construido reflexiones nacionales y en la región sobre el tema del agua, los riesgos de privatización, mercantilización y financiarización a la que se le expone, y también las luchas y estrategias de nuestros pueblos para enfrentar estas amenazas. En este sentido, y entre otros esfuerzos, en el 2016 se presentó el Informe: Estado del agua en América Latina y el Caribe, donde se caracterizó los crecientes conflictos en la región, que afectan la posibilidad de agua para los pueblos, producto de la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. Adicionalmente, se compartieron diferentes propuestas sustentables desde las organizaciones y procesos sociales latinoamericanos para la defensa y protección del agua.

En esta línea de reflexión, y en aras de una mirada holística sobre la región, el presente documento -Política pública y derecho fundamental del agua en América Latina y el Caribe- entrega una serie de resúmenes de política –policy briefs– que exponen las razones fundamentales para adoptar alternativas de política pública en cada uno de los países participantes. Estas propuestas son el producto de un ejercicio realizado durante el último año (2017-2018) en 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Uruguay. En cada uno de ellos se caracterizó de forma sucinta las formas en que se adelantan las políticas del agua en cada gobierno, y presentan las propuestas alternativas de política pública, la mayor parte de ellas lideradas por amplios escenarios de articulación popular, consideradas como condiciones necesarias para la defensa del agua y el reconocimiento del derecho fundamental.

Sería imposible comprender estos textos de política sin tener en cuenta la restauración conservadora del modelo neoliberal que se ha producido en aquellos países donde se habían logrado avances con relación al derecho humano al agua, al instalarse gobiernos de derecha y neoliberales; en dichos países la ofensiva privatizadora y mercantilizadora es brutal concretando retrocesos o generando amenazas de retrocesos en la materia. En particular, porque los gobiernos de derecha siguen profundizando una política orientada por agentes corporativos trasnacionales e instituciones financieras, perspectiva iniciada en los años 90ª, y promoviendo modelos de privatización, mercantilización y financiarización del agua.

No es necesario señalar el sistemático fracaso que ha resultado de estas políticas para asegurar la disposición de agua en cantidad y calidad suficientes a las poblaciones, y para amparar la implementación del derecho fundamental. No obstante, este nuevo escenario político fue antecedido por gobiernos progresistas, marcado por un periodo de re-democratización de los regímenes políticos, que entre otros factores, abrieron nuevamente el debate en torno al Estado y sus funciones. De esta manera, estos gobiernos de principios del siglo XXI permitieron incluir en la agenda política y social la necesidad de la intervención en la economía y, sobre todo, reflexionar sobre el fuerte rol que representan como promotores de la agenda de derechos.

En este contexto, es posible interpretar los resúmenes de política, principalmente, bajo tres tendencias:

1) aquellos que intentan potenciar capacidades instaladas en torno al derecho fundamental al agua;

2) otros que enfrentan las regresiones antidemocráticas que intentan desmantelar los derechos alcanzados;

3) aquellos que presentan propuestas alternativas frente a una continua perspectiva neoliberal en los gobiernos.

En términos generales, la principal crítica a las políticas públicas sobre el agua en la región se debe a la debilidad sistémica de los Estados para garantizar el derecho fundamentala agua. Recordemos que en varios países ya se reconoce explícitamente en sus constituciones el Derecho Humano al Agua; en algunos a pesar de no ser reconocido, se incorpora este derecho a través de otras leyes, como puede ser la de recursos hídricos, y en otros países el derecho es refrendado por compromisos internacionales, o se concede su existencia en niveles jurisprudenciales y provinciales. En contraste, en casi la totalidad de países, el régimen concesional de las aguas se comporta bajo un modelo de privatización que niega este derecho. En unos países, más acentuada que en otros, el agua tiene una administración corporativa, es priorizada para actividades extractivas y concedida para la extranjerización del bien común y la limitación del acceso en pocas manos. En este escenario, se reduce metódicamente la influencia de las entidades estatales en el manejo, regulación y cumplimiento de las normas, como el deber de la institucionalidad de ser garante del derecho fundamental al agua.

Dentro del análisis del nuevo embate neoliberal, se analizarán nuevos proyectos de ley para el despojo que profundizan numerosas deficiencias de las políticas públicas o que intentan desmontar los avances alcanzados por las luchas populares en los países. Algunas de las deficiencias descritas son: i) la enorme dispersión y superposición normativa; ii) un deficiente acceso a la información sobre la situación del agua; iii) desconocimiento de los valores de gestiones ancestrales y comunitarias; iv) desconocimiento de los derechos campesinos e indígenas en el marco de su derecho al consentimiento previo, libre e informado; y v) ausencia de mecanismos e instancias de participación en los procesos de toma de decisiones.

Ahora bien, el objetivo del presente documento consiste en presentar las propuestas surgidas desde los movimientos sociales, las organizaciones y alianzas populares, que van desde articular el derecho fundamental al agua con nuevas propuestas para la promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria, la protección y defensa de triunfos populares como la ley de glaciares, la organización popular rural y, sobre todo, la que se está gestando en las ciudades, la implementación de alternativas sustentables que promuevan el suministro de agua a las poblaciones con mayores problemáticas, hasta la construcción de proyectos de ley y principios rectores que consoliden las iniciativas populares en torno a la defensa del agua. Al respecto de este último punto, y aunque la mayoría de propuestas se han presentado en escenarios adversos de corte neoliberal -lo que ha limitado sus avances-, los proyectos de ley y principios han estimulado la convergencia de organizaciones y han desencadenado la movilización de la sociedad. Así, la lucha por el agua se ha convertido en un eje articulador de las luchas sociales y ambientales, haciendo frente al modelo de despojo.

En este documento también se hallará una voz al unísono para radicalizar la democracia, entendida como un fortalecimiento de los mecanismos de participación que permitan una real participación de los pueblos en los procesos de toma de decisiones en torno a la gestión y control del agua, y sistemas más colectivos y descentralizados de dicha gestión y control. De este modo, el esfuerzo de los movimientos sociales para que sean escuchadas las voces históricamente acalladas cataliza la movilización de la sociedad, la creación de nuevos discursos sobre la relación ser humano y vida no humana -naturaleza-, la emergencia de nuevos actores y alianzas sociales, dentro de una voluntad férrea por profundizar la democracia.

En este documento encontrarán 10 resúmenes de política que fortalecen la implementación de políticas públicas para el cuidado y la protección del derecho fundamental al agua. Adicionalmente, en el marco del ejercicio realizado como ATALC, presentamos un artículo y una declaración elaborada de forma conjunta, que expresa el posicionamiento internacional en el escenario del Foro Alternativo Mundial del Agua acaecido entre los días 17 al 22 de marzo del 2018 en Brasilia – Brasil.

Esperamos que la lectura y comprensión del presente trabajo sea un importante insumo para la construcción de sociedades sustentables y estimule la creación de nuevos caminos en la reflexión y luchas por las aguas.

Más información:

América Latina y el Caribe en defensa del agua

En defensa del agua, los territorios, la vida

El agua y el neoliberalismo

Informe: Estado del Agua en América Latina y el Caribe

EJ Atlas: El mapa que sistematiza 2,638 conflictos ambientales en el mundo

Publicada el 05/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El Atlas de Justicia Ambiental (Environmental Justice Atlas o EJAtlas en inglés) documenta y sistematiza los conflictos sociales que tienen que ver con problemáticas ambientales. En su versión más actualizada, el mapa sistematiza 2,638 conflictos en todo el mundo.

Presentación del proyecto:

«Alrededor del mundo, comunidades están luchando por defender su tierra, su aire, su agua, sus bosques y sus formas de vida frente a proyectos dañinos y actividades extractivas con altos costos sociales y ambientales: minas, represas, plantaciones de árboles, fracking, combustión de gas, incineradores, etc. A medida que los bienes naturales necesitados para alimentar nuestra economía se mueven a través de la cadena de producción desde la extracción, el procesamiento y la distribución, en cada etapa los impactos ambientales son sufridos por las poblaciones más marginalizadas. Muchas veces, eso ocurre lejos de los ojos de los ciudadanos o de los consumidores de los productos finales.»

>> Consultar el Atlas <<

El EJ Atlas colecta estas historias de comunidades en defensa de la justicia ambiental alrededor del mundo. El objetivo es visibilizar esta movilización, destacar las exigencias y los testimonios para así favorecer un verdadero proceso de rendimiento de cuentas por parte de las empresas y los estados ante las injusticias generadas por sus actividades.

Intentamos también servir como un espacio virtual para los y las quienes trabajan sobre problemáticas relacionadas con la justicia ambiental para conseguir información, encontrarse con otros grupos trabajando sobre temas relacionados y para aumentar la visibilidad de los conflictos ambientales.

El Atlas es dirigido por Leah Temper y Joan Martinez Alier y coordinado por Daniela Del Bene, en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universitad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB).

Está apoyado por el proyecto ENVJUST (ERC Advanced Grant 2016-2021), y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice, 2015-2018) fundado por el programa Transfornaciones hacia la Sustentabilidad (Transformations to Sustainability).

Más info aquí:
    ACKnowl-EJ
    EJOLT
    Environmental Justice

Lecturas relacionadas:

[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México

México. Manual: la defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo

Manual de protección para comunidades rurales y defensores de derechos humanos

Libro: Territorios en disputa

[AUDIO] Presentamos un amparo para reactivar la investigación en el caso del asesinato de Mariano Abarca

Publicada el 04/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Audio de las intervenciones del abogado Miguel Ángel de los Santos* (foto) durante la conferencia de prensa del 26 de noviembre 2018 en Tuxtla Gutiérrez a nueve años del asesinato de Mariano Abarca. Ese día, la familia Abarca y organizaciones aliadas interpusimos un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas para reactivar la investigación en esta causa que aún permanece en la impunidad.

>> DESCARGAR EL AUDIO EN MP3 <<

El camino para alcanzar la justicia es lento y en este caso ya ha ocupado 9 años, en los que no se ha llevado a cabo una investigación seria, eficaz, objetiva, profunda, que determine las responsabilidades de quienes actuaron como autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano Abarca Robledo el 27 de noviembre 2009.

Nosotros esta mañana hemos interpuesto un amparo. Este amparo le toca conocerlo y estudiarlo al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y será él quien le pida informes al Ministerio Público de la Mesa 2, dependiente de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, para que aporte las evidencias de que efectivamente ha llevado a cabo una investigación.

La última diligencia de pruebas que se llevó a cabo dentro de la investigación fue a mediados del mes de enero del 2018, es decir que han pasado ya 10 meses, por lo menos, en los que no se ha realizado ninguna diligencia de investigación, a pesar de que lo hemos solicitado. Hemos pedido que se investigue el domicilio de los directivos de la empresa Blackfire Exploration para que comparezcan a declarar y aporten sus testimonios. Sin embargo, no lo han hecho.

El contexto histórico en el que se dio este crimen fue durante la administración del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, en el marco de la lucha que Mariano Abarca y los habitantes de Chicomuselo llevaron a cabo en contra del impacto negativo de la actividad de la empresa minera Blackfire. Por lo tanto, la principal línea de investigación que se debe seguir tiene que ver con la responsabilidad de la empresa Blackfire en tanto que existieron antecedente previos al asesinato de Mariano Abarca, en los que trabajadores de la empresa estuvieron involucrados.

También se dieron otros elementos de carácter politico. Hay un testimonio que fue aportado por el abogado Horacio Culebro Borrayas en el que señala haber presenciado y participado en una reunión en la que escuchó directamente que un ex funcionario de la administración del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, que en ese entonces era subsecretario general de gobierno, Nemesio Ponce Sanchez, expresó que el podía hacer a un lado a Mariano Abarca en caso de que continuara con su activismo contra Blackfire. También estamos señalando que el ex presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Calderón, sea también investigado. Todos ellos son actores políticos que en ese momento intervinieron de una u otra manera para generar las condiciones que condujeron al crimen de Mariano Abarca.

Insistimos ante el Ministerio Público que se agoten todas las líneas de investigación y que se esclarezcan debidamente los hechos.

Nos preocupa que el crimen de un defensor de los derechos humanos y el medio ambiente quede en la impunidad porque esto envía un mensaje muy grave a quienes defienden los derechos y el medio ambiente y un mensaje a las empresas mineras porque indica que se puede asesinar a las y los defensores sin que la justicia les alcance.

Por lo tanto esperamos que derivado de esta petición de amparo que hemos presentado este 26 de noviembre 2018, la autoridad de investigación de los delitos en Chiapas se vea obligada a llevar a cabo esta investigación de manera eficaz.

Mientras tanto, como coadyuvantes en esta investigación, vamos a continuar aportando las pruebas que consideramos es necesario se desahoguen y también pidiendo al Ministerio Público que realice las diligencias de pruebas que sean necesarias.

* Miguel Ángel de los Santos es abogado y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Más información:

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A nueve años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

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«Soberanía Energética Ya»: manifiesto por una transición hacia la justicia climática

Publicada el 03/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El manifiesto «Soberanía Energética Ya» de Amigos de la Tierra Internacional se presentó este lunes 3 de diciembre en conferencia de prensa en el marco de la 24º Conferencia de las Partes (COP 24 por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Katovice, Polandia.

El manifiesto «Soberanía Energética Ya» contiene las siguientes 10 demandas, que buscan acelerarar la transición hacia un mundo climáticamente justo:

Aplicar

>> DESCARGAR EL MANIFIESTO «SOBERANÍA ENERGÉTICA YA» COMPLETO EN PDF <<

Introducción

Este manifiesto es la culminación de varios años de diálogo, investigación y construcción de movimiento en todos los continentes. Es testamento de un mundo que no solamente es posible sino que ya está a punto de hacerse realidad. Estamos list@s para un mundo fundado en la justicia y la sustentabilidad. La gente en todas partes ya está construyendo ese mundo; los pueblos indígenas y comunidades en resistencia hace tiempo que ponen estos valores en práctica. Ahora necesitamos construir poder popular, junt@s, para cambiar de sistema y hacer realidad la justicia climática y la soberanía energética.

Sí, efectivamente vivimos en una era de emergencia planetaria. Estamos en la Década Cero1 y el cambio climático se cierne sobre nosotr@s, e incluso para much@s, ya es una realidad desde hace años. Sin embargo, la catástrofe climática no es inevitable, como tampoco lo es el sistema económico actual que está generando las crisis ambientales, sociales y políticas interrelacionadas que vivimos hoy en día. Sabemos que un cambio urgente y a gran escala es posible: la historia nos lo ha demostrado.

Como movimiento somos potentes cuando resistimos. Tenemos que serlo. Muchas/os de nosotras/os estamos oponiendo resistencia a proyectos que destruirán nuestras vidas y medios de sustento, envenenarán nuestros alimentos y nuestra agua, contaminarán nuestro aire y separarán a las comunidades de sus tierras y territorios. Ahora tenemos que construir poder popular para transformar esta realidad. En 2018 el cambio climático de hizo sentir en todos los rincones del planeta – y la gente está buscando soluciones.

Este manifiesto rrepresenta nuestro compromiso renovado con la construcción del sistema que los pueblos y el planeta necesitamos. Cada una de esas demandas plantea una medida positiva que acelerará la transición hacia un mundo climáticamente justo. Usaremos el manifiesto como herramienta de movilización. Será una fuente de inspiración. La presentaremos en reuniones locales en las comunidades, en nuestro trabajo de incidencia a nivel nacional y en las movilizaciones mundiales. Nos ayudará a dar un paso al frente en cualquier espacio donde se reclamen soluciones, de manera tal que podamos garantizar que el micrófono esté en manos de las comunidades en resistencia. Desplazará y acallará los llamados a soluciones falsas y peligrosas distracciones.

¡Soberanía Energética Ya!

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[VIDEO] La trampa de las «mini» represas hidroeléctricas

Pueblos organizados de Chiapas nos declaramos en resistencia ante el modelo energético capitalista

Mensaje a AMLO: «Por un México y un Veracruz libres de minería tóxica»

Publicada el 03/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Carta de Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida, Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – A 2 de diciembre 2018

Al Presidente de la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador
Al Gobernador del Estado de Veracruz, C. Cuitláhuac García Jiménez
A la Secretaria de Economía, C. Graciela Márquez Colín
A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Josefa González Blanco
A la opinión pública,

Una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos 30 años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Como lo mencionó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador en su discurso inaugural, es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo.

Desafortunadamente, el Estado de Veracruz también es víctima de esta tendencia de saqueo en sus pueblos, ríos y ecosistemas. Desde 2005, particularmente los municipios de Alto Lucero y Actopan se vieron afectados por la imposición de múltiples polígonos de concesión para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero. En la actualidad, estas concesiones se concentran en dos proyectos de explotación: La Paila, antes Caballo Blanco –a cargo de la empresa canadiense Candelaria Mining Corp.—, y El Cobre –a cargo de Azúcar Minerals Ltd., empresa canadiense sucesora de Almadex Minerals Ltd., del mismo país de origen—.

Estos proyectos mineros ponen en riesgo la viabilidad de ecosistemas únicos en el mundo, producto del contacto entre el Eje Neovolcánico Transversal y el Golfo de México. Asimismo, generan una situación de violación potencial y actual de derechos humanos de los habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, quienes enfrentan ya invasiones a sus predios para la realización de barrenos exploratorios y que, de desarrollarse las explotaciones mineras, podrían enfrentar desplazamiento forzado, graves daños al abasto de agua, a la salud y a la viabilidad de las actividades económicas de las cuáles dependen para su subsistencia.

Ante este panorama, solicitamos al gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, en el ámbito de sus competencias, revoquen todos los permisos otorgados para la realización de actividades mineras; que impidan el otorgamiento de permisos adicionales; y que declaren a la entidad veracruzana libre de proyectos de minería tóxica.

Asimismo, al Presidente López Obrador y a los legisladores del Congreso de la Unión se les solicita que se haga una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros. Es urgente que los gobiernos que recién inauguran sus mandatos se comprometan a promover el desarrollo local y sostenible de sus poblaciones. Como dijo el López Obrador: «Por el bien de México, primero los pobres».

¡Queremos frijoles, queremos pescado!

¡Fuera mineras de nuestro estado!

#VIDAoMINA

Atte,

Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida
Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental

Información relacionada:

VIDEO: Comunidades de Alto Lucero y Actopan en Veracruz se declaran libres de minería

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Éxodo centroamericano: Actualización sobre la situación en Tijuana el 29 de noviembre

Publicada el 30/11/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Tijuana, Baja California – A 29 de noviembre 2018

Observaciones en el espacio del deportivo Benito Juárez:

– Autoridades presentes: A una cuadra del deportivo ha habido en todo momento presencia de la Policía Federal antimotines.

– Situación del lugar: Iniciaron las lluvias en Tijuana, situación que afectó al Polideportivo Benito Juárez; por la mañana cientos de personas empezaron a recoger sus pertenencias ya mojadas y decidieron salir del lugar debido a la inundación en los campos del deportivo. Al preguntarles a donde irían, algunos manifestaron que buscarían espacios en calles aledañas y otros mencionaban que la lluvia es una oportunidad de cruce. El albergue se encontraba en pésimas condiciones, ya que el agua estancada llegaba a las carpas de algunos y el paso se cerraba por el lodo.

– Personal de American Friends Service Committee LAC estuvo detectando casos vulnerables para brindar alternativas de estancia en los albergues de la ciudad. Al menos 5 familias con niños pequeños y una mujer con 7 meses de embarazo manifestaron su interés en moverse a otro espacio.

– Durante el transcurso de las 10:00 a.m. a las 2:00 p.m. fuimos testigos del sentimiento altruista de la ciudadanía; quienes llevaron diversos alimentos entre ellos; caldo de pollo, ceviche y más tarde pollo del Costco.

– Durante la mañana se observaron muestras importantes de solidaridad de la ciudadanía de Tijuana; grupos llevaron comida para repartir entre las personas migrantes. Es importante mencionar que estos apoyos se entregaron a las afueras del deportivo, lo que no permitió que fuera repartido equitativamente, ya que quedaban fuera de alcance de las mujeres y niños que permanecían adentro.

Traslado al espacio «El Barretal»:

Al rededor de las 18:00 hrs comenzaron los traslados de los migrantes al nuevo albergue ubicado en El Barretal, en la colonia Marian Matamoros. La mayoría de las personas no querían trasladarse, comentaron que no confiaban en que las autoridades los llevarían a otro albergue, sino que muy posiblemente era para deportarlos.

Al menos 5 camiones salieron con los primeros migrantes que trasladaron al Barretal acerca de las 19:00 hrs de la noche de este jueves.

A las 21:30 hrs continuaban trasladando a las personas al nuevo espacio. Por medio de megáfonos, policías y personal del DIF anunciaban a los migrantes fuera del albergue Benito Juárez sobre los autobuses que los llevarían al nuevo lugar, donde les prometían tendrían mejores condiciones y no se mojarían. Dentro, personal de DIF continuaba haciendo llegar la misma información, pero la mayoría de las personas se quedaba.

Se observó que las personas expresaban que no querían trasladarse al otro lugar porque estarían lejos de la garita o lejos de donde pueden sacar sus documentos para trabajar en México. Más tarde personal del DIF comentó que los sacaría a más tardar el día de mañana viernes 30 de noviembre.

De notas de prensa:

– Alrededor de las 22:00 hrs el Diario Frontera publicó en su página de Facebook la siguiente información: «Un migrante tuvo que ser rescatado por bomberos Tijuana luego de intentar cruzar a Estados Unidos por Playas de Tijuana, fue socorrido de lado mexicano y trasladado a un hospital; extra oficialmente de acuerdo a testigos se menciona que fueron tres los que quisieron burlar la frontera, sin embargo se desconoce el paradero de los otros dos hombres.» Esta información fue publicada también en otros medios.

– Por la noche medios de comunicación comentaron sobre un accidente en Freeway 8 en Estados Unidos; camioneta que transitaba a alta velocidad, seguida por la Border Patrol, se volteó, causando heridos y 3 personas fallecidas.

FIRMAN:

American Friends Service Committe, Latinoamerica y el Caribe.

Universidad Iberoamericana Ciudad de México – Tijuana.

Comunicado de la Familia de Berta Cáceres, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo

Publicada el 30/11/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado publicado el 29 de noviembre después del fallo emitido en el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres

>> VER EL VIDEO DE LA CONFERENCIA DE LA FAMILIA DE BERTA Y EL COPINH HOY <<

El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro.

Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia.

Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.

Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real.

Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados, debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres.

Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace.

Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras.

Preguntamos al Estado y sus instituciones: ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad?

Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen.

Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.

Estas condenas, son el primer escalón en la búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro, el COPINH y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo.

¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!

Foto: Conferencia de prensa del COPINH en frente del Tribunal de Sentencias hoy 29 de noviembre 2018

Más información:

Las sentencias que se emitieron hoy en el juicio ilegal por el asesinato de Berta Cáceres no permiten lograr la justicia integral

Las sentencias que se emitieron en el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres no permiten lograr la justicia integral

Publicada el 29/11/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 29 de noviembre 2018

Este jueves 29 de noviembre, la Primera Sala del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Honduras emitió su resolución en el juicio por el asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el intento de asesinato contra el activista mexicano Gustavo Castro. Resultó en la condena de siete de ocho hombres detenidos entre el 2016 y el 2017, pero habrá que esperar el 10 de enero 2019 para conocer su pena, después de que concluya su periodo de prisión preventiva. Mientras tanto, la familia Atala Zablah, dueña de la empresa DESA que está detrás de la autoría intelectual del asesinato, sigue en libertad.

El primer juicio en el caso del asesinato de Berta Cáceres, perpetrado el 2 de marzo 2016 por personas vinculadas a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) cuando coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hubiera podido ser histórico para defensores y defensoras de todo el mundo. Pero se tornó en un juicio ilegal cuando el Tribunal decidió iniciarlo el 20 de octubre 2018 a pesar de que la familia de Berta y el COPINH habían presentado un recurso de amparo en su contra después de una serie de irregularidades cometidas por el Ministerio Público de Honduras. Y como si fuera poco, el Tribunal expulsó del juicio a las representaciones legales de las acusaciones privadas, que son la familia de Berta, el COPINH y Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos A.C. y amigo de Berta quien sobreviviera a los disparos que recibió la noche del asesinato. Tras su expulsión, las víctimas habían denunciado y desconocido «la farsa» que representa el juicio y exigido que éste sea «reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde», pero no fueron escuchadas.

Fue en este contexto que se emitieron hoy las siguientes sentencias:

7 de ellos fueron condenados por el asesinato de Berta Cáceres, como lo había solicitado el Ministerio Público:

Douglas Geovany Bustillo, quien fue jefe de seguridad de DESA hasta junio de 2015, quien planeó, supervisó y dirigió en tiempo real el operativo del 2 de marzo del 2016.
Mariano Díaz Chávez, exoficial de inteligencia de las fuerzas especiales hondureñas, involucrado en la puesta en marcha del plan para asesinar a Berta Cáceres.
Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, quien brindaba la información y cooperación necesaria para la vigilancia de Berta Cáceres.
Henrry Javier Hernández, trabajaba en la empresa de seguridad privada PCI y también trabajaba bajo el mando de Douglas Bustillo, con quien realizó varios operativos para la planificación del ataque del 2 de marzo de 2016, incluyendo el reconocimiento de la casa de Berta Cáceres.
Elvin Heriberto Rápalo Orellana, quien laboraba en la construcción y es el supuesto coautor del asesinato además fue el que disparo contra el mexicano Gustavo Castro.
Edilson Atilio Duarte Meza: su teléfono celular se ubicó en la zona de la casa de Berta Cáceres en la hora del asesinato y luego regresó rumbo al norte del país. Es uno de los principales sicarios y autores materiales que dieron muerte a Berta el 2 de marzo del 2016.
Óscar Aroldo Torres Velásquez: La data telefónica sugiere que estuvo en La Esperanza/Intibucá junto a Henrry Hernández, Edilson Duarte, y Elvin Rápalo el día del asesinato.

El Ministerio Público había acusado aparte a estos 7 hombres del intento de asesinato contra Gustavo Castro, pero solo 4 de ellos fueron condenados por este delito:

Henrry Javier Hernández,
Elvin Heriberto Rápalo Orellana
Edilson Atilio Duarte Meza
Óscar Aroldo Torres Velásquez

1 de los encausados fue absuelto:

Emerson Duarte Meza: El Minisiterio Público había solicitado 3 a 5 años de cárcel contra él por encubrimiento, pero fue absuelto. Hermano gemelo de Edilson Duarte Meza, es acusado por que el arma supuestamente homicida, revólver calibre 38, fue encontrada en su casa de habitación según informaron agentes del Ministerio Público. Por tanto, se le acusa de autor material del asesinato de Berta. Sin embargo, no se encuentra ninguna otra evidencia de participación, por lo cual la representación legal de la familia y COPINH ha solicitado el sobreseimiento del mismo debido a la falta de evidencia.

Estos 8 hombres permanecerán en prisión preventiva hasta el 10 de enero 2018, fecha en la cual se determinará la pena de cada uno de los condenados.

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Falta capturar a los autores intelectuales

Una novena persona, David Castillo, detenida en marzo del 2018, será juzgada en otro juicio. Es presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA y hasta ahora el único acusado por la autoría intelectual por el asesinato de Berta.

El Ministerio Púbico de Honduras se enorgulleció en un comunicado de haber «logrado demostrar la culpabilidad de siete acusados por la muerte de la Líder Ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores e intento de asesinato contra un testigo protegido», presentando a los siete condenados como «los autores Intelectuales y Materiales de este lamentable asesinato que enlutó a toda Honduras». Pero el COPINH, la familia de Berta y Gustavo Castro denuncian que, si bien es cierto que con estas sentencias se condena a varios autores materiales del crimen, el fallo no permite lograr una justicia integral para Berta, ya que no contempla la verdadera autoría intelectual del crimen.

«Con este fallo el Estado no silenciará nuestra búsqueda de justicia integral. Hoy solo se juzga al eslabón más bajo de una estructura criminal impune y que sigue operando», comentó Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del COPINH, a Otros Mundos A.C.

Una estructura criminal

Existen suficientes pruebas para demostrar que los autores intelectuales del asesinato de Berta se encuentran en la mesa directiva de DESA – propiedad de la familia Atala -, cuyo proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» estaba amenazado por la labor que realizaba la activista en defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena Lenca, de la comunidad Río Blanco y del río Gualcarque. «La empresa DESA desarrolló una agresiva campaña contra el COPINH y Berta Cáceres que incluía el pago de informantes dentro de la comunidad de Río Blanco para dar seguimiento a toas las acciones y movimientos de Berta Cáceres», resume el COPINH en la «Cronología de la planificación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres», disponible en su página web. «Esta labor era dirigida por los directivos de la empresa, David Castillo y Daniel Atala Midence, monitoreada por los demás directivos e implementada por Sergio Rodríguez y los jefes de seguridad Douglas Bustillo y Jorge Ávila», precisa la organización.

Entre las pruebas están las discusiones que tuvieron por una parte Douglas Bustillo y David Castillo sobre un intento de asesinato contra Berta Cáceres abortado en febrero 2016 por falta de logística y medios; y por otra parte David Castillo, Sergio Rodriguez y Jorge Ávila (otros jefe de seguridad de DESA) en un chat WhatsApp titulado «Seguridad PHAZ» en el que estuvieron dando seguimiento a las acciones y movimientos del COPINH y de Berta hasta la víspera del asesinato.

«Jurídicamente, la estructura criminal que ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro es responsable, al menos, de los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato conforme lo establece el artículo 332 y 117 del Código Penal vigente», denunció el COPINH en su artículo titualdo «¿Qué ha pasado en el primer juicio de la causa Berta Cáceres?».

El fallo incita a cometer más crímenes contra defensores y defensoras del territorio

Por la ausencia de la representación de las víctimas y el rechazo a remediar una serie de irrgeulridades denunciadas por el COPINH desde el inicio del proceso legal en 2016, este juicio no permite revelar y menos condenar esta estructura criminal que asesinó a Berta, ya que el Tribunal de Sentencias se rehusó a considerar como prueba la pericia sobre los antecedente del juicio, es decir las pruebas del largo proceso de hostigamiento y asesinatos llevado a cabo por DESA en contra de la comunidad de Río Blanco e integrantes del COPINH y que llevó a los hechos del 2 de marzo 2016.

Esta omisión refleja la clara intención del gobierno de Honduras de solapar a la poderosa familia Atala, aliada del Partido Nacional del actual presidente Juan Orlando Hernandez (JOH), quien se mantuvo al poder en noviembre 2017 mediante un fraude electoral. Envía un peligroso mensaje alentador a las empresas extractivas que en muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del mundo que sufren la invasión de sus territorios y la violación de sus derechos colectivos por parte de empresas extractivas. Afirma ante la comunidad internacional un firme rechazo del gobierno hondureño a romper con la impunidad, responsable de más de 200 asesinatos de defensores y defensoras del territorio en todo el mundo cada año.

Retomando las palabras del COPINH, este juicio «configura un ambiente favorable para que se sigan cometiendo más crímenes selectivos en contra de comunidades y liderazgos que resisten a la estructura económica criminal que impulsa el modelo de extracción y mercantilización de la riqueza de los pueblos».

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Más información:

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo

[AUDIO] Palabra de la hija de Berta Cáceres en el juicio

VIDEO: Participación de Gustavo Castro en el Foro «La verdad de la causa Berta Cáceres»

Éxodo centroamericano: Actualización sobre la situación en Tijuana el 28 de noviembre

Publicada el 29/11/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Tijuana, Baja California – A 28 noviembre de 2018

En este día, según el Consejo Estatal de Atención al Migrante, se encuentran en Baja California cerca de 8,500 personas de la Caravana Migrante.

Es cada vez más perceptible para los observadores la militarización en la frontera; en el área de Playas de Tijuana hay trabajos de reforzamiento del muro con vallas de púas que serán instaladas y la presencia de los Marines y elementos de la Border Patrol de Estados Unidos.

En notas de prensa:

-El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, reveló que el Gobierno Federal será el encargado de habilitar y operar un segundo albergue para atender a la Caravana Migrante.

– Autoridades municipales y del gobierno del estado analizaron el espacio que podría ser el segundo albergue para personas migrantes; la opción podría ser el lugar conocido como ‘El Barretal’ ubicado en la zona Este de Tijuana, cerca de El Florido, pero este se encuentra en condiciones de abandono.

Observaciones en el espacio del deportivo Benito Juárez:

– Accesos: tienen acceso al recinto autoridades, organizaciones de DDHH, organizaciones de la sociedad civil con acreditación, personas voluntarias acreditadas y prensa acreditada. Los cuerpos policiales se encuentran afuera y en las inmediaciones. La prensa se mantuvo al margen, ya tienen un pequeño lugar designado y horario de intervención y entrevistas.

– Autoridades en la zona: la Marina se encuentra a cargo del comedor, la policía federal está en las afueras del albergue y el DIF en la entrada del espacio registrando entradas y salidas del albergue.

– No existen espacios diferenciados, además de que las condiciones no son óptimas para tener un campamento; las personas duermen en tiendas de acampar, hay personas ajo lonas o cobijas, directamente en el piso o tierra. El espacio es insuficiente, tanto que hay personas durmiendo afuera de las instalaciones por el poco espacio y al mismo tiempo, porque es más higiénico estar afuera que adentro.

– En cuanto a la higiene del albergue, se percibe un olor desagradable debido a la cantidad de basura, dentro y fuera del espacio. Frente a esta ausencia de recolección de basura por parte del municipio, personas de la Caravana han hecho esfuerzos de limpieza, pero sin el material necesario para esto (escobas, bolsas para basura, etc.).

– La alimentación sigue siendo insuficiente, las personas mencionan que algunos siguen quedándose sin comer. En la observación realizada por personal de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Iberoamericana Tijuana, mencionan la ausencia de frutas y proteína en la alimentación que se ofrece a las personas dentro del albergue.

Observaciones:

– Siguen siendo preocupantes las condiciones de higiene y sanitarias. Los baños portátiles son insuficientes, las regaderas no cuentan con agua caliente y el encharcamiento de agua son un riesgo para la salud y la integridad física de las personas.

– Vemos necesaria la intervención de educación y promoción a la salud para las personas.

FIRMAN:

American Friends Service Committe, Latinoamerica y el Caribe.

Universidad Iberoamericana Ciudad de México – Tijuana.