[INFORME] Vidas borradas: La invisibilización de las víctimas del desplazamiento por presas en México

Informe publicado en 2018 por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), OXFAM

 

El presente documento expone los resultados de una investigación sobre el desplazamiento de personas a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica en México y el periodo 2006-2016. Su objetivo principal fue proporcionar información estadística al informe alternativo que la sociedad civil entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (cdesc).

En esta introducción se revisa críticamente el discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo, y se presenta una caracterización general de las presas construidas durante los siglos xx y xxi  para diferenciarlas en términos de sus dimensiones, sus aprovechamientos y la magnitud de sus impactos.

El segundo capítulo describe la metodología diseñada para el análisis de las presas y de sus afectaciones sociales. Como allí se menciona,  os datos empleados provinieron principalmente de documentos oficiales publicados por dependencias federales durante los sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como gran parte del trabajo consistió en la caracterización de las obras de infraestructura hídrica, en el tercer capítulo se presentan los rasgos básicos de las 259 presas levantadas en el periodo 2006-2016: ubicación, altura de la cortina, capacidad de almacenamiento, usos del agua y promoventes.

El capítulo continúa con la descripción general de las 35 presas seleccionadas para el análisis, de capacidad mayor de 0.5 hectómetros (hm3), y en su última parte se enuncian las afectaciones sociales derivadas de los desplazamientos.  Finalmente, en el cuarto capítulo, a modo de conclusiones se aporta una reflexión sobre los principales hallazgos de la investigación.

1.1 El discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo

En este apartado se reúnen los argumentos utilizados para justificar el emprendimiento de programas y proyectos de desarrollo en los dos periodos de gobierno mencionados y se señalan las presas que la federación ha reconocido como prioritarias.

Con los Planes Nacionales de Desarrollo (pnd) se rigen las políticas federales durante cada sexenio. En los correspondientes al periodo en estudio se observa que el discurso de la sustentabilidad ambiental fue asumido como un principio del desarrollo, por lo cual plantean el impulso de energías limpias y renovables a fin de atenuar y contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. En cuanto a los sectores hidráulico e hidroeléctrico, reiteran la importancia de avanzar en la gestión del recurso agua mediante el incremento de la eficacia en el manejo de las presas, lo que conllevaría (supuestamente) una mayor dotación del líquido a la población.

En el discurso oficial, uno de los argumentos más recurrentes para respaldar los proyectos de infraestructura hidráulica es la necesidad de proveer de recursos hídricos a determinadas poblaciones, apelando en algunos casos al derecho humano al agua. Tal intención se presenta como el eje de la gestión del agua en un contexto de creciente incorporación del sector privado en el manejo de los recursos hídricos e hidroeléctricos, recomendada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Conagua, 2014).

Esta transformación en el diseño y la gestión de la infraestructura hidráulica se manifiesta en políticas públicas que de manera reiterada esgrimen la imperiosa necesidad de fortalecer la productividad y la competitividad de las distintas regiones de México de cara a un escenario global en constante dinamismo y en el que la competencia y el libre mercado son el único camino para el desarrollo. Se asume, por lo tanto, que el Estado mexicano debe seguir los lineamientos de corte neoliberal y tomar por sentado que «el rol que juegan los gobiernos debe ser para eliminar obstáculos, fomentar la orientación hacia mercados o sectores estratégicos, la desregulación y la coordinación entre diversos agentes y órdenes de gobierno» (pr, 2013: 17).

Otros documentos que aportan datos y elementos para comprender el discurso oficial son los Programas Nacionales de Infraestructura (PNI), que incluyen la descripción de los principales proyectos en los rubros de infraestructura hidroagrícola y control de inundaciones. El PNI 2007-2012 (pr, 2007) destaca las presas:

1. El Cajón, Nayarit.
2. La Yesca, Nayarit.
3. Santa María, Sinaloa.
4. Picachos, Sinaloa.
5. El Carrizo, Jalisco.
6. El Naranjo, Jalisco.
7. Francisco J. Múgica, Michoacán.
8. El Yathé, Hidalgo.

En el PNI 2014-2018 (pr, 2014a, b y c) se subraya la supuesta necesidad de acordar inversiones conjuntas entre los sectores público y privado, e incluso se habla de una democratización del agua en la cual quedarían insertos los proyectos de infraestructura hidráulica. Asimismo, se pone énfasis en la región sureste, en la que se pretende aprovechar la abundancia de recursos naturales en un contexto de poco desarrollo de la infraestructura.

Los principales proyectos que señala el PNI 2014-2018 no coinciden del todo con los del PNI 2007-2012, pues indica los siguientes:

1. Nuevo Guerrero (La Parota), Guerrero.
2. Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina, Oaxaca.
3. Las Cruces, Nayarit.
4. Central hidroeléctrica Chicoasén II, Chiapas.
5. Tenosique, Tabasco y Chiapas.
6. Presa de almacenamiento La Maroma, San Luis Potosí.
7. Chiapan (Angostura II), Chiapas.
8. La Yesca U1 y U2, Nayarit.
9. La Palma, Baja California Sur.
10. La Higuerilla (Alberto Andrés Alvarado Arámburo), Baja California Sur.
11. Piedras Azules, Chihuahua.
12. Rocheachi, Chihuahua.
13. El Yathé, Hidalgo.
14. Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para Jalisco y León.
15. La Laja, Guerrero.
16. Sistema Purgatorio-Arcediano, Jalisco.
17. Santa María, Sinaloa.

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (conagua, 2014) se señalan las atribuciones de cada una de las dependencias que intervienen en el manejo del recurso agua, sin profundizar en proyectos específicos. Por su parte, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el lapso 2007-2016 (CFE, 2007) destaca la dimensión técnica de las obras. Un dato interesante de este documento es el reconocimiento de que en algunos casos surgen problemas sociales que complican e incluso retrasan el curso de los proyectos, como en La Parota, ahora renombrado Nuevo Guerrero.

Es importante señalar que el conjunto de estos documentos, que recogen el discurso oficial en cuanto a los proyectos de desarrollo, deja de lado las problemáticas que conllevan la construcción y la gestión de tales proyectos, lo cual es grave pues varios de éstos son de grandes dimensiones y requieren un gasto excesivo de recursos públicos por periodos prolongados.

Ante la omisión por parte del Estado mexicano de ofrecer información sistematizada y de fácil acceso sobre todas las características de las grandes presas, incluso de sus implicaciones sociales y ambientales negativas, se vuelve necesaria la generación de una metodología que posibilite encontrar y recopilar información útil y suficiente para analizar y diagnosticar tales problemáticas y, con ello, fortalecer los argumentos de denuncia de los procesos de desplazamiento desencadenados por esas obras.

Más información:

Declaración del 13º Encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

[VIDEO] «Mesoamericanas»: corto-documental sobre defensoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua

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Este documental, dirigido por Alma Laura Hernández Arévalo, pone el foco sobre el trabajo y el contexto que enfrentan las mujeres defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica, a partir del testimonio de compañeras como Francisca Ramírez (Nicaragua), Miriam Miranda (Honduras), Sonia Sánchez (El Salvador), Trinidad Ramírez (México) o Cesia Juárez, Guadalupe Marcos y Ana Karen Juarez (Guatemala).

Más información:

Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

El Manifiesto de la Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

Los Perfiles de la Campaña #DefensorasSemillasDeCambio

[INFORME] Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística

[AUDIO] Represa impuesta con sangre: asesinan a dos defensores del río Pojom en Guatemala

Nota y audio de Radio Mundo Real – A 20 de diciembre 2018

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El Consejo de Pueblos Wuxhtaj y el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que integran el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR), denunciaron que el 16 de diciembre fueron asesinados los hermanos Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, oriundos de la comunidad Bella Linda, microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala).

Ambos eran defensores del río Pojom y se oponían a la construcción de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés. «Fueron asesinados a balazos, en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica», denunciaron desde el Movimiento de Afectados por Represas.

Joel, responsable de la organización comunitaria de Bella Linda, dijo a RMR que el Ministerio Público Fiscal y la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron con negligencia luego que organizaciones de derechos humanos denunciaran ante las autoridades la aparición de los cuerpos de los hermanos en la casa de máquinas de la empresa hidroeléctrica.

Desde el Consejo del Pueblo Maya (CPO) señalaron que estos crímenes son parte del hostigamiento y otros tipos de violencia ejercida por integrantes de la empresa panameña Energía y Renovación Holding S.A., que ha impuesto sus proyectos en el territorio con la complicidad del gobierno guatemalteco, la represión de la PNC y el apoyo de inversiones de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Francisco Rocael, integrante del CPO,  dijo a Radio Mundo Real que estos proyectos extractivistas han dividido a muchas comunidades, generando conflictos a través de «infiltrados» que enfrentan a pobladores entre sí. El defensor pidió justicia por los asesinatos de los Esteban Pedro y recordó que también sigue impune el crimen de Sebastián Alonso, cometido en enero de 2017, asesinado por fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra Pojom I.

«Esta situación se suma a una serie de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas por la implementación de una política energética en Guatemala para satisfacer una demanda de las grandes industrias y no las demandas de las comunidades. Una política energética que se está imponiendo con sangre, con división comunitaria, con represión estatal y militarización, que pretende convertir al país en uno de los exportadores de energía a nivel regional», dijo Rocael.

«Se debe llegar no solo a los autores materiales sino también intelectuales de estos crímenes, perpetrados para proteger altos intereses económicos. Este tipo de proyectos que se presentan como vectores de desarrollo para los pueblos campesinos de nuestro continente no garantizan ningún derecho, ni el derecho básico a la electricidad», agregaron desde el Movimiento de Afectados por Represas y Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México, que adhiere a esta denuncia.

Desde MAR y CPO también denunciaron “la farsa” de “los Acuerdos de paz y desarrollo de San Mateo Ixtatán” firmados en octubre sin el consentimiento de la comunidad local, luego de una intimidación de 300 efectivos de la Policía Nacional Civil que custodiaban las instalaciones de la empresa Energía y Renovación para hostigar a la población en resistencia. Ante estos hechos, los movimientos sociales exigen, una vez más, la cancelación definitiva e inmediata de los proyectos Pojom I, Pojom II y San Andrés.

Más información:

Denunciamos el doble asesinato de miembros de la resistencia de Ixquisis (comunicado del Consejo de Pueblos Wuxhtak)

Guatemala: asesinan a dos defensores que resisten a proyectos hidroeléctricos en Ixquisis (comunicado de Otros Mundos A.C. y MAR)

Pronunciamiento ante doble asesinato, agresión física y situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Mensaje de la REMA al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: «Coincidencias y Discordancias»

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) – A 19 de diciembre 2018

LIC. ADELFO REGINO MONTES,

En REMA leímos con atención su repuesta a nuestro comunicado del 13 de diciembre 2018. De su respuesta apreciamos la importancia en la cual hace pública su postura y «reitera su firme convicción de llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar a los pueblos indígenas su derecho fundamental a sus tierras, territorios y recursos naturales», porque tomando en cuenta la legitimidad con la cual ingresan a tomar las riendas del mando en este sexenio, muchas y muchos no esperaremos menos de ninguno de los funcionarios del nuevo gobierno, porque en términos concretos es su obligación.

Sin embargo, no compartimos algunas de sus apreciaciones cuando usted señala: «es necesario enfatizar que en la Constitución Política Federal, en el Convenio número 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas, la consulta y el consentimiento no están previstos como una herramienta estatal, sino como un derecho fundamental de los pueblos indígenas”, porque son varios pueblos originarios en Latinoamérica que realizan álgidos debates sobre los cambios constitucionales que citan la importancia de los pueblos originarios y sin embargo, a través del uso de la consulta, han sufrido la imposición del modelo extractivo. También revisan y cuestionan el pero real que en verdad tienen tanto el convenio como la declaratoria, para los cuales mencionan por lo menos los siguientes argumentos: 1. El hecho de que exista un marco normativo sobre los derechos humanos y de los pueblos originarios, no significa que estén bien hechos ni que tengan efectos vinculantes de forma directa, porque si así fuera, nada de lo que ocurre actualmente con el modelo extractivo sucedería. 2. Tampoco se garantiza que los gobiernos hagan cabal cumplimiento de su uso, porque desde hace años, no se respeta los derechos reconocidos en la constitución, el convenio y la declaratoria. Por el contrario, hoy son utilizadas para manipular el marco ético y de buena fe que dichos documentos refrendan, para pasar encima de la historia de los pueblos originarios. Para REMA son temas para el debate, porque recurrentemente usan esos argumentos para imponer los megaproyectos.

Por otro lado, cuando nos plantea que «el Instituto tiene el mandato de ser el órgano técnico para el ejercicio de este derecho, por lo que será garante que se cumplan los más altos estándares internacionales», por supuesto que lo sabemos, pero hay contrastes que ponemos a su consideración por ejemplo; ¿cómo fue que aplicaron los «más altos estándares» cuando implementaron los “Foros de Consulta sobre la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”? ¿En qué posición de respeto y credibilidad por la lucha de los derechos de los pueblos originarios lo ponen a usted, las ocurrencias folclóricas de los rituales para imponer el tren maya? ¿Los más altos estándares internacionales para realizar consultas a los pueblos cuando se aplicarán?, porque nos queda claro que en el tren maya, por lo menos lo previo como derecho ya fue vulnerado.

En REMA no actuamos con dolo como nos lo hace saber a través de un twitter, hacemos planteamientos críticos y denuncias sobre un modelo que genera despojo y desplazamiento forzado, el cual no podemos permitir siga protegiéndose con actuaciones vagas, sumisas o por desconocimiento. De este nuevo gobierno no queremos titubeos, sino decisiones firmes que refuercen y refrenden el respeto de los derechos de los pueblos originarios, porque ya los gobiernos anteriores fueron fiel referente de la sumisión, la impunidad, y la violación de derechos. En ese contexto, desde nuestro nacimiento trabajamos, entre otras cosas, por desmitificar el «progreso y desarrollo» del modelo minero y de aquellos personeros que desde el gobierno y desde las empresas lo pretenden perpetuar. Con ello no decimos que a usted lo tenemos en esa categoría, pues no tenemos más argumentos para que ello suceda en estos momentos, pero es nuestro deber exigirle trabaje bien y a mil por hora no porque sea necesario para REMA, sino para los pueblos que en estos momentos ya les han sido vulnerados sus derechos, como los cientos de comunidades de Oaxaca con concesiones mineras.

Coincidimos con usted; en estos momentos álgidos del modelo extractivo, es prioritario luchar por garantizar que los pueblos originarios ejerzan el pleno disfrute de su derecho fundamental a sus tierras, territorios y bienes naturales, a lo cual sumaríamos también el derecho a su cultura, a mantener y fortalecer sus procesos identitarios y no folclorizarlos, y dar total certidumbre y garantía a su libre determinación.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOS/AS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

 

Pronunciamiento ante doble asesinato, agresión física y situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Pronunciamiento de organizaciones sociales de Guatemala, México y el mundoHuehuetenango, Guatemala, A 20 de diciembre 2018

Las organizaciones organizaciones, colectivos y personas firmantes, entre las cuales Otros Mundos A.C., manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán.

Las personas defensoras del territorio y del medioambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.) que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW.

Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II, se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco.

En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017; asesinato que sigue sin esclarecerse.

 

Además de este doble asesinato se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018:

– Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas.

– 12 de octubre: En el transcurso del día dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días.

– 20 de octubre y 7 de noviembre: hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada.

– 9 de diciembre: agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo su hija Maria Jorge Gómez y su nuera, Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas.

La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más un año nuevamente ha aumentado de intensidad impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular de uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez.

A principios de noviembre de 2018 fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un «Acuerdo para la Paz y el Desarrollo» en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo, han registrado un aumento de ataques en su contra.

Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos:

– Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan.

– Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos.

– Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencias y que tome medidas de protección especificas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis.

– Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis.

– A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido.

– A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

FIRMAMOS:

Accountability Counsel, Estados Unidos
ACODET, Guatemala
Alerte Honduras, Francia
Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), Guatemala
Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
Asociación Civil El Observador, Guatemala
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional
ALIANZAS Unitarian Universalist Church of Arlington, Estados Unidos
American Jewish World Service, Estados Unidos
Asociación Civil Verdad y Vida, Guatemala
Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), Guatemala
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), Guatemala
Bank Information Center, Estados Unidos
Bank Information Center Europe, Regional
BC CASA-Cafe Justicia, Canadá
Both Ends, Holanda
Anne Bordatto, Guatemala
Lorena Bugueño, Chile
Cadena para un Retorno Acompañado (CAREA), Alemania
Carlos Alfaro Aldana, Guatemala
Carlos Salamanca, Investigador Adjunto Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, (CONICET), Argentina
Cataylst Project, Estados Unidos
Center for International Environmental Law (CIEL), Estados Unidos
Center for Participatory Change, Estados Unidos
Alejandro R. Chan S. Politólogo, Guatemala
Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Estados Unidos
Sandra Elizabeth Chuc Norato, Guatemala
CISPES, the Committee in Solidarity with the People of El Salvador, Estados Unidos
Collectif Guatemala, Francia
Colectivo Madreselva, Guatemala
Columban Mission Center, Estados Unidos
Comite Campesino del Altiplano-CCDA, Guatemala
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL), Canadá
Community Alliance for Global Justice (CAGJ), Estados Unidos
Consejo Mam te Txe Chman San Marcos, Guatemala
Consejo De Mujeres Mayas Ixmucane, Guatemala
Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Guatemala
Coordinación de Ong y Cooperativas (CONGCOOP), Guatemala
The Copper Country Guatemala Accompaniment Project (CCGAP), Estados Unidos
Crude Accountability, Estados Unidos
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Peru
Development International, Estados Unidos
Earth Guardians, Estados Unidos
Nelson Escobar Ruiz, Guatemala
Festivales Solidarios, Guatemala
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, América Latina
FONGI – Foro de ONGs Internacionales en Guatemala, Guatemala
France Amérique Latine, Francia
Friends of the Earth United States, Estados Unidos
Friendship Office of the Americas, Estados Unidos
Front Line Defenders, Irlanda
Frontera Water Protectors, Estados Unidos
Fundación para el Debido Proceso/Due Process of Law Foundation (DPLF), Estados Unidos
GegenStroemung–ContraCorrientes, Alemania
Gender Action, Estados Unidos
Global Labor Justice, Estados Unidos
Global Witness, United Kingdom / Internacional
Guatemala Human Rights Commission, Estados Unidos
Guatemalanetz Bern, Suiza
Guatemala-Netz Zürich, Suiza
Guatemala Partnership Committee, Congregational Church of Needham, Estados Unidos
Heart of the Sky Fair Trade, Estados Unidos
Human Rights Defenders Project, Estados Unidos
Indigenous Climate Action, Estados Unidos
Indigenous Goddess Gang of the Diné (Navajo) Nation, Estados Unidos
International Rivers, Estados Unidos
International Accountability Project, Global
InterReligious Task Force on Central America and Colombia, Estados Unidos
Jennifer Casolo -geógrafa, Estados Unidos
JusticiaYA, Guatemala
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Canadá
Kickapoo Guatemala Accompainment Project (KGAP), Estados Unidos
Km207 Guatemala-Suisse, Suiza
Leocadio Juracán, Diputado, Guatemala
The Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canadá
Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Canadá
Movimiento de Reconciliación, Austria
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), Estados Unidos
OTROS MUNDOS A.C., México
Parlamento del Pueblo Xinka, Guatemala
El Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG), Canadá
Peace Watch Switzerland (PWS), Suiza
Perifèries del Món, España
Plataforma Internacional contra la Impunidad, Suiza
Prensa Comunitaria, Guatemala
Programa Interdisciplinario de Investigación en Espacios, Políticas y Sociedades del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Protection International, Bélgica
Protection International Mesoamérica, Guatemala
Public Service Alliance of Canada, Canadá
Red por la Justicia Ambiental, Colombia
Resistencia Pacífica La Puya, Guatemala
Resistencia Pacífica Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, Guatemala
Sandra Sanchez, Guatemala
SEFCA, Guatemala
Solidaridad de Austria con Guatemala, Austria
Südwind Entwicklungspolitik, Austria
Terre et Liberté pour Arauco, Francia
The Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA), Estados Unidos
TreeSisters, Estados Unidos
urgewald, Alemania
Welthaus Viena, Austria
WIDE – Red de Mujeres y Desarrollo, Austria
WoMin African Alliance, Sudafrica

Foto: Domingo Esteban Pedro

[INFORME] Manejo Comunitario del Territorio y Soberanía Alimentaria en América latina y el Caribe

Informe publicado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) – A 19 de diciembre 2018

 >> DESCRAGAR EL INFORME EN PDF <<

Introducción

Desde Amigos de La Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), vemos la importancia de reconocer las prácticas que desde las organizaciones, comunidades y movimientos se realizan para la búsqueda de la soberanía alimentaria y la conservación, manejo y protección de bosques, montes y montañas, enmarcadas en manejo, cuidado y gestión del territorio. Estas acciones son producto del conocimiento desarrollado a través de años de convivencia de las comunidades con sus territorios, que han enriquecido la biodiversidad a través de sus prácticas tradicionales y en su derecho a seguir siendo quienes deciden libremente sobre sus bienes comunes naturales. Este planteamiento cobra importancia en el contexto del desarrollo de un modelo extractivo que pretende imponer a las comunidades, formas de manejo de sus territorios, bajo la premisa del conservacionismo de bienes naturales y el discurso del desarrollo.

La intención de la publicación es contribuir a una narrativa común de las sinergias entre Agroecología y Manejo Comunitario del Territorio, compartiendo elemento Amigos de La Tierra Brasil muestra como la relación y articulación con organizaciones, comunidades y movimientos, construyen la Feria Agroecológica, fruto de la Resistencia que se lleva a cabo en su sede CasaNAT (Centro de Arquitectura Socio Ambiental – Sede de ATBr). La Feria tiene como objetivo articular la permanencia de grupos en sus tierras y territorios, a partir del intercambio de saberes y resistencias con apoyo mutuo y procesos de solidaridad entre los que luchan en el campo y la ciudad.

Otros Mundos A.C. en Chiapas, México, presenta el proceso de la Escuela Popular de Agua y Energía y el trabajo en agroecología y tecnología apropiada, en el marco de defensa del territorio y derechos colectivos de pueblos para reivindicar otras formas de vivir frente al sistema económico de dominación actual.

Amigos de La Tierra Argentina muestra la lucha defensiva de la gestión comunitaria de bosque en un entorno cercano a lo urbano donde las comunidades enfrentan amenazas de mega emprendimientos inmobiliarios. Se ve cómo la organización enriquece la relación entre trabajo y naturaleza, empodera a productores para defender el territorio como guardiana y posibilitadora de mantener viva la cultura.

REDES Uruguay presenta el trabajo con la Red nacional de semillas nativas y criollas, desarrollada a nivel Nacional para recuperar variedades nativas y criollas y construir un reservorio vivo común de semilla para la producción de alimentos, se destaca el valor de los encuentros como espacios de celebración de semillas y biodiversidad. Esta sirve como plataforma política del Plan Nacional de Agroecología y de interacción con otros movimientos, decisores/as políticos y académicos/as. CENSAT-Colombia expone los discursos y políticas incongruentes para el cuidado del patrimonio ambiental, pues mientras se habla de la necesidad de conservar bosques, se entregan zonas para el extractivismo minero energético y agroindustrial. Las comunidades que comparten su experiencia trabajan en iniciativas de rescate de semillas, monitoreo de la biodiversidad, acueductos comunitarios, apicultura, viveros forestales, uso de biomateriales, educación de jóvenes y fortalecimiento organizativo. CEIBA de Guatemala destaca las sinergias entre el manejo integrado del territorio y la agroecología, también manifiestan la organización comunitaria, articulación en redes, promoción de políticas y estrategias de soberanía alimentaria y defensa de territorios trabajados desde los grupos y comunidades, contribuyendo a posicionar la propuesta de manejo integrado del territorio desde los pueblos y de la práctica agroecológica.

En estas experiencias las comunidades locales desarrollan prácticas de manejo comunitario de bosques y agroecología, donde quedan expuestos elementos con denominadores comunes como: La organización comunitaria, base fundamental para prácticas de manejo comunitario de bosque y agroecología, el ejercicio soberano de las comunidades por el control de sus territorios. En las experiencias se visibiliza el papel y autonomía de mujeres en estos procesos de cuido del bosque y manejo agroecológico y las posiciona como sujetos políticos que deciden en sus territorios. La apuesta a ciclos cortos de mercado, el fomento a economías locales y solidarias que acercan el campo a espacios urbanos, el reconocimiento a los saberes locales, cultura, espiritualidad y la diversidad. Aspectos como la educación y comunicación popular son centrales en estos procesos. Las experiencias descritas en este documento demuestran que el modelo extractivo, la economía verde, el agronegocio y la financiarización de la naturaleza causan no solo destrucción ecológica y muerte material, sino también daños irreparables y exterminio de culturas, biodiversidad y modos de vida tradicionales. Es perceptible que las injusticias que afectan la tierra, las aguas y toda la biodiversidad igualmente afectan a las personas, sus cuerpos, sus autonomías y autodeterminación. De ese modo se solidifican los argumentos que fundamentan la importancia del manejo, cuidado y defensa que los pueblos hacen en sus territorios para mantener y aumentar la biodiversidad, reforzando nuestra mirada de que la presencia de los pueblos en los territorios conservados no solamente los beneficia, sino que es una relación de profunda interconexión en donde los seres humanos formamos parte de la naturaleza.

Autores: Aldrin Calixte, Amigos de La Tierra Haití; Mariana Porras, COECOCEIBA Amigos de La Tierra Costa Rica, Equipo CENSAT, Agua
Viva – Amigos de la Tierra Colombia; Claudia Ramos Guillén, Tania E. González Flores, Amigos de La Tierra México; Walter
Gómez, CESTA-Amigos de la Tierra El Salvador; Equipo REDES, Uruguay; Rocael Cárdenas, Elías Raymundo Raymundo y Awex
Mejía Cipriano, CEIBA-Amigos de La Tierra Guatemala; Camila Trama y Diego Andrés Martínez Zambrano, Amigos de La
Tierra Argentina; Leticia Paranhos M. de Oliveira, Marilia Gonçalves y Fernando Campos Costa, Amigos de La Tierra Brasil.

Edición, contenido y sistematización: Claudia Ramos, AT México y Leticia Paranhos M, AT Brasil.

Diseño: Nicolás Medina Redes AT Uruguay / RMR.

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Ante la fusión Bayer-Monsanto, defendemos el derecho de los campesinos y las campesinas a producir de manera agroecológica

Sierra Norte de Puebla: El Subsecretario de Minería avala proyecto minero repudiado por comunidades indígenas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Ciudad de México, 18 de diciembre 2018

  • Da respaldo a pesar de que el proyecto minero sería realizado sobre concesiones que violaron derechos, y por las cuales, está demandada judicialmente la Secretaría de Economía.

El pasado 9 de diciembre, el recién nombrado Subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, para expresar su respaldo abierto y explícito al proyecto minero de oro y plata a cielo abierto que la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, pretende realizar sobre dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía le otorgó sobre dicho municipio.

Ello a pesar del rechazo público de diversas comunidades al proyecto, y a pesar de que las concesiones sobre las cuales pretende implementarse, fueron otorgadas violando derechos de pueblos indígenas y de ejidos del municipio. El Subsecretario soslaya incluso que existe un Juicio de Amparo interpuesto por la Comunidad Nahua de Tecoltemi, en contra de las referidas concesiones, en donde la Secretaría de Economía, que él representa, es la demandada.

El apoyo de Luis Francisco Quiroga se dio durante su asistencia a la 9ª Junta Informativa del proyecto minero Ixtaca, organizada por la empresa. En ella, el representante de la Secretaría de Economía, acompañado por integrantes de su equipo, elogió a la minera y su proyecto, afirmando que «los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, que aquí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país», llamando «voces disidentes» a quienes defienden sus derechos y al territorio de la devastación y los daños que causa la minería a cielo abierto[1].

El día de ayer, entregamos una carta a la Secretaria de Economía, Lic. Graciela Márquez Colín, en la que manifestamos nuestro rechazo y condena por la presencia y declaraciones del Subsecretario en un evento de la empresa. En ella, y ahora también, preguntamos a la Titular de la Secretaría de Economía, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si acaso el proceder del Subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo Gobierno Federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social existente en el país debido a la imposición de concesiones y de proyectos mineros; si acaso pretende dar continuidad al modelo extractivo minero impuesto por los sexenios pasados, y que sólo ha generado división, violencia, despojo y depredación de los recursos del territorio.

El Gobierno Federal tiene ahora una oportunidad única para demostrar que cumplirá con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que no se conducirá con las mismas prácticas violatorias, y que por tanto, pondrá la vida y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y agrarias, por encima de los intereses de las empresas.

FIRMAN:

Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhuac

Consejo Tiyat Tlali

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Red Mexicana de Afectados por la Minería

Contacto:

– consejotiyattlali@gmail.com  Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060

– Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar:  dianaa@fundar.org.mx

[1] Lo dicho por el Subsecretario puede constatarse en el siguiente video que fue tomado durante la reunión:

{YOUTUBE}N8LNmajLKOs{/YOUTUBE}

Más información:

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Los conflictos y controversias de la minería de Canadá en América Latina (que van en contra de su imagen progresista)

 

Guatemala: asesinan a dos defensores que resisten a proyectos hidroeléctricos en Ixquisis

Comunicado de Otros Mundos A.C. y el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR) en solidaridad con la resistencia pacífica de la Microrregión de Ixquisis en Guatemala – A 18 de diciembre 2018 (Descargar el comunicado en PDF)

¡ALTO A LOS ATAQUES Y ASESINATOS CONTRA LA RESISTENCIA A HIDROELÉCTRICAS

EN LA MICRORREGION DE IXQUISIS!

A 18 de diciembre 2018
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Dos defensores de la Microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango) acaban de sumarse a la lista de las víctimas de la guerra que el gobierno guatemalteco y empresas como Energía y Renovación Holding S.A. (antes Promoción y Desarrollo Hídrico, S.A.) llevan contra la población local para imponer una serie de represas hidroeléctricas sin su consentimiento.

El domingo 16 de diciembre fueron encontrados sin vida Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, dos líderes de la comunidad de Bella Linda, donde defendían el río Pojom ante la construcción de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés. Fueron asesinados a balazos, en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica.

Nery y Domingo no fueron las primeras víctimas de la violencia letal con la cual la empresa panameña Energía y Renovación Holding S.A. impone sus proyectos, con la complicidad del gobierno guatemalteco y de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE) y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que invierten en ellos. El 17 de enero 2017, el compañero de 72 años Sebastián Alonso fue asesinado por fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra Pojom I en la cual participaba.

Exigimos se esclarezcan los asesinatos de Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, además del de Sebastián Alonso, el cual sigue impune. Se debe llegar no solo a los autores materiales sino también intelectuales de estos crímenes, perpetrados para proteger altos intereses económicos.

Además de asesinatos, estos proyectos se acompañan de una serie de actos de hostigamiento, como lo pudimos ver en octubre del presente año cuando un cerco de 300 efectivos de la Policía Nacional Civil protegió las instalaciones de la empresa Energía y Renovación para intimidar a la población en resistencia. Junto con nuestros compañeros del Consejo de Pueblos Wuxhtaj y el Consejo del Pueblo Maya (CPO), con quienes hacemos parte del Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR), denunciamos la farsa que constituyen «los Acuerdos de paz y desarrollo de San Mateo Ixtatán» firmados después de este episodio, ya que no hay nada más alejado de la paz y el desarrollo que la invasión de los territorios y la violación de los derechos colectivos de las comunidades locales. Por ello, exigimos la cancelación definitiva e inmediata de los proyectos Pojom I, Pojom II y San Andrés.

De manera general, en todo México, Centroamérica y América del sur, rechazamos el modelo energético capitalista que consiste en acaparar bienes comunes naturales, inundar tierras y represar ríos para generar energía eléctrica sin que esta sea deseada por ni destinada a la población local, con el simple fin de lucrar con la naturaleza. Denunciamos que este tipo de proyectos que se presentan como vectores de desarrollo para los pueblos campesinos de nuestro continente no garantizan ningún derecho, ni el derecho básico a la electricidad. Al contrario, violan los derechos colectivos de los pueblos, entre los cuales el derecho a la autodeterminación, y violan el derecho a la vida y a la protesta, asesinando y criminalizando.

Como Otros Mundos A.C. y miembros del MAR, seguiremos luchando por un modelo energético pensado y construido por y para los pueblos. Nos solidarizamos con las familias de los compañeros asesinados y saludamos a la digna lucha de la Microrregión de Ixquisis, esperando encontrar justicia para los pueblos afectados por los proyectos de represas.

¡Justicia para Nery y Domingo!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡Fuera las represas de nuestros ríos!

FIRMAMOS:
OTROS MUNDOS A.C
MOVIMIENTO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS EN AMÉRICA LATINA (MAR)

Más información:

Comunicado Urgente: Denunciamos el doble asesinato de miembros de la resistencia de Ixquisis

Denunciamos el Falso Dialogo y desarrollo por el caso Pojom I, San Mateo Ixtatan. La paz y desarrollo se construye, no se impone con violencia

Guatemala: ¡Cese al cerco policíaco en las comunidades Ixquisis en resistencia!

Hubo avances para los pueblos y la naturaleza en la COP14, pero la influencia de las empresas se mantiene

Artículo de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – A 13 de diciembre 2018

Las negociaciones de la 14a Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 14) tuvieron como resultado algunas victorias para los pueblos y la naturaleza, pero las empresas siguen influyendo fuertemente el proceso.

Los últimos ocho años hemos estado trabajando en base a las Metas de Aichi de 2010-2020. En el marco de estas metas, el mundo supuestamente debía avanzar a grandes pasos en pos de solucionar la crisis de la biodiversidad. Durante este tiempo no se ha logrado prácticamente nada, más allá de algunos pequeños avances, y hubo importantes deterioros en varias áreas. Esto se debió a la falta de implementación de las Metas de Aichi por la mayoría de los países que son partes del Convenio. En la COP14, realizada del 17 al 29 de noviembre de 2018 en Egipto, uno de los ministros proporcionó información importante que demuestra que se ha invertido al menos 160 veces más en actividades y sectores destructivos que en la protección de la biodiversidad.

Consideración a los pueblos indígenas y las comunidades locales

Los pueblos indígenas y la sociedad civil lograron garantizar la aprobación de terminología para las áreas conservadas por comunidades indígenas y locales – ICCA, por su sigla en inglés. Este texto trata sobre las prácticas que llevan a cabo las comunidades para conservar sus propios territorios, como los bosques u otros tipos de ecosistemas. El concepto es muy similar a lo que en Amigos de la Tierra Internacional denominamos Manejo Comunitario del Bosque.

A su vez, logramos garantizar que se reconozcan «otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas» (OECM, por su sigla en inglés), que refiere a las áreas que no son protegidas oficialmente, pero que son áreas ricas en biodiversidad y ecosistemas conservados, la mayoría de los cuales son manejados por pueblos indígenas.

El hecho que el Convenio reconozca que estos territorios son tan importantes como las áreas oficialmente protegidas es muy significativo, porque las áreas protegidas a menudo le arrebatan su gobernanza a los pueblos indígenas. Además, gran parte de la naturaleza mejor protegida se encuentra en estas áreas ICCA. Que su gobernanza esté en manos de los pueblos indígenas es importante para su conservación. Ahora, los gobiernos reconocen este hecho un poco más claramente.

Conflictos de intereses de las empresas

Al Convenio se introdujo un texto relacionado con los conflictos de intereses. Durante la COP14, la sociedad civil fue testigo de cómo las empresas se volvían más y más activas, y cómo los portavoces de las empresas presionaban a las Partes y buscaban ser parte de los órganos científicos asesores.

Aunque el texto que se aprobó sobre los conflictos de intereses no abarca lo suficiente como para reducir la influencia empresarial, estamos felices de que exista y de que los conflictos de intereses se hayan identificado como un problema. Esto es esencial, particularmente ya que los representantes de las industrias invitados a formar parte en calidad de asesores ahora tendrán que declarar la existencia de conflictos de intereses. Ahora tenemos una mayor conciencia del hecho de que hay intereses que son incompatibles con proteger la biodiversidad.

Presencia empresarial a todo nivel

El cabildeo empresarial se hizo visible en todo el proceso referido a la biología sintética y en todas las discusiones relacionadas con los impulsores genéticos y la Información Digital sobre Secuencias, que son formas sumamente avanzadas de organismos genéticamente modificados y transgénicos. Las empresas que están experimentando en estos campos quieren tener rienda suelta y nada de reglamentación. Las/os colegas de los grupos miembros de Amigos de la Tierra, entre ellos de Nigeria y Estados Unidos, trabajaron mucho para hacerle frente a la poderosa influencia empresarial.

Aunque como sociedad civil no logramos garantizar todas las reglamentaciones que hubiésemos querido, sí estatuimos el reconocimiento del Principio Precautorio. Toda empresa que quiera liberar al medioambiente un organismo impulsor genético, que puede exterminar o modificar toda una especie, tendrá que obtener en primer lugar el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

Impiden el acceso y acaparan los beneficios

La mayoría de las Partes deberían estar haciendo más para cumplir con los tres objetivos principales del Convenio sobre la Diversidad Biológica: conservación de la diversidad biológica, ‘utilización sostenible’ de los componentes de la biodiversidad, y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

La delegación de Suiza en particular impidió que se avanzara en lo relativo a la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la Información Digital sobre Secuencias. Aunque esto aparentemente no tiene que ver con las plantas reales, implica que los códigos genéticos de, por ejemplo, las plantas que existen en la Amazonia, puedan enajenarse vía la Internet. De ese modo, la participación justa y equitativa en los beneficios puede eludirse. El interés suizo es proteger a su gran industria farmacéutica, y por eso la delegación impidió el avance del texto relacionado con este tema. No obstante, entre las Partes hubo algún grado de reconocimiento de que hay que trabajar más en torno a este tema, por lo que aspiramos a que en la COP15 que se realizará en China en 2020 se establezca la reglamentación al respecto.

2020 y más allá

Ahora estamos iniciando el proceso de construcción de un nuevo plan estratégico que se implementará a partir del año 2020. En la COP14 se aprobó el proceso de planificación, que todos los delegados abogaron que sea participativo e inclusivo, aunque nos preocupa que al leer la letra chica, esto en realidad no suceda.

Amigos de la Tierra Internacional y nuestros abnegados aliados seguiremos presionando por un proceso que sea genuinamente participativo. Estamos trabajando mancomunadamente para que se incorporen nuestras demandas por justicia social, economías fuertes que respeten los límites planetarios, la inclusión de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y la inclusión de la agroecología –componentes todos que sabemos son vitales para salvar a la Naturaleza.

En los próximos dos años contaremos con una voz fuerte para mostrarle al mundo lo que debe hacerse.

Más información:

COP 14: El Convenio sobre la Diversidad Biológica debe conducirnos a un mundo que viva dentro de los límites planetarios

COP 14: Poder corporativo y disminución de la biodiversidad

La sociedad civil exige medidas contra la pérdida de biodiversidad

Foto: Mariann Bassey de Amigos de la Tierra Nigeria durante la COP 14

COP 24: las empresas de combustibles fósiles obstaculizan las negociaciones

Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra InternacionalKatowice, Polonia, a 14 de diciembre 2018

Mientras las negociaciones de la ONU sobre el clima llegan a sus últimas horas en Katowice, los avances en términos del «Libro de Reglas» del Acuerdo de París y otras decisiones clave, como el reconocimiento del informe sin precedentes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre los 1,5 grados, han sido aterradoramente lentos. Las negociaciones no están bien encaminadas para pasar las pruebas de la ciencia o la justicia, y los gobiernos clave que presionan a favor de los combustibles fósiles imponen muchos obstáculos.

Sara Shaw, Coordinadora del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, afirmó: «Siempre supimos que sería una conferencia difícil, que se desarrollaría en el centro de la industria carbonífera de Polonia, y que empresas como Shell, Exxon y BP estarían dentro de las negociaciones y promoverían el mito de que es posible detener el cambio climático sin desmantelar la industria de los combustibles fósiles. Pero sigue siendo devastador ver cómo países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia y Kuwait destruyen nuestras chances de tener un planeta seguro donde sea posible vivir y cómo estos países obstaculizan el progreso en cada oportunidad que tienen. Hace más de 50 años se sabe que los gases de efecto invernadero provocan el cambio climático. Sin embargo aquí estamos, al borde de una catástrofe, porque los intereses empresariales y las ganancias de los combustibles fósiles se han infiltrado en las negociaciones sobre el clima para perpetuar el sistema de energía sucia sin que importen los costos para los pueblos y el planeta. El hecho de que Shell se jactara esta semana de haber ayudado a redactar el Acuerdo de París es una prueba más de esta realidad».

Es probable que los gobiernos negocien finalmente un acuerdo sobre el Libro de Reglas necesario para implementar las débiles metas del Acuerdo de París, que fue su mandato en esta 24a Conferencia de las Partes de la CMNUCC. Esta conferencia tuvo lugar inmediatamente después de que se dieran a conocer las conclusiones cruciales del informe especial del IPCC sobre los 1,5 grados. Pero si bien los países en desarrollo y los pueblos vulnerables del planeta necesitan desesperadamente que se proporcione financiamiento para la mitigación, adaptación, las pérdidas y daños, y si bien es vital que aumente la ambición de las reducciones de emisiones, los avances han sido frustrados a cada paso por los países que no tienen ningún interés en detener el cambio climático y que están ávidos por sostener la industria criminal de los combustibles fósiles. Sin embargo, nuevamente vimos cómo se socavó el principio crucial de que los países desarrollados tienen la responsabilidad histórica de hacer más y de pagar la deuda climática que mantienen con el Sur.

Sara Shaw continuó: «Los países ricos están presionando a los países en desarrollo para que acepten normas que no los benefician, y les plantean una elección imposible entre recibir financiamiento para la tan necesaria transición o sobrevivir. Las reglas que se quieren adoptar no nos encaminarían hacia un futuro por debajo de los 1,5 grados y se corre el riesgo de confinar al mundo a décadas de falta de acción».

Entretanto, mientras las empresas de combustibles fósiles disfrutan de niveles extraordinarios de acceso a las negociaciones sobre el clima, la sociedad civil ha sido llevada a los márgenes de las negociaciones y se detuvo, deportó y negó el acceso a Polonia a muchos/as activistas. Los/as activistas que marcharon por la justicia climática en las calles de Katowice estuvieron rodeados/as por un gran número de oficiales de policía fuertemente armados, vehículos blindados y gases lacrimógenos.

Rita Uwaka, de Environmental Rights Action/ Amigos de la Tierra Nigeria, sostuvo:»En el momento preciso en el que necesitamos de las mayores medidas climáticas posibles es que vemos un aumento de los regímenes autoritarios de derecha y de los negadores del cambio climático en Estados Unidos, en Brasil, en Polonia, en Filipinas y en otras partes del mundo. Este es un duro golpe para la democracia, para la justicia climática, para la seguridad de los/as activistas y la gente común en muchos países. Vemos un aumento del apoyo de estos regímenes a la impunidad de los grandes contaminadores. Pero los pueblos se están alzando y se movilizan a pesar de los graves riesgos que corren en algunas partes. La sociedad civil está resistiendo aquí en Polonia. Y continuaremos con el importante trabajo que hacemos en nuestros países, desafiando a los contaminadores, fortaleciendo nuestros movimientos con las comunidades en la primera línea que son las más afectadas por el cambio climático y la energía sucia y desafiando el patriarcado para crear un mundo justo y sustentable».

Foto: Movilización en el marco de la COP 24 en Katowice, Polandia

Más información:

Expertos del IPCC recomiendan «cambios sin precedentes» para limitar el calentamiento global a 1,5ºC

«Soberanía Energética Ya»: manifiesto por una transición hacia la justicia climática

 

La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – A 13 de diciembre 2018

Foto: Adelfo Regino Montes, Director General del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Adelfo Regino Montes, originario del pueblo Mixe del estado de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fue Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretario Técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (2010-2016), asesor también de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017), y asesor de distintas asociaciones y grupos indígenas como: Autoridades Mixes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayuuk por la Agricultura Sostenible, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA), del Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, además de ser asesor del EZLN en los momentos álgidos del levantamiento de estos en Chiapas.

La experiencia curricular del Lic. Adelfo, es notoria y sin duda creemos fue significativa a la hora de su designación al frente del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Instituto que, por cierto, está lejos de atender las reales necesidades de los pueblos originarios, toda vez que nuevamente queda por debajo y a expensas de lo que determinen las Secretarías de estado. Al margen de ello, no deja de sorprendernos que el Lic. Adelfo, no explote al máximo su experiencia curricular, y sin todavía dar a conocer públicamente un planteamiento serio al respecto de los pueblos originarios, ya empieza a mostrar la clásica visión del capitalista minero, al pretender mejorar el reparto del Fondo Minero y compensar los terribles daños que los pueblos originarios, campesinos y equiparables están viviendo a causa de la actividad extractiva minera.

Es lamentable sea de esa manera como arranque lo que parece será el proyecto político minero para los pueblos originarios. Señala la implementación de un censo que le orientará el cómo repartir de la mejor manera los recursos económicos del Fondo Minero el cual, por cierto, sólo ha servido para lavar el pago de impuestos de las empresas, ha servido para sustituir las labores del estado y ahora sean las empresas quienes invierten en obra pública en los pueblos, pueblos que por cierto son destruidos, al mismo tiempo que los daños son maquillados con obras de oropel. Ha servido también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se enriquezca de forma descarada y absurda, pero, sobre todo, ha servido para esconder la verdadera cara de la devastación que está detrás del mito de progreso y desarrollo minero.

También lo vemos muy animado y empujando el discurso de su jefe, el Presidente de la República, ponderando que ahora todo será a través de consultas como dirimirán su destino los pueblos, lo cual nos deja un amargo sabor de boca porque, lo único que constata esa propuesta, es la ignorancia que tienen sobre los efectos sociales y ambientales que genera el Modelo Extractivo Minero, a tal grado que en verdad creen se resolverá a través de absurdas consultas, aunque estas tengan los más altos estándares internacionales. ¿Por qué consultarle a un pueblo si está de acuerdo en que un megaproyecto le cambie la vida de forma negativa para siempre? La consulta no es un derecho, es una herramienta. Lo que es un Derecho, es el Derecho a la Vida.

La errónea política del que contamina paga debe de desaparecer, para transitar y actuar con mecanismos efectivos para la rendición de cuentas, que deriven en el encarcelamiento de los dueños de las empresas quienes, además de vivir a costa del despojo de nuestros bienes naturales, se dan el lujo de destruir todos los modos de vida de pueblos enteros sin que haya consecuencias al respecto. Igual de importante, es llevar a la rendición de cuentas a todos los funcionarios de gobierno quienes, utilizando las Secretarías de estado, trabajan en contubernio con las empresas, que los usan para ocultar todas las arbitrariedades y violaciones que ocasionan.

Lic. Adelfo, el dinero minero no rescata ni un sólo milímetro de los Derechos Violados de los Pueblos Originarios, tampoco repara los daños permanentes e irreversibles a la salud de la población, de la tierra, de los bienes naturales, ni del territorio, menos aún sirven para resarcir la ruptura y desaparición identitaria, cultural, lingüística, patrimonial que, si bien usted los menciona en los medios como fundamentales para los pueblos, es claro que no tiene una idea suficiente sobre lo que pasa en una comunidad que convive con una empresa minera. Darles más o menos dinero a los pueblos afectados por empresas mineras, es continuar con el proyecto de aniquilamiento, despojo y desplazamiento forzado que el Modelo Extractivo Minero ha impuesto en toda Latinoamérica, que lo ha impuesto a partir de estados desnacionalizados con leyes que ignoran las graves consecuencias que ocasiona la minería y, sobre todo que, bajo una visión mercantilista, creen que el dinero resuelve el fondo del problema.

Le proponemos que mejor impulse un censo para obtener toda información que los anteriores gobiernos han ocultado o en su acción de omisión no han generado. Por ejemplo; hacer el inventario de los destrozos integrales e interregionales generados por las empresas mineras, evaluar los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, estimar el volumen de los pasivos ambientales y sociales que nos están dejando como herencia en este país; que sirva para difundir las gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de identificar los lazos de corrupción que existen entre funcionarios del gobierno, empresas y el crimen organizado. Un censo que aclare el saqueo de bienes minerales que las empresas no reportan en México, entre muchos otros ítems, que serían de gran utilidad y suficientes para llevar a la cárcel a los empresarios mineros.

Si estas líneas que le expresamos le hacen cambiar el rumbo de su plan, bienvenido sea. Por el contrario, si insisten en ponderar el mismo modo capitalista como lo fueron las tres administraciones anteriores, pronto se darán cuenta que la 4ta Transformación no será positiva, sino regresiva.

FIRMA:
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más información:

Fondo de concesiones mineras, a revisión por el Instituto de Pueblos Indígenas

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desmiente categóricamente las afirmaciones de la REMA

El INPI toma la voz en la presentación de la agenda en temas de representación y participación política de los pueblos originarios de México

La Ley Minera propuesta por MORENA favorece el saqueo de los bienes naturales de los pueblos

Repensar los derechos humanos y la hondureñización de América Latina

Documento de análisis redactado por Juan Almendares Bonilla*

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Resumen: Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo con una tasa de impunidad del 90%. Se plantea la necesidad de reconceptualizar los derechos humanos en un país militarmente ocupado por Estados Unidos de América y con una democracia ficticia y donde el respeto a los derechos económicos-sociales es mínimo comparado con los derechos humanos formales de carácter individual, civil y político.

Es un estado Policial Militar y un país «experimento» en golpes de estado, procesos de electorales fraudulentos, Estado de excepción y alta corrupción. En consecuencia, se hace necesario repensar los derechos humanos y prevenir que esta experiencia violenta en Honduras se transplante a todo el continente, lo que hemos llamado: La hondureñización de América Latina.

Propósito: El ensayo que se presenta a continuación tiene como finalidad, desarrollar un replanteamiento teórico y crítico de los derechos humanos (DH) a partir de la génesis de la violencia estructural e histórica que vulnera la totalidad de las relaciones de los seres vivos entre sí, las relaciones materiales, metabólicas, espirituales y culturales entre la sociedad y la naturaleza sobre la producción y la reproducción de la totalidad dialéctica de la vida y de las relaciones sociales que tienen lugar en la formación social concreta de un país mesoamericano como Honduras, cuya realidad social está inserta y articulada a la mundialización del capital.

Lo que ha ocurrido en este país es una serie de ensayos experimentales de la explotación, perversidad política, fábrica de corruptos, tortura y tratos crueles y degradantes; cuyos métodos y prácticas pueden ser reproducidos en otros Estados, particularmente en América Latina.

Introducción: Pensar mediante conceptos y categorías, establecer sus relaciones entre sí en forma dialéctica e histórica a través de la praxis social, es pensar en forma reflexiva y crítica sobre la teoría y práctica de los derechos humanos (DH). Si se parte de lo histórico-real de la emancipación social del sujeto humano donde lo social en su práctica histórica, material, espiritual, política y cultural; es la forma y contenido de la expresión real de los conceptos y categorías como instrumentos que nos permiten comprender la realidad objetiva y subjetiva que enfrentamos para conocerla, interpretarla y transformarla.

Los conceptos referentes a los derechos humanos (DH) deben ser históricos, basados en la vida real y sus necesidades materiales, que se expresan por medio de la economía política de producción, la reproducción social y por medio de las relaciones sociedad-naturaleza (destrucción ambiental, cambio climático global) en el marco de la unidad dialéctica de la totalidad histórica planetaria.

La concepción reduccionista de los derechos humanos (DH) a lo jurídico, al Estado o a la sociedad civil sin considerar las categorías como: la explotación humana, la tasa de ganancia o plusvalía, el conflicto de clase, el patriarcado, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la discriminación, la exclusión social (migraciones), la dependencia y las relaciones imperialistas entre los Estados; agravan la situación de los derechos humanos de los individuos, grupos sociales y comunidades.

Sin desconocer los aspectos positivos que tienen algunos conceptos y categorías que tiene la Declaración Universal de los derechos humanos (DH) de La ONU 1948, nuestro punto de partida serán las violaciones a los derechos económicos, sociales, territorios y procesos de conquista, colonización y neocolonización y coloniaje de Honduras.

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*Miembro del Movimiento Madre Tierra Honduras/Amigos de la Tierra Honduras y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4) y presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de las Torturas y sus Familiares en Honduras.

Más información:

VIDEO: Pronunciamiento de Juan Almendares contra el servicio militar obligatorio en Honduras

Juan Almendares Bonilla: Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos

El Escaramujo 84: LAS RAZONES DEL ÉXODO HONDUREÑO