Categoría: Pueblos Organizados

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Tres personas encapuchadas y armadas ultimaron a balazos el miércoles por la mañana a la dirigente campesina hondureña Margarita Murillo, en una zona rural del municipio de Villanueva, departamento de Cortés. Murillo murió como vivió: con la azada en la mano, pronta para producir y dar vida en la tierra por la que siempre luchó.

Este jueves fue enterrada en ese municipio, en el Cementerio Renacer, muy cerca de la localidad de San Pedro Sula. Horas antes, en el velatorio, dirigentes sociales y populares de Honduras se comprometieron a cerrar filas y fortalecer la unidad para lograr la refundación del país.

Murillo, integrante de la Vía Campesina Honduras, tenía un currículum envidiable para cualquier luchador social: fundadora en su país de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC, una de las organizaciones más importantes a nivel nacional), nacida en 1985; también fundadora del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que surgió para resistir al Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y al que impulsó en la ciudad de San Pedro Sula, y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que se creó a partir de esa resistencia. En las últimas elecciones Murillo fue candidata a diputada por ese partido.

Su lucha fue motivo para que los grupos represivos y los escuadrones de la muerte la secuestraran y torturaran en los años 80, en épocas también de Terrorismo de Estado. Dedicó parte de su vida a la lucha libertaria en El Salvador contra la Dictadura, bajo los seudónimos de “Cipriana” o “Raquel”. Luego del golpe de Estado de 2009 en su país padeció el secuestro de un hijo y su marido fue herido de bala por las fuerzas represoras.

Radio Mundo Real entrevistó este jueves a la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, y al dirigente campesino y diputado hondureño Rafael Alegría, referente además de la Vía Campesina Internacional. Alegría estaba en el entierro de Murillo en el momento del contacto.

“Una compañera muy destacada en el movimiento social. Una mujer fuerte, enérgica, beligerante, crítica, muy entregada” a la lucha. Así se refirió Cáceres a la compañera asesinada, a la que reconoció además como una de las “conductoras nacionales” del FNRP, “pero sin abandonar la lucha agraria particularmente”.

“Estos asesinos cobardes la encontraron con el azadón. Ella se disponía a sembrar pepinos, a cultivar la tierra, a dar vida”, agregó la coordinadora del COPINH, que catalogó el ataque de tres personas a Murillo como un “montaje de los grupos de poder y el Estado de Honduras”, a los que responsabilizó por el asesinato.

Nuestra entrevistada destacó que Murillo tenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado hondureño velase por su vida. Pero “nunca se le garantizó su protección pese a las denuncias constantes de amenazas de muerte”.

Cáceres manifestó también que “prácticamente todo el velatorio y entierro de Murillo es una movilización, un acto de protesta”, y subrayó que hay una “gran preocupación nacional en todo el movimiento social y político”. “Nos ha hecho reflexionar de la urgente necesidad que tenemos de cerrar filas ante la represión que continúa en este país criminalizando y con muchas artimañas para hostigar y asesinar a los luchadores sociales y políticos”.

La representante del COPINH contó que el sábado, en una reunión del FNRP, Murillo dijo que había que seguir luchando pese a todo. A pesar “del dolor que arrastramos por nuestros compañeros y compañeras asesinadas como Margarita, por el nivel de exposición, de indefensión, de impunidad y criminalidad, que es parte de la política de terror de este Estado, tenemos esperanza, tenemos ganas de seguir luchando por este país”, enfatizó Cáceres sobre el final de la charla.

En tanto, Alegría subrayó que Murillo dedicó toda su vida “a la organización, la formación, la lucha campesina por una Reforma Agraria Integral”. “Era una brillante luchadora”, aseguró.

El dirigente lamentó que sigue creciendo el “listado de campesinos y campesinas asesinados en Honduras, en la más absoluta impunidad”, y responsabilizó al gobierno nacional. En ese sentido, explicó que el 9 de abril introdujo a la Cámara Legislativa el proyecto de ley de Reforma Agraria Integral, “pero sigue engavetado, pareciera que no hay voluntad del gobierno”. “Ellos tienen gran responsabilidad en estos asesinatos, porque la reforma agraria podría realizarse pacíficamente y sin derramamiento de sangre, pero eso pasa cuando hay gobiernos con voluntad y decisión de impulsar procesos agrarios con justicia, paz y libertad”. “Seguimos en la lucha por una Reforma Agraria Integral”, reivindicó.

Ayer se hizo un minuto de silencio en el Congreso Nacional y Alegría realizó una intervención para llamar la atención sobre la cantidad de campesinos y campesinas asesinadas en el país, los que han sido judicializados por su lucha por la tierra, y para reclamar la aprobación del proyecto de ley de Reforma Agraria.

El dirigente expresó a los micrófonos de Radio Mundo Real: “ayer manifesté que no bastaba un minuto de silencio por la compañera. Sino que es necesario que se discuta y empiece a aprobar la Ley de Reforma Agraria Integral. Esa es nuestra lucha inmediata. Por eso dio la vida Margarita y vamos a continuar con esta lucha”. “En honor al mérito, a la personalidad, a la dignidad de la compañera Margarita Murillo la lucha continuará”, cerró Alegría.

Encuentro y Jornadas Nacionales en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida

San Salvador Atenco, 17 de agosto de 2014

El despojo es una realidad cotidiana que padecemos todas y todos: despojo de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad, de nuestros saberes, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos individuales y colectivos, de nuestros sueños y nuestras esperanzas. No es algo nuevo, pero en los tiempos del neoliberalismo el despojo se ha intensificado. Para nuestro profundo agravio, el despojo se manifiesta también en la descomposición social de la población de nuestro país. Sin embargo, la población no ha permanecido pasiva ante esta barbarie: el incremento de los intentos de destrucción y robo han también hecho crecer las resistencias.

Los megaproyectos que se imponen se imponen sin el consentimiento de las comunidades. Nos despojan los proyectos mineros, las represas, las carreteras y ductos. Nos imponen urbanización desordenada, desarrollos turísticos, privatización de los servicios básicos, se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural. Son los agronegocios, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, el crimen organizado y el crimen de cuello blanco los responsables de este saqueo. El despojo también se manifiesta en quienes se apropian o buscan apropiarse del espectro electromagnético, el internet, quienes mediante los transgénicos colonizan nuestro genoma y hasta quienes se apropian o buscan controlar nuestras ideas. Nos despojan los grandes monopolios nacionales y trasnacionales. Los gobiernos cómplices y serviles nos entregan, a cambio de unas migajas, a la voracidad de los dueños del dinero, quienes buscan convertir en mercancía todo lo que somos y todo lo que es nuestro mundo al que pertenecemos. Bajo la lógica de este sistema se criminaliza a las comunidades que defienden su territorio. No se castiga a quien roba, destruye y mata, sino a quien desde la resistencia busca detener esta barbarie. La dupla criminal integrada por los dueños del dinero y gobernantes es premiada con mayores facilidades para continuar lucrando.

En los últimos treinta años desde poderes institucionales y fácticos se ha dado un desmantelamiento sistemático del Estado y marco normativo en México. Se han impuesto una serie de reformas a la Constitución y leyes de carácter estructural, así como ratificaciones y profundización de tratados de libre comercio, que han destruido las normas que permiten a los pueblos defender el tejido social y la vida comunitaria. La última manifestación de esta embestida es la avalancha de reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todo este paquete de reformas coloca al país, y todo lo que en él se encuentra, a la venta. La ofensiva contra las comunidades campesinas tiene su expresión más crítica en la reforma energética. En estas normas se han atacado sistemáticamente mecanismos de defensa de las comunidades movilizadas. Se eliminó el fin social de la tierra al otorgar a las actividades de explotación de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica preferencia por encima de cualquier otra actividad realizada sobre las tierras. Se ha facilitado la expropiación, la constitución de servidumbres y la ocupación temporal de la tierra de comunidades, de la cual gozarán, no sólo las empresas productivas del estado (Pemex y CFE), sino también capitales privados. Se ha debilitado el derecho a la consulta de comunidades indígenas hasta convertirlo en una auténtica farsa. Se ha hecho inoperable el, ya de por sí, frágil marco legal de protección al medio ambiente. Se han atacado las facultades del municipio para ordenar el territorio frente a proyectos extractivos y ahora se busca desmantelar las facultades de asambleas ejidales a partir de una contra reforma al campo en puerta. Otras instancias de despojo se han presentado en la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, entre otras.

No podemos negar que nos han agraviado profundamente. No obstante, la historia reciente nos demuestra que la dignidad ha podido más que la barbarie, que el saqueo y la embestida de quienes se sienten dueños de nuestras vidas, tierras y comunes. Como muestra de las resistencias que se han alzado en dignidad a lo largo y ancho de nuestra nación nos encontramos una parte aquí reunidos; las mujeres, hombres, niños, ancianos y, en general, todas las luchas hermanas que resisten desde distintas trincheras a este modelo avasallador.

El poder se encuentra organizado y unido; se compactan al momento de dar un golpe. Y resulta que una de las preocupaciones fundamentales de este encuentro ha sido cómo nosotros podemos organizarnos, unirnos y cerrar filas para enfrentar esta embestida que nos golpea a todos. El despojo afecta a todas y todos, no solo a los campesinos.

La tarea que tenemos no es poca y precisa de reconocernos, escucharnos y respetarnos; partir de la solidaridad, como compromiso, como principio permanente y sobre todo como oportunidad generada por la lucha misma. Una tarea inaplazable es la liberación de todas y todos los presos políticos, el regreso de las y los desaparecidos y la defensa de las y los perseguidos por luchar.

Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros territorios, no es suficiente con resistir, tenemos que ser capaces de pasar a la construcción de alternativas que nos permitan por un lado, mantener nuestra tierra, el agua, la vida y nuestros derechos. y por otro , la posibilidad de desatar todos los saberes, la imaginación y la creatividad del pueblo al servicio del pueblo.

Por supuesto que nos hemos equivocado y habrá que tener la humildad para rectificar, asumir y aprender de nuestros errores, porque sólo de ese modo podemos avanzar en la construcción honesta y colectiva en la lucha.

No hay una receta para la resistencia, todas las coyunturas son distintas y todos aprendemos de todos. Volvamos a nuestras raíces;, valoremos nuestras culturas que han sido muralla de resistencia milenaria frente a los despojadores.

Queremos heredar a nuestros hijos y sus hijos nuestra tierra, y nuestro amor por ella.

El momento histórico que nos toca enfrentar es muy complejo. Pero como los abuelos nos han enseñado a mirar el horizonte, volteamos a ver las resistencias de los pueblos que nos han dado ejemplos. De ellas y ellos retomamos los frutos y aprendizajes para enriquecer nuestros caminos de lucha, para defender nuestros territorios, levantar nuestras voces y reivindicar que existimos, que tenemos derechos. Nuestra lucha es por la vida misma.

¡Nos negamos a tener precio! ¡Nos negamos a perder nuestra libertad, a poner nuestra tierra en venta! La última palabra la tiene el pueblo.

Como se dijo aquí en Atenco: Abrazamos el sentir de todos los delegados que vienen representando a sus comunidades, organizaciones y sus luchas. Hoy no es Atenco nada más, hoy es el llamado de la patria. Parece que somos pocos, pero con muchas gotas se hacen las grandes tormentas. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra somos todos. Ustedes la defienden al estar acá.” De este Encuentro, todos nos vamos abrazados.

Más información, documentos y videos:
sinmaiznohaypais.org

ESPECIAL DESPOJO Y RESISTENCIA DE LOS TERRITORIOS

Van por todo

Armando Bartra. La Jornada del Campo

La última vuelta de tuerca de las políticas expropiatorias de bienes y derechos imperantes desde hace 30 años es el despojo generalizado del patrimonio social, comunitario y familiar de los mexicanos.

En lo tocante al campo, el ciclo neoliberal empezó con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución. Por esos mismos años, la reforma a la Ley minera, que concede a la actividad extractiva prioridad sobre cualquier otra. Veinte años después, el ciclo está concluyendo con la reforma energética por la que las actividades asociadas con el petróleo y la electricidad tienen prioridad sobre cualesquiera otras. Lo que falta ahora es incorporar a las leyes y procedimientos agrarios los cambios necesarios para que se facilite aún más el tránsito de la propiedad ejidal colectiva al pleno dominio individual privado. Por si quedara alguna duda, están las declaraciones de Mireille Roccatti abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el primer foro temático para la reforma del campo.

“Hablamos de una reforma constitucional para (…) darle (al ejido) flexibilidad dentro de sus asambleas para que puedan disponer de sus parcelas, pues desde la reforma al artículo 27 constitucional es bajo el número de personas que han podido desincorporar sus tierras de manera legal; lo han hecho de manera clandestina, con contratos privados y a bajos precios, pero no tienen la certeza jurídica del pleno dominio sobre la tierra”.

En el campo la expoliación tiene muchos filos. El territorial, cuando se arrebata a las comunidades la posesión sobre los lugares donde habitan y trabajan para franquearle el paso a minas, presas, carreteras, ductos, urbanizaciones, desarrollos turísticos. El hídrico, cuando se les roba el agua y su manejo. El biológico, cuando se las excluye de áreas de valor ambiental y de su cuidado. El genómico, cuando se les quita el control de sus simientes y se las contamina con transgénicos. El productivo, cuando se desposee a los campesinos de sus recursos y capacidades agrícolas, para entregárselos al agro negocio. El mercantil, cuando las trasnacionales y los grandes comerciantes dominan en todos los ámbitos e imponen sus términos en todos. El cultural, cuando se mercantiliza su identidad usurpando significados y valores. El comunicativo,, cuando se les impide acceder a los medios electrónicos. El político, cuando se les niega el derecho a gobernar en sus jurisdicciones. El delincuencial, cuando los carteles del narco ocupan y mandan en los ámbitos rurales.

Estas vertientes del despojo tienen rato, pero ahora todo indica que la anunciada reforma del campo busca arrebatar a ejidos y comunidades la propiedad social de la tierra, derecho ancestral por el que hace un siglo dieron la vida un millón de mexicanos. Todo esto es grave, sin embargo la amenaza mayor, la más siniestra es que quieren despojarnos del futuro, quieren quitarnos la esperanza.

Tierra, agua, vida, simiente, producción, mercado, voz, identidad, autonomía, seguridad, propiedad social, esperanza… Van por todo. Pero no nos vamos a dejar.

Por fortuna muchos pueblos se alzan frente al despojo. En los lustros recientes se ha ido tejiendo redes de resistencia en las diferentes vertientes de la agresión: contra la minería tóxica, contra las grandes represas, contra las afectaciones ambientales, contra el fracking, contra la privatización del agua, contra los transgénicos, contra los megaproyectos…

Todas ellas enfocadas a contrarrestar amenazas importantes. Pero también definidas todas ellas por la particularidad de los temas de que se ocupan. Sin embargo, en la base de las diversas resistencias está la voluntad que comparten innumerables pueblos y comunidades de seguir usufructuando colectivamente espacios y bienes comunes. Y en términos de derecho, el trasfondo es la propiedad social de la tierra; conquista que resultó de una revolución que por un siglo hizo de México una nación excepcional.

Reivindicar la soberanía de los mexicanos y las mexicanas sobre nuestro territorio común y en particular defender la propiedad social de las tierras campesinas, es luchar por el patrimonio de nuestros hijos y nietos, pero es también una obligación para con nuestros ancestros que dieron la vida por tierra y libertad.

En el Foro Desarrollo Regional y Reconstrucciones Sociales, realizado en la ciudad de Oaxaca a fines de mayo, se exhibió el talante airado que impera hoy en el mundo rural. Había caficultores, representantes de pueblos indios y miembros de una coordinadora campesina. Pero el debate no se centró en la roya, los derechos autonómicos o los programas públicos para el agro, sino en las amenazas sobre la propiedad social de la tierra. Aquí mi versión de algunos consensos:

*La tierra es de todos los mexicanos, y la agrícola, de los campesinos que la trabajan. Es, pues, necesario defender la propiedad social contra la reforma del campo anunciada por el gobierno federal. Reforma que busca facilitar la privatización de ejidos y comunidades simplificando el procedimiento para llegar al pleno dominio y reduciendo las facultades de la asamblea y de los comisariados. Allanamiento de la propiedad social a favor del interés del gran capital privado que ya se apuntaba en la reforma salinista al artículo 27 Constitucional y a la Ley minera, así como en el VIII transitorio de la reforma energética peñanietista.

*La defensa de la propiedad social no se refiere sólo a la parcela familiar, sino también a las tierras comunes y en general a potreros, montes, ríos, lagos y otros bienes naturales de los que depende la vida de las comunidades, es decir los territorios de los pueblos. Ciertamente, los recursos del subsuelo pertenecen a la nación, no a los núcleos agrarios, pero su aprovechamiento no puede pasar por encima de los derechos de quienes poseen y usufructúan la capa superficial.

*La gravedad de la reforma del campo que se vislumbra está en que sería un paso definitivo en el curso privatizador iniciado en los años 80’s por los gobiernos neoliberales. Proceso que compromete a la tierra, el agua, el petróleo, los minerales, el patrimonio biocultural, el genoma, el sistema financiero, las comunicaciones y el espectro electromagnético…

*Los foros de consulta instrumentados por el gobierno federal y los estatales son una cortina de humo; un trámite formal en el que nada se decide pero que es necesario para pasar una reforma que ya está formulada en sus líneas generales y que ha sido pactada con trasnacionales y grandes agro empresarios.

*Los campesinos debemos conocer y discutir los graves problemas por los que pasa el agro. Pero así como se analizan las amenazas deben discutirse también las alternativas, las propuestas de los actores interesados en la recuperación de la agricultura, en la preservación de la soberanía y en general en la salvación del campo que es la salvación de México.

*El país necesita un golpe de timón y en especial el campo requiere una reforma profunda. No la neoliberal que anuncia el gobierno, sino una transformación justiciera y libertaria que restaure su vitalidad ambiental, social, económica, política y cultural.

*Una reforma que ponga de nuevo en el centro a los pequeños y medianos productores campesinos. Que reconozca la importancia y los derechos jurisdiccionales de los pueblos rurales, tanto indígenas como mestizos. Que valore el aporte de la milpa mesoamericana como forma de cultivo, pero también como forma de vida respetuosa de la diversidad. Que asuma el papel central de la comunidad como núcleo social, tanto en los ámbitos rurales como en los urbanos. Que visualice el papel productivo y reproductivo de las mujeres del campo, un trabajo no reconocido que hoy es aún mayor pues en muchos lugares la migración de los varones ha dejado en manos de ellas tanto las labores domésticas como las extra domésticas. Una reforma que debe surgir de un debate social verdadero: democrático, participativo, informado, en el que participen académicos, expertos, legisladores y funcionarios, pero donde la primera voz sea la de los campesinos y campesinas.

*Para frenar la contrarreforma neoliberal del agro e impulsar la buena mudanza del campo que necesitamos, hacen falta argumentos sólidos y propuestas técnicamente sustentadas. Propuestas que sin embargo ya existen y se han presentado en innumerables foros. Ahora lo que hace falta es la fuerza necesaria para hacerlas valer: la movilización social de los campesinos organizados y de los no organizados, que son la mayoría; la movilización de la opinión pública del campo y de las ciudades… Hay que tener la razón, pero también la fuerza. Las mudanzas históricas que cuentan resultaron de la activación de los ciudadanos, de la movilización social. La gravedad de la crisis que hoy nos acosa así lo requiere.

El pueblo afroindígena contempla 46 comunidades y 28 se encuentran dentro de áreas protegidas que están siendo afectadas por proyectos minero-energéticos, complejos turísticos y proyectos urbanísticos impulsados por el gobierno nacional y empresas transnacionales.

Carolina Bedoya Monsalve, Desinformémonos

Ciudad de México. El rapto de 20 integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, por parte de cuatro hombres fuertemente armados, el pasado 17 de julio, es parte de las violaciones a los derechos humanos y territoriales que enfrenta el pueblo garífuna, que con el golpe de Estado hace cinco años se han intensificado más, señala Miriam Miranda Chamorro, coordinadora de la asociación.

El pueblo afroindígena contempla 46 comunidades y 28 se encuentran dentro de áreas protegidas que están siendo afectadas por proyectos minero-energéticos, complejos turísticos y proyectos urbanísticos impulsados por el gobierno nacional y empresas transnacionales.

La comunidad Vallecitos, municipio de Limón, Colón, es parte del territorio de los garífunas, que limita con el mar Caribe y una zona altamente boscosa e inhóspita, donde no hay una ciudad o pueblo cerca; y ha sido el lugar perfecto para que el narcotráfico se quiera adueñar del lugar. Miranda Chamorro informa que la asociación hizo inspecciones a diez minutos del campamento, porque ahí el crimen organizado construyó pistas de aterrizaje para legitimar su presencia en el territorio.

“Para supuestamente controlar estas pistas, el Estado las dinamitó, pero no hizo un monitoreo en la zona para saber si la seguían usando o no; nosotros fuimos para ver qué estaba sucediendo y nos encontramos con cuatro hombres que por su aspecto parecían sicarios,  no traían el rostro cubierto, como si no les importara que los viéramos, además con armas de alto calibre”, narra Miriam Miranda y agrega que lo único que hizo el gobierno fue rellenar los huecos con pinos, pero no tiene ninguna estrategia o política para que los garífunas regresen a sus territorio.

“Ellos nos querían juntos, no querían que no separáramos. Uno de ellos llamó al supuesto jefe que hacía a su vez de intermediario. Nos quitaron los teléfonos celulares y nos dijeron que si les dábamos las fotos que les tomamos a la pista nos dejaban ir, porque la orden era matarnos”, relata Chaparro, y añade que uno de los compañeros logró escapar con un celular y de esa manera dar aviso a las demás compañeras.

Territorio en disputa

La Ley de Propiedad de Honduras, de acuerdo a OFRANEH, fue aprobada en el año 2004, sin consultar a los pueblos indígenas y afro descendientes. En el 2003 se realizó una consulta con el pueblo garífuna, en la que rechazaron los dos borradores de ley porque generaban la desaparición de la propiedad comunitaria.

Vallecitos es un territorio que la asociación ha defendido de los intereses del Estado y del crimen organizado. Son unas 120 manzanas de tierra, donde hace 10 años asesinaron a un garífuna y “la gente quedó con mucho miedo, nadie quería salir, pues los sicarios todo el tiempo están en las calles, como si nada”, manifiesta la coordinadora de OFRANEH

El pueblo garífuna ha denunciado la destrucción de la Laguna de Micos para la construcción de un proyecto turístico que es parte del Plan Puebla Panamá; la exploración y explotación de petróleo también es parte de los proyectos extractivistas; los monocultivos de palma africana en humedales; proyectos hidroeléctricos, flotas pesqueras industriales y la construcción de carreteras ilegales en poblados como San José de la Punta – Sico y Betulia-Río Cocos, informa la asociación

Las 980 hectáreas  del territorio de Vallecito  fueron tituladas a favor del pueblo garífuna por el Instituto Nacional Agrario (INA), informa Miriam Miranda, en el año de 1997, pero después el crimen organizado se adueñó de una gran parte de su territorio.

“Nosotros vivimos el despojo por los proyectos extractivistas, además del narcotráfico, que cada vez es peor en Honduras. Siente la gente que en cualquier momento la pueden matar, porque después de 10 años de despojo muchos no hemos podido regresar a nuestros territorios a habitarlos como debe de ser, sin ninguna preocupación por que lleguen y nos saquen o nos maten”, refiere Miriam Miranda.

Golpe de Estado

Después del golpe de Estado en el 2009, cuando perdimos todos los derechos conquistados por nuestros ancestros, advierte Miranda Chamorro, el narcotráfico y el crimen organizado se reinstalaron y el despojo se convirtió en una política de gobierno.

“En el 2012, hubo una especie de golpe militar técnico, porque el poder legislativo sacó a los magistrados que habían rechazado varios proyectos de desarrollo. Y este golpe, que así decidimos llamarlo, sirvió para que el gobierno terminara de entregar todos nuestros recursos a la minería, a los proyectos energéticos  y a las ciudades modelos, que tanto afectan nuestras comunidades”, indica.

El 74 por ciento del territorio garífuna está dentro de las ciudades modelos, informa Miriam Miranda en entrevista telefónica con Desinformémonos. Estas ciudades son autónomas, en el sentido de que tendrían sus propias leyes y gobiernos, ubicadas en uno de los países más violentos del mundo,  con un alto porcentaje de pobreza, sin acceso a la educación ni a la vivienda, con narcotráfico y un grave problema de migración.

Además, en Honduras está latente la situación de los monocultivos que afectan la fertilidad de la tierra, es el caso de la palma africana que destruye los demás recursos.

Hay un vaciamiento de las comunidades por el despojo y el destierro  para la imposición de estos proyectos, además de la migración que cada vez se está llevando a más hondureños a peregrinar por territorios muy peligrosos.

Un claro ejemplo de lo que ocurre actualmente en Honduras es la libertad de prensa que en los últimos dos años ha cobrado la vida de casi 34 periodistas: “parece no haber salida en este país, si defiendes tu territorio te matan; si no aceptas las cosas como te las quieren imponer, te matan; estamos ante un país dominado por el narcotráfico”, manifiesta Miriam Miranda.

“Nuestra seguridad, después del rapto, tiene que correr por cuenta nuestra. El gobierno dice querer asumirla protegiéndonos con cuerpos de seguridad del Estado, pero ésta es  proporcionada por el mismo Estado que también nos ataca y reprime. La militarización no es la respuesta para un país dominado por el crimen organizado, la delincuencia y un gobierno igualmente  corrupto”, advierte la coordinadora de la asociación

“El escenario actual para el pueblo garinagu, es complicado y más cuando si eres defensor de los derechos humanos y territoriales. Nosotros hemos hecho audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciado las diferentes violaciones del territorio,  y en unos meses tendremos otra en Panamá, lo que nos pone en una situación cada vez más riesgosa”, expresa Miriam Miranda y advierte que a pesar de todo, la resistencia cultural, musical y sus tradiciones espirituales, les permite seguir en la lucha. Actualmente, unas 160 personas habitan el campamento y cada vez están llegando más.

El pueblo garífuna es afroindígena arahuaca y su cultura se basa en la colectividad y la defensa de la madre tierra. Además, por estar cerca del mar, éste tiene gran significado espiritual para el pueblo en sus rituales y ceremonias, pero el narcotráfico también usa este lugar para transportar la droga.

Garinagu

“Nosotras trabajamos la tierra, sembramos y la dejamos descansar otra temporada para que se pueda recuperar, no usamos fertilizantes; pero el Estado se aprovecha de nuestra forma de pensar para decir, junto con los acaparadores de tierras, que nosotras no la trabajamos, y que entonces para qué la queremos. Esta es su excusa para despojarnos de ella”, reclama Miranda Chamorro.

El turismo es otro de los problemas que enfrenta esta población afroindígena hondureña, pues pretenden privatizar las playas y el mar es parte importante de su cosmogonía, expresa Miriam Miranda. El turismo y la llegada de proyectos de urbanización, advierte, van a afectar nuestra cultura, pues allí está nuestra materia prima para hacer, por ejemplo,  los tambores que construimos para los rituales y las cosas que utilizamos en la construcción de una casa para las ceremonias y que también salen del bosque”.

Miriam Miranda, mujer afroindígena, concluye: “nosotras no vamos a salir de nuestros territorios, vamos a resistir como hasta ahora lo hemos hecho, desde la cultura y la resistencia pacífica. Hacemos un llamado a la comunidad internacional que siempre nos han apoyado y al país entero a que construyamos la paz, a pesar de lo complicado que es hacerlo acá”.

Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos AC/Chiapas

VIDEOS al Final

La semana pasada, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de Chiapas (SinfrayC) aseguró que la futura autopista que conectará San Cristóbal de Las Casas a Palenque, dos de los centros turísticos más importantes del estado, será una “herramienta de desarrollo para regiones históricamente rezagas en la entidad, dotándolas de mecanismos para un crecimiento económico autosustentable”. Sus declaraciones intervinieron dos días después de que más de 15 000 personas marcharon en diez municipios de Chiapas ubicados entre San Cristóbal y Palenque, en contra de este proyecto nacido hace unos diez años.

“Sólo beneficiará a las empresas, no a las comunidades”, “dañará a la Madre Tierra”, gritaron los manifestantes invitados por la diócesis de San Cristóbal de las Casas a peregrinar “por la paz, la defensa de la vida, de la madre tierra y de los pueblos” ese 19 de julio. Hombres y mujeres de todas los edades marcharon desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde en Huixtán, Tenejapa, Oxchuc, Cancuc, Pantelhó (Altos), Altamirano, Ocosingo (Selva), Chilón, Yajalón, y Tumbalá (Tujilá).

“La carretera pasará en los municipios donde la gente la dejará pasar”
El proyecto está entre las manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quién contrató la empresa de consultoría en ingeniería Cal y Mayor (México) para elaborar el diseño de la carretera. Se tratará de una carretera de tipo A2 (dos carriles) de 153 km entre San Cristóbal y Palenque, más un ramal de 16.3 km que conectará Ocosingo. Todavía ningún trazo definitivo ha sido publicado. En 2009, la autopista debía pasar por 31 localidades en los municipios Chilón, Tumbalá, Tila, Salto de Agua (Tujilá), Palenque (región Maya) y Macuspana (Tabasco), pero los planes han cambiado varias veces. En febrero de 2014, la Secretaría informó que estaba todavía estudiando un nuevo trazo debido a la oposición de varias comunidades que rechazaban el diseño inicial. Decenas de comunidades pertenecientes a los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Chilón y Palenque, podrían ser afectadas.

“La carretera pasará en los municipios donde la gente la dejará pasar, por eso no debemos dejar de luchar”, nos confió un habitante de Huixtán que participó a la marcha del 19 de julio. Según sus informaciones, el trazo de la carretera podría afectar hasta 10 comunidades de su municipio. Espera que la resistencia de los pueblos frene o cancele el proyecto a pesar de la alta presión ejercida por el gobierno federal para que las obras empiecen este año. ¿Pero porqué él y miles de pobladores chiapanecos no quieren que la carretera pase en sus tierras?

Por la falta de información y la violación del derecho a la consulta. Como acabamos de verlo, los planes del gobierno no están todavía claros. Cabe recordar que como pueblos originarios, tzotziles, tseltales y choles, los habitantes de esta zona tienen el derecho a una consulta libre e informada previa cada vez que el gobierno o una empresa quiere implementar un proyecto que pueda afectar su territorio, según el convenio 169 sobre los Pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México. Pero en el caso de la construcción de esta carretera, la población indígena no ha sido integrada a la definición del trazo. En ciertas localidades, las asambleas ejidales se reunieron por su propia iniciativa y votaron “no” al proyecto de la carretera, pero ello no impidió que ingenieros continuaran estudiando la factibilidad del proyecto en su territorio, sobrevolándolo en helicóptero. Eso pasó en el ejido López Mateo, en Huixtán, donde una asamblea ejidal rechazó oficialmente el proyecto al fin de 2013, aseguró uno de sus habitantes.

Por la afectación al medio ambiente, a los cultivos y a las viviendas. La construcción de la carretera implica crear una brecha en los cerros que bordean el camino San Cristóbal-Palenque, donde se encuentran viviendas, cultivos, bosques y manantiales. Según los últimos anuncios de la SinfryC, la autopista incluirá tres puentes, de 400, 450 y 500 metros. Los dos carriles medirán doce metros de ancho en total, pero el “derecho de vía”, es decir la parte del suelo que hará parte de la infraestructura y no podrá ser usada por los habitantes será de 60 metros, según un estudio de impacto ambiental realizado en 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat). En esa época, empleados de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), confiaron a un periodista de Ecoportal que estaban personalmente opuestos al proyecto a causa de la destrucción ambiental que implicaba el proyecto. La Secretaría no publicó otro estudio desde entonces a pesar de que cambiaron los planes.

“Donde está el trazo, casas, terrenos, parcelas… lo que tengan (los pobladores), lo van a invadir”, teme un habitante del ejido de Chilil en Huixtán. En enero de 2014, los comuneros tzotziles de Los Llanos (municipio de San Cristóbal), donde debe pasar la carretera, interpusieron un amparo contra el megaproyecto que “pone en riesgo (su) soberanía alimentaria y vulnera (sus) derechos al territorio, autonomía, no discriminación y protección de medio ambiente y recursos naturales”. Aseguraron que el 16 noviembre de 2013, el sexto regidor del ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Fidencio Pérez Jiménez, “se presentó aquí para amenazar de que la autopista pasaría sobre las tierras de uso común, y en caso de que la comunidad se opusiera, las autoridades de la comunidad irían a la cárcel y se llevaría al Ejército para el inicio de las obras de construcción”.

Porque no será gratis. Cuando el proyecto de construcción de la carretera fue reactivado en 2008 bajo la presidencia de Calderón después de haber sido olvidado varios años, se trataba oficialmente de una autopista de cuota que iba a ser concesionada a la empresa CAS (Concesionaria de Autopistas del Sureste). Esta entidad mexicano-española es participada en mayor parte por el grupo español Aldesa, es propietaria desde 2008 de la carretera San Cristóbal-Tuxtla, donde la cuota es de 48 pesos mínimo. Las recientes declaraciones del titular de la SinfrayC anunciando que la carretera será libre de cuota no parecen creíbles, sabiendo además que el estado está invirtiendo muchísimo dinero para llevar a cabo su proyecto y que seguramente querrá recuperar su dinero de alguna manera. Su costo total será de 10 mil 600 millones de pesos, informó Bayardo Robles Riqué.

Porque permitirá la llegada de empresas extractivistas y el saqueo de las tierras. “El motivo esencial es conectar a Chiapas: no podemos traer inversiones si no tenemos la infraestructura carretera; lo primero que te pide la iniciativa privada, ya sea extranjera o nacional, son buenas vías carreteras y en Chiapas tenemos muy pocas vías carreteras: fueron construidas hace más de 30 años o 40 años y ya con el paso de tiempo, y la inmensa cantidad de topes, te has de imaginar que no quieren invertirle a Chiapas. Nosotros estamos viendo como un horizonte de oportunidades esta inversión económica, turística y social. » Esas palabras del secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, entrevistado por el Heraldo de Chiapas en enero de 2014, ilustran muy bien las intenciones del gobierno.

El beneficio para las comunidades en términos de posibilidad de vender su artesanía o sus cultivos en esta futura vía turística no es nada en comparación con los beneficios para las empresas que podrán entrar más fácilmente en los territorios indígenas y usar sus recursos para hacer ganancias. Los proyectos ecoturísticos o de turismo de “aventura” se van a multiplicar, comercializando y privatizando la naturaleza, amenazando los bienes comunes de los pobladores. Las empresas que quieren construir plantas en esta zona podrán hacerlo más fácilmente gracias a la carretera. En Huixtán por ejemplo, los habitantes temen la instalación de una nueva planta de la embotelladora norteamericana Coca-Cola Company cerca de un manantial (ver video abajo). Los megaproyectos energéticos como presas y minas que necesitan grandes maquinas y camiones para su construcción y su funcionamiento se verán facilitados también por la carretera. Aún más ahora que el Congreso aprobó la Reforma energética, legalizando la privatización de las tierras en nombre de la “utilidad pública” para todo tipo de extracción de recursos que se encuentran en el subsuelo.

VIDEOS:

-Peregrinación por la Paz, la Defensa de la Vida y de la Madre Tierra en Huixtán
https://www.youtube.com/watch?v=IpHUa9v3NiM

-Peregrinación por la Paz, la Defensa de la Vida y de la Madre Tierra en Cancuc
https://www.youtube.com/watch?v=ZPEhhnnNiDs

http://peregrinacion19julio.wordpress.com/

15,400 personas del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas peregrinamos este 19 de julio en 10 municipios de Chiapas. Reafirmamos de diferentes modos lo expresado en nuestro comunicado: Estamos en contra de la venta de alcohol, droga y prostitución en nuestro territorio; pedimos a las autoridades que apliquen la ley y pongan un alto a las muchas problemáticas generadas a raíz de esto. Asimismo exhortamos que se nos consulte adecuadamente ante la construcción de la super-carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque; de tal modo que sea en beneficio de las comunidades y del territorio de nuestros pueblos. De no tomarnos en cuenta no permitiremos su construcción en nuestro territorio.

Todas las peregrinaciones iniciaron entre las 9 y 10 de la mañana y terminaron entre la 1 y 2 de la tarde. En todos los casos se llevaron a cabo de forma ordenada y pacífica. Al final hubo celebraciones eucarísticas donde se reafirmaron los mensajes de la palabra de Dios.

Algunas de las Parroquias aprovecharon para expresar algunas de las fuertes problemáticas que se han dado en cada región. Algunas de ellas son:

HUIXTAN

-Estamos en contra de la Presa Hidroeléctrica en la Comunidad del Río Florido

-Estamos en contra de la construcción de una planta de Coca Cola en la Comunidad del Río Molinos Xchel, a 1 km de Huixtán

ALTAMIRANO

-No a la venta de Madera

-No a los asesinatos en la región

BACHAJÓN

-Exigimos la terminación del Hospital de Chilón

OCOSINGO

-No a los Asesinatos y Suicidios

-No a la corrupción de las Autoridades

-No a la brecha Lacandona

-No a los parques eco-turísticos en la Selva

CANCUC

-No a la represa hidroeléctrica del Río Chacte

Al mismo tiempo se convocó en San Cristóbal de las Casas una conferencia de prensa, donde se dio a conocer a organizaciones de Derechos Humanos esto mismo.

Caminamos nosotros y nosotras como creyentes de la palabra de Dios, indígenas y mestizos para defender la vida de nuestros hijos e hijas, de nuestros pueblos, de la madre naturaleza y sus recursos.

Más información:
http://peregrinacion19julio.wordpress.com/

Por Elio Henríquez, La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis. Alrededor de 60 pequeños comerciantes y vendedores del municipio de Tumbalá, en el norte de Chiapas, se declararon en resistencia civil para no pagar impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues las nuevas disposiciones fiscales impuestas este año los obligan a cumplir con requisitos que, afirman, “están fuera de nuestro alcance”.

En rueda de prensa señalaron que las autoridades hacendarias, “nos pretenden obligar a cumplir una serie de requisitos imposibles de cubrir para los pequeños comerciantes de un municipio indígena como Tumbalá, como contar con una línea telefónica, internet y facturar electrónicamente”.

Los inconformes adelantaron que suspenderán los pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), “hasta que regrese el pago único que hicimos de impuestos hasta diciembre del año pasado”.

Miguel Vázquez Peñate, presidente de comerciantes en Tumbalá, explicó que varias veces han solicitado al personal de la SHCP que les permita seguir con el régimen anterior cuando pagaban una cuota fija. Pero “ha habido una total cerrazón y nos han amenazado con castigarnos si no cumplimos”.

Manifestó que por ello han decidido afiliarse a la organización Laklumal Ixim (Nuestro Maíz), la cual agrupa a usuarios en resistencia de pago por el consumo de energía eléctrica en diversos municipios de la zona norte del estado.

“Hemos acordado colocar letreros y logotipos en nuestros comercios para advertirle a la SHCP que no vamos a permitir que su personal llegue a molestarnos”, aseveró.

“Nosotros no estamos en contra de pagar impuestos, pues siempre lo hemos hecho, sino de las trabas y requisitos que no podemos cumplir para hacerlo con esta nueva reforma fiscal”, agregó.

Vázquez Peñate dijo que en días pasados personal de la dependencia los citó a una reunión en el vecino municipio de Yajalón, en donde se les informó que “es necesario darse de alta en el nuevo régimen fiscal, a partir de mayo, el cual exige que todo sea vía internet”.

Sostuvo que con las nuevas disposiciones fiscales, “los pequeños comerciantes podrían quebrar; el gobierno nos va a comer con tantos impuestos, nos va a dejar sin dinero. En Tumbalá nadie va a pagar, sólo si quedamos otra vez como antes, con cuota fija, porque las ventas están muy bajas”.

Expresó que “cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer: No pagaremos impuestos al gobierno que ha entregado los recursos de nuestro pueblo a empresas extranjeras; ni un peso a un gobierno que roba y derrocha los recursos de la nación y ha aprobado contrarreformas que legalizan el despojo al pueblo de México”.

Vázquez refirió que entre los pequeños comercios que han decidido no pagar impuestos están tiendas de abarrotes, de ropa, zapaterías, farmacias y vendedores de elotes y otros productos.

Al Presidente de México,
Al Gobierno de México,
Al Embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México en Ginebra,

Faltan tres días antes de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas clausure su 26ª. sesión ordinaria, iniciada el 10 de junio en Ginebra, Suiza. Esas 72 horas de debates y tomas de decisiones son cruciales. Pueden ser la ocasión, para miles de personas afectadas a través del mundo por las actividades de transnacionales poderosas como las mineras, petroleras o agroalimentarias, de ver nacer un texto vinculante para dichas corporaciones, que les obligaría respetar los derechos humanos.

Es el momento de crear un instrumento legal internacional que permita juzgar a las Compañías Transnacionales que violan los derechos humanos y cometen crímenes económicos o ecológicos. La propuesta debe ser discutida durante la actual sesión del consejo y sometida a un voto para que se pueda traducir en una resolución.

Más de 80 países miembros de la ONU firmaron una Declaración en la que subrayan la urgencia de «regular el trabajo de las empresas transnacionales y (de) proporcionar protección, justicia y reparaciones adecuadas a las victimas de abusos contra los derechos humanos, relacionados con las actividades de ciertas empresas transnacionales y otros empresas ». Cientos de organizaciones, redes y movimientos sociales en todo el mundo exigimos la defensa de la población frente a los daños causados por las corporaciones transnacionales.

Al mismo tiempo consideramos que el texto actual con el cual la ONU pretende garantizar el respeto de los derechos humanos por las empresas transnacionales no es suficiente para acabar con la impunidad corporativa. Se necesitan más y mejores mecanismos para responsabilizar a las empresas transnacionales a nivel mundial y garantizar las reparaciones adecuadas para las victimas.

Al no votar a favor del texto, el Estado Mexicano establece públicamente que no quiere que las corporaciones transnacionales sean penalizadas por sus violaciones a los Derechos Humanos, Ambientales y contra los Pueblos, en un contexto crucial, donde las violaciones de las corporaciones transnacionales continuarán en el marco que les brindan las nuevas Reformas firmadas el gobierno de México en estos meses.

Por eso, pedimos al Gobierno de México que cambie su postura actual de no firmar dicha Declaración y se una a los esfuerzos de esta propuesta mundial para impulsar la creación de un instrumento legal vinculante.

Todos los mexicanos y mexicanas y poblaciones de todo el mundo  afectadas por las actividades destructivas de las transnacionales mineras, petroleras, eléctricas o agroalimentarias, para quienes las ganancias valen mas que la vida humana y el futuro del planeta, deben tener el Derecho de defenderse. Este Derecho fundamental debe ser avalado por Mecanismos Internacionales que sirvan de prevención, sancionen, obliguen a resarcir el daño a las poblaciones y personas y que sean vinculantes.

OTROS MUNDOS, AC/AMIGOS DE LA TIERRA MEXICO

La cultura de la rebeldía

radiomundoreal.fm

Descargar: AUDIO MP3 (11 MB)

“Lo que hay en la biodiversidad, lo que es montaña, selva, eso no permitimos que se convierta en negocio”, alertó un dirigente indígena en un ejido mexicano del estado de Chiapas, en el medio de la selva Lacandona y dentro de la reserva de la biósfera Montes Azules. “Tenemos que defender la Madre Tierra. Si nosotros no defendemos nuestra Madre Tierra, ¿dónde van a ir a vivir los niños?”, agregó un comunero.

Los representantes originarios forman parte de la comunidad llamada “Reddeldía”, que se opone a todo tipo de proyecto de conservación del gobierno nacional que les impida seguir con su vida tradicional. Especialmente se están resistiendo al mecanismo de “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación” de los Bosques (REDD).

A mediados de mayo un grupo de activistas de varios países, integrantes de organizaciones parte de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), visitó varias comunidades indígenas y zonas de la selva Lacandona. La comunicadora Marie-Pia Rieublanc, de Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México, preparó un informe periodístico especial para Radio Mundo Real, en base a lo que fue la visita a la comunidad de Reddeldia.

En este trabajo se escucha a uno de los indígenas denunciar que “las comunidades que le han entrado a ese proyecto de conservación de pagos por servicios ambientales” han tenido muchos problemas. Los que reciben el apoyo económico “son los ejidatarios, los que tienen legalmente sus documentos”. “Pero los hijos, ¿dónde pueden agarrar leña?, porque aquí no se maneja gas, ¿dónde pueden tumbar un árbol seco para la leña, o para tablas de la casa?, porque ya no se puede tocar”.

Según se escucha en el trabajo radiofónico, el gobierno de Enrique Peña Nieto culpa a las comunidades indígenas de la destrucción de la selva, para justificar sus proyectos de conservación y los desplazamientos. “Nosotros ya alcanzamos a ver que no somos los culpables. (…) Si nosotros permitiéramos entrar a los empresarios, en dos o tres años no hay más selva, lo destruyen todo”, explicó un representante indígena. “Nosotros tenemos que hablar, tenemos que decir, buscar la decisión y la solución también nosotros. (…) Si nos sacan de aquí es como sacarle al pez el agua, nos vamos a morir porque no estamos acostumbrados, y nos dimos cuenta que tenemos que defender hasta donde se pueda”.

Imagen: Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México

Testimonios de más de 200 activistas a los que se ha entrevistado durante un viaje de quince meses; 10.000 kilómetros hacia el norte por la carretera norteamericana desde Argentina a México (pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Guatemala). ¿Quiénes son los protagonistas de “Crónicas del estallido”? El libro de Martín Cúneo y Emma Gascó prologado por el periodista e investigador Raúl Zibechi. Las fábricas recuperadas, los cocaleros bolivianos, los forajidos ecuatorianos, las comunidades negras del pacífico colombiano, los movimientos de mujeres en Nicaragua, barrios empobrecidos que frenaron privatizaciones o vencieron a las multinacionales mineras…

El libro ha sido publicado por la editorial Icaria con una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES).

Leer/Descargar libro completo aquí (.pdf 408 páginas)

Vía Movimiento M4