La vida o el mineral: los cuatro ciclos del despojo minero en México

Les compartimos la Presentación en .PDF del nuevo libro de Francisco López Bárcenas: La Vida o el Mineral: los cuatro ciclos del despojo minero (Akal/Inter Pares, 2017)

Descargar la Presentación del libro

Ver el programa de Rompeviento.TV «Vivir del negocio minero»,

con Francisco López Bárcenas:

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Extracto de la Presentación de La Vida o el Mineral:

En México, la minería es una industria floreciente, tan solo superada por la petrolera, la automotriz y las remesas de los migrantes. Su incidencia en la economía comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre nuestro país, Estados Unidos de América y Canadá, dos hechos fundamentales en el futuro de la industria minera; el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación y la inversión extranjera en este sector económico para facilitarla, mientras el segundo marcó sus nuevas pautas, que no se reducen a la legislación, pues incluyen el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, los usos del suelo, el agua necesaria para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. De esta manera se construyeron las vías por las cuales la globalización se instaló en nuestro país.

El resultado de estas modificaciones, junto a las políticas acordes con ellas es que, en 2010, 28.58% del territorio mexicano (el equivalente a 51.76% de la propiedad social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos) se encontraba concesionado a empresas mineras, la mayoría de ellas de capital transnacional, y en gran número canadienses, pero también australianas, norteamericanas, peruanas, rusas, sudafricanas, brasileñas, chinas y chilenas. Esas empresas en su mayoría se dedican a la extracción de oro, plata, cobre y zinc, aunque la tendencia es que en los años siguientes migrarán a explotar otros minerales de importancia estratégica para la industria tecnológica, como el berilio, el indio y las tierras raras, importantes para la elaboración de diversos productos, entre ellos computadoras, celulares y cabezas de misiles. De esa manera se configuró la participación subordinada de nuestro país en la economía mundial.

Una característica de la minería que se practica actualmente es que la mayoría de los proyectos se han instalado o se están instalando en lugares que hace años albergaron proyectos similares y fueron abandonados porque el mineral se agotó. Pero esa es una verdad a medias; se agotó el que se encontraba en vetas, no así el desparramado alrededor de ellas y, al agotarse las vetas, adquirió una importancia económica singular. Sólo que su apropiación no puede realizarse como años atrás, con la técnica de socavón, para lo cual se construían túneles donde se introducían los trabajadores y la maquinaria; como no hay vetas sino mineral esparcido en forma de polvo por todas partes, ahora tiene que hacerse a cielo abierto, demoliendo cerros completos y afectando pueblos enteros para llegar al mineral; usando grandes cantidades de agua y químicos para separar el mineral de otras materias —mediante el proceso de lixiviación—, generando problemas de salud entre los habitantes de los pueblos aledaños y contaminando gravemente el medio ambiente.

A las actividades extractivas de las empresas mineras y sus efectos se oponen los campesinos, porque destruyen las tierras donde viven y obtienen sus alimentos, contaminan los ríos y mantos acuíferos; los pueblos indígenas las rechazan porque destruyen sus territorios, sus lugares sagrados y sus formas de vida, y la sociedad en general lo hace porque sabe que indebidamente se apropian de los recursos naturales que pertenecen a todos los mexicanos, sin que esto genere algún beneficio al país, pues lo que pagan por los derechos de uso de cada hectárea concesionada es simbólico —entre cinco y ciento diez pesos, según veremos más adelante— y ningún impuesto por la exportación del mineral. Además de despojar al país de sus recursos, las actividades de esas empresas transforman negativamente las expectativas de vida de los mexicanos y, en la mayoría de los casos, truncan sus posibilidades de desarrollo de acuerdo con sus propias aspiraciones. De esta manera, se configura una lucha entre el capital y los dueños del mineral o perjudicados por esos procesos de acumulación capitalista, cuyo principal atributo es la desposesión de los bienes naturales de sus legítimos dueños.

En medio de estos actores se coloca el Estado mexicano que, en lugar de defender los intereses del país y sus habitantes, discursivamente se asume imparcial y aparentemente trata de conciliar los intereses en pugna. Decimos aparentemente porque —según se documenta en esta investigación—, con las reformas constitucionales y legales a las que nos referiremos y que analizaremos a profundidad en el capítulo correspondiente, también se transformó la estructura del Estado, despojándolo de su facultad para crear instrumentos que procuren el bien público, hasta convertirlo en administrador de los intereses del capital transnacional, función que realiza aplicando los instrumentos que las instituciones y leyes le permiten (a través de las políticas mineras), que siempre están cargados hacia los primeros. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que el Estado mexicano ha dejado de ser un Estado nacional para convertirse —como propone Joachim Hirsch— en un Estado de competencia.

Cómo sucedió esto es un fenómeno que también se analiza en este trabajo. Hemos dicho que la minería a cielo abierto trunca posibilidades de desarrollo para los habitantes en las regiones donde se instala. Aquí la minería engarza con el desarrollo rural, aunque de manera un tanto fuera de lo común, ya que normalmente los estudios de esta naturaleza se enfocan a analizar procesos que potencian el desarrollo rural, pero en este caso es al contrario, pues se estudia un proceso que afecta el bienestar de la gente del campo, lo cual podría dar pie para afirmar que se trata de un tema de «antidesarrollo» rural, si por desarrollo rural se entienden los procesos que buscan el mejoramiento y bienestar de la población del campo, a través del impulso de actividades económicas que lo permitan y, al mismo tiempo, aseguren la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Eso es lo que hace importante el estudio del tema, pues muestra cómo en nombre del desarrollo del país se puede perjudicar a sectores concretos de su sociedad.

Lo anterior hace de la actividad minera un tema que merece ser analizado para comprender sus implicaciones económicas, políticas,
sociales y culturales en nuestro país, y saber si realmente contribuye al desarrollo rural o, por el contrario, lo frena. Así, el objetivo general que nos proponemos en este trabajo es analizar los procesos de explotación minera en México, poniendo énfasis en ubicar los intereses que se encuentran detrás de ellos, la forma en que se expresan y la participación del Estado, para lo cual analizamos la actuación de sus instituciones, el contenido de las leyes que regulan la materia y las políticas elaboradas desde el gobierno para llevarlas a cabo. De la misma manera, esta investigación busca comprender la reacción de los campesinos, los pueblos indígenas y de amplios sectores de la sociedad en general que se sienten afectados por la actividad minera.

El estudio abarca un periodo que va de la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al año 2015, tiempo que coincide con los últimos periodos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los dos primeros del Partido Acción Nacional (PAN) y la recuperación de la presidencia de la república por el primero. Éste es el periodo de estudio; para explicarlo, también recurrimos a la historia de la minería y, en algunos casos, salimos de él para explicar fenómenos que ya han tenido efectos en años posteriores. En la presente investigación sostenemos que desde la época colonial hasta nuestros días, la actividad minera no ha podido desligarse de factores económicos ajenos al país, que son los que han marcado su derrotero, en el primer caso como economía colonial, en los dos siguientes como un colonialismo moderno y, en el último, como colonialismo global, como afirma Santiago Castro-Gómez en su obra El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, que sucede en América Latina.

De esa manera, en el trabajo se reconocen cuatro ciclos de explotación minera en México:

– el primero va de la llegada de los españoles hasta la consolidación de la república —varias décadas después del decreto de independencia de México—;

– el segundo abarca todo el Porfiriato y las primeras décadas posteriores a la Revolución mexicana;

– el tercero se compone de los años de la «mexicanización», como algunos autores lo denominan;

– el último sería el de la globalización, que comienza con las políticas de apertura comercial y se afianza con la reforma al artículo 27 constitucional, que permitió modificar el marco jurídico y las políticas mineras, así como la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, Canadá y nuestro país.

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#10AñosCompartiendo: Nuestro folleto «La Economía Verde»

Como saben, nuestra asociación Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México cumple 10 años de caminar en defensa de los territorios. Una parte importante de nuestro trabajo ha sido compartir con las comunidades en resistencia ante el modelo extractivo y con ustedes que nos siguen por internet materiales informativos y pedagógicos sobre los impactos de los megaproyectos y la búsqueda de alternativas.

Cada jueves, volvemos a publicar uno de nuestros materiales, para celebrar #10AñosCompartiendo.

Hoy, les compartimos nuestro folleto «LA ECONOMÍA VERDE: LA ÚLTIMA FRONTERA DEL SAQUEO»,

tercer número de nuestra serie editorial «La Dictadura del Capital».

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Investigación: Nieves Capote
Texto: Nieves Capote
Ilustraciones: Nieves Capote
Diseño: Nieves Capote
Marzo 2014

Este documento está bajo Licencia Creative Commons. Fue elaborado gracias al apoyo de la Fundación Siemenpuu.

INTRODUCCIÓN

La llamada «Economía Verde» es una nueva área de negocios, se le dice «Verde» no porque sea bueno para el medio ambiente, sino porque su mercancía es la naturaleza. Estamos en un momento del avance del Capitalismo en el cual el agua, la tierra, la biodiversidad, el aire, el subsuelo, los componentes de la naturaleza y de la vida y hasta el paisaje son convertidos en mercancía. Al mismo tiempo, con la excusa de hacer algo para frenar el Cambio Climático y el Calentamiento Global, las Corporaciones desarrollan toda una gama de «Tecnología Verde».

La Economía y la Tecnología «Verde» representan grandes retos para las poblaciones, tanto por la visión del mundo que establecen, las consecuencias directas para los territorios, el fortalecimiento del Capitalismo y el avance de las Corporaciones en su sed de apropiación de la vida, como por el peligro real y cercano de sostener y determinar sin remedio la destrucción del planeta.

En este material te explicamos de qué se trata la «Economía Verde», su ideología, sus dueños, sus falsas soluciones y sus consecuencias. Dentro de este gran Mercado «Verde» abordamos concretamente el sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y el Mercado de Carbono. Dentro de este gran Mercado de Carbono en este material podrás profundizar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y en el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).

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Consultar todos los números de la seria «La Dictadura del Capital»:

1 – «EL MODELO CORPORACIÓN-NACIÓN»

2 – «DEL PPP AL PROYECTO MESOAMÉRICA: EJE DE INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD»

3 – «LA ECONOMÍA VERDE: LA ÚLTIMA FRONTERA DEL SAQUEO»

Más lectura:

[AUDIO] Los proyectos REDD no son distintos a otros proyectos del modelo extractivo

[AUDIO] Proyectos REDD+ en Chiapas: Falsas soluciones que se imponen ante el cambio climático

COP 13 – Conservación y areas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México

[AUDIO] La lucha de las mujeres zoques de Chiapas por la tierra y el territorio

Les compartimos el audio de la presentación de María Sánchez, habitante de Chapultenango, abogada y defensora del territorio en la zona zoque de Chiapas, invitada en el conversatorio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra «La lucha del pueblo zoque frente a los proyectos de despojo».

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Transripción:

«Me toca hablarles de nuestra presencia como mujeres zoques en todo el actual movimiento en defensa del territorio zoque en Chiapas. Por lo general, no parece muy «normal» que las mujeres estén en movimientos sociales.

En tiempos ancestrales, cada familia tenía cierto territorio que le correspondía y allí trabajaba junto con sus hijos. Se dedicaban únicamente a la agricultura porque la visión de nuestros ancestros es que el creador nos hizo de barro, de tierra, y que nosotros no podemos estar lejos de la tierra. Hay esa doble dependencia: la dependencia del ser humano a la tierra y de la tierra al ser humano.

Bajo esa visión, nosotras las mujeres, legalmente nunca hemos tenido un papel que diga que la tierra es nuestra, pero, por muchos años, antes del 1992, teníamos la libertad de andar en todo el ejido, buscando leña, kelites, leña y todo lo que hay en el monte, para hacer nuestros alimentos.

Pero en el 1992, con la reforma del artículo 27 de la Constitución, se inician los parcelamientos de los ejidos y esta acción del Estado mexicano vulneró los derechos a la propiedad de las mujeres de las mujeres zoques. Para nosotras, legitimó y naturalizó la dependencia patrimonial y económica de las mujeres hacia los hombres. Se empezó a invisibilizar el trabajo y la contribución que hacían las mujeres zoques en la producción y la explotación de la tierra y sus recursos.

Al otorgarle la titularidad de la tierra solo a los barones, excluyó a las mujeres no solo de la tenencia de la tierra, sino también de la vida comunitaria y de los espacios donde las mujeres antes podían opinar sobre lo que veían bien o mal dentro de la vida comunitaria. Pero con la reforma agraria, ya las mujeres no podíamos estar en estas asambleas porque el reglamento decía que en las asambleas ejidales o comunitarias solo podían asistir los que tenían derecho a la tierra, es decir en mayoría hombres. Muy pocas viudas podían estar, en caso de no tener hijo baron.

Ante esta vulnerabilidad, las mujeres zoques empezamos a reunirnos. En el 1993, se nos consultó sobre cómo las mujeres queríamos estar en la comunidad. Muchas mujeres dijimos que queríamos estar nuevamente muy involucradas en los asuntos de las comunidades y en la toma de decisiones, que queríamos ser tomadas en cuenta, que nuestras palabras se escucharan y que nuestras propuestas se analizaran a profundidad para seguir viviendo en comunidad. Entonces las mujeres empezamos a participar en la lucha por la recuperación de tierras que inició después del 1994. Muchas mujeres empezaron a ser ejidatarias, a participar e incidir en las asambleas y a estar en organizaciones.

Muy sigilosamente empezamos a trabajar en la reivindicación de nuestros derechos. Queríamos ejercer nuestros derechos a la ciudadanía, a heredar la tierra, a tener el patrimonio familiar, a la salud, a decidir libremente cómo ejercer nuestra maternidad. Queríamos sobre todo tener acceso a la educación, porque al aprender a leer y entender el español nos permitía comunicarnos con las demás compañeras mujeres que estaban en otras regiones.

Empezamos a incidir y ocupar puestos comunitarios. Primero los de servicios, como comités de salud y de madres de familia. Entonces pensamos que si podíamos oficiar en las escuelas y los centros de salud para que todo esté bien organizado y todas estemos atendidas, también podíamos buscar otros espacios. En el 1997, empezamos a decir que queríamos ser agentes municipales en Chapultenango. En el 2009, ya había cinco compañeras agentes municipales y tuvimos una regidora propietaria que incluimos en el ayuntamiento. Trabajamos con ella, empezamos la difusión de los derechos. El tema que más se tocaba era el derecho a acceder a la propiedad de la tierra.

Ahora, las mujeres, aunque no estemos reconocidas por la reforma agraria, en las asambleas ya se nos reconoce el solar y ya podemos usar las parcelas para sembrar. Cuando una mujer está sola, se le presta una parcela para que siembra maíz y frijol. Y cuando pierde a su esposo, la mujer queda con la casa. Logramos estos pequeños avances.

Pero se nos vino encima la Ronda 2.2.: 84,500 hectáreas en la zona zoque de Chiapas, donde se se pretende abrir doce pozos petroleros que van a afectar a nueve de nuestros municipios (Francisco León, Tecpatán y Ostuacan, Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Solosuchiapa, Pichucalco y Sunuapa). Eso va a cambiar completamente el ecosistema. No estamos de acuerdo con estos megaproyectos: aunque nos digan que nos van a dar todo, sabemos que no es cierto.

Cuando hicimos las asambleas, las mujeres dijimos que no estábamos de acuerdo. Entonces los hombres agarraron el valor de decir: «No, tenemos que pensar primero en la familia» Lo que más nos mueve es que sin tierra, no tenemos vida. Mientras el territorio siga siendo de la comunidad y tenga ríos y agua, nosotras tenemos suficiente para vivir: si la tierra nos regala nuestro producto y nos da la cosecha, podemos comer y no necesitamos el efectivo.

Estamos dispuestas a caminar con los compañeros barones, pero bajo esta constancia de que también nosotras somos parte de este territorio y que queremos también el uso y el disfruto de esa riqueza natural que nuestra Madre Tierra nos dio. Las mujeres que participamos en el movimiento, muchas nos fuimos sumando por voluntad propia porque creemos que la lucha tiene una causa justa, que es defender la vida por nuestros hijos y por el futuro de todos.»

Foto: María Sánchez en el seminario de Otros Mundos A.C. en julio 2017 _ Otros Mundos A.C.

En la prensa:

«Nosotras somos parte de este territorio y queremos también el uso y disfruto de esa riqueza natural que es nuestra Madre Tierra» Abogada Zoque. (Chiapas Paralelo)

«La Revolución del agua»: documental sobre la lucha contra la presa El Zapatillo en Jalisco

Compartimos este nuevo corto documental realizado por Mario Marlo de «Somos El Medio»

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Texto de Mario Marlo:

Desde hace doce años, los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los altos de Jalisco luchan por salvar sus pueblos que están en riesgo de quedar inundados a causa de la construcción de la presa El Zapotillo.

A pesar de existir un fallo emitido en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde ordena que la cortina de la presa no pase de los 80 metros, los tres niveles de gobierno (estatal, municipal y federal) no lo están respetando y los intentos de terminar la obra a 105 metros continúan.

El proyecto que comenzó a promoverse en el año 2005 y su construcción en el año 2009, es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Tiene la intención de abastecer de agua a las ciudades de León, Guanajuato, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la región de los Altos de Jalisco sin considerar el impacto social y ambiental de la zona.

En diversas ocasiones, los pobladores y las organizaciones que los acompañan han denunciado los incrementos al costo del Proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo León que a la fecha asciende a 20 millones 856 millones de pesos, 49% más de su costo inicial. 43 millones de pesos en la construcción, servicios de vigilancia del predio Talicoyunque donde se pretende reubicar a la población afectada por la presa y 90 millones de pesos pagados a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por la realización de un estudio hidrológico del río Verde.

El pasado 29 de junio de este año, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó el Informe final del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde, por el que pagó 90 millones de pesos del erario público y con el que se apoyó para determinar que su gobierno acataría el escenario número cinco planteado por la UNOPS, una cortina a 105 lo que inundaria los tres poblados en resistencia.

Gabriel Espinoza, líder del movimiento contra la presa El Zapotillo, denunció que el evento fue un fraude para Jalisco y para México al igual que los estudios de la UNOPS.- «No aportan ninguna novedad para el estudio y la Gestión Integral del agua, solo se basan en la oferta y la demanda del agua y la privatización.» Explicó que el Gobernador no tiene la facultad para reubicarlos ni para sacarlos, por lo que seguirán con los amparos a nivel federal e internacional y la resistencia civil pacífica.

Más información:

Página Facebook «Temaca No Está Solo»

Pronunciamiento: «¡Unidos vayamos por una gestión integral del agua»

[AUDIO] 19 y 20 de agosto: Foro «El extractivismo o la vida» en Ixtepec, Oaxaca

Nota y Audio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Convocamos al Foro «El Extractivismo o la Vida» los 19 y 20 de agosto 2017, de 9 a 6 PM en el Salón Sandunga, Ciudad de Ixtepec, Oaxaca

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO DE LA CONVOCATORIA <<

Los 19 y 20 de agosto, la Ciudad de Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, será la sede del Foro «El extractivismo o la vida», convocado por varias asociaciones que pertenecen a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y organizaciones del Istmo.

El Foro está dirigido a los pueblos de la región y todas las personas preocupadas por las afectaciones de los megaproyectos extractivos en los territorios.

Habrá ponencias y reflexiones sobre las consecuencias de la actual implementación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sur-sureste de México, entre las cuales la ZEE del Corredor Industrial Inter-Océanico en el Istmo de Tehuantepec. Están relacionadas con la multiplicación de gasoductos y de proyectos mineros, hidroeléctricos o eólicos, entre otros.

Ruben Valencia, del Comité organizativo del Foro, explica qué es el extractivismo y cómo se manifiesta en los territorios:

Nosotros coincidimos con algunos pensadores y organizaciones que el extractivismo no es solo un modelo económico sino un tipo de sociedad, de cultura, basada en la apropiación y el robo. Es ya una mentalidad que nos quieren imponer de avaricia, de individualidad, ya que todo lo mercantiliza, desde el parto hasta lo que comemos. Se ha manifestado de diferentes formas, la más evidente es la minería a cielo abierto, pero también están los gasoductos, las presas hidroeléctricas o la energía eólica, entre otras. Es ya una forma de explotación que no tiene el mínimo proceso de recuperación de su impacto al medio ambiente, mucho menos a la vida de las personas. En el caso de las minas, tenemos información que después de su explotación los lugares donde se instalan quedan convertidos en pueblos fantasmas, si no se mueren por cáncer o por el narcotráfico, huyen de sus tierras abandonando sus sueños, a sus muertos, se fragmenta su identidad.

¿Qué tiene que ver ese extractivismo con la implementación de las Zonas Economicas Especiales?

Estos megaproyectos, por su impacto negativo, han tenido mucha resistencia en diferentes estados y comunidades. Por ello el gobierno con la asesoría de los grandes consorcios internacionales diseñaron a nivel mundial zonas especiales o zonas francas para darles todas las garantías para saquear nuestros «recursos naturales». Sus planes de las ZEE tienen un objetivo integral: eximir de impuestos a las empresas que operen, garantizar la seguridad de sus inversiones reprimiendo la protesta social y poner a las autoridades municipales y comunales al servicio de estos empresarios. Es por ello que nosotros decimos que las resistencias deben juntarse y construir una estrategia integral. Para eso es el foro. Algunas organizaciones que convocamos a este foro, nos adherimos a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), para que en conjunto construyamos una estrategia para mejor defendernos de estas aves de rapiña que son las multinacionales, nacionales y extranjeras.

CONVOCATORIA:

Más información:

VIDEO: Alberto Arroyo habla de los tratados de libre comercio y las Zonas Económicas Especiales en Oaxaca

Oaxaca: Declaratoria del Foro «Zonas Económicas Especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente»

Zonas Económicas Especiales: negocios por 35 mil millones de dólares

>> Escuchar más spots audios de invitación al Foro <<

>> Escuchar y descargar la Canción de Ixtepec por la Vida y contra la Mina: «Ndani Gueza» <<

>> Consultar el Programa del Foro <<

Defensores y defensoras de la costa de Chiapas exigen el cese de la minería ante el Gobernador

Les compartimos estas nota de prensa e imágenes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), publicada en la página Facebook del FPDS.

ACACOYAGUA, CHIAPAS, 10 DE AGOSTO 2017 (FPDS) – Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que «en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros» por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, «los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento».

Además, denunciamos que «el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo«. Por fin, exigimos «la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida».

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando «No a la minería», «Fuera mineros de Acacoyagua», con pancartas que decían «Sí a la Vida, No a la Mina», «La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece», «Nuestra sierra es verde y verde la queremos» y «El agua vale más que el oro».

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

¡Sí a la vida! ¡No a la mina!

Firmamos: Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS)

El oficio que el FPDS entregó al Goberador:

Contexto:

Opositores a la minería en la costa de Chiapas sufrieron dos agresiones en una semana

Exigimos justicia completa para el defensor Noé Vázquez, a 4 años de su asesinato

Comunicado del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del cual Otros Mundos A.C. formamos parte – Veracruz, México, a 10 de agosto del 2017

Exigimos justicia completa para Noé

Noé, Noé Vázquez Ortiz, fue asesinado hace 4 años cuando subió al cerro a recoger flores, semillas y follaje. Él se había ofrecido a hacer una bienvenida a los compañeros que venían a celebrar el X aniversario del MAPDER (Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos). Iba a hacer una representación del Tláloc, Dios del Agua, y quería que todo estuviera fresco. La ceremonia sería en la tarde, así que salió al cerro al medio día en compañía de un niño a traer las ofrendas del monte. Sin embargo, de regreso lo esperaban tres cobardes sicarios y lo mataron; el niño huyó. Al bajar del cerro, los asesinos fueron detenidos, traían sus ropas llenas de la sangre de Noé. Después de 4 años se les ha dictado sentencia: 20 años de prisión.

Sin embargo, su asesinato dejó mucho dolor: una comunidad fragmentada y enfrentada, porque tanto Noé como sus homicidas eran del mismo lugar, Amatlán de los Reyes, en Veracruz, poblado amenazado por el proyecto hidroeléctrico «El Naranjal» al que Noé se oponía. Una madre destrozada que murió, dicen que de tristeza tiempo después. Una viuda, Lupita, que con todo el dolor a cuestas luchó por que se hiciera justicia y no fuera un crimen más. Un niño, que por ser el testigo, tuvo que abandonar su comunidad y su familia teniendo que vivir con el recuerdo que su amigo y mentor fuera asesinado por unos canallas.

Los asesinos materiales están presos, pero ¿los que ordenaron este crimen?, ¿los autores intelectuales? ¿los que con dinero sucio pagaron la sangre derramada? Esos están libres. No habrá justicia completa hasta que sean traídos a la justicia y se recupere la armonía en esta comunidad.

Este cobarde asesinato también mostró la fragilidad en que se encuentran los luchadores por la defensa del territorio, tanto en México como en Veracruz, donde el crimen organizado operaba desde el edificio de gobierno estatal. Pese a la muerte de Noé, el Proyecto Hidroeléctrico El Naranjal no está cancelado, y la empresa sigue operando para que las poblaciones cedan sus terrenos. Y sin embargo, pese a la muerte, la resistencia y unión han detenido la operación del proyecto.

Desde LAVIDA, abrazamos a la familia de Noé Vásquez y a su esposa Lupita, así como al Colectivo Defensa Verde. Agradecemos mucho a las personas, organizaciones y movimientos a nivel nacional e internacional que se solidarizaron con este caso; sin su apoyo y la cobertura no hubiese habido justicia.

Ahora Noé está en su paraíso, el que describe en el texto que tenía preparado leer en la ceremonia de bienvenida el día que lo mataron y que se convirtió en un triste presagio de su muerte: «A las personas que morían, o mueren por causa de las aguas o en defensa de ella, van al paraíso, donde existen cosechas permanentes de toda clase de árboles frutales y semillas».

Noé: te recordamos. Descansa en paz, hermano. Te seguiremos honrando con nuestra acción y vida.

¡NO A LAS PRESAS!

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

FIRMAN:

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, LAVIDA

Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER

#10AñosCompartiendo: Nuestro folleto “Del PPP al Proyecto Mesoamérica»

Como saben, nuestra asociación Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México cumple 10 años de caminar en defensa de los territorios. Una parte importante de nuestro trabajo ha sido compartir con las comunidades en resistencia ante el modelo extractivo y con ustedes que nos siguen por internet materiales informativos y pedagógicos sobre los impactos de los megaproyectos y la búsqueda de alternativas.

Cada jueves, volvemos a publicar uno de nuestros materiales, para celebrar #10AñosCompartiendo.

Hoy, les compartimos nuestro folleto «DEL PPP AL PROYECTO MESOAMÉRICA: EJE DE INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD«,

segundo número de nuestra serie editorial «La Dictadura del Capital»

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Investigación: Nieves Capote
Texto: Nieves Capote
Ilustraciones: Nieves Capote
Diseño: Nieves Capote

Este documento está bajo Licencia Creative Commons. Fue elaborado gracias al apoyo de la Fundación Siemenpuu.

Introducción

El Plan Puebla Panamá (PPP) fue dado a conocer en marzo de 2001 por el gobierno de Vicente Fox en México. El Proyecto del PPP contemplaba en su origen a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Anunciado como el gran plan de desarrollo para la región, el PPP definía 8 Iniciativas de Trabajo: Integración Vial, Interconexión Eléctrica, Integración en Telecomunicaciones, Facilitación de Comercio y Aumento de la Competitividad, Desarrollo Humano, Prevención de desastres, Turismo y Desarrollo Sustentable.

EL PPP tuvo rápidamente una reacción regional de protestas en contra de los proyectos que iba a implementar, y en contra de la ideología del Plan, que conjuntaba iniciativas que cumplían desde hacía años las intenciones de los capitales de extenderse y adueñarse del territorio y los recursos de Mesoamérica.

Por un lado, las protestas y, por otro, la falta de financiamiento esperado, hicieron que el PPP aparentemente perdiera fuerza, aunque en realidad lo que pasó es que redujo sus expectativas y diseminó los proyectos para que no pudieran identificarse bajo el paraguas del Plan Puebla Panamá, mientras se seguían ejecutando.

Entendiendo el Modelo Corporación-Nación, el Plan Puebla Panamá es fácil de encajar como un plan regional de creación de infraestructuras que las Corporaciones necesitan para acaparar el mercado regional y las fuentes de materias primas, y finalmente ligar este Corredor hacia las necesidades del mercado de Estados Unidos y también facilitar el comercio de las Corporaciones
hacia los mercados europeos y asiáticos. Esto significa conectar los «recursos naturales», las materias primas, los energéticos, la mano de obra barata y las vías de comunicación, con el Norte y Sur del continente americano y a través del Pacífico y del Atlántico, conectar los mercados intercontinentales.

En este material veremos qué se avanzó con el Plan Puebla Panamá, qué proyectos del Plan Puebla Panamá se han realizado y cuales están en perspectiva de ejecución, qué significa la entrada de Colombia en este plan «mesoamericano» y qué proyectos «nuevos» vienen con más fuerza. Profundizaremos en uno de los dos Ejes del Proyecto Mesoamérica: el Eje de Infraestructura y Competitividad.

Defensores mayas en lucha contra Monsanto denuncian al gobierno mexicano por hostigar e intentar dividirlos

Comunicado del colectivo MA OGM y varias organizaciones sociales de México – Ciudad de México, a 8 de agosto del 2017

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Representantes indígenas denuncian a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por intentar dividirlos para realizar consulta indígena

  • Presentan ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia de la estrategia de división y hostigamiento, «Nos mantendremos unidos, no nos callarán», afirman;
  • Las dependencias buscan dividir opiniones y frenar participación de las comunidades en consulta indígena sobre la soya transgénica en Campeche;
  • Mientras tanto continúa la deforestación y destrucción de la Selva Maya.

Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que participan en el proceso de consulta indígena ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la siembra de soya transgénica en Campeche, presentaron documentos en las oficinas de la CNDH y ante diversas Instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México para denunciar el clima de hostigamiento y la estrategia de división implementadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso.

Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Antes de ingresar a las oficinas a entregar las evidencias las partes se retiraron al grito de «No nos callarán».

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.

Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto.

El domingo 8 de julio de 2017 se convocó a una asamblea de ejidatarios en Bolonchén en donde Marco Ramírez de CIBIOGEM comentó sobre la conveniencia de que esta comunidad se separe del proceso de consulta en el municipio. El 23 de julio de 2017, el mismo funcionario acudió a una Asamblea ejidal en Tenabo a invitar a los ejidatarios a nombrar siete representantes de la consulta, desconociendo a los actuales representantes nombrados en el proceso y acusándolos de engañar a los miembros de su comunidad.

Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que «las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta.» Estas acciones van en contra de los acuerdos tomados en el proceso de consulta indígena del 25 y 26 de marzo de 2017 -en donde las comunidades acordaron con CIBIOGEM y CDI ir juntas como una sola unidad en este proceso– y en contra del principio de buena fe establecido en la ley para toda consulta indígena.

La última sesión de la consulta en Hopelchén (27 de mayo de 2017) se levantó a propuesta de la funcionaria de CIBIOGEM, Sol Ortiz, porque no hubo las condiciones de seguridad y orden necesarios para llevarla a cabo. Alrededor de 100 acarreados de Iturbide y el municipio de Campeche interrumpieron la sesión constantemente e insultaron a los representantes. Esta no es la primera vez que personas de fuera invaden las sesiones de consulta; en la sesión del 25 de marzo de 2017 aventaron objetos a los representantes y ninguna autoridad tomó medidas al respecto. La falta de orden, seguridad y libertad ha permeado las sesiones de consulta indígena.

Durante las últimas sesiones, esta funcionaria federal calló, intimidó e insultó a varios de los representantes de las comunidades y sus asesores. Por esta razón, el 28 de mayo de 2017 en Tenabo, los representantes de las comunidades confrontaron
duramente a la CIBIOGEM y a la CDI y los acusaron de contradecirse, de tratar de inmiscuirse en el ámbito de autoridad de sus pueblos y de insultarlos. En el acta de ese día consta que los representantes se sintieron insultados por los comentarios de la funcionaria. Uno de los representantes le reclamó al representante de la CDI su falta de lealtad y de apoyo a las comunidades mayas.

También reclamaron a los representantes de la CNDH su falta de imparcialidad ya que durante la sesión, la funcionaria de la CNDH le dio consejo legal a CIBIOGEM y CDI sin que todos pudieran escuchar. La sesión se levantó sin que se pudieran lograr acuerdos sustantivos porque la representante de CIBIOGEM, Sol Ortiz, insistió en no reconocer la voluntad de los pueblos de Tenabo de ir juntos en la consulta. Desde ese día, las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo.

Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la CIBIOGEM y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto.

El clima de hostilidad y hostigamiento que se ha ido incrementando en la región desde que comunidades mayas han intentado defender el territorio en contra de organismos genéticamente modificadas y otros monocultivos se da mientras que la deforestación y afectación a los recursos naturales de su territorio ancestral continúa sin que las autoridades ante las que se han denunciado estos hechos (PROFEPA, PGR, SENASICA y CONAGUA) hayan tomado acciones para investigar estos sucesos, sancionar y reparar los daños.

Firman:

MA OGM
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
SERAPAZ-Servicio y Asesoría para la Paz
Centro Prodh
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
EDUCE-Educación Cultura y Ecología A.C.
Muuch Kambal A.C.

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Foto: MA OGM

Ductos, ¿por dónde circulan los hidrocarburos en México?

Compartimos este estudio realizado por CartoCrítica

¿Cuántos tipos de ductos para transportar hidrocarburos existen en México? ¿Cuántos son? ¿De qué longitud? ¿Están en las ciudades o bosques, cruzan ríos o cultivos? ¿Quién tiene conocimiento y autoridad sobre ellos? Además de tomas clandestinas, ¿hay fugas? ¿Cruzan por áreas naturales protegidas? ¿Qué ecosistemas afectan? ¿Son ductos públicos o privados? ¿Se respetan los derechos de vía? ¿Representan riesgos para la salud, los ecosistemas o los centros de población?

Todas estas dudas y más surgen cuando uno quiere saber sobre la infraestructura del transporte de hidrocarburos por ductos en el país. Las respuestas no están disponibles fácilmente, aún cuando son relevantes para quienes habitan o tienen propiedades en las zonas aledañas, para la protección civil y la conservación ambiental. Tras la reforma constitucional en materia energética y leyes secundarias, se ha dificultado aún más el acceso a estos datos.

Para responder a estas preguntas, CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll Stiftung elaboramos el presente estudio, a modo de una primera caracterización sobre los ductos para el transporte de hidrocarburos que existen en el país. En este esfuerzo se identificaron 6 mil 777 proyectos de ductos, cuya longitud es de 68 mil 843.15 kilómetros, equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la Tierra en el ecuador. El 94% son ductos terrestres, mientras que 3 mil 973.8 km están en el Golfo de México, frente a Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; y 21.5 km están en el Océano Pacífico frente Baja California.

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Chiapas:

Introducción

El principal constructor de ductos a lo largo del país ha sido Petróleos Mexicanos (Pemex). Tiene ductos para la recolección del petróleo crudo y gas provenientes de los pozos de extracción, el transporte a las refinerías, petroquímicas y complejos procesadores de gas, y para la distribución de productos finales a las terminales de almacenamiento y consumidores finales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es también una importante constructora de ductos para abastecer de gas a las plantas generadoras de energía eléctrica del país. También están los ductos de las comercializadoras de gas natural que atraviesan ciudades enteras, así como los construidos por y para el servicio de grandes usuarios industriales.

A diferencia de otras instalaciones industriales peligrosas, los ductos no están dentro de un complejo industrial con características de seguridad; por el contrario, se despliegan a lo largo y ancho de tierras propiedad de terceros, entre ciudades y carreteras, o en tierras agrícolas, ríos y parajes naturales, incluyendo propiedades privadas, núcleos agrarios, áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Por lo que, en caso de fuga de hidrocarburos, el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión.

Las tuberías están normalmente enterradas; sin embargo, su construcción, supervisión y mantenimiento requiere de amplios derechos de vías libres y sin cobertura vegetal. El diámetro de los ductos puede variar desde una hasta 50 pulgadas o más, pero las excavaciones para la construcción, mantenimiento y franja de seguridad o derecho de vía, que puede ser de más de 10 metros de ancho, producen una intensa perturbación del suelo y el entorno. Numerosas invasiones se registran sin ningún control, se pueden encontrar viviendas, industria, comercio, escuelas, torres de alta tensión y hasta instalaciones militares sobre el derecho de vía de los ductos.

El acceso a la información pública en formatos abiertos sobre los ductos es inexistente. La infraestructura se encuentra sumida en la opacidad, escudada con el argumento de la seguridad nacional. La ubicación de los ductos, su antigüedad, bitácoras de mantenimiento, riesgos, fugas, incidentes y tomas clandestinas, entre muchas otras características, se mantienen resguardadas con recelo. Las autoridades responsables solo publican agregados estadísticos o infográficos ilustrados con mapas simplificados del país, incluso los datos sobre capacidad o longitud varían entre una publicación y otra. Este escenario dificulta la protección civil e imposibilita los estudios para cuantificar impactos y riesgos sociales o ambientales, entorpece la disponibilidad previa de información para consultas públicas y, sin duda, es un obstáculo para la participación ciudadana.

Marco regulatorio

El transporte por ductos puede ser sumamente complejo, para entenderlo, se puede catalogar por empresa, tipo de hidrocarburo, diámetro, función desempeñada, estado actual de operación, entre otros; el análisis por categorías arroja claridad sobre diversos aspectos. De manera esquemática, lo más sencillo es distinguir entre los ductos de recolección y los de transporte y distribución.

Los ductos de recolección permiten el acopio de hidrocarburos que se han extraído del subsuelo, se realiza mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de cada pozo en el yacimiento hasta las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta los sistemas de transporte (NOM-027-SESH-2010). Estos ductos solo se encuentran en donde se extraen hidrocarburos del subsuelo, principalmente en aguas del Golfo de México, en Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Según el marco regulatorio actual, solo pueden estar dentro de un Área Contractual o un Área de Asignación, ya que pertenecen a la fase de exploración y extracción de los hidrocarburos, por lo mismo, están regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Artículo 38 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética).

Posteriormente, están los ductos de transporte y distribución. Estos son los que conducen los hidrocarburos en múltiples fases, entre estaciones o plantas para su compresión, bombeo, procesamiento, almacenamiento y finalmente distribución. Aquí se incluyen tanto los ductos nacionales como los de internación, es decir aquellos cuya capacidad está destinada a la importación de hidrocarburos. Estos se encuentran distribuidos a lo largo de prácticamente todas las entidades del país, aunque no necesariamente interconectados entre sí, pueden interconectarse con buques cisterna o ferrocarriles. Con la expansión del sistema de gasoductos propuesta por la Secretaría de Energía (Sener) en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019 («Plan Quinquenal de Gasoductos»), al parecer solo en Nayarit no habría ductos de ningún tipo. La regulación de estos ductos está a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Artículo 41 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética); aunque adicionalmente, los de transporte y distribución de gas natural, de carácter público, están integrados al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sintragas), cuyo gestor y administrador independiente es el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). Integrar los ductos privados de gas natural al Sintragas es de carácter voluntario (Artículo 65 y 66 de la Ley de Hidrocarburos).

Para el crecimiento de la importación, exportación y uso del gas natural en México, la reforma energética del 2013 contempló establecer un nuevo arreglo institucional en el manejo de los gasoductos públicos existentes y aumentar la red de gasoductos del país. De este modo, la gestión y administración del Sistema Nacional de Gasoductos cambió drásticamente en enero del 2016, al pasar de manos de Pemex Logística al recientemente creado Cenagas, organismo descentralizado sectorizado a la Sener. A este, Pemex le transfirió tanto la infraestructura de gasoductos de transporte que poseía, como los contratos de ocupación superficial y derechos inmobiliarios que poseía.

Hallazgos en medio de la opacidad

Con el argumento de la seguridad nacional, Pemex, la Secretaría de Energía y demás autoridades en materia de energía e hidrocarburos niegan el acceso público a la información desagregada y en formatos abiertos sobre la infraestructura de ductos existente. Muy por el contrario, la recientemente creada Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos (enero de 2016) define en su artículo 23 que:

«La información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios […] será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia.»

Esto se traduce en que la información desagregada sobre la infraestructura de hidrocarburos es sistemáticamente negada por la autoridad responsable argumentando daños presentes, probables y específicos. Para ello, Pemex, CNH y Sener han clasificado como reservada toda información que permita detallar la ubicación y características de la infraestructura petrolera nacional. El entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI, 2014), determinó en la resolución a un recurso de revisión que:

«La divulgación de la ubicación y características de la infraestructura con que cuenta PEMEX ocasionaría una potencial amenaza y perjuicio a la seguridad nacional, además de causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de delitos, al proporcionar datos mediante los cuales puede obtenerse la ubicación geográfica exacta y características específicas de la red de ductos de PEMEX y sus organismos subsidiarios, así como de sus instalaciones y de los diversos tipos de productos transportados, mismos que podrían ser atacados con explosivos, vehículos e, incluso, ser objeto de acciones hostiles y delitos como el robo, la extorsión y demás hechos ilícitos.»

Esta secrecía en la información territorial de la infraestructura viene acompañada frente a la preponderancia territorial que las leyes le otorgan a la propia industria petrolera, al catalogarla como de utilidad pública (Artículo 28 de la Constitución), interés social y orden público (Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y Artículo 33 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética). Así, no obstante que la Ley de Hidrocarburos considera que las actividades de exploración y extracción «tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas» y, que para ello procederá «la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial» (Artículo 96, Ley de Hidrocarburos), resulta que como sociedad no podemos ni siquiera conocer dónde estas actividades se desarrollan, por ser información reservada. La exploración y extracción de hidrocarburos quedó restringida de las áreas naturales protegidas por la Ley de Hidrocarburos, más no así el transporte por ductos o la presencia de cualquier otra actividad petrolera.

Resulta difícil creer el argumento de la seguridad nacional, puesto que, al buscar en la multiplicidad de documentos oficiales existentes, se encuentra con que esta información ha sido publicada numerosas veces por fuentes oficiales, aunque de manera poco sistemática y en formatos cerrados.

De esta manera, consultando múltiples fuentes públicas, fue posible compilar este mapa -a pesar de la constante negativa de acceso a la información pública en formatos abiertos. Se consultaron las convocatorias para las licitaciones públicas de los gasoductos a cargo de CFE, disponibles públicamente en internet, que contienen trazos vectoriales georreferenciados, listados de coordenadas y planos topográficos que permiten determinar con absoluta precisión la ubicación, trazo, dimensiones y características de los gasoductos que se licitan. Estos son los mismos incluidos en el Plan Quinquenal de Gasoductos del que Sener niega las coordenadas o trazos específicos por atentar contra la seguridad nacional. De igual manera, se consultaron las bases para las licitaciones que celebra Pemex, que incluyen planos y mapas detallados sobre la ubicación de la infraestructura objeto de la licitación, así como de toda la infraestructura circundante. Además, se consultaron las Manifestaciones de Impacto Ambiental que toda obra de hidrocarburos debe cumplir conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA), en las que el promovente de la obra debe incluir mapas y coordenadas específicas del proyecto que piensa llevar a cabo, así como todas sus características e impactos ambientales previstos. Toda esta información es pública y está disponible en internet o en las delegaciones de Semarnat.

De modo que resulta contradictorio que, con el argumento de la seguridad nacional, la autoridad energética se niegue a transparentar, en el estándar de datos abiertos, la información que de facto ya es pública.

En Estados Unidos, es posible consultar públicamente el «Sistema Nacional de Mapas de Ductos» perteneciente a la Administración de ductos y materiales peligrosos, dependiente del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

En Canadá, la Asociación de Gasoductos de Canadá, que agrupa a las empresas del sector en el país, cuenta también con un mapa público en línea para conocer la localización y características de los ductos.

En México, no es posible contar con un mapa oficial sobre los ductos, por lo que CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll presentamos el siguiente mapa, que es una primera caracterización sobre esta infraestructura en el país.

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Mapa de ductos en PDF (baja resolución, 4Mb)

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La REMA se solidariza con los opositores a la minería en la costa de Chiapas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 7 de agosto del 2017

SOLIDARIDAD CON EL EJIDO ACACOYAGUA

ANTE LA CRECIENTE TENSIÓN SOCIAL Y EL SILENCIO DE LAS AUTORIDADES ESTAMOS CON USTEDES

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a todos los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) cuya integridad física y psicológica, a partir del trabajo de defensa del territorio que han realizado junto a el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México para la cancelación de 21 concesiones mineras, está en riesgo.

A nuestras compañeras y compañeros del FPDS queremos decirles que la razón legal y moral les asiste y por ello les llamamos a mantenerse unidos ante las agresiones que sufrieron los días 31 de julio y 4 de agosto pasados, por parte de grupos encabezados por Julio Alfaro, quien ha sido vinculado a la minera El Puntal S.A. de C.V., propietaria de la mina de titanio «Casas Viejas».

La existencia de acuerdos del Ejido de Acacoyagua en el Estado de Chiapas por los que se prohibe el acceso de maquinaría pesada a través de sus caminos y se rechaza la actividad minera en su territorio, expresa la decisión, que en el ejercicio de sus derechos, han tomado para salvaguardar su territorio. Esa decisión debe ser respetada por la minera El Puntal, S.A. de C.V. y respaldada por las autoridades responsables.

La falta de transparencia de las autoridades suele ser parte del contexto que anima las provocaciones y las agresiones en los conflictos por el territorio. Por ello, hacemos eco del llamado que ustedes, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), han realizado al presidente municipal de Acacoyagua para que les escuche y les informe debidamente sobre los permisos que supuestamente fueron otorgados a la minera El Puntal S.A. de C.V., para operar la mina «Casas Viejas».

Finalmente, les decimos que estamos atentos ante cualquier acto violento que puedieran llegar a sufrir en su lucha como defensores de la tierra y el territorio. No están solos!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Contexto:

Opositores a la minería en la costa de Chiapas sufrieron dos agresiones en una semana

Mapa interactivo de concesiones mineras en México

Compartimos este trabajo realizado por Romeo LopCam, de la Agencia SubVersiones

Datos obtenidos del Sistema de Administración Minera (SIAM) de la Secretaría de Economía.
Recuperados el 19 de julio de 2017. Diseño: Agencia SubVersiones / Romeo LopCam.

>> IR AL MAPA <<

>> DESCARGAR: Mapa estático (PNG) + Cartografía minera (Shapefile) + Concesiones mineras (CSV) <<

Instruciones:

Puedes alejar o acercar el mapa, así como buscar lugares, haciendo click en los botones localizados en el extremo inferior izquierdo del mismo, o bien, utilizando la rueda de desplazamiento del ratón.

Al pasar el puntero sobre cada una de las áreas concesionadas, se muestran datos como el titular de la concesión, el municipio en donde se localiza, el nombre del lote, la superficie en hectáreas y el número de título. Éste último es muy útil si se quiere descargar la tarjeta del Registro Público de Minería en la página del Sistema de Administración Minera (SIAM), que contiene otros datos relevantes.

Finalmente, con los menús dinámicos de la barra lateral derecha se puede filtrar la información que se presenta en el mapa, de acuerdo al estado, municipio o titular.

Texto, por Romeo LopCam:

Si bien la existencia de una concesión minera no implica necesariamente la de una mina, la vigencia de las mismas es de hasta 50 años, por lo que estas pueden ser guardadas en los despachos de empresarios y especuladores en espera de tiempos más propicios. Mientras tanto, la gente que tiene sus casas y tierras de cultivo sobre las áreas concesionadas, puede estar viviendo y trabajando sobre ellas sin saber que en determinado momento podría ser víctima de intentos de despojo, contaminación y otros daños ambientales.

El Artículo 6 de la Ley Minera dice a la letra:

«La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.»

Es importante que las comunidades sepan que mucha de la información sobre concesiones mineras es pública, aunque por lo general es presentada en formatos inteligibles solo para quienes cuentan con ciertos conocimientos técnicos o legales. El presente mapa interactivo pretende hacer más transparente dicha información, con el objeto de que las personas afectadas tomen las acciones que crean pertinentes en caso de que su territorio esté siendo cedido por el Estado a la industria del extractivismo minero.

Algunas empresas que aparecen como titulares son filiales de grupos más grandes, tal es el caso de Minerales Monclova, quepertenece a Altos Hornos de México; Las Encinas, que pertenece a la transnacional acerera Ternium; y Exploraciones Mineras Parreña, que pertenece a Industrias Peñoles. Los nombres de estas últimas no suelen aparecer en los registros.

Algo similar sucede con individuos que tienen concesionadas grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, Jorge Jiménez Arana, en realidad es el representante legal de Blackfire Exploration México, que en 2009 fue señalada como autora del asesinato del activista Mariano Abarca Roblero, en Chicomosuelo, Chiapas. La mina Payback, proyecto contra el que se manifestaba, fue clausurada en diciembre de ese mismo año por infringir las normas ambientales.

Jorge Jiménez Arana declaró a El Universal en 2014 que la titularidad que mantenía sobre las concesiones era temporal y reconoció que esto se daba así, en razón de que la empresa que representa tuvo «un problema con el gobierno de Chiapas en 2009». Sin embargo, hoy día aparece en la cartografía minera como la persona física con más superficie asignada.

Por otra parte, una vez obtenidos, los títulos de las concesiones mineras se pueden transferir sin mucha dificultad, lo que ocasiona que exista todo un mercado irregular en el que muchos particulares especulan con los mismos. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el número de concesiones a favor de estos rebasó el 60%. Jenaro Garza Guerra, quien se desempeñó como perito minero entre 1999 y 2007, es un caso paradigmático.

Finalmente, cabe señalar que alguna información puede estar incompleta, como fruto de errores en su manipulación por parte de los funcionarios del Sistema de Administración Minera (SIAM), aunque tanto en la base de datos como en el archivo cartográfico, estos son poco frecuentes. Salvo por la normalización de las abreviaturas de algunos estados de la república, en este trabajo ambos se utilizaron sin mayores cambios.

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