Convocatoria para la Coordinación del Area de Incidencia Internacional de Tlachinollan

CONVOCATORIA DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA «TLACHINOLLAN»

PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE INCIDENCIA INTERNACIONAL

HASTA EL 24 DE MARZO

  • Sobre Tlachinollan

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Tlapa, Guerrero, es una organización de la sociedad civil dedicada desde hace 22 años a la defensa y promoción de los derechos humanos de la población indígena Me’phaa, Naua, Nnancué Ñomnda y Na Savi. Su centro de acción se ubica en la Montaña de Guerrero, región conformada por 19 municipios y más de 600 pequeñas comunidades, donde se ubican algunos de los municipios más empobrecidos de México. Por su labor, Tlachinollan ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan el Premio MacArthur para las Instituciones Creativas y Efectivas, el Premio Robert. F. Kennedy y los premios otorgados a su fundador como son el VI Premio de los Derechos Humanos de la sección Alemana de Amnistía Internacional y el Reconocimiento por la Igualdad y la No Discriminación 2015, otorgado por la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Para más información ver:  http://www.tlachinollan.org

  • Descripción del puesto

La persona coordinará y dará seguimiento a las actividades del área de incidencia internacional a fin de definir e implementar – junto a las otras áreas involucradas – las estrategias de incidencia y defensa integral a nivel local, nacional e internacional del Centro de Derechos Humanos.

  • Lugar de trabajo

Las tareas se desempeñan desde la oficina principal de Tlachinollan en Tlapa de Comonfort, Guerrero; así como en otras regiones del Estado y la Ciudad de México cuando es necesario.

  • Perfil Solicitado
  • Licenciatura en derecho o áreas de ciencias sociales afines (relaciones internacionales, ciencia política, etc.), preferentemente con formación en derechos humanos y/o derecho internacional.
  • Bilingüe Español-Inglés (indispensable); con excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en ambos idiomas.
  • Con experiencia previa en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos humanos, de preferencia mediante la colaboración con organizaciones internacionales y órganos intergubernamentales de derechos humanos.
  • Conocimiento en el uso de mecanismos de protección convencionales y no convencionales del Sistema Interamericano y Universal.
  • Conocimiento del contexto estatal y nacional sobre la situación de derechos humanos.
  • Con habilidades y disponibilidad para redacción y traducción de informes, escritos legales, boletines y otros documentos en español e inglés.
  • Interés, compromiso ético y sensibilidad para la atención de personas, especialmente de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y marginación.
  • Capacidad de análisis socio-político desde la perspectiva de los derechos humanos.
  • Disponibilidad para vivir y trabajar en Tlapa de Comonfort, en la región de la Montaña de Guerrero por al menos un año.
  • Disponibilidad para realizar viajes y trabajar en días inhábiles.
  • Procedimiento para la selección:

La persona interesada deberá enviar al correo electrónico internacional@tlachinollan.org antes del miércoles 24 de marzo de de 2017, lo siguiente:

  • Currículum vitae
  • Carta de exposición de motivos
  • Dos cartas de recomendación (una de ellas, de preferencia, deberá ser de su último lugar de trabajo)
  • Copia de algún texto corto propio en inglés para conocer las capacidades en el idioma o en su defecto, redactar carta de exposición de motivos en inglés.

Las y los aspirantes seleccionadas/os para entrevistas serán notificadas/os sobre los resultados e invitadas/os para acudir a Tlachinollan a partir del 3 de abril.

Inicio de actividades: Inmediato, con posibilidad a conversar mecanismos de integración en meses próximos.

Informe: Estado del Agua en América Latina y el Caribe

Hoy, 22 de marzo, Día Internacional del Agua, publicamos el informe «Estado del Agua en América Latina y el Caribe» realizado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

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Para Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) el agua es un bien común, fundamental para la vida en todas sus expresiones, la reconoce como un elemento ordenador de los diversos territorios, y la considera un eje articulador de las diversas luchas por la justicia social y ambiental.

Desde hace varios años, las organizaciones de ATALC han trabajado por la defensa del agua como bien común, reconociendo que los pueblos deben controlar sus territorios, y reafirmando los derechos a la tierra y al agua. De esta forma, han expresado una vehemente oposición a todas las formas de privatización, mercantilización y financiarización del agua, que implica la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. De aquí que ATALC haya resistido a modelos impuestos por el capital corporativo y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), que cuentan con la complicidad de los gobiernos de turno y tratados de libre comercio, que a través de asociaciones e inversiones promueven el acaparamiento de las aguas.

América Latina y el Caribe aloja una serie de países diversos, tanto en sus características geográficas, históricas, económicas, sociales y ecológicas que implica una estructura diferente de disponibilidad y manejo del líquido vital. La conflictividad por el agua en la región ha tenido un crecimiento sin precedentes durante los últimos años, hasta llegar a niveles de complejidad que generan diversos impactos en el ámbito político, en las economías de los países, y en la forma como se concibe lo social. Los conflictos por el agua en la región expresan la crisis de un sistema económico y político que paralelo a una crisis ambiental, climática y alimentaria, observan en la naturaleza, específicamente en el agua, una frontera para la creación de nuevos mercados en su insaciable búsqueda de acumulación. Con el avance de el modelo neoliberal, que en la actualidad se manifiesta con el desarrollo y emplazamiento de emprendimientos, en especial con la promoción de actividades extractivas y de gran envergadura, se implica el uso intensivo de los dones naturales – el agua en particular -, y se impacta sobre las condiciones de vida de las poblaciones y el ambiente.

El presente documento es un esfuerzo conjunto por parte de las organizaciones de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe para reflexionar y sistematizar los diferentes conflictos de agua que durante los últimos años padece la región. Presenta reflexiones sobre el papel del capital corporativo en la privatización de las aguas con la construcción de grandes infraestructuras y los impactos de actividades extractivas e industriales, además de modelos de desarrollo que acaparan las aguas de las comunidades locales, cuyo sustento depende de estos territorios y bienes comunes. En contraste, también se resalta horizontes y/o aspiraciones políticas y sociales de sectores defensores de la naturaleza que han promovido y generado alternativas, alianzas y renovadas posibilidades sustentables en su relación con las aguas en la región.

En este informe entregamos una serie de documentos para contribuir a una mirada amplia sobre la situación del agua en su relación con los conflictos ambientales en la región, y busca presentar propuestas desde los territorios para la construcción de sociedades sustentables. Esperamos que su lectura y comprensión fortalezca la construcción conjunta de conocimiento para la resistencia y la implementación de alternativas de los pueblos en su relación social, cultural, ancestral e histórica con las aguas.

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Leer más sobre el tema:

Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México (libro para descargar en PDF)

Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México (libro para descargar en PDF)

El libro «Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México» fue coordinado por los investigadores José Luís Martínez Ruíz, Daniel Murillo Licea y Luisa Paré, y por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Su publicación tiene como antecedente el seminario coordinado por los tres investigadores, denominado: «Conflictos por el agua y alternativas de gestión en los territorios de los pueblos indígenas de México», el cual se llevó a cabo el 3 de octubre de 2016 en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y fue organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

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Nuestro territorio nacional alberga una megadiversidad biológica derivada de una heterogeneidad de su medio físico, una contrastante topografía y una amplia gama climática que determina una fisiografía compleja, que influye en la situación y disponibilidad de los recursos hídricos. A ello hay que agregar los contrastes regionales de desarrollo y las desigualdades socio-económicas que privan en México.

En ese contexto heterogéneo y contrastante debe tomarse en cuenta también la diversidad etnolingüística, organizativa y cultural del país. En México se consideran como indígenas —ya sea por hablar una lengua indígena o por identificarse como integrante de un pueblo o una cultura indígena— alrededor de 15.7 millones de personas (Inegi, 2010).

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha dividido el territorio nacional en 25 regiones indígenas, a saber: Altos de Chiapas; Chimalapas; Chinanteca; Chontal de Tabasco; Costa y Sierra Sur de Oaxaca; Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica; Frontera Sur; Huasteca; Huichol o Gran Nayar; Istmo; Maya; Mayo-Yaqui; Mazahua-Otomí; Mixe; Mixteca; Montaña de Guerrero; Norte de Chiapas; Otomi Hidalgo-Querétaro; Purépecha; Selva Lacandona; Sierra de Juárez; Sierra Norte de Puebla y Totonacapan; Tarahumara; Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz, y Valles Centrales. De los 2,456 municipios, 624 son considerados indígenas y de las 192 mil localidades del país, en 34 mil 263, 40% y más de sus habitantes son identificados como indígenas. En ese sentido, México no solamente es uno de los diez países con mayor biodiversidad, también es notable por su pluriculturalidad y diversidad etnolingüística derivadas de la persistencia de los herederos y descendientes de los pueblos originarios del México prehispánico.

Una parte importante de las localidades indígenas se encuentran asentadas en las partes altas de las cuencas, correspondientes a áreas forestales, con una función hidrológica esencial para la recarga de los acuíferos y abasto de agua para las ciudades y zonas de riego.

Originados por múltiples y distintas causas, en las regiones indígenas se han reportado tanto en el pasado como en el presente numerosos conflictos por el agua. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos desarrollado por el IMTA en 2015, en las cuencas donde se asientan los pueblos indígenas se han registrado más de 80 tipos de conflictos por el agua. En esa medida creo que es necesario reflexionar a fondo sobre la etiología de estas confrontaciones por los recursos hídricos. Reconocer las verdaderas causas de tales disputas posibilita proponer alternativas que sean viables en lo social, en lo ambiental y que también sean sostenibles para el desarrollo económico, incluido el etnodesarrollo. En el contexto de este panorama los coordinadores de este libro convocamos a un grupo de investigadores, representantes de organizaciones civiles y de comunidades y pueblos indígenas, a que nos presentaran sus análisis y reflexiones en torno a los conflictos y alternativas de gestión en los territorios indígenas de México.

Como resultado se tiene el presente libro que consta de diez capítulos y seis recuadros. No obstante el énfasis y las particularidades de los casos o experiencias en torno a la gestión de los recursos hídricos que cada autor o autores expone, se puede observar al hacer la lectura completa del libro que ciertos ejes temáticos o problemáticas confluyen y se entrelazan, a saber: el impacto socio-ambiental en los ecosistemas y poblaciones indígenas en las cuencas donde se proyectan y construyen las obras hidráulicas, en especial las megaobras; el cuestionamiento al modelo económico neoliberal marcado por impulsar actividades productivas que depredan el medio ambiente y afectan las condiciones materiales de vida de las comunidades; el surgimiento de movimientos sociales de resistencia y defensa del agua y del territorio; propuestas de manejo de los recursos hídricos desde lo local, a partir de concebir a la cuenca como parte de una unidad territorial y en el que los elementos culturales, como la cosmovisión y los saberes locales alimentados por un patrimonio cognitivo ancestral, son parte de la concepción del territorio; la prevención y gestión de los conflictos bajo enfoques de participación social que promueven la cogestión del territorio y sus cuencas entre los diversos actores sociales y, por último, considerar a los pueblos indios como sujetos sociales a la hora de aplicar políticas públicas en el sector agua.

En esa trama de ejes es que surgen los siguientes cuestionamientos claves en torno a la problemática del sector agua y que pienso, están implícitos en las diferentes exposiciones que componen este libro: ¿Por qué el aumento de conflictos por el agua y su agravamiento en los territorios indígenas en México? ¿Hay alternativas viables articuladas en lo social, en lo económico y lo ambiental? ¿El modelo vigente de gestión y administración de los recursos hídricos promovido por el Estado y por organismos financieros, empresariales y diversas instancias internacionales del sector agua, requiere de un viraje de 180 grados en su relación con los pueblos indios y con el manejo de los recursos hídricos? ¿Qué hacer entonces para prevenir y resolver los conflictos sociohídricos? ¿El marco legal actual del agua da certidumbre y seguridad para administrar y gestionar los recursos hídricos para el bienestar y progreso del país sin inequidades sociales, riesgos ambientales y rupturas del tejido social? Y si no, su modificación o reforma ¿hacia dónde debe apuntar para evitar el ecocidio y, por así decirlo, la muerte de las «esencias de vida» que sostienen a las comunidades indígenas y campesinas?

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Leer más sobre el tema:

AUDIOS – Territorios en Disputa, una serie radiofónica de Hijos de la Tierra

Como las multinacionales privan a los Mexicanos de un acceso al agua potable

Mapder XII: Luisa Paré analiza la «ofensiva» privatizadora de los sistemas de agua en México (VIDEO)

Visitar la página de «Agua para Todxs, Agua para la Vida»

[REVISTA EN PDF] Impunidad y graves violaciones a derechos humanos en México

Compartimos el número 21 de la revista Aportes DPLF, la revista de la Fundación para el Debido Proceso – Enero 2017

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Editorial (Por Katya Salazar, Directora Ejecutiva)

Durante la última década, la situación de derechos humanos en México se ha deteriorado notablemente. La guerra contra el narcotráfico tuvo un efecto decisivo en el aumento de la violencia originada por los grupos criminales, pero también de los crímenes cometidos por fuerzas estatales. A pesar del reconocimiento que el gobierno mexicano ha hecho de esta situación y de las medidas que se han tomado para enfrentarla, la realidad nos muestra que las violaciones de derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción.

En este contexto, la noche del 26 de septiembre de 2014, desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Aunque éste no era ni el primero ni el último caso de personas desaparecidas en México, el número de desaparecidos, su calidad de estudiantes, el involucramiento de fuerzas estatales de distintos niveles y la persistencia de los familiares hicieron de este caso un parteaguas que desencadenó la indignación ciudadana nacional e internacional.

En el marco de las medidas cautelares que se tramitaban ante la CIDH por este caso, y producto de un acuerdo entre esta institución, el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que recibió el encargo de realizar una verificación técnica de las acciones adoptadas por el Estado mexicano luego de la desaparición de los estudiantes, no solo respecto de su localización, sino respecto del agotamiento de las líneas de investigación así como la atención y reparación a las víctimas.

El GIEI fue una experiencia inédita de colaboración Estado-CIDH y de monitoreo de un caso en tiempo real. Integrado por cinco expertos internacionales, el GIEI nos demostró que es posible investigar este tipo de atrocidades tratando a las víctimas con respeto y consideración. Sus hallazgos sobre el caso —plasmados en dos informes— fueron fundamentales, pero posiblemente el legado más importante fue la radiografía que realizó del sistema de justicia penal mexicano y las recomendaciones que hizo con la finalidad de mejorarlo.

Un complemento perfecto del trabajo realizado por el GIEI, fue el informe Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, publicado el año pasado por Open Society Justice Initiative (OSJI) y cinco organizaciones de la sociedad civil mexicana.

Este informe realiza un riguroso análisis de los crímenes cometidos en el país durante la última década y establece la existencia de fundamentos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad, tanto por actores estatales como no estatales, los mismos que deben ser debidamente investigados y juzgados.

Este informe también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores, destacando la propuesta de crear un mecanismo internacional de investigación de crímenes atroces y grandes casos de corrupción en México.

El diagnóstico es claro: el sistema judicial mexicano tiene la enorme responsabilidad de dar una respuesta adecuada al legado de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última década. Si las condiciones actuales no lo permiten, es necesario pensar creativamente y no descartar el apoyo internacional, tal como ocurrió en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Con la finalidad de contribuir a esta reflexión, pero también para ayudar a entender mejor la situación del país en el resto del continente, dedicamos esta edición de AportesDPLF a la situación actual de derechos humanos en México.

La primera sección de este número examina las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en México. Sobre este tema, Claudia Paz y Paz —ex Fiscal General de Guatemala— nos explica cómo el caso Ayotzinapa exhibió las principales deficiencias del sistema de investigación criminal mexicano y en base a su experiencia como integrante del GIEI, propone una serie de recomendaciones sobre cómo mejorarlo. En esa misma línea, Ariel Duliztky, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre despariciones forzadas o involutarias, plantea veinte puntos para la creación de una agenda pública para la prevención y erradicación de la desaparición forzada en México. Por su parte, el ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, comparte sus principales conclusiones después de la misión que realizó a México en su rol como relator. Concluye esta sección Erick Witte de OSJI, haciendo un análisis en profundidad de por qué ciertos crímenes que se cometen actualmente en México podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

La reforma del sistema de justicia penal mexicano es abordada en la segunda sección de esta edición. Al respecto, Miguel Sarre llama la atención sobre la falsa dicotomía entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, mientras que Iván de la Garza nos plantea los retos que persisten en la implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, en vigor en todo el territorio mexicano desde junio de 2016. Por último, Carlos Ríos examina el rol que tienen las medidas cautelares en el nuevo sistema acusatorio y cómo el enraizamiento cultural de los valores del sistema inquisitivo, impedirían la correcta implementación de la prisión preventiva.

En la tercera sección se incluyen algunas reflexiones sobre reformas institucionales fundamentales que se vienen llevando a cabo en México. Úrsula Indacochea de DPLF nos habla del alto grado de intervención de los órganos políticos, en la selección de altas autoridades del sistema en México, y de la ausencia de contrapesos efectivos. Por su parte, Oscar Arredondo nos describe el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, los desafíos que se han presentado desde la reforma constitucional y los pasos pendientes para alcanzar su correcta implementación. Aroa de la Fuente, aborda el tema de la reforma energética en México y nos describe la situación actual, tres años después de su aprobación.

La situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la población mexicana es analizada en la cuarta sección de esta revista. Leopoldo Maldonado de Artículo 19 muestra la realidad que afronta el periodismo mexicano y cómo la guerra contra el narcotráfico ha impactado el ejercicio de la libertad de expresión de distintas formas. Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, aborda la situación que viven los familiares de migrantes desaparecidos y nos explica cómo la organización de estas familias ha promovido la creación de un mecanismo transnacional que les permita acceder a la justicia.

Para concluir con esta edición, la quinta sección titulada «Desde los Estados muestra la situación que se vive en el interior del país. La hermana Consuelo Morales y Ana Claudia Martínez, nos describen la situación actual en Nuevo León, resaltando el papel de la opinión pública en una adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal en ese estado.

En Chihuahua, Lucha Castro nos cuenta cómo ante la crisis de seguridad desencadenada por la guerra contra el narcotráfico la sociedad civil y el gobierno del estado se han aliado para combatir la impunidad y la corrupción. Desde Coahuila, Michael Chamberlin nos explica cómo la unión de familiares de personas desaparecidas generó un impacto tal que llevó a la creación de un Grupo de Trabajo integrado por sociedad civil, Naciones Unidas y autoridades estatales, a través del cual se han promovido reformas estatales en materia de desaparición forzada. Desde Jalisco, César Pérez detalla cómo la práctica de la tortura continúa impune en el estado a pesar de reformas estatales para la penalización de este delito. Por último, David Lovatón expone cómo Yucatán, a pesar de no ser un estado que enfrenta situaciones graves de derechos humanos como ocurre en el resto del país, también enfrenta problemas serios, muchos de ellos relacionados con la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas Mayas.

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Más información:

México. Manual: la defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo

VIDEO: El derecho a defender los derechos humanos en México

Carta Abierta al Gobierno de Guatemala: Estado Feminicida en «Hogar Seguro»

Carta Abierta de la comunidad internacional al Gobierno de Guatemala firmada por personas y organizaciones de Chiapas y el mundo, dentro de las cuales Otros Mundos A.C.

>> Ver todas las firmas y descargar el documento

16 de marzo de 2017, Continente Americano

Señor  Presidente, Jimmy Morales Cabrera:

Quienes suscribimos la presente, mujeres y hombres Defensores de Derechos Humanos, expresamos al Pueblo de Guatemala nuestras condolencias por los graves acontecimientos ocurridos el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro «Virgen de la Asunción», ubicado en el Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.

Desde recién sucedidos los trágicos hechos hemos estado recibiendo información a través de personas, organizaciones y comunidades de Guatemala sobre la negligente actuación de las autoridades a su cargo que han incumplido con las obligaciones derivadas de las Leyes nacionales y el Derecho Internacional.

Una de estas graves omisiones fue no atender de manera diligente la sentencia del Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana que, en Diciembre del año pasado, condenó al Estado de Guatemala por graves violaciones a derechos humanos, mismas que distintas dependencias estatales documentaron, haciendo visible y denunciando las precarias condiciones del albergue, malos tratos, abuso sexual, actos de tortura, privación de la libertad, así como la probable operación de una red de trata de personas que explotaba a niñas y jóvenes menores de edad en complicidad con funcionarios a cargo del Hogar Seguro.

El acto de protesta que las menores de edad iniciaron el día 7 de marzo al interior del Hogar, fue tan solo una de las expresiones desesperadas para romper el miedo ante la muerte progresiva y silenciada que la impunidad del Estado lapidó sobre las pequeñas voces de quienes personifican un país que sobrevive a la violencia estructural, impunidad e injusticia, la huella del genocidio, descomposición social, la nula reparación del daño, el desprecio y discriminación de sus gobernantes sumado al fracaso de las políticas públicas de atención integral, un maltrecho proceso de construcción de paz y el intento de una nación democrática.

En ese sentido, Señor Presidente, nos hiere, indigna y llena de rabia la muerte de, hasta el día de hoy, 43 niñas y jóvenes, las más de 20 que sobreviven con graves quemaduras que se debaten entre la vida y la muerte y la situación de centenas de menores en los centros de internamiento en el país que presentan condiciones similares a las denunciadas por las víctimas. Nos horroriza que, conociendo las denuncias realizadas varios años atrás, no se hayan tomado las medidas necesarias para deslindar y sancionar responsabilidades, incluyendo la parte que le toca a Usted. Hoy, Guatemala nuevamente ocupa las esquelas fúnebres de Latinoamérica y se consigna en la memoria abierta ¡Fue el Estado!

Acusamos la falta de una respuesta oportuna por parte del Estado guatemalteco ante la solicitud de información que realizó el pasado 31 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el albergue Virgen de La Asunción, por lo cual las autoridades incumplieron con su responsabilidad internacional de salvaguardar y proteger los derechos humanos de las niñas y jóvenes del albergue.

Frente a este contexto de dolor e impunidad le instamos a que su actuar y decisiones favorezcan un proceso de Verdad y Justicia para las víctimas, sobrevivientes, familiares, y todo el pueblo de Guatemala. Señor Presidente en sus manos está la responsabilidad de hacer valer el postulado ¡Guatemala, Nunca Más!.

«No más violencia contra las Mujeres»

«Ni una menos»

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Más sobre el tema:

Comunicado del Consejo del Pueblo Maya: «¡No más pactos para controlar y matar a las mujeres! ¡Urge un tiempo para reconstruir nuestras vidas!»

La Secretaría de Bienestar Social y la institucionalidad del infierno

Oaxaca: Amenazan al excomisariado de Ixtepec por defender el territorio del extractivismo

Las organizaciones y pueblos que integran la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en la Defensa del Territorio (APOYO) denunciaron el 13 de de marzo 2017 en un comunicado las agresiones que sufrió el excomisariado de bienes comunales, Juan Luis Arrona, por defender las tierras comunales de Ixtepec ante proyectos extractivos.

 

Comunicado de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en defensa del territorio (APOYO):

Nos solidarizamos y respaldamos al pueblo de Ixtepec ante los actos de amedrentamiento y amenazas por parte del impugnado comisariado de bienes comunales

El domingo 12 de marzo, en Ixtepec, Oaxaca, un grupo de aproximadamente 50 personas, entre comuneros y avecindados, liderados por Germán Rosado Valencia, presunto presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtepec, llegó de forma violenta con gritos de intimidación y amenazas al domicilio particular de Juan Luís Arrona (expresidente del Comisariado).

La comuna de Ixtepec se encuentra en una situación ilegal, porque el actual Comisariado enfrenta un juicio de nulidad de elección en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, Oaxaca, bajo el expediente 1479/2015, y se está a la espera de su definición.

Este acto violento de intimidación sufrido por el expresidente de Bienes Comunales Juan Luís Arrona, es por su activa participación en el rechazo al proyecto minero en esta comunidad en 2013, cuando fue representante comunal, así como su negativa a la
entrega de las tierras comunales de Ixtepec a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para proyectos eólicos y mineros de empresas trasnacionales.

Desde que el impugnado Germán Rosado asumió el cargo, se ha dado a la tarea de entregar tierras comunales de Ixtepec a la CFE para la construcción de líneas de transmisión, una subestación y parques eólicos (uno de ellos servirá para alimentar en energía a la mina a cielo abierto que pretenden imponer a esta comunidad). Todo este proceso se ha dado de forma ilegal, con engaños, repartiendo dinero e incluso falsificando un acta de asamblea donde supuestamente los comuneros otorgan al Comisariado un poder general para firmar todo lo que CFE determine.

Estos actos de despojo forman parte de la Segunda Fase de Desarrollo Eólico y la Zona Económica Especial que viene a nuestra región del Istmo de Tehuantepec, y por la cual se construirían alrededor de 19 nuevos parques eólicos, para producir más de 3683 MW de energía; la instalación de tres minas a cielo abierto, una precisamente en Ixtepec, gasoductos, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y proyectos hidroeléctricos.

Denunciamos que quienes se encuentran por detrás de estos megaproyectos y la violencia contra los pueblos, organizaciones y personas que defendemos nuestro territorio son la CFE, empresas privadas nacionales y extranjeras, el gobierno estatal, federal y municipal que utilizando a las autoridades agrarias, crean conflictos y dividen a las asambleas comunales, en este caso, no se ha informado al pueblo de Ixtepec de éstos proyectos, y mucho menos respetan su derecho a la autodeterminación, consagrado en al 2º. Constitucional.

Las organizaciones y pueblos que integramos la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en la Defensa del Territorio (APOYO):

  • Denunciamos las agresiones que sufrió el excomisariado de bienes comunales Juan Luis Arrona, por defender las tierras comunales de Ixtepec de los proyectos de explotación y muerte, y exigimos el castigo de los responsables.
  • Denunciamos la violencia que los gobierno federal y estatal están implementando en nuestro territorio, para amedrentarnos e imponer estos proyectos de muerte que los gobiernos abanderan como proyectos de «desarrollo».
  • Nos solidarizamos con el pueblo de Ixtepec y sus organizaciones que están en la defensa de su territorio. Convocamos a estar alertas e impedir que se repitan estos actos de violencia, ya que el Comisariado impugnado ha amenazado públicamente de volver a casa del excomisariado.
  • Hacemos un llamado a los pueblos del Istmo, organizaciones sociales y a la sociedad civil a respaldar la lucha del pueblo Ixtepecano y a no claudicar en la defensa de la vida y el territorio.

Más sobre el tema:

– No a la mina en Ixtepec

Rechazan operación de minas en Oaxaca

– Reiteran pobladores rechazo a minería en Ixtepec, Oaxaca

– El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES I

– El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES II

El tratado de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos avanza

Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – A 13 de marzo 2017

En la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la semana pasada una vez más figuró el tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Aun cuando sólo se tratara de la presentación del informe de la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG por su sigla en inglés), este fue un paso importante hacia la tercer sesión de negociaciones que tendrá lugar en octubre de 2017, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

Tal y como expresaron muchos Estados y organizaciones de la sociedad civil, el informe que presentó el 9 de marzo la Presidenta del IGWG, Embajadora María Fernanda Espinosa de Ecuador, refleja un rico caudal de propuestas de Estados, la sociedad civil, comunidades afectadas, académicos, expertos de la ONU y otros actores planteadas en el curso de los dos últimos años, cuyo propósito es establecer una serie de normas internacionales de carácter vinculante para las empresas más grandes y poderosas del mundo, que las obligue a respetar los derechos humanos.

Una vez más, Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se hizo presente con una delegación en Ginebra que compartió las inquietudes y demandas de la sociedad civil. Apenas un par de días después del primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, los/as representantes de ATI les recordaron oportunamente a los Estados que son necesarias acciones urgentes frente a la criminalización de y la violencia perpetrada contra los/as defensores/as de derechos humanos y del medioambiente que defienden sus derechos y sus territorios de las empresas que vienen a usurpárselos.

«Las violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales de muchas comunidades que se ven privadas de sus tierras y sus recursos que les dan sustento, son posibles y facilitadas debido a la participación o el apoyo y respaldo de muchos inversionistas y empresas a quienes la legislación internacional no obliga de manera vinculante a respetar los derechos humanos.» – Apollin Koagne Zouapet, abogado principal, CED/Amigos de la Tierra Camerún

«No se puede lograr una protección efectiva de los derechos humanos y los/as defensores/as del medioambiente si no se encara y más bien se evade la responsabilidad que tiene en esos hechos uno de los principales sectores perpetradores de tales violaciones. Se necesita un tribunal internacional y mecanismos efectivos de sanción de las empresas transnacionales a fin de evitar que las grandes empresas se escondan detrás de acuerdos de protección de inversiones y la personería jurídica de sus filiales para seguir operando con impunidad.» – Juliette Renaud, campaña de responsabilización de las empresas, Amigos de la Tierra Francia

Fue alentador escuchar las intervenciones de respaldo de muchos países en desarrollo al proceso del Tratado, especialmente de Túnez en representación del Grupo Africano, seguida de alocuciones de bienvenida por Botsuana, Nigeria y Sudáfrica. A diferencia del año pasado, en su declaración por escrito esta vez la UE le agradeció a la Presidenta del IGWG por su informe. El proceso del Tratado ahora está tomando velocidad.

«No podemos depender de medidas voluntarias solamente, ya que estas no consiguen que las empresas se hagan responsables. En Europa ha habido avances prometedores recientemente, tales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las grandes empresas y la ley holandesa de vigilancia debida en casos de trabajo infantil. Esperamos que estos ejemplos ayuden concitar apoyo para el Tratado de la ONU. Pero somos testigos de que las grandes empresas se resisten a cualquier iniciativa de reglamentación vinculante. Por eso es esencial que protejamos las discusiones sobre el Tratado de cualquier intento de cooptación empresarial». – Anne Van Schaik, campaña frente al sector financiero, Amigos de la Tierra Europa

El 2017 debe ser un año de movilización más robusta de todos los sectores que pujan por un proceso sólido de negociaciones en el IGWG en torno a la formulación de los elementos y estructura de este nuevo Tratado vinculante de la ONU. Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro en 75 países se ha comprometido a apoyar a los/as defensores/as del medioambiente y los derechos humanos en todo el mundo, quienes requieren protección urgente de sus derechos, acceso a la justicia, y la posibilidad de responsabilizar y exigirles cuentas a las empresas transnacionales por sus violaciones de derechos.

Imagen © Víctor Barro

Más lecturas sobre el tema:

Primer paso histórico hacia una mejor protección de los derechos humanos y ambientales

En el marco del año del asesinato de Berta Cáceres, proceso en ONU para legislar sobre violaciones de DDHH por parte de transnacionales «se acelera» (AUDIO)

Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico Nacional

Síntesis del último informe de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)

Descargar el informe completo

«Gracias a la teoría de género, las feministas hemos demostrado en diferentes foros cómo la violación de los derechos de las mujeres se produce de forma distinta por su condición y posición en las relaciones de género» – Alda Facio

  •  Registro de agresiones a defensoras

Ante la ausencia de estadística oficial sobre las agresiones que vivimos las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México como consecuencia de nuestra labor, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conjuntamente con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), documentamos estas violencias.

Desde 2010, contamos con el Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, una de las herramientas de nuestro modelo de protección integral feminista, en el cual plasmamos las cifras verificadas y sistematizadas de dichas agresiones.

El objetivo primordial de Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico Nacional es presentar los datos que derivan de nuestra labor de documentación para el periodo 2012-2014, así como los hallazgos que resultan del cruce de éstos. Si bien, contamos con información más actual, aún se encuentran en proceso de verificación, por lo que próximamente será difundida.

  • México, segundo lugar de la región mesoamericana en agresiones a defensoras

El Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos nos ha permitido identificar que nuestro país, donde semanalmente ocurren al menos cuatro agresiones contra defensoras, es uno de los más peligros de la región mesoamericana para ejercer la labor de defensa. Para el periodo 2012-2014, México ocupó el segundo lugar de la región, después de Guatemala, por la cantidad de agresiones perpetradas contra las defensoras, en total 615.

  •  A la alza, violencia contra defensoras

Nuestro instrumento revela que la violencia contra mujeres defensoras y periodistas se incrementa. En tan sólo tres años, los ataques crecieron en 261%, al pasar de 118 en 2012 a 308 en 2014.

La evidencia apunta a la continuidad y el recrudecimiento de esta violencia. De acuerdo con nuestro monitoreo de medios, tan sólo en enero de 2017, mes en el que Michel Forst, Relator especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos realizó una visita oficial a México, se perpetraron al menos 15 ataques contra defensoras, lo que representa el doble de casos registrados en enero de 2016.

  • Servidores públicos, los principales agresores de las defensoras

Nos preocupa e indigna que quienes más agreden a las defensoras y periodistas son servidores públicos, prioritariamente policías, que, al ser parte de la estructura estatal, están obligados a garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en condiciones de seguridad e igualdad, pero resulta que son los principales verdugos de las defensoras. En este sentido, nuestro registro señala que de 2012 a 2014, 299 servidores públicos estuvieron involucrados en agresiones contra defensoras, de los cuales 127 son policías.

Resulta igualmente preocupante comprobar que dentro de los agresores de las defensoras se encuentran integrantes de organizaciones o del movimiento social, así como miembros de la comunidad, hecho que el relator Michel Forst pudo constatar durante su reciente visita oficial a México. «Debido a que desafían el patriarcado y la misoginia, las mujeres defensoras también pueden enfrentarse a la violencia y la discriminación dentro de sus propias familias y comunidades, ya que su defensa se considera frecuentemente como menos importante o en discrepancia con el papel que se les asignó social y culturalmente», asentó el experto en su Informe del Final de la Misión.

  • Discriminación de género en las agresiones

Una de las peculiaridades de nuestra metodología es que apunta a identificar otros tipos de violencias e inequidades en los ataques, las cuales son expresiones de la discriminación por razones de género, como amenazas de violación sexual, campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machista, amenazas de atentar contra las hijas/os, y hostigamiento en redes sociales vía mensajes e imágenes con connotación sexual. Así, para el periodo 2012-2014, logramos detectar la discriminación de género en 157 de los 615 casos registrados, es decir, en el 26 por ciento.

  • Las agresiones más recurrentes contra defensoras

Aunque la intimidación y el hostigamientos psicológicos, seguidos de calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio, destacan entre las agresiones más recurrentes contra las defensoras, los asesinatos son una constante. Nuestro registro revela que, de 2010 a la fecha, 41 defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas, crímenes que permanecen en la impunidad.

  • Las defensoras más agredidas

Respecto de las defensoras más agredidas, identificamos que se trata de quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; los derechos de información y libertad de expresión; y las defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

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#8M – Vivan las defensoras de la vida y del territorio que resisten al despojo y al patriarcado

Rifa solidaria por los 24 años del COPINH en San Cristóbal de las Casas

En el marco de la jornada «¡Berta Vive! ¡COPINH sigue» organizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y el resto del mundo, a un año del asesinato de Berta Cáceres, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), proponemos un rifa solidaria para recaudar fondos para el Consejo.

Los premios se entregarán el 27 de marzo, día del 24º aniversario del COPINH. Cada boleto se vendrá a 20 pesos y todo el dinero será entregado en mano al COPINH al fin del mes en La Esperanza, Honduras.

Pueden comprar sus boletos en tres lugares de San Cristóbal de las Casas:

Librería La Cosecha (Calle Belisario Dominguez #3D)

Foro Cultural Independiente (Kinoki – Calle Belisario Dominguez #5A)

Paliacate Espacio Cultural (Calle 5 de mayo #20)

Los pueden conseguir también en los eventos de Otros Mundos A.C.:

– Martes 7 de marzo, 6 PM: Conversatorio sobre «Criminalización de los movimientos sociales: cuando defender el territorio es un delito» en La Enseñanza (Belisario Domínguez #13)

Organizadores y donadores de premios: Otros Mundos A.C., Comunicadores y Comunicadoras Populares Por la Autonomía (COMPPA), Red de Foro Cultural Independiente, Paliacate Espacio Cultural, Librería La Cosecha

 

Cuetzalan, el municipio de Puebla, México, que derrotó a Walmart

Artículo de Al-Dabi Olvera publicado en Puebla 3.0 / Reolución 3.0

Organizaciones como la familia de cooperativas Tosepan Titataniske han logrado mantener la belleza natural de la localidad serrana de Cuetzalan.

En el extremo de una frondosa cordillera de interminables montañas y altos helechos se encuentra el municipio de Cuetzalan (Sierra Norte de Puebla, México). Sus grutas, cascadas y pirámide – conservados de manera casi íntegra por la población originaria totonaca y macehual, conocido como nahua el todo el país – atraen a turistas y deportistas. Sin embargo, no es un lugar sin conflicto.

Desde hace dos décadas, algunos empresarios insisten en introducir grandes proyectos para el municipio: un comercio de la cadena Walmart, hoteles internacionales y, de manera velada, mineras canadienses a cielo abierto, hidroeléctricas, «fracking» y una subestación con tendido eléctrico a un costado de la cabecera del lugar. Sus habitantes rechazan todos estos proyectos, pero siguen latentes.

Cuetzalan mantiene su identidad, sus asambleas y lengua originarias (Al-Dabi Olvera)

«El primer pueblo que venció a Walmart”: así fue conocido Cuetzalan entre 2010 y 2012, durante la efervescencia nacionalista fruto del bicentenario de la independencia de México. Mediante reuniones de cabildo, la población logró prohibir la instalación de una tienda departamental en la calle principal de su cabecera y sentó un precedente importante en un país donde la empresa estadounidense está envuelta en casos de corrupción y ha empleado dinero para imponer sus tiendas.

Paulina Garrido Bonilla preside la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske – «Unidos venceremos» en náhuatl, que hoy cumple 40 años – asegura a RT que la transnacional ya tenía convenios con el Ayuntamiento de Cuetzalan desde 2009 y llegó a publicar su proyecto en el Diario Oficial de la Federación, el órgano oficial de noticias de México.

«A través de nuestras asambleas, protestamos en contra de la instalación de esta tienda trasnacional» y «con firmas, las comunidades no aceptaron la instalación», explica esta activista.

Las asambleas son la base de la organización de las comunidades originarias en México. En 2008, gracias a esa práctica, Cuetzalan creó un acuerdo de protección de su territorio: el Comité de Ordenamiento Territorial (Cotic), un ejercicio de institucionalidad originaria destinado a la conservación del hábitat y la belleza del municipio, que sirvió para prevenir la posible instalación de un proyecto de desarrollo turístico promovido desde el Gobierno estatal.

Leonardo Durán, consejero de la Tosepan, relata que «los primeros que se organizaron fueron las empresas de turismo familiar, pues les sería difícil competir contra un Hyatt», pero «realmente la lucha no fue por precios, sino por preguntarse: ‘¿Cómo hacemos una actividad que respeta lo que tenemos: ir a la cascada sin que se privatice ni que la fiesta del pueblo sea la fiesta para el turista?'».

Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske (Al-Dabi Olvera)

Curiosamente, el Cotic se estrenó contra Walmart y el presidente municipal tuvo que negar el permiso. Tras la derrota de esa multinacional, Cuetzalan vivió otro gran reto, que arreció en 2012. Entonces, sus habitantes conocieron que alrededor del 30% del territorio de la Sierra Norte de Puebla está concesionado a megaproyectos de extracción. Desde entonces, Cuetzalan tuvo que recurrir a todas las herramientas de defensa.

Unidos venceremos

Esos serranos han recurrido a diversas herramientas para detener la persistente llegada de agentes externos a lo largo de su historia. Por ejemplo, de la región salieron los combatientes indígenas que derrotaron al Ejército francés en una batalla que tuvo lugar el 5 de mayo 1862 y hoy se conmemora hasta en Estados Unidos.

Resulta común escuchar historias transmitidas de generación en generación sobre ese acontecimiento. El embate que hoy vive el lugar quizás es más fuerte que el vivido durante la intervención francesa, a pesar de que la lucha es pacífica, narra Leonardo Durán.


Cuetzalan quiere evitar la instalación de una red de tendido eléctrico en sus montañas (Al-Dabi Olvera)

Así, los pueblos de la región conformaron el Consejo Tiyat Tlali para informar y coordinar la defensa ante esta «nueva invasión». Durán detalla que «ha sido un proceso muy creativo: generaron nuevas estructuras con las viejas formas que tienen los pueblos». Un ejemplo de estas nuevas estructuras con conocimientos ancestrales es la propia Tosepan, una familia de cooperativas indígenas encabezada por primera vez por una mujer.

Paulina Garrido cuenta que su trabajo forma parte de un proceso de organización para solucionar diversos abusos y recuerda que, en la década de los 70, en Cuetzalan surgió un movimiento para dotar de productos básicos a comunidades víctimas de altos precios; después, pasaron a buscar sus propios mercados para combatir el «coyotaje»: pago de los producos del campo a bajo costo.

Entonces, la Tosepan comenzó a distribuir café, pimienta y miel de manera independiente. Hoy en día posee una cooperativa de crédito que funciona como un banco de confianza – «tomin» significa moneda, en náhuatl, otra de materiales alternativos de construcción, otra de servicios de turismo alternativo («calli», casa), de salud preventiva, una escuela, una radio, y la cooperativa de mujeres («siuamej», en nahua). Sus miles de socios están repartidos en decenas de municipios donde viven comunidades que se organizan con sus propias asambleas: el 86 % de sus integrantes son indígenas y el 64 %, mujeres.


Proyecto de turismo alternativo de las cooperativas de Tosepan (Al-Dabi Olvera)

Su finalidad es un concepto mexicano del buen vivir, un término popularizado en el continente mediante las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, pero ya conocido en las comunidades nahuas como «yeknemilis»: vida buena. «Aquí en la región van sucediendo las cosas: conforme nos damos cuenta de lo que hace falta, se resuelve. Es lo que realmente le ha dado vida y fortaleza a que el movimiento cooperativo siga en pie de lucha y estemos aquí ahora, porque el espíritu de la gente macehual ha sido cooperar«, detalla la presidenta de Tosepan.

La asamblea del pueblo

Cuetzalan también se ha vuelto famoso por albergar enormes asambleas junto con municipios vecinos. Cada dos meses, indígenas macehuales, totonacos y personas mestizas realizan una reunión informativa de toma de decisiones: 18 asambleas en los últimos tres años.

A la reunión del pasado 18 de febrero acudieron representantes de, al menos, 20 municipios de Puebla y Veracruz: 173 pueblos. Además, contaron con la compañía de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Guerrero, indígenas otomíes que combaten la construcción de una autopista y una representante del pueblo Lakota, quienes tratan de evistar la instalación de un oleoducto en el río Misuri (EE.UU.).

En plaza principal de Cuetzalan y frente a un tronco de árbol donde se desarrollaba el antiguo ritual de los voladores totonacos, la asamblea muestra su nueva preocupación: la instalación del tendido eléctrico con torres de hasta 40 metros por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).


Cuetzalan rechaza ciertos proyectos extractivos y la búsqueda de determinadas fuentes de generación de energía (Al-Dabi Olvera)

En esa reunión hay dos sillas vacías: los lugares reservados a los representantes de la CFE invitados, que nunca se presentaron para exponer sus intenciones. Se tomaron tres acuerdos a mano alzada: no permitir la instalación de la línea, acompañar a otros pueblos que sufren su situación y buscar formas alternativas de energía.

RT recorrió el campamento que, desde octubre, mantienen los pobladores de Cuetzalan para vigilar que no continúe la obra para instalar los cables de alta tensión, unos trabajos que ya derribaron vegetación en las inmediaciones del pueblo. El lugar está construido con bambú y prácticamente se trata de una casa ecológica, con una milpa y paneles solares.


Campamento contra una subestación eléctrica y un tendido de cables en Cuetzalan (Al-Dabi Olvera)

Leonardo Durán incide en que la línea de alta tensión pasa justo en medio de proyectos mineros y de «fracking»; es decir, están conectados. El Cotic ha permitido que Cuetzalan detenga la minería a cielo abierto y ahora ha interpuesto una demanda al Estado mexicano.

Sin embargo, Paulina Garrido Bonilla adelanta en qué consiste la lucha que darán «los próximos 40 años»: «La raíz tiene que ver con esta forma de vida que han tenido nuestros abuelos. No vamos a volver a vivir con candiles, sino más bien rescatar todo aquello que hicieron bien: consumiendo alimentos sanos, sembrando y trabajando sus tierras. Comprender que todo esto, lo que nos rodea, es parte de nosotros. Tenemos un fuerte reto y enseñanzas para enfrentarlo

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4 y 18 de marzo: Feria Artesanal de Economía Solidaria en SCLC

Este mes de febreo, pueden apartar dos fechas para acudir a la

Feria Artesanal de Economía Solidaria de San Cristóbal de las Casas:

 los 4 y 18 de marzo, de 9 AM a 4 PM.

 Dirección: Casa Pastoral, Calle 5 de febrero, esquina con General utrilla, SCLC, Chiapas

>> Seguir la Feria en Facebook

 

Actividades especiales para celebrar el 46º cumpleaños de Berta Cáceres el 4 de marzo:

– Pintura colectiva de 10 AM a 2 PM

– Proyección de documentales de 11 AM a 2 PM

11h «Berta Vive» – corto documental de Katia Lara (30 minutos)

11h30 «Berta no se murió, se multiplico» – corto documental de Los Tejemedios (26 minutos)

12h «La voz del Gualcarque» – documental de Ocote Films (47 minutos)

13h «Rebeldia Inclaudicable» – documental del COPINH (52 minutos)

 

A un año del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio de Gustavo Castro, la impunidad del gobierno hondureño impera

Ha pasado un largo año desde el cobarde asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres así como de la tentativa de homicidio de nuestro compañero Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), sin que hasta la fecha el Estado hondureño haya dado verdaderas muestras de atender la exigencia mundial de justicia, verdad y reparación.

El dos de marzo del 2016, prácticamente a la media noche, un grupo de sicarios ingresó a su domicilio para asesinarla, con el propósito de acallar a la principal vocera del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien toda su vida la dedicó a fortalecer la organización comunitaria y luchar por la defensa de los bienes comunes naturales del pueblo Lenca, estos pretendidos desde hace décadas por las empresas trasnacionales. Estas desde hace años operan coludidas con el gobierno hondureño, a tal grado que la autonomía y libre determinación del pueblo Lenca constantemente está amenazada por alrededor de 50 proyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos, REDD+, AVA-FLEGT (comercio forestal para el mercado europeo), así como la imposición de «ciudades modelo».

Esa misma noche, Gustavo Castro también fue víctima del atentado de homicidio y, al igual que Berta, también es un referente Latinoamericano en la defensa de los bienes comunes naturales y del fortalecimiento de la organización de los pueblos.

Las primeras indagaciones del gobierno apuntaron hacia la fabricación de un delito. No obstante, las declaraciones de Gustavo Castro pronto tumbaron la versión del gobierno, forzando las autoridades a replantear su investigación. Hasta la fecha, el expediente del caso de Berta sigue en la secretividad, lo cual implica que sus abogados se encuentren en total indefensión para poder analizar y participar en la presentación de pruebas adicionales, al margen de las que supuestamente ha realizado la fiscalía.

La mañana posterior al asesinato de Berta, su organización, el COPINH, solicitó al gobierno hondureño invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que enviara un grupo de investigación independiente, y de esa manera ayudara a realizar las pesquisas y lograr una pronta aclaración del caso. Eso permitiría darle veracidad y confianza a la investigación, toda vez que el COPINH lleva años siendo criminalizado por el Estado hondureño, lo que evidentemente hace que la investigación de la fiscalía carezca de total veracidad y de apego al derecho, y no permita el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la procuración de justicia, y la creación de mecanismos para una legítima reparación del daño.

A un año del cobarde asesinato de Berta, se dispone de información en la que se detalla la participación de la directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), responsable del proyecto eléctrico Agua Zarca, puesto que varios de los ocho imputados que actualmente están detenidos, han mantenido relaciones laborales con dicha empresa, incluyendo también la participación, directa e indirecta, de algunos de ellos con la ocupación de cargos en el gobierno hondureño.

Hasta la fecha, básicamente, la investigación se ha centrado en la búsqueda de los autores materiales que involucra tanto a sicarios como intermediarios, sin embargo, no hay un solo indicio que apunte a los autores intelectuales relacionados tanto con la directiva de DESA como con los actores del gobierno que han sido serviles a la misma, siendo estos los que ordenaron y pagaron por la ejecución y asesinato de Berta Cáceres.

En el caso de Gustavo Castro, ratificamos nuestro reconocimiento a la embajadora de México en Honduras, por su apoyo y cuidado desde el primer momento, a pesar de la brutalidad, maltrato y violación de los derechos de nuestro compañero, cuando en todo momento Gustavo dispuso de una colaboración y participación amplia durante las declaraciones que le fueron solicitadas por parte del gobierno hondureño.

En ese contexto, todo el cuerpo diplomático de México en Honduras, fue clave para salvaguardar con vida a nuestro compañero, aunque, por otro parte, las otras instancias del gobierno en México, ha sido incapaces de garantizar su seguridad física y emocional, después del retorno de nuestro compañero, por lo que no ha podido reintegrarse a la importante labor que realiza como defensor del territorio y de los derechos colectivos de los pueblos, viéndose forzado a salir el país, desde donde realiza las gestiones jurídicas que requiere la atención de su caso en particular, de las cuales sobresale la decisión por demandar judicialmente al estado hondureño por los tratos de los que fue víctima.

A un año de distancia, la indignación nuevamente nos motiva a alzar la voz para que este brutal asesinato sea esclarecido plenamente basados en la verdad, la justicia y la participación de otros actores, ajenos al estado hondureño, que den fe que la lucha de Berta y del COPINH ni es contra el estado, ni es contra la ley. La Lucha de Berta y el COPINH son por la vida del pueblo Lenca y sus bienes comunes naturales, por lo tanto, también es por la vida de cada uno de nosotras y nosotros.

Alzamos la voz para exigirle al Estado hondureño deje de criminalizar a los integrantes del COPINH, a quienes hostigan por medio de la estigmatización, la persecución y la violencia, y dejen de apoyar a las empresas privadas de capitales nacionales y transnacionales para que realicen el saqueo a modo de los bienes naturales de Honduras.

Declaramos que la lucha del COPINH contra los proyectos de muerte se reproduce por toda América Latina y Norte América, mismos que, con cara de progreso y desarrollo, quieren imponernos a través de presas, minas, gasoductos, fracking, monocultivos, transgénicos, basureros, carreteras, parques eólicos, siembras para biocombustibles, la privatización del agua y el control del ADN y de la Biodiversidad. A estos megaproyectos les decimos que en nuestros países continuarán encontrándose con fuertes resistencias como la del COPINH, aun y a pesar de que los Estados les han dispuesto «garantías legales y judiciales» que les permiten actuaciones bajo una legalidad simulada que sólo significan el despojo y el desplazamiento de los pueblos y en consecuencia de la desaparición de sus bienes comunes. Denunciamos que no es casual que, en el continente Latinoamericano, a solamente dos meses del inicio del 2017, la CIDH tiene conocimiento del asesinato de 14 compañeras y compañeros por defender su territorio.

Hoy salimos a gritar fuerte que «¡Hace Un Año a Berta No la Enterramos!. ¡LA SEMBRAMOS!». Y hoy en este grito que hacemos al mismo tiempo en varias embajadas de Honduras en el mundo, les decimos nuevamente que estamos germinando con su tenacidad y conciencia siempre vivas para continuar su lucha, y con la cual continuaremos nuestra lucha colectiva y en defensa de nuestro derecho a decir NO, a la vez que ejercemos nuestra libre determinación y autonomía para decidir el tipo de vida que queremos acorde a nuestras costumbres y sin el saqueo de nuestras tierras.

¡JUSTICIA, VERDAD Y REPARACION PARA BERTA!
¡BASTA DE CRIMINALIZAR A LAS Y LOS INTEGRANTES DE COPINH!
¡FUERA LA EMPRESA DESA Y SU PROYECTO HIDROELÉCTRICO!
¡FUERA BANCOS INTERNACIONALES FMO, BCIE Y FIFUUD SAQUEADORES DEL TERRITORIO LENCA!
¡POR UN REGRESO PRONTO EN TOTAL SEGURIDAD Y ATENCIÓN PARA GUSTAVO CASTRO!