Danielle Marie Mackey, the intercept
GUSTAVO CASTRO fue el testigo único del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, el día 3 de marzo de este año. Castro, director de Otros Mundos, una organización ambiental en Chiapas, México, también recibió disparos en el ataque. Después de prohibírsele irse de Honduras, a Castro lo liberaron el día 30 de marzo, a partir de lo cual se acomodó en una ubicación no revelada. La semana pasada habló por teléfono con The Intercept sobre la noche del asesinato y las razones por las cuales el ambientalismo en Latinoamérica resulta ser tan peligroso.
La experiencia de Castro durante el último mes que estuvo en Honduras nos ofrece una mirada extraordinaria del funcionamiento del sistema de justicia hondureño, el cual se caracteriza por tener una cultura de impunidad. En repetidas ocasiones, durante los meses previos al asesinato, Cáceres dijo que estuvo siendo hostigada por Desarrollos Energéticos, SA (DESA), la compañía privada de energía detrás del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al cual ella se opusó vehementemente. Después del asesinato, la familia de Cáceres señaló de inmediato a DESA. El 31 de marzo, el Ministerio Público de Honduras anunció en un comunicado de prensa que había incautado armas y documentos de la oficina de DESA y cuestionado a varios empleados.
Al ser consultado al respecto, DESA hizo la siguiente declaración: “La Junta Directiva de la empresa que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no han dado ninguna declaración ni se tiene previsto hacerlo hasta que las autoridades de investigación determinen las causas y hechores del lamentable hecho que acabo con la vida de la dirigente indígena Berta Cáceres.”
¿Qué pasó en las últimas horas con Berta Cáceres?
Yo llegué el primero de marzo a San Pedro Sula, y ese día me habían alojado en otra casa, en una casa de COPINH en La Esperanza. A Berta tenía años de no verla físicamente, pero estuvimos en contacto por correo electrónico. Yo iba a dar un taller de capacitación ambiental. Ese mismo día, Berta me dice, “hermano, véngase acá a mi casa, que acá hay internet y puede comunicarse con su familia.” Y entonces es así como ella me aloja en su casa, y estuvimos platicando un rato incluso también de las amenazas que ella recibió durante las semanas previas, intimidaciones y fuertes amenazas por parte del personal y también, al parecer, sicarios contratados por la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Entonces le decía a Berta, esta es una casa muy sola, muy alejada, ¿cómo podés quedarte acá tan sola? Entonces ese mismo día me quedé en su casa, y me puse a trabajar, para preparar el segundo día del taller, y ella estaba también en su habitación. A medianoche se oyó el portazo muy fuerte en la puerta de su casa e inmediatamente en mi cuarto entra uno de los sicarios, y paralelamente también a su habitación entra otra persona. Todo fue muy rápido, 30 segundos quizás, en donde simultáneamente la asesinan a ella y a mi me disparan. A ella la tenían bien localizada y estaban esperando a que estuviera sola, entonces yo creo que les sorprendió ver a otra persona ahí, y no sabían qué hacer, así que simplemente me dispararon y salieron corriendo.
¿Andaban tapados de la cara?
Bueno, no sé del otro, pero él que me disparó no. No tanto (logré ver la cara de la persona), pero de alguna forma ahí me convierto en el principal testigo, en el testigo protegido.
Cuando ella te mencionó que había recibido las amenazas por parte de DESA y Agua Zarca, ¿te especificó en algún momento si esa gente que le andaba persiguiendo era de las fuerzas estatales de seguridad de Honduras? ¿O que eran pandilleros o personas particulares?
No recuerdo ningún comentario así, pero más bien eran trabajadores o gente contratada a favor de la propia empresa. De hecho cuando yo me vino acá a México, el día 30 de marzo, hubo un comunicado público que sacó el Ministerio Público de Honduras en la prensa y en el que se señalaba como parte de la línea de investigación a la empresa. Incluso en el comunicado anuncian que ya habían incautado armas y cuestionado a unas personas de la empresa. Pero no querían llegar a ese punto. Antes de llegar a esa línea de la investigación, me daba la impresión que querían ver si otra línea de investigación les resultaba útil o creíble para la opinión pública nacional e internacional, pero eso era imposible, o sea, toda la gente de COPINH sabía los antecedentes de inmediato. Entonces no hallaron otra versión creíble y no tuvieron otra opción que ir sobre la empresa. Desconozco qué avances han habido en torno a esta línea de investigación.
Durante la última década han habido más de 100 asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. Y todos estos conflictos también vinculan mucho al ejército, a la policía. Es parte de la realidad de Honduras. En este caso muy específico, ella decía que la culpable era la empresa. La empresa era la que tenía un enfrentamiento muy fuerte, muy directo con ella.
Al principio se dijo en los medios que te cuestionaron, te llevaron al aeropuerto y que de repente te dijeron que no ibas a poder salir del país. ¿Así pasó?
Sí. Hubo mucha confusión y mal manejo también del asunto. Los primeros tres, cuatro días estuve en diligencias ahí en La Esperanza todo el tiempo. Yo podría haberme negado participar varias veces, porque uno como víctima y como testigo protegido tiene el derecho de declarar una orden preventiva por seis horas. Sin embargo nunca usé ese instrumento sino que cada vez que me pidieron más diligencias, las hice a cualquier hora, en la madrugada, cuando sea. Entonces estuve casi cuatro días sin dormir. Di la declaración ministerial, la declaración ante el fiscal, pruebas médicas, careos, reconocimiento de fotografías, etc.
Y sí, primero dijeron que me podía ir. Siempre me decían que sólo esta cosa, que solo otra cosa, que solo necesitamos una cosa más, y al final al parecer todo estaba listo. Me alistaron incluso un helicóptero para regresar a Tegucigalpa el día 5 de marzo. Por cuestiones climáticas no podían aterrizar el helicóptero, y entonces se despliega un operativo para acompañarme a Tegucigalpa por tierra. Después la fiscalía dice que iba huyéndome, lo cual es una re-mentira.
Entonces llegué a la embajada Mexicana, donde el embajador y el consulado consiguen mi boleto de avión para el 6 de marzo a las 6:20 de la mañana. Al entrar al aeropuerto, unas oficiales me esperaban, todos estaban escondidos como si fuera necesario eso, como si fuera de orientación criminal el asunto en lugar de ser yo testigo protegido y víctima. Era un operativo tan sinvergüenza, como si yo llevara un ejército a mis espaldas. Y el embajador y el consulado acompañándome. Y de repente aparecen ocho, 10 de la Fiscalía y el Ministerio Público a cerrarme la puerta y decirme que no podía salir. Además ni siquiera querían entregar ningún documento oficial. Yo sé que es un gobierno golpista pero fue tan ridículo que después estaban pidiendo disculpas al embajador y a mí, por ese papel que jugaron lo cual no era necesario. Y obviamente tenían que justificarse ante la prensa nacional e internacional con que yo me iba a huir. En ese momento yo pudiera haber dicho, yo voy. En el marco de un convenio entre México y Honduras de cooperación en materia penal, como víctima y testigo protegido, tuve el derecho de participar en las diligencias desde México. Yo no soy delincuente, soy víctima. Se les olvidaba eso.
Me dijeron, bueno, sólo una diligencia más y estás bien. Yo pedí más seguridad para el viaje de regreso, un chaleco antibalas y más acompañamiento de seguridad. Lo que me pidieron fue una declaración más pero luego resultó ser que eran careos. Al final de la noche salieron con un documento diciéndome que te quedás 30 días más. Era de una manera también ilegal, pues la jueza argumentó tratados internacionales de DDHH para imputados. Cuando mi abogada reclamaba eso, la jueza lo que hizo fue no solamente sacarla del caso sino además suspenderla de su ejercicio profesional por 15 días.
El gobierno quiso tenerme físicamente bajo su control. No tiene ley de víctimas. Tampoco hay reglamentos ni protocolos, ni presupuesto para los defensores de derechos humanos. No hay tampoco un reglamento para los testigos protegidos. Entonces ellos querían que estuviera bajo su supuesta seguridad cuando no hay ningún reglamento que les obliga a nada. Razón por la cual me quedé en la embajada de México. Pero fue un mes de una hipertensión horrible, cuando el gobierno ante tanta falta de reglamentos podía imputarme tranquilamente y llegar a la embajada en cualquier momento con una orden judicial y ante eso la embajada no hubiera podido hacer nada. Una semana antes de que yo llegara, se había disuelto el Consejo de la Judicatura, entonces no había instrumento legal para mi defensa. No había con quien demandar a un juez que cometiera un acto ilegal porque la comisión estaba disuelta. Entonces me encontré en una total indefensión jurídica. Sin abogada, porque la había suspendido su ejercicio profesional. Y parecía que ni la presión internacional ni el gobierno mexicano podían hacer nada. Entonces hubo una total inseguridad — y pues una violación permanente de mis derechos humanos.
¿En algún momento intentaron culpabilizarte oficialmente de algo?
No fue nada explícito. La prensa manejaba rumores de que desde el Ministerio Público hubo intentos de ver si podían justificar que yo estaba involucrado de alguna manera en eso. Pero con las pruebas y mis declaraciones, simplemente no podían inventar tanta farsa. Por más que le dieron vueltas, llegaron a la empresa, no tenían otra opción. Yo tuve la sensación de que por eso me detuvieron, porque si encontraban algo me querían ahí. Era una incertidumbre horrible, sobre todo porque sientes que no tienes abogado. Que tienen la capacidad de dejarte en la total indefensión jurídica.
¿Cómo explicas que oponerte a las represas hidroeléctricas resulte ser una amenaza tan grande?
No es así solamente en Honduras — también sucede en Guatemala, México, Chile, etc. Una de las razones es que las represas significan la inundación de grandes territorios de selva, de bosques, y de territorios indígenas y campesinos. Y eso genera una reacción muy fuerte de los pueblos, porque son miles y miles los desplazados violentamente.
Por otro lado, uno de los mayores negocios en este momento es la venta de energía eléctrica, especialmente en América Latina, porque los tratados de libre comercio están abriendo a las empresas transnacionales las grandes inversiones. Y eso qué significa? Por ejemplo: los tratados de libre comercio permiten a las grandes inversionistas la instalación de maquiladoras, de parques industriales, de infraestructura, de minas, todas son cosas que consumen muchísima energía y muchísima agua. Tomá en cuenta que una mina de oro utiliza de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora, y eso implica ceder el agua de las comunidades, sus ríos, los pozos. Y utilizarlo para generar energía eléctrica para los grandes corredores industriales. Entonces la venta de la energía, y por lo tanto las inversiones en energía, son de los negocios más rentables para la gran capital. Pero implica enfrentarse en una disputa por el territorio con las comunidades campesinas e indígenas.
Si a eso le sumamos que bajo el Protocolo de Kyoto han inventado la estúpida idea que las represas generan energía limpia, entonces vemos que para ganar bonos de carbón y reducir los gases invernaderos, los países del norte invierten en represas. Por esto tenemos un mundo de construcción de represas.
Hoy casi todos los países de América Latina tienen tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá, Europa, y algunos también con Asia. Significa que tienen que modificar su constitución, sus reglamentos ambientales que rigen el agua, la energía y la inversión extranjera, para adoptar a los nuevos marcos de libre comercio. Si no las empresas te demandan. Y para los gobiernos les es más fácil reprimir que pagar las indemnizaciones que los tratados de libre comercio les obligan a otorgar a las empresas. Sirve de ejemplo el caso de El Salvador y la mina de oro. El Salvador ha tenido que gastar millones de dólares para defenderse de la demanda de una empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial. Estamos hablando de una mina, pero imagínate 10,000, 15,000 — estamos hablando de miles de concesiones mineras en la región. Y si a eso le sumás las represas, y las carreteras, los puertos, los aeropuertos, el fracking, el petróleo, los grandes centros comerciales, las zonas económicas especiales, las ciudades modelo, los grandes conjuntos turísticos de élite — hay tantas concesiones.
Si los gobiernos hacen eco de los reclamos de derechos humanos de los pueblos — por contaminación del agua, por afectaciones de tierras, por no tomar en cuenta la información previa y consentida de las comunidades — o si expulsan a una empresa porque derramó al río su desecho tóxico, porque asesinó pueblos, porque la gente que vive cerca del sitio de la mina está enferma de cáncer como es el caso en Honduras, México y Guatemala — si los gobiernos deciden hacer algo con esos reclamos de derechos humanos, y expulsan a las industrias extractivistas, ellos tendrán que pagar millones y millones de dólares que no tienen. Cada país tendría que vender su propio país 20 veces para acabar con la deuda. Entonces no es fácil de resolver.
Eso lleva al enfrentamiento con los pueblos. Y significa un enfrentamiento cada vez más terrible por cosas como el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, así que los gobiernos van a preferir criminalizar la protesta ciudadana, que antes era un derecho humano: el derecho a la movilización pacífica. Ahora todo eso lo llaman “terrorismo,” “violencia.” Es una criminalización de los derechos humanos.
En una entrevista reciente, Hillary Clinton dijo que el golpe de estado de Honduras no era ilegal. ¿Tienes una opinión al respecto?
Me parece que el gobierno al final de cuentas tuvo que justificar que otro grupo llegara al poder, y la antigüedad jurídica en Honduras permite posicionar cualquier tipo de argumento. Por ejemplo, a Zelaya una de las razones por las cuales le dijeron, “estás mal y te vamos a destituir,” es que propuso modificar la constitución para que hubiese reelección. Eso mismo es lo que ahora está haciendo el actual presidente, Juan Orlando Hernández — modificando la constitución para que haya reelección el siguiente año. Entonces por eso digo que depende de cómo lo ves. Si lo propone Zelaya, es inconstitucional y hay que destituirlo. Si lo proponen las fuerzas oligárquicas y hegemónicas, pues es legal, es democrático.
¿Cómo ves tu futuro? ¿Tienes pensamientos al respecto, o estás viviendo más día a día?
Más día a día. Me preguntan muchos si tiraré la toalla, si soy como el boxeador que ya no aguanta más y se da por vencido. Y les digo, no, esa toalla la estoy recogiendo. Esta lucha se tiene que mantener. Y yo no soy el único. Hay por toda América Latina miles de personas criminalizadas, que están siendo perseguidas y amenazadas, porque están luchando por los derechos humanos y por el bien de todo el planeta. Nos tenemos que dar cuenta de que nadie estamos exentos de esta criminalización. Como muchos amigos que han sido asesinados por resistirse. Pero somos muchos, y persistirémos en esto.
El capitalismo atroz no puede seguir así, de forma tan acelerada, extractivista. Está acabando con este planeta. Yo creo que el gran reto que tenemos es darnos cuenta que otros mundos son posibles, que podemos construir otras cosas distintas, con dignidad y con justicia. Hay agua para todos. Hay tierra para todos, hay comida para todos. No podemos seguir alimentando este sistema depredador de acumulación de capital incesante en tan pocas manos. Este sistema es insustentable en sí mismo. Entonces desde dónde estemos — en América, en Europa, en Asia — a todos nos va a afectar. Parece a veces que la crisis no llega a otros lados, y a veces los problemas que hay en EEUU, en Canadá, en Francia, en España no se vinculan de manera estructural al mismo capitalismo. Pero ojalá nos demos cuenta pronto, porque nos afectará a todos, tarde o temprano. Y yo quiero decir que estamos a tiempo todavía para hacer algo, y urge.
Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron al primer ministro de Canadá una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo. El apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Este artículo forma parte de una serie elaborada por IPS, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo.
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El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan A.C., con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero es una organización de la sociedad civil dedicada desde hace 21 años a la defensa y promoción de los derechos de la población indígena Me’phaa, Naua, Nnancué Ñomnda, Na Savi y Mestizos. Su centro de acción se ubica en la Montaña de Guerrero, región conformada por 19 municipios y más de 600 pequeñas comunidades, donde se ubican algunos municipios más empobrecidos de México. Por su labor, Tlachinollan ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan el Premio MacArthur para las Instituciones Creativas y Efectivas, la reciente concesión del Premio Robert. F. Kennedy y el premio otorgado a su fundador por la sección Alemana de Amnistía Internacional. Tlachinollan se encuentra en búsqueda de un abogado u abogada para integrarse al equipo del Área Jurídica.
En un encuentro en San Luis Acatlán recriminan el discurso en pro de la minería del gobernador Héctor Astudillo. Convocan a fortalecer sus estructuras para que las empresas transnacionales no destruyan los bosques y los expulsen de sus tierras. En la Montaña hay 46 concesiones entregadas, informan