2 de septiembre 2016. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
6.30pm Proyección del documental «La voz del Gualcarque»
En Kinoki.
8pm Creación de Altar Colectivo.
Esquina Andador Real Guadalupe – esq. Belisario Domínguez
PARTICIPA!
Traigan sus ofrendas, veladoras, flores…
#6mesessinjusticia #JusticiaParaBerta
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
RECHAZO Y CONDENA ANTE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO Y RIESGO A LA INTEGRIDAD DE LA DEFENSORA DE DERECHOS SOCIOAMBIENTALES ESPERANZA SALAZAR
El creciente clima de amenazas y riesgo para la integridad personal de nuestra compañera Esperanza Salazar Zenil, por el gobierno estatal, la ha forzado a emigrar de Colima, Mexico.
Esperanza es coordinadora general del grupo ambientalista Bios Iguana, miembro de la Red de afectados por la Minería REMA Mexico y por ende integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales. El apoyo y respaldo a la defensa de Derechos de los pueblos indígenas y a la resistencia encaminada por la comunidad indígena Nahua de Zacualpan en el municipio de Comala, Colima, a quienes con violencia se pretende imponer un proyecto minero a cielo abierto, la ha hecho vulnerable a una serie de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos.
Nuevamente las defensoras de derechos estamos en riesgo, pretenden hacernos callar y desistir de defender el territorio, por ello desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales expresamos:
A la comunidad Internacional:
1. Su RECHAZO Y CONDENA a los actos de criminalización que han forzado a nuestra compañera Esperanza Salazar Zenil a emigrar de su localidad para resguardar su integridad, puesto que constituye una clara violación a derechos fundamentales de la defensora.
2. Nuestra plena solidaridad, apoyo y respaldo a Esperanza Salazar fiel defensora de Derechos Sociales y Ambientales.
3. Total indignación ante el hostigamiento sufrido durante el proceso de exilio, lo que agudiza y vulnera aun mas su integridad.
Por tanto.
1. Hacemos un llamado urgente a la solidaridad Internacional, estar atentas y atentos a este caso que ratifica la situación de criminalización a la que están expuestas las defensoras por parte del gobierno estatal en contubernio con las transnacionales.
2. Alertamos a las defensoras en México, Latinoamérica y el mundo, ante la situación de criminalización y violencia que enfrentan las mujeres del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, las compañeras y los compañeros de Bios Iguana en Colima, México.
3. Demandamos al Estado de México que cumpla con su deber de prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos hechos que violentan el derecho a defender Derechos Humanos.
Porque estos hechos representan la máxima expresión de violencia contra las mujeres defensoras, estrategia perversa del modelo extractivista, patriarcal y criminal impuesto en los territorios, denunciamos y exigimos justicia.
Esperanza Salazar Zenil
Mujeres del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan Compañeras y compañeros de Bios Iguana en Colima, México.
¡ACOMPAÑAMOS Y RESPALDAMOS SU LUCHA!
29 de agosto de 2016
RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES
Acción Ecológica – Ecuador
Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales, Colectivo CASA – Bolivia
Programa Democracia y Transformación Global, PDGT- Perú
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides – Perú
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA – Chile
Asociación de Desarrollo Economico y Social, ADES – El Salvador
Ceiba, Amigos de la Tierra – Guatemala
Mujeres del Valle de Siria – Honduras
Centro Latino Americano de Ecologia Social – CLAES Uruguay
Asociación Censat Agua Viva – Colombia
Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA – Mexico
Más de 100 organizaciones y movimientos sociales en México se unieron en el marco de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos para documentar casos de abusos a derechos humanos de diferentes sectores (minería, energético, hidrocarburos, agroindustrial, construcción, entre otros).
Business & Human Rights Resource Centre
Los casos se documentaron con base en el Cuestionario de Documentación del CIEDH y la Red DESC.
El informe concluye que los abusos más comunes son al derecho a la tierra y el territorio; la falta de información sobre actividades y proyectos empresariales, e impactos negativos a la salud y al medio ambiente por la actividad empresarial.
Además, es importante señalar que en más de 50% de los casos documentados hubo intimidaciones y amenazas contra personas y comunidades opositoras a las actividades de las empresas.
Autor(a): Coalición de más de 100 organizaciones; compilación del CIEDHd
…Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, grupos, comunidades y académicos que trabajan en la defensa de los derechos humanos, interesados en el tema de la responsabilidad de las empresas en derechos humanos, preparamos de forma coordinada los siguientes insumos para el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su visita oficial a México, que tendrá lugar del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.
El objetivo de este informe es dar una perspectiva de la situación de empresas y los derechos humanos a nivel nacional. Con base en los 67 casos documentados, se identifican patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros. Dicha información, también nos permite vislumbrar el grado de implementación de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos por parte del Estado mexicano y de las empresas que realizan actividades en el país.
El informe se estructura de la siguiente forma:
A) Temas prioritarios en materia de empresas y derechos humanos en México que consideramos importante tener en cuenta a manera de contexto;
B) Patrones y abusos más frecuentes relacionados con la actividad empresarial;
C) Conclusiones y recomendaciones para el Estado y las empresas;
D) El compendio de 67 fichas de casos que evidencian problemas de derechos humanos vinculados con empresas en donde se describen los abusos cometidos por parte de las empresas y el Estado y la falta de acceso a remediación para las víctimas.
Serie de reportajes del proyecto Pie de Página de la Red de Periodistas de a Pie.
Cuatro millonarios mexicanos concentran fortunas personales equivalentes a una décima parte del Producto Interno Bruto del país. Los cuatro han construido sus imperios a partir de sectores privados concesionados y/o regulados por el sector público. Los cuatro tienen negocios en la industria energética y extractiva, que han crecido exponencialmente en la última década.
¿Cómo operan? ¿Qué beneficios han dejado en las comunidades donde explotan sus minas?
Esta investigación de la Red de Periodistas de a Pie fue realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas
Son los cuatro millonarios más poderosos de México. En 2015, perdieron 39 mil millones de dólares de su fortuna personal, una cantidad que sextuplica el presupuesto que el gobierno mexicano destinó, para la atención de 53 millones de mexicanos pobres en ese mismo año.
Y a pesar de su millonaria pérdida, siguen entre los 10 hombres más ricos de México, según el ranqueo de Forbes.
En México, sostiene la organización internacional Oxfam, 16 millonarios concentran la quinta parte de los ingresos totales del país. “Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por la falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”, dice en su estudio Desigualdad Extrema en México.
De esos 16 millonarios, los cuatro que han peleado la punta desde 1996, -cuando la revista Forbes publicó por primera vez su lista de México-, tienen negocios en la boyante industria energética y extractiva: Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Ricardo Salinas.
Estos multifacéticos empresarios han impulsado un modelo de nación que permite diseñar y aplicar políticas que ponen intereses privados por encima de los pueblos y sus territorios.
Estas son sus historias y las de los pueblos que han destruido.
Texto: Ángeles Mariscal y Celia Guerrero
Fotografías: Daniela Pastrana y Ángeles Mariscal
Gráficos: Arturo Contreras
SIERRA DE CHIAPAS.- A Filigonio de León Pérez el paraíso se le terminó. Al agua del río que baja de la biosfera El Triunfo y atraviesa su comunidad se le hizo una nata de oxidación que le arrancó la vista a cientos de peces y a su hijo Filigonio, de 20 años.
En Nueva Esperanza y en los poblados de la zona baja de la sierra de Chiapas, entre 2008 y 2012, junto con los ríos contaminados por las minas Cristina y Nueva Francia, creció también la presencia de fundaciones y políticos ligados al empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país, y al Partido Verde Ecologista de México.
Aunque la tragedia de Filigonio y miles de familias cuyas tierras están asentadas sobre regiones ricas en minerales e hidrocarburos, inició antes, por el año 2000, cuando llegaron geólogos a introducir delgados y largos tubos para sacar muestras de tierra, sin dejar huellas. En los siguientes 15 años, el gobierno federal concesionó la quinta parte del territorio chiapaneco para la exploración y explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc, titanio, fierro y barita. En total 1.5 millones de hectáreas de tierra lista para ser explotada.
Los “fuereños” llegaron a rentar tierras a los comuneros y ejidatarios de zonas estratégicas, de donde empezaron a sacar, casi de manera subrepticia, miles de toneladas de rocas. Los habitantes de la región, dedicados a la producción de árboles frutales, madres y café empezaron a recibir dinero -un promedio de 2 mil pesos anuales- por que alguien sacara piedras. Parecía una verdadera “compensación”.
La oquedad que dejaron las excavaciones en la parte alta del poblado Nueva Francia se llena de agua verdosa en época de lluvias y bien podría confundirse con una laguna natural, si no fuera porque ni los sapos sobreviven ahí adentro. A unos kilómetros de distancia, la mina La Libertad (conocida como mina Cristina) tampoco tiene un impacto visual dentro de esta tierra paradisiaca.
Filigonio y su familia, y al resto de los pobladores de esta región entendieron que eso no era cosa buena. Escuchaban las historias de quienes viven al otro lado de la sierra. En el municipo de Chicomuselo asesinaron a Mariano Abarca Robledo por oponerse a la explotación de la mina ubicada en el ejido Grecia.
Era el año de 2009 y empezaba la resistencia.
Rubén Nolasco Hernández de 60 años, es propietario de tierras donde la mina Nueva Francia extrajo titanio durante los seis años que estuvo activa. Todo ese tiempo el campesino recibió 3 dólares por cada tonelada del metal extraido.
El hombre cuenta que en 2008, firmó un contrato “con el ingeniero Silva” para rentar sus tierras por 30 años, pero no los tiene a la manos “porque el ingeniero se lo llevó”.
“Me dieron 400 mil pesos por adelantado como pago por la explotación de 4 años”, explica el campesino, mientras explica que su tierra en el municipio de Escuintla antes dedicada al cultivo de frutas y el pastoreo de ganado, en la zona de influencia de la Biosfera El Triunfo.
“¿Quién me va a dar este dinero por mis tierras? Nadie. Acá los campesinos nunca hemos visto tanto dinero junto, ni lo veremos. Pero el problema fue que la gente empezó a protestar porque dijeron que la mina estaba contaminando los ríos”.
Uno de ellos era Filigonio. Los campesinos empezaron a cerrar los caminos por los que bajaban los camiones cargando el titanio. Eso, y el asesinato de Mariano Abarca puso los reflectores sobre la región.
En 2012, las autoridades reconocieron que ni la mina Nueva Francia ni la mina La Libertad (o Cristina) tenían en regla las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la extracción debido a que el potencial minero en esta región se encuentra en el núcleo de la Reserva y Zona de Amortiguamiento de la Biosfera El Triunfo -que alberga al bosque de niebla más importante del país- y en el Área Natural Protegida de La Encrucijada. Ambas están protegidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas y Ley de Equilibrio Ecológico.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la mina Nueva Francia; la mina La Libertad (o Cristina) suspendió la extracción de mineral, y la minería en la región entró en un impase, indica el análisis “Impacto de los proyectos minero metálicos en áreas prioritarias para la conservación en Chiapas: estudio sobre las amenazas a la biodiversidad en la sierra madre”, elaborado por bióloga Sandra Urania Moreno Andrade y auspiciado por la Alianza Sierra Madre.
Pero los empresarios mineros sólo esperaban mejores tiempos. En los años siguientes, la entrega de concesiones y la obtención de nuevas tierra mediante los procesos de compra o renta siguió avanzando, y los grupos políticos que fungen como operadores de los empresarios mineros -principalmente ligados al Partido Verde- concretaron su estancia en el gobierno estatal.
Para finales de 2015, Tristán Canales Reyna, su esposa, Diana Luna Hernández y su hija, María Cristina Canales Luna, poseían 22 de las 99 concesiones mineras vigentes en Chiapas.
Canales Reyna es hijo del diputado federal priísta, Tristán Canales Najjar, quien también es vicepresidente de Información y Asunto Públicos de Grupo Salinas, cuyo fundador y presidente es el magnate Ricardo Salinas Pliego.
Entre la población de la sierra y costa de Chiapas poco se sabe del vínculo entre Tristán Canales y Salinas Pliego. Sin embargo, el nombre del empresario es conocido en la región a través de la Fundación Azteca, cuyo nombre puede leerse en bardas, camisetas y mochilas que portan algunos niños.
Fundación Azteca comenzó a tener presencia en la región al mismo tiempo que empezaron a entregarse las concesiones mineras y que en el estado crecía el Partido Verde, que en 2012 se instaló en la gubernatura con la postulación de Manuel Velasco Coello. Hay un hombre que conjuga (de manera visible) estos intereses: Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde desde 2012, ex director del Canal 40 (propiedad de Salinas Pliego) y actual presidente de la Fundación Azteca en Chiapas.
Una tercera operadora del Grupo Salinas en el Congreso de la Unión es su hija, Ninfa Salinas Sada, quien al mismo tiempo que preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado, es la cabeza del Grupo Dragón, una empresa que ha tomado la delantera en el desarrollo de parques eólicos y geotérmicos.
Juntos, Canales, Melgar y Ninfa Salinas impulsaron dentro del Congreso las reformas energéticas (propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto) que cambiaron las condiciones para la explotación y manejo de hidrocarburos, minas, energía eléctrica y geotérmica.
Pero Chiapas no es el único estado en el que Salinas Pliego tiene intereses. En la otra punta del país, en Baja California Sur, el Grupo Salinas opera de la misma manera que en el sureste. Ahí, el coordinador de TV Azteca para el noroeste del país, David de la Paz, encabeza el frente Pro Desarrollo Sustentable, que impulsa la “minería responsable”.
La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur, es considerada una isla de vegetación en medio del entorno árido de la península. Es única en sus ecosistemas y en ella se encuentran los principales arroyos y cuerpos de agua del estado. En ese lugar -a 80 km de La Paz – bajo diferentes nombres y dueños, se ha intentado instalar una mina a cielo abierto y extraer oro en terrenos en el noroeste del área protegida.
El proyecto de Los Cardones está a cargo de la empresa Desarrollos Zapal S.A. de C.V, una subsidiaria de Grupo Invecture, al que activistas del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida vinculan con el Grupo Salinas (relación que no ha sido negada).
Esta es la historia: el proyecto se llamó primero Paredones Amarillos y fue adquirido por la compañía estadounidense Vista Gold en 2002. La empresa pretendió sacar de la tierra 11 mil toneladas de material por día, por medio de un tajo a cielo abierto. En 2009 solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, pero no logró acreditar la propiedad de los terrenos, debido a que se encuentran en un Área Natural Protegida (ANP). Organizaciones, académicos y ciudadanos se opusieron al proyecto, que en 2010 fue suspendido… temporalmente.
En 2013 Grupo Invecture adquirió totalmente el proyecto por el que pagó 10 millones de dólares. Como en Chiapas, la nueva estrategia consistiría en esperar el momento político-social adecuado para conseguir los permisos. Ese momento llegó en junio de 2014, cuando el titular de Semarnat era Juan José Guerra Abud, miembro del Partido Verde.
A pesar de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), un órgano desconcentrado del gobierno federal se pronunció abiertamente en contra, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat aprobó la manifestación de impacto ambiental (MIA); sin embargo, la autorización para echar a andar la mina fue condicionada a que la empresa consiguiera permisos de autoridades locales y federales (entre ellas la Conanp). Además, la empresa aún debía acreditar la propiedad de los terrenos para obtener el cambio de uso de suelo, un problema que arrastraban desde 2009.
“La empresa no ha podido acreditar la posesión de dos terrenos, que son propiedad federal”, explica Jesús Echeverría Haro, presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.
En octubre de 2014, Desarrollos Zapal anunció a través de su sitio oficial que suspenderían el proyecto debido a que “no existían condiciones propias para su realización”.
“Grupos opositores a la actividad minera han sembrado dudas sobre los innegables beneficios de nuestro proyecto para Baja California”, alegó la empresa.
Lo cierto es que tampoco en esa ocasión canceló sus intenciones. Y el 21 de septiembre de 2015, días antes del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la Paz, tres regidores convocaron a una sesión privada de Cabildo. En la reunión aprobaron el dictamen de cambio del uso de suelo de 16 predios anexos al ANP de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna.
El acta de la sesión se filtró a medios de comunicación y provocó un revuelo. La directora de Ecología y Desarrollo Urbano de La Paz, Rosa Icela Fiol Manríquez, y el alcalde suplente, Francisco Javier Monroy Sánchez, desconocieron el dictamen y aseguraron que revocarían el permiso. Desarrollo Zapal buscó un amparo ante la justicia federal, que le fue negado. En noviembre de 2015, la nueva administración (del panista Armando Martínez Vega) anunció el juicio político a los ex funcionarios que aprobaron el cambio de uso de suelo. Hasta la fecha, ninguno ha sido juzgado.
El viejo Jorge Cordero murió de cáncer en marzo de 2016. Durante los últimos años de su vida, el hombre libró dos batallas: contra la enfermedad y contra la empresa que por todos los medios intentó quitarle su tierra.
Su rancho, las Paredcitas, un predio de mil 755 hectáreas enclavado en la sierra La Laguna, es el último dique para la ocupación de la zona en la que la empresa quiere desarrollar la mina. Pero Cordero y su familia se negaron a vender. Con terribles consecuencias. “La empresa sólo nos ha dado problemas”, dice Cristian Cordero, quien junto con su esposa, Maricela mantuvo la defensa del rancho familiar durante la convalecencia de su padre.
La historia que cuentan es esta:
En 2008, Jorge Cordero permitió a Paredones Amarillos la exploración en sus terrenos; firmó contratos de renta por la que recibiría 4 mil dólares. Pasaron años y, en abril de 2014, Desarrollo Zapal -nueva dueña del proyecto minero- le ofreció comprarle el rancho (para entonces ya había adquirido los que estaban alrededor). Pero Cordero se negó. La empresa alegó que el contrato condicionaba la venta de los terrenos (lo que es ilegal) y que había pagado a Cordero 3 millones de pesos. En realidad, dice su abogado, lo que le pagaron fueron tres meses de renta que le debían. Eso fue lo que firmó.
Ante la negativa del ranchero, la empresa instaló un campamento a tan solo unos metros de la propiedad, con vigilantes que comenzaron a acosarlos y amenazarlos. Maricela Higuera, esposa de Cristian, relata que los observaban incluso cuando iban al baño, que les dijeron que estaban ahí para sacarlos “vivos o muertos”, que los iban a desaparecer, y que disparaban armas por la noche para asustarlos.
El 4 de marzo de 2015, salieron del rancho para acompañar a Jorge Cordero a su quimioterapia en un hospital de La Paz. Esa noche, guardias con uniformes de la empresa Adamantium destruyeron su casa, robaron aparatos, el ganado. “Hasta la ropa se llevaron”, dice la mujer. A la mañana siguiente empleados de la minera llevaron a un notario público para acreditar que el lugar se encontraba abandonado.
Adamantium Private Security Services S. de R.L. de C.V. es una empresa dirigida por Luis Cárdenas Palomino ex directivo de la Policía Federal y amigo personal de Genaro García Luna, el súper secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
Cárdenas Palomino renunció a la Policía Federal en diciembre de 2012, en medio del escándalo que provocó que el narcotraficante Édgar Valdez Villareal, La Barbie, lo acusara de recibir dinero del crimen organizado a cambio de protección; nadie investigó las acusaciones y el ex policía se retiró a trabajar en la iniciativa privada, implementando sistemas de información y seguridad para TV Azteca.
Autorizada por la Secretaría de Gobernación para operar en todo el país, Adamantium se vende como una empresa de seguridad que forma parte de Grupo Salinas (aunque en realidad solo provee el servicio de seguridad intramuros en algunas de sus instalaciones). Sus escoltas aparecen públicamente como guardias del proyecto minero Los Cardones.
Salinas Pliego no es inversionista directo de Grupo Invecture -actual dueña de proyecto Los Cardones-, pero sí tienen vínculos empresariales. Otras minas de Grupo Invecture, como Minera Monterde y Cobre del Mayo, reciben energía de Geotérmica para el Desarrollo, empresa filial de Grupo Dragón (que pertenece a Grupo Salinas).
Además, el fundador de Grupo Invecture, John Detmold, fue director de Banca Quadrum (empresa de la que Salinas Pliego fue miembro del consejo de administración) hasta su disolución en marzo de 2002. Y, al mismo tiempo, fue consejero de Biper (después Movil@ccess), compañía del Grupo Salinas.
“Las corporaciones han asaltado el poder, decidiendo el destino del país y del mundo. Han logrado modificar leyes para que respondan a sus intereses”, concluye el activista por los derechos ambientales, Gustavo Castro.
Castro es director de la organización Otros Mundos y no tiene dudas de que empresarios como Salinas Pliego están imponiendo un modelo de corporación-nación que les permite diseñar y aplicar políticas de gobierno que favorecen sus intereses por encima de los pueblos y sus territorios. Lo hacen, dice, a través de sus operadores políticos colocados estratégicamente en las estructuras de gobierno.
En esta misma línea, advierte, puede entenderse la creación de Zonas Económicas Especiales, y los cambios -ya en el Congreso- a la Ley Agraria y a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, para dejar fuera de sus polígonos a las zonas con potencial minero.
“Algunos estados son un laboratorio que está mostrando el avance y la eficacia de estas estrategia”.
Ver videos:
Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas. El trabajo forma parte del proyecto Pie de Página de la Red de Periodistas de a Pie.
Aprendizajes y desafíos para la integración de los pueblos de Nuestra América
Esta investigación contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL).
Autores: Lucas Castiglioni, Analé Barrera y Emiliano Fernández
En este período se han organizado diversas actividades como paneles en jornadas académicas, seminarios y talleres debate que resultaron en publicaciones y se realizó un vídeo documental a propósito del décimo aniversario del No al ALCA.
Durante el año 2013 se llevó a cabo una investigación colectiva sobre las problemáticas de integración regional en América Latina y el Caribe. En aquella ocasión se analizaron los proyectos de integración hegemónicos y los proyectos regionalistas contra-hegemónicos.
En este sentido es que se llevó a cabo una conceptualización de ambas perspectivas y posteriormente fueron comparadas críticamente. Para ello se estudiaron los Tratados de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá y el rol del Banco Mundial en Argentina. En una segunda parte se indagó sobre la propuesta de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), analizando la historia reciente del proyecto de integración y las propuestas de las Empresas y Proyectos Grannacionales, Tribunal de Inversiones, Banco del ALBA, SUCRE y la iniciativa PetroCaribe.
En 2014 se continuó con la investigación en torno a la integración regional y el papel de las instituciones financieras en América del Sur. Para ello se introdujo una mirada sobre la aún vigente crisis global y el papel que asumen las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional). Luego se indagó sobre la Arquitectura Financiera Regional. Para ello se ahondó en el estudio sobre el Banco Interamericano de Desarrollo y las políticas de crédito para Argentina.
En tercer orden se analizó el proyecto de integración suramericano desde el punto de vista teórico y desde el estudio del Banco del Sur y el Sistema de Pagos en monedas locales Argentina-Brasil.
De este modo, se parte de un trabajo y debate colectivo previo que nutrirá el estudio que aquí se propone. El mismo pretende avanzar en el análisis crítico del escenario social de América Latina y el Caribe actual, tomando como referencia uno de los hechos más significativos del nuevo milenio: el rechazo a la propuesta estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en noviembre del 2005 en la ciudad argentina de Mar del Plata, en el marco de la IV Cumbre de las Américas y ante la movilización social organizada que confluyó en la III Cumbre de los Pueblos.
Un abordaje integral del “No al ALCA” implica situarlo en relación a los proyectos de integración regional en pugna, las respuestas de los gobiernos nacionales y organismos internacionales, el rol de los movimientos sociales; dando cuenta a la vez de los procesos y sujetos que convergieron en el hecho entonces y del legado político-social que el mismo plantea hoy.
El proceso de investigación implicó una búsqueda bibliográfica para la construcción de un Estado del Arte sobre el problema planteado.
En este recorrido, se dio con análisis que ya desde fines de la década del noventa alertaban sobre los peligros que encerraba el ALCA y, ante el escenario de gestación de su rechazo hacia el 2005, resaltaba la centralidad de derrotar esta propuesta al mismo tiempo que reconocían otros instrumentos en las que la misma podía reconfigurarse, como los TLC.
En este momento, a 10 años del rechazo continental del ALCA, se multiplican los discursos de “conmemoración y festejos”. En ellos, se tiende en general a homogeneizar los procesos políticos y a simplificar los motivos de las luchas que condujeron a la derrota de la iniciativa estadunidense. Así, se invisibilizan las causas profundas, se desconocen los grados de homogeneidad, organización y conciencia del movimiento popular que permitieron dicha gesta y se ignoran los nuevos mecanismos que asume la integración hegemónica en nuestros tiempos.
De esta manera, en el trabajo que presentamos, se parte de reivindicar este hito de la lucha social contra el neoliberalismo en la región, al mismo tiempo que se busca complejizar el análisis, retomando las “alertas” establecidas por organizaciones populares e intelectuales orgánicos de la región respecto a la estrategia imperialista.
En este sentido, la pregunta por el legado de la derrota del ALCA hoy se presenta al mismo tiempo como un problema de conocimiento y como un desafío político para las organizaciones populares.
A partir de estas consideraciones introductorias, se plantea el desarrollo del trabajo que supone una estrategia metodológica mixta que combina el análisis documental y de fuentes estadísticas y la sistematización bibliográfica.
El estudio comienza por analizar la propuesta de (des)integración que supone el ALCA y los espacios, bloques regionales e instrumentos en los que el mismo se perpetúa en el escenario global actual.
En segundo término, se estudian los cambios dados en la agenda social en estos diez años y se propone una caracterización de las estrategias hegemónicas dirigidas a la gestión de la fuerza de trabajo súperexplotada y excedente a los fines del capital.
Particularmente, se plantea un análisis de la implementación en toda la región de los Programas de Transferencia de Renta Condicionada (PTRC) y se refl exiona sobre las condiciones para una agenda alternativa.
Luego, se propone una caracterización y periodización de la lucha social que supone articulación regional y global de sujetos colectivos desde fines del siglo XX al presente, siempre tomando el rechazo al ALCA como hecho de referencia. Asimismo, se plantean elementos para la conceptualización de la movilización social a nivel internacional en el periodo seleccionado.
Finalmente, se presentan reflexiones con el propósito de abrir nuevos interrogantes y enriquecer el debate desde una perspectiva crítica.
Las alternativas de consumo como un compromiso para crear un modelo económico alternativo, viable y necesario.
Mariola Olcina Alvarado, El Salmón Contracorriente
Periódico Diagonal
En muchas ocasiones se dice que estamos hartas de que las alternativas de consumo de alimentos ecológicos sean eso, alternativas, cuando el deseo es convertirse en dignas competidoras del oligopolio alimentario. Estudiar los límites y oportunidades de crecimiento de estas iniciativas es un reto; lo que está claro es que por el estómago se puede conquistar a más gente y hay proyectos que ya se plantean la escalabilidad.
Desde hace un tiempo, el número de grupos de consumo sigue creciendo. Pero ¿es suficiente? Mariano González, de La Ecomarca, se pregunta “cómo lograr dar el salto desde los pequeños consumos dispersos y un tanto marginales hasta constituirse en un modelo que compita y arrebate la hegemonía al modelo de consumo actual”. Una de las respuestas fue crear La Ecomarca, un proyecto que busca la creación de nuevos grupos de consumo, facilitando la logística, asumiendo algunas tareas y creando una red de productoras y consumidoras. “Así ampliamos la alimentación ecológica a otras personas, independientemente de las razones por las que se meten en un grupo de consumo”, dice González en un artículo en El Salmón Contracorriente.
Crecer en red
La cooperativa que está detrás de la iniciativa, Cyclos, junto con otras cinco personas (Lucía, Rubén, Serigne, Vane y Edu) con experiencia en el sector de la restauración, se han embarcado en la apertura de uno de los primeros restaurantes agroecológicos de Madrid. El Fogón Verde es “un restaurante cooperativo y vegetariano, donde la novedad es la práctica de la agroecología bajo el marco de la economía social y solidaria”, dicen.
La Ecomarca ya intentó en su día distribuir alimentos ecológicos a restaurantes, pero a éstos les suponía cambiar su planificación y ajustarse a la temporalidad de los productos frescos y, por tanto, cambiar sus recetas. Como explica Mariano González, “las redes de distribución y transporte, los centros de reparto, los menús y los productos ofertados están diseñados y adaptados a la agricultura industrializada”. Sin embargo, siguieron creyendo que montar un restaurante era un buen paso para aumentar la escala de la alimentación agroecológica. “A veces tienes que arriesgar tu dinero y tu trabajo para crecer”, concluye Luis Rico, de Cyclos.
Las personas que forman el proyecto tienen claro que esta expansión tiene que ser en red porque es la única manera de conseguir un “crecimiento democrático y escalado”. De hecho, reconocen la influencia de otras iniciativas más veteranas, como Madrid Agroecológico o el bar Achuri. Además, también están muy pendientes de otros procesos, como el de Garúa y la Fundación FUHEM, que juntos están consolidando los comedores escolares ecológicos a la vez que crean grupos de consumo para las familias de los colegios y educan a los niños y niñas para alimentar otros modelos.
Llegar a más gente
Otro de los tantos proyectos exitosos por su largo recorrido en esto de extender la agroecología es Landare, una asociación de consumo que surgió en 1991 y que actualmente abastece a unas 2.600 familias en Pamplona y alrededores. Hace tiempo que esta iniciativa atravesó la barrera del crecimiento al alcanzar un tamaño más que considerable: tienen dos locales en los que comercializan más de 2.500 productos ecológicos y facturan unos tres millones de euros.
Aunque en sus locales no hay publicidad porque no quieren llegar a un público más allá del boca a boca, sí apuestan por un “desarrollo tranquilo”, comenta uno de sus socios en una charla en la sexta edición de la Feria del Mercado Social de Aragón.
Después de 25 años de recorrido, siguen cuestionándose dinámicas y planteándose mejoras para integrar a un público menos endogámico. “Nuestras estructuras de toma de decisiones no son atractivas para la gente que no proviene del mundo militante, así que pienso que tenemos que generar cauces más allá de la asamblea o hacerlas diferentes”, dice Valero Casanovas en el último número de la revista Soberanía Alimentaria, dedicado a la distribución alimentaria. “Hay gente que se vincula a la práctica de Landare, pero el discurso no nos lo compraría porque no están en ese momento. ‘Ni una palabra de más, ni una persona de menos’, es lo que yo digo. Hay que pensar más en atraer que en contar historias”, dice Casanovas. Y añade que “la gente más militante critica la profesionalización y la dimensión y sobre esto hay críticas que entendemos, y que están muy fundamentadas, porque es verdad que renunciamos a algunas cosas a costa de atraer a ese cauce central de la sociedad que busca comodidad”.
Al ser un proyecto de gran envergadura, el volumen de demanda que generan les permite tener una buena capacidad de negociación con los 94 productores y elaboradoras que les sirven. “Al ser más personas se abaratan los costes y se pueden conseguir mejores precios en productos de gran calidad”, eso sí, “respetando siempre los márgenes de ganancia de los productores y sin desvalorizar el producto”, decían en Zaragoza. En Landare, además, tienen una huerta comunitaria, un comedor social y organizan muchísimas actividades. Y es que para crecer y convencer sin renunciar a los principios esenciales de la agroecología hay que ser muy creativa.
En definitiva, este debate sobre el crecimiento de las alternativas no es nuevo, y el miedo a perderse en el camino de la escalabilidad sigue ahí. El proceso es largo y se suele decir que “vamos lentas porque vamos lejos”, pero quedándose siempre cerca de los valores que impulsaron en primer lugar la creación de una alternativa digna de librar una buena lucha contra el oligopolio alimentario.
Sambo Creek 17 de agosto de 2016.- En Honduras hasta la fecha los pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen.
El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995, sin que posteriormente adaptara las leyes nacionales al Convenio como lo sugiere el espíritu de la Convención de Viena sobre tratados(1969). Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió una Ley indígena que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.
Después de 21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado, apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretenden imponer una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos. Con el agravante que en su artículo 20 señala como la decisión final recae en el Estado, desconociendo de esta forma la condición de Consulta Libre.
Desde el año 2013 es cuando el Programa REDD requiere de la existencia de una Ley de Consulta para poder cumplir con los preceptos estipulados de las Salvaguardas de sus proyectos. Desde ese momento el PNUD asume la promoción de la creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la ciudad de La Ceiba en febrero de 2015. Posteriormente DINAFROH creó su propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley, la que fue elaborada a puertas cerradas, y definitivamente redactada para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El Estado de Honduras en las últimas dos décadas ha tergiversado en múltiples ocasiones la Consulta convirtiéndola en una simple socialización, y es precisamente lo que pretende a través de una serie de reuniones “comunitarias’ con el pueblo Garífuna, las cuales inicia el día de hoy en la comunidad de Corozal, la que a través de su Patronato señaló que no fue consultada para la realización de dicha reunión.
En muchas ocasiones las instancias estatales utilizan prebendas o promesas de proyectos para obtener el beneplácito de los supuestos líderes comunitarios, siendo esta técnica utilizada con mucha frecuencia en Honduras. Al mismo tiempo que se distorsiona la representatividad utilizando grupúsculos para dividir las posiciones asumidas por los pueblos.
Después del golpe de estado del año 2009, se aprobaron una serie de leyes a matacaballo, totalmente nocivas para los pueblos indígenas: desde la Ley de Aguas, Forestal, Pesca, RED y posteriormente la ZEDE, además de la entrega de la plataforma continental en la Moskita a BG-SHEL. Tanto DINAFROH como la CONPAH se sumieron al silencio al respecto. De ahí que concederles el beneficio de la duda, a las posibles “buenas intenciones” que albergue el anteproyecto de Ley introducido por el Estado al Congreso Nacional, es inaudito y mucho más cuando CONPAH y DINAFROH elaboraron sus propias versiones de la Ley de Consulta, las que aparentemente fueron soterradas en aras de los «intereses» del Estado.
DINAFROH -ente estatal creado después del golpe de estado- viene efectuando una socialización de la versión de ley fabricada por le Estado, a la que denomina consulta. Dicha versión de ley es adecuada para los intereses del Programa REDD, el que en Africa, con el pueblo Sengwer ha demostrado su esencia neocolonialista.
La defensa de la obsoleta soberanía westfaliana que ha esgrimido el Estado en los casos de las comunidades Garífunas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), demuestra su desconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. El estado de Honduras fue condenado por la Corte IDH en las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del Derecho a la Consulta Previa. La farsa que está promoviendo el Estado y el PNUD no se ciñe a los estándares internacionalista en materia de derecho indígena y mucho menoso se apega al Ius Cogens.
– Organizacion Fraterna Negra Hondureña, OFRANEH
25 de agosto de 2016. 9:30 -14:30 horas.
CEIICH, UNAM. Torre II de Humanidades. Auditorio 4to Piso.
Ciudad Universitaria.
CIUDAD DE MÉXICO.
Mural of Berta Cáceres at the World Social Forum, Montreal. Photo Credit: Stephen Bartlett.
Dear community,
We are excited about the growing movement to stop US support for repression in Honduras. Since June 15th, around 30 US Representatives have signed on as co-sponsors to H.R. 5474, the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act! Can you take action to get your representative to co-sponsor this important bill?
Introduced by Rep. Johnson (GA), H.R. 5474 calls for suspension of U.S. military and police aid to Honduras until human rights violations committed by Honduran security forces cease and their perpetrators are brought to justice. Click here to read the provisions included in the bill.
Take three quick actions to push forward the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act:
1. Write today to ask your Representative to co-sponsor H.R. 5474!
Follow this action link from the Latin American Working Group to enter your zip code and send an email to your US Representative. If they have already co-sponsored, please thank them for their support!
2. Call your Representative’s Foreign Policy Aid!
Use the number provided from the action link (or call the Congressional switchboard in DC at (202) 224-312 to be connected to your Rep) and ask to speak to the foreign policy aide. If the foreign policy aide is not available, ask to leave a message. Feel free to use the following script:
|
Script: “My name is _____. I am a constituent from (your town/city) in (your state). I am calling to ask Rep. _____ to co-sponsor H.R. 5474, The Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act calling for a suspension of U.S. security aid to Honduras until human rights violations committed by the Honduran security forces cease. Has Rep. _______ seen this bill? Can I count on him/her to sign on? Please contact directly Arya Hariharan (arya.hariharan@mail.house.gov) in Rep. Johnson’s (GA) office to receive and official copy of the bill and to officially co-sponsor the bill. Finally, please call me this week at (_your phone number_) to let me know if you have seen the letter, and if Rep. _____will sign it.” **In your phone conversation, please highlight why this bill is important to you, especially if you have traveled to Honduras or heard a Honduran speak in your community. |
If you learn that your Representative has agreed to support this bill, please notify Elise Roberts at wfpumw@witnessforpeace.org so co-sponsorship can be confirmed with Rep. Johnson’s office.
3. Sign this petition to call on all US House Representatives to support H.R. 5474 – and share on social media!
Berta Cáceres as puppet at the Democratic National Convention. Photo Credit: Nas lutas, Twitter: @PersonalEscrito
Around the world, people are mobilizing to demand a fair investigation into the murder of Berta and to topple the systems that lead to violence against those defending their communities and territories. In the US, people are organizing to support the passage of this historic bill. Last month, there was a people’s caravan at the Democratic National Convention to demand justice for Berta and “all the other Honduran activists whose lives have been taken violently because of their organizing to defend Indigenous people, the Earth and women, and their struggle for self-determination”. At the World Social Forum in Montreal, people from all over the world gathered in several convergence spaces to hear the call from Laura and Berta Zuniga Cáceres, daughters of Berta, asking for justice and solidarity.
Join this movement by calling on the US House of Representatives to support H.R. 5474!
Thank you for taking action!
Onward,
The Other Worlds Team
#JusticiaParaBerta #HR5474 #JusticeForBerta
BOLETÍN DE PRENSA
H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS DECLARA MUNICIPIO 
LIBRE DE MINERÍA.
Acacoyagua, Chiapas a 16 de Agosto del 2016
El presidente municipal Ing. Patricio Eli Matías Salas y los regidores del H. Ayuntamiento de Acacoyagua, Chiapas firmaron y certificaron un oficio donde declaran que su administración “no acepta, ni aceptara la otorgación de licencias municipales para la actividad minera en el municipio”. La firma de la Declaratoria de Municipio Libre de Minería es un acto de compromiso que han establecido la autoridades con los/as representantes de los ejidos y comunidades de Acacoyagua que conformamos el Frente Popular en Defensa del Soconusco, para prever la explotación minera de las trece concesiones existentes en el municipio, y atender los daños a la salud y al medio ambiente causados por cuatro proyectos de explotación y exploración de Titanio e ilmenita (Cristina, Casas Viejas, Titán y San Vicente) establecidos desde hace diez años.
La declaratoria describe la inconformidad del H. Ayuntamiento a la minería porque la explotación ha devastado la flora y fauna de la Sierra Madre de Chiapas; contaminado los ríos “Doña María” y “Cacaluta”, los cerros y llanuras y en la zona existe cáncer en útero, hígado y piel y enfermedades en los ojos por la alta exposición del aire contaminado por la trituración de la ilmenita.
El H. Ayuntamiento expresa en su declaratoria que: “Los proyectos mineros en la región no garantizan una fuente económica ni beneficio social (las familias se han visto en la necesidad de gastar grandes cantidades de dinero para atender las enfermedades y los decesos de sus familiares) por las consecuencias en la contaminación al ambiente y el conflicto social que ha causado”, termina expresando que su administración: “prioriza la garantía de los derechos de los habitantes por sobre los intereses de las empresas mineras o la propiedad privada”.
La declaratoria y el compromiso de las autoridades a rechazar la minería en el municipio da fuerza y anima a cancelar definitivamente los proyectos mineros. Los y las representantes de los ejidos y comunidades de Acacoyagua declaramos que no permitiremos ninguna reanudación de proyectos mineros, nada de trabajos a escondidas (ni de exploración ni explotación), nada de paso de máquinas por los caminos, nada de visitas de empresarios chinos, nada de promesas de minería sustentable porque nuestro territorio merece ríos sanos, gente sin enfermedades, trabajo digno y con tierra para las nuevas generaciones.
Atentamente:
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA/CHIAPAS)
¡Ríos para la vida, no para las empresas!
¡Minería no, vida sí!
¡Territorios libres del modelo extractivo!
Información:
libertaddiaz@otrosmundoschiapas.org
salvadorchavit@hotmail.com
Por medio de la presente el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) convoca a sus comunidades, a las organizaciones, movimientos sociales y sociedad civil a sumarse a la Jornada de Movilización Artístico, Cultural y Espiritual “Justicia Para Berta YA” que se desarrollara los días 1, 2 y 3 de septiembre en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.
