Acción Urgente: solicitamos la protección de Gustavo Castro, herido durante el asesinato de Berta Cáceres

En el contexto del terrible asesinato de la querida Berta Cáceres, solicitamos al Gobierno de Honduras su pronta atención, intervención y seguimiento a este lamentable y gravísimo suceso en la vida del pueblo hondureño.

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A la Embajada de Honduras en Mexico
Al Consulado Mexicano en Honduras
A la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos

Durante la madrugada de hoy 3 de marzo del 2016, personas armadas y con lujo de violencia irrumpieron en la vivienda y asesinaron a la compañera hondureña Berta Cáceres, fundadora del COPINH en el sector “La Esperanza”, departamento del Intibucá al sur-occidente de Honduras.

En los hechos fue herido nuestro compañero Gustavo Castro Soto, mexicano e integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), de tal suerte que logró sobrevivir y con ello convertirse en un actor clave para las investigaciones que esclarezcan el asesinato de nuestra compañera Berta.

Tanto Berta como Gustavo son dos personas de reconocida lucha social y ambiental a nivel internacional, lo que muestra la coherencia de su vida dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, a quienes han acompañado en sus procesos de resistencias para que de forma organizada y pacífica, eviten que el proyecto neoliberal de los gobiernos regionales se apropien del territorio mesoamericano, a través de sus proyectos extractivos de muerte.

En el contexto del terrible asesinato de la querida Berta Cáceres, solicitamos al Gobierno de Honduras su pronta atención, intervención y seguimiento a este lamentable y gravísimo suceso en la vida del pueblo hondureño. Requerimos proporcione todas las medidas jurídicas y políticas posibles que garanticen protección inmediata a nuestro compañero Gustavo Castro para que, una vez que haya brindado su declaración ante el Estado Hondureño, pueda regresar sin contratiempos a México.

En estos momentos es fundamental garantizar la protección y la vida de nuestro compañero Gustavo Castro por el relevante papel que su vivencia adquirió en este lamentable asesinato.

Así mismo se garantice la seguridad de todos los miembros de la Coordinadora General del concejo cívico de organizaciones Populares e Indígenas (COPINH).

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Tristeza e indignación por el asesinato de Berta Cáceres

3 de marzo, 2016

BertaEsta noche del 2 de marzo, aproximadamente a las 11:45pm, la coordinadora
general de COPINH, Berta Caceres, fue asesinada en su pueblo natal de la
Esperanza, Intibucá. Al menos dos individuos rompieron la puerta de la casa
donde Berta se hospedaba en el Residencial La Líbano, le dispararon y la
mataron. COPINH está respondiendo de forma urgente a esta situación trágica.

Berta Caceras es una de las principales líderes indígenas de Honduras. Pasó su
vida luchando por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas,
particularmente a su territorio y bienes naturales. En el 2015, Berta ganó el
premio Goldman por su lucha y liderazgo incansable como defensora. Su muerte
tendrá un impacto profundo en las comunidades Lencas con las que trabajaba, en
COPINH, en el movimiento social de Honduras, y en todos quienes la conocieron.

Berta Cáceres y COPINH han estado acompañando diversas luchas por el territorio
en el occidente de Honduras. En estas últimas semanas, la violencia y represión
en contra de Berta, el COPINH y las comunidades que apoyan, había escalado. El
20 de febrero en Río Blanco, Berta, COPINH y la comunidad de Río Blanco se
enfrentaron a amenazas y represión mientras llevaban acabo una actividad
pacífica para proteger el Río Gualcarque de la construcción de una presa
hidroeléctrica por parte de la empresa hondureña DESA con financiamiento
internacional. Como resultado del trabajo de COPIHN en apoyo de la lucha de
Río Blanco, Berta recibió múltiples amenazas contra su vida y fue otorgada
medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 25 de febrero, otra comunidad Lenca apoyada por COPINH en Guise Intibuca fue desalojada violentamente y destruida. 

Es urgente demandar una investigación exhaustiva e inmediata de los hechos ocurridos.

COPINH enviará más información en la medida en que la vaya teniendo.

Argumentos de la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico

Fundamental mantener la suspensión y entrar al fondo de los argumentos en la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico:
·  La suspensión debe mantenerse en tanto se discuten a fondo los argumentos
·  Argumentos dejan ver contradicciones del Gobierno mexicano y empresas transnacionales en los documentos que integran el expediente de la Demanda Colectiva contra el maíz transgénico
·  Aceptan reiteradamente el contagio del maíz nativo por los transgénicos

demandacolectivamaiz.mx
Un grupo de científicos y más de 20 organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de consumidores, de derechos humanos y abogados forman la Colectividad del maíz que enfrenta a grandes empresas monopólicas de semillas ante la siembra de maíz genéticamente modificado hace 32 meses. A través del proceso jurídico se logró la suspensión provisional, a pesar de que las instancias de gobierno demandadas buscan defender un negocio de cinco empresas trasnacionales, declaró Adelita San Vicente, representante de la Colectividad e integrante de la organización Semillas de Vida. “Estamos ante una nueva definición en el Poder Judicial de la Federación en la que el Magistrado Soto Sánchez puede concedernos la suspensión definitiva de la siembra de maíz transgénico en México y con ello pasar a la historia como el Juez que protegió nuestro maíz.”
Hoy se enfrenta una nueva etapa, ya no se trata de suspender provisionalmente la siembra, sino de elevar la medida al grado de definitiva lo que implica que la suspensión se mantenga durante todos los trámites judiciales, o bien que se elimine la suspensión y se permita la siembra, como nos explica Colectivas A.C.  Es momento de entrar al fondo de los argumentos antes de tomar la decisión que afectaría al principal alimento de los mexicanos.
De acuerdo con el análisis de actas e informes[1], realizado por el equipo jurídico de la Colectividad, que el Gobierno federal y las empresas rindieron ante tribunales federales, en el juicio, a lo largo de los 32 meses de litigio, se han visto obligadas a confesar que sus argumentos carecen de sustento, aun cuando públicamente argumentan a favor, con lo que caen en contradicciones. “Públicamente nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la realidad”.
Públicamente hacen creer que:
A.    El maíz transgénico es seguro porque puede coexistir con los maíces nativos sin contagiarlos.
B.    Los transgénicos pueden coexistir con los maíces nativos  sin consecuencias negativas.
C.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos habría un supuesto beneficio de resistencia a plagas.
D.     La siembra de transgénicos es segura porque se han practicado evaluaciones.
E.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos no habría afectaciones al medio ambiente.
Ante la justicia reconocen que:
a.      Los maíces nativos serán contagiados de transgénicos como consecuencia del flujo entre las distintas regiones del país. En lacontestación que Monsanto envió a los jueces reconoció que hay flujo génico de maíces híbridos (que sí son genes de maíz) a maíces nativos de diferentes regiones. En otras palabras, si se siembran transgénicos (que tienen genes que NO son de maíz), el flujo génico de éstos contagiaría a los maíces nativos de las diferentes regiones del país.
b.     Si se siembra maíz transgénico no se podrá realizar el libre intercambio de semillas, sin que se contagien de transgénicos.Syngenta reconoció en su contestación al Juez, que para evitar flujo de semillas transgénicas hacia nativos o criollos son necesarias las barreras físicas que impidan a productores y campesinos trasladarlas,intercambiarlas y hasta venderlas. Si se siembran transgénicos nada de esto podría realizarse sin contagiar a los nativos.
c.      Si los maíces nativos se contagian de transgénicos, su entorno se verá afectado. Al contestar al juez, la Sagarpa afirma:
1. Que ante el contagio de transgénicos a maíces nativos…
2. Habría un supuesto beneficio…
3. RECONOCE que con ello se modificaría el entorno…
4. Afectar el entorno implica violar el derecho humano a la conservación de los elementos específicos de la especie maíz.
5. RECONOCE que los contagios continúan activos generación tras generación y su propiedad insecticida también continuará afectando organismos de los agro-ecosistemas.
d.       A pesar de que debiera existir CERO caso de nativos contagiados de transgénicos, el gobierno encontró 89 casos. En un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, que presentamos a los jueces, se encontraron 89 casos de maíces nativos contagiados por transgénicos, en 6 estados del país durante la última década. Conforme a la Ley ninguno de los 89 casos debió suceder. Por lo que resulta obvio que si se siembran a gran escala los transgénicos contagiarían todo el territorio mexicano. Algunas consecuencias son que los campesinos perderán el derecho a elegir, pues la presencia de transgénicos sería generalizada; igualmente se verían afectadas actividades como la cocina mexicana, que es patrimonio mundial de la humanidad, dejarían de ser libres de transgénicos.
e.      Las generaciones futuras tienen el derecho humano de utilizar la diversidad de maíces nativos, en el entorno donde se desarrollaron (sin transgénicos). Una vez reconocido ante los jueces que los transgénicos contagiarían a los maíces nativos, también se afectaría a las generaciones futuras protegidas por el CONVENIO  DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Nuestros hijos tendrían que enfrentar cambios climáticos con maíces contagiados de transgénicos. Por tanto también perderían los mercados de libres de transgénicos.
Al respecto la Doctora Elena Álvarez- Buylla, Presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, investigadora titular C del Instituto de Ecología, y Consejo Asesor del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM declaró que “la Ley de Bioseguridad, tiene un régimen especial de protección especial, justamente para estos cultivos que se originaron y se diversificaron en el territorio mexicano, que implica el que no pueden ser arriesgados por la liberación de maíces o cultivos transgénicos en otros casos y que se requiere la aplicación irrestricta del principio de precaución. No importa dónde se liberen los maíces transgénicos, aunque no haya a pocos o cientos de metros de distancia, eventualmente esas semillas van a encontrar su paso, por polinización o por intercambio, a poblaciones de maíces nativos y empezará el proceso irreparable, impredecible, irreversible e inaceptable desde el punto de vista cultural, riesgosas e inclusive peligrosas para el ambiente, para la biodiversidad y para la salud, entonces no es posible la coexistencia.”
René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas, explica: “Lo que nosotros planteamos en esta demanda es que se deben negar los permisos porque no hay forma de controlar siembra de maíz transgénico, es como aventarlos al aire, va haber flujo por polinización cruzada o por el flujo de semillas, es decir que un campesino toma la semilla y la mezcla con la suya en sus parcelas y esto es un gran fluyo genético que existe en nuestro país y es imposible pararlo, la única forma que existe de protegernos de esos riesgos a la salud y al medio ambiente, es negar esos permisos. La medida precautoria de carácter definitivo que estamos solicitando en este momento al Segundo Tribunal Unitario en materia civil consiste en que antes de que se nos conceda la razón o no, durante el juicio no se pueda sembrar porque si se sembrara habría un daño irreversible. La afectación se daría en esencia a tres derechos humanos: la conservación del entorno, el libre intercambio de semillas, las aspiraciones de generaciones futuras, todo protegido por la constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.”
Públicamente hacen creer que:
F.     Los transgénicos de maíz están debidamente aprobados por las autoridades sanitarias.
Ante la justicia reconocen que:
f.      Las autoridades sanitarias NO evalúan los impactos de la siembra de transgénicos de maíz, lo que significaría que todo el maíz que comeríamos sería transgénico. En la opinión que la Secretaría de Salud dirige a los jueces, se acepta que no hay ni habría estudios sanitarios sobre la siembra de maíz transgénico, puesto que se declaran incompetentes en la materia.
Emanuel González Ortega, investigador postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, declara: “Hemos hecho revisiones de la literatura científica sobre los efectos por el consumo de organismos genéticamente modificados y la exposición a los herbicidas que acompañan a estos cultivos, como el glifosato, e indudablemente llegamos a la conclusión de que la siembra a nivel comercial de maíces transgénicos en México causará un grave daño a la salud de la comunidad, a nivel de campo la siembra masiva expondrá a las comunidades rurales a una exposición a los herbicidas que acompañan a este tipo de cultivos transgénicos, uno de éstos es el glifosato. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente lo clasificó como probablemente cancerígeno para humanos. Además, investigaciones científicas han relacionado al glifosato con el aumento de diversas enfermedades; tales como desórdenes del espectro autista, una gama de afecciones degenerativas, aparición de linfomas, daños renales y hepáticos, daños al sistema reproductivo e incluso malformaciones congénitas tales como microcefalia, malformaciones craneoencefálicas, incluso espina bífida.”
Públicamente hacen creer que:
G.    Los transgénicos producen más toneladas que los demás.
H.    Los transgénicos pueden tener mejor  rendimiento porque aunque no produzcan más, podría ser más barato producirlos.
Ante la justicia reconocen que:
g.     Los transgénicos NO producen más. En la contestación de Sagarpa a los jueces, reconoce que los transgénicos NO incrementarían la producción de maíz.
h.     Producir transgénicos es más caro que los demás. Las semillas transgénicas son más caras, así lo reconoció la CIBIOGEM (Comisión del gobierno encargada del tema) a través de la opinión que envió a los jueces, la que enumeró diversas investigaciones científicas que financió. Las autoras de uno de estos estudios explicaron a los jueces que en su investigación documentaron el incremento en los costos.
El Doctor Antonio Turrent Fernández, Investigador Titular C en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad UCCS, señala: “La SAGARPA en la opinión que emitió en los tribunales con respecto a esta demanda, reconoce que no se esperan que los organismos genéticamente modificado rindan más que los no transgénicos. Hay alternativas, desde un grupo de investigadores del INIFAP y del COLPOS, hemos estado estudiando México tiene reservas de tierras de calidad agrícola y de agua dulce que permitirían con tres millones de hectáreas, que ya están dedicadas a la agricultura con pastizales, con ecosistemas introducidos pero que están subutilizadas, podríamos producir la diferencia para llegar al orden de 50 millones de toneladas anuales, que es muy cerca del doble de lo que el país está requiriendo actualmente y esa sería la opción que tiene el país para recuperar su autosuficiencia sin recurrir a la tecnología transgénica.”
Pánfilo Hernández Ortiz, integrante de la organización campesina Grupo Vicente Guerrero del estado de Tlaxcala, explica: “Para los campesinos la producción de maíz criollo nativo es muy importante ya que depende de este maíz para la alimentación de las familias campesinas. En el estado de Tlaxcala el ciclo productivo es de temporal pero tenemos una producción bastante buena, años anteriores hemos obtenido aproximadamente de 3 a 4 toneladas por hectárea. Estos maíces son la riqueza que los campesinos han venido guardando, reproduciendo y que también tienen temor de perderlo ante la entrada de algunas semillas que podrían ser transgénicas o en el caso de las híbridas que no son productivas, en cambio las nativas criollas se enfrentan a las condiciones climáticas de cada año, en diferentes parcelas los campesinos sembramos toda esta diversidad de colores.”
Emiliano Flores Franco, campesino originario de la comunidad Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala, recalca: “Mi familia y yo hemos trabajado las parcelas, hemos sembrado diferentes tipos de maíces criollos nativos que nos dan la facultad y privilegio de que con estos maíces podemos acompañar otros cultivos como el frijol, haba, calabaza, chícharo, tomate, chile u otros más que se puedan asociar con los maíces. Sentimos que son muy importantes porque con los híbridos y ahora los transgénicos no se pueden asociar o combinar otros cultivos que son fundamentales para la alimentación familiar campesina.”
Públicamente hacen creer que:
I.      Los transgénicos representan avances en investigación científica.
Ante la justicia reconocen que:
i.      Las empresas trasnacionales buscan explotar a los transgénicos comercialmente y en forma exclusiva. En la contestación dirigida al juez, Syngenta reconoce que con la siembra de maíz transgénico las empresas transnacionales buscan aprovechar y explotar en forma exclusiva su tecnología, lo que significa que sólo buscan ganancias comerciales; es decir que no tienen fines científicos como algunos afirman.
Raúl Hernández Garciadiego, Director General de Alternativas y Procesos de Participación Social, puntualiza al respecto de la opinión que emitió CONACYT a petición del juez respecto de las implicaciones que esta medida cautelar puede causar o no a la investigación científica, en donde llama la atención que dedica gran parte de su opinión a defender la biotecnología, siendo que la colectividad no ataca ni pone en juicio a la biotecnología, sino que la medida cautelar únicamente pretende detener durante el juicio la liberación al ambiente de maíces genéticamente alterados para conservar la materia del juicio. Los datos de la CONACYT no respaldan su opinión de que la suspensión judicial afectaría la investigación científica. La medida provisional obliga a la SAGARPA y a SEMARNAT a abstenerse de efectuar “procedimientos tendentes a la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados del maíz, así como de otorgar los permisos relativos”, pero se precisa “sin perjuicio de que puedan efectuarse estudios científicos que determinen la viabilidad o no del otorgamiento peticionado”, con lo que de ningún modo se impide la investigación.
Finalmente, el Padre Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, hace un llamado a la ciudadanía para que mediante la difusión de estas contradicciones se les pueda hacer ver a los jueces que los requisitos para sembrar transgénicos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados no se están cumpliendo y que debe suspenderse definitivamente la siembra durante todo el juicio.

Informes y contacto:
http://demandacolectivamaiz.mx/wp/

Ser anticapitalista hoy: una cuestión de sentido común

Por Mateo Aguado, Viento Sur

La esfera de la economía no puede crecer indefinidamente sin acabar teniendo repercusiones negativas tanto sobre la esfera social en la cual se desarrolla, como sobre la esfera ecológica (o biosfera) sobre la cual, en última instancia, todo nuestro mundo construido reposa.

Hace poco más de un año tres reputados científicos de la NASA publicaron un impactante estudio en el que, basándose en complejos modelos matemáticos, pronosticaban el posible colapso de la civilización humana para dentro de pocas décadas. Las causas que se aludían como determinantes para llegar a tales conclusiones eran principalmente dos: la insostenible sobreexplotación humana de los recursos del planeta y la cada vez mayor desigualdad social existentes entre ricos y pobres (1).

Más allá de analizar la gravedad de esta predicción, me gustaría hacer notar que los dos motivos que –según estos investigadores– podrían acabar provocando el derrumbe de nuestra civilización son precisamente dos de las más claras características que posee el sistema capitalista: una insensibilidad total hacia la sostenibilidad ecológica del planeta y una abrumadora despreocupación hacia la (des)igualdad y la (in)justicia social.

En consecuencia –y como se verá en mayor profundidad en las líneas que siguen– no resultaría demasiado descabellado afirmar que el capitalismo es, a día de hoy, una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la continuidad de la cultura humana en el planeta Tierra.
Evidencias de un sistema insensato

En las sociedades modernas de hoy en día nos hemos acostumbrado a asociar el poder adquisitivo con la capacidad de alcanzar una vida feliz. Es decir, se asume que –más que menos– nuestro nivel de renta determina la felicidad que podemos llegar a alcanzar en nuestra vida (o, como se suele decir, que el dinero da la felicidad).

Esta engañosa forma de concebir la vida (basada en los aspectos materiales y monetarios como medida a través de la cual lograr una vida buena) representa, probablemente, la mayor herramienta moral que posee el capitalismo en la actualidad. Sin embargo, y como veremos a continuación, esta concepción ofrece al menos dos evidencias que la hacen insostenible.

I) La evidencia social

Desde el punto de vista social el capitalismo es insostenible en tanto en cuanto promociona una sociedad global de poseedores y desposeídos en donde el sobre-consumo innecesario de unos pocos se produce a costa de las carencias vitales de la mayoría. Y es que una de las características que ha demostrado tener el capitalismo moderno es la construcción de sociedades en las que tienden a crecer las desigualdades sociales (lo cual sucede tanto si pensamos a una escala planetaria, a nivel de países, como si lo hacemos dentro de un mismo país bajo el prisma, cada vez más simplificado, de clases).

Paralelamente a esta estratificación económica de la sociedad en dos claros grupos (unas élites muy ricas y unas masas pobres), el capitalismo no ha logrado tan siquiera cumplir su clásica promesa de traer la felicidad a un creciente número de personas. Son cuantiosos los estudios que en este sentido han cuestionado rotundamente el axioma tan fuertemente instaurado en el ADN capitalista (y en el imaginario colectivo) de que el dinero da la felicidad. Estos estudios vendrían a mostrarnos cómo la correlación entre los ingresos y la satisfacción con la vida sólo se mantiene en etapas tempranas, cuando el dinero es usado para cubrir las necesidades más básicas. A partir de este punto entraríamos en una situación de “comodidad” en donde más dinero ya no significa necesariamente más felicidad. Es más, una vez ha sido alcanzada esta situación, seguir buscando obstinadamente el crecimiento económico (en el plano macro) y el aumento de la renta y el consumo (en el plano micro) puede resultar incluso contraproducente, pues tiende a hacernos descuidar otros aspectos de nuestra vida –intangibles pero igualmente esenciales para la felicidad– como las relaciones sociales o el buen uso del tiempo (2).

Así pues, parece claro que el capitalismo es un sistema que chirría tanto con la justicia social como con la felicidad humana. Como pusieron de manifiesto hace unos años Richard Wilkinson y Kate Pickett –en su magnífica obra Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva– estas dos cuestiones (justicia social y felicidad humana) son dos asuntos íntimamente relacionados. Parece ser que las desigualdades sociales tienden a hacernos más infelices: en aquellas sociedades en donde son mayores los niveles de desigualdad, mayores son también los niveles de infelicidad (3).

De todo esto se puede extraer la acertada conclusión de que una sociedad preocupada por maximizar sus niveles de felicidad debería ser una sociedad centrada en rebajar al mínimo sus niveles de desigualdad (lo cual, dicho sea de paso, parece una tarea incompatible con las actuales políticas de desarrollo occidental). Por ello, como sostiene Jorge Riechmann en su libro ¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena, el capitalismo es “un enemigo declarado de la felicidad”. Y por esta misma razón “los partidarios de la felicidad humana no pueden ser sino anticapitalistas”.

II) La evidencia ecológica

Por otro lado, el axioma del crecimiento indefinido que el capitalismo defiende, a la vez que (como hemos visto) un sinsentido social, es una inviable biofísica. La constante demanda de materiales y energía que conlleva una economía como la que tenemos no puede mantenerse de forma indefinida en el tiempo sin acabar chocando con los límites biofísicos de nuestro planeta (un lugar éste, no lo olvidemos, finito y acotado). Este hecho, a pesar de ser firmemente ignorado por los economistas convencionales (y por la inmensa mayoría de los políticos), constituye una realidad absolutamente incontestable, tal y como nos enseña la segunda ley de la termodinámica. Se podría afirmar, por lo tanto, que el capitalismo es, desde el punto de vista ecológico, biofísico y termodinámico (desde el punto de vista científico al fin y al cabo) un sistema imposible abocado al desastre.

Es por razones como ésta que [como ya se apuntó en la primera entrada de este blog] en política y en economía, al igual que sucede con el resto de aspectos de la vida, se hace imprescindible poseer un mínimo de cultura científica para poder ejercer como ciudadanos responsables y comprometidos (o lo que es lo mismo a efectos termodinámicos, para acomodar nuestro comportamiento a los límites biofísicos del planeta).

Me resultan muy interesantes en este sentido las sabias palabras de Wolfgang Sachs, quien sostiene que, en el futuro, el planeta ya no se dividirá en ideologías de izquierdas o de derechas, sino entre aquellos que aceptan los límites ecológicos del planeta y aquellos que no. O dicho de otro modo, entre aquellos que entiendan y acepten las leyes de la termodinámica y aquellos que no. No se trata por lo tanto de arreglar o refundar el capitalismo (como algún político sostuvo hace no mucho) sino de entender que nuestro futuro como especie en este planeta será un futuro no-capitalista o, sencillamente, no será (4).

Hacer comprender al común de los mortales que la esfera económica no puede crecer por encima de la esfera ecológica (al menos no sin comportarse antes como un cáncer) es, por sencillo que pueda parecer de entender, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la ciencia y la educación del nuevo milenio.

Sin embargo, esta cuestión de las esferas concéntricas –cual muñecas rusas– y de los límites del planeta es (pese a los reiterados mensajes ilusorios en pro del gasterío insensato que el capitalismo se empeña en difundir) un asunto sencillo de concebir para todas las personas. Y aquí reside –precisamente– nuestra esperanza: la esperanza de un cambio social en aras de poder alcanzar otro mundo posible, más justo y sostenible.

Como argumentaba recientemente Juan Carlos Monedero, es mucho más factible hacerseanticapitalista a día de hoy desde posiciones ecologistas que desde posiciones marxistas. La inviabilidad de un sistema que aboga por el crecimiento constante en un mundo que es limitado es algo mucho más fácil de comprender para la gente normal que la tendencia descendente de la tasa de ganancia o el fetichismo de la mercancía de la que nos hablaba Marx.

Por lo tanto, y a modo de corolario, urge entender que ser anticapitalista a día de hoy no es ya una cuestión de ecologistas o de marxistas aislados, sino que es algo de sentido común; algo directamente relacionado con la lógica de supervivencia. Esperemos que este asunto sea entendido –más temprano que tarde– por la inmensa mayoría de individuos que pueblan la Tierra hasta convertirse en una evidencia popular. Nuestra continuidad sobre el planeta y nuestra felicidad de ello dependerán.

Notas
(1) Motesharrei, S., Rivas, J., & Kalnay, E. (2012). A Minimal Model for Human and Nature Interaction.
(2) Para profundizar algo más sobre este tema se recomienda leer este artículo.
(3) La obra de Wilkinson y Pickett (2009) muestra minuciosamente como el incremento en las desigualdades tiene significativas repercusiones negativas sobre otros aspectos de la vida que afectan directamente al bienestar y a la felicidad. Tal sería el caso de la educación, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la incidencia de enfermedades mentales, el consumo de drogas, las tasas de obesidad y sobrepeso o el número de homicidios; variables todas ellas que presentan peores valores en aquellos lugares en donde mayor es la desigualdad.
(4) Defender desde la argumentación socio-ecológica el “suicidio” social que supone seguir enfrascados en la lógica del capitalismo es un imperativo vital a la vez que uno de los grandes objetivos de este blog: crear conciencia anticapitalista a través de las Ciencias de la Sostenibilidad.
(5) EME: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (2011). Síntesis de resultados. Fundación Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

El cambio climático agrava la desigualdad entre ricos y pobres

Un estudio revela que el cambio climático, y el poder que ejerce sobre los recursos naturales de la Tierra, agrava la desigualdad entre comunidades ricas y pobres.

Ecodiario
Como ejemplo, los expertos señalan que el cambio climático está obligando a algunas especies migratorias de peces a cambiar su ruta hacia los polos, lo que significa un gran cambio para las personas cuyo sustento depende de los peces. «Lo que encontramos es que los recursos naturales como el pescado están siendo empujados por el cambio climático, y cambia quién tiene acceso a ellos», ha señalado uno de los autores del trabajo, Malin Pinsky.

Así ha señalado que, cuanto más fuerte sea la conservación orientada a la gestión del recurso natural en una comunidad, mayor será el valor de dichos recursos naturales y si esos recursos aumentan o disminuyen. De este modo, si las comunidades y los países más ricos son más propensas a tener una gestión fuerte de los recursos, estos grupos tienen más probabilidades de beneficiarse, lo que agrava la desigualdad.
La riqueza se está desplazando

Pinsky y sus co-autores han explicado que «la riqueza inclusiva» -en peces, plantas y árboles y otras especies importantes para los seres humanos- se está desplazando fuera de las zonas templadas y hacia los polos ya que las temperaturas globales aumentan. La riqueza inclusiva es la suma de los activos de capital de una comunidad, incluyendo los activos naturales como el pescado o los árboles, sino también la salud humana y la educación, así como los activos construidos como carreteras, edificios y fábricas. Dado que el clima cambia de manera desigual de lugar en lugar, los recursos naturales migran -o se reproducen- de forma desigual.

Su trabajo, publicado en Nature Climate Change utiliza datos que Pinsky desarrolló en sus estudios sobre la migración de peces y una fórmula matemática desarrollada por el economista Universidad de Yale por Eli Fenichel, para ilustrar la relación entre el movimiento de los recursos y el movimiento de la riqueza.

Para ilustrar su punto, los autores establecieron un modelo con dos comunidades ficticias, Northport y Southport, cada una dependiente en cierta medida de una pesquería en particular. Luego, los autores imaginaron escenarios de interacción entre las dos comunidades, la acción de sus peces, y entre sí.

«Tendemos a pensar en el cambio climático sólo como un problema de la física y la biología. Pero la gente reacciona también y, por el momento, no tenemos una buena comprensión de los impactos de la conducta humana sobre los recursos naturales afectados por el cambio climático», ha apuntado el científico.

Uno de los próximos proyectos para el equipo se inclinará hacia el lado humano de la ecuación. Los expertos pasarán parte de la primavera y el verano hablando con personas involucradas en la pesca comercial en gran parte de la costa este de Estados Unidos.

Conacyt: dineros públicos para empresas ecocidas

Juan Carlos Ruiz Guadalajara, La Jornada

En un episodio más de desprecio hacia la sociedad mexicana y su patrimonio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, ha aprobado la entrega de $7,232,516 (siete millones, doscientos treinta y dos mil quinientos dieciseis pesos) a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX). No sería, ni de lejos, la primera vez que empresas asociadas a la ilegalidad o al crimen organizado accedieran a recursos públicos de programas gubernamentales diseñados para apoyar al sector empresarial. Un caso reciente de escándalo es el de las empresas que operan en territorio mexicano ligadas al lavado del dinero generado por actividades delincuenciales, principalmente el narcotráfico: como lo ha señalado Edgardo Buscaglia, en la lista de corporaciones y personas vinculadas al crimen organizado, elaborada por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aparecen boletinadas empresas asociadas al lavado de dinero de El Chapo Guzmán. Tres de ellas han sido beneficiarias de programas administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la estancia infantil Niño Feliz y la Cooperativa Avestruz Cuemir.

 

Esta última, de acuerdo con información de Jesusa Cervantes, recibió de Sagarpa en 2011 poco más de 2 millones y medio de pesos para «modernización de instalaciones». A pesar de contar con esta información, el gobierno mexicano mantiene la inacción producto de lo que el mismo Buscaglia denomina como «pacto de impunidad».

¿Tendrá idea el doctor Enrique Cabrero, potosino y director del Conacyt, de todas las ilegalidades cometidas por la trasnacional canadiense MSX en San Luis Potosí? ¿Estará enterado de cómo en sólo ocho años, sin autorizaciones, despojando tierras, induciendo el odio y la violencia social, traficando influencias y en medio de una de las historias más vergonzosas de corrupción político-empresarial, esta minera arrasó con cientos de hectáreas de patrimonio biocultural originalmente protegido y pulverizó el histórico Potosí? ¿Sabrá, por ejemplo, que durante al menos un año la MSX, por negligencia, arrojó por sus hornos a los cielos del valle de San Luis toneladas de polvos con altas concentraciones de mercurio y cadmio? ¿Tendrá alguna idea de los daños irreversibles que a toda la región ha provocado la MSX con su depredador y súbito proyecto de tajo a cielo abierto? ¿Sabrá que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dado entrada a la queja de Pro San Luis Ecológico en contra de las violaciones a los derechos humanos del gobierno mexicano al haber protegido la operación ilegal de MSX?

Aún más, ¿Enrique Cabrero tendrá idea de que esta empresa sigue ilegalizada y que ha utilizado a instituciones como la UNAM, la UAM Azcapotzalco, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ahora el Conacyt para intentar lavar su imagen y legitimarse? ¿Conocerá a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que no han resistido la tentación de arrimarse fondos y viajes colaborando con MSX? ¿Ignora acaso que MSX es una empresa canadiense y que los fondos de innovación son para empresas mexicanas? ¿Sabe el doctor Cabrero y sus colaboradores que la canadiense MSX ha obtenido en sólo ocho años, según sus poco confiables declaraciones, 850 mil onzas de oro y más de 12 millones de onzas de plata, lo que le ha dado ingresos de aproximadamente mil 500 millones de dólares? ¿Tiene idea del daño ambiental, social, cultural y legal que nos ha causado esta trasnacional a los mexicanos presentes y futuros…?

Porque si el director del Conacyt y sus colaboradores ignoran esto, que no deberían ignorar, podemos sospechar que la máxima instancia rectora de la política pública de ciencia y tecnología de México está siendo infiltrada, saqueada y utilizada por tecnólogos al servicio de empresas urgidas de blanquear sus ilícitos. Aunque prefiero pensar que estamos ante un caso de ignorancia y no de connivencia, porque de ser esto último el Conacyt profundizaría aún más el déficit de credibilidad y confianza que los científicos duros y sociales seguimos acumulando a ojos de una sociedad humillada, saqueada por la corruptocracia que nos gobierna o por el crimen organizado que nos asfixia.

Y no es para menos. Frente al escándalo de los recurrentes plagios, de los comunes casos de explotación de estudiantes, del autoritarismo académico, del acoso sexual machista hacia las mujeres científicas, del clientelismo burocrático-académico, de las actitudes mercenarias de quienes han cultivado gozosamente las relaciones perversas entre la ciencia y la lógica del mercado, o de la claudicación de quienes han renunciado al cultivo de la ciencia para la vida, frente a todo ello y más, no queda sino plantear la necesidad urgente que tenemos como comunidad científica de un giro radical que privilegie la ética y el servicio. En pocas palabras, transitar hacia una nueva praxis y reinventarnos.

El doctor Enrique Cabrero debe dar muestras de autoridad moral. La comunidad científica, por su parte, debe exigir que se suspenda la entrega del dinero público a una empresa trasnacional ecocida. Si en verdad Conacyt quiere invertir para el bien común recursos de los mexicanos en algún proyecto asociado a la MSX, sugiero que hagamos nuestra la propuesta que hace dos semanas me hiciera el doctor Víctor Toledo cuando lo llevé a conocer in situ el desastre del cerro de San Pedro. Toledo propuso hacer de la zona un museo de sitio para la concientización de las presentes y las futuras generaciones: el Museo del Ecocidio. ¿Habrá fondos Conacyt para ello?

El Escaramujo 64: Gestión Comunitaria de Bosques IV

 Elementos para su defensa y fortalecimiento
(Cuarta Parte, y última)

  Claudia Ramos Guillén

  Otros Mundos, A.C.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

  26 de febrero 2016

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 64: Gestión Comunitaria de Bosques. Elementos para su defensa y fortalecimiento (Cuarta y Última Parte) (10 págs. -PDF 416Kb)

La experiencia habla: los esquemas fallidos

Para dejar más claro de qué manera ciertos programas de conservación, lejos de fortalecer la gestión comunitaria de bosques, la debilitan, compartimos a continuación algunos ejemplos de esquemas fallidos a fin de ayudar a una mejor toma de decisiones. Mucho se ha hablado de que Chiapas por su enorme experiencia en Pagos por Servicios Ambientales (PSA) es el terreno idóneo para la puesta en marcha de REDD+.

Sin embargo, estudios realizados sobre los proyectos PSA (Mcaffe, K. 2012) indican que estos programas no ayudaron en la reducción de la pobreza; además de evidenciarse la creación de nuevas élites de terratenientes verdes (personas que tienen acceso a mayor extensión de tierra y  que con buenas conexiones pueden influir en tribunales, la policía, militares, etc. y eluden al final las restricciones ambientales impuestas para la conservación).

En muchos de los casos de PSA analizados en Chiapas, y otros países como Guatemala y Nicaragua no se cubren ni siquiera las expectativas de ingresos de manera local en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos.

También se ha demostrado que, cuando los valores no monetarios e incentivos colectivos apoyan la distribución equitativa de los derechos de uso de la tierra y suelo, se limitan las prácticas destructivas del ambiente, pero el pago por desempeño reemplaza estas prácticas colectivas de cuidado del bosque por estrategias individualistas y de corto plazo. Destruyendo así procesos de comunalidad, el servicio a la comunidad no remunerado y la toma local de decisiones. 

Así mismo, los mecanismos PSA abren grandes interrogantes acerca de cómo se miden los beneficios obtenidos en ellos y existe una gran ambigüedad en las metodologías para medir sus impactos. Además ¿cómo se asegura que las zonas aledañas que no estén bajo este esquema no sean sobreexplotadas? un caso concreto lo tenemos en la región de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en Chiapas, en donde el polígono de la “reserva” está rodeando de grandes zonas de explotación de monocultivos de palma africana, así como de ganadería extensiva, mucha de ella realizada con incentivos económicos por parte del gobierno. Se crean así islas de conservación en las que tenemos un área conservada intocable rodeada de un área sobreexplotada y con proliferación de monocultivos con alto uso de insumos externos y que muchas veces son avaladas  por las mismas certificadoras  que pretenden garantizar el manejo sustentable del bosque (p. ej. Los procesos de certificación de Rainforest Alliance).

Un ejemplo concreto respecto a REDD es el del proyecto Scolel Té implementado por la Agencia de Cooperación del gobierno británico a través de la ONG AMBIO con recursos del Fondo Bioclimático, en el cual participan otras instancias y organizaciones vinculadas al mercado de carbono a nivel mundial.  Scolel Té es uno de los primeros proyectos de compensación de carbono forestal (desde 1996) y cubre una superficie de 7 606 hectáreas en diferentes regiones de Chiapas, principalmente en las zonas de amortiguamiento de ANP en la Selva Lacandona y la Sierra Madre.

Según sus propios promotores es una iniciativa de sistema de gestión comunitaria de carbono, que incluye la reforestación, la agroforestería, la conservación y la restauración del bosque. Sus bonos de carbono han sido vendidos tanto a empresas paraestatales como PEMEX, organizaciones internacionales como Save the Planet, o fundaciones como la Federación Internacional del Automóvil.

Lo que realmente ha sucedido con este proyecto es que, ya que el objetivo principal es la plantación de árboles en tierras que estén en manos privadas y solamente durante los primeros 5 años en los que los árboles crecen, el principal interés económico para los beneficiarios es la futura venta de madera. Bajo este esquema, los agricultores se comprometen a mantener las plantaciones de árboles por cuatro rotaciones de 25 años, ateniéndose a las especulaciones del mercado; y en consecuencia han abandonado el ritmo de los anteriores ciclos de rotación de cultivos (de 5 a 7 años) que permitían una seguridad alimentaria. Algunas investigaciones han documentado además que la implementación de REDD+ ha incidido en el surgimiento de nuevos conflictos por la tierra y a generar temor entre la población que habita ANP debido a la creación de la “policía ambiental” que este mecanismo ha implicado.

Podemos ver que estos programas, gestados desde una visión ajena del bosque y del campo, no se adaptan a la realidad de los pueblos ni siquiera buscan el bienestar de estos. Más bien son programas que buscan el mantenimiento de un sistema extractivista, para que se pueda seguir justificando la producción de bienes a toda costa y la acumulación de capital por parte de unos pocos entramados corporativos. Al mismo tiempo, estos programas dejan al campesinado y pueblos originarios en una situación de esclavos asalariados en sus propias tierras, encadenados a través de contratos y criminalizados cuando deciden volver a tratar la tierra como antes lo hacían sus abuelos y abuelas, y retomar el control sobre los bienes comunes.

Ejemplos de gestión comunitaria de bosques en México

Ixtlán de Juárez Oaxaca

En el Estado de Oaxaca, la comunidad de Ixtlán de Juárez representa unos de los casos de éxito, en lo que se considera  modelo de gestión comunitaria sustentable. Este modelo se basa en tres pilares: comunalidad, cosmovisión y la capacidad de gestionar los modelos forestales. Este modelo es principalmente forestal y fue construido hace aproximadamente 60 años. Siempre con errores y aciertos.

Sigue…

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Video: «Alter-Natos», el centro ecológico alternativo de Otros Mundos A.C.

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En enero de 2015 empezó la construcción de «Alter-Natos», el centro ecológico alternativo de Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México,  a las afueras de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Buscamos crear un espacio demostrativo que promueva el uso y la multiplicación de tecnologías apropiadas domésticas y productivas relativas al agua, la energía, la agroecología y el manejo de residuos. Lo usaremos como oficina y centro de formación, de capacitación y de eventos abiertos a la sociedad civil para impulsar procesos encaminados a la Autogestión, la Sustentabilidad, la Construcción de alternativas y la Validación de los derechos humanos desde las comunidades y las familias.

En este video realizado en abril, Gustavo Castro Soto, director de Otros Mundos A.C. explica la génesis del proyecto. Los integrantes de Clicloactivo, colectivo de arquitectas especialistas en bioconstrucción encargado de construir “Alter-Natos”, describen los fundamentos de su trabajo: el diseño, el sistema de cosecha del agua de lluvia y el paisajismo.

«Alter-Natos, el centro ecológico alternativo de Otros Mundos A.C.» es el primer episodio de una serie de videos sobre la construcción de “Alter-Natos” que nos permitirá compartir nuestra experiencia y nuestros aprendizajes con ustedes. Pronto podrán ver el número dos: un video-taller para aprender a construir baños secos.

México: Incumplen norma ambiental 65 por ciento de las minas

Más de mil minas operan en México legalmente. De ellas, la Profepa detectó que el 65 por ciento no cumple con la normatividad ambiental. Sin embargo, sólo 71 centros de operación mineros han sido clausurados

Elva Mendoza, Revista Contralínea

Tras la inspección de las más de 1 mil minas que operan legalmente en el país, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó irregularidades e incumplimiento de la normatividad ambiental en el 65 por ciento de los proyectos mineros. Derivado de los trabajos, 71 establecimientos que cuentan con registro oficial –ubicados en los estados de Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora– fueron temporalmente clausurados. Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México y responsable, en agosto de 2014, del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora, en el municipio de Cananea, Sonora, forma parte de la lista negra de la Profepa.

De acuerdo con reportes que la Profepa ha generado desde 2014, alrededor del 65 por ciento de las minas que operan legalmente en el país incumplen con la normatividad ambiental. Al respecto, la dependencia prepara un informe detallado.

Luego de los trabajos de revisión, inspección y verificación realizados a las 1 mil 130 instalaciones y proyectos mineros establecidos oficialmente, la Profepa dio a conocer que 729, el 64.51 por ciento, presentan algún tipo de irregularidad.

Por incumplimiento de sus obligaciones ambientales, de los más de 700 centros de operación y extracción identificados, se clausuraron temporalmente 71 (61 con carácter total temporal y 10 de manera parcial temporal).

Clausuras totales temporales
Entre las minas clausuradas de manera total temporal se encuentran: Prisciliano Portilla Márquez; JDC Minerales, SA de CV; Minerales de Norteamérica, SA de CV; Cerámicas Texturizadas de Chiapas, SA de CV; José Luis Hernández Guerrero; y Carbón Mexicano, SA de CV.

También, Everardo Godoy Lara; Banco de Extracción de Material Pétreo (tepetzil o tezontle); Xtrata, S de RL de CV; Mina de Barita Sanfer de Fernando Bazán Teutli, y los Proyectos de Extracción Mineral de Fierro denominados Miriam y El Faraón en el municipio de Arteaga, Michoacán. Estos últimos, clausurados por la Procuraduría en 2014 por no contar con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que también le aseguraron 98 mil 671 toneladas de material ferroso y 36 maquinarias pesadas.

El Proyecto Miriam se clausuró por encontrarse en una superficie afectada por el cambio de uso de suelo en terreno forestal mayor a la autorizada por la Semarnat.

Los responsables de El Faraón no presentaron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Trituradoras, quebradoras, cribadoras, transportadores, retroexcavadoras, tractores D-8, excavadoras, camiones de volteo y camiones pipa, los cuales son utilizadas para la extracción, triturado y transporte del material ferroso, fueron las maquinarias clausuradas y aseguradas por personal de la Procuraduría.

Clausuras parciales temporales
Entre las minas clausuradas de manera total temporal se encuentran: Prisciliano Portilla Márquez; JDC Minerales, SA de CV; Minerales de Norteamérica, SA de CV; Cerámicas Texturizadas de Chiapas, SA de CV; José Luis Hernández Guerrero; y Carbón Mexicano, SA de CV.

También, Everardo Godoy Lara; Banco de Extracción de Material Pétreo (tepetzil o tezontle); Xtrata, S de RL de CV; Mina de Barita Sanfer de Fernando Bazán Teutli, y los Proyectos de Extracción Mineral de Fierro denominados Miriam y El Faraón en el municipio de Arteaga, Michoacán. Estos últimos, clausurados por la Procuraduría en 2014 por no contar con las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que también le aseguraron 98 mil 671 toneladas de material ferroso y 36 maquinarias pesadas.

El Proyecto Miriam se clausuró por encontrarse en una superficie afectada por el cambio de uso de suelo en terreno forestal mayor a la autorizada por la Semarnat.

Los responsables de El Faraón no presentaron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Trituradoras, quebradoras, cribadoras, transportadores, retroexcavadoras, tractores D-8, excavadoras, camiones de volteo y camiones pipa, los cuales son utilizadas para la extracción, triturado y transporte del material ferroso, fueron las maquinarias clausuradas y aseguradas por personal de la Procuraduría.
Clausuras parciales temporales

Incipiente cumplimiento de la ley

Apenas el 35 por ciento de las minas, 401 instalaciones, cumplieron a cabalidad con la normatividad ambiental, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

La mayor parte de las oficialmente registradas ante las autoridades responsables se ubican en Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Jalisco, Chiapas, Baja California Sur y Sonora.

Minas ilegales

Además de la problemática ambiental de la minería autorizada, en el país existe un número indeterminado de minas operando fuera de la ley. En 2009, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) denunció el aumento de la extracción clandestina mineral de hierro, principalmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión, Guerrero.

La Canacero informó que, al menos entre 2009 y 2010, la extracción clandestina, con base en cálculos de las empresas, ascendió a 40 mil toneladas mensuales, muchas de las cuales salieron por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En junio de 2014, durante la cumbre de Punta Mita, celebrada en Nayarit, la Alianza Pacífico –integrada por México, Colombia, Perú y Chile– anunció el inicio de una serie de consultas para establecer mecanismos que mejoren el combate contra el crimen organizado en la producción, venta y exportación de minerales, entre ellos el oro, la plata, el cobre y el hierro.

Inspecciones
Durante las visitas de inspección donde se llevan a cabo los trabajos mineros se verifican los términos y condicionantes establecidos en las autorizaciones de impacto ambiental y el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental Única, ambos expedidos por la Semarnat.

Las empresas dedicadas a la explotación minera deben regir sus actividades de acuerdo con la normatividad aplicable a las actividades mineras, como la NOM-120-SEMARNAT-2011; la NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales (lugares de destino de los residuos), así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post operación de presas de jales; la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, la NOM-155-SEMARNAT-2007; la NOM-157-SEMARNAT-2009, y la NOM-159-SEMARNAT-2011.

Además de las NOM, las autorizaciones y las licencias ambientales, los proyectos e instalaciones mineras deben cumplir con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos Peligrosos y sus reglamentos.

    Normas oficiales vigentes

Las empresas dedicadas a la explotación minera deben regir sus actividades de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a este tipo de actividades:

    NOM-120-SEMARNAT-2011, que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de explotación minera directa.

    NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post operación de presas de jales.

    NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio.

NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

NOM-157-SEMARNAT-2009, que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros.

NOM-159-SEMARNAT-2011, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre.

Fuente: Profepa

Ejido Candelaria en defensa de la Madre Tierra

Aunque Sectur (Secretaria de Turismo) confirmo este mes, el proyecto de construcción de la Autopista San Cristobal-Palenque y lo califico como proyecto estrategico, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico anuncio un recorte de 200 millones en el presupuesto.  L@s ejidatari@s de Candelaria, comunidad directemente afectada por ese megaproyecto comunico este 17 de febrero, en el marco de la visita del Papa, su rechazo integral al proyecto mesoamerica, a la construccion de esta autopista, y por la defensa de su tierra, semillas nativas,…

Espoir Chiapas

COMUNIDADES ORIGINARIAS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS

Comunicado

A los hombres y mujeres de todo el mundo
A los que amamos nuestra Madre Tierra
Al gobierno federal, estatales
A la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A la prensa nacional e internacional
A los defensores de derechos humanos
A las diferentes organizaciones sociales que luchan por la defensa de la tierra y el territorios

Nuestro Dios que tiene corazón de Padre y Madre nos ha dado una tierra que mana leche y miel (Exc 3, 8)

Dice la biblia. “dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo CUIDARA” (Gn.2, 15)

El Papa Francisco dice: “A veces se trata de escuchar el clamor de los pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra, porque la paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el respeto de los derechos de los pueblos”. (Cfr.EG 190)

Esta es nuestra palabra como pueblos pobres y originarios.

Dios nos ha puesto en estas tierras benditas por él, nos ha regado, pero también nos ha dado la misión de cultivar y de cuidar; la hemos cultivado ahí han salido nuestros alimentos todos los días.

Nuestros antepasados, abuelos y abuelas siempre han cuidado estas tierras benditas, ahora nosotros y nosotras nos toca cuidar, pero también defenderla, porque el sistema neoliberal capitalista en su ambición de explotación de los bienes naturales invade nuestras tierras, las empresas transnacionales compran nuestro territorio para sus megaproyectos; aunque parece que son los gobiernos estatal y federal los que están interesados de nuestras tierras, pero en realidad ellos son trabajadores de las grandes empresas para sus megaproyectos, por eso Enrique Peña Nieto, está muy preocupado para hacer sus reformas de leyes, creemos que el Presidente de la República Mexicana es un mentiroso, el peor mentiroso, porque nada es cierto que las reformas nos van a beneficiar los mexicanos, los grandes beneficiarios son las grandes empresas extranjeras, a nosotros nos llegarán migajitas para que no hablemos, nos mandan proyectos para controlarnos.

Alzamos la voz para decirle al mal gobierno que:

    Rechazamos totalmente el proyecto Mesoamérica que atenta contra la vida de mujeres, hombres, niños, ancianos, así como también la flora y la fauna que existe en los diferentes países sonde el gobierno y las empresas tranasnacionales de forma violenta están imponiendo sus megaproyectos, que traerán grandes afectaciones para nuestra madre tierra donde vivimos junto con nuestra familia y donde se encuentran parcelas de cultivo, alimentos silvestres, manantiales de agua, montañas, acahuales, lugares sagrados, plantas medicinales y sobre todo nuestra propia cultura que nos heredaron nuestros padres y abuelos. Hoy por intereses del Sistema Capitalista Neoliberal y Patriarcal quieren destruir nuestros territorios a través de la explotación de nuestros bienes naturales mismo que causará la muerte de miles de personas, destrucción masiva de la naturaleza, afectaciones irreversibles de los campos de cultivo lo que llevará a nuestras familias a un gran sufrimiento y pobreza, mientras que los empresarios a costa de la vida de miles de personas serán más ricos.

    Rechazamos la construcción de la super carretera San Cristóbal Palenque que afectará a diversas comunidades como el Ejido Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas y el de los municipios de; Chilón, Yajalón, Salto de Agua, Tenejapa, Oxchuc y ocosingo. Este megaproyecto también afectará por sus ramales a pequeñas comunidades del ejido Sibacá, Patria Nueva y la comunidad Lucum Mil HA, entre otros.

    Rechazamos la privatización del agua.

    Vamos a defender nuestras semillas nativas porque están en peligro por parte de las empresas Monsanto, Sigenta.

    No queremos semillas transgénicas ni paquetes agroquímicos porque dañan nuestra madre tiera, nuestra salud y contamina nuestras semillas nativas.

    Rechazamos totalmente las formas de despojo violento que ejercen los tres niveles de gobierno ya que atenta contra nuestra vida, alimento y contra la naturaleza.

    Rechazamos totalmente las reformas energéticas, hacendaria, educativa, agraria, etcétera

El Escaramujo 63: Gestión Comunitaria de Bosques III

 Elementos para su defensa y fortalecimiento
(Tercera Parte)

  Claudia Ramos Guillén

  Otros Mundos, A.C.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

  22 de febrero 2016

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 63: Gestión Comunitaria de Bosques. Elementos para su defensa y fortalecimiento (Tercera Parte) (7 págs. -PDF 403Kb)

Una cuestión de derechos: Marco Legal

Muchas veces, las comunidades indígenas y/o campesinas que llevan a cabo el manejo y/o la gestión de bosques desconocen los derechos que poseen para defender sus prácticas y sus territorios frente a amenazas de despojo de cualquier tipo; ya sea despojo de recursos, de saberes, de formas organizativas o de los territorios mismos. A continuación presentamos una serie de tratados internacionales y leyes nacionales que pueden servir durante un proceso de defensa de la tierra y el territorio a través de la gestión y manejo de los bienes comunes naturales.

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1º. Todas las autoridades (gentes del gobierno, jueces y diputados que hacen leyes) tienen la obligación de promover y respetar los derechos humanos puestos en la Constitución federal o en los convenios internacionales. Los derechos humanos también podrán disminuirse pero solo en los casos y modos en que la propia Constitución federal lo diga.

Artículo 2º. Indígena es la persona o el pueblo que: 1) viene de la gente que vivía en México antes de la conquista de los españoles (hace unos 500 años); 2) que todavía conserva algunas costumbres de esos tiempos y, 3) que, además, tiene claro que es indígena. Comunidades indígenas son las que tienen su tierra y autoridades propias nombradas según su costumbre.

A. Los pueblos y las comunidades indígenas tendrán derecho a la autonomía (también llamada libre autodeterminación) para:

Hacer uso y disfrute colectivo preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan, menos en tres casos 1) Cuando esos recursos corresponden a las áreas estratégicas (señaladas en el artículo 28 como son el petróleo o los minerales radioactivos, por ejemplo el uranio), y también 2a) cuando hayan dado derechos sobre la tierra a gente de fuera de la comunidad (derechos a terceros) o 2b) a gente de la propia comunidad (como el caso del PROCEDE1 o FANAR2).

B. Para conseguir el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas y que se cumplan sus derechos, la federación, los estados y los municipios, junto con pueblos y comunidades indígenas, crearán y manejarán las instituciones y las políticas que sean necesarias.

Artículo 27º. La Nación (representada por el gobierno pero con base en una ley) podrá imponer en cualquier tiempo a la propiedad (privada o colectiva) las medidas que considere necesarias para proteger el interés general de la sociedad. Como por ejemplo, establecer usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques…para conservar y recuperar la ecología…o para evitar la destrucción de la naturaleza. Pero teniendo en cuenta los derechos humanos de los campesinos y las comunidades indígenas establecidos en la propia constitución y en los convenios internacionales como el 169º de la OIT.

VII. La ley dirá cómo se puede hacer el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común de los ejidos y comunidades pero con respeto y apoyo a su vida comunitaria.

La ley dirá cómo las comunidades y los ejidos podrán hacer uso de los derechos sobre la tierra y sus recursos productivos pero esta palabra la dirá la ley con respeto a la voluntad de los campesinos para elegir las maneras que más les convengan a ellos.

Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales (conocido como Convenio 169º de la Organización Internacional del Trabajo OIT)

Artículo 6.– Los gobiernos deben consultar a los pueblos cada vez que hagan leyes o lleven programas, proyectos o lo que sea que les afecte o pueda afectarles sus tierras, sus recursos o sus costumbres. Las consultas tendrán como objetivo lograr un acuerdo con esos pueblos.

Artículo 7.– Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos, para proteger el medio ambiente de los territorios que habitan (es decir, sus montañas y aguas como también sus acahuales, sus milpas y las zonas que tienen para ganados o para criar animales).

Artículo 15.– Cuando pertenezca al gobierno la propiedad de los recursos abajo del suelo o tenga derechos sobre otros recursos que hay en las tierras de las comunidades, antes de autorizar o iniciar cualquier programa, deberá consultar a los pueblos.

Artículo 25.– Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, aguas, y otros recursos que tradicionalmente ha poseído y usado.

Artículo 26.– Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar y controlar sus tierras y recursos según sus propios modos y su propia tradición de ellos.

Artículo 27.– Los gobiernos reconocerán las leyes y costumbres de tenencia de la tierra y manejo de los recursos de los pueblos indígenas y estos pueblos participarán en este proceso.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y al ordenamiento bueno del medio ambiente.
Artículo 8. Los gobiernos van a prevenir o si no se puede van entonces a reparar: a) Todo acto que prive a los indígenas de sus valores culturales o de sus tierras, territorios y recursos;

Artículo 32. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir las prioridades y las estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos (como los bosques).

Aunque México es el segundo país con más impunidad del mundo, después de Filipinas (según El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla), no debemos olvidar que existen derechos colectivos y que muchos de ellos pueden servir de marco en la defensa de bienes comunes naturales, como los bosques y su biodiversidad; de ahí también la importancia de que las comunidades estén  bien informadas y organizadas y de exigir que dichas leyes sean cumplidas cuando sean favorables para la defensa de la tierra o que sean eliminadas aquellas leyes o reformas que consideremos injustas para los pueblos, que atenten contra los bienes comunales o pongan por encima los intereses de corporaciones ante los intereses comunes. A pesar de todo, no podemos jugar todas las cartas a la defensa legal de los territorios sino ha de ser uno de los muchos frentes de lucha, acompañado con acciones directas, procesos autogestivos y otras estrategias para la defensa y cuidado de los bosques y espacios comunes.

Sigue…

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Ventas controvertidas de armas españolas para la guerra y la represión

Barcelona, 27 Enero de 2016, Centro Delàs de Estudios por la Paz

Desde el Centro Delàs queremos expresar nuestro rechazo y preocupación sobre la posible venta de cinco corbetas Avante 2200 por parte de la empresa española Navantia a la armada de Arabia Saudí. Denunciamos el riesgo de que estas corbetas puedan ser utilizadas para estrechar el bloqueo naval al que la coalición de países liderada por Riad  ha sometido a Yemen des de Marzo de 2015, con consecuencias catastróficas para su población. Un hecho que supone por parte del Estado español una clara violación del derecho humanitario y la legislación nacional sobre exportaciones de material de defensa y doble uso, además de la normativa europea y el Tratado internacional sobre el Comercio de Armas. Los criterios susceptibles de no ser respetados en las transferencias de armas a Arabia Saudí son: el criterio 2, por la vulneración del derecho internacional humanitario y la comisión de graves violaciones de derechos humanos; el 4 por contribuir a agravar la situación regional; y el criterio 7 por el riesgo manifestó de desvió en el uso, al poder ser utilizado para cometer violaciones de derechos humanos o perpetrar crímenes de guerra en Yemen o por su posible reexportación a otros conflictos como el de Siria.

Aprovechamos también para recordar que el Estado español es precisamente uno de los principales suministradores de armamento al régimen saudí, a través de empresas como Navantia que además es de titularidad pública De hecho, durante los últimos años, Arabia Saudí se ha consolidado como uno de los principales compradores de armas fabricadas en el Estado español, con un volumen total de compras de 744 millones entre 2010 y 2014. Últimamente, en el periodo 2010-2014, Riad se ha situado como el tercer principal comprador de armas españolas, con un 10% de las exportaciones totales.

En el 2015 el volumen de ventas de armas producidas por empresas españolas al régimen saudí se ha disparado, con 447,6 millones de euros durante el primer semestre del año, una cifra que supone un 26% de todo el material de defensa exportado por el Estado español en ese periodo.

Arabia Saudí es socio preferente de España en los países del Golfo, pero también uno de los principales importadores mundiales de armamento y potencia militar en los conflictos de Oriente Próximo, suministrando armamento al régimen sirio e interviniendo con ataques aéreos en el Yemen, causando muertes civiles. Y eso sin olvidar las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el país.
Por último, exigimos el fin de todos los contratos de venta de armamento con Arabia Saudí, como han hecho por ejemplo Bélgica y Suecia, y con todos los demás clientes de la industria armamentística española en el Golfo Pérsico, involucrados en conflictos militares y/o hayan cometido violaciones de derechos humanos como los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar o Bahréin.

Un mundo más seguro no se construye llenando de armas una de las zonas más convulsas del planeta.