Autor: Otros Mundos AC

ESPECIAL DESPOJO Y RESISTENCIA DE LOS TERRITORIOS

Van por todo

Armando Bartra. La Jornada del Campo

La última vuelta de tuerca de las políticas expropiatorias de bienes y derechos imperantes desde hace 30 años es el despojo generalizado del patrimonio social, comunitario y familiar de los mexicanos.

En lo tocante al campo, el ciclo neoliberal empezó con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución. Por esos mismos años, la reforma a la Ley minera, que concede a la actividad extractiva prioridad sobre cualquier otra. Veinte años después, el ciclo está concluyendo con la reforma energética por la que las actividades asociadas con el petróleo y la electricidad tienen prioridad sobre cualesquiera otras. Lo que falta ahora es incorporar a las leyes y procedimientos agrarios los cambios necesarios para que se facilite aún más el tránsito de la propiedad ejidal colectiva al pleno dominio individual privado. Por si quedara alguna duda, están las declaraciones de Mireille Roccatti abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el primer foro temático para la reforma del campo.

“Hablamos de una reforma constitucional para (…) darle (al ejido) flexibilidad dentro de sus asambleas para que puedan disponer de sus parcelas, pues desde la reforma al artículo 27 constitucional es bajo el número de personas que han podido desincorporar sus tierras de manera legal; lo han hecho de manera clandestina, con contratos privados y a bajos precios, pero no tienen la certeza jurídica del pleno dominio sobre la tierra”.

En el campo la expoliación tiene muchos filos. El territorial, cuando se arrebata a las comunidades la posesión sobre los lugares donde habitan y trabajan para franquearle el paso a minas, presas, carreteras, ductos, urbanizaciones, desarrollos turísticos. El hídrico, cuando se les roba el agua y su manejo. El biológico, cuando se las excluye de áreas de valor ambiental y de su cuidado. El genómico, cuando se les quita el control de sus simientes y se las contamina con transgénicos. El productivo, cuando se desposee a los campesinos de sus recursos y capacidades agrícolas, para entregárselos al agro negocio. El mercantil, cuando las trasnacionales y los grandes comerciantes dominan en todos los ámbitos e imponen sus términos en todos. El cultural, cuando se mercantiliza su identidad usurpando significados y valores. El comunicativo,, cuando se les impide acceder a los medios electrónicos. El político, cuando se les niega el derecho a gobernar en sus jurisdicciones. El delincuencial, cuando los carteles del narco ocupan y mandan en los ámbitos rurales.

Estas vertientes del despojo tienen rato, pero ahora todo indica que la anunciada reforma del campo busca arrebatar a ejidos y comunidades la propiedad social de la tierra, derecho ancestral por el que hace un siglo dieron la vida un millón de mexicanos. Todo esto es grave, sin embargo la amenaza mayor, la más siniestra es que quieren despojarnos del futuro, quieren quitarnos la esperanza.

Tierra, agua, vida, simiente, producción, mercado, voz, identidad, autonomía, seguridad, propiedad social, esperanza… Van por todo. Pero no nos vamos a dejar.

Por fortuna muchos pueblos se alzan frente al despojo. En los lustros recientes se ha ido tejiendo redes de resistencia en las diferentes vertientes de la agresión: contra la minería tóxica, contra las grandes represas, contra las afectaciones ambientales, contra el fracking, contra la privatización del agua, contra los transgénicos, contra los megaproyectos…

Todas ellas enfocadas a contrarrestar amenazas importantes. Pero también definidas todas ellas por la particularidad de los temas de que se ocupan. Sin embargo, en la base de las diversas resistencias está la voluntad que comparten innumerables pueblos y comunidades de seguir usufructuando colectivamente espacios y bienes comunes. Y en términos de derecho, el trasfondo es la propiedad social de la tierra; conquista que resultó de una revolución que por un siglo hizo de México una nación excepcional.

Reivindicar la soberanía de los mexicanos y las mexicanas sobre nuestro territorio común y en particular defender la propiedad social de las tierras campesinas, es luchar por el patrimonio de nuestros hijos y nietos, pero es también una obligación para con nuestros ancestros que dieron la vida por tierra y libertad.

En el Foro Desarrollo Regional y Reconstrucciones Sociales, realizado en la ciudad de Oaxaca a fines de mayo, se exhibió el talante airado que impera hoy en el mundo rural. Había caficultores, representantes de pueblos indios y miembros de una coordinadora campesina. Pero el debate no se centró en la roya, los derechos autonómicos o los programas públicos para el agro, sino en las amenazas sobre la propiedad social de la tierra. Aquí mi versión de algunos consensos:

*La tierra es de todos los mexicanos, y la agrícola, de los campesinos que la trabajan. Es, pues, necesario defender la propiedad social contra la reforma del campo anunciada por el gobierno federal. Reforma que busca facilitar la privatización de ejidos y comunidades simplificando el procedimiento para llegar al pleno dominio y reduciendo las facultades de la asamblea y de los comisariados. Allanamiento de la propiedad social a favor del interés del gran capital privado que ya se apuntaba en la reforma salinista al artículo 27 Constitucional y a la Ley minera, así como en el VIII transitorio de la reforma energética peñanietista.

*La defensa de la propiedad social no se refiere sólo a la parcela familiar, sino también a las tierras comunes y en general a potreros, montes, ríos, lagos y otros bienes naturales de los que depende la vida de las comunidades, es decir los territorios de los pueblos. Ciertamente, los recursos del subsuelo pertenecen a la nación, no a los núcleos agrarios, pero su aprovechamiento no puede pasar por encima de los derechos de quienes poseen y usufructúan la capa superficial.

*La gravedad de la reforma del campo que se vislumbra está en que sería un paso definitivo en el curso privatizador iniciado en los años 80’s por los gobiernos neoliberales. Proceso que compromete a la tierra, el agua, el petróleo, los minerales, el patrimonio biocultural, el genoma, el sistema financiero, las comunicaciones y el espectro electromagnético…

*Los foros de consulta instrumentados por el gobierno federal y los estatales son una cortina de humo; un trámite formal en el que nada se decide pero que es necesario para pasar una reforma que ya está formulada en sus líneas generales y que ha sido pactada con trasnacionales y grandes agro empresarios.

*Los campesinos debemos conocer y discutir los graves problemas por los que pasa el agro. Pero así como se analizan las amenazas deben discutirse también las alternativas, las propuestas de los actores interesados en la recuperación de la agricultura, en la preservación de la soberanía y en general en la salvación del campo que es la salvación de México.

*El país necesita un golpe de timón y en especial el campo requiere una reforma profunda. No la neoliberal que anuncia el gobierno, sino una transformación justiciera y libertaria que restaure su vitalidad ambiental, social, económica, política y cultural.

*Una reforma que ponga de nuevo en el centro a los pequeños y medianos productores campesinos. Que reconozca la importancia y los derechos jurisdiccionales de los pueblos rurales, tanto indígenas como mestizos. Que valore el aporte de la milpa mesoamericana como forma de cultivo, pero también como forma de vida respetuosa de la diversidad. Que asuma el papel central de la comunidad como núcleo social, tanto en los ámbitos rurales como en los urbanos. Que visualice el papel productivo y reproductivo de las mujeres del campo, un trabajo no reconocido que hoy es aún mayor pues en muchos lugares la migración de los varones ha dejado en manos de ellas tanto las labores domésticas como las extra domésticas. Una reforma que debe surgir de un debate social verdadero: democrático, participativo, informado, en el que participen académicos, expertos, legisladores y funcionarios, pero donde la primera voz sea la de los campesinos y campesinas.

*Para frenar la contrarreforma neoliberal del agro e impulsar la buena mudanza del campo que necesitamos, hacen falta argumentos sólidos y propuestas técnicamente sustentadas. Propuestas que sin embargo ya existen y se han presentado en innumerables foros. Ahora lo que hace falta es la fuerza necesaria para hacerlas valer: la movilización social de los campesinos organizados y de los no organizados, que son la mayoría; la movilización de la opinión pública del campo y de las ciudades… Hay que tener la razón, pero también la fuerza. Las mudanzas históricas que cuentan resultaron de la activación de los ciudadanos, de la movilización social. La gravedad de la crisis que hoy nos acosa así lo requiere.

El pueblo afroindígena contempla 46 comunidades y 28 se encuentran dentro de áreas protegidas que están siendo afectadas por proyectos minero-energéticos, complejos turísticos y proyectos urbanísticos impulsados por el gobierno nacional y empresas transnacionales.

Carolina Bedoya Monsalve, Desinformémonos

Ciudad de México. El rapto de 20 integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, por parte de cuatro hombres fuertemente armados, el pasado 17 de julio, es parte de las violaciones a los derechos humanos y territoriales que enfrenta el pueblo garífuna, que con el golpe de Estado hace cinco años se han intensificado más, señala Miriam Miranda Chamorro, coordinadora de la asociación.

El pueblo afroindígena contempla 46 comunidades y 28 se encuentran dentro de áreas protegidas que están siendo afectadas por proyectos minero-energéticos, complejos turísticos y proyectos urbanísticos impulsados por el gobierno nacional y empresas transnacionales.

La comunidad Vallecitos, municipio de Limón, Colón, es parte del territorio de los garífunas, que limita con el mar Caribe y una zona altamente boscosa e inhóspita, donde no hay una ciudad o pueblo cerca; y ha sido el lugar perfecto para que el narcotráfico se quiera adueñar del lugar. Miranda Chamorro informa que la asociación hizo inspecciones a diez minutos del campamento, porque ahí el crimen organizado construyó pistas de aterrizaje para legitimar su presencia en el territorio.

“Para supuestamente controlar estas pistas, el Estado las dinamitó, pero no hizo un monitoreo en la zona para saber si la seguían usando o no; nosotros fuimos para ver qué estaba sucediendo y nos encontramos con cuatro hombres que por su aspecto parecían sicarios,  no traían el rostro cubierto, como si no les importara que los viéramos, además con armas de alto calibre”, narra Miriam Miranda y agrega que lo único que hizo el gobierno fue rellenar los huecos con pinos, pero no tiene ninguna estrategia o política para que los garífunas regresen a sus territorio.

“Ellos nos querían juntos, no querían que no separáramos. Uno de ellos llamó al supuesto jefe que hacía a su vez de intermediario. Nos quitaron los teléfonos celulares y nos dijeron que si les dábamos las fotos que les tomamos a la pista nos dejaban ir, porque la orden era matarnos”, relata Chaparro, y añade que uno de los compañeros logró escapar con un celular y de esa manera dar aviso a las demás compañeras.

Territorio en disputa

La Ley de Propiedad de Honduras, de acuerdo a OFRANEH, fue aprobada en el año 2004, sin consultar a los pueblos indígenas y afro descendientes. En el 2003 se realizó una consulta con el pueblo garífuna, en la que rechazaron los dos borradores de ley porque generaban la desaparición de la propiedad comunitaria.

Vallecitos es un territorio que la asociación ha defendido de los intereses del Estado y del crimen organizado. Son unas 120 manzanas de tierra, donde hace 10 años asesinaron a un garífuna y “la gente quedó con mucho miedo, nadie quería salir, pues los sicarios todo el tiempo están en las calles, como si nada”, manifiesta la coordinadora de OFRANEH

El pueblo garífuna ha denunciado la destrucción de la Laguna de Micos para la construcción de un proyecto turístico que es parte del Plan Puebla Panamá; la exploración y explotación de petróleo también es parte de los proyectos extractivistas; los monocultivos de palma africana en humedales; proyectos hidroeléctricos, flotas pesqueras industriales y la construcción de carreteras ilegales en poblados como San José de la Punta – Sico y Betulia-Río Cocos, informa la asociación

Las 980 hectáreas  del territorio de Vallecito  fueron tituladas a favor del pueblo garífuna por el Instituto Nacional Agrario (INA), informa Miriam Miranda, en el año de 1997, pero después el crimen organizado se adueñó de una gran parte de su territorio.

“Nosotros vivimos el despojo por los proyectos extractivistas, además del narcotráfico, que cada vez es peor en Honduras. Siente la gente que en cualquier momento la pueden matar, porque después de 10 años de despojo muchos no hemos podido regresar a nuestros territorios a habitarlos como debe de ser, sin ninguna preocupación por que lleguen y nos saquen o nos maten”, refiere Miriam Miranda.

Golpe de Estado

Después del golpe de Estado en el 2009, cuando perdimos todos los derechos conquistados por nuestros ancestros, advierte Miranda Chamorro, el narcotráfico y el crimen organizado se reinstalaron y el despojo se convirtió en una política de gobierno.

“En el 2012, hubo una especie de golpe militar técnico, porque el poder legislativo sacó a los magistrados que habían rechazado varios proyectos de desarrollo. Y este golpe, que así decidimos llamarlo, sirvió para que el gobierno terminara de entregar todos nuestros recursos a la minería, a los proyectos energéticos  y a las ciudades modelos, que tanto afectan nuestras comunidades”, indica.

El 74 por ciento del territorio garífuna está dentro de las ciudades modelos, informa Miriam Miranda en entrevista telefónica con Desinformémonos. Estas ciudades son autónomas, en el sentido de que tendrían sus propias leyes y gobiernos, ubicadas en uno de los países más violentos del mundo,  con un alto porcentaje de pobreza, sin acceso a la educación ni a la vivienda, con narcotráfico y un grave problema de migración.

Además, en Honduras está latente la situación de los monocultivos que afectan la fertilidad de la tierra, es el caso de la palma africana que destruye los demás recursos.

Hay un vaciamiento de las comunidades por el despojo y el destierro  para la imposición de estos proyectos, además de la migración que cada vez se está llevando a más hondureños a peregrinar por territorios muy peligrosos.

Un claro ejemplo de lo que ocurre actualmente en Honduras es la libertad de prensa que en los últimos dos años ha cobrado la vida de casi 34 periodistas: “parece no haber salida en este país, si defiendes tu territorio te matan; si no aceptas las cosas como te las quieren imponer, te matan; estamos ante un país dominado por el narcotráfico”, manifiesta Miriam Miranda.

“Nuestra seguridad, después del rapto, tiene que correr por cuenta nuestra. El gobierno dice querer asumirla protegiéndonos con cuerpos de seguridad del Estado, pero ésta es  proporcionada por el mismo Estado que también nos ataca y reprime. La militarización no es la respuesta para un país dominado por el crimen organizado, la delincuencia y un gobierno igualmente  corrupto”, advierte la coordinadora de la asociación

“El escenario actual para el pueblo garinagu, es complicado y más cuando si eres defensor de los derechos humanos y territoriales. Nosotros hemos hecho audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciado las diferentes violaciones del territorio,  y en unos meses tendremos otra en Panamá, lo que nos pone en una situación cada vez más riesgosa”, expresa Miriam Miranda y advierte que a pesar de todo, la resistencia cultural, musical y sus tradiciones espirituales, les permite seguir en la lucha. Actualmente, unas 160 personas habitan el campamento y cada vez están llegando más.

El pueblo garífuna es afroindígena arahuaca y su cultura se basa en la colectividad y la defensa de la madre tierra. Además, por estar cerca del mar, éste tiene gran significado espiritual para el pueblo en sus rituales y ceremonias, pero el narcotráfico también usa este lugar para transportar la droga.

Garinagu

“Nosotras trabajamos la tierra, sembramos y la dejamos descansar otra temporada para que se pueda recuperar, no usamos fertilizantes; pero el Estado se aprovecha de nuestra forma de pensar para decir, junto con los acaparadores de tierras, que nosotras no la trabajamos, y que entonces para qué la queremos. Esta es su excusa para despojarnos de ella”, reclama Miranda Chamorro.

El turismo es otro de los problemas que enfrenta esta población afroindígena hondureña, pues pretenden privatizar las playas y el mar es parte importante de su cosmogonía, expresa Miriam Miranda. El turismo y la llegada de proyectos de urbanización, advierte, van a afectar nuestra cultura, pues allí está nuestra materia prima para hacer, por ejemplo,  los tambores que construimos para los rituales y las cosas que utilizamos en la construcción de una casa para las ceremonias y que también salen del bosque”.

Miriam Miranda, mujer afroindígena, concluye: “nosotras no vamos a salir de nuestros territorios, vamos a resistir como hasta ahora lo hemos hecho, desde la cultura y la resistencia pacífica. Hacemos un llamado a la comunidad internacional que siempre nos han apoyado y al país entero a que construyamos la paz, a pesar de lo complicado que es hacerlo acá”.

Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos AC/Chiapas

VIDEOS al Final

La semana pasada, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de Chiapas (SinfrayC) aseguró que la futura autopista que conectará San Cristóbal de Las Casas a Palenque, dos de los centros turísticos más importantes del estado, será una “herramienta de desarrollo para regiones históricamente rezagas en la entidad, dotándolas de mecanismos para un crecimiento económico autosustentable”. Sus declaraciones intervinieron dos días después de que más de 15 000 personas marcharon en diez municipios de Chiapas ubicados entre San Cristóbal y Palenque, en contra de este proyecto nacido hace unos diez años.

“Sólo beneficiará a las empresas, no a las comunidades”, “dañará a la Madre Tierra”, gritaron los manifestantes invitados por la diócesis de San Cristóbal de las Casas a peregrinar “por la paz, la defensa de la vida, de la madre tierra y de los pueblos” ese 19 de julio. Hombres y mujeres de todas los edades marcharon desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde en Huixtán, Tenejapa, Oxchuc, Cancuc, Pantelhó (Altos), Altamirano, Ocosingo (Selva), Chilón, Yajalón, y Tumbalá (Tujilá).

“La carretera pasará en los municipios donde la gente la dejará pasar”
El proyecto está entre las manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quién contrató la empresa de consultoría en ingeniería Cal y Mayor (México) para elaborar el diseño de la carretera. Se tratará de una carretera de tipo A2 (dos carriles) de 153 km entre San Cristóbal y Palenque, más un ramal de 16.3 km que conectará Ocosingo. Todavía ningún trazo definitivo ha sido publicado. En 2009, la autopista debía pasar por 31 localidades en los municipios Chilón, Tumbalá, Tila, Salto de Agua (Tujilá), Palenque (región Maya) y Macuspana (Tabasco), pero los planes han cambiado varias veces. En febrero de 2014, la Secretaría informó que estaba todavía estudiando un nuevo trazo debido a la oposición de varias comunidades que rechazaban el diseño inicial. Decenas de comunidades pertenecientes a los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Chilón y Palenque, podrían ser afectadas.

“La carretera pasará en los municipios donde la gente la dejará pasar, por eso no debemos dejar de luchar”, nos confió un habitante de Huixtán que participó a la marcha del 19 de julio. Según sus informaciones, el trazo de la carretera podría afectar hasta 10 comunidades de su municipio. Espera que la resistencia de los pueblos frene o cancele el proyecto a pesar de la alta presión ejercida por el gobierno federal para que las obras empiecen este año. ¿Pero porqué él y miles de pobladores chiapanecos no quieren que la carretera pase en sus tierras?

Por la falta de información y la violación del derecho a la consulta. Como acabamos de verlo, los planes del gobierno no están todavía claros. Cabe recordar que como pueblos originarios, tzotziles, tseltales y choles, los habitantes de esta zona tienen el derecho a una consulta libre e informada previa cada vez que el gobierno o una empresa quiere implementar un proyecto que pueda afectar su territorio, según el convenio 169 sobre los Pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México. Pero en el caso de la construcción de esta carretera, la población indígena no ha sido integrada a la definición del trazo. En ciertas localidades, las asambleas ejidales se reunieron por su propia iniciativa y votaron “no” al proyecto de la carretera, pero ello no impidió que ingenieros continuaran estudiando la factibilidad del proyecto en su territorio, sobrevolándolo en helicóptero. Eso pasó en el ejido López Mateo, en Huixtán, donde una asamblea ejidal rechazó oficialmente el proyecto al fin de 2013, aseguró uno de sus habitantes.

Por la afectación al medio ambiente, a los cultivos y a las viviendas. La construcción de la carretera implica crear una brecha en los cerros que bordean el camino San Cristóbal-Palenque, donde se encuentran viviendas, cultivos, bosques y manantiales. Según los últimos anuncios de la SinfryC, la autopista incluirá tres puentes, de 400, 450 y 500 metros. Los dos carriles medirán doce metros de ancho en total, pero el “derecho de vía”, es decir la parte del suelo que hará parte de la infraestructura y no podrá ser usada por los habitantes será de 60 metros, según un estudio de impacto ambiental realizado en 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat). En esa época, empleados de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), confiaron a un periodista de Ecoportal que estaban personalmente opuestos al proyecto a causa de la destrucción ambiental que implicaba el proyecto. La Secretaría no publicó otro estudio desde entonces a pesar de que cambiaron los planes.

“Donde está el trazo, casas, terrenos, parcelas… lo que tengan (los pobladores), lo van a invadir”, teme un habitante del ejido de Chilil en Huixtán. En enero de 2014, los comuneros tzotziles de Los Llanos (municipio de San Cristóbal), donde debe pasar la carretera, interpusieron un amparo contra el megaproyecto que “pone en riesgo (su) soberanía alimentaria y vulnera (sus) derechos al territorio, autonomía, no discriminación y protección de medio ambiente y recursos naturales”. Aseguraron que el 16 noviembre de 2013, el sexto regidor del ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Fidencio Pérez Jiménez, “se presentó aquí para amenazar de que la autopista pasaría sobre las tierras de uso común, y en caso de que la comunidad se opusiera, las autoridades de la comunidad irían a la cárcel y se llevaría al Ejército para el inicio de las obras de construcción”.

Porque no será gratis. Cuando el proyecto de construcción de la carretera fue reactivado en 2008 bajo la presidencia de Calderón después de haber sido olvidado varios años, se trataba oficialmente de una autopista de cuota que iba a ser concesionada a la empresa CAS (Concesionaria de Autopistas del Sureste). Esta entidad mexicano-española es participada en mayor parte por el grupo español Aldesa, es propietaria desde 2008 de la carretera San Cristóbal-Tuxtla, donde la cuota es de 48 pesos mínimo. Las recientes declaraciones del titular de la SinfrayC anunciando que la carretera será libre de cuota no parecen creíbles, sabiendo además que el estado está invirtiendo muchísimo dinero para llevar a cabo su proyecto y que seguramente querrá recuperar su dinero de alguna manera. Su costo total será de 10 mil 600 millones de pesos, informó Bayardo Robles Riqué.

Porque permitirá la llegada de empresas extractivistas y el saqueo de las tierras. “El motivo esencial es conectar a Chiapas: no podemos traer inversiones si no tenemos la infraestructura carretera; lo primero que te pide la iniciativa privada, ya sea extranjera o nacional, son buenas vías carreteras y en Chiapas tenemos muy pocas vías carreteras: fueron construidas hace más de 30 años o 40 años y ya con el paso de tiempo, y la inmensa cantidad de topes, te has de imaginar que no quieren invertirle a Chiapas. Nosotros estamos viendo como un horizonte de oportunidades esta inversión económica, turística y social. » Esas palabras del secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, entrevistado por el Heraldo de Chiapas en enero de 2014, ilustran muy bien las intenciones del gobierno.

El beneficio para las comunidades en términos de posibilidad de vender su artesanía o sus cultivos en esta futura vía turística no es nada en comparación con los beneficios para las empresas que podrán entrar más fácilmente en los territorios indígenas y usar sus recursos para hacer ganancias. Los proyectos ecoturísticos o de turismo de “aventura” se van a multiplicar, comercializando y privatizando la naturaleza, amenazando los bienes comunes de los pobladores. Las empresas que quieren construir plantas en esta zona podrán hacerlo más fácilmente gracias a la carretera. En Huixtán por ejemplo, los habitantes temen la instalación de una nueva planta de la embotelladora norteamericana Coca-Cola Company cerca de un manantial (ver video abajo). Los megaproyectos energéticos como presas y minas que necesitan grandes maquinas y camiones para su construcción y su funcionamiento se verán facilitados también por la carretera. Aún más ahora que el Congreso aprobó la Reforma energética, legalizando la privatización de las tierras en nombre de la “utilidad pública” para todo tipo de extracción de recursos que se encuentran en el subsuelo.

VIDEOS:

-Peregrinación por la Paz, la Defensa de la Vida y de la Madre Tierra en Huixtán
https://www.youtube.com/watch?v=IpHUa9v3NiM

-Peregrinación por la Paz, la Defensa de la Vida y de la Madre Tierra en Cancuc
https://www.youtube.com/watch?v=ZPEhhnnNiDs