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URGE UN TRATADO DE LA ONU PARA PROTEGER A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN NUEVO INFORME

Publicada el 10/06/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

COMUNICADO DE PRENSA

Amigos de la Tierra Internacional

10 de junio de 2014

GINEBRA (SUIZA) 10 de junio de 2014 – Los defensores del medioambiente enfrentan a menudo graves consecuencias por causa de sus acciones, sufriendo violaciones de sus derechos y siendo víctimas de violencia, según un informe de Amigos de la Tierra Internacional que se publicará el 26 de junio durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a realizarse del 10 al 27 de junio. [1]

«Recibimos en promedio una denuncia por semana de casos de violencia contra defensores de derechos ambientales y violaciones de sus derechos, y esto es tan sólo la punta del iceberg», dijo Lucia Ortiz, Coordinadora del Programa Internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.

Amigos de la Tierra Internacional documentó más de 100 incidentes de violencia contra defensores de derechos ambientales y violaciones contra sus derechos en 27 países en el período entre noviembre de 2011 y octubre de 2013, según el informe.

Más de la mitad de los asesinatos registrados por Amigos de la Tierra Internacional entre noviembre de 2011 y octubre de 2013 fueron asesinatos premeditados de dirigentes campesinos y muertes de campesinos durante enfrentamientos violentos por conflictos de tierras vinculados muchas veces a la defensa de territorios campesinos contra proyectos de desarrollo contaminantes, tales como represas hidroeléctricas, plantaciones de monocultivos o la extracción de petróleo, gas y minerales.

El nuevo informe exhorta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer un tratado internacional para enfrentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las empresas transnacionales. [2]

«Los defensores ambientales que defienden el derecho de las comunidades a decidir su propia senda de desarrollo frente a mega proyectos agenciados por empresas transnacionales son blanco de muchos tipos de violaciones de los derechos humanos, a menudo cometidas por empresas o en su nombre», dijo Lucia Ortiz, coordinadora del programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.

Amigos de la Tierra Internacional forma parte de la Alianza del Tratado, una alianza decidida a ponerle punto final a las violaciones de derechos humanos perpetradas por las empresas transnacionales, que urge a los Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos a que respalden una resolución que garantice el establecimiento de un sistema jurídicamente vinculante para que las empresas transnacionales respondan ante la justicia por sus violaciones de derechos humanos, y que ofrezca reparación y justicia para los pueblos y personas afectadas. [3]

«Necesitamos urgentemente un tratado internacional para hacerle frente a las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales. Si reconocemos el activismo ambiental en todas sus expresiones como una defensa legítima de los derechos humanos, podremos contribuir a la lucha de los defensores de los derechos ambientales y mantenerlos a salvo», dijo Alberto Villarreal, activista de campaña sobre comercio e inversiones de Amigos de la Tierra Uruguay.

Los siguientes defensores ambientales estarán presentes en Ginebra del 23 al 27 de junio:

1) Micaela Antonio González de Guatemala y Víctor Barro de Amigos de la Tierra España denunciarán las violaciones de derechos humanos perpetradas por la empresa española Hidralia en Guatemala.

2) Abeer Al Butmah de Amigos de la Tierra Palestina denunciará las violaciones de derechos humanos perpetradas por la empresa de agua israelí Mekorot en Palestina.

3) Godwin Ojo de Amigos de la Tierra Nigeria y Paul de Clerck de Amigos de la Terra Europa denunciarán las violaciones de derechos humanos perpetradas por la gigantesca empresa petrolera Shell en el Delta del Níger.

4) Alberto Villarreal denunciará las violaciones del derecho humano a la salud que representa la demanda de Philip Morris International contra las leyes de control del tabaco aprobadas en Uruguay.

Amigos de la Tierra Internacional objeta los «mecanismos voluntarios» como el Pacto Mundial y los Principios Rectores de Ruggie sobre Empresas y Derechos Humanos, ambos de la ONU, y considera que estos mecanismos no han logrado disminuir los ataques contra los defensores de derechos humanos, y sostiene por lo tanto que son insuficientes para proteger los derechos humanos.

NOTAS:

[1] El nuevo informe «Defendemos el medioambiente, defendemos los derechos humanos» se encuentra disponible en: http://www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/human-rights-defenders-publications/we-defend-the-environment-we-defend-human-rights/

[2] El 7 de mayo de 2014, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil conocida como la Alianza del Tratado (Treaty Alliance), que representa a más de 500 grupos, exhortó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que apoyen en junio una iniciativa que daría inicio a un proceso para establecer un tratado internacional para enfrentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales. Por más información: http://www.foei.org/es/prensa/archivo-por-tema/justicia-economica-resistencia-al-neoliberalismo-prensa/groups-call-for-un-treaty-to-tackle-corporate-human-rights-violations/

[3] En el Consejo de Derechos Humanos, un grupo de 84 países propuso en septiembre de 2013 el establecimiento de un marco normativo y de aplicación que sea jurídicamente vinculante para las empresas, lo cual representa un reclamo histórico de los movimientos de derechos humanos y Amigos de la Tierra Internacional.

Por el retiro de las tropas de ocupación contra el pueblo haitiano

Publicada el 09/06/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Al cumplirse 10 años de la ocupación indignante de Haití, por parte de las tropas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y otros países de Nuestra América

Invitamos a sumarse a la Campaña continental ¡10 Años de Ocupación! ¡Basta! Retiro inmediato de las Tropas de la MINUSTAH! Adherir enviándonos su mensaje.

Vista la web Haití No Minustah

La Minustah y tropas argentinas, una década ocupando Haití

Emilio Marín (LA ARENA)

El 1 de junio se cumplieron diez años de ocupación de Haití. Tropas de 40 países integran la Misión Internacional de la ONU. Lamentablemente hay unos 600 militares argentinos que están allí desde el año 2004.

Conviene hacer memoria porque han pasado diez años y algunos nombres se borran en esta lamentable página de historia latinoamericana y caribeña. En febrero de 2004 el gobierno de George W. Bush dio un golpe de Estado en ese país caribeño para derrocar al presidente Jean-Bertrand Aristide, de Lavalas, al que secuestró y deportó en dirección a Africa.

La mitad occidental de la isla adonde llegó uno de los viajes de Cristóbal Colón -la otra mitad es República Dominicana- era un volcán de pobreza, dependencia y violencia. La intervención norteamericana contra Aristide preanunciaba una situación ingobernable.

¿Qué hizo entonces el texano bruto? Envió de inmediato sus marines y los de sus socios más cercanos en esta plaza, como Canadá y Francia, pero buscó que la ONU le sacara la «papa caliente» de la boca. Es que con los dos frentes militares abiertos en Afganistán e Irak, el segundo inaugurado en marzo de 2003, no quería tener un tercero tan cerca de casa. En rigor, en lo que considera su patio trasero.

Por eso el 29 de febrero de ese año, 2004, la ONU votó la resolución 1529 disponiendo la creación de la Minustah, la Misión Internacional de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Cada año debía ser prorrogada y la ocupación finalizaría en 2007. Algo grave debe haber pasado porque los gobiernos representados en la entidad con sede en Nueva York fueron estirando una y otra vez ese mandato, que en el presente mes cumplió una década, sin que se avizore una fecha cierta de finalización de esa ocupación militar.

El mundo está acostumbrado a esas intervenciones militares por parte de EEUU y otras potencias. Es la ley del más fuerte, con pocas o ningunas excepciones, como lo han sufrido en carne propia en nuestro continente los mexicanos, portorriqueños, cubanos, nicaragüenses, salvadoreños, dominicanos, panameños y haitianos, en diferentes momentos de los últimos tres siglos. También los coreanos, vietnamitas, serbios, kosovares, somalíes, libios, etc, además de los citados de Irak y Afganistán.

Lo verdaderamente sorprendente y lamentable es que países del llamado Tercer Mundo y socios de Mercosur, como Brasil, Argentina y Uruguay, que en esta década han tenido gobiernos democráticos y con aspectos bien progresistas, se sumaran a esa creación militar del Pentágono. Hay que decirlo sin tapujos: Bush logró que Lula da Silva y Néstor Kirchner aceptaran el plan estadounidense de relevo militar en Haití, nutriendo con centenares de soldados propios al contingente de la Minustah. Más aún, a Brasil le dieron el «privilegio» de la comandancia militar y a Argentina el mismo puesto a nivel de gendarmes y policías.

Maldita Minustah

Los números de la Minustah son tremendos, deficitarios y sobre todo antipopulares por donde se los mire. Con leves variantes a la baja, se ha mantenido como una fuerza importante, integrada por 6.662 soldados y 1.742 policías y gendarmes, junto con una línea de funcionarios políticos y empleados que insumen a la ONU un gasto anual de 800 millones de dólares.Es mucho dinero para un país que necesitaba 125 millones de dólares para luchar contra la epidemia de cólera que provocaron en 2010 los «cascos azules» venidos de Nepal. Haití no había tenido esa enfermedad en los últimos 150 años. Por supuesto ni la ONU ni nadie puso ese dinero para luchar contra la epidemia, que ya ha provocado 8.500 muertos y 700.000 infectados, según datos recientes proporcionados por la ministra de Salud, Florence Duperval.

Por otra parte Haití ha tenido tantas calamidades y tanta mala suerte que en vez del dicho criollo de que está «meado por los perros» se puede decir que lo está «por los elefantes». Y en esos momentos tan críticos, los huracanes e inundaciones por «Jeanne» en 2004, y muy especialmente por el terremoto de enero de 2010, se mostró que se necesitaba otro tipo de ayuda internacional. Hubo 300.000 muertos y 1,3 millón de personas sin casa, buena parte de los cuales aún viven en carpas y campamentos.

Se precisaban médicos, maestros, ingenieros, medicinas, créditos para construir viviendas, escuelas y hospitales; maquinaria, inversión, formación de mano de obra, creación de puestos de trabajo, etc.

En vez de todo eso, tenía la Minustah, con soldados que salvo excepciones no fueron de ayuda en esa emergencia. EEUU, por ejemplo, llevó 22.000 marines para proteger y ocuparse de su embajada, inversionistas y soldados. Sus hospitales de campaña fueron montados para ese público exclusivamente. Un mejor rol tuvo el Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina, que sí atendió a parte de los afectados, con sus límites. El diario Clarín glorificó y amplificó esa tarea, ocultando el rol extraordinario de los médicos cubanos, que estaban en el terreno antes del terremoto, atendieron como nunca durante el mismo y siguieron allí cuando todos se habían ido, después del sismo.

La Minustah no sólo provocó el brote de cólera que se convirtió en pandemia. Peor que eso, fue una fuerza que sistemáticamente reprimió a la población local, bajo el subterfugio de luchar «contra los bandidos», que por supuesto existen en Puerto Príncipe pero no más que en San Pablo y Buenos Aires.

«Masacres del Mercosur»

En julio de 2005, diciembre de 2006 y enero de 2007 se produjeron ataques de los «cascos azules» conducidos por militares brasileños contra la población pobre de barrios de Cité Soleil, en la capital haitiana, con unos setenta muertos cada vez.

En particular la segunda fue bautizada como «masacre del Mercosur», por la nacionalidad de las tropas intervinientes, responsables de tantas muertes. Antes y después de esos acontecimientos hubo muchas muertes en otras represiones, que en conjunto suman más vidas perdidas.

Y también hubo otra clase de delitos, sexuales, como violaciones y abusos contra centenares de mujeres, niñas y jóvenes de ambos sexos, por parte de los militares extranjeros. Un caso que tuvo difusión internacional fue el de Johnny Jean Biulisseteth, un joven de 19 años violado por cinco marinos uruguayos en la base de la Armada de Port Salut, hecho que los violadores filmaron con un celular. Como los delitos cometidos por los ocupantes no pueden ser juzgados por los tribunales haitianos sino por los de su lugar de origen, el joven debió comparecer en Montevideo en 2012 a un juicio con final cantado: los militares fueron absueltos. Eso se llama impunidad, en castellano y creole.

Puede ser por eso que en Uruguay la Minustah tiene una fama pésima. En octubre del año pasado el presidente Pepe Mujica, tras recibir a un senador haitiano (al que acompañó Henry Boisrolin, del Comité Democrático Haitiano en Argentina) y escuchar todas las denuncias, prometió que en 90 días iba a sacar a sus tropas. No cumplió, pero al menos las disminuyó un 30 por ciento, algo que no hicieron Dilma Rousseff ni Cristina Fernández de Kirchner.

Democracia hiper limitada

Los apologistas de la Minustah podrían argumentar que al menos la misión sirvió para consolidar y mejorar la democracia haitiana, pero también aquí estarían faltando a la verdad.

En los últimos años estuvo de presidente René Preval, ex ministro de Aristide, y a su término hubo elecciones tan viciadas y dudosas que por mediación de la OEA, el Departamento de Estado, la ONU y de hecho su misión militar, se rectificó el veredicto electoral de la primera vuelta. Michel Martelly había salido tercero, pero se lo reubicó como segundo y se le permitió participar del balotaje. Ganó y asumió en mayo de 2011. Se trata de una suerte de Palito Ortega, con fuerte adhesión a la dictadura de los Duvalier terminada en 1986. Jean Claude Duvalier, alias Baby Doc, volvió al país en 2011 y en vez de terminar preso por el vaciamiento y miles de crímenes, es un protegido de Martelly a quien acompaña en actos e inauguraciones.

La promesa de Mujica de retirar sus tropas tuvo que ver con el grave déficit democrático porque allí se han postergado varias veces las elecciones municipales y del Senado. Hay muchas tropas extranjeras y poca democracia.

Aprender de Cuba

Argentina adhirió a la Minustah por ley 25906 aprobada en junio de 2004. El presidente era Kirchner. El canciller Rafael Bielsa, hoy directivo del grupo Eurnekian en Aeropuertos Argentina 2000. En el ministerio de Defensa estaba José Pampuro, devenido en sciolista que pide una ley para el derribo de aviones.

Quien despidió al primer contingente, en julio de 2004 en el Puerto de Buenos Aires, fue el obispo castrense Antonio Baseotto, afín a la ideología represora de la pasada dictadura militar-cívica. Luego ese cargo fue desconocido por el PEN, dando lugar a un conflicto con el Vaticano.

CFK estuvo al menos una vez en Haití, en marzo de 2008, apoyando a sus «cascos azules». Su ministra de Defensa, Nilda Garré, hizo cuatro viajes. Agustín Rossi, el actual, ya estuvo una vez.

Con esas impresiones en el lugar, más toda la información disponible, ¿qué más necesita el gobierno argentino para saber que debe retirar sus 600 militares? Si quiere ayudar, que sería loable, puede tomar el ejemplo de Cuba, que manda médicos y maestros, y de Venezuela, que ayuda con Petrocaribe.

Fuente: Argenpress

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Neoextractivismo, el camino equivocado

Publicada el 06/06/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Pese a ser América Latina una región bendecida con abundantes riquezas naturales, la explotación de esos recursos se convierte en una maldición que atrapa a los países en dinámicas de las que es muy difícil salir, que benefician a las élites y marginan y criminalizan a los directamente afectados; los campesinos y los pueblos indígenas, los más pobres y vulnerables que se resisten a ser despojados de sus territorios.

Observatorio de Conflictos Mineros -OCMAL

Más de una veintena de académicos y activistas latinoamericanos y europeos acudieron a un debate convocado por la Fundación Heinrich Böll, cercana al Partido de Los Verdes, que discutió el retorno de los países de América Latina al modelo de explotación y exportación de materias primas como motor de desarrollo.

Los organizadores cuestionaron si este camino ofrece una solución a las demandas sociales, como afirman incluso los gobiernos de centroizquierda de la región, o si es más bien una ‘maldición’ que profundiza la brecha de desigualdad, mina la participación política y anula las conquistas sociales ancladas en las reformas constitucionales. Neoextractivismo: una trampa

“Es un debate muy polémico en América Latina hoy en día. Los gobiernos llamados progresistas, desde los que se autodenominan revolucionarios hasta los socialdemócratas, Uruguay, Argentina y Brasil, han acentuado la lógica extractivista para responder a las demandas sociales de la gente que votó por ellos. Aunque en algunos casos se ha reducido la pobreza, la desigualdad, y hay políticas de mayor acceso a la educación y a la salud, el problema es hasta qué punto es posible concebir este ‘neoextractivismo’ como una etapa que puede ser superada”, afirma el sociólogo venezolano Edgardo Lander, encargado de abrir la conferencia con un repaso sobre el papel histórico de América Latina como proveedor de materias primas en la división internacional del trabajo desde el surgimiento del capitalismo.

“Se argumenta, con lo que estoy de acuerdo, que el extractivismo no es sólo una forma de producción sino que es una forma de organización de la sociedad. Crea relaciones sociales, instituciones, formas de organización del Estado, crea escenarios imaginarios y expectativas, intereses, trabajadores y sindicatos. Estas lógicas tienen una inercia de autorreproducción y de autodefensa que profundizan este modelo bajo nuevas condiciones históricas, en donde la producción está dirigida hacia otros mercados, ya no hacia Estados Unidos y Europa sino crecientemente hacia China y el sur Asiático”, afirma Lander.

El intelectual venezolano, que participa activamente en los movimientos sociales que se opusieron al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), mencionó como ejemplo a su país, que lleva cien años en esa lógica ‘rentista’, pero también lamentó el caso de Ecuador. “Venezuela está atrapada en una lógica rentista de la que no encuentra una salida. Es muy lamentable que Ecuador, un país que tiene una historia petrolera de décadas, pero que no tiene historia minera, abra la minería como paso hacia una sociedad post extractivista, con la instalación de un orden social que posteriormente será extraordinariamente difícil de romper”, advierte.

Muchos recursos al Mundial

La activista brasileña Julianna Malerba, representante de las organizaciones FASE (Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional) y RBJA (Red Brasileña de Justicia Medioambiental), recordó que su país ha invertido millones de dólares de recursos provenientes de la industria extractiva para la organización de la Copa Mundial de Fútbol, pero las condiciones de vivienda, de salud, de educación y de movilidad en las ciudades son muy precarias. La activista cuestionó lo que llamó ‘visión occidental desarrollista hegemónica’.

“El modelo de desarrollo urbano e industrial está mostrando sus limitantes en las ciudades, es ahí donde se ven las aspiraciones de la gente a tener su propio coche, casa, y más bienes de consumo”. Malerba mostró un mapa con la Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, recortada por gasoductos, oleoductos y puertos que sirven a ese modelo extractivo, que tiene un impacto sobre la vida de la población urbana y de los pescadores que viven de la bahía. La activista destacó que las fuerzas sociales, ya sea desde el campo o desde las ciudades, deben incidir en las decisiones sobre el uso de los recursos naturales y los modelos de gestión del suelo urbano.

Comunidades que resisten

En el debate fueron presentados casos de comunidades que se han resistido a la presión de las autoridades y consorcios trasnacionales, rechazando la entrada de proyectos de megaminería. Uno de ellos fue el caso de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso, en Guerrero, México, presentado por María Luisa Aguilar, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los Me’phaa es una comunidad tlapaneca que habita desde tiempos prehispánicos una región de la Montaña Alta de Guerrero. En esa región está concentrada la población indígena con los niveles más bajos de desarrollo de México. Pese a que logró el reconocimiento de sus tierras comunales y su carácter eminentemente indígena en 1994, sus pobladores no fueron consultados sobre una concesión minera otorgada a minera Hochschild Mining con sede en Perú, especializada en la extracción de plata. Se enteraron por ‘rumores’.

Asistida por Tlachinollan la comunidad interpuso una demanda de amparo ante las instancias jurídicas de la entidad. Según Tlachinollan, la concesión otorgada contraviene la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la consulta a comunidades indígenas. “Se concedió la suspensión y hasta que no se decida sobre el caso no puede haber ninguna actividad”, dijo María Luisa Aguilar, que destacó el negativo impacto de la minería, que destruye el tejido social en la región, lo que permite la entrada a grupos criminales en un Estado en donde crecen las redes de narcotráfico.

Argentina: ¡Famatina no se toca!

En Argentina el cerro de Famatina, en el noroeste del país, es orgullo de sus pobladores que disfrutan verlo en las mañanas, que atraiga turismo ecológico y que sea destinado a la producción de frutas. Ana Di Pangracio, representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), contó la lucha de sus pobladores contra un proyecto de megaminería otorgado a la multinacional canadiense Barrick Gold, la mayor a nivel mundial especializada en la extracción de oro.

“Se organizaron, resistieron ataques de la empresa y de las autoridades, fueron víctimas de espionaje y de causas judiciales contra los líderes de la resistencia, y una militarización de la zona con el objetivo de intimidar la protesta. Al final, Barrick Gold, acabó retirándose”.

Estos movimientos de resistencia fueron calificados por Edgardo Lander como luz de esperanza. “Todos los grandes proyectos de minería a cielo abierto en América Latina están encontrando resistencia, igual está ocurriendo con las grandes represas hidroeléctricas o la expansión de la frontera petrolera. Este modelo extractivo afecta territorios de pueblos campesinos, indígenas, de pequeñas comunidades urbanas. La defensa del territorio y la protección en términos ambientales y sociales ante la invasión de esta lógica depredadora extractiva es la mayor luz de esperanza”.

Auditoria Popular a la presa el Zapotillo, “Temacaravana”

Publicada el 05/06/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

por Lily Bubie, virikota y cacomixle / regeneracionradio.org
Vía Crónica de Sociales

Jalisco, Gudalajara 02 de junio. En conferencia de prensa se dio a conocer el resultado de la Auditoría popular a la presa el Zapotillo que afectará a las comunidades de Temacapulin, Palmarejo y Acasico en la que se señal la sistemática violación a los Derechos Humanos, las irregularidades de la construcción de la presa el Zapotillo, el posible desacato de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mal manejo del agua en el estado de Jalisco y se exigio al presidente Enrique Peña Nieto cumplir los derechos de los pueblos originarios dejando de lado la política extractivista que tiene consecuencias irreparables al medio ambiente.

A cargo especialistas y académicos de universidades como Newcastle Inglaterra, Universidad Iberoamericana de León, Universidad de Guadalajara y organizaciones como Red de Especialistas en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable LAED Internacional, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) se dio a conocer las demandas de los pobladores y las observaciones que se surgieron a partir de la caravana de observación popular, “Temacaravana”: entre ellas se encuentran que la Comisión Nacional del Agua acate la sentencia de l SCJN y dar cumplimiento inmediato a las órdenes judiciales y suspender de manera definitiva la presa, dar paso a la reestructuración del proyecto que respete los derechos humanos de los pueblos afectados, realizar un peritaje independiente para constatar la altura actual de la cortina, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue sobre las flagrantes violaciones de los derechos humanos que se estan cometiendo contra los habitantes afectados, que la SCJN y el congreso del Estado de Jalisco investiguen los hechos que han dado pie al inclumplimiento de la sentencia de la controversia Constitucional 93/2012 , al Municipio de Cañadas de Obregón mantenga su posición de no otorgar el cambio de uso de suelo a 105 metros, que cumpla con la orden del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco de mantener clausurado el sitio de Talicoyunque donde se planea la reubicación de la población afectada.

Gabriel Espinoza Hiñigez, miembro del comité “Salvemos a Temaca”, señaló que en países de libertades democráticas es incongruente el maltrato a las personas y a los pueblos que defienden los recursos naturales y su territorio, “Esta es una lucha por la vida”

PARA ESCUCHAR LOS AUDIOS AQUI

Más notas:
–Académicos piden a las autoridades acatar sentencias en El Zapotillo

–El Zapotillo, opaco y unilateral

Raúl Vera: “Nos autodefendemos del gobierno, de esos pillos” #YoSoyAutodefensa

Publicada el 04/06/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Revolución 3.0

(29 de mayo, 2014).-En los últimos años, Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila, ha demostrado su desesperación por la grave situación de violencia, inseguridad y falta de justicia que aquejan al país.

El también defensor de inmigrantes y de los derechos humanos ha repetido en varias ocasiones que el principal responsable de aquellos problemas es el Estado, bajo el argumento de que los ciudadanos sienten que no hay nadie que los proteja.

Vera ha denunciado desde el púlpito y en las calles , que la violencia en México se recrudece por la orfandad: México está huérfano de una autoridad real, “el país está siendo desmontado y la gobernanza de este país es sólo entre unos cuantos”.

Durante su participación en el Primer Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas que se llevó acabo el día de ayer en el Polyforum Siqueiros en la Ciudad de México, el obispo reiteró que la violencia que se padece en todo el territorio nacional es culpa del gobierno, pues ya no es posible distinguir entre crimen organizado emanado de los Cárteles y el crimen organizado que se desprende del Estado mexicano.

Esa es la razón por la que, aseguró, el surgimiento del movimiento de las autodefensas ciudadanas “lo llenan de esperanza”, ya que se presenta como un mecanismo de defensa, casi natural e intuitivo, contra el gobierno, a quienes describió como unos “pillos que heredan puestos” y como una “clase noble que se mantiene de manera absurda” en el país.

El predicador de las causas justas profundizó que la defensa que ha surgido no es para hacer una revolución armada, sino para dar el brinco y asumir como mexicanos “lo que les corresponde como verdaderos señores de esta nación”.

Por ello propuso que hay que convertir a las víctimas, la mayoría en el país, en sujetos sociales que a través de un proceso de educación, de conciencia y de formación de cuadros de manera sistematizada pueda ser capaz de dictar leyes y de reconstruir México.

Notas:

Primer Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas (Fotogalería)

Realizan encuentro de autodefensas en el DF

Minería: 5 empresas canadienses declaradas responsables de violaciones de derechos humanos en América Latina por el TPP

Publicada el 03/06/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Marie-Pia Rieublanc. Otros Mundos AC/Chiapas

Tras tres días de audiencias especiales sobre los impactos de la industria minera canadiense en América latina, el Tribunal Permanente de los pueblos (TPP) dio a conocer su veredicto este domingo 1ero de junio. Desde la ciudad de Montreal, Quebec, el jurado compuesto de ocho representantes de organizaciones canadienses, peruana, francesa, española e italiana, incriminó a cinco empresas canadienses por haber violado los derechos humanos en el marco de sus actividades mineras en varios países del continente latino.

“El Tribunal Permanente de los Pueblos declara la responsabilidad de las empresas Barrick Gold y su filial Nevada SpA, Gold Corp y su filial Entre Mares, Tahoe Resources y su filial San Rafael S.A., Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. y Excellon Resources Inc. y su filial Excellon de México S. A. de C. V. por incurrir en la violación de los derechos humanos», anuncio el jurado en su veredicto preliminar.

Las empresas no son las únicas culpables, insistió el jurado, estimando que «se puede vislumbrar la responsabilidad del Estado canadiense y los Estados latinoamericanos», que fallaron «en su deber de proteger los derechos humanos, previniendo y sancionando sus violaciones, y en particular las procedentes de las empresas mineras canadienses.»

Asesinato y corrupción en Chiapas

Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. está acusada de haber violado el derecho a la vida por su implicación en el asesinato de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y opuesto a la mina de barita de Blackfire en su municipio de Chicomuselo (Chiapas, México). El 27 noviembre de 2009 por la mañana, el activista fue matado por balas delante de su domicilio. El hijo de Mariano Abarca, José Luis Abarca Montejo, quien dio su testimonio en el TPP, acusa a empleados de la minera de haber matado a su padre, asegurando que él y su padre habían recibidos amenazas de muerte de parte de ellos antes del acontecimiento. Hasta la fecha, cinco personas fueron detenidas tras el asesinato pero todas fueron liberadas.

Además, la empresa Blackfire violó la ley canadiense sobre la corrupción de agentes públicos, ofreciendo dinero al presidente municipal de Chicomuselo en esa época. Documentos publicados en la prensa mostraron que el funcionario recibió alrededor de 20 000 dolares en su cuenta personal de parte de Blackfire Exploración México entre marzo 2008 y abril de 2009.

Trabajadores amordazados en Durango

En cuando de Excellon Resources Inc. y de su filial Excellon de México S. A. de C. V., que explotan el sitio minero de la Platosa en Durango (México) desde 2005, están acusadas de haber violado el derecho a la libertad de asociación sindical, a la negociación colectiva y a la reunión pacifica. En octubre de 2012, más de 200 miembros de uno de los sindicatos patronales de la empresa, armados con palos y piedras, llegaron en un campamento pacifico donde empleados de la mina miembros del sindicato de trabajadores Sección 309 estaban reunidos con habitantes de una comunidad aledaña para protestar contra la empresa. Esta represión fue coordinada por el director de las operaciones de Excellon. Tres mes después, alrededor de 50 mineros que habían participado a la manifestación fueron licenciados.

Glaciares en peligro en Chile

Barrick Gold y su filial Nevada SpA están acusadas de haber violado el derecho al agua y a un medioambiente sano en el valle de Huasco (Chile), una zona andina glaciar donde inició las operaciones de construcción de su proyecto minero Pascua Lama en 2009. Estas actividades, que fueron suspendidas por la corte suprema de Chile en abril de 2013, «han tenido impactos significativos sobre los recursos hídricos y naturales» del valle, indicó el TPP en su lista de acusaciones. Tres glaciares, Toro1, Toro2 y Esperanza, han visto su superficie disminuir bajo el efecto de los polvos y escombros que se depositaban sobre sus paredes cuando la minera perforaba y dinamitaba el suelo.

Además, Barrick Gold violó el derecho a la autodeterminación de las comunidades aledañas a la mina. La comunidad Diaguita de los Huascualtinos, que vive en el valle, nunca fue consultada sobre la realización de estas operaciones en su territorio. En vez de esto, la empresa estableció un acuerdo con la organización campesina local, la Junta de vigilancia del valle de Huasco, ofreciéndole 60 millones de dólares sobre un periodo de 20 años en para indemnizarle por los impactos eventuales de la mina sobre la producción agrícola.

Metales pesados en la sangre en Honduras

Goldcorp y su filial Entre Mares violaron también los derechos al agua y a un medioambiente sano durante sus operaciones en la mina San Martin, en el valle de Siria (Honduras), entre 2000 y 2007. Análisis detectaron altos niveles de metales pesados en la sangre de la población aledaña a la mina (plomo, arsénico, mercurio, hierro, cadmio). Los impactos en la salud se tradujeron por enfermedades de la piel, problemas respiratorios, enfermedades gastro-intestinales e incluso abortos involuntarios.

Represión contra manifestantes pacíficos en Guatemala

Tahoe Resources (que pertenece a 40% a la empresa Goldcorp) y su filial San Rafael S.A. están acusadas de haber violado el derecho de los pueblos al consentimiento libre en el marco de las actividades del proyecto minero Escobal en el departamento de Jalapa (Guatemala). Fueron otorgadas un permiso de explotación en 2013 y iniciaron sus operaciones de extracción en enero de 2014 mientras las comunidades aledañas al proyecto lo habían rechazado en varias ocasiones. Por ejemplo, en noviembre de 2012, más de 1000 habitantes de la Villa de Mataquescuintla dijeron NO a la mina durante un referéndum municipal. Tras las quejas de la población, la corte de apelaciones guatemalteca ordenó la suspensión de las actividades de Escobal en julio de 2013, pero Tahoe Resources nunca hizo caso de esta decisión.

Además, Tahoe Resources violó el derecho de reunión pacífica y el derecho a la seguridad de la persona el 27 de abril de 2013, cuando guardias de seguridad de la mina abrieron el fuego contra los habitantes de la comunidad San Rafael las Flores que estaban manifestando pacíficamente contra la mina. 6 manifestantes fueron heridos durante el ataque. Tras esa represión, el jefe de seguridad de la empresa en ese momento, Alberto Rotondo, acusado de haber dado el orden del ataque, fue arrestado mientras estaba tratado de huir el país. Se encuentra todavía en la cárcel en Guatemala.

LEER o DESCARGAR: VEREDICTO DEL TPP CANADÁ (.PDF)

Evento Salvemos el Cañon del Sumidero – 5 de Junio

Publicada el 02/06/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

El jueves 5 de de Junio, en el marco del día mundial del Medio Ambiente, el movimiento «Salvemos el Cañón del Sumidero» organizará una acción de información y de denuncia publica en el parque central de Tuxtla Gutierrez a partir de las 6 PM. Convoca a toda la ciudadanía a participar en este evento para dar más voz a la lucha contra la contaminación y la afectación de la empresa minera Cales y Morteros de Grijalva SA de CV a la salud de la población y al parque nacional Cañon del Sumidero.

El movimiento, que nació en 2002 en la rivera de Cahuaré, localidad del municipio de Chiapa de Corzo ubicada en la entrada del parque nacional del Cañon del Sumidero, lucha por la suspensión de las actividades de la empresa minera Cales y Morteros de Grijalva SA de CV. Esta mina calera, instalada en la parte oriental del Cañon desde 1973, extrae piedra caliza del sitio 24 horas al día, 365 dias al año, dañando la salud de las poblaciones ajenas y fracturando las paredes del Cañon.

El movimiento denunciará daños a la salud y al patrimonio de la población, daños a la estructura y a las paredes del Cañon, impactos al ecosistema del parque nacional, y la acumulación de basura y aguas residuales producidas por la minera. Firmará un documento dirigido al Gobernador del Estado de Chiapas, demandando el cierre inmediato de las operaciones de Cales y Morteros de Grijalva SA de CV, el control de basura y el saneamiento de aguas residuales.

PROGRAMA:

Crónica del 24 de Mayo Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto.

Publicada el 30/05/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

San Cristóbal de Las Casas, se sumó al grito mundial «no transgénicos» en la “Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto”, jornada mundial que se llevo en la Plaza de la Resistencia o plaza de la Paz de esta ciudad; en punto de las 10 mañana comenzó con la puesta de una mesa de información y petición de firmas a ciudadanos para que la empresa transnacional «Monsanto» y filiales no entren a nuestro país, los activistas trabajaron pacíficamente bajo la consigna «Sin Maíz no hay país».

El llamado fue Este 24 de Mayo para a decirle a “Monsanto y a todas las corporaciones que no podrán lucrar con nuestra vida. No queremos transgénicos ni en México ni en ningún lugar del mundo. México es centro mundial de origen y de diversidad del maíz. En las mesas recordaron que “La defensa del maíz es de todxs”. los temas informativos de esta campaña mundial fue «semilla transgénica» «soberanía alimentaría» «efectos de la semilla geneticamente modificada» «salud».

También hubieron movilizaciones en: Distrito Federal, Aguascalientes, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Yucatán, Jalisco.

Para mayor información www.carnavaldelmaiz.org Facebook: /CarnavaldelMaiz Twitter: /Carnavaldelmaiz o escríbe a carnavaldemaiz@gmail.com

Escrito por: JRC

Retiro inmediato de la tropas y de la MINUSTAH en Haití

Publicada el 29/05/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

LLAMADO A MOVILIZARNOS

1 de junio – 15 de octubre 2014

La MINUSTAH no es una misión humanitaria. Es una ocupación militar instalada en Haití el 1er de junio de 2004, por decisión del Consejo de Seguridad, después de que EE.UU. consumara el primer golpe de estado de este nuevo milenio contra un gobierno en nuestra América, elegido constitucionalmente.

Bajo el pretexto de estabilizar al país, el objetivo verdadero de la MINUSTAH es evitar que el pueblo haitiano ejerza su soberanía y autodeterminación. Sirve además para ensayar nuevas formas de intervención imperialista y control social, como las que luego se han aplicado con los golpes de estado contra Honduras y Paraguay, por ejemplo, o en las favelas y contra las manifestaciones en Brasil.

¿El resultado en Haití? Después de 10 años de ocupación, el país se encuentra en una situación de grave crisis política e institucional, con una clara regresión democrática, la represión violenta y sistemática de las manifestaciones populares y ataques a dirigentes de la oposición. La MINUSTAH además sostiene una manipulación grosera de los procesos electorales e institucionales y la entrada libre de capitales transnacionales para controlar espacios estratégicos de la economía, incluyendo la mega minería, el turismo de lujo, la maquila y la agroindustria exportadora.

EE.UU., Francia y Canadá dirigen la inteligencia y planificación estratégica de la MINUSTAH. Lo único novedoso – y lo más inaceptable – es que dejaron a Brasil la comandancia de las tropas que provienen mayormente de nuestra misma América: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Honduras.

10 años de ocupación ¡Basta!

Hoy resulta más que evidente que la ocupación político-militar de Haití no es ni puede ser la vía para generar una estabilidad ni una institucionalidad basada en los derechos y el bien vivir del pueblo haitiano. El Senado de Haití ha pedido dos veces el retiro de las tropas. Encuestas recientes señalan que el 89% de la población rechaza la presencia de la MINUSTAH y la ola de movilizaciones masivas, que ha seguido creciendo desde octubre 2013 exigiendo la renuncia del presidente, reclama siempre y con fuerza el fin de la ocupación.

Las organizaciones populares haitianas denuncian la acción de la MINUSTAH al reprimir las protestas sociales. Denuncian que las tropas han violado a mujeres y jóvenes, usurpado escuelas y otros recursos que necesitan la población, contaminado el agua e introducido la epidemia de cólera que hasta fines de abril habría matado a 8556 personas y enfermado a otras 702.000. Los recursos disponibles para la lucha contra el cólera permitirán atender a solamente 8% de las 45.000 personas que se proyectan se enfermarán durante este año.

La MINUSTAH opera además con una impunidad aberrante, asegurada por las propias NN.UU. y la intervención de siempre, dirigida por el gobierno de EE.UU., para controlar los tan mentados procesos electorales. El representante de la OEA en Haití ha denunciado públicamente el manipuleo atroz de las últimas elecciones, a fin de asegurar para Washington un presidente dócil a sus intereses y que se ha encargado de rehabilitar a las fuerzas políticas y paramilitares cercanas a la clientela del duvalierismo.

No obstante, a fines de marzo se reunió el Consejo de Seguridad en Nueva York para iniciar consideración de cómo prolongar la ocupación. ¡La MINUSTAH debe finalizar ya, rindiendo cuentas ante la justicia y reparando al pueblo de Haití los crímenes cometidos.

Por lo anterior, llamamos a los pueblos de nuestra América y del mundo entero, a nuestros movimientos y organizaciones populares, a unirnos en una gran campaña.

Llamamos a movilizar por el retiro inmediato de todas las tropas que ocupan a Haití y el fin de la MINUSTAH. El pueblo haitiano no precisa tropas sino nuestra solidaridad.

Llamamos a movilizar para poner fin a la impunidad de esas tropas, reclamando a NN.UU. que reconozca su responsabilidad por los crímenes cometidos, que haya justicia y la reparación de las víctimas, sus familiares y comunidades.

Llamamos a movilizar en apoyo solidario al pueblo haitiano en su lucha persistente por ejercer su soberanía y autodeterminación: el primer pueblo del mundo en poner fin a la esclavitud y declarar los derechos universales de todo hombre y mujer; el primer pueblo de nuestra América en independizarse del yugo colonial y ofrecer su apoyo a otras luchas emancipatorias.

Llamamos a movilizar una verdadera campaña de sensibilización y acción solidaria entre el 1er de junio y el 15 de octubre – fecha en la cual el Consejo de Seguridad votará nuevamente la continuidad, o no, de la MINUSTAH. En cada uno de nuestros países y frente a los principales espacios de integración regional, Haití precisa que se oye nuestra voz:

Primeras convocantes a nivel regional/nacional:
Jubileo Sur/Américas
School of the Americas Watch (SOAW)
Plataforma de Acción por un Desarrollo Alternativa PAPDA – Haití
Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos POHDH – Haití
Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
Central de Trabajadores Argentina-CTA Capital
Unidad Popular, Argentina
Servicio Paz y Justicia SERPAJ – Argentina
Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA – Capítulo Argentino
Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS) – Argentina
Rede Jubileu Sul Brasil
CSP Conlutas, Brasil
PACS Brasil

Megaproyectos mineros, causa de 200 conflictos en América Latina: Tribunal de los Pueblos

Publicada el 28/05/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Tribunal Permantente de los Pueblos organiza sesión en Montreal para el 29 de mayo

Pedro Matías, Revista Proceso

Los megaproyectos mineros son la causa mayor de tensiones en América Latina, al generar unos 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implican a compañías canadienses, denunció el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Por tal razón, el Tribunal examinará el papel y la responsabilidad de las empresas mineras y del Estado de Canadá en la violación de derechos humanos y medioambientales en la región, así como la ruptura de los tejidos sociales al confrontar a las comunidades.

El TPP destacó casos emblemáticos como son los proyectos Pascua Lama (Barrick Gold) en Chile y Argentina; Escobal (Tahoe Resources) en Guatemala; San Martín (Goldcorp) en Honduras; Payback (Blackfire Exploration), y la Platosa (Excellon Resources) en México.

El Tribunal popular determinó que del 29 de mayo al 1 de junio sesionará en Montreal, Canadá, con el fin de examinar el papel de la industria minera canadiense y la complicidad de su gobierno en la violación de derechos humanos y ambientales en la región.

En ese encuentro de expertos y afectados de América Latina, el TPP denunciará las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales causados por las compañías mineras canadienses apoyadas por el gobierno de Stephen Harper.

Se trata, explicaron, de la sesión 40 del TPP, una instancia fundada en 1979 en Italia por el abogado y senador Lelio Basso, y la primera que tendrá lugar en Canadá.

El Tribunal detalló que Canadá es el actor más importante de la industria minera mundial gracias a sus leyes, a su fiscalidad y a su política extranjera favorable a este sector, ya que 75% de las corporaciones mineras tiene allí su sede y 60% cotiza en la Bolsa de Toronto.

Los activistas también mencionaron que en el marco del Tribunal se presentará a los integrantes del jurado y de la acusación, asimismo, se difundirá el informe sobre la industria minera canadiense en América Latina, el cual fue entregado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También se realizará una jornada de audiencia sobre las violaciones de derechos y los impactos socio-ambientales de las actividades mineras canadienses en América Latina.

Además se realizará otra reunión sobre el papel de Canadá en la expansión de la industria minera mundial, y luego vendrán rondas de intercambio para luego dar lectura al veredicto.

Debe destacarse que unas 50 organizaciones de Canadá y de América Latina apoyan la celebración de este evento, como centrales sindicales, grupos de investigación universitaria, organizaciones de defensa del medioambiente, de solidaridad internacional, de derechos humanos y de interés público, así como grupos de mujeres, de indígenas y de migrantes.

MÁS INFORMACIÓN:

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS SOBRE LA INDUSTRIA MINERA CANADIENSE AUDIENCIA SOBRE AMÉRICA LATINA

Guatemala: el gobierno manda por un tubo el diálogo y desaloja violentamente La Puya

Publicada el 27/05/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por Quimy De León, Santiago Bastos y Nelton Rivera, en periodismohumano.com

“Las mujeres y niños seguimos con la convicción que vamos a morir aquí mismo y esa será responsabilidad de ellos”

Desde las cinco de la mañana del día 23 de mayo, la resistencia pacífica que lleva instalada en La Puya más de dos años pues se niegan a las actividades de la mina El Tambor, despertó con la presencia de las radiopatrullas de la Policía Nacional Civil –PNC. Para medio día ya eran cientos de policías. Su presencia en si misma ya intimidaba, sino que además iban armados: “vimos a muchos elementos de la PNC con armas de grueso calibre”.

Al frente venía el comisario Pedro Esteban López García, que con prepotencia y violencia amenazó con arrestar a Yolanda Oquelí, una de las representantes de la resistencia pacífica. Ella le pidió que mostrara si llevaba alguna orden, ante la solicitud el respondió que no necesitaba llevar ninguna orden de aprensión o de desalojo porque él llevaba un “mandato”. A pesar del permiso de Gobernación que la resistencia pacífica tiene para manifestarse en la entrada que conduce al proyecto minero, la Policía Nacional Civil exigió a la gente que no interviniera para que la maquinaria de la empresa pudiera pasar. Se le pidió a la policía esperar la llegada de la Procuraduria de los Derechos Humanos – PDH y de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas – OACNUDH.

A esto el comisario respondió varias veces de forma abusiva refiriéndose a la PDH y a la OACNUDH como “huevones” y dijo que “ellos están durmiendo a esta hora” Agregó “esta gente tiene que pasar a Macdonalds a desayunar y yo no los puedo esperar”. Yolanda Oquelí le pidió más respeto y que no abusara de su autoridad.

A eso de las siete de la mañana llegaron los antimotines acompañando el traslado de la maquinaria y de los personeros de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates -KCA- y de su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. –EXMINGUA-. “Vimos a muchos elementos de la PNC con armas de grueso calibre Se colocaron los antimotines en frente de nosotras. Ése es el coraje que tenemos: que protejan a una empresa y no nos protejan como personas”.

El Estado al servicio de la empresa

Al ser consultado por representantes de La Puya[1] sobre lo que estaba ocurriendo, Miguel Angel Balcárcel responsable del Sistema Nacional de Diálogo Permanente –SNDP- se excusó argumentando que él era ajeno a esta acción, que supuestamente no estaba enterado de nada y que ésta respondía a una petición muy concreta de la empresa al Ministerio de Gobernación, siendo una orden a nivel exclusivamente administrativo. No hubo orden de desalojo, o al menos no se conoció, nunca la mostraron.

“No vamos a permitir el ingreso de la maquinaria. Si eso nos va a costar la vida, pues que nos cueste; pero los responsables son los funcionarios del Ministerio de Gobernación y el mismo Presidente por no tener la autoridad de retirar este dispositivo policial.”

Las instancias de Derechos Humanos pasaron por un momento difícil, pues no lograron alcanzar acuerdos con su mediación, el desalojo por parte de las fuerzas de seguridad era inminente. Como medida legal, las comunidades en resistencia pidieron un Recurso de Exhibición personal para toda la comunidad, “para que llegue el juez de paz para verificar que no se hagan ninguna violación de los derechos e integridad de la población”.

Se cometieron todo tipo de abusos

Y así fue como se presentó a La Puya Ana Leticia Guevara, jueza de Paz de San José Del Golfo, de poco sirvió su presencia y su intervención con la policía, porque desde el medio día la gente de la resistencia pacífica fue amenazada:

“Tienen 10 minutos para abandonar el lugar voluntariamente, todos los que sean detenidos van a ser puestos a disposición judicial” dijo el comisario de la policía a la población que rezaba y cantaba para sentir más fuerza, en su mayoría eran mujeres, también había niñas y niños.

Llegado el medio día, la gente de la resistencia pacífica, mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas defendiendo la vida, se encontraban prácticamente acechadas y amenazadas por hombres violentos, dispuestos a todo con armas, bombas, cascos, esperando órdenes superiores. Eran los miembros del pelotón antimotines de la PNC, detrás acechaban los camiones encendidos, cargando la maquinaria pesada de la empresa. La resistencia se organizó, como otras muchas veces, a base de rezos y cantos religiosos de cientos de personas arrodilladas, sentadas, oponiéndose con sus cuerpos a la agresión gubernamental y empresarial.

Desde el inicio de La Puya, la resistencia ha sido completamente respetuosa de la ley, ni un solo vehículo ha dejado de circular libremente por esta ruta, las únicas veces que se violenta el derecho de libre locomoción han sido cuando la empresa y Gobernación la bloquean con su maquinaria, o los contingentes de trabajadores que utiliza la empresa como grupos de choque o la fuerzas de seguridad para resguardar la maquinaria o para reprimir ilegalmente, tal y como lo ocurrido este viernes 23 de mayo.

Como las mujeres, niños, ancianos no se movían de sus lugares, la policía hizo el desalojo a base de gases lacrimógenos, gas pimienta y del uso de la fuerza contra personas desarmadas. En medio del humo y las lágrimas provocadas por la explosión de no menos de cien bombas se procedió a detener a la gente, a atacar a testigos y periodistas.

Hubo gente que, intoxicada, se retiraba a los cerros cercanos, pero la policía los seguía hasta allá. Los demás resistían. Doña Eudora lo decía así: “la policía está apedreándonos, intentamos resistir pero nos están tirando piedras y gases”. Una de las mujeres de la resistencia nos dijo“la policía nos golpeó con nuestras sillas de plástico dándonos en la cabeza, muchas salimos lastimadas”

Yolanda Oquelí no podía reprimir el llanto y denunciaba:

“…a la cara le disparaban a las mujeres y le rompieron la frente con las bombas lacrimógenas. Hay mujeres heridas y no permiten que entren las ambulancias Es horrible ver tanta cantidad de gente que están sacando herida en carros porque no quieren que entren las ambulancias”.[2]

Durante de diez horas de intimidación y acoso, llegó el momento de caos y pánico, dos horas de violencia y la policía logró a base de fuerza romper el cerco pacífico, y los agentes destruyeron las instalaciones que durante dos años habían albergado la esperanza y la fe en la defensa de la vida. Rápidamente, la empresa aprovechó para introducir un tractor y un camión de volteo.

Este operativo por la tarde estuvo al mando del Sub director general adjunto de la PNC Jorge Ernesto Aldana Gálvez. Había decenas de radiopatrullas de varias comisarías de la capital, de la 11, 12 y 16, incluso hubo testigos que vieron del Quiché. También hubo denuncias de personas de la comunidad que “miembros de seguridad privada de la mina iban con uniforme FEP y dirigían el accionar de éstos[3]”.

Todas estas acciones fueron un desalojo violento e ilegitimo, violando el derecho constitucional de reunión pacífica y sin armas y los derechos de reunión y manifestación pública. Además las autoridades han estado debidamente informados de que ésta manifestación se ha llevado a cabo con autorización. Las fuerzas de seguridad no llevaban ninguna orden de juzgado.[4]

Acciones de propaganda

Una de las características del poder es el uso del terror mediante propaganda política y campañas de desinformación, desde hace años que han querido implantar el modelo extractivo, se han incrementado este tipo de operaciones psicológicas, basadas en el miedo “anticomunista” y la influencia extranjera o ideas foráneas, así es como lo manejan.

Al no haber bloque socialista ya que este era el argumento que usaban el siglo pasado, ahora le hechan la culpa a Chávez, Cuba y actualmente hasta la cooperación sueca, noruega o vaya usted saber. El asunto es que en La Puya esta campaña se encarnó con la presencia de Migración, agentes con chalecos generaron tensión pues se decía que podían estar ahí para “identificar, detener o hasta deportar a los extranjeros que estuvieran causando problemas” Limitando con ello, la solidaridad, la libertad de acción, de expresión y de locomoción a personas que aunque no sean guatemaltecos, viven y trabajan en la defensa de los derechos humanos en el país.

Detenciones ilegales

Cuando empezaron las detonaciones de lacrimógenas, el efecto del gas pimienta, golpes y piedras lanzadas por la PNC la gente empezó asustada a correr. La policía brutal e ilegalmente detuvo a varias personas tanto de la comunidad como de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales.

Esto fue lo que le ocurrió al asesor del Comité Campesino del Altiplano – CCDA Hugo Rivera. El se había hecho presente a “La Puya” con otros miembros de esta organización, para apoyar la resistencia pacífica y verificar que no existiera violación de los derechos humanos, cuando empezó la agresión policíaca.

Frente a él entre varios policías llevaban arrastrada a una mujer embarazada, también a un joven al que le habían golpeado fuertemente los testículos, lo arrastraron y lo amenazaron de muerte y a Brenda Hernández de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos – Udefegua a quien enchacharon impunemente. Hugo intervino e intentaba mediar para que no les detuvieran.

Entonces lo arrastraron y le pegaban entre varios policías queriéndolo enchachar, frente a esta agresión el quiso pasar del otro lado de donde había un cerco “yo me quise pasar al otro lado, pues no estaba haciendo nada y un policía me agarró y me restregó las manos en el alambre espigado, me hirió y ya estaba desorientado, no perdí el sentido. Entonces me tiraron al suelo y me siguieron pateando, cuando apareció una persona de Naciones Unidas y me sacó de ahí. Tengo una herida muy profunda, después me trajeron a la capital y me pusieron puntos en el dedo índice de la mano izquierda, me llevaron a una clínica particular”.

A varias personas les ocurrió esto, aunque ninguna persona fue conducida a algún centro de detención ni puesta a disposición de autoridad judicial, por las características de estas acciones, podría decirse que fueron detenciones ilegales, porque la policía no llevaba orden de juez competente ni estaban cometiendo flagrante delito o falta. Sino estaban precisamente realizando acciones de solidaridad, resistencia pacífica y de verificación de derechos humanos, según sea el caso.

Personas heridas y daños

Como consecuencia de estas acciones, varias personas fueron heridas, algunas de gravedad. Muchas de ellas fueron auxiliadas por vecinas, otras por los bomberos. Algunas necesitaron ser trasladadas a centros asistenciales privadas, otras al hospital general. Por esta razón no se sabe con exactitud el total de personas que fueron afectadas. Hubo una mujer embarazada que resultó herida, otra mujer con una fractura de cráneo que aún permanece en el hospital, una mujer de aproximadamente 60 años fue impactada en rostro por una bomba lacrimógena, tiene lesiones graves en las encías y los labios.

Cuatro mujeres y tres hombres tuvieron que ser trasladadas al hospital San Juan de Dios Eva María Álvarez Díaz, Maria del Rosario Rosales, Amanda Álvarez, Maria Humberta Carrera Catalan, Edwin Lorenzana, Óscar Catalán y Gregorio Catalán.[5] Además, fuentes de la comunidad hablan de 35 heridos más por los golpes que les dieron las fuerzas de seguridad, incluso de un herido en el pecho con arma de fuego. Los policías no contentos con las agresiones a las personas se dedicaron a destruir el campamento de la resistencia, para abrir paso a las máquinas, robaron pertenecías de la población incluso robaron aparatos celulares de personas que retuvieron.

Cuando ofrecer diálogo se vuelve una burla

El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla dijo que el “desalojo de manifestantes en La Puya, es por dos años de diálogo infructuoso”.[6] Esto es totalmente falso, pues todos hemos sido testigos de la voluntad de la resistencia pacífica “La Puya” de dialogar y resolver pacíficamente la problemática causada por la pretensión de KCA-EXMINGUA de abrir la mina El Tambor sin contar con el consentimiento de la población.
“Quiero dejar constancia que nosotras siempre hemos estado abiertos al diálogo, nunca hemos sido violentos, no creemos en el uso de la violencia, somos pacíficos”.

Para corroborar estas palabras, sólo hace falta seguir el rastro de la cantidad incontable de reuniones mantenidas por la población en resistencia de La Puya con el SNDP y otras instancias. Ante el doble desplante del Ministro de Gobernación – desconocer esta historia y actuar por encima de él, a Miguel Ángel Barcárcel sólo le quedó afirmar ante los representantes de la Puya que el dialogo queda abierto, pero que este día no estaba en sus manos.
Antecedentes inmediatos y razones de fondo

Desde diciembre del 2012 las comunidades en resistencia pacífica se han mostrado abiertas a dialogar con el Gobierno y resolver esta problemática causada por la empresa. Muchas han sido las artimañas usadas por el gobierno para que este proceso no sea viable, entre ellas cancelar la última reunión.

Para el día 20 de mayo fue convocada una reunión por escrito un día antes por el SND de carácter urgente, a realizarse en Casa Presidencial. Para sorpresa de la delegación de comunitarios y comunitarias, los mismos responsables del Sistema Nacional de Dialogo rompieron el proceso al cancelar la reunión minutos antes de que iniciara. En primer lugar, violentaron y violaron el ejercicio de la libertad de expresión al no permitir que dos comunicadores de Esta Tierra es Nuestra – CMI documentaran la reunión. Después, sin mayor explicación, la cancelaron. Mario Minera, de la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, instó al Sistema Nacional de Diálogo, a que no lo hicieran y ofreció el traslado a las oficinas de la PDH para hacerla, si es que por protocolo en la casa presidencial no podían participar todas las personas que acompañaban a la representación comunitaria.

Esta propuesta fue desatendida por el Sistema Nacional de Diálogo, al que poco o nada le importó la voluntad que tienen las comunidades por darle continuidad a este espacio y que llevan una resistencia pacífica. Antonio Reyes, delegado comunitario de San José del Golfo, nos da luces de cómo las comunidades interpretaron el rompimiento del dialogo por parte del SNDP, previendo que la agresión está ya en camino:

“Vemos con preocupación cómo el Sistema Nacional de Dialogo busca manipular irresponsablemente este tipo de reuniones. Nos preocupa y queremos denunciar públicamente que el Gobierno está buscando estrategias para criminalizar a la resistencia pacífica. Responsabilizamos al poder ejecutivo de cualquier incidente que pueda ocurrir en nuestras comunidades”.

Magaly Rey Rosa fue invitada por representantes de La Puya para participar como testigo de honor en la reunión de alto nivel, también se presentó el Dr. R. Morán experto en minería quien demostraría las anomalías del Estudio de Impacto Ambiental EIA hecho para la mina el Tambor. “El análisis que el Dr. R. Morán no pudo entregar a los funcionarios del gobierno contiene hallazgos sobre el EIA que confirman los peores temores de la gente de la Puya: “En los más de 42 años que tengo de experiencia profesional en hidrogeología y geoquímica, que abarca cientos de minas en todo el mundo, el estudio de evaluación de impacto ambiental de El Progreso VII Derivada es el de peor calidad que he revisado”.[7]

La actuación empresarial

Durante los últimos dos años, la empresa estadounidense Kappes Kassiday & Associates –KCA- y la guatemalteca EXMINGUA se han encargado de violentar y alterar la tranquilidad de la vida en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. EXMINGUA es una empresa dirigida por militares y ex funcionarios públicos vinculados a las actividades extractivas. Ellos se encargan de las campañas de difamación, calumnia, intimidación y acusaciones legales en contra de la población organizada en la resistencia pacífica.
Para ello movilizan y utilizan a “trabajadores mineros” como grupo de choque contra la población, distribuyen volantes con campañas de difamación, agreden a defensores de derechos humanos, coaccionan y amenazan incluso de muerte a periodistas. Por estos hechos fueron condenados en 2013 a 2 años de prisión a un ex teniente del ejército y gerente de operaciones de la empresa Pablo Silas Orozco Cifuentes y a un subcontratista de maquinaría Juan José Reyes Cabrera. Éstas son algunas de las constantes en la actuación que ésta empresa ha evidenciado. Al mismo tiempo, la empresa cuenta con varios abogados contratados que se dedican a impulsar procesos judiciales en contra de líderes y lideresas comunitarias.

Luego la empresa crea los escenarios para que el Ministerio de Gobernación justifique la movilización de personal administrativo, oficiales y fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. Esto fue lo que ocurrió este 23 de mayo, cuando más de 70 radio patrullas y buses y un aproximado de 500 agentes llegaran a San José del Golfo -con uso de fuertes cantidades de dinero del Estado-, desalojaron la comunidad en resistencia para imponer su empresa minera. Se hizo sin que existiera justificación legal para hacerlo, sólo para la protección de la maquinaria de la empresa. La empresa también ha recurrido al manejo mediático encontrando eco en medios de comunicación corporativos, realizando ante la opinión publica formas de criminalización de la forma organizativa y lucha pacífica de las comunidades.

Cuando la gente opta por la dignidad

A partir de las cuatro de la tarde, se empezó a reunir delante de la sede del Ministerio de Gobernación, en la sexta avenida y 14 calle de la zona 1, un plantón espontáneo de gente indignada y auto convocada para protestar por estos hechos. Muchas fueron las muestras de indignación y solidaridad en las redes sociales, esto significa que las campañas mediáticas y las consignas y panfletos usados en contra de la gente de La Puya no son creíbles ni aceptadas por las mayorías.
Durante la mañana del sábado, ni siquiera 24 horas después de la represión del desalojo violento aun con presencia de un fuerte contingente de policía, la resistencia pacifica continua en el lugar, sus actividades continúan, la gente de los turnos asume su responsabilidad, su lucha sigue.

NOTAS:
[1] Al hablar de “La Puya”, nos referimos a la organización comunitaria que defiende la vida, de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.
[2] http://www.soy502.com/articulo/pnc-desaloja-la-puya-hay-heridos.
[3]24 de mayo 2014. jorgesantos @jorgesantos15 10 am.
[4]Entrevista a Abogado Sergio Vives del Colectivo Madre Selva.
[5] Según el médico que las atendió y dio declaraciones a Guatevisión el 23 de mayo.
[6] 23 de mayo de 2014. @alexr_pl http://t.co/n41iC7nWfB
[7]Prensa Libre. ¿De qué tienen miedo?. Magaly Rey Rosa. 24 de mayo 2014.

MÁS INFORMACIÓN:

Denuncian brutalidad durante desalojo en comunidad La Puya, Guatemala

#LaPuya: la continuidad de la agresión no detendrá la resistencia pacífica

El fin de la hegemonía lacandona en la Selva de Chiapas

Publicada el 26/05/2014 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Por Ángeles Mariscal, chiapasparalelo.com

La lucha entre legalidad y legitimidad

La etnia lacandona se encuentra dividida. Ese grupo vendido y comprado como una raza pura descendiente directa de los mayas, ha servido a “ambientalistas”, asociaciones y al propio Estado mexicano, para obtener millonarios recursos; se ha prestado para tratar controlar –o al menos amagar- a grupos sociales de la selva, en pos de la “conservación”. Pero ahora, lucha desesperado (a la par de sus “benefactores”) por mantener su hegemonía, ante el avance de otros actores en la región.

Ha cambiado la configuración de la selva en los 40 años que han pasado desde que en 1971 un decreto Presidencia otorgó a 66 hombres lacandones (no puede considerarse que fueron beneficiarias 66 familias porque los títulos de propiedad son exclusivos de los hombres y excluye a las mujeres) el derecho legal de 614 mil hectáreas de selva.

Cuatro décadas después, la cara visible -y denostada- en esta necesaria y dolorosa recomposición, es un grupo de lacandones lidereados por el actual presidente de Bienes Comunales, Chankin Kimbor Chambor, quien decidió efectuar cambios estructurales y afrontar al menos tres conflictos que deben resolverse a corto plazo: el incremento de los hijos de comuneros de Nueva Palestina y Frontera Corozal que demandan tierra para subsistir; la regularización de al menos tres poblados que llevan más de 30 años en la zona; y la prórroga para que el grupo de “ambientalistas” que representa Julia Carabias siga en posesión de la estación de bioprospección.

Se le acusa a Chankin de haber “violado la ley lacandona”, al abrir espacio en la toma de decisiones a los tzeltales de Nueva Palestina y a los choles de Frontera Corozal, quienes también forman parte de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, y –dicen sus detractores- entraron a la disputa por los recursos públicos que se derrochan en la selva a través del pago por los servicios ambientales; de la que hasta ahora ha sido casi exclusiva beneficiaria la etnia lacandona.

Chankin también firmó un acuerdo para legitimar la estancia de los habitantes de los poblados Salvador Allende, Ranchería Corozal y Nuevo San Gregorio, que se encuentran en la selva desde hace tres generaciones, y a los cuales no se les ha reconocido su legal derecho a la tierra.

Acusa el grupo de lacandones detractores de Chankin, que con está última decisión lo que se busca es una millonaria indemnización, como si de pronto olvidaran que a cada uno de ellos ya se les ha entregado por este mismo concepto millones de pesos, que en la mayoría de los casos sólo les sirvieron para derrocharlos en prostíbulos, licor y camionetas con las que recorren ostentosos la selva.

Y del grupo de empresarios “ambientalistas” de Natura Mexicana-Julia Carabias; de la Fundación Ford, el Corredor Biológico Mesoamericano, El Banco Mundial, Conservación Internacional, entre otros, sólo se puede decir que las cuentas nunca han sido claras con ellos, ni han hecho de la transparencia su método de trabajo.

…..

Un poco de Historia

1972 una decisión presidencial otorgó a 66 familias lacandonas el título de propiedad de 614 mil hectáreas, pasando por encima del derecho a la tierra que asistía a miles de indígenas chiapanecos que ya entonces poblaban la selva, y de campesinos que llegaron de otros estados en busca de un pedazo de tierra donde producir sus alimentos y lograr la subsistencia que les era negada en sus lugares de origen.

Eso tuvo una implicación política, porque detrás de la decisión del gobierno federal era tener a un grupo dócil y pequeño con el cual controlar la babel en la que se había convertido la Selva.

Establecieron como mecanismo de posesión legal para los lacandones la conformación de Bienes Comunales.

Sin embargo, ante la presión social que ejercieron indígenas tzeltales y choles que se negaron a abandonar la zona y que les asistía la máxima legal de “primer en tiempo primero en derecho”, el gobierno federal autorizó que estos dos grupos que estaba dispersos, se concentraran en dos comunidades: Nueva Palestina y Frontera Corozal.

Les otorgaron derecho a la tierra como integrantes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, pero para mantener el control de un solo grupo -el más dócil, el de los lacandones- se estableció en el estatuto comunal que SIEMPRE el presidente de los Bienes Comunales sería un representante de las 66 familias lacandonas.

Con el paso de los años, al crecer la población en la zona, los tzeltales de Nueva Palestina y choles de Frontera Corozal se volvieron mayoría –un censo de 2010 indica que el 40% de los comuneros son choles, otro 40% tzeltales, y sólo el 20% pertenecen a las 66 familias lacandonas y sus descendientes -.

Esta correlación de fuerza ha hecho que desde hace una década en las asambleas de la Comunidad Zona Lacandona se plantee la necesidad de cambiar los estatutos legales para ser realmente representados por quienes poseen la mayoría de habitantes, y otorgar a choles y tzeltales el derecho a presidir la Comunidad. Estos dos grupos están demandando mas tierras y quieren tomar decisiones dentro de la asamblea.

A este planteamiento se oponen además de los propios lacandones, los grupos y asociaciones “ambientalistas” que han utilizado a esta etnia para hacer acuerdos y poder legitimar su propia presencia en la selva.

Legalmente este cambio de estatutos se podría realizar, no habría ningún argumento valido para impedirlo, porque las leyes agrarias mexicanas establecen que los acuerdos de asamblea se deben tomar por mayoría y la asamblea misma es el máximo órgano de decisión. Es entonces que la comunidad como asamblea puede modificar sus propios estatutos por acuerdo de mayoría.

El argumento en contra podría ser que históricamente los Bienes Comunales se los entregaron a los lacandones; pero históricamente también es un hecho irrefutable que antes que los lacandones, la selva ya estaba habitada por los tzeltales y choles.

Es ahí la lucha entre lo que es legal (según el marco legal agrario la tierra fue entregada a los lacandones), y lo que es legítimo (antes que los lacandones estaban los choles y tzeltales).

El marco legal comunal que hasta hoy prevalece en la zona está fundamentado en las condiciones y la correlación de fuerzas que prevalecía en la zona en la década de 1970.

Ahora hay nuevos actores: los hijos de los comuneros que ya no tienen derecho a la tierra (unos 20 mil solo de Nueva Palestina) que han sido excluidos de los proyectos de conservación y por tanto, hay que reconocerlo, en su lucha por la subsistencia siguen realizando prácticas agrarias y ganaderas que impactan negativamente sobre la selva.

También están los “ambientalistas” como Julia Carabias y Natura Mexicana: la Fundación Ford, Corredor Biológico Mesoamericano, el Banco Mundial; los partidos políticos, entre ellos el “Partido Verde”; el gobierno estatal y sus “políticos verdes”; y el gobierno federal y sus aliados empresarios. Estos actores ven a la selva como un botín al que para acceder, les estorban los propios habitantes de la selva.

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El negocio de la “conservación”

La Selva Lacandona se divide en 3 territorios: la parte del Usumacinta, habitada por indígenas choles; la norte donde prevalecen los tzeltales; y el lado sur, donde habitan los lacandones. Es ahí donde tienen sus centro de investigación Julia Carabias y Natura Mexicana, la Fundación Ford, Corredor Biológico Mesoamericano, el Banco Mundial).

Estas organizaciones “ambientalistas” han hecho acuerdos con los lacandones para que les permitan operar sus proyectos en la selva. Los lacandones dejaron de dedicarse al trabajo agrícola para ser beneficiarios del pago por “derechos ambientales”, y el manejo de centros “ecoturísticos”. Estos dos proyectos se les han entregado a manos llenas, comprando con ello su mansedumbre. Sin embargoLa división que actualmente existe al interior de los lacandones también demuestra que esta etnia finalmente no es tan homogénea y dócil como el Estado mexicano y los grupos ambientalistas quisieran.

El pago por derechos ambientales ha sido un mecanismo de control hacia los lacandones. Este sería otro de los desequilibrios que han fomentado la división entre los habitantes de la selva, porque los recursos solo se han ejercido a favor de los lacandones, quienes ciertamente habitan en la zona mejor conservada, derivado a que su subsistencia ya no depende de la siembra o la ganadería, y por tanto no ejercen mayor presión sobre la tierra.

Por el contrario, los grupos del norte y el Usumacinta siguen viviendo en situaciones de alta marginación, dependiendo del alimento que puedan obtener de la selva.

Por ello, los lacandones –y detrás de ellos sus “benefactores”- intentan mantener el control absoluto del destino de los Bienes Comunales, y la posibilidad de intervención absoluta en el destino de la selva.

Y ahora, ante el botín que se les puede ir de las manos, entra a la disputa el gobierno de Manuel Velasco, quienes en su ignorancia y excesiva ambición, plantean retroceder varios años a la historia y repetir políticas públicas contradictorias planteando por enésima vez la aplicación de un “ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, como la que se dio con las reubicaciones de 2003-2005, que al paso de los años demostraron no ser viables porque no contribuyeron a conservar más el ecosistema de la zona donde fueron expulsados grupos poblacionales, no mejoró el nivel de vida de las y los reubicados –basta que se den una vuelta a lo que ahora se conoce como Nuevo Montes Azules-; y envileció a la etnia lacandona, quien ahora pide millonarios recursos a vuelta de cambio para llegar a cualquier arreglo.