En México se usan 186 plaguicidas “altamente” peligrosos, denuncian activistas; algunos fueron prohibidos en Europa

agrotóxicosPor: Juliana Fregoso. Revista SinEmbargo.mx

En México están registrados comercialmente 186 plaguicidas altamente peligrosos que contienen sustancias cancerígenas, han sido prohibidos en Europa o bien, no se venden en otros países porque las empresas que los comercializan se negaron a seguir invirtiendo en pruebas que dejen claro cuáles son sus efectos, según un comparativo de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“En México hay, por ejemplo, 85 ingredientes activos de plaguicidas que se comercializan en cientos de formulaciones que no están autorizados en la Unión Europea debido a sus efectos en la salud y/ o el medio ambiente, o porque las empresas transnacionales decidieron retirarlos del mercado europeo porque no quisieron invertir en presentar las nuevas pruebas exigidas por las autoridades europeas sobre su impacto a la salud y ambiente”, alertó Fernando Bejarano, director de la Red.

Destacó que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) tiene autorizados, según su base de datos aproximadamente 782 ingredientes activos usados como plaguicidas en un poco más de 5 mil 600 formulaciones comerciales (esto incluye no sólo los de síntesis química, sino aceites y extractos vegetales y organismos vivos, aunque estos últimos son la minoría).

Los datos precisos sobre el uso de plaguicidas, su cantidad y el lugar donde se aplican “sigue siendo una información confidencial de las empresas que lo comercializan; no hay un registro de uso de acceso público, es un derecho público no reconocido”, mencionó Bejarano.

Puede considerarse plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destine a controlar una plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas y de animales, así como las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal.

En México están autorizados 62 ingredientes activos altamente tóxicos para abejas (según la clasificación de la EPA de Estados Unidos) para uso agrícola y algunos de ellos están prohibidos en Europa como fipronil, y el imidacloprid.

“Muchos plaguicidas pueden representar un riesgo a los seres humanos. Por otro lado, en la mayoría de los casos, la cantidad de estos plaguicidas a los que se encuentra expuesta la gente es muy pequeña como para representar un riesgo”, considera por su parte el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en su página de Internet.

Entre la sociedad civil ha surgido la preocupación por el uso de estas sustancias, ya que no hay existe la certeza de que no afecten a la salud o al medio ambiente, especialmente los plaguicidas de síntesis, de moléculas químicas diseñadas en el laboratorio. Lo que se conoce son las características de su peligrosidad en muchos de ellos y se pretende controlar su riesgo si se usa un equipo de protección adecuado y se siguen las instrucciones de las etiquetas; pero en climas tropicales es inviable el usar trajes de protección, por tanto, para los habitantes de estas zonas, tienen una mayor toxicidad aguda, y las etiquetas advierten generalmente de los efectos tóxicos a corto plazo pero no de los efectos crónicos.

“Los que más nos preocupan son los plaguicidas altamente peligrosos que se definen porque tengan uno más de los siguientes efectos: una alta toxicidad aguda, o toxicidad crónica en humanos (cáncer, mutagénesis, daño reproductivo, o ser perturbadores endocrinos); los que están incluidos en algún convenio ambiental, y los que tienen una toxicidad ambiental relevante (muy persistente o bioacumulativa en agua y/o sedimentos y altamente tóxico para abejas). En México hay 160 ingredientes activos que son plaguicidas altamente peligrosos autorizados para uso agrícola según los criterios descritos anteriormente; entre ellos 31 ingredientes activos que están clasificados como probables carcinógenos en humanos según el Sistema Global Armonizado que adopta la Unión Europea”, explicó el representante de RAPAM.

Distintos estudios, citan por su parte, el ejemplo del herbicida paraquat prohibido en 36 países, comercializado por la suiza Syngenta como Gramoxone y autorizado en México junto con otras empresas en 38 registros comerciales; el herbicida atrazina prohibido en Europa por el riesgo de contaminación de mantos acuíferos subterráneos y con 32 registros comerciales autorizados en nuestro país, incluido Syngenta.

Otros ejemplos de plaguicidas altamente peligrosos no autorizados en la Unión Europea son el insecticida carbofurán de alta toxicidad aguda, considerado un perturbador endocrino y de alta toxicidad para las abejas; los insecticidas dicofol y metamidofós (con 27 registros comerciales en México, incluido Tamarón de Bayer) que están bajo evaluación por el Comité de Examen del Convenio de Estocolmo por su toxicidad, persistencia y bioacumulación para su posible prohibición mundial.

LA PREOCUPACIÓN ES QUE NO PREOCUPA
De acuerdo con lo expresado por el director de Rapam, en el país se le ha dado poca importancia al tema y, hasta ahora, las autoridades no reconocen que hay un problema nacional y que es necesario un cambio de política.

Quienes comercializan estos plaguicidas son las mismas trasnacionales que dominan el mercado mundial: Bayer, Syngenta, Dow, BASF, Monsanto más algunas empresas mexicanas como Agricultura Nacional y otras.

En este sentido, José Alberto Lara Pulido, maestro de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, destacó que para desincentivar el uso de plaguicidas que provoquen daño a la salud o que sean agresivos con el medio ambiente, la Reforma Fiscal aprobada el año pasado contempla impuestos adicionales a las sustancias que, se considere, afectan al medio ambiente o a la salud, mismo que deben asumir las empresas o el consumidor final.

La Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) contempla tasas que van del 9 al 6 por ciento, dependiendo del grado de toxicidad, mismo que contempla en cinco categorías.

“Lo relevante es que a la hora de comprar vas a tener un costo que no tenías, entonces eso va a obligar a los consumidores a seguir comprando el producto o a cambiarlo por otro más amigable, y en el caso de las empresas, las va a orillar a transformar sus sistemas y tecnologías de producción en algo que sean más benéfico para todos”, expresó el académico.

El representante de RAPAM dijo por su parte que si bien es cierto que la Cofepris, de la Secretaría de Salud niega los permisos de importación del endosulfán a partir del primero de enero de 2013 para agotar las existencias actuales, y estableció como fecha límite de venta el 31 de diciembre de 2014; no informa a la población de los riesgos a los que se expone si entra en contacto con este plaguicida que, por su toxicidad, persistencia y bioacumulación forma parte de la lista del Convenio de Estocolmo para su eliminación.

“Se sigue una política neoliberal productivista, creyendo que será el mercado y las empresas transnacionales los que traerán los cambios necesarios, no se reconoce el grave peligro de salud pública y ambiental que ocasiona su libre uso y esto se va agravar con la idea de promover más los cultivos genéticamente modificados tolerantes a herbicidas como soya tolerante a glifosato o maíz transgénico tolerante al herbicida glifosato y /o glufosinato de amonio”, expresó.

“No hay un riesgo aceptable si se puede evitar” declaró Fernando Bejarano, y añadió “es hora de cambiar la política neoliberal que privilegia los intereses mercantiles y fomentar alternativas agroecológicas en una política de sustitución paulatina de plaguicidas altamente peligrosos para reducir riesgos a la salud y el medio ambiente en cumplimiento del Convenio sobre el Enfoque Estratégico de Sustancias Químicas a Nivel Internacional (SAICM, por su sigla en inglés)”.

LOS MÁS AFECTADOS

Sin mencionar cifras, el INECC reconoce que la gran mayoría de los casos de intoxicación por plaguicidas afectan a agricultores y trabajadores del campo, ya que estos últimos son los que están en contacto directo con estas sustancias químicas, al aplicarlas a los cultivos y trabajar en las tierras o en los huertos donde se utilizan.

Las familias de los campesinos, en particular los niños y los lactantes, también están expuestos a los plaguicidas. En muchos países, los niños participan en las actividades agrícolas de la familia, en las que se utilizan plaguicidas, o transportan productos tratados con plaguicidas para el comercio local.

En los casos de intoxicaciones con plaguicidas la vía principal de entrada es la piel. Sin embargo, las intoxicaciones que ocurren durante el desempeño del trabajo, también pueden ocurrir por la inhalación de gases y partículas, por vía oral y a través de los ojos.

Rechazo los transgénicos y digo NO a Monsanto

MonsantoFIRMA AQUÍ

Los transgénicos -organismos de una especie modificados con genes de otra especie distinta para controlar plagas y hierbas- constituyen una cuestión ambiental controvertida y que genera gran preocupación no sólo a ecologistas, sino también al público en general. Suscitan tres debates fundamentales que se entrelazan entre sí.

Uno en torno a la naturaleza y al medio ambiente, que incluye la destrucción de ecosistemas importantes como las selvas tropicales y las amenazas que esa destrucción supone para la biodiversidad y las que representa la contaminación genética.

 

El segundo en torno a la agricultura, al modo de producción industrial, a gran escala y altamente tecnificado de los transgénicos. Implican el uso de grandes cantidades de agrotóxicos en detrimento de modos de agricultura tradicional, agroecológica y orgánica, e imponen patentes comerciales sobre las semillas y la vida.

Y un tercero en torno a la alimentación en un sentido amplio: de los efectos negativos de los alimentos transgénicos sobre la salud y de qué productos contienen ingredientes transgénicos y la necesidad de etiquetar los productos para conocer los ingredientes transgénicos. Y no acaban con el hambre en el mundo, actualmente en cifras más altas que nunca.

Mientras Monsanto, sus políticos amigos y entes reguladores dicen que no hay de qué preocuparse, un creciente número de científicos no están de acuerdo y alzan sus voces para explicar aspectos de la tecnología que ponen en serio riesgo la biodiversidad y la salud humana.

La transnacional de las semillas transgénicas y los políticos que la defienden deben escuchar por todos los medios posibles la oposición mundial a los transgénicos. Las protestas sean locales o globales pueden hacer la diferencia. Únete a un evento o firma la petición -carta y formulario a la derecha.

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS SOBRE LA INDUSTRIA MINERA CANADIENSE AUDIENCIA SOBRE AMÉRICA LATINA

Una amplia coalición de organizaciones de Canadá y de otros países, estamos trabajando en la realización de una sesión del Tribunal Permanente de los pueblos (TPP) sobre la industria minera canadiense. Esta iniciativa es fruto del trabajo conjunto de hace varios años de denuncia y visibilización de los impactos socioambientales ligados a la explotación minera, de la violación de derechos humanos que su actividad implica en diferentes partes del mundo con la complicidad y apoyo del gobierno canadiense.

Esta sesión del TPP es la primera que se celebra en Canadá y se llevará a cabo entre 2014 y 2016, previendo varias audiencias que tratarán diferentes regiones donde las empresas canadienses actúan. La primera de estas audiencias tratará sobre la industria minera canadiense en América latina y tendrá lugar el próximo mes de mayo, entre el 29 de mayo y el 1 de junio en la ciudad de Montreal.

La audiencia se centrará en el rol y la responsabilidad de dos tipos de actores en la vulneración de los derechos humanos: las empresas mineras y el Estado canadiense, que contribuye al desarrollo del sector a través de mecanismos económicos y políticos. Testigos y expertxs de América latina estarán participando en esta audiencia, de Honduras, México, Chile, Guatemala y también de Canadá. Entre los y las jueces tendremos personas de América latina, Canadá y Europa.

Muy pronto haremos pública la Acusación formal contra las empresas mineras canadienses identificadas y el Estado de Canadá. Se la enviaremos para su conocimiento y difusión.

Les pedimos y agradecemos la difusión que puedan hacer entre sus redes de esta iniciativa, así como hacernos llegar los datos o ponernos en contacto con medios que comunicación que consideren que podrían estar interesados. Seguiremos enviándoles más información a lo largo del mes de mayo. De momento les dejamos los links a nuestros videos de difusión y les adjuntamos el afiche y el programa preliminar de la audiencia sobre América latina.

1. Qué es el TPP? http://www.youtube.com/watch?v=EDYkg3BBt7Y
2. Por qué un TPP sobre la industria minera?
http://www.youtube.com/watch?v=YAkqEXbHEPA

La audiencia es también un espacio de intercambio, de aprendizaje, de construcción de redes y de difusión. Si tienen algún tipo de material que crean que puede ser difundido durante la Audiencia (útiles de comunicación de campañas que estén llevando a cabo, material audiovisual, fotografías, etc) nos lo pueden hacer llegar (ya veríamos la forma) para que sea expuesto.

Pueden encontrar más información en nuestro sitio web www.tppcanada.org y si tienen alguna pregunta o inquietud, no duden en comunicarse con nosotrxs a través de esta dirección de correo (solidared@cdhal.org) o tpp.canada@gmail.com

Tambien pueden seguirnos en facebook: https://www.facebook.com/tppcanada Y en twitter: https://twitter.com/TPPCanada

Esta sesión del TPP es de gran importancia para las organizaciones sociales en Canadá y está enormemente motivada por el trabajo que ustedes realizan cada día, que nos inspira y nos empuja a emprender iniciativas como ésta.

Leyes climáticas mexicanas se olvidan de las mujeres

Por Emilio Godoy, IPS Noticias

Las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, al sur de Ciudad de México, preservan 3.000 de sus 7.619 hectáreas de bosques a cambio de pagos por servicios ambientales. Pero en ellas se reproduce una inequidad que es muy poco ecológica.

Son 484 hombres y 120 mujeres que poseen predios de entre media y ocho hectáreas y se organizan en el Comisariado de Bienes Comunales. Por preservar el bosque y cuidar el agua reciben de los gobiernos federal y capitalino beneficios como árboles, semillas, invernaderos y otros insumos. Tareas sobran: desde vigilar el bosque para impedir la tala o los incendios hasta realizar gestiones ante las autoridades.

Y los recursos no son despreciables.

Desde 2012, este grupo de comuneros (campesinos que trabajan tierras comunales) participa del programa de pagos por servicios ambientales financiado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la constructora privada Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que aportan 123 dólares anuales por hectárea para limpiar el bosque, construir barreras vivas y sembrar árboles

No se trabaja en todos los predios al mismo tiempo, sino en forma rotativa, para que los beneficios se vayan moviendo en una superficie de 220 hectáreas.

Además, entre 2012 y 2013, Conafor les concedió unos 300.000 dólares para la restauración de microcuencas. Pero las mujeres solo participan en actividades de reforestación y recolección de basura. “Hasta julio vamos a reforestar, cuando llegue la temporada de lluvia. El problema es que los trabajos para las mujeres son muy limitados”, dijo a IPS una de las 120 comuneras, Alma Reyes, de 42 años y madre de dos niñas y un varón. Reyes venció décadas de exclusión en 2010, cuando se postuló y fue elegida secretaria del Comisariado, uno de los tres cargos más importantes de la organización.

Pero en agosto de 2013 terminó su gestión, y Reyes duda de que esa experiencia se repita con otra mujer.

“Prevalece una mayoría machista, y las leyes no se aplican”, señaló. Las mujeres “no tienen injerencia en lo que se hace, en el reparto de beneficios ni en la toma de decisiones”, cuestionó.

En 2013 se aprobaron pagos similares para 52.000 hectáreas en todo el país. Y para un período de cinco años, Conafor avaló servicios ambientales de unos 77 millones de dólares para 471.000 hectáreas.

A primera vista, estos proyectos rinden: la mayoría de los niños van a la escuela, se come tres veces al día y la gente no abandona las comunidades. Pero faltan indicadores para medir la mejora de las condiciones de vida tanto de los hombres como de las mujeres.

El caso de las comuneras del Ajusco ilustra cómo el rol de las mujeres no es relevante en el marco legal mexicano para responder al cambio climático. La Ley General de Cambio Climático, vigente desde 2012, carece casi de referencias a la participación femenina.

La única mención, en el artículo 71, sostiene que los planes estaduales se elaborarán “procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables”.

“Todas las leyes son perfectibles. Lo estamos revisando, pues al aplicar la ley se hallan detalles. Queremos dar seguimiento a los planes de cambio climático y a cómo los aplica el Poder Ejecutivo”, dijo a IPS la diputada y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lourdes López.

La diputada del Partido Verde Ecologista y coordinadora del capítulo mexicano de la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (GLOBE International), es una de quienes promueven más reformas.

La ley convirtió en obligatoria la meta de reducir en 30 por ciento las emisiones nacionales de gases invernadero para 2020, sujeta a la disponibilidad de recursos financieros y transferencia de tecnología, señala el mayor estudio sobre legislaciones climáticas, que analiza la situación de 66 países y fue publicado en febrero pro GLOBE International, una red mundial de parlamentarios preocupados por los problemas ambientales.

La diputada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Martha Lucía Micher, cree que las leyes y la toma de decisiones deben incluir más y mejor a las mujeres.

“¿Cómo desarrollar políticas si se ignora a las mujeres? ¿Cómo impulsar proyectos sostenibles si ellas no participan? No nos encontramos suficientemente representadas en instancias de decisiones del cambio climático”, cuestionó Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Las dos comisiones legislativas presididas por López y Micher, además de activistas y académicas formaron un grupo de trabajo para plantear cambios a las leyes relativas al cambio climático, con el fin de que contengan perspectiva de género.

Con 118 millones de habitantes, México está muy expuesto a la variabilidad del clima y ya padece manifestaciones como tormentas devastadoras más frecuentes, sequías intensas, elevación del nivel del mar y pérdida de diversidad biológica.

La pobreza afecta a 51,3 por ciento de la población, y una parte importante de las mujeres, sobre todo en zonas rurales, soportan lo peor, pues recaen sobre sus hombros la búsqueda de agua y alimentos y la protección de las familias en caso de desastres.

La ausencia de género en las normas climáticas contrasta con otras áreas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la incorporación del género en todos los programas de gobierno, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

Y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 ordena incorporar “el género en la detección y disminución de riesgos, la atención a emergencias y la reconstrucción en desastres naturales y antropogénicos”, así como “en las políticas ambientales y de sustentabilidad”.

Leticia Gutiérrez, asesora de políticas de la no gubernamental Alianza MéxicoREDD+, dijo a IPS que “aún prevalecen enfoques que ubican a las mujeres como grupo vulnerable y se enfocan en la promoción de proyectos productivos sin que se logre incidir en las causas estructurales de la desigualdad de género”.

La Alianza patrocinó un estudio que analiza las principales leyes y políticas de México, así como el gasto público destinado a la igualdad entre hombres y mujeres en relación con el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques).

El documento, elaborado por la Oficina Global de Género de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), concluyó que si bien existe un marco jurídico y programático que obliga a sumar la perspectiva de género, “aún se observa una insuficiente transversalidad de estos enfoques en las políticas forestales, agrarias, ambientales y climáticas”.

México se ubicó en el lugar 21 del Índice de Género y Ambiente de la UICN, que evaluó a 72 países. Islandia encabezó esta medición, y el último puesto lo ocupó República Democrática del Congo.

Los logros y propuestas “suenan muy bonito”, dijo Alma Reyes. “Ojalá se practiquen, porque en todos lados se pide equidad de género”.

Declaración Conjunta: Llamado a un instrumento internacional sobre derechos humanos, empresas transnacionales y otras empresas comerciales

Esta declaración ha sido ratificada por una amplia alianza de redes internacionales, organizaciones y movimientos sociales, enumerados a continuación. Representa la expresión colectiva de una creciente movilización de la sociedad civil global para reforzar normas jurídicas internacionales que hagan frente a las infracciones de derechos humanos por parte de corporativas. Acoge con satisfacción las iniciativas recientes de Estados en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentada por Ecuador durante la sesión de septiembre de 2013, para elaborar un tratado internacional sobre normas jurídicamente vinculantes que se apliquen a empresas transnacionales en cuestiones de derechos humanos.

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes,

Preocupados por los continuos abusos y violaciones a los derechos humanos que ocurren en todo el mundo y que directa o indirectamente involucran la responsabilidad de empresas comerciales,

Preocupados también de que dichas conductas abusivas afectan de manera frecuente y desproporcionada a mujeres, representando a la mayoría de los trabajadores en los sectores mas vulnerables, campesinos, pueblos indígenas, personas viviendo en situación de pobreza, niños, entre otros, y especialmente alarmados por el hecho de que la justicia es negada a aquellos que sufren daños,

Considerando el invaluable trabajo realizado por defensores y organizaciones de derechos humanos, sindicatos , defensores de derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de las mujeres y otros en defensa y protección de los derechos humanos frente a aquellos abusos,

Preocupados por el incremento en los ataques, persecución, intimidación, restricciones y represión contra las defensoras y defensores de derechos humanos

Considerando las iniciativas tomadas por algunos Estados dentro y fuera de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como las acciones y el trabajo realizados por expertos y órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas para brindar una mejor protección a los derechos humanos en el contexto de operaciones de empresas,

Recordando las obligaciones existentes de los Estados en virtud de tratados internacionales y regionales de derechos humanos, y la necesidad de aplicar y complementar estos tratados para hacerlos efectivos en el contexto de operaciones de empresas trasnacionales,

Convencidos de la necesidad de fortalecer el marco jurídico internacional aplicable a la acción del Estado, incluyendo recursos y reparaciones a nivel internacional, para proteger los derechos en el contexto de operaciones empresariales, y conscientes de la urgente necesidad de asegurar el acceso a la justicia, remedios y reparación a víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de empresas,

1. Hacen un llamado a los Estados para la elaboración de un tratado internacional que:

a) Afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos a las operaciones de empresas transnacionales y otras empresas comerciales,

b) Obligue a los Estados Parte a vigilar y regular las operaciones de empresas y negocios bajo su jurisdicción, inclusive cuando éstas actúen fuera del territorio nacional, con el fin de prevenir las violaciones de los derechos humanos durante estas operaciones

c) Obligue a los Estados Parte a establecer responsabilidad legal de las empresas por sus acciones u omisiones cuando estas vulneren derechos humanos,

d) Obligue a los Estados Partes a proporcionar acceso a un recurso efectivo por parte de cualquier Estado concernido, incluyendo el acceso a la justicia para las víctimas extranjeras que han sufrido perjuicios causados por actos u omisiones de una empresa en situaciones donde los Estados involucrados tienen bases para ejercer sus obligaciones territoriales o extraterritoriales de protección,

e) Establezca un mecanismo internacional de vigilancia y rendición de cuentas.

f) Proveer protección para las víctimas, informantes y defensores y defensoras de derechos humanos que buscan prevenir, exponer o asegurar rendición de cuenta en casos de abusos cometidos por las empresas, así como garantizar el derecho al acceso a la información dentro de este contexto.

2. Hace un llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a tomar las acciones conducentes a la elaboración de este tratado, y con tal propósito establezca un grupo de trabajo de composición abierta con mandato para redactar un borrador.

3. Hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a tomar medidas encaminadas al establecimiento de una iniciativa conjunta para alcanzar el objetivo de contar con un instrumento vinculante en las Naciones Unidas lo antes posible

Esta declaración conjunta, apoyada por las organizaciones que se enumeran a continuación, ha sido elaborada por los participantes en el primer Foro anual de los Pueblos sobre los Derechos Humanos y las Empresas. El Foro fue organizado conjuntamente por la Red-DESC y Forum-Asia del 5 al 7 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

FIRMAR:
http://www.treatymovement.com/firmar/

VER Organizaciones firmantes (debajo de página):
http://www.treatymovement.com/declaracion/

Mayo 24: Marcha mundial contra Monsanto

Te guste o no, lo más probable es que Monsanto haya contaminado los alimentos que comiste hoy, con los productos químicos y organismos modificados genéticamente sin etiquetar. Monsanto controla gran parte del suministro mundial de alimentos a expensas de la democracia de alimentos en todo el mundo. Debemos detener esto. Es por eso que debemos marchar.

El portal Occupy Monsanto ha lanzado una invitación mundial para marchar el próximo 24 de mayo en contra de Monsanto, empresa proveedora de herbicidas, venenos y transgénicos.

¿Por qué marchamos?”, anuncia de manera retórica el comunicado, ofreciendo las siguientes respuestas:

Proteger nuestro suministro de alimentos.
Apoyar a los agricultores locales.
Proteger nuestro medio ambiente.
Promover soluciones orgánicas.
Exponer el amiguismo entre las grandes empresas y el gobierno.
Conseguir la rendición de cuentas de los responsables de la corrupción.

Un amplio listado muestra la información por país, estado o provincia, y ciudad donde se llevaran a cabo las marchas simultáneas, así como el enlace al evento en Facebook de cada una.

Mayor información:
Occupy Monsanto
http://occupy-monsanto.com/

Información acerca de semillas transgénicas

El proceso es simple toman de un animal o insecto su genética, insertándola en la genética de una semilla (que luego dará más semillas del mismo tipo).
Lo que nos cuentan; es que produce más en menor tiempo, porque los pesticidas que te venden también la compañía, son aceptados por la plantas manipuladas e impiden que los insectos se las devoren y la producción sea más alta.
Lo que no te cuentan; es que pierde y perdemos todo lo natural de millones de años de adaptación en la tierra, o sea el equilibrio, por resultado tendremos alimentos que ya no tengan el mismo valor nutricional, además de que se rompe la cadena, hay casos donde el sabor, la textura y la forma cambian.
Si esto sigue así las semillas originales y naturales se perderán, y las semillas transgénicas se volarán a otros campos por causa del viento y polinización, por lo que si nace por accidente en tu territorio deberás pagar una multa a la multinacional de Monsanto debido a replica y hurto de su patente.

EL ESCARAMUJO 47: LA CUENCA DEL USUMACINTA, CUNA DE LA RESISTENCIA MESOAMERICANA ORGANIZADA CONTRA LAS REPRESAS

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos AC/MAPDER
14 de mayo de 2014

 

LEER COMPLETO: EL ESCARAMUJO 47: LA CUENCA DEL USUMACINTA, CUNA DE LA RESISTENCIA MESOAMERICANA ORGANIZADA CONTRA LAS REPRESAS (15 págs. -PDF 246Kb)

El Contexto

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) signado en 1993 implicó para el gobierno mexicano la imposición de nuevos cambios constitucionales que garantizaran las inversiones y los compromisos contraídos en dicho tratado. Así, previo a la firma del TLCAN, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se modifican la ley de aguas, la ley minera, la ley agraria, entre otras. Ahora, en el marco del Tratado TransPacífico (TTP) cuyo proceso de negociación inició en el 2006 y con la adhesión de México en 2012, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsa otro nuevo marco legal necesario para adecuar al país a este nuevo tratado todavía más ambicioso. De ahí la urgencia de modificar la ley laboral, energética, agraria, de aguas, minera, educativa, de hacienda, entre otras, para adaptar las estructuras del país a los intereses de las grandes corporaciones y sus inversiones (CASTRO: 2013a).

En medio de ambos grandes tratados, otros muchos se firmaron entre México y con diversos países de América Latina, Europa y Asia. Sin embargo, un punto nodal necesario para el éxito de la implementación y garantía de las actividades extractivas, es la construcción de la infraestructura que viabilice el arribo de las inversiones donde la comunicación y la energía fueron los pilares que rigieron las inversiones en el país con el Plan Puebla Panamá (PPP) partir del año 2000, hoy Plan Mesoamérica.

Así, las represas, como fuente que dotara de agua y energía a una región que vería arribar todo tipo de inversiones extractivistas, se convirtió en una de las infraestructuras más proyectados no sólo por el gobierno mexicano, sino por todos los gobiernos de mesoamericana con cientos de represas amenazando los territorios indígenas (CASTRO: 2010). La irrigación para el gran agro negocio, la generación de energía para la construcción de nuevos puertos y regiones industriales, agua y energía para las zonas turísticas, agua para los gigantescos proyectos mineros, entre otros.
(…)

LOS P.H. SOBRE EL USUMACINTA

Los proyectos hidroeléctricos sobre el Río Usumacinta se remontan al año 1966 cuando la CFE inició los estudios geológicos, hidrológicos y topográficos para definir el Proyecto Boca del Cerro en el estado de Tabasco, y otras cuatro represas más sobre los territorios de Chiapas y Guatemala. Hasta 1990 se realiza un diagnóstico socio ambiental y arqueológico. A partir de los primeros estudios se han iniciado diversos intentos para su construcción pero por diversas causas han fracasado. La CFE ha modificado en varias ocasiones las especificidades del sistema de represas. El acceso a la información no ha sido siempre fácil y los gobiernos tanto de Guatemala como de México han incluso negado la existencia de estos proyectos ante las reacciones en contra por parte de diversos actores que van desde arqueólogos nacionales y extranjeros, ecologistas, comunidades indígenas, organizaciones sociales, entre otros.

(…)

EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA.

Las primeras reacciones públicas se dieron en marzo de 1987 cuando el Grupo de los Cien denunció el proyecto de construir presas sobre el río Usumacinta que, según ellos, inundaría 700 Km cuadrados afectando los últimos reductos de selva, inundando el pasado cultural maya y con ellas las posibilidades de sobrevivencia de sus pueblos. El Grupo de los Cien pidió a los presidentes de México y Guatemala cancelar estos proyectos a lo que el mandatario guatemalteco, Vinicio Cerezo Arévalo, respondió que su intención era “trabajar para conservar tanto la fauna como la cultura” del área: “Creo sinceramente que dicho patrimonio pertenece a la humanidad y de que debemos preservarlo.” En primera plana, el New York Time publicó en su editorial “Don’t Flood the Maya Vatican” haciendo alusión a las murales de Bonampack.

En mayo de 1989, a solicitud del gobierno de Guatemala, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) suspendió el plan hidroeléctrico del Usumacinta. Prácticamente durante toda la década de los 90’s, durante el alzamiento zapatista, estos proyectos quedaron en impasse hasta que la pesadilla volvió a regresar a inicios del nuevo milenio.

(…)

En el 2010 la CFE edita otro documento donde hace mención de los Proyectos Hidroeléctricos sobre el Río Usumacinta, modifica algunas especificaciones y menciona confusamente otro proyecto más: Yaxchilán, Isla El Cayo, El Porvenir, La Línea, Frontera y Tenosique (antes Boca del Cerro) (CFE: 2010). Este documento vuelve a alertar al movimiento social contra las represas que se mantenía en un impasse en su resistencia en los últimos años.

El 27 de febrero del 2010, el entonces presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la República la Estrategia Nacional de Energía (ENE) que contenía tres ejes: Seguridad Energética, Eficiencia Económica y Sustentabilidad Ambiental. En la Línea de Acción 5.2 (Diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias) planteó la meta para que en el 2024 la generación de electricidad proviniera hasta en un 35% de “tecnologías limpias” (28 700 MW). Por ello, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) contemplaba construir las presas hidroeléctricas de Copainalá (225 MW) y Acala (135 MW) en Chiapas, y las que ahora enfrentan una fuerte resistencia del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) como son Paso de la Reina en Oaxaca (510 MW), Tenosique en la Cuenca del Usumacinta en el estado de Tabasco (420 MW), La Parota en Guerrero (900 MW) y Las Cruces en Nayarit (475 MW). Todos estos proyectos incrementarían un total de total 2665 MW a la capacidad instalada en el país. Si embargo, para cumplir con la meta implicaría incrementar 14755 MW con energías limpias que equivalen a construir los 60 proyectos que están identificados con estudios avanzados, entre los que están incluidas las represas en los ríos de la Cuenca Grijalva-Usumacinta que podrían incrementar 2000 MW y 7823 GWh al Sistema Eléctrico Nacional.

En el marco de este contexto, se plantea nuevamente modificar nuevamente la ley de aguas en el país, ya que es el recurso fundamental para toda actividad extractiva que ha vuelto finito este bien común, como lo confirma la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el sentido que el 94% de las aguas dulces en México está contaminado. Y por si fuera poco, casi todas las principales cuencas han sido represadas a excepción del Río Usumacinta.

Contradictoriamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya desde el 2008, concluía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sólo había operado el 45.5% de la capacidad instalada en México (ASF: 2008). Una de las razones ha sido la apertura para la generación de energía en manos privadas, lo que disminuyó la demanda de energía a la CFE. Pese a ello, la CFE anuncia ese mismo año la construcción de las presas sobre el Río Usumacinta (CFE: 2008a, 2010 y S/F).

El MAPDER Chiapas contacta a las organizaciones de resistencia en Tabasco y los invitan a participar en el MAPDER. Con ellos se analiza la necesidad de reactivar la resistencia contra el proyecto Boca de Cerro y se reactivan las relaciones con el Frente Petenero contra las Represas. Un año después, en el 2011 el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Chiapas se propone para ser sede del VIII Encuentro Nacional del MAPDER en el municipio de Huitiupán donde suenan nuevamente los intentos de la construcción de la represa Itzantún, detenida décadas atrás por la resistencia indígena (MAPDER: 2011). Desde entonces se desplegaron diversos encuentros y talleres para analizar las causas de las inundaciones de Tabasco y del Río Usumacinta. Pero para enfrentar esta nueva gran batalla, el MAPDER Chiapas propone conformar una Alianza Binacional para decretar la Cuenca del Usumacinta libre de Represas. Sucesivos encuentros se dan durante 20011, 2012 y 2013 en Chiapas, Tabasco y Guatemala para fortalecer esta Alianza Binacional con la participación de organizaciones sociales, indígenas y campesinas que culmina con la propuesta de ser nuevamente anfitriones del V Encuentro Latinoamericano de la REDLAR en la comunidad de Retalteco, Petén, Guatemala, en el mes de octubre de 2013. De este modo, doce años después se regresa al mismo punto de partida que le dio origen a la resistencia regional. Así, luego de doce años, el ciclo se cierra e inicia una nueva etapa en la resistencia. El movimiento empieza nuevamente a tocar los tambores para el llamado a la rearticulación de la resistencia y enfrentar otra batalla más por mantener a la Cuenca libre de represas. En Retalteco se vuelven a aglutinar las resistencias latinoamericanas con la presencia de 537 delegados y delegadas de 14 países y con varias giras previas en los territorios de Guatemala donde los delegados y delegadas fueron compartiendo la solidaridad las diversas resistencias nacionales (REDLAR: 2013).

ALGUNAS CONCLUSIONES

Desde la perspectiva social, las organizaciones indígenas, campesinas, sociales y de derechos humanos se movilizan para evitar el despojo de sus tierras y territorios, del agua y de los bienes comunes naturales. La resistencia del movimiento social también se ha fortalecido y ha logrado contra argumentar el supuesto “desarrollo” que han aportado estos proyectos y los saldos sociales y ambientales que acarrearon. Por ello, no sólo en Chiapas sino en todo México y América Latina, la estrategia impulsada por la banca multilateral, gobiernos y capital transnacional, ha dado un giro en dos vertientes: la construcción de parques eólicos para al autoabastecimiento de energía de las empresas, y la construcción de supuestas “pequeñas” hidroeléctricas, ambos en manos privadas e insertadas en el mercado de carbono como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en el marco del Protocolo de Kyoto y los compromisos contraídos en él, con el fin de compensar las exigencias de reducción de emisiones por parte de los países que mayormente aportan con gases efecto invernadero al planeta.

La Cuenca del Usumacinta es una región geoestratégica de gran importancia extractiva para muchos intereses corporativos. Su desarrollo histórico siempre ha sido fuente de conflictos políticos, ambientales, sociales y económicos. Para el Estado mexicano y guatemalteco, pero también para las grandes corporaciones, representa un enorme reto imponer al fin sus intereses. Y aunque en el caso de los proyectos hidroeléctricos no son viables desde el punto de vista técnico, ambiental, climático, arqueológico, cultural ni social, el gobierno mexicano sigue empecinado en volver a intentar su construcción. Sin embargo, no cabe duda que la Cuenca del Usumacinta ha sido la cuna de la resistencia mesoamericana organizada contra las represas que ha logrado mantenerla libre de represas. Su proceso ha sido largo a base de movilizaciones, resistencias y toma de conciencia sobre los impactos sociales, económicos y ambientales que provocan las represas, pasando de la lucha de resistencia al desmantelamiento de represas, de la necesidad de las alternativas locales a los cambios necesarios en la matriz energética y recientemente por el nuevo paradigma de energía.

El movimiento mesoamericano avanzó y maduró paso a paso. Se politizó rápidamente logrando altos niveles de investigación, análisis, convocatoria y movilización. Identificó inmediatamente las corporaciones transnacionales de energía. Logró articular desde un principio las alianzas locales con las nacionales, mesoamericanas y latinoamericanas, incluso con un análisis estructural en el marco de los tratados de libre comercio y otros procesos de integración económica. Se articuló también con la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural y se planteó una lucha global y antisistémica (CASTRO: 2003 y 2007). El movimiento social logró contextualizar la lucha en el marco de los intereses del gran capital con el apoyo de la banca multilateral. Muy pronto se dio cuenta de las consecuencias de la extracción y el despojo de los territorios de los pueblos indígenas. La resistencia logró tocar el aspecto clave para el capitalismo, las inversiones y la acumulación del capital: el agua y la energía.

La resistencia ha sido exitosa debido a diversos aspectos. Por un lado, la región mesoamericana contaba con una fuerte vinculación previa entre sus movimientos y organizaciones por varios frentes de lucha como la resistencia contra el Plan Puebla Panamá, contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), por los encuentros regionales de los pueblos indígenas, por encuentros en defensa de la biodiversidad, encuentros contra la militarización, por la conformación previa de la Convergencia de los Pueblos de las Américas (COMPA); por las luchas de solidaridad entre los países en sus procesos revolucionarios, entre otros muchos. También existían procesos de vinculación entre movimientos sociales, indígenas y campesinos con ONGs, sectores académicos, periodistas, entre otros sectores. Por ello la articulación de la lucha contra las represas se da con mayor facilidad. El movimiento también coordinó 6 ejes estratégicos de acción: la información y difusión, movilización, educación y capacitación, organización, acciones legales y cabildeo con congresos. Fue incorporando nuevos elementos y temáticas a lo largo de los años de resistencia: desmantelamiento de represas, matriz energética, privatización del agua y la energía, cambio climático, entre otras.

Actualmente la resistencia inicia su reactivación bajo otra modalidad convocando a la Alianza Binacional con el fin de decretar la Cuenca del Usumacinta libre de represas. Del lado mexicano las organizaciones indígenas, campesinas y ONGs de los estados de Chiapas y Tabasco; y del lado de Guatemala sus contrapartes de los departamentos de Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz y el Petén. Estos son los que se proponen para llevar a cabo el V Encuentro de la Redlar en octubre de 2013 con el fin de visibilizar nuevamente la problemática y lograr vínculos de solidaridad.

LEER COMPLETO: EL ESCARAMUJO 47: LA CUENCA DEL USUMACINTA, CUNA DE LA RESISTENCIA MESOAMERICANA ORGANIZADA CONTRA LAS REPRESAS (15 págs. -PDF 246Kb)

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Declaración de la Reunión de Mujeres de América Latina y el Caribe

IV Conferencia Especial de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe

En Santiago de Chile, el día 2 de mayo, reunidas las mujeres campesinas, rurales, pescadoras, pastoras, asalariadas agrícolas e indígenas en la Conferencia Especial de Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe declaramos que:

Ratificamos los aportes políticos de la soberanía alimentaria como un principio. Valoramos y reconocemos los esfuerzos anteriores realizados a esta Conferencia, en cuyo proceso y desde la realización de la Conferencia Mundial sobre la alimentación realizada en Mali bajo el nombre de mujer Nyeleni, donde nuestras propuestas inciden en el reconocimiento de derechos para construir y socializar con un enfoque de género.

Como asimismo, consideramos un avance en este procesos de más de 20 años de construcción ,de agendas para la defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos, la constitución de esta Alianza y su documento fundacional, debe seguir avanzando para que este y otros documentos se transformen en políticas públicas.

Destacamos el trabajo de las mujeres del campo y la pesca artesanal de la acuicultura, maricultura en todos los ámbitos: productivo, reproductivo, del cuidado de las personas, los bienes comunes y la naturaleza, Las mujeres somos históricamente trasmisoras de la cultura, a través de los valores, las resistencias culturales, la defensa del idioma, lenguas, vestuario, costumbres ancestrales y comunitarias.

Ratificamos la importancia de la movilización social como herramienta de acción y posicionamiento político de incidencias y resistencias porque los pueblos tenemos el derecho a decidir libremente sobre los modos de vida producción comercialización e intercambio que queremos en oposición al modelo agroindustrial, extractivista y de concentración que afecta principalmente a las mujeres en sus condiciones de trabajo, de vida y su impacto en las labores productivas, reproductivas y en las condiciones para el cuidado de la vida y la naturaleza. El trabajo flexible y precario impacta con mayor intensidad a las mujeres.

Denunciamos que existiendo convenios internacionales que prohíben el trabajo de los niños, se sigue vulnerando este derecho de los niños y niñas en la agroindustria, privándolos de vivir una infancia plena y feliz con educación y salud garantizada por los Estados.

Exigimos a los gobiernos de América Latina y el Caribe y la FAO: que adopten el enfoque de bienes colectivos para referirse a nuestros territorios: tierra, agua ecosistemas y biodiversidad.

Los gobiernos deben asegurar a todos los pueblos el acceso a los bienes colectivos y garantizar su protección. Respetar las normas definidas por los instrumentos internacionales y convenios internacionales, como la CEDAW (Convención internacional contra todo tipo de discriminación contra las mujeres). En este sentido nos declaramos en campaña permanente en contra de la violencia hacia las mujeres en todas sus formas (sexual, psicológica, económica, intrafamiliar e institucional)

Exigimos a los Estados y a los organismos internacionales que garanticen el cumplimiento de los derechos legítimos de las mujeres.

Exigimos cumplimiento efectivo del Convenio de 169 de la OIT y La Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a los derechos consuetudinarios. Hacer efectivo el mecanismo de la consulta previa libre e informada sobre todo lo que afecta a nuestros territorios. Fomentar la certeza jurídica para la tenencia de la tierra para las mujeres defender el derecho inalienable e inembargable.

Reconocer la cosmovisión de los pueblos indígenas, la solidaridad, reciprocidad y complementariedad.

Valorar, reconocer y respetar los saberes de las mujeres y hombres productores garantes de la soberanía alimentaria de los pueblos, a través de la Reforma Agraria integral.

Incorporar en las políticas públicas la economía solidaria que fomenta la asociatividad, fortaleciendo el abastecimiento, acopio y comercialización, bajo otras formas de intercambio propias de los territorios.

No permitir la privatización de los bienes comunes, ni el patentamiento de toda forma de vida. Nos oponemos a la ley de obtentores vegetales, la propiedad intelectual sobre las semillas, las hierbas medicinales y la intervención genética que rompe con el ciclo ecológico de la naturaleza.

Incluir mecanismos de reparación integral para las mujeres víctimas de violación de los derechos humanos y en América Latina y el Caribe.

Fortalecer el papel fiscalizador de los parlamentos para hacer avanzar las políticas de soberanía alimentaria.

Reconocer a la Alianza por la Soberanía Alimentaria como contraparte en la discusión y las decisiones ante los países y la FAO.

Las mujeres representantes instamos a nuestras organizaciones a comprometernos a:

-Valorizar el papel de las mujeres en la preservación, conservación y desarrollo de nuestras culturas.

-Fortalecer la formación política de las mujeres para la soberanía alimentaria y avanzar en la creación de un programa regional de la formación.

-Socializar la información acerca del año de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, y su importancia para alimentar el mundo y cuidar el planeta.

-Fortalecer y ampliar nuestras organizaciones articulándonos en acciones comunes.

-Realizar el seguimiento y evaluación de los gobiernos de América Latina y el Caribe y de la FAO, para la implementación de los acuerdos y compromisos alcanzados. Estaremos atentas a los diversos procesos políticos y trabajaremos juntas para que los movimientos sociales en su conjunto realicemos ese seguimiento.

-No permitiremos la manipulación e instrumentalización de la soberanía alimentaria.

-Seguiremos construyendo alianzas con las mujeres urbanas, sus organizaciones y otros sectores para mantener relaciones equilibradas entre la producción y la comercialización de los alimentos.

“Resistencia y rebeldía, las semillas por la vida”

Vía http://movimientos.org/

AMPLIAR INFORMACIÓN EN:

http://www.radiomundoreal.fm/iv-conferencia-especial-para-la?lang=es

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Coberturas_especiales/IV_Conferencia_Especial_para_la_Soberania_Alimentaria

M4 repudia el asesinato del defensor del ambiente Rigoberto López Hernández ocurrido en Honduras

COMUNICADO
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
Sección Honduras

Elevamos nuestra más enérgica condena ante el espeluznante asesinato del defensor del ambiente Rigoberto López Hernández, ocurrido el 3 de mayo de este año en la comunidad de Santa Cruz, Municipio de El Níspero, Santa Bárbara, Honduras. Exigimos una pronta investigación sobre este asesinato vil y cobarde.

Desde el momento en que el Congreso Nacional aprobó la fatídica Ley de Minería advertimos y responsabilizamos al gobierno de las agresiones y violaciones a la vida y a los derechos humanos que se derivan de la implementación de su política extractivista. Hoy, esas previsiones se convirtieron en una indignante realidad.

Rigoberto López se caracterizó por su firme decisión de luchar por la cancelación de una mina de óxido de hierro, ubicada en la montaña Quita Ganas, ya que desde esta zona nacen fuentes de agua que abastecen a varias comunidades de El Níspero, incluida la comunidad de Santa Cruz. En reiteradas ocasiones el nuevo mártir por la vida expresó que la minería es una amenaza ambiental, afecta la calidad de vida de las personas provocando gran cantidad de enfermedades y deja una gran deuda ambiental a las futuras generaciones y motivó a las poblaciones del municipio del Níspero a oponerse a la continuación de la minera.

En una Asamblea Comunitaria con el Alcalde Antonio Leiva y representantes de la minera, Rigoberto expresó no querer negociar más falsas promesas y demandaba que la compañía minera saliera del municipio. No obstante la toma de la carretera que llega hasta la mina Quita Ganas y que, en acto de soberanía, la comunidad realizó desde el mes de marzo, fue desalojada por la Policía Nacional y militar, con la promesa del Alcalde Municipal de llevarles a la capital Tegucigalpa para solucionar el conflicto alegando que “la presencia de la mina en el municipio es legal porque goza de permisos de SERNA, INHGEOMIN y que la población esta aferrada a mitos que supuestamente causa daños la minería en el país”.

De acuerdo a testimonios de algunos líderes de las comunidades del municipio, Rigoberto fue degollado y su lengua cortada. Estas características de terror representan un mensaje para acallar las voces de quienes valientemente defienden sus medios de vida ante el desgarro que provoca la actividad minera en muchos de los territorios de nuestro país.

Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a condenar este vil asesinato y exigir al Estado de Honduras el respeto a los Derechos Humanos de los defensores del Medio Ambiente y los Territorios y el cumplimiento de su obligación de brindar justicia. Es además su obligación dar a conocer la verdad de la gravedad de los conflictos y violaciones que está generando la minería a un año de haberse aprobado en el Congreso Nacional la nefasta Ley de Minería que ha traído más persecución, criminalización y muerte de líderes comunitarios, indígenas y defensores de derechos humanos.

Exigimos que se cumpla con los convenios internacionales para brindar las medidas de reparación integral a la familia del compañero Rigoberto López. Igualmente demandamos las medidas de protección inmediata de los demás líderes de la Comunidad de El Níspero que públicamente se han opuesto a la continuidad de este proyecto minero.

A las autoridades de Inhgeomin y Serna,

¡respeten la voluntad ciudadana que rechaza la instalación
de proyectos mineros en sus territorios!

¡De Panamá a Canadá la minería no va!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

Descargar comunicado .pdf

Invitación a Foro y marcha del MOCRI CNPA MN

Invitación a cada un@a de ustedes y las organizaciones, ong´s, Pueblos o individuos al foro denominado CRIMINALIZACIÓN DE LOS PUEBLOS EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y A LA PROTESTA SOCIAL. Que se llevará a cabo el próximo 13 de Mayo del presente, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en el Hotel Misión Colonial, que se encuentra en el centro de la ciudad.

El objetivo del foro es evidenciar la violación de los derechos humanos que los tres niveles del gobierno cometen en contra de quienes se organización por defender el territorio y con esto los derechos, los recursos naturales y en si la vida misma.

Sera un espacio donde la asamblea del MOVIAC tendrá espacio para hacer difusión o denuncia de problemáticas que consideren importantes difundir. Buscamos con esto estrechar la solidaridad que tenemos entre las organizaciones que estamos promoviendo la campaña.

Tendremos Conferencias de harto interés pata todas y todos, exposición de los casos que reivindica la campaña y un espacio abierto para las organizaciones que asistan.  Por tal, sera muy grato poder contar con cada uno de ustedes, ojala y les sea posible asistir.

Al finalizar el foro realizaremos una marcha como parte de la protesta en contra de la criminalización de los pueblos, pero justo tambien para manifestarnos en contra de la iniciativa que el Gobernador del estado ha enviado al congreso para regularizar las protestas, en donde plantea claramente que se le faculte para hacer uso de la fuerza policial en contra de los movimientos.

Un fraterno saludo a todas y a todos.

¡Échanos la mano! Caravana Climática

Saludos
Estamos llevando a cabo un proyecto monumental e inspirador, cruzando América Latina por tierra, tratando de llegar a Lima, Perú, para la COP20– la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

En el camino estamos realizando paradas y visitas con comunidades en lucha por su medio ambiente, y documentando sus historias en una serie documentalista multi-medios, por video, fotografía, y audio para radio. Estos documentales lo pueden ver en nuestra pagina web aquí> http://caravanaclimatica.org/miradas/

Son muchos mas por publicar en estos días- y los informes y bitácora de nuestro camino lo pueden encontrar en la misma pagina o en nuestro sitio en Facebook https://www.facebook.com/caravana.climatica

Te escribimos para avisarles que lanzamos hace pocos días nuestra campaña de fondeo colectivo (crowdfunding) para recaudar los fondos necesarios para cumplir con esta parte de la gira por Centro America, y para hacer el traslado marítimo en ferri de nuestro camión, de Panamá a Colombia.

Buscamos recolectar estos fondos en el camino con gente y grupos solidarios que comparten esta lucha y proyecto, y contamos con el apoyo de usted para iniciar la recolecta de dinero y para que se vea unas monedas en el sombrero por decir…

La campaña y forma de donar electronicamente- lo pueden encontrar en la siguiente pagina- https://www.indiegogo.com/projects/climate-caravan-thru-latin-america

La versión en español de nuestro video promocional es esta: https://www.youtube.com/watch?v=vBwCgrT-NXo

En fin, son muchas cosas para compartir. Lo importante ahora es que nos echan la mano, ya esta lucha es de todos y estamos sumando corazones.

Avísanos si nos pueden ayudar.

Un abrazo,

Cristian,
y de todo el equipo de la Caravana Climática por América Latina.

CONVOCATORIA GERENTE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN CUETZALAN, PUE.

Interesados mandar CV y Carta de Motivos a más tardar el viernes 09 de mayo

Organización: Yohualichan A. C.
Puesto: Movilizador (Gerente)
Sede: Yohualichan, Mpio. de Cuetzalan del Progreso, Pue.
Reporta a: Comité de Bienestar Infantil de la A. C.
Supervisa a: Equipo Técnico y Administrativo de la A. C.

Acerca del puesto:
Tiene la responsabilidad de ser el líder del equipo, planificar, efectuar seguimiento y evaluar programas generadores de oportunidades y capacidades para el desarrollo de la niñez afiliada a la organización y al personal involucrado en el área.
Yohualichan A. C. está representada por el Comité de Bienestar Infantil (CBI), conformada por miembros de las familias participantes quienes son elegidos libremente y poseen representación y reconocimiento legal. Comparte la misión de ayudar a que los niños y niñas marginados y en pobreza, tengan la capacidad de convertirse en adultos, jóvenes, padres, madres de familia y líderes, que lleven cambios duraderos y positivos a sus comunidades. Busca promover sociedades cuyos individuos e Instituciones participen en el aprecio y la protección de los derechos de la niñez en 42 localidades de 2 municipios de la zona náhuatl en la Sierra Norte de Puebla.
Para canalizar los programas y proyectos en las comunidades la organización se apoya en la Federación quien es encabezada por el Movilizador (Gerente) y conformada por un grupo de Auxiliares de Patrocinio y Coordinadores en Salud, Educación, Medio Ambiente y trabajo con Jóvenes.

Responsabilidades Generales:
1. Elaborar, revisar y evaluar el Plan Estratégico del Área, Planes Operativos Anuales y presupuesto anual.
2. Coordinar la implementación de Programas y servicios dirigidos a los niños, familias y comunidad.
3. Coordinar y optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la organización, conjuntamente con el CBI.
4. Mantener comunicación con el CBI (Soporte y Coordinación)
5. Coordinar al personal necesario para la elaboración de propuestas e iniciativas que respondan a las necesidades de los niños, familias y comunidad.
6. Diseñar en forma participativa proyectos que contribuyan estratégicamente a la reducción de las causas de la pobreza que enfrenta la niñez, las familias y la comunidad del área.
7. Promover y verificar la efectiva ejecución, cobertura e impacto de los proyectos y programas.
8. Efectuar el seguimiento de la ejecución del financiamiento y garantizar el uso eficiente y oportuno de los recursos presupuestados.
9. Identificar los desafíos relacionados con el inicio de cualquier proyecto (tiempo, apoyo necesario,
relevancia)
10. Identificar los riesgos relacionados con las sostenibilidad de los programas/proyectos y buscar
alternativas de solución en forma conjunta.
11. Cumplimiento administrativo y programático con ChildFund México.
12. Mantener, en coordinación con el área administrativa, la correcta contabilidad de cuentas para el manejo y el desempeño de la organización.
13. Responsable de acompañamiento, facilitación, entrenamiento y desarrollo de capacidades de los
miembros de la Federación.
14. Proporciona liderazgo y asesoría a los miembros y personal de la Federación.
15. Asegura que los planes, política y procedimientos de la Federación sean desarrollados e implementados.
16. Responsabilidad general en la producción de reportes y documentos administrativos y programáticos de
la Federación.
17. Revisar reportes de seguimiento, monitoreo y evaluación y definir los puntos críticos para su resolución.
18. Asegurar el cumplimiento de políticas y procesos marcados por ChildFund México.

Requisitos:
1. Licenciatura en Desarrollo Rural, Antropología, Sociología, Trabajo Social, Pedagogía, Psicología,
Agronomía o afín.
2. 3 años de experiencia profesional en desarrollo comunitario preferentemente dentro del tercer sector con
experiencia tanto en áreas de operación de programas y administración financiera de proyectos.
3. Sensible y comprometido con las comunidades y la situación actual que guardan.
4. Habilidad para trabajar con grupos, comunidad y atención de casos especiales.
5. Conocimientos de planeación, organización, administración y operación de programas con Marco Lógico.
6. Capacidad para toma de decisiones, solución de conflictos y delegación estratégica de
responsabilidades.
7. Sólidos conocimientos en computación, principalmente hojas de cálculo y formularios.
8. Habilidad para trabajar por objetivos
9. Excelente comunicación oral y escrita (Habilidad para comunicarse de manera clara y precisa)
10.Altamente motivado, capacidad de dirigir talento humano (liderazgo) y tener capacidad de motivación a
grupos.
11.Estar actualizado con temas de la niñez y que tenga conocimiento de la sociedad rural
12.Imprescindible sepa conducir y contar con licencia de manejo
13.Disponibilidad para viajar constantemente
14.Se valorará ampliamente el dominio de la lengua náhuatl y el conocimiento del territorio.
15.Capacidad para trabajar bajo situaciones complejas y de estrés.
16.Visión estratégica y capacidad propositiva y de síntesis.

Condiciones del puesto:
1. Salario base más prestaciones de ley
2. Se requiere disponibilidad para trabajar ocasionalmente los fines de semana.
3. El puesto requiere gran capacidad de organización y administración de tiempos.
4. El puesto requiere inicialmente de una fuerte carga administrativa.
5. Disponibilidad de radicar en Cuetzalan, Pue.
6. El movilizador será asesorado por el Equipo de Área de ChildFund México.
7. El trabajo requiere de una fuerte tolerancia al estrés, trabajo bajo presión y adaptación a condiciones
socioculturales y procesos administrativos complejos.

Interesados mandar CV y Carta de Motivos a más tardar el viernes 09 de mayo de 2014 a Alfredo Bernabe, e-mail: alfredob@childfundmexico.org.mx
Marcar en Asunto el puesto al cual concursa.
Solo serán consideradas candidaturas COMPLETAS.
Únicamente se contactarán las PERSONAS SELECCIONADAS.