Autor: Otros Mundos AC

El feminismo reactiva la lucha contra el ‘extractivismo’ en América Latina

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De sur a norte las venas de América Latina siguen sangrando. Proyectos extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales se multiplican por toda la geografía latinoamericana de la mano de empresas trasnacionales a las que se han ido sumando, en los últimos años, compañías estatales. Porque si hay algo en lo que coinciden gobiernos neoliberales y progresistas de la región, es en la consolidación de un modelo neo-desarrollista con base extractivista. La otra cara de este proceso de extracción y exportación de materias primas a gran escala, se asienta en la desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones afectadas.

 

Pese a que las mujeres han estado presentes en las resistencias socio-ambientales contra los proyectos extractivos, sus luchas no siempre han sido visibilizadas. Sin embargo, en las últimas décadas, la masiva presencia de mujeres y su rol protagónico en la defensa del territorio ha cobrado visibilidad en la medida en que se ha ido profundizando el proceso de despojo.

Sus voces, que parten de la pluralidad de enfoques y posicionamientos, revelan el impacto que las actividades extractivas producen en las relaciones de género y en la vida de las mujeres. Algunas se sitúan en los feminismos populares y comunitarios, otras parten desde los ecofeminismos, y muchas no se reconocen como feministas de forma explícita. Pero todas ellas, desde su diversidad, comparten el horizonte de una lucha post-extractivista, descolonizadora y antipatriarcal, y se empoderan en el marco de las resistencias. Su principal aporte: sacar a la luz los estrechos vínculos entre extractivismo y patriarcado.

Trata de mujeres y niñas

Los bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana, la explotación minera de Cajamarca en Perú o la ruta de la soja en Argentina comparten una realidad común. En todos estos lugares, afectados por las actividades extractivas, la masiva llegada de trabajadores ha provocado el incremento del mercado sexual. El alcohol, la violencia, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se establecen en la cotidianidad de los pueblos como expresión de una fuerte violencia machista. Un informe realizado en el marco del Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería que se celebró en Bogotá en octubre de 2011, señala que “aparecen situaciones críticas que afectan directamente a las mujeres, tales como la servidumbre, trata de personas, migración de mujeres para prestar servicios sexuales (…) y la estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución”.

Por otro lado, el modelo extractivista conlleva la militarización de los territorios, y las mujeres se enfrentan a formas específicas de violencia debido a su condición de género. Esto incluye, en numerosas ocasiones, agresiones físicas y sexuales por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas.

Desde esta perspectiva, tanto la tierra como el cuerpo de la mujer son concebidos como territorios sacrificables. A partir de ese paralelismo, los movimientos feministas contra los proyectos extractivos han construido un nuevo imaginario político y de lucha que se centra en el cuerpo de las mujeres como primer territorio a defender. La recuperación del territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la defensa del territorio-tierra. Una reinterpretación en la que el concepto de soberanía y autodeterminación de los territorios se amplía y se vincula con los cuerpos de las mujeres.

Son las mujeres Xinkas en resistencia contra la minería en la montaña de Xalapán (Guatemala) quienes, desde el feminismo comunitario, construyen este concepto. Plantean que defender un territorio-tierra contra la explotación sin tener en cuenta los cuerpos de las mujeres que están siendo violentados es una incoherencia. “La violencia sexual es inadmisible dentro de este territorio porque entonces ¿para qué lo defiendo?”, se preguntaba Lorena Cabnal, integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán – Jalapa.

“Las mujeres somos una economía en resistencia”

La penetración de industrias extractivas en los territorios desplaza y desarticula las economías locales. Rompe con las formas previas de reproducción social de la vida, que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa. Este proceso instala en las comunidades una economía productiva altamente masculinizada, acentuando la división sexual del trabajo. El resto de economías no hegemónicas – la economía popular, de cuidados, etc. –, que hasta ese momento han podido tener cierto peso en las relaciones comunitarias, pasan a ser marginales.

En un contexto donde los roles tradicionales de género están profundamente arraigados y donde el sostenimiento de la vida queda subordinado a las dinámicas de acumulación de la actividad extractiva, los impactos socio-ambientales como la contaminación de fuentes de agua o el aumento de enfermedades incrementan notablemente la carga de trabajo doméstico y de cuidados diario que realizan las mujeres.

“Hay miles de experiencias productivas y económicas desde las mujeres que a partir de hoy las reconocemos y las nombramos como economías en resistencia.” A través de esta idea, adoptada de forma colectiva en el Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares celebrado en Ecuador en junio de 2013, las mujeres plantean otra forma de hacer economía. Una economía basada en la gestión de los bienes comunes que garantiza la reproducción cotidiana de la vida. Tal y como asegura la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa, la presencia de las mujeres en las luchas socio-ambientales ha impulsado un nuevo lenguaje de valoración de los territorios basado en la economía del cuidado. Detrás de esas luchas, por lo tanto, emerge un nuevo paradigma, una nueva lógica, una nueva racionalidad.

El extractivismo y la reconfiguración del patriarcado

“La presencia de hombres de otro lugar que ocupan las calles, se ponen a tomar [beber alcohol] y fastidian a las mujeres, genera que éstas no puedan salir a tomar un café porque las tratan como a putas”, cuentan las mujeres en Cajamarca, una de las regiones más afectadas por las actividades mineras en Perú.

En un contexto de acelerada masculinización del espacio, el extractivismo rearticula las relaciones de género y refuerza los estereotipos de masculinidad hegemónica. En las zonas en las que se asientan las industrias extractivas se consolida el imaginario binario basado en la figura del hombre proveedor donde lo masculino está asociado a la dominación. En esta recategorización de los esquemas patriarcales, el polo femenino queda ubicado en la idea de mujer dependiente, objeto de control y abuso sexual.

En definitiva, tal y como señala un estudio publicado por Acsur-Las Segovias, las aspiraciones colectivas que rodean a las actividades extractivas están fuertemente influidas por patrones masculinos, por imaginarios masculinizados. En este sentido, las experiencias feministas permiten visibilizar el extractivismo como una etapa de reactualización del patriarcado. La investigadora y activista social mexicana Raquel Gutiérrez sostiene que “extractivismo y patriarcado tienen una liga simbiótica. No son lo mismo, pero no puede ir el uno sin el otro.”

Protagonistas de la resistencia

Cuando la empresa Yanacocha adquirió el proyecto minero Conga en 2001, nunca imaginó que una sola mujer pondría en riesgo sus aspiraciones. Máxima Acuña se enfrenta con firmeza a uno de los gigantes de la minería. Se niega a entregar sus tierras, ubicadas frente a la Laguna Azul de la región peruana de Cajamarca, a una empresa que ha sido varias veces denunciada por la adquisición irregular de terrenos privados. Desde el año 2011 Máxima y su familia han sido víctimas de violentos intentos de desalojo por parte del personal de la minera y de la policía estatal. Entre amenazas, intimidaciones y hostigamientos, resiste a un proceso judicial plagado de irregularidades que la empresa interpuso bajo el cargo de usurpación de tierras.

En junio de 2008 Gregoria Crisanta Pérez y otras siete mujeres de la comunidad de Agel, en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala,  Guatemala, sabotearon el tendido eléctrico interrumpiendo el suministro de la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc. Durante cuatro años recayó sobre ellas una orden de captura por sabotaje del funcionamiento de la mina. Finalmente, en mayo de 2012, los cargos penales fueron levantados y las mujeres lograron recuperar parte de las tierras de Gregoria, que venían siendo utilizadas de forma irregular por la empresa.

Las mujeres del pueblo de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, encabezaron la resistencia contra la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), a la que lograron expulsar de sus tierras en el año 2004. El Estado ecuatoriano había concesionado el 60% de su territorio a la empresa, sin realizar ningún proceso de información ni consulta previa. Fueron las mujeres quienes, desde el principio, tomaron la iniciativa. Cuando el ejército incursionó en su territorio militarizando la zona en favor de la petrolera, ellas les requisaron su armamento. El ejército quiso negociar la devolución de las armas de forma secreta. El pueblo de Sarayaku, empujado por las mujeres, convocó a toda la prensa del Ecuador para sacar el caso a la luz pública. En el año 2012, tras una década de litigios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de los derechos del pueblo de Sarayaku.

Estos y otros casos ilustran el panorama anti-extractivista latinoamericano en el que las mujeres se alzan como protagonistas de la resistencia, incorporando nuevos mecanismos de lucha y reivindicando su propio espacio. En su comunicado, las mujeres amazónicas que en octubre de 2013 caminaron durante más de 200 km en contra de la XI Ronda Petrolera en Ecuador, proclamaban: “Defendemos el derecho de las mujeres a defender la vida, nuestros territorios, y a hablar con nuestra propia voz”.

10 tesis sobre el «divorcio» entre izquierda y progresismo en América Latina

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«..si persiste en prácticas como el extractivismo o el hiperpresidencialismo, se alejará definitivamente de la izquierda».

Según Eduardo Gudynas, el progresismo, nacido desde el seno de la izquierda latinoamericana, a medida que se consolida con una identidad propia, parecería estar tomando otra dirección, expresada en acciones, discursos y modelos puestos en prácticas por gobiernos como el de Ecuador, Nicaragua y Bolivia, entre otros.

por Eduardo Gudynas

No me refiero a las clásicas críticas de la derecha (que los acusa de antidemocráticos), ni a las de una izquierda muy dogmática (que los denuncian como conservadores).

Todos sabemos que los gobiernos de la nueva izquierda han dominado el escenario político latinoamericano reciente. En un viraje sustancial, suplantaron a presidentes conservadores y neoliberales, y actualmente están presentes en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
También sabemos que se trata de un conjunto variado. Existen diferencias notables, por ejemplo, entre los modos de hacer política de Evo Morales y los de José Pepe Mujica en Uruguay. Más allá de su diversidad, tienen muchos elementos compartidos que explican que sean parte de un mismo conjunto, y que además son efectivamente distintos de gobiernos conservadores o neoliberales.
Así, se delimita el «progresismo” como una cristalización reciente de una identidad política específica; una denominación adecuada, usada en varios países, y que deja en claro que todos comparten la fe en el progreso, con sus particulares modos en organizar la economía, las relaciones sociales y la apropiación de los recursos naturales.
Pero, también, frente a estos gobiernos hay un creciente debate. No me refiero a las clásicas críticas de la derecha (que los acusa de antidemocráticos), ni a las de una izquierda muy dogmática (que los denuncian como conservadores). Los señalamientos provienen de un número significativo de simpatizantes, militantes e incluso conocidos líderes de izquierda, que están lejos de ser dogmáticos, y que se sienten desilusionados, alejados o incluso enfrentados con este progresismo.

Impulso hacia la izquierda

Una de las razones de este malestar parece deberse a que el progresismo comienza a apuntar en sentidos que son significativamente distintos a los trazados por la izquierda que le dio origen. Como «izquierda” es también una categoría plural, estas comparaciones deben hacerse con precaución. La izquierda que lanzó al progresismo se nutrió de muy variadas tendencias, aprendió de sus errores y se renovó. Mucho de eso se debió a que convergió en lo que podría llamarse una «izquierda abierta” (parafraseando al «marxismo abierto” de Ernest Mandel), que intentaba no ser dogmática, era tolerante y aceptaba aportes diversos. Esto le permitió establecer relaciones estrechas con movimientos y organizaciones populares (especialmente indígenas y campesinos), destronar al neoliberalismo, fortalecer el Estado y atacar la pobreza. Fue una sinergia exitosa que fructificó en conquistar gobiernos, lanzar procesos de cambio y superar durísimas oposiciones internas (como en Argentina, Bolivia o Venezuela).
Con el paso del tiempo, en su seno emergió el progresismo con una identidad política propia y que apuntaría en una dirección distinta. Estaríamos frente a una «gran” divergencia entre izquierda y progresismo.

La divergencia

¿Cuáles son los temas en los cuales izquierda y progresismo están difiriendo? Se pueden identificar algunas cuestiones donde las propuestas progresistas actuales son diferentes a las de la izquierda que lo cobijó.

1. Desarrollo. Más allá de sus pluralidades, la izquierda latinoamericana de las décadas de 1960 y 1970 criticaba en profundidad el desarrollo convencional. Cuestionaba tanto sus bases conceptuales como sus prácticas concretas, como la de ser proveedores de productos primarios.
El progresismo actual ha abandonado en buena medida este debate y acepta las bases conceptuales del desarrollo. Festeja el crecimiento económico y los extractivismos. Es cierto que en algunos casos se denuncia al capitalismo, e incluso hay intentos alternativos (por ejemplo, con empresas nacionalizadas), pero prevalece la inserción en éste. Las discusiones están en cómo instrumentalizar el desarrollo (por ejemplo, si con más o menos Estado), pero no se disputa el mito del progreso. En cambio, sí mantuvo de la izquierda de los 60 y 70 una actitud refractaria a las cuestiones ambientales.

2. Democracia. Al menos desde fines de los 70, las izquierdas latinoamericanas hicieron suyo el mandato de la democracia. La idea de llegar al poder por las armas fue desechada; así lo entendieron desde Pepe Mujica a Hugo Chávez. No sólo esto, sino que se buscó ir más allá de las elecciones nacionales, hacia la llamada radicalización o profundización de la democracia. Se crearon los presupuestos participativos, se promovieron referéndums y se buscó diversificar la participación ciudadana.
El progresismo, en cambio, está abandonando ese entusiasmo y se contenta con el instrumento electoral clásico, las elecciones. Profundiza la democracia delegativa y llega a extremos hiperpresidencialistas.

3. Derechos humanos. Aquella izquierda incorporó la defensa de los derechos humanos, especialmente en la lucha contra las dictaduras en el Cono Sur. Fue un aprendizaje notable, donde el viejo ideal de igualdad se articuló con la salvaguarda y ampliación de los derechos. Hoy, las actitudes han cambiado, ya que cuando se denuncian incumplimientos en derechos, hay reacciones progresistas defensivas. En lugar de atender esos problemas, se cuestiona a veces a los denunciantes o se critica la institucionalidad jurídica. Incluso ponen en duda la validez de algunos derechos, como ha hecho Rafael Correa diciendo que los derechos de la naturaleza son «supuestos”.

4. Constituciones y leyes. La izquierda abierta insistía en recuperar el papel de las constituciones como el marco básico compartido. Es más, en Bolivia, Ecuador y Venezuela se aprobaron nuevas constituciones (con innovaciones sobre los derechos), y nuevos ordenamientos normativos. A su vez, en todos los casos se proponía reforzar la independencia, imparcialidad y capacidades del Poder Judicial. Ahora, el progresismo da señales contradictorias. Se incomoda con obligaciones que le imponen sus propias constituciones, e incluso opera sobre ellas para aligerar controles políticos, sociales o ambientales. Se toleran desprolijidades en cumplir exigencias legales, manipular leyes o presionar al Poder Judicial. Y en algunos momentos parecería que erosiona su propio nuevo constitucionalismo.

5. Corrupción. La izquierda de fines del siglo XX era una de las más duras luchadoras contra la corrupción. Ése era uno de los flancos más débiles de los gobiernos neoliberales, y en aquellos años la izquierda atacó una y otra vez en ese terreno, desnudando negociados, favoritismos empresariales, etcétera. Aquel ímpetu parece menguar. Hay varios ejemplos en los que no ha manejado adecuadamente los casos de corrupción de figuras claves dentro de gobiernos progresistas, o la asignación de fondos públicos termina repitiendo viejos vicios. Asoma una actitud de cierta resignación y tolerancia.

6. Movimientos sociales. La izquierda latinoamericana durante décadas cultivó un relacionamiento estrecho con grupos subordinados y marginados. El progresismo inicial resulta de esa simbiosis, ya que gracias a indígenas, campesinos o movimientos populares urbanos alcanzaron los gobiernos. Desde esos sectores surgieron votos, pero también ideas y prioridades, y unos cuantos dirigentes y profesionales que ahora están en las oficinas estatales.
En los últimos años, el progresismo parece alejarse de varios de estos movimientos, no comprende sus demandas, se pone a la defensiva, intenta dividirlos y si no lo consigue, los hostiliza. Gasta mucha energía en calificar, desde el palacio de gobierno, quién es revolucionario y quién no lo es, y perdió los nexos con organizaciones indígenas, ambientalistas, feministas, de derechos humanos, etcétera. La desazón se expande entre líderes sociales que, en el pasado fueron atacados por gobiernos neoliberales y ahora vuelven a serlo, pero desde el progresismo.

7. Justicia social. La izquierda clásica concebía a la justicia social bajo un amplio abanico temático, desde la educación a la alimentación, desde la vivienda a los derechos laborales, y así sucesivamente. El progresismo en cambio apunta sobre todo a una justicia como redistribución económica, enfocada en la compensación monetaria a los más pobres y en el consumo masivo para el resto. No niego ni la importancia de esas ayudas para sacar de la pobreza a millones de familias, ni la relevancia de que los sectores populares accedan a servicios y bienes necesarios. El punto es que la justicia es mucho más que bonos, la calidad de vida es más que comprar televisores, y no se la puede reducir al economicismo de la compensación monetaria.

8. Integración y globalización. La izquierda logró relanzar la integración regional y continental, y combatió esquemas de liberalización comercial como el ALCA, los TLCS e IIRSA. Lanzó algunas iniciativas muy interesantes, como el Tratado de Comercio de los Pueblos, el SUCRE, el Banco del Sur y algunos de los convenios del ALBA.
Hoy se mantiene la retórica latinoamericanista, pero no se logran políticas continentales en sectores claves como energía, agroalimentos e industria. Hay avances en algunos planos (como la integración cultural), pero los Estados siguen compitiendo comercialmente y no pocas veces los vecinos hacen trampas comerciales. Y, finalmente, todos aceptaron la gobernanza global del comercio.

9. Independencia y crítica. La izquierda mantenía una estrecha relación con los intelectuales, y más allá de discusiones puntuales, respetaba la rigurosidad e independencia. Incluso se buscaban ángulos originales, se hurgaba en lo que estaba oculto y se navegaba en una pluralidad de voces.
El progresismo da señales que cada vez le gusta menos la crítica independiente y prefiere escuchar a los intelectuales amigos. Y cuando ellos escasean dentro del propio país, los traen del norte, aprovechando lo poco que saben de las realidades nacionales. Desconfía de análisis exhaustivos y prefiere las felicitaciones y el apoyo publicitario. Denuncia a libres pensantes y reclama seguidores fieles. La crítica es apresuradamente rotulada como traición neoliberal.

10. Discursos y prácticas. Finalmente, en un plano que podríamos calificar como cultural, el progresismo elabora diferentes discursos de justificación política, a veces con una retórica de ruptura radical que resulta atractiva, pero sus prácticas son bastante tradicionales en muchos aspectos. Por ejemplo, los discursos por la Pachamama se distancian de la gestión ambiental, se cita a Marx y Lenin pero los acuerdos productivos son con corporaciones transnacionales, se reivindica la industrialización pero prevalece el extractivismo, se dice responder a los movimientos sociales pero se clausuran organizaciones ciudadanas, se felicita a los indígenas pero se invaden sus tierras, y así sucesivamente.

Entre el concepto y la praxis
Los senderos del progresismo

En la actualidad, el progresismo parece tomar un camino distinto al de la izquierda.

El progresismo nació como una expresión reciente en el seno de la izquierda latinoamericana. Maduró como una particular mezcla e hibridización de distintas condiciones culturales y políticas, pero quedó enmarcado en las ideas occidentales del desarrollo. No es una postura conservadora ni neoliberal, lo que explica que sus defensores lo presenten como una expresión de izquierda, y como ha sido exitoso en varios frentes, cuenta con apoyos electorales.

Pero, en la actualidad, el progresismo parece tomar un camino distinto al de la izquierda. Quedó enmarcado en el desarrollo convencional, y lo ejecuta a su manera, ajustando la democracia y apelando a compensaciones monetarias. Es un camino propio, pero que comulga también con el mito del progreso.

Tal vez este progresismo rectifique su rumbo en algunos países, retomando lo mejor de la izquierda clásica, para construir otras síntesis de alternativas que incorporen efectivamente temas como el Buen Vivir o la justicia en sentido amplio. Sean ésas u otras cuestiones, en todos los casos deberá desligarse del mito del progreso. Dicho de otro modo: menos progresismo y más izquierda. Pero si persiste en prácticas como el extractivismo o el hiperpresidencialismo, se alejará definitivamente de la izquierda.

El fracaso de la política neoliberal circunscrita a los Tratados de Libre Comercio

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COMUNICADO

“EL FRACASO DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL CIRCUNSCRITA A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO”

Sr. Presidente de la República mexicana
Sr. Presidente de los Estados Unidos de Norte América
Sr. Ministro de Canadá

Los pueblos y comunidades de México opositores al Modelo Extractivo Minero Depredador, reunidos en el Foro Nacional 2014 celebrado en Zacualpan, Municipio de Comala, Estado de Colima, hacemos manifiesta nuestra postura con relación a los acuerdos que desde hace 20 años fueron firmados por las tres naciones, en el marco de los acuerdos que dieron forma al conocido “Tratado de Libre Comercio” (TLC).

 

En la víspera de la reunión que ustedes sostendrán en la Cd de Toluca el próximo 19 de febrero, y en la cual preparan la “renovación y ajustes” de los acuerdos comerciales entre las tres naciones, vemos es imprescindible recordarles que no es posible que sigan impulsando este tipo de tratados haciéndonos creer que son la solución a los problemas que enfrentamos, cuando hay cientos de investigaciones y casos en donde se muestra cómo es que su modelo global tiene claros signos de agotamiento, es recesivo a los derechos humanos, y está acabando con los bienes naturales de forma dramática por su rapaz visión de mundo que comparten entre ustedes y todo el aparato que representan, al entregar a las empresas trasnacionales rapases e insaciables que día a día destruyen comunidades, población y ecosistemas en todos los rincones del mundo.

Es claro que cada año somos más las comunidades que estamos en resistencia y plena confrontación con las empresas mineras de capital nacional, extranjero o trasnacional, en especial canadienses, pero no únicamente, por la clara, recurrente e intransigente forma en la cual pretenden apropiarse de los bienes naturales que hay en nuestros territorios, quienes en su mentirosa visión de progreso y desarrollo, ocasionan graves e irreversibles daños a la salud y el ambiente, a la vez que destruyen el tejido social con el fomento de divisiones entre las personas, lo cual facilita el crecimiento de zonas inseguras vinculadas al crimen organizado e incluso, solapando crímenes de valientes dirigentes comunitarios, que siempre son encubiertos y protegidos por el aparato estatal y federal.

Para nosotros no es ajeno que el gobierno canadiense acaba de anunciar su Plan de Acción sobre Mercados Globales en donde se habla de “la diplomacia económica” como un gran enfoque en el cual, según el gobierno; “Todos los bienes diplomáticos del Gobierno de Canadá se canalizarán en respaldo del sector privado para lograr los objetivos indicados en mercados extranjeros claves” (anunciado el 27 de noviembre de 2013), entre los cuales se incluyen: México, Brasil, Chile, Colombia y Perú dentro de la región de América Latina.

Ya tenemos documentación de 12 casos sobre lo que significa este tipo de “diplomacia” en el contexto de aquellas comunidades que se oponen a los proyectos mineros o sobre quienes realizan denuncias de abusos con respecto a la minería: Antecedentes: Una docena de ejemplos de la diplomacia minera canadiense, y para ello basta mencionar el caso Blackfire en Chiapas como ejemplar: Informe revela respaldo de Diplomacia canadiense a letal proyecto minera de la empresa Blackfire.

También realizamos un fuerte seguimiento a leyes, reglamentos y demás procesos jurídicos y hacendarios en donde claramente notamos cómo los parlamentos se pliegan a favor de las empresas extractivas, a tal grado que hoy cada vez es más frecuente ver a naciones enteras en total indefensión por tomar acciones en contra de las empresas, a la vez que las empresas someten a gobiernos locales en tribunales internacionales de arbitraje para resolver disputas en torno a los bienes naturales, como si estos fueran de ellos y no de los pueblos y las naciones, tal como está documentado en los casos presentados en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en donde, hasta marzo del 2013, había 169 casos de inversionistas vs el estado. Del total de casos, 60 de ellos, es decir, el 35.7% se relacionan a disputas por petróleo (23), minería (19) o gas (13) y hay más de 5 casos relacionadas con proyectos combinados de petróleo y gas.

Otra muestra de la gran presión que ahora ejercen las empresas sobre las naciones, se observa desde el 2012 en el cual se registraron 48 nuevos casos en el CIADI. 17 de estos (35%) se relacionan con industrias extractivas y todas son en contra de países en desarrollo, pero llama la atención que el 46.7% del total de casos corresponde a procesos entre las empresas y los países de Latinoamérica y el Caribe dejando claro como el imperio impone su sello.

Una muestra de esos casos está fuertemente vinculada a demandas realizadas por empresas canadienses: Por ejemplo Pacific Rim Mining (ahora Oceana Gold) ha demandado a El Salvador presionando al gobierno de ese país a que autorice permisos de explotación de un proyecto minero de oro que sería potencialmente devastador para el medio ambiente. En torno a Pacific Rim, el tribunal del CIADI decidió que carecía de jurisdicción bajo el TLC entre Centro América, Estados Unidos y la República Dominicana (RD DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) por tratarse de una empresa canadiense, pero que el caso podría continuar bajo las leyes de inversión del propio El Salvador. Pacific Rim está demandando a El Salvador por $301 millones de dólares (el equivalente a aproximadamente el 1.8% del PIB de El Salvador o alrededor de la mitad del total de su presupuesto de educación).

Dos meses después del asesinato de Mariano Abarca y después de la clausura de su mina “Revancha” por la autoridad ambiental estatal en Chiapas, México Blackfire Exploration amenazó al estado de Chiapas con una demanda de $800 millones de dólares.

La empresa Infinito Gold está amenazando a Costa Rica con una demanda de un mil millones de dólares; Costa Rica ha prohibido la minería de oro a cielo abierto y ha habido fallos sucesivos de la Corte Suprema de su país en contra del proyecto “Crucitas”. Además de amenazar al estado, la empresa ha demandado a un par de profesores y un abogado por haber hecho declaraciones en contra de su proyecto. (ver más en: Más de un cuarto de millón de personas apoyan a Costa Rica frente a una inminente batalla legal internacional con la minera canadiense Infinito Gold y Mensaje a Infinito Gold-Canadá ¡Abandone la descabellada demanda (CIADI) en contra de Costa Rica!)

Por si fuera poco, el propio gobierno canadiense anuncia la inversión de $25 millones de dólares para la creación del Instituto International Canadiense para las Industrias Extractivas y Desarrollo, que implica la colaboración entre tres universidades;, la Universidad de Columbia Británica, la Universidad de Simón Fraser y la Escuela Politécnica de Montreal. El financiamiento proviene de fondos de la cooperación internacional canadiense con un mandato para colaborar con gobiernos en otros países sobre sus políticas y instituciones responsables para el manejo de los recursos naturales, supuestamente para mejorar y fortalecer la gobernanza sobre los recursos naturales en otros países. Es lamentable que estas universidades, como otras en el mundo, estén también plegadas al servicio de las empresas y pierdan el sentido ético y moral que debe tener la ciencia, para no esconder o encubrir daños ambientales o a la salud.

Ese instituto por supuesto que ya dispone de relaciones estratégicas y financieras con: Goldcorp, New Gold Inc., Fresnillo, además de la Subsecretaria de Industria de México, la Coordinación General de Minería de México y la Dirección General de Promoción Minera de México.

Son múltiples las formas en las cuales empresas y gobiernos ejercen mucha influencia diplomática para armar leyes a modo en aquellos países que disponen de bienes naturales minerales. La asesoría técnica pagada por la cooperación internacional canadiense (2012-2013) que contribuyó al desarrollo de la nueva ley minera en Honduras, es una pequeña muestra, a tal grado que su aprobación, en enero de 2013, levantó un moratorio minero instalado desde 2006, posibilitando la apertura del sector minero para nuevos proyectos e implementando un nuevo impuesto de seguridad para las empresas mineras que se destinará a las fuerzas de seguridad defiendan los intereses privados.

Ejemplos como los mencionados son recurrentes y comunes en todos los países latinoamericanos y por supuesto México vive procesos similares en donde hay una clara tendencia a que los gobiernos dejen de ser útiles a la sociedad y se vuelvan utilitarios de los intereses de empresas trasnacionales extranjeras y nacionales.

Leyes a modo, falta de la aplicación de aquellas leyes que todavía protegen a pueblos, comunidades y al medio ambiente, aunado a la impunidad, la corrupción de funcionarios e inspectores y la inseguridad creciente y vinculada al crimen organizado, son el soporte central de las empresas extractivas. Por el contrario, los pueblos opositores carecen del respeto básico a sus derechos, no se les consulta, se realizan procesos informativos con coacción, se criminaliza la protesta social o se asesina a dirigentes y opositores, siendo ello consecuencias que están siempre presentes en los proyectos de empresas vinculadas al modelo extractivo minero depredador.

Por todo ello, les exigimos se abstengan de defender los intereses de las grandes corporaciones mineras y se centren en que los pueblos tengan total garantía del estado de derecho y se respeten los derechos humanos que los gobiernos han ratificado en instrumentos internacionales. Mientras tanto, los pueblos seguiremos en resistencia contra sus políticas depredadoras que violentan la vida de los pueblos.

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Foro Nacional de Afectados por la Minería 2014 de Zacualpan

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ADH denuncia al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo

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La Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango en Defensa del Territorio y por la Autonomía y La Libre Determinación de los Pueblos – ADH- a la comunidad nacional e internacional INFORMAMOS:

Que en los años 1981, 1982, 1983, las comunidades del pueblo Achi que vivían en las orillas del Rio Chixoy fueron masacradas y 444 personas entre adultos, jóvenes y niños, mujeres y hombres fueron ejecutados por el ejercito de Guatemala. Con la justificación de la existencia de un conflicto armado interno, llevaron a cabo la estrategia de limpiar la zona para implantar la construcción del proyecto hidroeléctrico Chixoy.

El Instituto Nacional de Electrificación-INDE- es el responsable de la ejecución de este proyecto habiendo recibido créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano del Desarrollo por un monto de casi un mil millón de dólares. En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por las masacres de Rio Negro y exigían el resarcimiento a los familiares de las victimas por los daños ocasionados en expropiación de tierras, cultivos, animales, identidad y cultura.

Después de 32 años de lucha de las comunidades, el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos, el 17 de enero del 2014, se pronunció y exigió al Estado Guatemalteco y a Otto Pérez Molina que debe de pagar 1,200 millones de quetzales en daños a las victimas. La respuesta del “Señor Presidente” no se hizo esperar: “Darles a estas comunidades 1.2 millardos, es como decir que vamos a privilegiar a estas comunidades y las otras se van a quedar por un lado.” “Señor Presidente”, esta es una deuda histórica del Estado Guatemalteco a las victimas de las masacres y al mundo civilizado. Las comunidades del Río Negro continúan viviendo en extrema pobreza en condiciones infrahumanas. Su respuesta, “Señor Presidente”, es irresponsable y aberrante.

Hoy, 7 de febrero de 2014, como Asamblea de Pueblos de Huehuetenango – ADH – y como pueblo de Santa Cruz Barillas, exigimos al gobierno militar de Otto Pérez Molina una respuesta responsable y a tiempo para resolver de una vez por todas el conflicto Barillense. Se están repitiendo los mismos métodos después de 31 años y ya es tiempo de terminar el conflicto generado por la empresa Española, Hidralia-Hidro Santa Cruz que en su intención de implantar dos proyectos hidroeléctricas en el Rio Q’am’balam, lleva cinco años de estar persiguiendo, intimidando, cooptando a lideres y lideresas comunitarias. Ya hay asesinados, encarcelados, hay miedo y terror. “Señor Presidente” es necesario parar a estas empresas.

La triste y aterradora historia de Chixoy se vincula a la actual persecución en Barillas a través de las instituciones financieras internacionales. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo son las financistas de Hidro Santa Cruz a través de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) quien en el año 2010, financió la represa Canbalam. La CIFI recibió una inversión de US$80 millones en 2008, por parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial, y otra inversión de US$10 millones en 2001 por parte de la Corporación Interamericana de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Consideramos que estas inversiones también son responsable de violaciones de derechos fundamentales y los daños provocados a las comunidades Barillenses.

Señor Otto Pérez Molina, quiere seguir protegiendo a las empresas con conductas delincuenciales? Que gana usted y su gobierno? Seguirá reprimiendo a las comunidades Q’anjob’ales y Mestizas de Santa Cruz Barillas, o cuales son los planes para esta región tan abandonada por el Estado Guatemalteco?

Por todo la anterior, como ADH exigimos:

A: Que cese la persecución, la represión y la criminalización contra lideres y lideresas comunitarias.
B: Que se expulse del país a la empresa Española Hidralia-Hidro Santa Cruz por todo lo que ha hecho y actuado en contra de las comunidades en Barillas.
C: Que se paguen todos los daños a las victimas: materiales, físicos, psicológicas, identitarias y culturales por parte de Hidralia-Hidro Santa Cruz.

Hacemos un llamado a:

-Organismos internacionales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, para que visiten e investiguen los daños ocasionados por la empresa Hidralia-Hidro Santa Cruz y que se pronuncie.

-Los gobiernos de Europa, EEUU, Canadá y América Latina para que investiguen y se pronuncian en contra del mal uso que le dan a los fondos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

-Las organizaciones solidarias internacionales para que denuncien estos hechos y que estén vigilantes, para ver como evoluciona este gobierno militar de Otto Pérez Molina y para que cumpla con su deber y que cese con la persecución, represión, y criminalización.

-Las organizaciones nacionales hermanas y cercanas para que cerremos filas en la solidaridad y unidad de los Pueblos.

Exigimos la libertad de nuestros presos políticos.

Los Barillenses no son responsables de la violencia, son objeto de un plan tenebroso de represión y criminalización.

Todos y Todas Somos Barillas
La Vida y el Territorio no Tienen Dueño

Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango -ADH- 7 de febrero de 2014

Fuente: Nisgua

DECLARACIÓN DE ZACUALPAN: FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERIA 2014

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FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERIA 2014
DECLARACIÓN DE ZACUALPAN
Los días 15 y 16 de Febrero de 2014, en el territorio indígena de Zacualpan, Colima, nos reunimos más de 30 organizaciones provenientes de 11 entidades del país entre ellos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Colima, Guanajuato, Michoacán, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco, con el fin de compartir experiencias de resistencia contra los proyectos mineros y en solidaridad con la lucha y la resistencia del pueblo de Zacualpan.

Con música tradicional, ceremonias, música prehispánica y cuenta cuentos, se instaló el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan que inauguró su nueva oficina de la resistencia para ofrecer un espacio para la lucha, para la lectura y la organización de la comunidad. Del mismo modo se estableció el Consejo de Mayores que con el espíritu de la sabiduría acompañará la lucha y las esperanzas del pueblo de Zacualpan contra la minería y a favor de la vida, de sus territorios y los derechos humanos del pueblo indígena.

En este Foro convocado por el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la organización Bios Iguana y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se recibieron mensajes y cartas de solidaridad por parte del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), del Consejo de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y la Reserva de la Biosfera de la Montaña de Guerrero; de la organización Jacinto Canec de Hecelchacán, Campeche; del Comité de Campesinos Pobres de Colima y Nayarit; de los Hijos Ausentes de Zacualpan, de Amigos de la Tierra, de la REMA; así como de otras 20 comunidades y 70 organizaciones de los países de España, Canadá, Italia, Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba, entre otros.

En este foro compartimos las experiencias de lucha y los retos que tenemos en el movimiento por decretar territorios libres de minería. Analizamos la creciente ola de concesiones mineras en todo el país acompañadas, por parte de los gobiernos y las empresas, de mentiras, engaños, represión, compra de líderes y autoridades comunitarias; dividiendo a comunidades y sus familias; contaminando las aguas, deforestando, desplazando y criminalizando la protesta y el movimiento social que lucha por la defensa de la vida y exige el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, en este contexto y pese a toda adversidad, saludamos la lucha de los ejidatarios del Ejido Canoas, Manzanillo, Colima, por su lucha incansable contra la explotación minera y que han logrado declarara a su ejido libre de todo tipo de minería.

Ante todo ello, las y los participantes de este Foro denunciamos los actos de intimidación, calumnias, incumplimientos de la Ley Agraria por parte del presidente del Comisariado de los Bienes Comunes de Zacualpan y con al apoyo y asesoría de la Delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera. La misma Delegada agraria ha hecho declaraciones ante los medios de comunicación difamando a la organización Bios Iguana quienes han ayudado con información, explicar los derechos de los comuneros y la Ley Agraria a la comunidad, lo que no ha hecho la misma delegada.

Por tanto:
1) Exigimos la destitución de la Delegada de la Procuraduria Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera, por actos de omisión, mentiras, difamación y faltas a la labor y papel que le dicta la Ley Agraria.
2) Exigimos la destitución del presidente del Comisariado de Bienes Comunales que ha entorpecido y evitado la instalación y el registro de las Asambleas Comunales, violando la Ley Agraria.
3) Hacemos responsables a los tres niveles de gobierno, a la Delegación de la Procuraduría Agraria de Colima, al empresario dueño del proyecto minero y al Presidente de Bienes Comunales, por la integridad física, mental y moral de los comuneros de Zacualpan.
4) Exigimos el respeto a la decisión de la mayoría de los comuneros y denunciamos que la presencia de la policía, a solicitud de la Delegada agraria, violenta e intimida la vida y las condiciones adecuadas para la libre participación de los comuneros para definir su territorio.
5) Nos solidarizamos con la lucha del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan.
6) Exigimos la anulación de la concesión minera de Zacualpan, de las más de 360 concesiones en el estado de Colima y las miles que en este país ponen en riesgo los derechos humanos y el medio ambiente de nuestro país.

Las luchas por la defensa de los territorios son contra los proyectos mineros, pero también contra la imposición de otros megaproyectos como represas, monocultivos, transgénicos, y otros que ponen en peligro la existencia de los pueblos y la vida de nuestro planeta.

Reconocemos la lucha de los hombres, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños y en especial la lucha de las mujeres de Zacualpan. Y agradecemos también las muestras de solidaridad y acompañamiento a esta lucha por parte de organizaciones, redes, pueblos y comunidades de distintas partes de México y otros países.

Por el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Por la defensa de nuestros territorios y la vida de nuestros pueblos
¡POR UN ZACUALPAN LIBRE DE MINERIA!
FORO NACIONAL DE AFECTADOS POR LA MINERIA 2014
16 de Febrero de 2014

Zacualpan: un pueblo contra la minería
por Francisco López Bárcenas, La Jornada

Lucha y Sobrevivencia ante el Colonialismo y la Minería en Canadá

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Ponencia por la Jefa Indígena de la comunidad Xat’sull, Bev Sellars, para el V Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2013.

 

Antes que nada, quisiera expresar la satisfacción que siento de estar aquí y de tener la oportunidad de convivir con diversos pueblos indígenas y con comunidades afectadas por la minería en las Américas. También quisiera agradecer a todas y a todos las y los organizadores de este evento por permitirnos tener este importante diálogo. Aunque siempre he querido venir a visitar, esta es la primera vez que llego a Sudamérica y espero regresar en otra oportunidad con más tiempo para conocer su bello país.

Para empezar, quisiera contarles un poco sobre mis orígenes. Soy del pueblo indígena Secwepemc, de lo que hoy se conoce como la provincia de Columbia Británica en Canadá, y traigo los saludos que mandan los 17 jefes de mi pueblo. Mi comunidad se llama Xat’sull y es la más norteña del pueblo Secwepemc, localizándose a unas 350 millas [573 km] al norte de la ciudad de Vancouver, Canadá. El pueblo Secwepemc está integrada por unas 10 mil personas.

Igual que en el caso de la historia de los territorios de ustedes, los pueblos indígenas de Canadá ayudamos a los recién llegados a adaptarse a la tierra. Les enseñamos qué plantas podían comer, cómo cazar, qué medicinas usar, qué rutas tomar para llegar a su destino y todo lo que necesitaban saber sobre el territorio. Siempre he dicho que la mayor fuerza de los pueblos indígenas es su disposición a compartir. Aún hoy, los pueblos indígenas de Canadá contamos con los peores indicadores económicos y, sin embargo, sobrevivimos porque compartimos entre nosotros lo que tenemos.

Debo decir, además, que nuestra debilidad principal con los recién llegados a nuestras tierras, también fue compartir. Ayudamos a quienes vinieron a nuestras tierras porque compartir constituía parte de nuestra cultura, pero los recién llegados no tenían la cultura de compartir como los pueblos indígenas. Los recién llegados tenían la cultura de acaparar todo para ellos mismos y de asignar una “propiedad” a cosas que no tenían derecho a reclamar. Como resultado, una vez que los pueblos indígenas dejaron de serles útiles, las relaciones con muchos de los recién llegados se volvieron terribles. La cita que un funcionario de la provincia de Columbia Británica realizara en 1858 lo dice todo. Al comunicar su preocupación por la masiva llegada de mineros que buscaban oro en esa provincia, dijo: “Se ha vuelto costumbre de los mineros en general disparar a los indígenas como si fueran un perro; creen que es muy divertido dispararle al indígena a larga distancia y verlo saltar en el momento en que la bala penetra su corazón.” Como decía mi abuela, que murió en 1997 a la edad de 101 años, “Los pueblos indígenas salvaron a mucha gente blanca que no sabía cómo desenvolverse y ahora piensa mal del indígena”.

Poco después del primer contacto con los recién llegados, comunidades indígenas enteras fueron traumatizadas de manera permanente por las numerosas muertes atribuibles a las enfermedades, por la expulsión de nuestros terruños, por la pérdida de la autonomía económica y de la autosuficiencia, por el desplazamiento forzoso de nuestros hijos e hijas de sus hogares y por las tácticas de asimilación.*

Regresemos ahora a 2013… el trauma del colonialismo continúa presente hoy y los pueblos indígenas de Canadá siguen intentando reconstruir sus comunidades, muy quebradas pero nunca totalmente destruidas. Cuando el Departamento de Estadísticas de Canadá dio a conocer los datos del censo de 2006 en torno a los pueblos indígenas, algunas personas no indígenas quedaron impactadas. A pesar de que hoy sólo constituimos 5% de la población de Canadá, más de la mitad de los pueblos indígenas del país vive muy por debajo de la línea de pobreza; la tasa de desempleo es tres veces más alta que el promedio nacional; 75% de los niños abandona la escuela antes de terminar sus estudios. Estas terribles estadísticas también se reflejan en el encarcelamiento, en las tasas de violencia, de lesiones, de problemas de salud, de suicidio, de adicciones y de muchos etcéteras. Todo esto sucede en uno de los países más ricos del mundo.

Asimismo, sigue adelante la lucha por proteger nuestras tierras y nuestras economías. La opinión de los indígenas de que “la tierra te da todo lo que necesitas para sobrevivir” choca con aquella de los no indígenas de que “hay que conquistar la tierra”. Los pueblos indígenas de Canadá seguimos obteniendo una parte importante de nuestra economía de la tierra, de los animales, de las plantas que nos nutren y nos curan, y de la importante agua pura que apoya esa economía. Pero, cada vez es más difícil mantener intacta nuestra economía. La que llamo la “falsa economía”, basada sólo en el dinero, parece prevalecer sobre todo lo demás. No sólo estamos luchando contra las principales compañías mineras, sino también contra el gobierno que parece estar controlado por las mismas.

Por ejemplo, en la región donde vivo, Taseko Mines quería abrir una mina a cielo abierto para explotar $1 mil millones de cobre y de oro, lo cual hubiera destruido un lago donde el pueblo Xeni Gwet’in ha pescado y que ha sido utilizado para otras actividades culturales. En 2010, un panel independiente de revisión de asuntos de medio ambiente rechazó el proyecto debido a sus importantes implicaciones en materia de agua, de animales silvestres y de cultura indígena. Ahí habría terminado el asunto si no fuera porque el gobierno federal permitió que la empresa reelaborara sus planes para la mina y los presentara a otra audiencia del panel, aun cuando la empresa Taseko había dicho que su primera propuesta había sido la mejor. La semana pasada, los pueblos indígenas de nuestra región se congratularon porque un nuevo informe sobre el proyecto minero estableció que existen aún más preocupaciones y críticas que aquellas generadas por la propuesta inicial.

El gobierno federal ya tiene la información que necesita para meter clavos en el ataúd de esta mina. Sin embargo, un vocero de Taseko Mines declaró que este informe no detendrá el avance de la mina. Expresó confianza en que el gobierno federal otorgará su aprobación a la mina. Además, el gobierno provincial apoya la apertura de la mina a pesar del informe contundente. Ahora, nuevamente tenemos que luchar para asegurar que los gobiernos federal y provincial no desvíen la atención y aprueben el proyecto con la justificación de que creará fuentes de empleo y fortalecerá la economía. No existe escasez de cobre en el mundo y 50 a 80% del oro se utiliza para joyería. El medio ambiente y los pueblos indígenas sufren por la vanidad de otras personas.

Los pueblos originarios sufren las consecuencias de un régimen que favorece la minería por encima del medio ambiente y de los pueblos indígenas. A pesar de que hemos tenido algunos éxitos eventuales, durante el proceso de aprobación de proyectos mineros los aparatos de justicia a nivel federal y provincial no suelen realizar consultas adecuadas a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en algunos casos, los indígenas no somos avisados con el tiempo suficiente para detener un proyecto. En otros casos, no contamos con el tiempo ni tenemos los instrumentos necesarios para realizar estudios y preparar una defensa adecuada. La protección institucionalizada de los derechos indígenas ayudaría a remediar estas deficiencias, pero no contamos con ella.

Los directivos de muchas empresas siguen creyendo que pueden pasar por alto la ley y los derechos indígenas. Gastan millonadas en campañas de relaciones públicas que los pintan como los grandes redentores de la economía, alentando entre el público la idea de que los pueblos originarios son obstáculos irracionales a la riqueza y a la prosperidad. Gastan su tiempo y sus recursos en intentos de dividir a las comunidades indígenas. Tristemente, algunas de sus tácticas consisten en aprovecharse de personas indígenas empobrecidas a las que se les pagan generosas sumas de dinero y se les ofrecen oportunidades de viajar – que nunca tendrían por sí mismas – para que se desplacen y digan al mundo que los pueblos indígenas están a favor de la minería.

Un libro titulado “Canadá imperial, s.a.: Paraíso legal preferido por las empresas mineras del mundo”, establece que Canadá es el país de preferencia para muchas de las empresas mineras puesto que ofrece al sector extractivo mundial un ambiente comercial que fomenta la especulación, facilitando el flujo de capitales para el financiamiento de dudosos proyectos en el extranjero, distribuyendo subsidios gubernamentales y, especialmente, porque crea un paraíso legal politizado libre de litigios. En Canadá, el derecho a la reputación suplanta totalmente la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene el público. Ello significa que las empresas radicadas en Canadá pueden demandar por difamación a cualquier persona o entidad legal que cite documentos o que genere análisis sobre sus prácticas corporativas con los cuales no estén de acuerdo. Un ejemplo importante de ello lo constituye el caso de la Jefa Indígena Betty Patrick de la Nación del Lago Babine quien fue demandada por una empresa minera porque dijo la verdad sobre la destrucción que causaba una mina en su región. Al final, su comunidad empobrecida tuvo que pagar $90 mil en gastos legales para que la demanda fuera rechazada en tribunales.

Canadá se presenta ante la comunidad internacional como defensor de los derechos humanos. Sin embargo, la situación imperante respecto a los pueblos indígenas dentro de sus fronteras es otra. Luchamos por nuestros derechos y hemos ganado varios pleitos en tribunales con sus propias leyes, pero los gobiernos no respetan siquiera sus propias leyes. Por ello seguimos luchando para proteger nuestras tierras y nuestros derechos humanos como pueblos indígenas. En 2012, en Canadá nació un movimiento llamado “Basta a la Pasividad” (“Idle No More” en inglés), que pronto se convirtió en uno de los movimientos indígenas de masas de mayor envergadura en la historia del país e incentivó la realización de cientos de mítines y de protestas. El nombre “Basta a la Pasividad” surgió en una reunión entre cuatro mujeres indígenas. Ellas estaban molestas por el Proyecto de Ley C-45 impulsado por el gobierno federal. Este proyecto de ley presupuestal sobre asuntos distintos proponía debilitar las protecciones establecidas a favor del medio ambiente y de los pueblos indígenas. La mayor frustración de las mujeres tenía que ver con que nadie parecía estar hablando de ello. Por eso, decidieron pronunciarse. Serían “Basta a la Pasividad”. El movimiento “Basta a la Pasividad” caló. Muchas de las tensiones existentes en las comunidades indígenas empezaron a irrumpir. “Basta a la Pasividad” acogió a un movimiento amplio que pugnaba por el reconocimiento de los derechos establecidos en los tratados entre pueblos indígenas y el estado canadiense, por la revitalización de las culturas indígenas y por la abolición de leyes impuestas sin consulta verdadera.

“Basta a la Pasividad” se volvió mucho más que “un asunto indígena”. Personas de todas las razas se unieron en las protestas y en los mítines con el fin de apoyar a los pueblos indígenas y también para hacer llegar su voz al Primer Ministro Stephen Harper con el mensaje de que las frágiles leyes ambientales de Canadá deben ser protegidas y fortalecidas, en vez de debilitadas por las leyes que se pretende incluir a la fuerza en la legislatura.

Los grupos indígenas de Canadá se oponen al desarrollo de la minería irresponsable. Casi todas las semanas se difunden noticias en torno a que algún grupo de indígenas canadienses está protestando o está iniciando una acción legal para detener las destructivas prácticas mineras en su región.

Nos anima la idea de encontrar formas de trabajar con las comunidades indígenas alrededor del mundo con el fin de proteger el medio ambiente, lo cual, por consiguiente, protegerá nuestras culturas. Nos complace que muchas personas no indígenas vean ahora la importancia de este trabajo nuestro y se unan a nosotros en nuestra lucha para salvar a la Madre Tierra.

Muchas gracias.

* Recientemente, la Jefa Bev Sellars publicó un libro llamado “Me Llamaron Número Uno” que cuenta su propia historia, de ella, su madre y su abuela, quienes sufrieron años durante su niñez en la Misión de San José en el Lago Williams, provincia de Columbia Británica, Canadá. La misión fue una escuela residencial “cuya objetivo era ‘civilizar’ a los niños y las niñas indígenas a través de la educación cristiana, la separación forzada de sus familias y su cultura, y la disciplina.” En todo Canadá había 130 escuelas residenciales entre los 1870s hasta 1996, cuando la última escuela residencial se cerró. El gobierno auspició estas escuelas, manejadas por la iglesia, “para eliminar el involucramiento de los padres indígenas en la vida intelectual, cultural y espiritual de sus hijos y hijas”. Actualmente, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá tiene el mandato de investigar y educar al pueblo canadiense sobre lo que sucedió en las escuelas.

 

Fuente: MiningWatch Canada

LIBRO: Ecología política del extractivismo en América Latina

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LIBRO: Ecología política del extractivismo en América Latina
Casos de resistencia y justicia socio-ambiental

Gian Carlo Delgado Ramos. [Coordinador]

Eduardo Mondaca. Cleotilde Hernández Suárez. Lilia Rebeca de Diego Correa. Gian Carlo Delgado Ramos. Martha Moncada Paredes. Paula D’Amico. Fabiana Carvajal Martínez. Juliana Sabogal Aguilar. Rodrigo Torroba. Olga Lucía Méndez Polo. Andrea Ponce García. Ana Laura Berardi. Claudia Bucio Feregrino. Lucero Ángeles Rojas. [Autores de Capítulo]

…………………………………………………………………………
Colección Red de Posgrados en Ciencias Sociales.
ISBN 978-987-1891-61-0
CLACSO.
Buenos Aires.
Diciembre de 2013

En la segunda mitad del 2012, se llevó a cabo el curso virtual sobre “Ecología política y metabolismo social” del cual se derivaron una serie de trabajos de estudios de caso sobre conflictos ambientales en América Latina. Además, se realizó, con el apoyo de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, una base de datos preliminar sobre diversos conflictos en curso en la región. A partir de dicha base de datos se realizó el mapa que a continuación se presenta. Si bien la base de datos es una primera aproximación, claramente devela la presencia en todo el continente de conflictos derivados de actividades tanto extractivas como de generación y expulsión de desechos. Tal análisis consideramos que es útil para el estudio de la ecología política en América Latina.

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Victoria para la lucha del COPINH

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¡Dictan Sobreseimiento Definitivo a Bertha Cáceres en el caso que se ventilaba en el Juzgado Primero de Letras de Santa Barbará!

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  COPINH

¡Victoria para la  lucha del COPINH, la tenacidad y la solidaridad! ¡Dictan Sobreseimiento Definitivo a Bertha Cáceres  en el caso que se ventilaba en el  Juzgado Primero de Letras de Santa Barbará!

Mediante acuerdo conciliatorio, que fue homologado por el Juzgado Primero de Letras el día de hoy, se ha logrado el  Sobreseimiento Definitivo en el caso que se le imputaba desde el 24 de mayo del 2013 contra  la compañera Bertha Cáceres, por el supuesto delito de “Posesión Ilegal de Armas de Fuego en Perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras”, por consiguiente queda extinguida la acción penal y revocada las medidas cautelares que consistían en que la Coordinadora General del COPINH estaba obligada a firmar control cada semana en el Juzgado de Paz de la Esperanza y prohibición de salir del país.

El Estado de Honduras ha reconocido su error, ha depuesto su persecución judicial  en este caso, acepta, incluso, el respeto que merece la labor de defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas que desarrolla la compañera y el COPINH mismo, y la obligación del Estado de Honduras en respetar los tratados internacionales que protegen esa actividad y el derecho a la cultura y defensa de los territorios Indígenas. Fue muy contundente cuando la compañera Bertha, expresa en esa acta y acuerdo, que siendo que no se vulnera su estado de inocencia acepta la misma, sin perder dignidad y coherencia, y claro es que esa decisión de las partes acusadoras y de ese Juzgado ha sido producto de todo un proceso de lucha política y jurídica nacional e internacional.

Sin duda, la esperanza y la  tenacidad de la lucha de las comunidades del COPINH, de la compañera y la solidaridad  militante a nivel nacional e internacional han hecho posible que esta fuerza se extendiera en el escenario de las batallas  judiciales que ha sido  acompañado y librada en este caso  por los compañeros Abogados Víctor Fernández, Marcelino Martínez  y Fredyn Fúnez, con un equipo solidario muy amplio.

Recordamos que aun esta pendiente el proceso judicial impuesto por la empresa DESA/Ministerio Publico  contra la compañera Bertha Cáceres,  Aureliano Molina y Tomas Gómez Membreño,  por los supuestos delitos de coacción, usurpación y daños continuados, mismo  que continuará mediante recurso de amparo, luego de que la Corte de Apelaciones de Comayagua dictara la Revocatoria de la resolución impuesta por el Juzgado Primero de Letras de Intibucá consistente en medidas sustitutivas contra Aureliano Molina y Tomas Gómez y orden de prisión contra la Coordinadora General del COPINH.

Dado en la Esperanza, Intibucá, a los 10 días del mes de febrero del 2014.

http://www.copinh.org/

“Ellos no respetan nuestras tierras”

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Veracruz, México: resistencia a la construcción de 112 presas, muchas de ellas sin autorización ni conocimiento previo de las comunidades

radiomundoreal.fm

Descargar: AUDIO MP3 (11.9 MB)

En Veracruz, al sur de México, se proyecta la construcción de 112 presas y seis hidroeléctricas sin la autorización de las comunidades, que en las últimas semanas se movilizaron en diversos municipios de la cuenca del río La Antigua y lograron la intervención estatal en la inspección a la constructora Odebrecht, cuyos trabajos podrían generan en caso de arrastre del río la inundación de varios territorios.

Además de no contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la presa La Antigua se prevé construir en una zona donde se sabe existe una falla sísmica, por lo cual sería una bomba de tiempo para las comunidades ribereñas tanto de La Antigua como de ríos conexos.

Desde hace cuatro años, los habitantes de la región accedieron a documentos donde se expresaba la intención de construir esta presa por parte de la constructora multinacional de origen brasileño, aunque no obtuvieron información de fuente oficial.

Aún hoy, con la empresa instalada y realizando trabajos de exploración previa, los cuales ya han acumulado materiales en el cauce del río -que podrían significar un riesgo para las poblaciones de Jalcomulco, Apazapan, La Antigua, Paso de Ovejas, Emiliano Zapata, Teocelo, Xico e Ixhuacán de los Reyes, totalizando 1,2 millones de personas- la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de la Unión Mexicana sostiene que “no existe proyecto” al no contar con una solicitud de estudio de impacto ambiental.

En cambio, desde el pasado 20 de enero, las comunidades han salido a las carreteras del estado, bloqueándolas, para llamar la atención de las autoridades.

Así lo comentó a Radio Mundo Real, consultado por nuestra colaboradora en México e integrante del colectivo Hijxs de la Tierra Mónica Montalvo, Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

Veracruz cuenta con 18 cuencas hídricas las cuales concentran (“producen”) el 30 por ciento del agua dulce mexicana, pese a lo cual, como fue dicho, se proyectan construir 112 presas. Muchas de ellas, como la de La Antigua, se construirían en zonas declaradas “de veda”, es decir impedidas de nuevos megaproyectos, al constatarse oficialmente la drástica pérdida de biodiversidad de este estado sureño mexicano.
“Daría la vida por el río”

La economía de las comunidades costeras de La Antigua es fundamentalmente rural, pesquera y de eco-turismo, con diversidad de cultivos y abundancia de agua que les brinda gran calidad de vida, señalan algunos de los protagonistas de la resistencia, consultados para el informe de audio adjunto. “Daría la vida por el río”, dice otra de las participantes de la resistencia.

“Para las comunidades de la cuenca no habrá beneficios. Habrá beneficios para un pequeño grupo de personas, el sistema político. Y para la empresa, que si se vino de Brasil hasta acá es porque hay negocio”, indicó uno de los participantes en los bloqueos que impidieron a Odebrecht acceder a su obrador.

El bloqueo de carreteras fue implementado porque Odebrecht ya agotó el tiempo de 80 días para realizar los estudios de suelo en el predio conocido como Tamarindo, agregan. Y para romper la pasividad de las autoridades. Nueve horas después de bloquear la autopista federal Jalapa-Veracruz, el gobierno del estado veracruzano convocó a las organizaciones.

Y posteriormente las entidades estatales enviaron una inspección que certificó que se trata de acciones irregulares de la constructora, al tiempo que la conminó a remover a la brevedad un “islote” de materiales generado en pleno cauce del río.

Además de las ocho cabeceras municipales, en total serían 42 las comunidades afectadas por la presa para la cual Odebrecht prepara el terreno. Según medios digitales del estado de Veracruz, los ejidatarios –propietarios comunitarios de tierra de acuerdo con la reforma agraria de inicio de siglo XX en México- se resisten a que sus predios queden sumergidos por el proyecto de represamiento.

“Todo lo pasan por alto, quieren que uno respete las leyes y ellos no respetan nuestras tierras, igual que con las reformas cuándo nos consultaron; lo terrible es que hacen negocio con nuestras tierras y ni siquiera consultan primero” dijo el ejidatario Jorge de Tlaltetela.

Ver testimonios en video:

http://youtu.be/bG3kG8rMCXk

¿Capitalismo verde?

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de Víctor M. Toledo, La Jornada

¿Es posible un ecocapitalismo, un capitalismo verde? ¿Puede una empresa ser exitosa y al mismo tiempo mantener prácticas que con rigor no afecten a la naturaleza? ¿Tiene un empresario entrenado para competir, derrotar y destruir, la sensibilidad para reconocer el aleteo de una mariposa? ¿Cómo hacer compatible la implacable lógica de producción masiva de una sola mercancía con el valor fundamental de la vida: la diversidad? Y la carrera enloquecida por crecer que caracteriza a los negocios, ¿no es acaso contradictoria con los procesos y ritmos naturales? Las preguntas han estado reverberando al menos por un par de décadas, y al parecer hoy estamos en posibilidad de responderlas. Las respuestas son todas negativas, a pesar de dos intentos, uno legítimo, el otro corrupto, por demostrar lo contrario. Por un lado, un intento por justificar científicamente el papel ambientalmente positivo de la economía capitalista, ya sea mediante su comprobación explicita u ocultando o negando los efectos destructivos del capital. El primero atañe a todo lo que se ha escrito en torno a la llamada economía verde. Lo segundo tiene que ver con el alud de disfraces que usan para lavar la imagen de empresas y corporaciones y parecer ecológicamente correctas, una cosmética conocida como lavado verde ( green washing), la orquestación de campañas para crear la ilusión de que las empresas son capaces de transformarse y de mutar hacia servicios o productos ambientalmente amigables.

Dentro de las llamadas economía ambiental y ecológica, mucho se ha escrito sobre una posible racionalidad del capitalismo frente a los problemas ecológicos. Una de las obras seminales es el libro Natural capitalism, de P. Hawken, A. Lovins y L. Hunter-Lovins, publicado en 1999. El concepto central de esta corriente que intenta ofrecer una salida a la crisis ecológica de escala global es el de capital natural. El concepto contiene la idea de que existe un capital embebido en la naturaleza, del cual depende toda posible riqueza y que en consecuencia deben adoptarse instrumentos inspirados en el mercado para resolver los problemas ambientales. La obsesión ha llegado a tal punto que un grupo de investigadores liderados por R. Costanza se dieron a la tarea de calcular en dólares el valor de la naturaleza. Y lo lograron. Para el mercado, el capital natural del ecosistema planetario y sus servicios ambientales oscila entre los 16 y 54 trillones de dólares al año (ver: http://www.esd.ornl.gov/benefits_ conference/nature_paper.pdf)

Este estudio, tan inútil como absurdo, ha sido citado más de 10 mil veces en la literatura científica.

De esta visión surgió una práctica de salvamento, a ser ejecutada por empresarios y empresas: La mayoría de los negocios operan aún bajo una visión anticuada del mundo, que no ha cambiado desde el comienzo de la Revolución Industrial. En aquella época los recursos naturales fueron abundantes y la fuerza de trabajo fue el factor limitante de la producción. En la actualidad, existe un excedente de trabajo, mientras el capital natural, los recursos y sistemas ecológicos que proveen de los servicios que soportan la vida, son cada vez más escasos y relativamente caros. La próxima Revolución Industrial, como la primera, vendrá como respuesta al cambio de patrón de escasez. Ella creará recuperación y nuevas oportunidades. Los negocios deben adaptarse a estos nuevos tiempos. Y eso es lo que están haciendo las empresas innovadoras (ver: http://www.natcap.org/).

El lavado de imagen o cosmética verde es una estrategia publicitaria iniciada por las empresas para hacer creer que sus productos o acciones toman en cuenta la problemática ambiental, cuando en realidad sus negocios son altamente destructivos de la naturaleza. El término en inglés (“ green washing”) fue introducido por el periodista neoyorquino Jay Westervel en 1986, a partir de una práctica hoy generalizada en muchos hoteles de contribuir a salvar el planeta evitando cambiar las toallas diariamente. Desde entonces la práctica de envolverse en un baño de pureza ecológica para vender sus productos o servicios se ha vuelto harto común en miles de empresas y corporaciones. En paralelo, los grupos de ambientalistas o académicos que se han dedicado a investigar estas actitudes fraudulentas se han multiplicado. En 2002, durante la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, la llamada Academia del Lavado Verde (Greenwashing Academy) otorgó premios a las entidades más sofisticadas en engañar a los consumidores. Los premios fueron otorgados a corporaciones petroleras como BP o la Exxon Mobil y al gobierno de Estados Unidos. Más recientemente, un estudio de 4 mil 744 productos anunciados en 2010 como ecológicos o ambientalmente amigables, reveló que 95 por ciento de ellos no lo eran realmente, es decir, estaban mintiendo (ver: http://en.wikipedia.org/wiki/ Special:Search/).

Mientras tanto, en la realidad, la gran competencia global prosigue de una manera cada vez más intensa. En ella compiten las gigantescas corporaciones y los empresarios más ricos por obtener las mayores ganancias posibles a partir de la explotación cada vez menos sutil de los trabajadores y la dilapidación de la naturaleza. El espectáculo que presenciamos es cercano a lo apocalíptico: el capital globalizado arrasa con todo, mediante megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y energéticos, minería a cielo abierto, una pesquería que ha abatido las tres cuartas partes de los recursos marinos, ganadería extensiva, miles de substancias tóxicas esparcidas, reducción de la biodiversidad (sólo la soya transgénica ha convertido más de 40 millones de hectáreas en una fábrica de una sola especie) y contaminación de la atmósfera. Lo que no hemos podido detener los ciudadanos del mundo, lo detendrá la naturaleza por medio de las resistencias ecopolíticas que crecen y se multiplican por todo el planeta. El capital en su laberinto.

*Más información en: www.laecologiaespolitica.blogspot.com

 

COMUNICADO FINAL DEL CONGRESO PASTORAL DIOCESANO DE LA MADRE TIERRA

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22-25 DE ENERO DE 2014. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Nosotras y nosotros, hombres y mujeres, convocados por el Espíritu que “renueva la faz de la tierra”, hemos celebrado este primer Congreso de la Madre Tierra los días 22, 23 y 24 de enero del año 2014

, con una participación de: obispos locales, obispos de otros países, asesores; mujeres y hombres que compartimos la palabra y más de 900 personas representantes de los distintos pueblos e invitados de distintas iglesias y organizaciones. Nos hemos encontrado, para conmemorar los 40 años del Congreso Indígena de 1974 y los tres años de la Pascua gloriosa del J’Tatic Samuel, que condujo los destinos de esta diócesis durante 40 años (1960-2000).

Al hacer memoria de los acontecimientos más significativos de la Historia de nuestro pueblo desde el Congreso Indígena hasta la actualidad, sentimos que “nuestro corazón se calentaba”, como les sucedió a los discípulos de Emaús mientras el “compañero peregrino” les hacia un recuento de las Escrituras relacionadas con la historia y la liberación del pueblo de Israel.

Pero cuando compartimos el Pan de la Palabra, “de repente se abrieron nuestros ojos” y pudimos comprender y analizar la realidad desde el corazón de nuestros pueblos que reconocen la presencia de Dios en todo lo creado.

Nos dimos cuenta que el sistema capitalista neoliberal, patriarcal, represor y dominante, no es todopoderoso; todopoderoso sólo es Dios. Descubrimos que nuestra fuerza principal está en la “armadura de la fe” que nos dice San Pablo en la Carta a los Efesios: la Palabra de Dios, la ética y la espiritualidad.

Ante el poderío de las transnacionales y de los gobiernos cómplices y aliados de las mismas, que buscan acaparar las tierras y los bienes naturales del aire, del suelo y del subsuelo, que Dios nos regaló, es necesario que tengamos el valor de plantarnos ante ellos y decirles: “¡detente, hermano, porque esta tierra es de Dios!”.

Esto nos llevó a profundizar en el compromiso de la hora presente: analizar los signos de los tiempos, cuidar y defender a la Madre Tierra, denunciar las estructuras de injusticia y de pecado que “matan a nuestro pueblo” (Papa Francisco), y construir modelos alternativos de economía y organización social que vayan conformando otro mundo posible y necesario y que sean signos del Reino que Jesús nos anunció.

Igual que los discípulos de Emaús, después del encuentro con Jesús, recobraron la esperanza y regresaron apresuradamente a Jerusalén a confirmar en la fe a sus hermanos, así también nosotros ahora regresamos a nuestras comunidades, para reanimarlas a que, todas y todos juntos, nos comprometamos a la gran tarea que tenemos que realizar:

-Concientizarnos y concientizar a las familias y comunidades sobre las realidades que estamos viviendo.
-Promover una formación integral que nos dé elementos para desenmascarar los engaños del sistema opresor y buscar caminos alternativos.
-Organizar las comunidades para el cuidado y la defensa de la Madre Tierra , buscando la unidad por encima de diferencias políticas, ideológicas  y religiosas.
-Articular y reorganizar todas las áreas pastorales para llevar a cabo los compromisos de este Congreso.
-Con representantes de cada uno de los equipos conformar una instancia diocesana que de seguimiento a los acuerdos del Congreso.
-Conformar pueblos y comunidades que sean sujetos de su desarrollo y de su historia, capaces de resistir al sistema dominante y de construir alternativas de organización social y eclesial, donde se pueda vivir y disfrutar la autonomía personal y comunitaria.
-Seguir avanzando en la construcción de modelos de Iglesia autóctona, participativa, con equidad de género y compromiso social, que sea signo e instrumento del Reino de Dios.
-Exigimos a las autoridades del país y hacemos un llamado al pueblo para que se impida la siembra de maíz  y de cualquier otro cultivo transgénico.
-Nos oponemos a los mega – proyectos y a la explotación minera   depredadora.
-Nos oponemos a las reformas estructurales propuestas por el gobierno que promueven los intereses de las clases dominantes en perjuicio del pueblo.
-Nos pronunciamos en contra de estos más de veinte años de reformas agrarias de corte  neoliberal, que no nos han tomado en cuenta como pueblos indígenas,  comunidades campesinas y como  nación.

Con la certeza y convicción de que otro mundo es posible, convocamos a las Iglesias hermanas, organizaciones sociales  y a la sociedad en general a unirnos todos y todas a colaborar y trabajar juntos para que este sueño se convierta en una realidad.

Que este Congreso nos impulse a vivir una etapa nueva en el compromiso pastoral de nuestra diócesis en conjunto con todas las personas de buena voluntad, haciendo nuestro el mensaje del Apocalipsis de Juan que nos invita a superar un pasado de opresión, desolación y muerte y a comprometernos en la construcción de “los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva”, donde reine la paz, el amor, la felicidad, la armonía y el equilibrio entre los seres humanos y con la Madre Tierra.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 24 de enero de 2014

NOTA:

Cierran filas pueblos indígenas tras concluir Congresode la Madre Tierra en San Cristóbal de Las Casas (chiapasparalelo.com)