Carta del M4 para la marcha por la paz en Guatemala

Carta del M4 para la marcha por la paz

m4En este día de la MARCHA POR LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS, en Huehuetenango, Guatemala, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) se suma a la marcha. Marchamos en el corazón de cada uno de ustedes, desde cada rincón de nuestra querida Mesoamérica, en solidaridad con el reclamo de justicia, por la libertad de Rubén y el esclarecimiento del asesinato de Daniel Pedro de Santa Eulalia.

Mientras los dictadores, genocidas y asesinos siguen libres, los gritos de justicia son apagados con lujo de violencia. Por ello alzamos nuestras voces junto a sus pies en marcha para reclamar justicia, respeto a la libre determinación de los pueblos expresadas en las consultas comunitarias.

Nos sumamos a la demanda de la cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas, petroleras en nuestros territorios, por ilegales y nocivas para la vida de nuestros pueblos; exigimos la nacionalización de la energía eléctrica.

¡LIBERTAD A RUBEN HERRERA!

¡JUSTICIA POR EL ASESINATO DE DANIEL PEDRO!

¡De Panamá a Canadá, la minería no va!

MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4)

1 de mayo de 2013

Sigue la transmisión en vivo de la marcha desde www.creativaradio.com

GUATEMALA: MARCHA POR LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS

CONVOCATORIA  Y LLAMAMIENTO

MARCHA POR LA PAZ, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS

“Libertad al compañero Rubén Herrera”

 “Justicia por el hermano Daniel Pedro”

guatemalaLa imposición del modelo extractivo minero y el modelo energético en Guatemala; constituyen una nueva invasión a nuestros territorios, porque significan despojo, ocupación, contaminación, control social, represión y muerte para nuestras comunidades. El gobierno de Guatemala está empecinado en preparar la pista de aterrizaje (Reformas legales, militarización, criminalización de la protesta) para que empresas transnacionales, con toda impunidad puedan saquear nuestros bienes estratégicos como el agua y los minerales; este modelo del “falso desarrollo” se está implementando a la fuerza; violando el Derecho fundamental de la Consulta previa e informada; desconociendo las demandas legitimas de los pueblos,  el proceso democrático y pacífico de 75 consultas comunitarias a nivel nacional.

El gobierno de Otto Pérez Molina con el afán de complacer los interés de las empresas extranjeras y la oligarquía nacional; ha implementado una estrategia contrainsurgente contra la manifestación pacífica de los pueblos, una campaña de deslegitimación y descalificación; agudizando y justificando la criminalización de las luchas sociales, represión e intimidación, persecución legal y política contra los pueblos y defensores de derechos humanos, como ha sido el caso de la masacre de los hermanos kiches de Totonicapan en octubre de 2012, el secuestro y atentado contra las autoridades del Pueblo Xinca, la represión contra nuestros hermanos de San José del Golfo y San Rafael las Flores, el hostigamiento e intimidación contra nuestros hermanos de Barillas y San Juan Sacatepéquez; y más recientemente el caso del compañero Rubén Herrera, preso político desde el 15 de marzo y el secuestro y asesinato de nuestro hermano Daniel Pedro el 07 de abril del presente año.

En tan solo dos años de gobierno de Otto Pérez Molina, la situación económica de los guatemaltecos y guatemaltecas ha empeorado; la imposición de una reforma fiscal que ha venido a complicar la vida de la población más empobrecida,  el cobro excesivo de la energía eléctrica,  el incremento del costo de la carne, el azúcar, de la canasta básica en general, mantiene a la población en condiciones difíciles.

Por lo anterior y por todo lo demás; el Consejo de Pueblos de Occidente -CPO-; CONVOCAMOS a todas las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, a todo el pueblo en general  a participar en la MOVILIZACION PACIFICA que se realizara en la ciudad de Huehuetenango este miércoles primero de mayo.

Nuestras demandas:

· Que termine la criminalización de las luchas sociales, persecución legal y política en contra de los defensores de derechos humanos; exigimos libertad pronta a nuestro compañero Rubén Herrera, preso político por el caso Barillas.

· Demandamos el esclarecimiento y justicia por el secuestro y asesinato de nuestro hermano Q’ anjob’al Daniel Pedro de Santa Eulalia.

· Exigimos justicia por la memoria de las víctimas del conflicto armado interno, nuestra solidaridad con nuestros hermanos Ixiles.

· Exigimos respeto a la libre determinación de nuestros pueblos manifestados en las consultas comunitarias de buena fe; donde más de un millón de personas hemos rechazado la minería y los megaproyectos en nuestros territorios.

· La cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas, petroleras en nuestros territorios, por ilegales y nocivas para la vida de nuestros pueblos; exigimos la nacionalización de la energía eléctrica.

· Pedimos un alto al encarecimiento de la canasta básica,

LLAMAMOS a todo el pueblo indignado a participar y exigir nuestras demandas durante el recorrido de la marcha sobre la calzada K’aibil B’alam,  desde las Vegas hasta el parque central de la ciudad de Huehuetenango.

Que nadie se quede atrás, que todos se levanten, que amanezca y que venga la aurora.

Huehuetenango, abril de 2013

 

Apoya con tu firma: Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Apoya con tu firma: Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

por MAIZ
Abril de 2013

bety JyriDurante tres años hemos atestiguado la falta de interés gubernamental por hacer justicia. No hemos percibido un real voluntad para que estos homicidios se resuelvan y los responsables de los mismos sean castigados como lo señala la ley.

Este 27 de abril 2013, se cumplen ya tres años del asesinato de la defensora mexicana de Derechos Humanos Bety Cariño y del observador internacional Jyri Jaakkola, quienes perdieron la vida en una emboscada ocurrida en La Sabana Copala (MEXICO), cuando una caravana humanitaria se dirigía a San Juan Copala, comunidad triqui que se encontraba sitiada desde hacía 5 meses y sujeta a permanentes agresiones, por parte del grupo príista paramilitar UBISORT financiado por el entonces gobernador Ulises Ruíz Ortiz.

Durante tres años hemos atestiguado la falta de interés gubernamental por hacer justicia. No hemos percibido un real voluntad para que estos homicidios se resuelvan y los responsables de los mismos sean castigados como lo señala la ley. Los trabajos de investigación fueron constantemente obstaculizados y ahora no se han ejecutado las 12 órdenes de aprehensión libradas en contra de los individuos identificados como responsables de estos arteros asesinatos.. Ni el gobierno Federal ni el gobierno de Oaxaca, así como sus Instituciones encargadas de impartir y procuran justicia se han comprometido para resolver este caso de interés de la comunidad nacional e internacional. La impunidad que se le ha bridado a los asesinos es preocupación de las defensoras y defensores de los derechos humanos quienes entendemos que la impunidad contribuye a que seamos agredidos de manera constante por hacer nuestra labor en la defensa de los derechos de nuestros pueblo.

La actuación de la PGR en la integración de la Averiguación estuvo marcada por las inconsistencias y la falta de interés y las omisiones y la lentitud con las que actúa el Procurador de Justicia del estado de Oaxaca para ejecutar las ordenes de aprehensión nos muestran que persiste el interés de proteger a los asesinos.

BASTA YA DE IMPUNIDAD
LA OMISION GUBENAMENTAL ES COMPLICIDAD

Firma: http://www.avaaz.org/es/petition/Justicia_para_Bety_Carino_y_Jyri_Jaakkola/?cDkiCeb

BASTA DE REDD+ Y DE ECONOMÍA VERDE, Fin al Acuerdo entre los Gobiernos de California, Acre y Chiapas en México

¡BASTA DE REDD+ Y DE ECONOMÍA VERDE!

Fin al Acuerdo entre los Gobiernos de California, Acre y Chiapas en México.

La Madre Tierra no se vende, se ama y se defiende

no reddEl programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques+), se inscribe como parte de las negociaciones relacionadas al cambio climático, baja de emisiones y su posible solución mediante la compra de bonos de carbono en países del Sur tropical. Este proyecto se ha venido negociando desde hace por lo menos tres años entre los Estados de Chiapas, México, Acre, Brasil y California, EEUU. En estas semanas, el Gobierno del Estado de California continuará con las intenciones de incluir en este proceso de negociación y afianciamiento de los mercados de carbono al acuerdo trisubancional (955680042), que busca ser refrendado bajo la ley AB32 ( busca reducir en 25% los gases del calentamiento global a los niveles de 1990 para 2020; y en un 80% para 2050). Según las propias palabras del gobierno de California “Se promueve como una oportunidad histórica para reforzar los programas de REDD + de manera jurídica».

A la par el grupo de trabajo de compensaciones por REDD+ (REDD+ Offset Working Group –ROW-) está buscando validar estas negociaciones mediante su línea técnica de expertos. Por Chiapas participa Rosa María Vidal, Directora de Pronatura Sur, Chiapas. Esta validación sólo busca refrendar el esquema REDD+ y así se pueda afianzar este negocio que significa la puesta en venta de la biodiversidad, bosques y territorios de comunidades indígenas y campesinas.

El Estado de California, en lugar de atacar las causas que provocan sus emisiones de GEI, opta por la lógica de la acumulación del capital, su compensación, comprando créditos de carbono -que jurídicamente- le permitan continuar reproduciendo su modelo depredador y consumista, alegando además que con ello contribuye a la protección de las selvas en Chiapas y Acre, pero sin mencionar los bionegocios que hay detrás de este supuesto altruismo; aunque omitiendo la destrucción de la biodiversidad y del medio ambiente en general que conlleva; y al desarrollo sustentable de los pueblos que las habitan, ocultando sus consecuencias como la fractura cultural y organizativa de las comunidades.

El Estado de Chiapas en México, con el apoyo y dirección estratégica del gobierno de la República, pretende asegurar su devastador negocio local de biocombustibles, al que denomina ‘energía limpia’, por un lado; y garantizar a los inversionistas trasnacionales y al coyotaje ambiental nacional (ex funcionarios ambientales y ONGs conservacionistas), los negocios verdes como la biogenética, mediante la conservación de la biodiversidad de ecosistemas más protegidos, ubicada en su inmensa mayoría en territorios indígenas. Por el otro, además de acompañar esta versión de “Energía Limpia” con la instalación de megaproyectos de plantas eólicas y presas en el estado de Chiapas.

El programa REDD+ es la nueva versión, bajo el pretexto de la crisis climática, de una vieja forma de colonialismo en la que se promueve la apropiación de las tierras y territorios mediante el despojo, los desalojos violentos directos, o su arriendo perpetuo a las comunidades indígenas poseedoras. Esto evidencia la incongruente lógica del capitalismo verde, que promueve, por un lado, con su opción “climática” de biocombustibles, la destrucción de los corredores biológicos en zonas bajas de las selvas y por otro lado la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas vecinas. Otra incongruencia se manifiesta entre los programas de conservación y la instalación de proyectos mineros en las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

El mecanismo REDD+, en Chiapas, ya está siendo implementado en sus etapas piloto, voluntario o como quiera llamársele, y nos ha dejado grandes y esclarecedoras lecciones:

no reddNo respeta los derechos de los pueblos indígenas al no informarlas ni incluirlas. Este programa no prevé la pertinencia cultural de sus objetivos y medios.

Incluye en el término bosques a las plantaciones de piñón y palma africana, además de “venderlas” como energía limpia acompañándolo con grandes megaproyectos de minería y presas y parques eólicos.

Responsabiliza a las comunidades indígenas del éxito de REDD+; y al mismo tiempo criminaliza sus sistemas de producción campesinos de ser causantes y responsables del cambio climático.

Promueve la descampesinización, el abandono del soporte cultural de los pueblos indígenas: la producción tradicional de alimentos de auto-sustento y la pérdida de agro biodiversidad. Bajo este esquema se dividen a las comunidades, se rompe el tejido social, además de los numerosos casos de desalojo de pueblos indígenas y campesinos de sus tierras -para poder arrasar las selvas y dar lugar a plantaciones.

Claro es el caso de su implementación en la región de “la Biosfera Montes Azules”, área prioritaria y preferida para la conservación,- donde en abril del 2011, en ceremonia oficial, el gobernador de Chiapas  entregó armas y uniformes-al grupo de comuneros lacandones para hacer rondas en el perímetro colindante con las comunidades tzeltales en resistencia que se oponen al paso de su brecha agraria –la llamada brecha Lacandona- . Consolidando así los contratos de despojo de tierras. Claramente este programa  no representa la palabra de la mayoría de las comunidades indígenas de la Selva Lacandona.

REDD+ basado en mercados especulativos y compensatorios de bonos de carbono forestal presentados como ‘comercio del aire’ y que conllevan un impacto real en la propiedad y control de la tierra, crea nuevos regímenes de privatización, como la titularización de las reservas de carbono en los territorios. Amplía las fronteras de la mercantilización y el acceso de los mercados a bienes como la tierra, el agua y la biodiversidad en dirección totalmente opuesta de la protección y defensa de estos, bajo políticas públicas y/o manejo colectivo por parte de comunidades indígenas y tradicionales.

Con respecto de las soluciones:

Para generar soluciones verdaderas al cambio climático se requieren medidas democráticas y técnicamente coherentes para transitar a un sistema energético sustentable, y para poder eliminar con carácter de urgente el uso y abuso de los hidrocarburos. Además de esto, los grandes emisores de GEI, principalmente los países del Norte industrial y consumista, deben implementar mecanismos urgentes de reducción de GEI sin sustituciones ni compensaciones, enfocándose en la metas de reducciones en sus propios países.

Los recursos y medidas para conservar los bosques y las selvas deben ser adicionales y democráticamente definidos y no aprobarse en compensación ni imposición para seguir contaminando. Deben tomar en cuenta las alternativas sustentables de los pueblos originarios y campesinos en armonía con la Madre Tierra, que apoyen la gestión y conservación de bosques desde una visión comunitaria; que no sean parte de los mercados ni sean controlados por corporaciones, instituciones financieras internacionales o coyotes verdes, y sí colectivamente por los pueblos.

REDD+ significa:

REDD+ solo representa, bajo el signo + (plus), la búsqueda del comercio del resto de los productos y servicios que proporcionan los ecosistemas tales como la biodiversidad y el agua, foco de las ganancias sobre las nuevas fuentes de riqueza y control, y también el despojo o alienación de las comunidades indígenas y campesinas que habitan las regiones más biodiversas y con mayor captación de agua del planeta.

Se basa en el supuesto de que para efectos de captura de GEI a las grandes extensiones de monocultivos tóxicos, sobre todo de biocombustibles, sin importar que devasten zonas inmensas fundamentales a los corredores biológicos, como ocurre en las llanuras aluviales que circundan a la Selva Lacandona en el estado de Chiapas. La conservación no depende de este tipo de incentivos económicos, sino de formas democráticas, colectivas de manejo del bosque y que respeten la coexistencia de las comunidades originarias con su medio.

Rechazamos REDD+ en todas sus versiones, REDD++ y las que se sumen, incluido REDD azul ya que atentaría gravemente contra los ecosistemas de manglar y las comunidades que coexisten en ellos.

Exigimos un alto a los procesos de comercialización de la naturaleza, de los territorios y de las comunidades indígenas y campesinas.

Nos solidarizamos con las comunidades afectadas por REDD+ en Acre, Brasil.

Exigimos Al Estado  de California a establecer medidas reales y de fondo para contrarrestar los efectos del cambio climático, en su territorio.

Los bosques no están en venta

La Madre Tierra no se vende, se ama y se defiende

Firmantes:
COCYP Central de Organizaciones Campesinas y Populares -Chiapas
Comité de derechos Humanos Oralia Morales
Comité de derechos humanos de base de Chiapas Digna Ochoa
Otros Mundos Chiapas /Amigos de La tierra México
Reddeldia
Movimiento Mexicano de Alternativas a las  Afectaciones y Cambio Climática MOVIAC-Chiapas
Organización Campesina Emiliano Zapata- Región Carranza
Organización Proletaria Emiliano Zapata –MLN
Laklumal-ixim. Norte- Selva, Chiapas.
Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas
Movimiento de Afectados por las Presas y en defensa de los ríos MAPDER-Chiapas
Colectivo Tsunel Bej

Chiapas, Mexico, April,  2013.

A los Señores:

– Gobernador del estado de California, Sr. Jerry Brown

– Grupo de Trabajo sobre Compensaciones REDD (REDD ‘offsets’) de California

Cc: Sra. Mary Nichols (presidente del Consejo de Recursos del Aire de California), Sra. Ashley Conrad-Saydah (Secretaria Asistente en Política del Clima de la Agencia de Protección Ambiental de California), Sr. Arsenio Mataka (Subsecretario para asuntos de justicia ambiental y cuestiones indígenas de la Agencia de Protección Ambiental de California), Sra. La Ronda Bowen (Ombudsman de la Agencia de Protección Ambiental de California)

Mano a Mano Guatemala: genocidio ayer e impunidad hoy

Mano a Mano Guatemala: genocidio ayer e impunidad hoy

RadioMundoReal

Descargar AUDIO: MP3 (31.5 MB)

monttEl juicio contra el ex general guatemalteco Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y su influencia en la actualidad de ese país formaron parte de esta nueva entrega del programa de análisis de Radio Mundo Real.

Desde Guatemala dialogamos en mesa redonda con Alejandra Castillo y Edwin Canil del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH).

Participa también moderando el programa Rosa Tomas, de la Convergencia Maya Waqib’ Kej y en la producción del espacio el integrante de CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala Óscar Gálvez.

Las raíces y causas de la dictadura militar, sus implicancias, la identificación de los pueblos mayas como “enemigo interno” al régimen y el manto de impunidad que aún se resiste a ser corrido formaron parte del programa.

Asimismo, cómo influyen estos casos de violaciones de DDHH en la actualidad violenta de Guatemala y los diversos conflictos territoriales que tienen lugar en el país.

EL ESCARAMUJO 37: EL MOVIMIENTO SOCIAL Y sus conflictos… del 19 al 31 (Quinta Parte y última)

EL ESCARAMUJO año 7 Número 37

EL MOVIMIENTO SOCIAL
Y sus conflictos… del 19 al 31
(Quinta Parte y última)

 

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, A.C.

25 de abril de 2013; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

LEER COMPLETO: EL ESCARAMUJO 37: EL MOVIMIENTO SOCIAL Y sus conflictos… del 19 al 31 (Quinta Parte y última)  (12 págs. PDF – 140Kb)

(EXTRACTO)

En este último número de la serie sobre movimientos sociales abordaremos los conflictos en cuanto a su conducción, su unidad, el manejo de sus conflictos, sus declaraciones políticas, sus análisis del capitalismo, sus conflictos patriarcales, su relación con las Dictaduras, su organización y alianzas; la definición de los afectados; los infiltrados en el movimiento, la seguridad, su ciclo de vida, el narcotráfico y la esperanza del movimiento social.

19) El Movimiento Social y su Conducción.

Se supone que hay un horizonte, un proyecto político común, sólo falta ver quién conduce el vehículo que llevará y guiará al movimiento en esa dirección. Y en caso de que no esté claro el horizonte, no falta quien quiera conducir el caos.

(…)

20) El Movimiento Social y el Manejo de los Conflictos.

Los conflictos internos en el movimiento social, ¿cómo manejarlos? ¿Qué instancias son necesarias para dirimir estos conflictos? Sobre todo cuando han generado fuertes rupturas, divisiones y enconos. El movimiento social tiene claro que la derecha está más unida y la izquierda se fractura interminablemente. También hay una razón. Y es que la derecha tiene un mismo interés, la ganancia, el dinero, y en ello no hay principios éticos. La izquierda privilegia de otra forma las relaciones políticas de amistad, y no tolera las incoherencias a su interior. Idealiza al sujeto de supuesta izquierda como el políticamente correcto, incorruptible, anti patriarcal en el discurso y en su práctica, democrático, justo, dialogante e incapaz de atrocidades. Cuando se dan expresiones contrarias a estos y otros valores, el conflicto se manifiesta.

(…)

21) EL Movimiento Social y sus Declaraciones.

Muchos cuestionan ¿quién lee las declaraciones? Ni los mismos integrantes del movimiento social, dirán algunos. Para otros la declaración política será fundamental para incidir en la opinión pública. En otros momentos se reclaman posiciones políticas públicas cocinadas de antemano sin consulta ni consenso, o se manifiesta la guerra de los logos y las siglas, del protagonismo y la visibilidad.

(…)

22) El Movimiento Social y su Análisis del Sistema Capitalista.

Hay cada vez más consenso en que el Sistema Capitalista es el mal estructural que nos aqueja planetariamente. Pero muy distinto es tener claro qué entendemos por Sistema y qué por Capitalismo, y luego juntos. Y en esto no hay consenso. Incluso marca análisis, estrategias, alianzas y alternativas distintas. Pero hay algo más. Todavía se confunde mucho en el discurso entre lo que significa el sistema y el modelo. El sistema es el capitalismo que tiene modelos como el modelo de Estado de Bienestar, o el neoliberalismo ya prácticamente aplicado y que todavía no se vislumbra que estamos en otro modelo, el modelo corporación-nación.

(…)

El reto para el movimiento social entonces es lograr un consenso sobre lo que es el sistema, el capitalismo, el diagnostico de él, y la estrategia para lograr otros muchos mundos posibles. Cómo lograr espacios permanentes de formación, reflexión conjunta y creación de conocimiento colectivo. Cómo actualizar el análisis, cómo realizar análisis de coyuntura en el marco del análisis de la estructura. Cómo analizar la realidad de manera integral, no parcializada. Cómo integrar los problemas ambientales y caer en la cuenta de que ser anticapitalista es ser ecologista, y que no se puede ser ecologista sin ser anticapitalista.

23) El Movimiento Social y su Organización.

El movimiento social requiere de mucha organización sobre todo si tomamos en cuenta su amplia diversidad, multiplicidad y complejidad. En ocasiones se idealiza en el sentido de que el movimiento social es horizontal, democrático, plural, que funciona por consenso, de forma descentralizada, con autonomía, etc. Sin embargo, las tensiones son sumamente fuertes y complicadas en torno a los mecanismos para la toma de decisiones, de reflexión, de análisis, de diagnósticos y estrategias consensuadas.

(…)

24) El Movimiento Social y sus Alianzas.

La falta de política de alianzas, muchas veces secuestrada por el pragmatismo, el purismo, oportunismo, el revanchismo, el protagonismo, o el dogmatismo entre otros lamentables “ismos”, evidencia muchas lagunas, entre ellas la falta de claridad del proyecto político y de los principios éticos y morales que le deben permear. ¿Cuáles son los principios que rigen una política de alianzas? ¿Existen actores políticos con los cuales bajo ninguna circunstancia se debe hacer alianzas? ¿Hay otros con los que se pueden hacer alianzas en algún momento dado y en otro no?

Pero la falta de una política de alianzas no solo se refleja hacia los sectores gubernamentales, político-electorales, religiosos, o empresariales, sino dentro del mismo espectro de los actores de los movimientos sociales.

(…)

25) El Movimiento Social y su Patriarcado.

Este el principal tema tabú y la principal contradicción del movimiento social. La participación de las mujeres forma parte fundamental de los procesos de cambio. Sin embargo, en el momento en que se visibilizan más se topan con actitudes machistas y patriarcales. Las mujeres luchan no solo contra el sistema capitalista patriarcal, contra el racismo, la opresión, la dominación, la discriminación del sistema, sino que además lo tienen que hacer al interior de los movimientos sociales. Luchar contra la violencia de género que se expresa dentro de los movimientos sociales y de los cuales los varones no se tienen que preocupar porque no experimentan nada de lo que viven las mujeres. Toda esta realidad se calla, se oculta, no se quiere visibilizar ni abordar en los espacios de discusión política como un tema central.

(…)

26) El Movimiento Social y su Unidad.

Es una discusión que se genera permanentemente al interior de los movimientos sociales. Una corriente opina que hay demasiados grupos, redes y organizaciones y que eso dificulta la unidad. No alientan la necesidad de generar nuevos espacios orgánicos. Quizás hay una necesidad de controlar más fácilmente la conducción del movimiento social, de liderarlo, mapearlo, organizarlo. Quizás es la unidad entendida como homogenización de los diversos actores sociales.

Pero, ¿cuál es el factor de unidad? Consideramos que el problema no radica en la multiplicidad, ni en la diversidad, sino en la falta de un análisis y diagnóstico común estructural e integral del capitalismo, aunado a un mismo proyecto político común.

(…)

27) El Movimiento Social y los Afectados.

Algunas corrientes insisten en considerar que los afectados por el capitalismo solo son los pueblos indígenas, o los campesinos, o el que ha sido físicamente desplazado por la imposición de algún megaproyecto. Ciertamente afectados, todos, pero directos.

Solo se tiene una concepción amplia de los afectados en la medida en que se cuenta con un análisis estructural y sistémico. Los megaproyectos impactan social económica, cultural, políticamente más allá de la geografía inmediata. Comprenderlo ha sido posible conjuntar esfuerzos de diversos sectores sociales que luchan por otros modos de vida. Así, abogados y otros profesionistas, estudiantes, ama de casa, campesinos, indígenas, entre otros, han logrado detener conjuntamente muchos megaproyectos. Esto nos hace concluir que los movimientos sociales están conformados por diversas expresiones de organización y colectivos numerosos, pero también por individuos, aunque otra cosa será el rol que estos individuos pueden o no jugar en las estructuras de conducción o representación.

Si bien no hay una última palabra sobre los movimientos sociales, es falsa la idea de que el movimiento social es propio del pueblo indígena, campesino o suburbano de los sectores más empobrecidos económicamente, como si fueran los únicos afectados o los únicos responsables de combatir el capitalismo. El capitalismo es un problema global, sistémico.

(…)

28) El Movimiento Social y los Infiltrados.

Los gobiernos siempre han infiltrado a las organizaciones y a los movimientos. Al igual que el ejército, la CIA e incluso las grandes empresas usan el espionaje e infiltración al interior de los procesos sociales. Estas acciones se dan al interior de las organizaciones, de los foros, eventos, seminarios, encuentros, asambleas y cualquier otro espacio o escenario. Se rastrean llamadas, celulares, correos electrónicos, correspondencia. Se mapean a las organizaciones y sus alianzas como los estudios que han llevado a cabo académicos en Guatemala recientemente y cuyas estrategias se han ejecutado con saldo de muertos y presos para garantizar la imposición de intereses y megaproyectos. Pero también Universidades, Ong’s, centros de investigación, supuestos sindicatos, organizaciones indígenas y campesinas han servido como actores para infiltrarse al interior de los movimientos sociales con el fin de romper procesos, dividirlos o advertir de sus estrategias.

(…)

29) El Movimiento Social y el Narcotráfico.

La presencia del narcotráfico va ganando espacios cada vez más determinantes en lo social, lo político, lo económico y lo territorial. Con su dinero, pero también con su violencia, extorsión, amenazas e intimidación, compra consciencias, lideres, movimientos, productores, ejército, burócratas, policías y políticos. Su violencia e impunidad no tienen límite y logran la instalación de narco-Estados. Muchos procesos de resistencia se inhiben por miedo a la reacción de los grupos de narcotraficantes de la región que se disputan el mercado, las vías de acceso y el territorio de siembra cada vez mayor. Los luchadores y luchadoras sociales temen ser desaparecidos o asesinados. Algunos optarán por negociar una convivencia pacífica. Otros se debaten entre denunciar o no a los criminales locales vinculados con el narco por temor a una represalia mayor.

(…)

30) El Movimiento Social y la Seguridad.

Cada vez se agudiza la violencia contra los movimientos sociales con saldos de desaparecidos, asesinatos, heridos, despojados, desterrados, perseguidos, presos, amenazados, hostigados, etc. El movimiento social se pregunta cómo responder a estas situaciones, cómo evitarlas, como prevenirlas, y cómo estar preparados para la violencia. Cómo generar mecanismos preventivos y protegerse de la violación a los derechos humanos. La criminalización es ya de tal magnitud porque el accionar del movimiento social es también magnífico. Lleno de iniciativa, movilización, creatividad. Sin embargo, se pueden minimizar los riesgos, se relativizan, o se cae en excesiva paranoia. De cualquier forma no es un conflicto menor ya que también paraliza por miedo el accionar de las personas o las lanza a una valentía indómita.

31) El Movimiento Social y las Dictaduras.

En el contexto de una Dictadura expresa, porque por la vía de los hechos estamos todos inmersos en la dictadura del capital, el movimiento social se debate entre la vida y la muerte. Cualquier camino, cualquier acción se convierte en un riesgo letal. Y se da de todo. Excesivos miedos y excesivas valentías. La violencia estructural se instala de tal forma que pone a prueba a cada componente del movimiento social. Todos los conflictos se agudizan: la relación con el gobierno golpista, con los partidos políticos, con el financiamiento, las alianzas, los conflictos patriarcales, las estrategias, los infiltrados, la unidad, la organización, la identidad, la violencia, la conducción, la representatividad, por mencionar algunos. Todos llegan a su clímax.

No faltan expresiones del ‘Síndrome Político de Estocolmo’, al que denominamos como al hecho de cambiarse de bando, colaborar con el gobierno golpista o dictatorial, y ponerse a su servicio. Un proceso prolongado del estado golpista, es sumamente desgastante para el movimiento social.

32) El Movimiento Social y su Ciclo de Vida.

Hay movimientos sociales y sus organizaciones que lo componen que llegan al límite de su existencia. Que se preguntan por su continuidad en la medida en que se pierde el horizonte, la estrategia, la razón de ser. Muchas veces la razón que les dio origen se desdibujó, se perdió o ya no existe. Otras veces es por causa de su propio desgaste en conflictos no resueltos. Así, el movimiento se va desgranando y las ausencias se van haciendo patentes. Habrá quienes no quieren dejar el barco, que desean reencauzarlo con fundamento o sin él. Que se niegan a aceptar que ha llegado la hora de cambiar de estrategia, plataforma, nombre, objetivo. ¿Cómo generar un mecanismo democrático, incluyente y participativo que convoque, evoque y provoque un nuevo reimpulso del movimiento?

Solo reencauzando acertadamente el horizonte político y la razón de ser del movimiento, podrá seguir adelante. Cuando no es así y persiste la resistencia a desaparecer y renacer, convierte a este proceso en la un barco sin rumbo, sin gente, como un fantasma, como el Perla Negra del Caribe y de la América Latina.

33) El Movimiento Social y la Esperanza.

La lucha es larga, con obstáculos y dificultades. A veces el horizonte no se ve porque no hay un buen análisis y una buena estrategia; otras veces porque el narco-estado-corporación es aplastante y alza tanto polvo que no se ve a lo lejos. Abruma ver el avance de los megaproyectos, los muertos, la descomposición social y ambiental. El desempleo, la impunidad, la violencia, el miedo, la angustia y otras cosas más pasan por cada persona. Y queremos ver cambios, y además vivirlos.

Y en este momento el movimiento social se pregunta cómo mantener la esperanza, la movilización, la resistencia. La alegría, la fiesta y el optimismo. Cómo seguir creyendo que el cambio es posible antes de ver caer a líderes en manos de las corporaciones, cooptados por el estado o desactivados de los procesos sociales. Pero también existe otro reto: visibilizar las experiencias exitosas de alter-natos que hay por todos lados, de experiencias de vida nueva en barrios, pueblos y comunidades. Porque el movimiento está más vivo que nunca y con una creatividad increíble. Y porque solo desde la consciencia y vivencia de una crisis sistémica, es posible construir esperanza y trazar nuevos mundos posibles.

Hasta aquí, un punto de vista…

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Declaración final del Congreso Nacional de Paz, Bogotá

Declaración final del Congreso Nacional de Paz, Bogotá

Tras tres jornadas intensas de debates con participación masiva de representantes de comunidades y organizaciones sociales de toda Colombia, así como delegaciones internacionales, el Congreso Nacional de Paz emitió la siguiente declaración que ofrecemos en texto y audio.

Audio (RadioMundoReal): Una ruta social común (MP3 39 MB)

congreso pazConsiderando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz para mandatar en torno a una agenda, y el movimiento social, que requiere el país para encontrar una solución definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo.

Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen de manera decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones del Estado que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves problemáticas que vive la mayoría del pueblo colombiano son factores que profundizan el conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una agenda social de paz planteada en perspectiva de superar las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad y exclusión política que han caracterizado al régimen político imperante, a través de la lucha organizada. Esa agenda social de paz es expresión de los anhelos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales que buscan una sociedad con una paz genuina basada en la plena garantía de los derechos humanos y la construcción de un país más equitativo.

Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concurso de los sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. Insistimos en que la salida al conflicto armado no le compete solamente al gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores populares también tenemos mucho que aportar en la construcción de paz. Si el cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario empezar por democratizar la búsqueda de la paz.

Saludamos la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC-EP, es un espacio importante en el avance hacia la paz, sabemos que ésta es restringida porque no hay partición desde el movimiento popular, la agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de las salidas al conflicto y de un acuerdo nacional. La paz no es una prerrogativa exclusiva de los armados, debe ser un propósito nacional que vincule a diversos sectores de la sociedad colombiana. Hacemos un llamado para que se instituyan caminos similares con el ELN y EPL para que avancen en nuevos escenarios de diálogo.

Para nosotros y nosotras la paz tiene que ver con cambios estructurales, por ello nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del régimen político, la lucha contra la impunidad y la plena garantía de los derechos humanos. En ese orden, nuestra apuesta de paz pasa por:

Un nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la riqueza, cuyo principal objetivo no sea la acumulación de capital sino el bien-estar de la población. Un modelo que no agreda los territorios y los ecosistemas, sino que parta de su protección, el respeto a la naturaleza y la afirmación de la diversidad social, cultural y ambiental. En suma, una nueva concepción de la economía que desmonte el neoliberalismo, la dependencia, la privatización, la mercantilización, la financiarización, el despojo y el autoritarismo.

La reinvención de la política, plantear nuevas formas de gobernabilidad, así como nuevas maneras de defensa de lo público, para concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Por lo tanto, mandatamos construir política desde los territorios para construir un nuevo Estado y una nueva forma de gobernar.

Es necesaria una transformación estructural del modelo de justicia imperante en nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de medidas que le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto. Como rechazo a este modelo de justicia hegemónico, represor y elitista, los pueblos que mandatamos paz para la vida digna concebimos urgente la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo central la garantía integral de los derechos de los pueblos, partiendo de los mecanismos comunitarios y populares que existen y han existido, y proyectándose hacia las grandes decisiones judiciales que se toman en el país, un nuevo modelo de justicia que fortalezca el tejido social de las comunidades y responda a las necesidades concretas del pueblo Colombiano, expresadas en la agenda legislativa de país que proponemos como alternativa de vida digna y justicia social, así si podemos hablar de paz.

Seguiremos luchando por salud y educación públicas, universales, gratuitas, sin discriminaciones de ningún tipo, a partir de un enfoque de derechos que reemplace la mercantilización de la vida. La ley 100 de 1993 y las propuestas de reforma a la educación son factores de guerra contra la sociedad, especialmente contra los sectores populares. ¡Trabajo digno y sin distinción de género, economía que parta de lo regional, socialización de la riqueza y de los medios que permiten la producción, economía propia y soberanía, una educación amplia, gratuita y de calidad. El reconocimiento de la diversidad de pueblos que habitamos este territorio que pasa por reconocer la autonomía y dar la posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio!

Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario solucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. Es inaplazable la formulación de figura jurídica y política que garantice el territorio y la territorialidad para el campesinado como base para una genuina política de reforma agraria integral. Es crucial una reforma tributaria que grave con impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. Consideramos que las Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del movimiento campesino colombiano, consideramos fundamental defenderlas como instrumento de la lucha de las comunidades rurales. También creemos que es necesario generar otras figuras que solucionen los problemas del campo abarcando todo el territorio nacional y atacando la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina redistribución de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no compartimos la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas de Reserva Campesina. Es necesario seguir buscando el reconocimiento, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos afro.

Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de territorios a empresas transnacionales. Seguiremos expulsando a esas compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar las normas que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia en los territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su totalidad. Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión de baldíos de la nación a grandes inversionistas. Rechazamos la posible aprobación del derecho de superficie, el vuelo forestal y demás formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es necesario reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de generar mecanismos jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las comunidades delimitaremos Zonas de Biodiversidad para proteger los territorios.

Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique elementos de soberanía nacional y redistribución de la renta petrolea y gasífera. Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa completamente pública y buscaremos instituir una empresa nacional minera pública. De igual manera defendemos el carácter público de los demás bienes comunes de carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una política de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos.

Buscamos una cultura de la vida que propague una nueva ética de sobrevivencia y de convivencia, y que libere la re-creación de la sociedad. En ese gran propósito, será necesario consolidar un movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte y la recreación.

Asumimos el comprimiso de establecer y fortalecer los lazos con los pueblos hermanos de nuestra américa y especialmente con movimiento sociales y populares que encaminan sus luchas por la autodeterminación, la soberanía y la construcción de la patria grande. Hablamos de CLOC-via campesina, Frente Darío Santillán, Coordinadora de Movimientos Populares de América (COMPA), Movimiento de los Sin Tierra y otros. Buscaremos interlocusión ante UNASUR, MERCOSUR, CELAC Y ALBA en camino de lograr acompañamiento efectivo para el proceso de paz en Colombia y para presentar nuestra agenda de país para la vida digna.

Finalmente, como Congreso para la paz planteamos que vivimos hoy una crisis humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las lógicas extractivitas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido durante décadas, y que se agudiza por la existencia del conflicto armado. Esta crisis se manifiesta, entre otras, en la militarización de los territorios indígenas, campesinos, afro decendientes, y urbanos; en la sistemática violación a los derechos humanos y las infracciones al DIH; en la precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas que por su estado de sujeción se ven excluidos de todos sus derechos; en la criminalización de los sectores rurales; en la sistemática violencia sexual ejercida contra las mujeres y niñas, hombres y niños que genera no solo afecciones individuales sino afecciones colectivas que generan rupturas del tejido social y familiar.

En consecuencia, la construcción de esta agenda social el Congreso para la paz ratifica y propone como escenarios para la acción política:

1. Configurar espacios regionales y locales de diálogo (insurgencia, Gobierno, comunidades) para solucionar la crisis.

2. Promover y establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis
humanitaria al tiempo que avanzamos en la exigencia de la libertad inmediata para lxs luchadores detenidxs (presas y presos políticos) arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado como a las insurgencias el cese bilateral al fuego.

3. La Ruta Social Común para la Paz, en la que seguiremos participando de manera más activa y aunaremos esfuerzos para vincular otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la Paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación de todas las regiones en ella. Además de ello debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para el país, que contemple iniciativas como las constituyentes por la paz.

4. La construcción de un espacio multilateral de dialogo, donde juegue nuestra visión de paz, permita la participación directa y decisoria de sectores populares, sociales y democráticos. Lo nuevo de este escenario es que participaran los excluidos, los sin voz.

5. La construcción del movimiento social por la paz persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros, requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias que diversas comunidades han venido construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos regionales.

Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores sociales y políticos que coincidan en la necesidad de impulsar la movilización por una agenda social de paz y la pertinencia de la participación de los sectores populares en los procesos de paz. La unidad debe entenderse como principio permanente de ampliación de la agenda política del movimiento social por la paz y como la acción conjunta de diversas expresiones políticas y sociales. Este debe ser ante todo un agente de impulso de una agenda política por la superación del conflicto social y armado y por la erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por esa razón el movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la acción política y la movilización por una sociedad con justicia social y vida digna.

CONGRESO PARA LA PAZ
PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ PARA LA VIDA DIGNA

Contratista independiente para AIDA/ ASESOR AGUA DULCE

Contratista independiente para AIDA/ ASESOR AGUA DULCE

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) está buscando un asesor/a jurídico de tiempo completo para nuestro trabajo en la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), en particular para el Programa de Agua Dulce.  La vacante está abierta para abogados/as latinoamericanos/as (con preferencia en los países andinos) que tengan experiencia trabajando en derecho ambiental y en litigio ambiental de interés público e idealmente que tengan conocimiento de derecho internacional ambiental en la región andina.  Las y los postulantes deben tener un claro compromiso para trabajar en temas de interés público y un excelente desempeño profesional y académico.
 
AIDA es una organización no-gubernamental hemisférica que busca fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional. El programa de Agua Dulce de AIDA promueve el fortalecimiento y la aplicación del derecho ambiental en las reformas legales y políticas y en los proyectos de desarrollo con el fin de promover la protección de ecosistemas frágiles y fuentes de agua dulce claves para la población de la región andina y para la biodiversidad. También trabajamos para capacitar a los actores de la sociedad civil y a las autoridades gubernamentales sobre las herramientas jurídicas disponibles.  
 
Responsabilidades Principales:
  • Apoyar a las Co-directoras ejecutivas de AIDA con la formulación de la estrategia y la ejecución del Programa de Agua Dulce incluyendo la identificación de objetivos, metas, nuevos proyectos y el diseño e implementación del plan de trabajo; 
  • Desarrollar, coordinar y llevar a cabo trabajo estratégico a nivel nacional e internacional, enfocándose en la región andina, relacionado con la protección de ecosistemas frágiles y fuentes de agua clave para las poblaciones y para la biodiversidad; 
  • Apoyar las actividades de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia;
  • Redactar y revisar informes, escritos y otros documentos relacionados con actividades del programa;
  • Supervisar el trabajo de pasantes, voluntarios y abogados con menos experiencia en el equipo.
Responsabilidades Secundarias:
  • Ayudar en trabajo de comunicaciones para difundir casos y precedentes, incluyendo la redacción de comunicados de prensa, páginas web, blogs o artículos, y la representación de AIDA ante medios de comunicación;
  • Apoyar en la recaudación de fondos, preparando y revisando informes y propuestas para fundaciones;
  • Contribuir con las actividades de educación y capacitaciones de AIDA en el hemisferio, incluyendo la coordinación con organizaciones participantes de AIDA, la preparación de material de capacitación para abogados y otras organizaciones;
  • Participar en el desarrollo interno y la construcción de capacidad de AIDA.
Requisitos:
  • Grado en derecho y licencia profesional de abogada/o de un país latinoamericano, preferentemente de la región andina foco del trabajo;
  • Contar con título de posgrado en áreas afines;
  • Mínimo cinco años de experiencia laboral relevante,
  • Familiaridad con aspectos regionales ambientales en especial relacionados con Agua y Biodiversidad; 
  • Redacción clara, excelente y profesional, y alta capacidad para hablar en público;
  • Fluidez en inglés hablado y escrito;
  • Disponibilidad para viajar;
  • Demostrada capacidad de liderazgo, iniciativa, proactividad y habilidad para pensar estratégicamente y desarrollar  soluciones creativas e innovadoras.
Criterios de selección:
  • Excelentes habilidades para las comunicaciones, manejo de tiempo personal y organización;
  • Habilidad para trabajar bajo presión y con múltiples fechas de entrega;
  • Alto nivel de motivación personal y excelente capacidad para trabajar en equipo;
  • Conocimiento de derecho ambiental internacional;
  • Sensibilidad cultural y habilidad para trabajar en un ambiente dinámico y multicultural con personas que vienen de distintas situaciones económicas, sociales y políticas.
Términos y condiciones:
  • Ubicación: Preferentemente en Bogotá, Colombia, aunque eventualmente podría ser en otro país  de la región.
  • Honorarios: A negociar con base en experiencia y lugar de trabajo.
  • Contrato: Contratista independiente por un año, posibilidad de renovación cada año.
Materiales de aplicación:
  • Carta de interés en la posición de la convocatoria, indicando experiencia relevante  y por qué la persona sería un candidato/a ideal para el cargo;
  • Currículo vitae u Hoja de Vida actualizada;
  • Una muestra corta de un escrito en español (no más de dos páginas);
  • Una muestra corta de un escrito en inglés (no más de dos páginas) ;
  • Tres referencias (por lo menos una referencia debe ser de un empleador reciente);
  • Postulantes deben enviar todos los materiales de la aplicación a: aida@aida-americas.org (favor de mencionar “ASESOR EN  AGUA DULCE”  en la línea del asunto del mensaje).
FAVOR APLICAR DE INMEDIATO Y MÁXIMO EL 6 DE MAYO DE 2013.  HAREMOS UNA OFERTA DE TRABAJO EN CUANTO ENCONTREMOS UN CANDIDATO/A CUALIFICADO, POR ESO ES IMPORTANTE QUE ENVIEN SUS  DOCUMENTOS  LO MAS PRONTO POSIBLE.
 
FECHA PROBABLE DE INICIO: Junio de 2013.
 
Es política de AIDA el proveer oportunidades a todas las personas calificadas y se reafirma que no habrá discriminación de solicitantes, empleados, o voluntarios calificados, basada en edad, ascendencia, credo, capacidades diferentes, estado civil, condición médica, origen nacional, maternidad, raza, sexo, orientación sexual o estado de veterano de guerras, o cualquier otro factor no relevante para el desempeño del contrato.

AIDA c/o Earthjustice 50 California St., Suite 500 | San Francisco, CA 94111 US

 

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Audios: los efectos de REDD+ en las comunidades indígenas

 

Audios: los efectos de REDD+ en las comunidades indígenas

reddEste material radiofónico (disponible en Español, Tseltal y Tsotsil, las dos últimas lenguas originarias del estado de Chiapas) pretende ser una herramienta para la explicación de REDD+, sus efectos en los territorios y las poblaciones indígenas y campesinas además de ser un recuento de las crudas lecciones que como proyecto a cobrado en su implementación. REDD+ es la nueva cara de una vieja forma de colonialismo en la que se promueve la apropiación de las tierras y territorios mediante el despojo, los desalojos violentos directos, o su arriendo perpetuo a las comunidades indígenas poseedoras.

REDD+ se ampara en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CNMUCC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. En este marco, REDD+ se cobija bajo el doble pretexto consistente en que la deforestación aporta entre el 12% y 18% de los gases de efecto invernadero (GEI), y que las selvas tropicales son las mayores absorbentes naturales de este tipo de gases. Así, REDD+ se concibe formalmente en una carretera de doble vía: para reducir la aportación de Gases Efecto Invernadero  generada por la deforestación y para, reiniciado el proceso de recuperación de este tipo de bosque, fortalecer mediante su biomasa la captura natural del más del 80% de estos gases emitidos fundamentalmente por la geografía industrial y la del consumo capitalista. El “+” o plus hace referencia, al manejo sustentable, al aumento de reservas de carbono forestal (que incluye no solo a los bosques sino a los monocultivos) y a la conservación de los ecosistemas por los productos y servicios que genera, siendo el más codiciado el de la biogenética.

El Estado de Chiapas en México, con el apoyo y dirección estratégica del gobierno de la República, pretende asegurar su devastador negocio local de biocombustibles, al que denomina ‘energía limpia’, por un lado; y garantizar a los inversionistas trasnacionales y al coyotaje ambiental nacional (ex funcionarios ambientales y ONGs conservacionistas), los negocios verdes como la biogenética, mediante la conservación de la biodiversidad de ecosistemas más protegidos, ubicada en su inmensa mayoría en territorios indígenas. Por el otro, además de acompañar esta versión de “Energía Limpia” con la instalación de megaproyectos de plantas eólicas y presas en el estado de Chiapas.

Duración: 21 min.

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Cruzada Nacional contra el Hambre en México, burla y desperdicio

Cruzada Nacional contra el Hambre en México, burla y desperdicio

En México hay más de 37 millones de personas en pobreza extrema. El nuevo gobierno lanzó un ambicioso plan para combatirla que parece más un espectáculo de televisión.
Por David Ordaz. Hemisferio Zero.

hambreCiudad de México, MÉXICO// El evento fue anunciado como uno de los grandes retos para el gobierno actual. El sitio era emblemático: San Juan Chamula, un municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno de los más pobres del estado de Chiapas y de México entero. Ahí se firmaría el edicto presidencial de Enrique Peña Nieto llamado “Cruzada Nacional contra la Pobreza”.

A través de dicho plan, el gobierno federal y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezado por la controvertida Rosario Robles, buscaría establecer una diferencia con el modelo de atención social de los últimos sexenios.

En medio de miles de simpatizantes priístas que llegaron en camiones de la sede local ubicada a un lado de la alcaldía, Peña Nieto caminaba hacia el podio donde lo esperaban los 32 gobernadores del país y todo su gabinete. El Presidente llevaba en mente que se retomaría el Programa Nacional Solidaridad (Pronasol) instaurado en 1988 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y cuyo objetivo era dotar a la población de servicios de salud, educación y mejora de infraestructura, involucrando a las propias comunidades en los trabajos mediante programas de empleo temporal.

El Plan Nacional contra la Pobreza contempla alrededor de 97,000 millones de pesos del Presupuesto federal y arrancó con tres programas rectores: 1) La Cruzada Nacional contra el Hambre; 2) El Programa “65 y más”, y 3) Un seguro de vida para mujeres jefas de familia.

Dicho plan será reforzado con la creación del Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza que eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales transparentes que permitan su evaluación y la rendición de cuentas.

La estrategia del Gobierno actual involucra 65 programas sociales con recursos que, en el papel, beneficiará a 400 municipios de todo el país y que no solo implicaría el reparto de recursos, sino que reclutará a más de 25,000 promotores que se sumarán a los recursos humanos que aportarán las otras 18 dependencias federales involucradas en la Comisión Intersecretarial para la Cruzada: Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, Educación, Salud, Defensa, Marina, Energía, Medio Ambiente, Trabajo, Turismo, Ganadería, Comunicaciones y Transportes y Trabajo, así como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz abarcan el 65% de los municipios considerados en la estrategia. Sin embargo, incluye también localidades urbanas donde se concentra una gran cantidad de mexicanos en esa condición.

Aunque los spots oficiales solo mencionan a 7 millones de pobres, el informe 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refiere que en México hay 21 millones de personas en pobreza extrema y especialistas como Julio Bolvinik ya hablaban desde 2009 de que el índice de pobres es de 75 millones y 37.5 millones de personas viven en pobreza extrema.

Tal y como sucede con todas las iniciativas de Enrique Peña Nieto, la preocupación principal de la actual administración sigue siendo la forma y no el fondo.

Resulta relevante que, en el Plan Nacional contra la Pobreza, las acciones planteadas sean la convocatoria a un concierto en el Auditorio Nacional para intercambiar entradas por un kilo de comida o que en el sitio de Facebook de la cruzada, por cada “like”, una empresa donara botellas de leche.

Otras de las ideas propuestas por la secretaria de Desarrollo Social son la de proyectar películas en los 400 municipios beneficiados, auspiciado por la cadena Cinépolis, o equipar a los niños con cámaras fotográficas para evidenciar los cambios “positivos” del programa.

En respuesta al lanzamiento de dicha cruzada, el subcomandante Marcos (que en 1994 encabezó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN- contra el régimen de Salinas de Gortari), criticó la Cruzada contra el Hambre y la calificó como una “pésima coreografía, asegurando que ‘ya nadie les cree’”.

En un texto titulado “Alí Babá y sus 40 ladrones”, Marcos dijo no tener palabras para expresar el sentir zapatista acerca del programa e ilustró su respuesta con un dibujo “obsceno” de una mano con el dedo medio en alto, seguido de su firma.

Para la Cruzada Nacional contra la Pobreza, la Sedesol convocó a 19,000 organizaciones de la sociedad civil y hasta el momento se han sumado: PepsiCo, Kellogs, Nestlé, Fundación Merced, Un Kilo de Ayuda, Fundación FEMSA, Asociación Mexicana de Alimentos, Comedores Santa María, Fomento Social Banamex, Organismo de Nutrición Infantil, Centro de Apoyo al menor Trabajador de la Central de Abasto, Unidos por la Montaña, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, Proyecto Hambre, el Centro Nacional para el Desarrollo Integral, Integra Servicios Agropecuarios y Ayuda en Acción México, entre otras.

En el caso de PepsiCo, esa empresa trasnacional se unió a la campaña a través de un producto hecho a base de avena con el fin de “solucionar las necesidades nutricionales de los menores, las embarazadas y en lactancia”, que tendrá un “precio accesible y que “contribuirá a cubrir todas las necesidades diarias de nutrición de la población”. Curiosamente, la empresa de refrescos tiene como socia a Magdalena Robles, hermana de la titular de Sedesol.

Por su parte, Kellog´s (otra multinacional) atacará los problemas de alimentación y donará 50 millones de raciones a través de 1,000 millones de desayunos con cereales para algunas regiones de América Latina, incluido México hasta 2016.

Sobre la participación de empresas privadas en la Cruzada Nacional contra el Hambre, Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra los Conflictos de Interés, afirmó que “México ya tiene un problema enorme de obesidad que está agotando los presupuestos familiares y al sistema de salud, por lo que, incorporar a esas empresas que han provocado ese estado a una Campaña contra el Hambre, fácilmente podría empeorar esta situación”.

Por si esto fuera poco, en febrero pasado, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA) dio a conocer que en México se destruyen alrededor de 4.2 millones de toneladas de comida cada año, pues las empresas que destruyen los alimentos desconocen las ventajas fiscales como la deducción de impuestos a través de la donación que serviría para alimentar a 33 millones de personas.

Para empeorar el panorama, la AMBA informó que en 2012, se recuperaron solamente 128,000 toneladas de alimentos, que representan el 3% de todo lo que se desperdicia en México y que, para hacerlo, las empresas deben pasar por trámites burocráticos que terminan por hastiar a los posibles donantes al enfrentarse a detalles como: comprobar si los alimentos que ya perdieron su valor comercial y que tienen un margen de caducidad de al menos 30 días; dar aviso al SAT de la fecha límite en que éstos podrán ser donados; hacer paquetes con la mercancía en bancos de alimentos y contar con un listado de organizaciones, fundaciones y población necesitada, a las que convocan a recoger los productos, entre otros.

La Cruzada Nacional contra el Hambre seguirá siendo una de las apuestas fuertes para el Gobierno Federal aunque esté iniciando con el pie equivocado. Rosario Robles sigue entre los personajes menos populares para la ciudadanía y no genera la confianza suficiente para aquellos a quien supuestamente beneficiará esta estrategia.

Con objetivos como un concurso de fotografía, proyección de películas, entrega de despensas y un pesado año electoral que se aproxima en al menos 10 estados, parece que este Plan Nacional está más enfocado a fines electorales y de promoción del voto que a un beneficio real para la población más necesitada.

[Audios] Los efectos de REDD+ en las comunidades indígenas

Este material radiofónico (disponible en Español, Tseltal y Tsotsil, las dos últimas lenguas originarias del estado de Chiapas) pretende ser una herramienta para la explicación de REDD+, sus efectos en los territorios y las poblaciones indígenas y campesinas además de ser un recuento de las crudas lecciones que como proyecto a cobrado en su implementación. REDD+ es la nueva cara de una vieja forma de colonialismo en la que se promueve la apropiación de las tierras y territorios mediante el despojo, los desalojos violentos directos, o su arriendo perpetuo a las comunidades indígenas poseedoras.

REDD+ se ampara en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CNMUCC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. En este marco, REDD+ se cobija bajo el doble pretexto consistente en que la deforestación aporta entre el 12% y 18% de los gases de efecto invernadero (GEI), y que las selvas tropicales son las mayores absorbentes naturales de este tipo de gases. Así, REDD+ se concibe formalmente en una carretera de doble vía: para reducir la aportación de Gases Efecto Invernadero  generada por la deforestación y para, reiniciado el proceso de recuperación de este tipo de bosque, fortalecer mediante su biomasa la captura natural del más del 80% de estos gases emitidos fundamentalmente por la geografía industrial y la del consumo capitalista. El «+» o plus hace referencia, al manejo sustentable, al aumento de reservas de carbono forestal (que incluye no solo a los bosques sino a los monocultivos) y a la conservación de los ecosistemas por los productos y servicios que genera, siendo el más codiciado el de la biogenética.

El Estado de Chiapas en México, con el apoyo y dirección estratégica del gobierno de la República, pretende asegurar su devastador negocio local de biocombustibles, al que denomina ‘energía limpia’, por un lado; y garantizar a los inversionistas trasnacionales y al coyotaje ambiental nacional (ex funcionarios ambientales y ONGs conservacionistas), los negocios verdes como la biogenética, mediante la conservación de la biodiversidad de ecosistemas más protegidos, ubicada en su inmensa mayoría en territorios indígenas. Por el otro, además de acompañar esta versión de «Energía Limpia» con la instalación de megaproyectos de plantas eólicas y presas en el estado de Chiapas.

Duración: 21 min.

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TIERRA ARRASADA. NÚMERO DE LA JORNADA DEL CAMPO DEDICADO A LA MINERÍA

TIERRA ARRASADA

NÚMERO DE LA JORNADA DEL CAMPO DEDICADO A LA MINERÍA

tierra arrasadaCONTENIDO:
-Tierra habitada
-El eslabón faltante
-El modelo extractivo minero
-Criminalización del movimiento Antiminero
-Los Caminos de la resistencia: de la Montaña a la Costa Chica
-Concesiones mineras y derechos de los pueblos indígenas
-Minería tóxica
-Los derechos de los pueblos y la minería
-Cerro de San Pedro: Breve reseña de sus luchas
-La Mina Peña Colorada Devasta Territorio Nahua
-De aguas y “locomotoras minero-energéticas”

El modelo extractivo minero

Gustavo Castro Soto Otros Mundos AC / Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) / M4
En cada proyecto minero hay algún tipo de conflicto con la empresa, misma que argumenta que los opositores no desean el desarrollo. También se dice que no debería haber oposición a la actividad minera porque todos usamos sus productos, lo cual es cierto. Sin embargo, el problema no es el mineral en sí mismo, sino el modelo que sustenta su extracción industrializada.

Para lograr el objetivo de mayor ganancia y acumulación de capital, la industria busca disminuir sus costos aumentando la pobreza: mejora su tecnología, abarata los costos de la materia prima, disminuye tiempos y distancias, paga menos a la trabajadora y al trabajador, evita impuestos, logra nulas regulaciones ambientales y legales, se aprovecha de tratados de libre comercio, obtiene créditos blandos, busca servicios baratos o gratuitos (agua, energía, infraestructura, etcétera), externaliza los costos sociales y medioambientales y logra subsidios, entre otras fórmulas.

La actividad extractiva –antes concebida como actividad minera, petrolera y gas– ahora implica toda la extracción industrial directa e indirecta sobre los bienes comunes naturales convertidos en “recursos naturales” por medio de precio y dueño: petróleo, gas, carbón, tierras, minerales, madera, agua (embotellamiento, represas de almacenamiento, etcétera), energía, pesca industrializada; material genético de plantas, animales y humanos; elementos químicos, captura –sumideros– de carbono, producción de oxígeno, monocultivos de la agroindustria y de las plantaciones forestales, granjas camaronícolas, etcétera. O la industria que extrae y sobreexplota la mano de obra, las tierras y los territorios; el agua, los minerales y la energía convertidos en tomates, soya, piña, madera y carne, entre otros.

De esta forma, el “modelo de la industria extractiva” es el conjunto de actividades a gran escala para sacar, extraer, obtener o separar elementos de la naturaleza, que le incorpora precio y dueño con el fin de obtener el mayor lucro posible, y que evita restituir, reparar, mitigar, compensar, consultar e informar, sin asumir los costos de dicha extracción. No toma en cuenta aspectos ambientales, ecológicos, culturales, políticos, sociales, económicos o locales. Elimina sus propias fuentes de reproducción y acumulación de capital; no toma en cuenta el tiempo para que los bienes comunes naturales se reproduzcan, ni considera el agotamiento y el daño irreversible sobre el medio ambiente. No considera las consecuencias a largo plazo, concentra tierras, fulmina territorios, expulsa pueblos y determina las inversiones de infraestructura pública y privada para facilitar la extracción. Sus intereses están por encima de los derechos humanos. Los actores de este modelo tienen nombre: las cada vez más grandes corporaciones supranacionales.

En este marco hablamos del “modelo extractivo minero” que el capitalismo transforma en una industria que aumenta el cambio climático, que no genera cadenas ni procesos económicos locales importantes para la gente, concentra grandes extensiones de tierra y despoja de sus territorios a muchos pueblos originarios. Transfiere enormes recursos y ganancias a las grandes corporaciones sin dejar casi nada, sólo pobreza y grandes consecuencias sociales y ambientales.

La industria extractiva minera gira en torno a la lógica y la estrategia del capital financiero trasnacional, pero también a las condiciones y actores político-económicos internacionales de cada país. Entre 1990 y 1997, a nivel mundial las inversiones en exploración minera crecieron en 90 por ciento. Y en América Latina el aumento fue de 400 por ciento, equivalente a una inversión acumulada de 17 mil 300 millones de dólares. Esta región se convirtió así en la principal receptora de capitales mineros en todo el mundo, a pesar de representar sólo 30 por ciento del total de las inversiones mundiales.

A fines de los años 90s sólo diez empresas controlaban el 50 por ciento de la producción mundial de cobre; tres empresas el 70 por ciento del hierro y seis compañías el 90 por ciento del aluminio. La proporción mundial de oro que cubría América Latina pasó de cinco por ciento en 1980 a 10.3 en 1990 y a 14.9 por ciento en 2004. En la actualidad, la extracción de plata durante 26 meses y la aurífera de seis meses es equivalente al tesoro colonial comprendido durante ¡120 años!, entre 1530 y 1650. Y con un mismo ritmo, cuatro años de extracción de plata y un año de oro es equivalente al tesoro colonial arribado a España desde la Conquista hasta la emancipación de las colonias americanas en 1808. Por su lado, México produjo 2 mil 747 millones de kilos de plata en 2002 (igual al 16 por ciento de la producción mundial, y a más de la producción del resto de América en una década) y hoy supera a toda la plata extraída de América y arribada a España durante la Colonia.

Por tanto, el problema no son los minerales, ni las rocas, los metales, los no metales y otros bienes comunes naturales de la corteza terrestre, sino el sistema capitalista y su modelo extractivo que depreda la naturaleza, la tierra, los bienes comunes naturales, por la acumulación incesante de capital generando economías de enclave. Esta carrera es insustentable y habrá que combatirla.