Los desafíos de la Alianza del Pacífico. Soberanía regional o periferia de lujo

Los desafíos de la Alianza del Pacífico

Soberanía regional o periferia de lujo

Raúl Zibechi. ALAI AMLATINA

unasurDos proyectos de asociación regional se enfrentan en América del Sur: la Alianza del Pacífico y la UNASUR. Ambas son incompatibles, responden a intereses geopolíticos opuestos que colocan a cada uno de los países de la región ante una disyuntiva. Ya no quedan espacios ni para ingenuidades ni para distracciones.

“Existe una cierta tendencia en nuestras perspectivas integracionistas a sobrecargar de ideología las lecturas sobre los diferentes proyectos subregionales”, escribió Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Tiempo Argentino, 2 de junio de 2013). Por esa razón considera que contraponer la Alianza del Pacífico al Mercosur ampliado, “resulta claramente un signo negativo, cuando no un retroceso”. De todos modos, Álvarez apuesta por la Unasur y la Celac “como los dos proyectos más ambiciosos e integrales de la región”, que al excluir a Estados Unidos y Canadá enseñan también su costado ideológico. (1)

“El continente se dividió”, apunta el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso en referencia al nacimiento de la Alianza del Pacífico (Valor, 30 de noviembre de 2012). “De alguna manera perdemos nuestra relevancia política en el continente que era incontestable”, añade. Cardoso cree que la salida para su país es “una negociación a fondo con los Estados Unidos”, a la que “siempre tuvimos miedo”.

Deslizándose por encima de los dos bloques, el presidente peruano Ollanta Humala recibió a principios de junio a Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del foro “10 Años de la Alianza Estratégica Brasil-Perú 2003-2013”, y señaló que en diez años “se ha avanzado mucho en la integración peruano-brasileña y sobre todo en el entendimiento de que es una alianza natural para poder integrar un bloque bioceánico Atlántico-Pacífico” (La Voz de Rusia, 6 de junio de 2013).

En el mismo acto Lula recordó que una década atrás fue muy criticado en su país por firmar el acuerdo de integración con Perú, pues las elites brasileñas consideran que sólo se alcanzaría el desarrollo en base a relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea: “América del Sur no existía, ni América Latina, no existía África ni los países árabes, yo creía que se podía cambiar la geografía comercial y política del mundo si creíamos en nosotros mismos, pero no era un discurso fácil”, sentenció el ex presidente.

Lula apoyó su discurso en datos irrefutables: el comercio bilateral pasó de 650 millones de dólares en 2003 a 3.700 millones en 2012. Las inversiones privadas brasileñas en Perú ascienden a 6.000 millones de dólares y lanzó el desafío de exportar productos industriales y con elevada composición tecnológica con el objetivo de que ambas economías “puedan complementarse”. Conscientemente abordó el punto clave de cualquier proceso serio de integración.

Los TLC hilvanados

La Alianza del Pacífico nació en abril de 2001 con la “Declaración de Lima”, iniciativa del entonces presidente Alan García, entre cuatro países que tienen Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos: México, Colombia, Perú y Chile. El 6 de junio de 2012 se firmó el “Acuerdo Marco de Antofagasta” por los presidentes Sebastián Piñera, Juan Manuel Santos, Humala y Felipe Calderón. Panamá y Costa Rica fueron los primeros miembros observadores, a los que luego se sumaron España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay, y en las siguientes cumbres se incorporaron Ecuador, El Salvador, Francia, Japón, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana.

Los defensores de la Alianza suelen decir que los cuatro países que la integran suman 200 millones de habitantes, representan el 55 por ciento de las exportaciones latinoamericanas y el 40 por ciento del PIB de la región. Dos destacados economistas de la región, el peruano Oscar Ugarteche y el brasileño José Luis Fiori, coinciden en analizar los procesos regionales como si fueran un juego de ajedrez, en el que la movida de una pieza por uno de los jugadores debe ir acompañada de una respuesta del otro contendiente adecuada al desafío recibido. Cuando se produjo el “golpe constitucional” que apartó a Fernando Lugo del gobierno, Paraguay fue separado del Mercosur y se le dio el ingreso a Venezuela. Del mismo modo debe interpretarse la creación de la Alianza del Pacífico: una respuesta a la creación de la Unasur encabezada por Brasil.

Cuando se formó la Alianza, Ugarteche sostuvo: “Los tres gobiernos sudamericanos del grupo (Chile, Colombia y Perú) tienen en común no haber firmado el acta de constitución del Banco del Sur, no tener acuerdos comerciales con el Mercosur vigentes, son observadores, tener TLCs firmados con Estados Unidos que aseguran arancel cero, lo que impide el acuerdo con el Mercosur cuyo piso es 5 por ciento, y carecer de un sector industrial nacional significativo” (Alai, 26 de abril de 2011). Su conclusión era que la Alianza es “un contrapeso a la influencia brasileña en Sudamérica” que “sirve no para competir sino para bloquear”.

Sin embargo, en un reciente artículo el economista sostiene que en los últimos tiempos “quien ha realizado los mejores movimientos ha sido sin duda la Alianza del Pacífico”, no tanto por sus propios méritos como por el notable estancamiento del Mercosur por el atasco en las relaciones entre Buenos Aires y Brasilia (Alai, 24 de abril de 2013). Entre esos avances figura el acercamiento del Paraguay pos Lugo. Así y todo, la Alianza debe sortear numerosas dificultades entre las que destacan la oposición de sectores del empresariado colombiano a un acuerdo que no les genera nuevas oportunidades sino “un detrimento de la balanza comercial y del empleo”.

Las dificultades de la integración

Los datos sobre inversión extranjera directa (IED) pueden tomarse como una radiografía de la región. La IED ha escalado de forma exponencial en América del Sur, pasando de poco más de 30.000 millones de dólares anuales en los primeros años de la década de 2000 a 143.000 millones en 2012. Se multiplicó por más de cinco, según el último informe de la CEPAL. (2)

Vale la pena destacar que los tres países andinos de la Alianza del Pacífico pasaron de recibir una IED de 11.000 millones de dólares al comenzar el siglo a percibir 58.000 millones. El mayor crecimiento de la región. Pero lo que revela el carácter de las economías nacionales es el sector al que se dirigen.

Chile es el segundo país en volumen de IED, con 30.000 millones de dólares en 2012, pero la mitad se invierte en la minería (49 por ciento) y un quinto en el sector financiero. Colombia recibió una IED de 15.800 millones de dólares, pero más de la mitad van a petróleo y minería. En Perú, que recibió 12.200 millones, sólo la minería absorbe bastante más de la mitad de las inversiones (quizá el 70 por ciento, aunque no hay datos).

En Brasil la relación es justamente la inversa: la industria manufacturera absorbe alrededor del 40 por ciento de las inversiones (decayendo del 47 a 38 por ciento en los últimos años) mientras las actividades extractivas concentran apenas el 13 por ciento. Esto quiere decir que el grueso de la inversión extranjera, de 66.000 millones de dólares (la cuarta del mundo luego de Estados Unidos, China y Hong Kong), se dirige a sectores que generan puestos de trabajo calificados y agregan valor a la producción.

Argentina tiene una situación intermedia entre Brasil y los países andinos. Luego de una década de fuerte retracción, la IED hacia Argentina creció un 27 por ciento en 2012 hasta alcanzar 12.500 millones de dólares. A fines de 2011 la composición sectorial de la IED acumulada en Argentina estaba concentrada en un 44 por ciento en la industria y un 30 por ciento en servicios.

Es cierto que toda la región sufre un proceso de desindustrialización como consecuencia de la competencia china. Pero los efectos son dispares: en algunos casos la dependencia de los bienes naturales es apabullante, convirtiendo a esos países en absolutamente dependientes de los precios de las commodities en las bolsas de valores y, muy en particular, de la evolución del mercado chino. Es posible que la mentada pujanza de la Alianza del Pacífico sea poco más que humo y se evapore cuando esos precios caigan.

Chile no es capaz de absorber productivamente los enormes flujos de IDE que recibe, toda vez que el 26% son reinvertidos inmediatamente fuera del país por las subsidiarias chilenas de empresas extranjeras. La CEPAL concluye que el país andino, colocado como modelo a seguir por buena parte de los economistas de la región, es apenas “una puerta de entrada para otros mercados latinoamericanos”.

Según Fiori los tres países sudamericanos de la Alianza del Pacífico “son pequeñas o medianas economías costeras y de exportación, con escasísimo relacionamiento comercial entre sí, o con México”. El único país que tiene clima templado y tierras productivas, Chile, “es casi irrelevante para la economía sudamericana, además de ser uno de los países más aislados del mundo”, dice el economista brasileño.

Cree que la Alianza del Pacífico no tiene un futuro promisorio. Sus exportaciones son mayores que las del Mercosur, pero el comercio intrazona es ínfimo (dos por ciento del total exportado frente al 13 por ciento del Mercosur). En rigor, es una alianza comercial que no busca la integración.

El problema no radica tanto en las virtudes de la Alianza sino en los problemas que atraviesa el Mercosur. Por un lado, los cuatro países que lo crearon (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) exportan los mismos productos (básicamente soja y carne) a los mismos mercados. Con esa estructura de exportaciones no hay integración posible, que sólo puede forjarse sobre la base de la complementación productiva. Como apunta Fiori, desde la crisis de 2008 y a caballo de la expansión china, se han profundizado las características seculares de las economías sudamericanas que obstaculizan cualquier proyecto de integración: “El hecho de ser una sumatoria de economías primario-exportadoras paralelas y orientadas por los mercados externos” (Pontes, febrero 2013).

Por otro, y estrechamente ligado a lo anterior, la permanente disputa entre Brasil y Argentina por sus exportaciones industriales (automotriz y de electrodomésticos) está empantanando la alianza regional. Cada producto argentino que ingresa en Brasil, le hace perder puestos de trabajo, y viceversa. Los acuerdos comerciales existentes y la opción por la integración aún no se tradujeron en la creación de industrias capaces de complementarse.

En su balance de la inversión extranjera en 2012, la Cepal no deja lugar a dudas: “En América del Sur (sin incluir a Brasil), se ha ido profundizando un patrón de distribución de la IED en el cual los sectores basados en recursos naturales son claramente el primer destino”. La minería absorbió el 51 por ciento de las inversiones en la región, servicios el 37 y la industria apenas el 12 por ciento.

Hora de elegir

“Se puede decir con toda certeza que el ´cisma del Pacífico´ tiene más importancia ideológica que económica en América del Sur y sería casi insignificante políticamente si no se tratara de una pequeña franja del proyecto de Obama de crear una Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), pieza central de su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico”, señala Fiori (Pontes, febrero de 2013).

Este es quizá el nudo de la cuestión. México es ya una pieza inseparable de la economía estadounidense. Luego de la crisis de 2008, que le impone serias restricciones presupuestales, la estrategia de los Estados Unidos consiste en “tercerizar” la administración de su poder global pero con el cuidado de impedir que surjan potencias regionales que amenacen su posición y en particular el predominio aéreo y naval. A través del sistema financiero, razona Fiori, la superpotencia sigue traspasando sus costos y sus crisis a terceros países, como sucedió con su principal aliado, la Unión Europea, manteniendo en tanto el “control monopólico de la innovación tecnológica”.

Ante este panorama, lo decisivo serán las opciones de los demás países, sobre todo el rumbo que adopte Brasil. El profesor Ricardo Sennes, analista internacional de la Universidad de Sao Paulo, sostiene que el crecimiento económico pos 2002 “profundizó las divergencias entre las estrategias económicas de los países, así como se ampliaron las asimetrías entre Brasil y los países de la región” (3).

A esta dificultad estructural se suma que en Brasil prevalece “la preferencia por un patrón de relación regional basado en la proyección de las capacidades políticas brasileñas y no en un patrón de integración regional”. No es lo mismo la densificación de los negocios que una estrategia de integración. En su opinión eso debe a que existe una débil “coalición interna” a favor de la integración y se traduce en un elevado activismo diplomático que contrasta con la baja institucionalidad de la integración. En conclusión, “la regionalización, aumento de las relaciones regionales no derivadas de política y acuerdos entre estados, avanzó más rápida y profundamente que la integración regional”.

Eso se manifiesta en que los miembros del Mercosur han establecido acuerdos más profundos con países de fuera de esta alianza que entre ellos mismos. Sennes concluye que más allá de las declaraciones, “el proyecto regional de Brasil no integra el eje central de su estrategia internacional”. Suena fuerte, pero en modo alguno parece alejado de la realidad. En su apoyo, resume: preferencia por reuniones de cúpula antes que acuerdos institucionales; “integración económica rasa”, o sea focalizada en cuestiones comerciales bilaterales en detrimento de la integración productiva, financiera y logística; privilegiar agencias de crédito domésticas como el BNDES en vez de regionales; y apoyar las iniciativas privadas de inversiones en detrimento de acuerdos regionales de promoción de inversiones.

A partir de este cúmulo de dificultades, Fiori plantea una disyuntiva de hierro. Que Brasil y la región se conviertan en “periferia de lujo” de las grandes potencias, como ya fueron Australia y Canadá, con acuerdos de “socios preferenciales”, en línea con la propuesta de Cardoso y de las elites de cada país, atornillados al papel de exportadores de commodities. O bien emprender un camino alternativo, asentado en la autosuficiencia energética y los recursos naturales estratégicos, combinando “una industria de alto valor agregado como un sector productor de alimentos y commodities de alta productividad”, que no renuncie a la complementariedad y competitividad con Estados Unidos pero que “luche para aumentar su capacidad de decisión estratégica autónoma” (“Brasil e América do Sul: o desafío da inserçâo internacional soberana”, Brasilia, CEPAL/IPEA, 2011).

Las elites han hecho su opción y pelean por ella. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo rechazan cada vez con mayor vigor el Mercosur y ni siquiera toman en cuenta la Unasur. Aecio Neves, candidato por el Partido de la Social Democracia que representa a esos sectores, habla claro: “Tenemos que tener el coraje de repensar y revisar el Mercosur. En este sentido, la Alianza del Pacífico, es un ejemplo ya de movilidad y dinamismo” (La Nación, 9 de junio de 2013).

Esa claridad contrasta con las nebulosas y contradictorias posiciones del progresismo. En el actual panorama global, no hay lugar para la neutralidad. “Los que se consideran neutros son siempre países irrelevantes o que acaban sucumbiendo”, concluye Fiori. Por eso sostiene que la región debería construirse como “un grupo de países aliados capaces de decir no, cuando sea necesario, y capaces de defenderse, cuando sea inevitable”.

Notas

1) Aladi: Asociación Latinoamericana de Integración. Unasur: Unión de Naciones Suramericanas. Celac: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
2) La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012”, Santiago, 2013.
3) Revista “Tempo do Mundo”, Vol. 3, No. 2, Brasilia, diciembre 2012.

– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI.

Extraer, saquear y depredar

Extraer, saquear y depredar

La Jornada de Oriente

    Vivimos en una época peligrosa. El ser humano ha aprendido
    a dominar la naturaleza mucho antes de haber
    aprendido a dominarse a sí mismo.
    Albert Schweitzer

mineriaSin discusión que valga, la grandeza de los imperios se ha cimentado siempre sobre la explotación y el atraco de los pueblos conquistados o subordinados. Estableciendo abusivos tributos, los conquistadores se apropian del producto del trabajo de los colonizados, ya sea en especie o en moneda. Pero donde el afán de riqueza maltrata con mayor severidad a países y comunidades es en la irracional explotación de sus recursos naturales, renovables y no renovables.

El arrasamiento de bosques y selvas, el despilfarro, contaminación y agotamiento de fuentes acuíferas; la contaminación del aire; la destrucción de arrecifes y manglares, y una interminable lista de crímenes contra el equilibrio y la salud ambientales han generado un desorden ecológico cuyas consecuencias finales son impredecibles, pero cuyos augurios son terribles.

Mención especial merece la explotación minera, porque en ella se concatenan las peores amenazas para el bienestar y la propia sobrevivencia de la especie humana. Es cierto que los minerales son y han sido fundamentales para el desarrollo. No se concibe actividad científica, económica o domestica sin su presencia. Esa omnipresencia exige cantidades cada vez mayores y de mejor calidad y hace de la industria minera, encargada de extraerlos y procesarlos, una de las actividades más lucrativas de la historia.

El peninsular Arturo Pérez Reverte, en El oro del rey, relata magníficamente la pública algarabía con que la nobleza española recibía, ya en Cádiz o Sevilla, los galeones cargados de oro y plata provenientes de sus colonias americanas. Describe la importancia vital de tales riquezas para el financiamiento de las guerras que España libraba contra casi toda Europa, así como la dependencia de la nobleza española (tan parasitaria que consideraba el trabajo ya no como un castigo, sino como una ofensa) de los metales americanos para sufragar su ridícula opulencia, y, finalmente, de la corrupción e ineptitud del gobierno para administrar la abundancia. Igual o parecido era en Inglaterra, Francia, Holanda y demás potencias europeas. Luego se valían de piratas y corsarios para robarse unas a otras. Nada nuevo bajo el sol.

Lo cierto es que hoy la industria minera es tan o más poderosa que en los tiempos coloniales. En México constituye, junto con el petróleo y las remesas, la principal fuente de divisas, y representa alrededor de 5 por ciento del PIB. Sólo durante el régimen de Calderón y sus cuates se otorgaron más de 26 mil concesiones mineras, el Grupo México se colocó en el top ten de la minería mundial y su ínclito dueño, Germán Larrea, ascendió en las listas de Forbes. ¿Cuánto se habrán llevado “por fuera” el propio Calderón, Ferrari, Lozano, Cordero y demás cuatachines? Porque ya se vio que para gobernar los panistas son una calamidad, pero para la lana son unos genios.

El otro hecho es que la minería se convirtió en una gran fuente de problemas sociales. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina reporta que numerosas comunidades indígenas de Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, entre otros estados, se confrontan con diversas empresas mineras empeñadas en usufructuar de cualquier manera sus recursos.

En Zacatecas, por ejemplo, “245 localidades están expuestas a algún tipo de riesgo por la presencia de minas, de acuerdo con el Atlas de Peligros por Fenómenos Geológicos del Estado de Zacatecas”.

Y en Puebla, varios municipios de la Sierra Norte, como Cuetzalan, Huitzilan, Hueytamalco, Ixtacamaxtitlán, Olintla, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zautla tienen conflictos con compañías mexicanas como Grupo Frisco y Grupo México, así como con otras extranjeras de origen canadiense.

Ante la ausencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se ha hecho presente en la zona de conflicto la recién creada Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, a través de su comisionado, Jaime Martínez Veloz, con quien se han sentado algunas bases para la discusión y solución de los diferendos entre mineras y comunidades.

Frente a los constantes problemas generados por la arbitrariedad de las mineras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En él se definen las bases legales y constitucionales que reconocen y defienden los derechos de las comunidades indígenas sobre sus recursos y los requisitos que deben cubrir las mineras para poder explotar esos recursos.

Y uno de los requisitos indispensables es la consulta y aprobación de la propia comunidad, sin las cuales toda actividad de las mineras es ilegal.

Este es el mejor camino para impedir que se continúen los aterradores métodos de extraer, saquear y depredar, que obviamente sólo benefician a las mineras y despojan a las comunidades indígenas de una de las pocas opciones que tienen para salir de la pobreza, el aprovechamiento sustentable de sus recursos.

Cheiser: Como en los peores tiempos de la “Guerra Fría” Estados Unidos saca el garrote para amenazar a los países que, en pleno uso de su soberanía, decidan proteger a Edward Snowden, cuyo único delito fue dejar a los halcones gringos con las nalgas al aire, dando a conocer el intolerable espionaje que el gobierno ejerce sobre sus propios ciudadanos. Uno de los periodos más tristes y lamentables de Estados Unidos fue el vivido bajo el macartismo. Parece que la mayoría no aprendió la lección y a quienes sí la aprendieron los acusan de “traidores” y los entamban. La vida circular.

ATALC: Con Evo, contra la prepotencia imperial, por la soberanía y la autodeterminación

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Declaración de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe

ATALCAmigos de la Tierra de América Latina y el Caribe se solidariza con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, así como con el conjunto del pueblo boliviano luego de una decisión de gobiernos europeos  sólo entendible bajo una lógica imperial y colonial, ha literalmente mantenido secuestrado a dicho mandatario latinoamericano desoyendo las más elementales normas de respeto y consideración hacia la soberanía y autodeterminación de ese pueblo. Esta decisión además viola tratados y jurisprudencia internacional.

Desde nuestra federación ambientalista, sumamos así nuestra voz a la de decenas de organizaciones sociales que repudiaron este hecho sin precedentes y reclamamos la inmediata rectificación de la medida adoptada por los gobiernos de Francia, Italia, España y Portugal en las últimas horas, quienes no permitieron el normal desarrollo del viaje de Evo Morales y su comitiva de regreso desde la Federación Rusa, negando su espacio aéreo y por ende colocando en riesgo su integridad física además de su investidura.

El Presidente Evo Morales es hoy símbolo de la redención histórica de América Latina y el Caribe y el gesto de los gobiernos europeos, influenciados por Estados Unidos y su absurda y falsa guerra global contra el terrorismo que los ha llevado a violar soberanías nacionales e invadir territorios soberanos, y representa una afrenta hacia la dignidad de todo el SubContinente.

Los gobiernos europeos le deben una disculpa pública a Evo Morales, el Estado Plurinacional de Bolivia y a la comunidad en su conjunto. Instamos a que instituciones como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Comunidad de Estados de América Latina y Caribe (CELAC) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR) expresen su rechazo a esta situación afrentosa y al mismo tiempo abran un espacio de reflexión sobre los problemas de fondo que la misma expresa.

En solidaridad
Amigos de la Tierra América Latina y Caribe
03 julio 2013

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Ecuador renuncia a privilegios de EE.UU. y le ofrece ayuda para formación en DD.HH.

 

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iniciativadebate.org
 
ecuadorEn respuesta a las amenazas de EE.UU. de bloquear la renovación de preferencias arancelarias a Ecuador si otorga el asilo político a Edward Snowden, el Gobierno ecuatoriano anunció que renuncia de forma «unilateral e irrevocable» a esos privilegios.

El secretario de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado, explicó en una rueda de prensa que la decisión del Gobierno fue tomada «frente a la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos sectores políticos, grupos mediáticos y poderes fácticos estadounidenses que han presionado para quitar las preferencias arancelarias –ATPDEA, por sus siglas en inglés- a nuestro país».
 
«Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con los principios ni los somete a intereses mercantiles por importantes que estos sean», declaró Alvarado.
 
Expresamos el cariño, el aprecio y respeto al pueblo estadounidense con el cual siempre mantenemos excelentes relaciones y nos solidarizamos con él por el espionaje masivo que también ha recibido
 
Ecuador ofrece ayuda económica a EE.UU.
 
El secretario de Comunicación no se limitó a estas declaraciones y anunció que «Ecuador ofrece a los Estados Unidos una ayuda económica de 23 millones de dólares anuales, monto similar al que recibíamos por las preferencias arancelarias, con el fin de brindar capacitación en materia de derechos humanos que contribuya a evitar atentados a la intimidad de las personas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y demás actos que denigren a la humanidad».
 
«Expresamos el cariño, el aprecio y respeto al pueblo estadounidense con el cual siempre mantenemos excelentes relaciones y nos solidarizamos con él por el espionaje masivo que también ha recibido», concluyó Alvarado.
 
De este modo el secretario ecuatoriano de Comunicación responde a las amenazas de ciertos legisladores estadounidenses sobre la posible retirada de esas preferencias y otras represalias de tipo económico y comercial si Quito ofrece asilo político a Snowden.
 
El senador demócrata Robert Menéndez advirtió este miércoles que la concesión de asilo al ex empleado de la CIA podría poner «gravemente en juego» la renovación de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) y también del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), que caducan el 31 de julio.
 
Asimismo, aseguró que el Gobierno de EE.UU. «no va a recompensar a países por su mal comportamiento» y llamó al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, a que «haga lo correcto para EE.UU. y Ecuador y deniegue la solicitud de asilo de Snowden».
 
Anteriormente, otro legislador estadounidense, el congresista demócrata Sander Levin, también amenazó a Ecuador con revocar la renovación de la ATPDEA.

A cuatro años del Golpe de Estado en Honduras

 

A cuatro años del Golpe de Estado, desde el COPINH junto al pueblo hondureño, resistimos a la opresión, al saqueo y al golpismo sanguinario.    

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras- COPINH

copinhEn este cuarto año, en el que conmemoramos la gesta heroica del pueblo hondureño al levantarse contra el golpismo y el proyecto de muerte, el COPINH manifiesta que continuamos y profundizamos el compromiso de apostarle a la refundación de la matria, que reiteramos la disposición de resistir a la dominación capitalista, patriarcal y racista, con acciones, pensamiento y creación.

Las comunidades del Pueblo Lenca en Resistencia, estamos hace 88 días en estado de alerta y en acción, frente a la invasión del capital transnacional que quiere apoderarse de nuestros ríos y de nuestros territorios, con el apoyo descarado de los militares, policías, jueces y de los tres poderes del Estado.

Estamos decididas y decididos a sostener esta resistencia, para que no se concrete una nueva recolonización de nuestros territorios, que llevaría a su destrucción total. Aprovechamos para comunicar que el COPINH estará conformando una comisión de observación y solidaridad con las comunidades del sector de Río Blanco y su causa histórica, por lo que llamamos a sumarse a este esfuerzo.

Llamamos al pueblo hondureño a movilizarse para impedir que continúen reprimiendo, militarizando y controlando nuestras vidas.

Estamos en Resistencia y en Solidaridad con todas las luchas que hoy realiza nuestro pueblo contra las políticas de los capitales transnacionales y del imperio, que se benefician de las condiciones del golpe de estado, para recuperar privilegios y poder, hundiendo al país en una crisis total y en un nivel de violencia jamás conocidos.

Desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios ancestrales, desde nuestras resistencias, seguimos refundando la vida, en nuestros actos de cada día.
¡Todas y todos contra el golpismo y su proyecto de muerte! ¡Los ríos no se venden, se cuidan y se defienden!

¡Con la fuerza ancestral de Icelaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!

Dado en Tegucigalpa, 28 de junio del 2013

Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras
COPINH

 

Demandamos al Estado mexicano adherirse al Protocolo Facultativo del PIDESC

En el 20° aniversario de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos demandamos al Estado mexicano mostrar compromiso y congruencia y adherirse sin más demora al Protocolo Facultativo del PIDESC

(Junio 2013)

descA 20 años de haberse llevado a cabo la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, Austria en junio de 1993, organizaciones civiles y sociales, redes, movimientos y defensoras y defensores de derechos humanos exigimos al Estado mexicano mostrar congruencia con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos subrayados entonces y reconocidos actualmente en el artículo 1° de nuestra Constitución Política, adhiriéndose sin más demora al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

En la conmemoración de Viena + 20 el movimiento global de derechos humanos hace balance sobre el cumplimiento de la Declaración y el Plan de Acción de Viena, concluyendo que los derechos humanos están en crisis. No sólo hay nuevos y múltiples desafíos que enfrentar tanto en países desarrollados como en desarrollo, también hay severos retrocesos en la realización de los derechos humanos de cientos de miles personas en diversos campos: ambiental, laboral, educativo, de salud, seguridad social, de vivienda, agua, tierra y territorio, alimentación, entre otros vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La situación actual muestra que los Estados no han tomado seriamente los compromisos asumidos en Viena, ni las obligaciones jurídicamente vinculantes derivadas de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que han suscrito.

El consenso gubernamental y social de Viena fue significativo porque enfatizó la primacía de los derechos humanos sobre cualquier otra responsabilidad de los Estados; puso de relieve la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos; reconoció la pobreza extrema como una violación a la dignidad humana; promovió el reconocimiento del derecho al desarrollo; impulsó la creación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y, entre otras cuestiones, recomendó acciones para garantizar el reconocimiento y la vigilancia de los DESC a nivel nacional, regional e internacional, alentando a seguir examinando protocolos facultativos del PIDESC.

En diciembre de 2008, quince años después de Viena, y 42 años más tarde de que se adoptara un mecanismo internacional de quejas sobre violaciones a derechos civiles y políticos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC para que las personas o grupos de personas dentro de la jurisdicción de un Estado Parte puedan presentar al Comité de DESC de la ONU denuncias por violaciones a cualquiera de los derechos contenidos en el Pacto, y acceder por este medio a la justicia que no encuentran en sus propios países. Como han explicado recientemente Relatores Especiales y Expertos Independientes de las Naciones Unidas, la jurisprudencia que generará este mecanismo sentará precedentes para proveer una reparación adecuada a situaciones específicas, al tiempo que establecerá un significado concreto de las normas del PIDESC para facilitar su comprensión por parte de los servidores públicos y su cumplimiento por parte de las cortes nacionales, y contribuirá también a la prevención de violaciones de derechos humanos.

El Protocolo Facultativo del PIDESC está en vigor desde el pasado 5 de mayo y constituye el cierre de una brecha histórica en el plano teórico y jurídico, y la apertura de una oportunidad sin precedentes para que los Estados demuestren su verdadero compromiso con la integralidad de los derechos humanos. Así lo señalamos organizaciones y redes de la sociedad civil desde que el instrumento se abrió a firmas y ratificaciones en 2009 y el gobierno mexicano respondió que se encontraba realizando una serie de consultas dentro de la administración pública federal para tomar la decisión de convertirse en Estado Parte del mismo. Por nuestro lado, conformamos una alianza de más de un centenar de actores de la sociedad civil, organismos públicos autónomos, académicas(os), comunicadoras(es), promotoras(es) y defensoras(es) de derechos humanos e impulsamos la Campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC.[1] Sumando esfuerzos recabamos y entregamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2011 y 2012, más de 19 mil firmas ciudadanas con un claro exhorto al Ejecutivo federal a que firmara el instrumento y lo enviara al Senado de la república para su ratificación.  No obstante, contrario a lo que se había anunciado desde la cancillería, el sexenio de Felipe Calderón concluyó sin que se diera este importante paso.

En mayo pasado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó a los Estados en el seno del Consejo de Derechos Humanos que “la salud, la educación, la vivienda y una administración de justicia imparcial no son productos a la venta de unos pocos, sino derechos de todas las personas sin discriminación” y señaló que “el contexto económico actual es un momento oportuno para que los Estados ratifiquen el Protocolo Facultativo”, subrayando que las políticas económicas deben siempre ser diseñadas para avanzar en la materialización de los DESC y promover una mayor igualdad, sustentabilidad y protección. Desde la Campaña mexicana hacemos eco a las palabras de la Alta Comisionada y sumamos nuestras voces a las de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas que igualmente han urgido a los gobiernos del mundo a ratificar este instrumento y unirse así al “club por la justicia social.”

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno federal actual a no desechar los resultados favorables a la firma del Protocolo Facultativo del PIDESC que se derivaron de más de tres años de consultas conducidas por la Cancillería con otras Secretarías de Estado y dependencias del gabinete económico y social; y reiteramos la exigencia de congruencia y compromiso con los derechos humanos para hacer accesible en nuestro país, en el menor plazo posible, este mecanismo internacional de justiciabilidad.

http://ratificapfpidescmex.org/  Contacto: Areli Sandoval Terán, Coordinación de la Campaña: ratificapfpidescmex@gmail.com

RESOLUTIVO DEL FORO REGIONAL GOLFO CENTRO NORTE EN DEFENSA DE LOS RÍOS, BOSQUES Y TERRITORIO

RESOLUTIVO DEL FORO REGIONAL GOLFO CENTRO NORTE EN DEFENSA DE LOS RÍOS, BOSQUES Y TERRITORIO.

ALTO A LA DEPREDACIÓN DE LA MADRE NATURALEZA.
¡ LOS RÍOS NO SE VENDEN Y CON LA VIDA SE DEFIENDEN !

foroComo resultado del encuentro, las organizaciones de Puebla y Veracruz reunidas, acuerdan el presente resolutivo.
1. Se considera el agua, los ríos, humedales, lagunas, lagos, arroyos, bosques, manglares, costas y a las especias de flora y fauna que coexisten en las cuencas hidrológicas como una unidad integral y factor determinante para la existencia de nuestras comunidades rurales y urbanas, no una mercancía que se acapara, se compra y se vende como artículos untuosos.
2. Acordamos promover el fortalecimiento de la organización social de nuestras comunidades, familias, pueblos y ciudades para la defensa y restauración del ambiente y los recursos naturales, porque nos consideramos usuarios de los servicios ambientales que brindan los cuerpos de agua y los bosques, por lo tanto, somos afectados por los daños de la destrucción de los mismos.
3. Acordamos promover el desarrollo integral sustentable, fomentando acciones que mejoren las condiciones de vida, y subsistencia de nuestras comunidades rurales, con la implementación de técnicas de producción, tecnologías y proyectos productivos que presenten sustentabilidad social, económica y ambiental.
4. Nos manifestamos en total desacuerdo con la imposición de proyectos que ponen en riesgo el ambiente, los recursos naturales, la integridad física de los habitantes y la supervivencia de nuestras comunidades humanas y especies de la región, debido a la destrucción de los hábitats.
5. Exigimos respeto a la determinación de nuestros pueblos al amparo del Artículo
2°Constitucional, sobre la aceptación o negativa de la instalación de proyectos que ellos consideren dañinos para sus familias y recursos naturales.
6. Nos manifestamos en contra de la formulación de leyes, reglamentos y ordenamientos ó su modificación, que permitan o incentiven la destrucción del ambiente, los recursos naturales y la vida misma.
7. Todas y todos nos comprometemos a defender la cultura de nuestros pueblos originarios y el hábitat.
8. Así mismo, acudiremos al encuentro nacional del MAPDER que se realizará en Amatlán
Veracruz, del 2 al 4 de agosto del 2013, que tiene por objeto la defensa de los ríos.
9. Le exigimos a los gobernadores: Duarte de Ochoa Gobernador del Estado de Veracruz y
Moreno Valle Gobernador del estado de Puebla, que frenen en sus respectivos estados, los proyectos de muerte, que pretenden acabar con la naturaleza, es decir que se pronuncien en contra de las 112 presas para hidroeléctricas con desvío de ríos para entubar sus caudales, que semi-desecaran 560 km. de ríos en 112 tramos y la pérdida de 2,688 hs. de bosques en su proceso constructivo y operativo, que se pretenden instalar en ambos Estados; la minería tóxica, los gasoductos atravesando poblaciones y la siembra de transgénicos. Esto fundamentado, en que su papel como gobernantes al amparo del Artículo 1°Constitucional es proteger la integridad física de las personas por encima de cualquier otro interés. Así mismo,
el ambiente, la salud y el bienestar de los ciudadanos de los Estados que gobiernan.
10. Exigimos al gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, que cumpla con el decreto de
Área Natural Protegida la zona de Amatlan de los Reyes y reiteramos, no permitir la construcción de ninguna hidroeléctrica más en el Estado. La producción nacional de energía es autosuficiente, no hay excusa para causarnos más daños a nosotros ni a la Madre Naturaleza.
Tlapacoyan, Veracruz a 22 de junio del 2013
11. Acordamos articular las luchas socio – ambientales de Puebla y Veracruz.
12. Este encuentro se pronuncia en solidaridad con la compañera Aurora juárez Barrientos, quien ha sufrido amenazas por parte de la empresa “Impulsa Generación Renovable”, por lo cual responsabilizamos de esta amenaza tanto a la empresa como al gobierno del Estado de Veracruz, exigiendo el total respeto a su integridad física y jurídica y la de todos los activistas y personas civiles que luchamos por defender los recursos naturales y el territorio en México.
13. Es urgente por parte de los gobiernos en audiencias públicas, la revisión y corrección de los ordenamientos y programas ecológicos. Así como la de los 3 decretos de áreas protegidos: Pancho poza, Filobobos y Ciénega del Fuerte, ante su inutilidad, para cumplir las tareas de protección para las que fueron creadas.
14. Rechazamos todos los proyectos de minería a cielo abierto que se pretenden instalar en los estados de Veracruz y Puebla, solidarizándonos con la lucha de nuestros pueblos originarios.
15. Exigimos a la CONAGUA la creación de los consejos de Cuenca de los ríos Bobos – Nautla y Tecolutla, así como nuestra participación en los mismos.
16. Independientemente de tener o no alguna figura jurídica, nos comprometemos a mantener la lucha en defensa de nuestros recursos amenazados, respetándonos las formas internas de cada organización.
17. Acordamos exigir que se respete el acuerdo 169 de la OIT.
18. Exigimos al Dip del seudopartido Verde Ecologista de México Arturo Escobar que deje de engañar a la población diciéndoles que las hidroeléctricas no causan daños al ambiente, cuando en realidad si son devastadoras de la madre naturaleza, las 510 planeadas en México semi-desecaran 2,550 km. de tramos de ríos y desforestaran 10,200 hs. de bosques, contribuyendo con ello al calentamiento global.
19. Se exige que el Congreso de la Unión modifique la Ley de Aguas Nacionales, para que el caudal de los ríos no sean derivados ó desviados de su cauce natural. Ya que secan los ríos degradando los ecosistemas.
20. Por ultimo acordamos defender nuestra integridad física, los ríos, bosques y territorio, mediante el dialogo, la concertación, con la utilización de los instrumentos técnicos, legales y la fuerza de los pueblos. Dejándoles muy en claro a las depredadoras empresas privadas y a aquellas autoridades corruptas insertadas en los 3 niveles de gobierno, que en caso de querernos imponer una obra que atente contra los ríos y bosques, les hacemos saber que abra resistencia civil hasta sus últimas consecuencias. Porque hemos decidido determinantemente, poner un ALTO A LA DEPREDACIÓN DE LA MADRE NATURALEZA.
¡ LOS RÍOS NO SE VENDEN Y CON LA VIDA SE DEFIENDEN !

ATENTAMENTE:
LA VIDA; Alianza de comunidades y usuarios en defensa del rio bobos-Nautla; CITROAMIEL; CIVITAS, A.C,; Sociedad Cooperatiba Tosepan Tomi; Organizcion CNPA –MN; Centro de Desarrollo Rural Quetzalcoatl, A.C.; Rescatando Pancho Pozas, A.C.; Maxxtum kalam; UNITONA, COCyP(AYOTOXCO); Sexta declaración de la Selva Lacandona; Servicios Ambientales Chignautla; Amelotonzin Hualontoc, A.C.; Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre; Unión de pescadores marítimos ribereños de Casitas, A. C.; Modelo Hidráulico para la Cuenca Baja del Río Nautla-Bobos, A.C.; Asociación Civil Misantla H+Mx, A.C.; MOSIV CEMPA MN; Todos unidos como pueblo RNDH Papantla (Red Nacional de Derechos humanos).

HONDURAS: ALTO A LA PERSECUCIÓN CONTRA EL PUEBLO LENCA

Consejo Cívico de Organizaciones Populares  e Indígenas de Honduras
COPINH
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DENUNCIA URGENTE

pueblo LencaEl COPINH denuncia en carácter de urgencia la persecución de  que está siendo objeto en este momento el pueblo Lenca de Rio Blanco, al perseguir a miembros y miembras de la comunidad incursionando sin autorización a las viviendas, a los solares, militarizando el centro de La Tejera, rodeando a las y los compañeros que están en la toma conocida como “el roblón”. Estas acciones represivas contemplan vigilancia, hostigamientos, levantamiento de perfiles con fotos y videos, amenaza de nuevas capturas y desalojos
 
Exigimos al sr Porfirio Lobo Sosa, al Ministro de Seguridad Arturo Corrales y al Ministro de Defensa Marlon Pascua, que retiren de inmediato al batallón de ingenieros  y a la policía del territorio lenca, que actúan como ejército privado de las empresas y transnacionales DESA y SINOHYDRO.
 
Exigimos a los operadores de justicia que actúen investigando y capturando a los sicarios que se le ha ordenado de asesinar a miembras y miembros de las comunidades y de la coordinación general del COPINH
 
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional para que exijan al gobierno la salida de las fuerzas represivas del territorio lenca, que se cancele la concesión del Rio Gualcarque, que salga el proyecto de Agua Zarca de la zona, que se respeten el convenio 169 de la OIT y los derechos humanos, que son las demandas sostenidas y manifestadas por el pueblo Lenca organizado en el COPINH
 
LOS RIOS NO SE VENDEN, SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN
 
Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad,  libertad y paz.
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COPINH
 
Dado en Intibucá, 26 de junio del 2013

 
Presidente de la Republica de Honduras: Porfirio Lobo Sosa
Tel: (504) 99.90.08.78;  99.78.21.38
 
Ministro de Seguridad: Arturo Corrales
Tel: (504) 2220-5547
Fax: (504) 2220-4352
E-mail: oaseguridad@hotmail.com
 
Ministro de Defensa: Marlon Pascua
Tel: (504) 2238-3427, 2220-1908
Fax: (504) 2238-3393

Presidente Corte Suprema: Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés
Tel: (504) 2202-5301
Correo: jarivera@poderjudicial.gob.hn

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente: Dr. Rigoberto Cuellar
Tel: (504) 2235-7833
Fax: (504) 2232-6250
rigobertocuellar@hotmail.com
 
Ministerio Publico: Abogada María Antonia Navarro
Coordinadora de la Comisión Interventora del Ministerio Público:
Celular: (504) 99.72.52.57
Tel: (504) 2221-5670
Fax: (504) 2221-5672
 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos: Abogada Ana Pineda
Tels: (504) 2235-6119
Tel móvil: (504) 9982-6801
Correo: anapinedah@hotmail.com/info@sjdh.gob.hn
 
Fiscalia de las Etnias: Lic. Jany del Cid Martinez
Oficina: (504) 2221-3099 extensión: 2122
Tel móvil: (504) 8858-2071
Fax: (504) 2221-5620
Correo: janydelcid@yahoo.es
 
Ministro de las Etnias: Sr. Luis Green.
Tel móvil: (504) 3345 7446
Correo: luisgreen65@yahoo.es
 
Fiscalia de Derechos Humanos: Sr. Germán Enamorado
Tel móvil (504) 9892-6722
Correo: genamorado06@hotmail.com
 
Mandar copia a: copinh@copinh.org

Consejo Cívico de Organizaciones Populares  e Indígenas de Honduras -COPINH
Intibucá; copinh@copinh.org;  Tel. (504) 2783-0817;
http://copinh.org; copinhonduras.blogspot.com;

FB: Copinh Intibucá;

twitter: @copinhhonduras

México: Por intereses de empresas mineras la “división de la CRAC”, acusan

México: Por intereses de empresas mineras la “división de la CRAC”, acusan

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

por Sergio Ferrer. Kaos en la Red

CRACLa Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Policía Comunitaria lanzó un llamado de alerta a las comunidades adheridas a su sistema de justicia comunitario y a organizaciones fraternas para que “no se confundan, participen en nuestras asambleas y se percaten por su propia cuenta de lo que está ocurriendo en territorio comunitario”.

A través de un comunicado, la CRAC asegura que las declaraciones a la prensa hechas por los ex consejeros Cirino Plácido Valerio y Apolonio Cruz Rosas, a quienes llama principales artífices y promotores de la división, tienen de fondo promover la confrontación y desconfianza para que las empresas mineras a través de ellos puedan implantarse en el territorio con mayor facilidad.

En cuanto al oficio girado a estos dirigentes, la coordinadora señala que les enviaron una invitación para participar en reunión de consejeros y coordinadores el 19, lo cual rechazaron, para analizar posibles alternativas para solucionar el conflicto generado en los pueblos “pero con su inasistencia confirman su incapacidad para construir acuerdos… demostrando su ánimo de abonar al conflicto”.

En el texto emitido por el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria y en el que aparecen los nombres de las cuatro casas de justicia, la CRAC asegura que no permitirá que haya división en las comunidades porque “es única y mantiene su proyecto original e histórico de construir un sistema integral que atienda las necesidades de los pueblos y comunidades, no solamente en los ámbitos de la seguridad, la justicia y la reeducación, sino también se han comenzado a construir otras instancias organizativas como la Comisión de Salud, la Comisión de Comunicación Comunitaria, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Educación y otras”, remarcan.

En otra parte del texto destacan como máxima autoridad del sistema comunitario a la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias tras lo cual indican que no han reconocido otra casa de justicia más que las cuatro existentes en: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso por lo que la instancia creada por el grupo encabezado por Plácido Valerio y Cruz Rosas no representa al sistema comunitario.

En otro señalamiento arremeten contra los “falsos dirigentes y autoridades deshonestas” acusando que les urge tener una instancia en la cual legitimarse como autoridades del sistema comunitario para “negociar, pactar, manipular, como lo han hecho en todos los espacios en los que han estado”.

El comunicado afirma que “intentaron montarse en el proceso de formación de la CRAC en Ayutla pero no lo lograron por lo que conformaron sus grupos de autodefensa, intentaron apoderarse de los cargos de coordinadores y comandantes en San Luis Acatlán y no lo lograron por lo que ahora intentan formar una nueva instancia adjudicándose “ con soberbia el cargo de fundadores del sistema comunitario, cuando el merito es de los pueblos y de muchos compañeros que con humildad siguen abonando a este proceso organizativo único e irrepetible”, concluyen.

Libre, uno de los implicados en crimen de activista en Chiapas

Libre, uno de los implicados en crimen de activista en Chiapas

Isaín Mandujano, REVISTA PROCESO. 24 de junio de 2013

Mariano AbarcaTUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Familiares de Mariano Abarca Roblero dieron a conocer este lunes que el último de los tres implicados en el crimen del líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) fue puesto en libertad la semana pasada.

Uriel Abarca Roblero y José Luis Abarca Montejo, hermano e hijo respectivamente del líder de REMA –ejecutado el 27 de noviembre de 2009–, viajaron desde Chicomuselo, cerca de la línea fronteriza con Guatemala, hasta esta capital, para denunciar la impunidad que priva en el sistema judicial del estado.

Los familiares recordaron que desde principios de 2008 Mariano Abarca Roblero encabezó una movilización contra la minera canadiense Blackfire México, S.A. de C.V. por la extracción a cielo abierto en la comunidad de Grecia, del municipio de Chicomuselo.

Pese a que varias veces fue amenazado de muerte, señalaron, el líder del movimiento antiminero no cejó en su lucha y en reiteradas ocasiones pidió ayuda al gobierno local, pero éste prefirió dar su apoyo a la empresa canadiense.

Detallaron que en agosto de 2009, cuando bloqueó el acceso de los camiones de la empresa minera, junto con un grupo de inconformes, el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero pidió al procurador Raciel López Salazar que ordenara su captura. Una semana después Mariano Abraca Roblero quedó en libertad debido a la presión mediática y la falta de recursos legales para mantenerlo encerrado.

Nemesio Ponce Sánchez, entonces subsecretario de Gobierno de Chiapas, era el encargado de atender a los ejecutivos de la minera canadiense y, a decir del abogado y activista Horacio Culebro Borrayas, alguna vez les insinuó en una reunión que se ocuparan de silenciar al alcalde y otras autoridades ejidales y religiosas de Chicomuselo, y que él se encargaría de “aquietar” al líder de REMA si continuaba con su activismo.

A mediados de noviembre de 2009, Abarca Roblero recibió una nueva amenaza de muerte, hecho por el que interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) nunca dio seguimiento a su caso y días después, el 27 de ese mes, dos hombres que circulaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar donde se encontraba el líder del movimiento antiminero y uno de ellos le disparó en cuatro ocasiones.

Posteriormente los agresores, Jorge Sepúlveda Calvo y Ricardo Coutiño Velasco, fueron detenidos junto con otra persona: Caralampio López Vázquez.

Los familiares del líder de REMA señalaron que si bien fueron aprehendidos los autores materiales del crimen –todos los cuales ya fueron liberados–, hasta ahora no han sido investigados los autores intelectuales.

La impunidad es de tal nivel, agregaron, que incluso Caralampio López Vázquez trabaja ahora como guardaespaldas del actual alcalde de Chicomuselo.

Por ello, exigieron al gobierno estatal que retome las investigaciones y se dicte sentencia a los criminales que causaron la muerte de un líder que impugnó los trabajos de una empresa que, ahora con otro nombre, está por reiniciar los trabajos de explotación de la barita en la zona, actividad que fue suspendida desde el crimen de Abarca Roblero.

Extractivismo, un debate necesario en América Latina

Extractivismo, un debate necesario en América Latina

Por Leandro Morgenfeld, IADE

extractivismoLa primera década del siglo XXI generó un boom de la economía latinoamericana, basado en parte en la alta demanda y precios de las commodities. ¿Qué peligros sociales y ambientales tiene el esquema basado en las exportaciones agro-mineras? ¿Es posible otra utilización de los bienes comunes de la naturaleza? Los dilemas de la región.

América Latina, en los últimos años, tuvo un crecimiento económico sorprendente, sostenido por la alta demanda y precios de la soja, petróleo y bienes minerales. En la última década, proliferó el modelo extractivista, que se basa en la apropiación de cuantiosos volúmenes de bienes naturales, generalmente bajo prácticas intensivas, que en su mayor parte se exportan como materias primas (minería, agricultura, actividad forestal e hidrocarburífera).

Los países de la región están recreando, en un nuevo contexto mundial, un modelo agro-minero exportador. Este avance del extractivismo produce consecuencias negativas, debido al uso generalizado de agrotóxicos, desmontes, desalojos de comunidades rurales, contaminación, concentración de tierras y represión contra quienes resisten esas políticas. Las principales beneficiadas son las grandes corporaciones, en detrimento de los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños productores y la población en general, que sufre y sufrirá los nefastos efectos ecológicos. Pero también le sacaron provecho, indirectamente, los Estados latinoamericanos, que captan una parte (minúscula generalmente) de esas rentas, pudiendo equilibrar sus cuentas fiscales y, en algunos casos, ampliando el gasto social. Esto último plantea un dilema fundamental para algunos gobiernos de la región.

Esta inserción económica internacional latinoamericana de los primeros años del siglo XXI (que permitió lograr balanzas comerciales positivas y superavit fiscal) se dio en un contexto mundial de aumento de la demanda de bienes comunes de la naturaleza, especialmente por haberse transformado China en una importadora creciente de materias primas.

No es casual que África y América Latina se hayan transformado en dos áreas fundamentales de disputa entre las históricas potencias imperiales y China, succionadora de bienes minerales y agropecuarios en estos dos continentes. La necesidad de alimentar a millones de personas que se incorporan cada año como consumidores al sistema capitalista y el creciente consumo energético de bienes hidrocarburíferos y minerales no renovables impulsó en la última década un aumento inédito de los precios y demanda de los mismos, impactando en la inserción económica internacional de los países latinoamericanos. Parece haber un ciclo en el que se invirtió la histórica tendencia al “deterioro de los términos de intercambio”.

Esta orientación -el denominado “consenso de las commodities”- no se circunscribe a los gobiernos neoliberales de la región, ni a los países tradicionalmente mineros (Chile, Perú, Bolivia). Brasil, por ejemplo, es hoy el principal productor y exportador de bienes minerales. Según el especialista Eduardo Gudynas, en ese país se extrajeron 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011. El resto de los países sudamericanos, en total, sumaron 147 millones de toneladas. En el caso de Argentina, según el periodista Darío Aranda, el monocultivo de soja pasó en la última década de 12 a casi 20 millones de hectáreas (del 38% al 56% de la superficie cultivada). En el caso de la minería, hace 10 años había 40 proyectos y hoy existen 600. Corporaciones transnacionales, con la Barrick Gold a la cabeza, hacen grandes negocios en el país.

Además de haberse demostrado que la idea del “desacople” (la ilusión de que América Latina podía evitar las consecuencias de la crisis económica global) era errada, el modelo extractivista plantea un debate importantísimo: ¿Es sostenible desde el punto de vista social este modelo agro-minero exportador? ¿Y desde el punto de vista ambiental?

Para algunos, el tema ambiental es secundario, y la especialización en la producción y exportaciones de commodities es lo que permitió a los gobiernos progresistas de la región recuperar la influencia del Estado y ampliar las políticas sociales. Entre quienes sí advierten sobre las consecuencias nefastas, existen dos grandes grupos. El primero, integrado por los activistas que apuestan a un capitalismo verde, es decir plantean que es necesario incrementar las regulaciones y controles en función de un modelo extractivo sustentable. El segundo, compuesto por quienes advierten que la destrucción (consumo sin reposición) exponencial de minerales y bienes agropecuarios llevará en pocas décadas a una crisis sistémica y civilizatoria. La salida, esgrimen, tiene que ver con el ecosocialismo, es decir con una perspectiva que denuncie el carácter irreconciliable del capitalismo con la preservación de un equilibrio ecológico. Sostienen la necesidad de construir otro tipo de sociedad -que no se base en la explotación del hombre por el hombre- y otro patrón de producción-consumo que no aniquile los bienes comunes de la tierra en el mediano plazo.

Esta última posición se entronca con las luchas y los planteos de diversos movimientos sociales latinoamericanos (como los que se produjeron la semana pasada, en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto) que denuncian la minería a cielo abierto, la sojización, la desforestación, la expropiación de pequeños campesinos y pueblos originarios, vinculando ambas luchas, social y ambiental, en una perspectiva anti-imperialista y anti-capitalista. Advertir los peligros de la profundización de la “acumulación por desposesión” -concepto de David Harvey- es un paso fundamental para construir una estrategia de resistencia frente a la ofensiva del gran capital para apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza.

Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada

Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada

Envío de Carta a:
-Enrique Peña Nieto, Presidente de México
-Raúl Plasencia Villanueva, Presidente de la CNDH
-Miguel Ángel Osorio Chong, Titular de la Secretaría de Gobernación
-Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas
-Jorge Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco
-Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima

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acciónPor este medio solicito que el Consorcio Minero Peña Colorada detenga las amenazas de desalojo contra los pobladores de Los Potros, comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, en territorio en disputa entre Colima-Jalisco.

Hemos sido informados que el día 21 de junio a las 9:00 horas, fueron citados en las oficinas del Consorcio “Benito Juárez Peña Colorada” S.A. de C.V., en el Poblado Peña Colorada, Municipio de Colima, José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, de la comunidad de Los Potros, Municipio de Cuautitlán, Jalisco para hacerles la oferta de entregarles $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos a cada uno) para que definitivamente abandonen sus terrenos con una longitud de 42 hectáreas, y la empresa pueda hacer uso de un total de 801 hectáreas que le fueron concesionadas ilegalmente por el comisariado ejidal de Ayotitlán, sin consultar a la comunidad indígena, como de “ocupación temporal” para vertedero de residuos tóxicos producto de la extracción minera. De negarse a aceptar esta hoy, les sentenciaron “comenzaremos a llevar material de desecho y descargarlo en sus terrenos”.

José Luis, Antonio y Jesús Ramos Gerardo, quienes forman parte de la organización Frente Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco (FREMMAR), fueron también denunciados hace unas semanas ante el ministerio público de Cuautitlán, por el comisariado ejidal de Ayotitlán, conformado por los CC. Ambrosio Isaac Chávez, Hermenegildo de los Santos José y Beatos Chávez Rosales, por despojo y daños (en sus propios terrenos), esto por negarse a dejar sus tierras y por la defensa que han hecho de su territorio ante diferentes empresas mineras en la región, así mismo por denunciar al Consorcio “Benito Juárez” Peña Colorada ante distintas instancias ambientales (PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA) tanto de Colima como de Jalisco, por la contaminación del río Marabasco con desechos tóxicos producto de la extracción minera.

Ante esta situación de urgencia exigimos:

1.- La intervención de autoridades estatales y federales para que se garantice la integridad física, psicológica y moral, así como la seguridad de los CC José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, para que puedan seguir viviendo y trabajando en sus terrenos como lo han hecho toda su vida.
2.- Cese el hostigamiento por parte de la empresa minera “Benito Juárez, Peña Colorada S.A. de C.V. a la comunidad indígena nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco y se respeten sus derechos humanos y constitucionales.
3.- Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicte inmediatamente las Medidas Cautelares solicitadas por Bios Iguana A.C., enviadas por correo certificado y recibidos con fecha 17 de Junio del presente para la comunidad nahua-otomí de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco.
4.- Que se garantice que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
5.- Exigimos que se lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de estos acontecimientos de hostigamiento e intimidación, haciendo públicos los resultados de dicha investigación y que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.
6.- Responsabilizamos a las autoridades federales y al gobierno de los Estados de Colima y Jalisco de cualquier agresión física o psicológica que puedan sufrir los pobladores de Los Potros de la comunidad indígena de Ayotitlán.

Atentamente,

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