Autor: Otros Mundos AC

GUATEMALA: PRONUNCIAMIENTO DE ADH, FRENTE AL ASESINATO DE DANIEL PEDRO

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“NOS PODRÁN CORTAR NUESTRAS RAMAS, PERO NUNCA ARRANCARAN NUESTRAS RAICES Y MENOS CALLARAR NUESTRAS VOCES”

PRONUNCIAMIENTO
ADHAyer martes 17 abril, en horas de la noche se confirmo el lamentable asesinato del hermano y compañero Daniel Pedro, secuestrado el pasado domingo 7 de abril del presente año y el día de ayer encontraron su cuerpo destrozado en jurisdicción del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango.
Daniel Pedro fue miembro fundador de la asociación “amoyeb”, miembro fundador del parlamento qanjobalano, directivo y miembro inscrito de la Comunidad Lingüística Qanjobal -ALMG- y del movimiento social de Santa Eulalia, uno de los principales promotores de la consulta comunitaria del pueblo qanjobal de Santa Eulalia, de allí su vinculo directo con la asamblea de pueblos de Huehuetenango –adh- y del consejo de pueblos de occidente –cpo-

El movimiento social de Santa Eulalia ha venido luchando y denunciando las violaciones a los derechos individuales y colectivos de los pueblos, relacionado con la construcción de una hidroeléctrica sobre los ríos que atraviesan la finca san Luis, y también han sido solidarios con la causa de los hermanos y hermanas de Santa Cruz Barillas como nación qanjobalana.

Nuestra profunda solidaridad con los familiares del hermano Daniel Pedro Mateo, con la asociación Amoyeb, con el Movimiento social de Santa Eulalia y del pueblo qanjobal en general. Exigimos a las autoridades del Ministerio Publico una investigación profunda para esclarecer responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de este crimen, que consideramos crimen político, porque nuestro hermano Daniel ha sido un líder importante del movimiento maya y muy comprometido en la defensa del territorio y los derechos colectivos de nuestros pueblos.

Llamamos a todas las organizaciones y pueblos en general a no INTIMIDARNOS, debemos unir esfuerzos para denunciar y movilizarnos para exigir justicia y paz en nuestros territorios.

Llamamos a la solidaridad nacional e internacional, vigilancia permanente y denuncia para que la situación de criminalización y violencia contra defensores de derechos humanos se termine y que la desinformación no continué minimizando los graves riesgos a la gobernabilidad democrática.

Que todas y todos se levanten, que nadie se quede atrás.

Todas y todos somos Barillas

Huehuetenango, abril 17 de 2013

ASAMBLEA DE PUEBLOS DE HUEHUETENANGO –ADH-
MIEMBROS DEL CONSEJO DEPUEBLOS DE OCCIDENTE –CPO-

Cuadernillo ¡Deuda! ¿Qué deuda?

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¡Deuda! ¿Qué deuda?

Material
deudaEl presente cuadernillo que ponemos a su alcance, busca realizar un aporte al entendimiento de qué es la deuda, cuándo es una verdadera deuda, cómo funciona y qué rol cumple. Esto encarado desde un lenguaje que remita a la propia realidad y cotidianidad de las personas y que a partir de allí, permita comprender el papel que juega la deuda en nuestras vidas.

El objetivo es poner esto de manifiesto de una manera comprensible y didáctica, que permita visibilizar la relación existente entre el pago de la deuda, los procesos de endeudamiento y como afecta el cumplimiento de los derechos humanos y las necesidades básicas de la población, cuando grandes porcentajes de los Presupuestos nacionales de nuestros países se van en pagos de capitales e intereses de la deuda, ya sea externa o interna.

¿Qué hay detrás de la deuda? ¿Es efectivamente una “deuda” o es una imposición que condiciona nuestras vidas, recursos, trabajos, riquezas, culturas, economías y desarrollo? ¿Efectivamente somos deudores? ¿Quién debe a quién? Estas preguntas esperamos se las puedan responder con los elementos que les acercamos en el presente cuadernillo.

Cualquier duda se pueden poner en contacto para solicitar mayor información o visitar nuestro sitio web: www.jubileosuramericas.net donde encontrarán diferentes materiales al respecto. ¡Muchas gracias!
Jubileo Sur/Américas

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Congreso para la Paz: Pueblos Construyendo Paz para la Vida Digna

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Congreso para la Paz: Pueblos Construyendo Paz para la Vida Digna

El congreso para la paz: Pueblos Construyendo Paz para la Vida Digna, se realizará entre el 19 y el 22 de abril de 2013, en la ciudad de Bogotá DC. – Colombia

Información: AQUÍ

congreso paz1. PRESENTACIÓN – JUSTIFICACIÓN: Colombia vive un conflicto social, político y armado de más de seis décadas. Las causas del conflicto siguen actualmente vigentes, pero también es claro que los costos humanos y económicos de medio siglo de guerra son muy altos para el país y para su gente.

En este contexto de una guerra impuesta, la paz, como una de las más urgentes aspiraciones democráticas de diversos sectores sociales en Colombia, hoy vuelve a ponerse al centro del debate político en el país. Diversos procesos, organizaciones sociales y políticas, a partir de su reiteración de la necesidad de una solución política al conflicto armado, han decidido articularse entorno a la construcción de una paz que valla más allá de la terminación de la guerra. Una paz con justicia social cuya construcción esté guiada por los pueblos y sus formas organizativas. Una paz que signifique respeto y garantías a los derechos humanos, económicos, laborales y ambientales con principios sociales basados en la justicia social y la equidad.

Bajo estas premisas, consideramos necesario la realización de un Congreso Para la Paz donde nos encontremos todos y todas quienes pretendamos por una propuesta de paz integral y vida digna; entendiendo la paz como i) un proceso colectivo y democrático; ii) construida desde las dinámicas locales, regionales y desde los pueblos de Colombia en coordinación y solidaridad internacionalista con los pueblos del Mundo; iii) una Paz más allá del cese del fuego y que implique la superación de las causas estructurales que dieron origen a los conflictos: (Concentración de la tierra a partir del despojo y el terror de la guerra; el monopolio de los medios de producción; la explotación laboral y la opresión social; el cierre de espacios políticos y el monopolio y concentración del poder gubernamental y administrativo del país excluyendo la participación democrática de la sociedad; un modelo de justicia basado en el populismo punitivo y pro-carcelario que criminaliza la pobreza e ilegaliza la acción legitima de los pueblos en sus reclamos de democracia, etc.).

Es por esto que si de discutir y construir rutas para la paz en Colombia se trata, esto implica un diálogo democrático entre las comunidades, las organizaciones políticas y sociales, las insurgencias, el Estado, los poderes económicos, las iglesias, la comunidad internacional y los pueblos del mundo interesados en el tema.

Para este propósito convocamos el Congreso para la paz como una propuesta de Paz Integral, para superar por la vía de la movilización y organización política y de los argumentos, los problemas esenciales que generaron los conflictos y que proponga caminos de organización y dignidad para nuestros pueblos. En este camino hemos avanzado en espacios como la Ruta Social Común para la Paz donde diversos sectores y organizaciones sociales encuentran una articulación importante de contribución a la construcción de la paz.

2. CARÁCTER: Congreso para la Paz es un proceso que debe involucrar diversos niveles de sensibilización, visibilización de propuestas y experiencias, encuentros regionales y nacionales. Es de carácter deliberativo y decisorio en cuanto la construcción legislativa común para mandatar. El congreso para la paz es un proceso amplio, representativo y movilizador.

3.  OBJETIVO GENERAL: Consolidar y posicionar  una propuesta colectiva de paz y de país desde la articulación de visiones, apuestas e iniciativas sociales locales, regionales y nacionales que aporte en la construcción de paz integral para Colombia y en la generación de iniciativas y mandatos concretos para el momento que vive el país,  lo que requerimos para avanzar hacia un país en paz. Esto sin alejarnos de los conflictos que agreden la vida y los derechos de los pueblos en el resto del mundo.

    1. 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

    ¥ – Recoger, articular, construir y movilizar una agenda social
    ¥ – Contribuir a fortalecer un movimiento social para la paz
    ¥ – Aportar a la incidencia en los distintos escenarios nacionales e internacionales sobre el tema de la paz
    ¥ – Generar movilización social por la paz

EL ESCARAMUJO 36: EL MOVIMIENTO SOCIAL Y sus conflictos… del 9 al 18 (Cuarta Parte)

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EL ESCARAMUJO año 7 Número 36

EL MOVIMIENTO SOCIAL
Y sus conflictos… del 9 al 18
(Cuarta Parte)

 

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, A.C.

18 de abril de 2013; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

LEER COMPLETO: EL ESCARAMUJO 36: EL MOVIMIENTO SOCIAL Y sus conflictos… del 9 al 18 (Cuarta Parte)  (11 págs.PDF – 152Kb)

(EXTRACTO)

Ahora abordaremos los conflictos de movimiento social que tienen que ver con la transición, la violencia, la legalidad versus legitimidad; con los gobiernos y partidos de izquierda y derecha; con los grupos armados, la estrategia, la representatividad y el financiamiento.

9)  El Movimiento Social y la Transición.
Tarde o temprano se impone la necesidad de reflexionar al seno del movimiento social sobre el proceso de transición necesario para caminar hacia un alter-natos. El cómo y los tiempos. No se trata que de un día a otro se termine de sistema capitalista por arte de magia. Para ello se requiere un proceso de transición en esta crisis sistémica, tema que abordaremos desde otras perspectivas del conflicto.

El reto se instala sobre el contenido de un proyecto nacional de transición y la forma de implementarlo, los tiempos necesarios, las estrategias conducentes y el diseño de ese modelo de transición. Porque despojarse del sistema capitalista que se lleva dentro y fuera implica un proceso que camine hacia el horizonte que se desea construir. Desde lo local y desde lo estructural. Por eso no sólo en términos culturales, ideológicos, políticos, económicos, patriarcales, estructurales, etc., sino de praxis propia, de visión, de consumo, entre otros elementos.

Este debate está presente en torno a los nuevos gobiernos de “izquierda”. Mientras unos desearían que Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, entre otros, sufrieran una mutación socio-política inmediata a otro sistema una vez ganadas las elecciones; otros consideran que ya mutaron mágicamente pese a la implementación de las mismas políticas extractivistas y capitalistas. Para otros son gobiernos de transición pero con un cuestionamiento clave: ¿cuánto tiempo darles para marcar nuevas realidades anti sistémicas y no meros paliativos populistas? Mientras una corriente desea que un nuevo gobierno marque una profunda transición tan acelerada de tal modo que sea radicalmente distinto al término de su administración, otros piden comprensión, otros dicen que es más de lo mismo; y el nuevo gobierno pide más tiempo, más reelecciones para consolidar el cambio.

10) El Movimiento Social y la violencia.
La clase política, las corporaciones y el gran capital siempre llegan a un punto en que responden con criminalización y violencia al movimiento social que se opone a sus intereses. No solo con violencia mediática, estructural1, psicológica, institucional o política, sino con violencia física legalizada, como el uso de la militarización o de las fuerzas policíacas. Pero también de forma ilegal por medio de la creación de escuadrones de la muerte, de grupos paramilitares, grupos de choque o mercenarios. El saldo de esta violencia conlleva presos, asesinatos, heridos, desparecidos, desplazados y despojados.

Cuando todas las vías del Estado de Derecho se han agotado y la respuesta de quienes ostentan el poder económico, político, mediático, militar y “legal” es con violencia, el movimiento social se cuestiona si debe responde a esta violencia con más violencia. Se cuestiona si ello es justificable y legítimo. De ser así, ¿hasta dónde?, ¿cuál es el límite? Hay una corriente que aboga por el paradigma de la paz, la desobediencia civil, la reconciliación, el escrache (también criminalizado como en España), la resolución positiva de conflictos o el pacifismo, haciendo uso de diversos paradigmas como Gandhi, Martin Luther King, entre otros.
(…)

11)  El Movimiento Social y su Legalidad-Legitimidad.
En la lucha del movimiento social se intenta de todo dentro de los márgenes de la ley: demandas, amparos, elecciones, diálogos, negociaciones, y demás acciones en el marco del Estado de Derecho. Pero en este escenario político llega un momento en que se hace patente que la clase política y los intereses de las corporaciones no pretenden ceder un ápice a la implementación de su proyecto e intereses que los han convertido en leyes e instituciones del Estado, convirtiendo este escenario en su propia cancha y a su medida. Y este es otra perspectiva del conflicto de la violencia.
(…)

12) El Movimiento Social y los Gobiernos de “Izquierda”.
Aquí nos encontramos con cuatro tipos de gobiernos de “izquierda”. Por un lado está la “izquierda” política-social que ha logrado llegar al gobierno por medio de las urnas como se ha caracterizado en algún momento en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay o Brasil, entre otros. Ciertamente hay mucho qué decir sobre estos gobiernos de “izquierda” y sus valoraciones tienen muchos matices, pero tomemos el discurso no solo de la izquierda, sino también del gran capital que así les teme por afectar aunque sea tantito a algunos de sus intereses. Hay otro gobierno de izquierda que ha llegado al poder por la vía armada del movimiento guerrillero, como en el caso de Cuba. Hay un tercer gobierno de “izquierda” caracterizado por las guerrillas que se convirtieron al fin en partido político, por medio de acuerdos de paz y negociación, al no alcanzar por la vía armada sus objetivos, como en el caso de Guatemala, El Salvador o Nicaragua. Un cuarto tipo son los gobiernos de izquierda conducidos por militares como el caso de Venezuela, Argentina o México con el General Lázaro Cárdenas décadas atrás.

En fin, aunque tienen fuertes matices y diferencias todas estas caracterizaciones, el conflicto estriba en muchos niveles. ¿Hasta dónde el movimiento social da un cheque en blanco al nuevo gobierno de izquierda? Para una corriente es necesario que los movimientos sociales sean más críticos a su gobierno. Para otros esta criticidad conlleva hacerle el caldo gordo a la derecha y en el peor de los casos traición al proceso revolucionario o de cambio. En esta última argumentación se aprovechan los funcionarios y gobiernos de izquierda para violar principios éticos, morales y políticos.
(…)

13) El Movimiento Social y los Gobiernos de Derecha.
En muchas ocasiones los gobiernos de derecha pretenden entablar una relación o contacto con el movimiento social, o al menos aparentan tener la intención, para poder controlarlo, cooptarlo y contenerlo. Nombran a un personaje, montan una secretaría o despacho de vinculación o generan escenarios donde la sociedad civil se sienta representada y escuchada. La situación se pone peor cuando se junta el hambre con la necesidad. Esto es, cuando el movimiento social, o una parte o corriente de ella desea y busca intencionadamente esta interlocución, ya sea por estrategia, por necesidad, por hipnosis del poder, por intereses, por fascinación o por una especia de Síndrome de Estocolmo sistémico.1

Pero inmediatamente surgen las dudas, las sospechas de las intenciones, las valoraciones sobre la pertinencia política, y peor aún: ¿quién va?, ¿quiénes son los que representan al movimiento social? Se teme que algún sector aproveche el protagonismo para visibilizarse políticamente, capitalizar relaciones, y que esta “representatividad” le genere réditos, créditos, recursos, o mayor capacidad política para exigir otras demandas sectoriales. También se teme que la representatividad no hable por todos.
(…)

14) El Movimiento Social y los grupos armados.
Algunos movimientos sociales han marcado su frontera con las guerrillas o diversas expresiones de grupos armados y rechazan por principio la vía armada para la transformación. Otros, aunque puedan simpatizar, mantienen su distancia. Otros buscan lazos y puentes. Otros esperan que los grupos armados sigan y apoyen la agenda del movimiento social. Aunque también hay grupos guerrilleros que pretenden guiar, orientar, conducir y definir las estrategias del movimiento social.
(…)

15) El Movimiento Social y los Partidos Políticos.
Este conflicto llega cuando se acerca algún proceso electoral porque pasando éste, el partido político olvida sus promesas de campaña y sus vinculaciones con los movimientos sociales y voltea para arriba, para el poder, para el sistema. Lamentablemente los procesos electorales siguen siendo en gran medida el escenario privilegiado de disputa de los proyectos políticos. Antes, durante y después de los procesos electorales las tensiones suben, las diferencias de evidencian más y se agudizan, y las divisiones se profundizan. Muchas actividades y agendas del movimiento social se paralizan o se suspenden para no “partidizarlas”. Todo se detiene por un rato mientras pasa el tsunami electoral.
(…)

16) El Movimiento Social y la Estrategia.
Se habla todo el tiempo de “estrategias” en las redes, en los movimientos y en cualquier espacio político, pero se cree que se entiende lo que significa, o se supone que todos entienden los mismo por este concepto. Y no es así. Y tampoco es cosa menor ya que es origen de muchos desencuentros y falta de consensos.
(…)

17) El Movimiento Social y su Representatividad.
Es otra perspectiva y complemento del conflicto de la relación con los gobiernos. Tarde o temprano el movimiento social se plantea la interlocución con diversos escenarios y actores políticos según la coyuntura y su estrategia política. Y si deciden la interlocución con la iglesia, el gobierno, los medios de comunicación, los empresarios, en escenarios multilaterales, en algún foro o encuentro, la pregunta es: ¿vamos? Y luego, ¿quién representará al movimiento? Este es un punto nodal cuya conflictividad logra romper la unidad del movimiento social.
(…)

18) El Movimiento Social y su Financiamiento.
Siempre surge la necesidad de conseguir recursos económicos para financiar las acciones de resistencia del movimiento social. Y es el momento en que el gobierno y las empresas buscan incidir para comprar voluntades, líderes, procesos y movimientos sociales. Despliegan presupuestos, apoyos a proyectos o fundaciones para generar relaciones clientelares. Otros gobiernos han enviado a sus delegados camuflados en el movimiento social para incidir en la representación de éste en diversos escenarios nacionales o internacionales, o en los foros del movimiento social. También se corre el riesgo de seguir la agenda social, política o ambiental de las financiadoras que pretenden no sólo ser financiadoras, sino actores políticos que, al tener en sus manos los recursos, pretenden imponer sus estrategias. ¿Cómo mantener la autonomía del movimiento social?

Continuará…

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Entrevista con Diego Montón, en el Día Internacional de la Lucha Campesina

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“Cambiar el modelo”

Con el modelo extractivo de megaminería y agronegocios no se puede profundizar la democracia.

Entrevista con Diego Montón, en el Día Internacional de la Lucha Campesina
Por Darío Aranda, Página12

campesinaLa Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) es el mayor espacio continental que reúne a campesinos, indígenas y trabajadores del campo. Cada cuatro años la CLOC renueva su Secretaría Operativa. Este año, por primera vez, la conducción quedó bajo responsabilidad de argentinos: Diego Montón y Deo Carrizo, ambos del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). En el Día Internacional de la Lucha Campesina, Diego Montón repasó las luchas del continente, el papel de las multinacionales y los gobiernos, y los desafíos en la Argentina.

–¿Cuáles son los problemas comunes en la región?

–La agudización del modelo extractivo, de saqueo minero y avance agroindustrial. Con lamentables pérdidas humanas en todo el continente. Se subordina la agricultura a la lógica de las multinacionales. El acaparamiento de tierras, los procesos de reforma agraria frenados, el avance de nuevas semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos de manera indiscriminada. Y es cada vez más notoria la pérdida de autoabastecimiento de alimentos. En Brasil y Argentina los asesinatos de campesinos comienzan a ser más frecuentes.

–¿Cuál es la estrategia de la CLOC?

–Articular todas las luchas que ya existen, continentales y locales, fuerte apuesta a la comunicación, desarrollo de la autodeterminación política, apostar a la diversidad continental. También la formación, con escuelas e institutos. Y la articulación con otros movimientos sociales.

–¿Cómo interpretan que sea en este momento político de la región cuando más avanza el modelo extractivo?

–Falta que se consoliden nuevos proyectos de desarrollo. Existe una gran colonización y tiene que ver con la enorme fuerza del capitalismo en el continente. Los gobiernos, en su gran mayoría, no han logrado provocar cambios estructurales en las instituciones, en los Estados, y la dinámica de acumulación del capital les sigue siendo afín. Nuestra estrategia global debe romper esas dinámicas y lograr cambios estructurales. Desde la CLOC planteamos una lucha frontal a la ofensiva de las transnacionales, pero también las alternativas: agroecología, soberanía alimentaria, reforma agraria integral.

–El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina, en conmemoración del asesinato de 19 campesinos en Brasil. ¿Cómo lo conmemoran?

–Se harán movilizaciones en todo el continente y en todo el mundo, ya que es una jornada de lucha internacional de la Vía Campesina. El MNCI moviliza en diez provincias, con distintos tipos de actos, y también habrá marchas a la Embajada de Paraguay en reclamo por la liberación de los presos políticos de la Masacre de Curuguaty, donde no hay ni policías ni funcionarios imputados, pero sí campesinos presos, incluso una compañera embarazada.

–Hace dos años, un 17 de abril, fue la primera vez que organizaciones campesinas presentaron en el Congreso nacional el proyecto de freno a los desalojos. Tuvo apoyo de muchos sectores, muchos del oficialismo. ¿Por qué no se aprobó?

–En el Parlamento no ha habido convencimiento, probablemente en el Ejecutivo tampoco, porque si no se hubiera aprobado. Pero valoramos el espacio amplio que armó esa ley y que incluso instaló el tema de la tierra en el Parlamento.

–En ningún caso de asesinatos en el campo hubo condena de funcionarios de primera línea. ¿Cómo entienden ese silencio y la alianza del Ejecutivo nacional con gobernadores que ustedes cuestionan en las provincias?

–Tiene que ver con la dinámica de la democracia y la política de hoy. El sistema institucional no se construyó sobre valores éticos que son los que nosotros defendemos. Y cuando se entra en la disputa del poder del Estado hay reglas que no se dicen pero que tienen que ver con esa dinámica de construcción de poder electoral. Con el asesinato de Cristian Ferreyra tuvimos la solidaridad de mucha gente del Gobierno. También es cierto que ni la Presidenta ni ministros se expresaron públicamente sobre el tema. Y tiene que ver con las alianzas electorales.

–En los comunicados del MNCI queda explícita la denuncia a las corporaciones extractivistas. ¿Cuál es la caracterización que hacen del Gobierno?

–Creemos que este gobierno ha sido un avance. La integración latinoamericana, los derechos humanos. Sin embargo, en la política agropecuaria y el uso de bienes naturales el Gobierno está condicionado por los intereses de la coyuntura inmediata y por el desarrollo de planes como el PEA (Plan Estratégico Agroalimentario), donde gran parte de la academia y la ciencia proclaman y difunden las políticas de las transnacionales. Desde el Ministerio de Ciencia se impulsan cada día cosas más aterradoras, la bioexportación, formas de “economía verde” que son mercantilizar la naturaleza en beneficio de las corporaciones. Hay una gran contradicción del Gobierno y esa contradicción comienza a aflorar, dentro y fuera del Gobierno.

–¿Cómo interpretan esa contradicción?

–Es sostenido el aumento del precio de los alimentos y que sólo se resolverá modificando el modelo, con soberanía alimentaria. El rol geopolítico como proveedor de commodities, el uso indiscriminado de agrotóxicos, el desmonte masivo, la expulsión de campesinos, el crecimiento de ciudades superdesequilibradas. Son todos límites que hay que cambiar. Con el modelo extractivo de megaminería y agronegocios no se puede profundizar la democracia.

Río Blanco: La lucha legitima del Pueblo Lenca y la arrogancia de los grandes capitales para el saqueo y la privatización

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Río Blanco: La lucha legitima del Pueblo Lenca y la arrogancia de los grandes capitales para el saqueo y la privatización.

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH

copinhDesde hace varios años las comunidades que conforman este sector de Río Blanco,  organizadas al COPINH, han venido denunciando la amenaza que representa el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca,  la concesión  del río  fue otorgada  por parte del Congreso Nacional con el aval de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA, en septiembre del 2010 a la Empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima DESA, ahora con la participación de la trasnacional  de capital Chino SINOHYDRO, inicialmente otorgada   por  un  periodo de  20 años,  todo  en el reciente  marco del Golpe de Estado, durante el cual se favorecieron de manera ilegal, corrupta y desde el poder factico muchas empresas hidroeléctricas.  La concesión del Río Gualcarque, se sumó a un paquete de  46 concesiones más.

Toda esta entrega de Bienes Comunes de la Naturaleza fue de manera inconsulta e irrespetuosa, violentando, en el caso de los Pueblos Originarios, el Derecho a la Consulta Plena, Libre e Informada, el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales del Mundo, la Declaración de la ONU Sobre Pueblos Indígena, títulos antiguos y al derecho ancestral al territorio, sus culturas y espiritualidad, patrimonios económicos y comunitarios.

Actualmente las comunidades organizadas al COPINH, libran un lucha sin tregua ante la intensificación  de las presiones de las empresas nacionales e internacionales por apropiarse de mucha riqueza, más el favoritismo servil de los distintos poderes del Estado, que con el avance del modelo de los Estados al servicio trasnacional agudiza los conflictos sociales, amenazas y agresividad, incluso directamente en los territorios, avanza la militarización, el paramilitarismo, sicariato y  el estado de impunidad  en todos los casos de represión y violación de derechos humanos, como también crece la  vulnerabilidad para las luchadoras y luchadores indígenas y sociales.

Comunidades en resistencia pacífica y legitima son las que pertenecen a este sector de Río Blanco, que en respuesta a su exigencia ha recibido graves amenazas, discriminación, violación a sus derechos individuales y colectivos, militarización; Pese a que las comunidades han realizado Cabildos Abiertos, Asambleas Indígenas, manifestaciones públicas en la ciudad de La Esperanza y en Tegucigalpa, denuncias en la Fiscalía de Etnias, denuncias a la SERNA y realización  de inspecciones ambientales junto con la misma, así como denuncias al Congreso Nacional por otorgar estas concesiones, no se ha respetado la decisión  que es el rechazo total y reiterado a este proyecto que privatiza el sagrado Río Gualcarque, el territorio y energía, que significa además daños ambientales, desplazamiento de población, daños al patrimonio cultural y económico, militarización de la zona y amenazas contra varios miembros de las comunidades y del COPINH como ya lo han hecho los empresarios, sus guardias de seguridad, empleados y sicarios.

Esta situación ha sido agravada por la presión redoblada de las empresas, y además porque están entendiendo que la disposición de las comunidades es continuar en la defensa de los ríos, los territorios, su cultura, su espiritualidad, autonomía,   a través de la tomas de carretera en las inmediaciones del plantel del proyecto, del fortalecimiento del proceso organizativo, control territorial y de toma de decisiones de las comunidades, labor comunicacional, procedimientos por la vía judicial y otras acciones legitimas. Actualmente la acción más fuerte es la que desarrolla en este momento y que ha sido a partir del 1 de abril, 2 semanas constantes de lucha, donde participan a diario no menos de 300 habitantes Lencas de este sector, la decisión es continuar y que sea permanentemente discutidas las propuestas  y tomar las mejores decisiones todo bajo un proceso asambleario indígena.

copinhLa demanda clara del Pueblo Lenca es el retiro del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, donde tiene intereses puestos DESA, SINOHYDRO, el Banco FICOHSA, y COPRECA, en estos proyectos hay contribuciones del BCIE y del Banco Mundial.

Esta acción de defensa territorial no es aislada,  es parte del proceso que mantiene el COPINH en defensa de los derechos del Pueblo Lenca, de su autonomía, de los ríos, cultura, y de nuestra propia existencia como Pueblo Indígena, ya que a los señores capitalistas y racistas no les importa ni comprenden la profundidad, la complejidad, la relación, los significados de la existencia de todas formas de vida, de la Madre Tierra, del equilibrio y  de nuestras cosmovisiones y propios conceptos de desarrollo, muy distintos al de las corporaciones y de la oligarquía.

La lucha en el Sector de Río Blanco, la cual ha sido de muchos años, ha sido y es fundamental en la defensa territorial y los derechos históricos, enfrentar el poder oligarca, banquero y trasnacional más las fuerzas represivas no ha desanimado a las comunidades, y les hace elevar y consolidar  su consciencia de la dimensión de lo que enfrentan y definir nuevas estrategias que hagan sostenible y más profunda los procesos emancipatorios. Hay que destacar que la valoración colectiva y participativa realizada este domingo 14 de abril del presente años, por parte de  las comunidades sobre esta etapa de resistencia es positiva y de logros, como ser la alta participación de las mujeres, el que al empresa solo este trabajando entre un 30 y 40 %, que hayan sabido enfrentan la hostilidad y el desalojo, paro de maquinaria, capacidad organizativa y de respuesta, que con la decisión de muchas  Asambleas Indígenas se mantenga la toma de carreteras,  entre otros igualmente importantes;  pero también se plantea la reflexión, que es clave elevar  aún más  la articulación, la denuncia publica ante el cerco mediático oligarca, la coordinación y la extensión de la rebeldía ante estos proyectos de muerte y de dominación, hoy podemos decir que se ha avanzado en estos puntos, y que se prevé nuevas acciones bajo un plan de lucha.

Sabemos que las empresas y trasnacional se mueven a altas esferas y presionan a las autoridades centrales, que la indiferencia, complicidad y avasallamiento del gobierno de Honduras es hasta humillante e indigno.

También, destacamos que la postura de las comunidades, pese a todo ofrecimiento corrupto y manipulador ha sido de mucha fuerza, dignidad y claridad ante los distintos tipos de maniobras. Por ello como COPINH en general, tenemos el convencimiento de  apostarle a estas causas por la soberanía, liberación, vida y descolonización, caminando a la Refundación de Honduras. Llamamos a la solidaridad y a arreciar las luchas sociales, creando y construyendo  desde abajo los proyectos de vida ante las distintas formas de opresión y violencia.

Somos hijas e hijos de Lempira, seguimos con la inspiración de su ejemplo, tenemos memoria, tenemos dignidad, tenemos riqueza, somos de la Madre tierra, somos del Agua, tenemos vida, consciencia y capacidad, existimos y luchamos con rebeldía.

Dado en Río Blanco, Intibucá, a los 15 días del mes de abril del 2013.

Coordinación General de COPINH
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Intibucá; copinh@copinh.org; copinhonduras.blogspot.com

Transgénicos ‘amargan’ la miel

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Transgénicos ‘amargan’ la miel

La exportación del dulce -de unos 30 mdd al año- podría estar en riesgo.

Alicia Carrasco/SIPSE
eric
MÉRIDA, Yuc.- La apicultura yucateca, actividad que genera 30 millones de dólares al año en la exportación de miel, se ve amenazada por la posibilidad de que se autorice la siembra de soya transgénica en la región.

Un trabajo de investigación del Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comprobó, mediante un experimento, que las abejas sí sustraen polen y néctar en sembradíos de este tipo de soya, lo que contamina la producción de miel.

Los resultados contradicen la postura del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que ha negado las afectaciones.

“Se autorizó la siembra de la soya transgénica en siete estados del país, los más afectados son los de la Península de Yucatán, ya que aquí es donde hay más apicultores, y casi toda la miel se exporta a la Unión Europea”, precisó Eric Vides Borrell, investigador del Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas, especializado en abejas.

La situación para los apicultores se complica, ya que en 2011 la Unión Europea consideró el polen como un componente de la miel, por lo que si más del 0.9 por ciento del producto tiene organismos genéticamente modificados, debe llevar una etiqueta especial.
Mala reputación

De manera que el producto se puede comercializar, pero genera una mala reputación de la miel mexicana, al estar contaminada por el polen de soya transgénica.

“Hay un sector oficial que argumenta que no hay problema de que se siembren las parcelas de soyas en lugares que son tradicionalmente apícolas, porque las abejas no pecorean, que no van a recolectar polen y néctar a la soya”, señaló Vides Borrell.

Ante esta aseveración, el Colegio de la Frontera Sur llevó a cabo una investigación en
Soconusco, Chiapas, donde el año pasado se sembró soya transgénica para comprobar la teoría; cabe señalar que en la literatura científica desde los años ochenta se comenta que las abejas sí pecorean (recolectan miel) en la soya.

“Lo que encontramos en la investigación es que sí pecorean en la soya transgénica.
Realizamos un experimento colocando colmenas a distancias crecientes de las parcelas de soya para ver a qué distancia podían las abejas tomar polen y néctar, posteriormente analizamos”, explicó el investigador.

Se analizó la miel con técnicas de biología molecular y los resultados fueron que mucha de las muestras de la miel y de polen contenían polen de soya, tanto convencional como transgénica, pues en la región de Soconusco, donde se realizó el experimento, se sembraron ambos tipos de soya”, mencionó.
Esperan resolución de juez

El colectivo MA OGM señaló que, según informes de la delegación de la Semarnat, no se piensa sembrar más soya transgénica en el Estado; no obstante, se está a la espera de la resolución del juzgado sobre el caso de suspensión promovido por el cultivo iniciado hace dos años.

“En Yucatán se realizó este cultivo hace dos años, pero se logró parar, y el año pasado ya no se sembró”, recordó Irma Gómez González, integrante del Colectivo MA OGM.

Detalló que desde 2005 en Campeche se sembró ese producto, pero el año pasado, gracias a una suspensión provisional que otorgó el juzgado segundo en esa ciudad, se detuvo esta acción.
Critican apicultores

Comunidades de apicultores de diez municipios de Yucatán, donde están los polígonos autorizados para la siembra de productos modificados, solicitaron al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ser declarados zona libre de transgénicos, pero dicho organismo no les responde, ya que las normas orgánicas “no están aprobadas”.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a pesar de declarar que la siembra de soya transgénica no es viable en la región, dio “luz verde” para este cultivo, señalan productores locales.

De acuerdo con el Senasica, no existe problema con la apicultura y la soya transgénica, pues representantes de este organismo han declarado que las abejas no se posan en la soya, ya que ésta es autógama y es imposible encontrar polen de soya.

“Realmente asombra su ignorancia, ya que desde hace más de 15 años hay reportes, los cuales se pueden encontrar en internet, de apicultores que cosechan miel de soya; están en el juzgado las pruebas de los análisis de miel contaminada”, declaró el apicultor Federico Berrón Autrique, productor que encabeza la empresa Miel Integradora y forma parte del Consejo Directivo de la Asoc. Mexicana de Exportaciones de Miel.

Cabe indicar que el director en jefe de Senasica, Enrique Sánchez Cruz, al contestar los amparos promovidos por los apicultores, señaló que él no emite los permisos; mientras que la otra dirección de inocuidad involucrada en el caso, cuyo titular es Hugo Fragoso Sánchez, en los amparos de Campeche, niega que la soya pueda tener algún efecto.

“Nos asombra, porque él tendría que cuidar más a la apicultura por ser una actividad de miles de familias y el beneficio de la soya transgénica es inmensamente menor que el de la apicultura”, señaló Berrón Autrique.

Las repercusiones económicas para el Estado, consideró, serán de una pérdida de unos 30 millones de dólares de la producción de miel.

Indicó que tres mil hectáreas de soya están calculadas en 45 millones de dólares; aunque se produce 30 millones de dólares de miel, por el impacto de la polinización, se estima en 10 veces ese valor.

“Afortunadamente, en Yucatán el Gobierno está muy consciente de que será un desastre económico y la ruina de la apicultura”, apuntó.

RECOLECCIÓN DE FIRMAS – ¡Libertad para Rubén Herrera! ¡Basta de persecución y represión política!

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RECOLECCIÓN DE FIRMAS – ¡Libertad para Rubén Herrera! ¡Basta de persecución y represión política!

Por favor firmar: Si quieres que tu nombre aparezca como firmante del siguiente comunicado, por favor envía tu nombre (y ubicación institucional si quieres) a contrareglamento@gmail.com antes del 25 de abril. Muchas gracias

Rubén en Facebook: VISITA

¡Libertad para Rubén Herrera!

¡Basta de persecución y represión política!

Las organizaciones y personas abajo firmantes, originarias de Guatemala y otros países, dedicadas a la investigación social, la academia, el arte, las luchas feministas, la defensa de los derechos humanos, del territorio y de la naturaleza, comprometidas con las luchas de los pueblos indígenas y con el futuro de nuestros pueblos, condenamos enérgicamente la captura de Rubén Herrera ocurrida el pasado 15 de marzo en la cabecera departamental de Huehuetenango. La detención de Rubén Herrera es parte de una estrategia de persecución y terror comunitario que despliega la trasnacional española Hidro Santa Cruz, en alianza con el gobierno de Guatemala, empresarios y autoridades españolas, para que nadie se oponga en Santa Cruz Barillas a la construcción de su hidroeléctrica Cambalam.
A instancias de Hidro Santa Cruz se están cometiendo vicios judiciales que deben ser investigados por la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados. En Santa Cruz Barillas aumentan las acusaciones infundadas, las detenciones ilegales, el miedo a caminar libremente, las intimidaciones y el control militar de la población. Más de 20 líderes y lideresas comunitarias, incluyendo a Rubén Herrera, están siendo perseguidos, acusados o tienen procesos judiciales abiertos cargados de irregularidades, que confirman la existencia de fuertes presiones por parte de la trasnacional española para quebrar la imparcialidad de jueces y fiscales.
Tales vicios son notorios en las dos acusaciones contra Rubén Herrera. En la primera, extendida en el 2009, fue sindicado por “detenciones ilegales, amenazas e instigación a delinquir”. En febrero de 2009 los y las vecinos pararon a unos ingenieros de Hidro Santa Cruz, por ser extraños a la comunidad, para preguntarles qué estaban haciendo en sus tierras, creándose un estado de tensión que fue resuelto allí mismo. Existen evidencias y testigos de que la presencia de Rubén Herrera en esa ocasión fue precisamente para evitar conflictos mayores entre pobladores e ingenieros de esta empresa. Aunque Rubén se presentó dos veces voluntariamente a la citación de los tribunales, nunca fue atendido por excusas del juez. La perversidad mayor ocurrió cuando en la reciente audiencia del 19 de marzo después de su captura, a petición del abogado de Hidro Santa Cruz, el juez Luis Fernando Pérez Zamora aceptó incluir los cargos de plagio y secuestro.
La otra acusación fue hecha en marzo de 2012 cuando Hidro Santa Cruz le imputó los delitos de “amenazas, allanamiento, secuestro, terrorismo, detenciones ilegales, coacción, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública”, involucrándolo en la detención y quema de un convoy de su propiedad, ocurrida el 9 de marzo. Existen evidencias y testigos de que era imposible que Rubén Herrera se encontrara en Santa Cruz Barillas en tal ocasión.
La Unidad Coordinadora Departamental de Huehuetenango, integrada por jefes del Organismo Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y del Instituto de Defensa Pública Penal, debe investigar la actuación de los operadores de justicia en ese departamento y, en particular, del Juez Luis Fernando Pérez Zamora, para evitar que la defensa y el ejercicio de los derechos ciudadanos sean interpretados como actos criminales.
Criminal es la estrategia de Hidro Santa Cruz que quiere imponerse como la máxima autoridad de Barillas. Esta empresa española ha utilizado métodos sucios como el auto sabotaje, ha protegido a sus agentes de seguridad responsables de provocar el 1 de mayo de 2012 la muerte de Andrés
Francisco Miguel y los atentados contra Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, simplemente por oponerse a vender sus tierras; y ha sido la peticionaria directa del Estado de Sitio que el gobierno implantó en este municipio del 3 al 18 de mayo de 2012. Hidro Santa Cruz no reconoce que el 23 de junio de 2007 46,490 habitantes de Santa Cruz Barillas dijeron que no quieren a ninguna empresa que se apropie de sus bienes naturales. No reconoce las más de 100 actas municipales de reuniones comunitarias que han adversado la presencia de minería, hidroeléctricas y empresas extranjeras en Santa Cruz Barillas. Se burla hasta de la autonomía municipal porque en el convenio de regalías que quiere imponer se reserva el derecho a decidir qué proyectos aprobar.
Los abusos de Hidro Santa Cruz son los mismos que están cometiendo otras empresas extractivas en toda Guatemala. Son empresas que reciben el total apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades políticas, empezando por el Presidente de la República. Un control militar empresarial nos regresa al pasado de muerte e impunidad. Las capturas ilegales, como las ocurridas contra Rubén Herrera, las intimidaciones, los asesinatos y la represión constituyen una grave amenaza contra la democracia y el derecho a la ciudadanía. Los desalojos, la usurpación de lugares sagrados, el robo y contaminación de agua y el desprecio a las consultas comunitarias son políticas que desprecian la vida y destruyen lo poco que hemos avanzado para vivir en paz.
Hacemos un llamado para denunciar estos actos que criminalizan la defensa de los derechos humanos. Exijamos respeto a las consultas comunitarias y paz para todos los municipios donde éstas se han realizado. Ninguna empresa extractiva tiene más derechos que la ciudadanía. Hacemos nuestras y reivindicamos como justas las demandas de la población de Barillas, contenidas en el Memorial del 7 de enero de 2013:
1. Exigimos respeto a nuestras autoridades municipal y comunitaria, porque son nuestras autoridades e instancias representativas, legales y legítimas de conformidad con lo establecido en el marco del Convenio 169 de la OIT.
2. Que se respeten los resultados de nuestra Consulta Comunitaria de Buena Fe.
3. Que se tome en cuenta lo anunciado por el Relator de las Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento y respeto de las consultas comunitarias como medios de consenso para salvaguardar los derechos fundamentales. Ese es el espíritu.
4. No a la militarización de nuestro territorio como uso de intimidación a nuestra sociedad.
5. Que se retire lo más pronto sin mediación alguna la empresa Hidro Santa Cruz de nuestro territorio.
6. Que los presos políticos detenidos ilegalmente sean puestos en libertad.
7. Que las órdenes de captura giradas en contra de líderes y lideresas de las comunidades sean anuladas.
8. Que termine la presión, el chantaje y las amenazas contra las familias de los detenidos y de las personas perseguidas políticas para que firmen documentos a favor de Hidro Santa Cruz a cambio de su liberación y la renuncia de sus derechos ciudadanos.
9. Pedimos un resarcimiento inmediato a las personas dañadas de manera directa e indirecta por la empresa, para no repetir los mismos acontecimientos.

¡Libertad para Rubén Herrera!
¡Basta de persecución y represión política!
¡Unidad y fortaleza para todas las comunidades barillenses!
¡Fuera Hidro Santa Cruz de Guatemala!

Rubén en Facebook: VISITA

Declaración del encuentro de M4 en Aguacatán, Guatemala

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Declaración del encuentro de M4 en Aguacatán, Guatemala

11-14 DE ABRIL DE 2013

M4El movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, ha celebrado entre el 10 y 14 de abril de 2013, su segundo encuentro contra la minería en el Municipio de Aguacatán, Departamento de Huehuetenango, República de Guatemala, donde trabajamos los ejes y acciones de los próximos 3 años.

A orillas del preciado y alimentador de vida río San Juan, durante tres días, compañeras y compañeros de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México,  Estados Unidos y Canadá, nos reunimos y analizamos el modelo extractivo minero global y regional, así como a la diversidad de impactos que sufren nuestras comunidades, culturas y la naturaleza, en el área Mesoamericana.

Coincidimos en el diagnóstico sobre:
1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región,
2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas,
3. El mayor alcance de la difusión del problema  en otros sectores sociales,
4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros,
5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional,
6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida,
7. El uso de mitos como minería verde, sostenible, y responsable, entre otros, en el discurso de promoción a la actividad minera,
8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación en defensa de los derechos humanos.

Afirmamos que algunos de los impactos generados por el modelo extractivo minero son:
1.- Los gobiernos, por medio de legislaciones, programas, políticas que impulsan con la intención de atraer las inversiones extranjeras, facilitan  las condiciones de conglomerados transnacionales en la extracción minera garantizándoles sus operaciones y grandes ganancias de sus inversiones. La impunidad que prevalece y es práctica continua y cotidiana.
2.- Bajo el amparo de legislaciones, las empresas explotan contaminan, degradan, destruyen el paisaje amenazando la existencia de la vida.
3.- En lo social, provocan la descomposición del tejido social, aprovechándose de la situación económica de la población y con las dadivas causan rompimiento de familias, comunidades.
4.- En materia de salud, con la ejecución de estos proyectos amenazan  y afectan la salud comunitaria, apareciendo nuevas enfermedades y se incrementan los índices de enfermedades comunes, sin contar con personal técnico y especializado para los controles de estas enfermedades además de la medicina.
5.-Los proyectos mineros ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la cultura de los pueblos, la perdida de las formas propias de las comunidades para la producción de alimentos, las evasiones fiscales, la pérdida de calidad de producción de los suelos, sobreexplotan los recursos hídricos, y hacen demagogia con pocos empleos, mal remunerados y de corto tiempo.
6.- Promueven amenazas, presos políticos y asesinatos selectivos de líderes que están en contra de la explotación minera metálica.
7.-Los tratados internacionales sobre cuestiones comerciales y financieras, sobrepasan las leyes internas de los países.
8.- Tergiversan la información de sus operaciones, de las respuestas sociales, de los supuestos beneficios y acciones sobre las comunidades y ocultan la inmensidad del daño.

Son impostergables políticas y acciones públicas contra los impactos y contra el mismo modelo extractivista minero

Deuda ambiental minera

Las crecientes evidencias que nuestro pueblos,  la investigación científica y las instituciones recogen sobre los daños derivados del modelo extractivo minero depredador son alarmantes y requieren acciones inmediatas y de mayor plazo. La contaminación del agua, suelo, aire y ecosistemas enteros por emisiones de las actividades minerasse  profundizan.

En contraste con los tamaños de los llamados “beneficios” económicos del modelo extractivo minero depredador, hoy podemos afirmar que los costos de los daños ambientales provocados por la minería trasnacional y trasnacionalizada superan con mucho los llamados beneficios y amenazan con crecer y volverse irreversibles. Esa pesada carga de daños y deuda ambiental pretenden “heredarla” a nuestros pueblos poniendo en riesgo la salud comunitaria, la salud pública y el futuro de nuestros países.

Las Contra Reformas Legislativas

Los gobiernos de la zona mesoamericana, no son excepción alguna del compromiso internacional de armonizar las Constituciones y las Leyes temáticas, entre ellas las leyes mineras, con la primacía de los derechos humanos y los tratados y Protocolos internacionales de respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las llamadas “reformas” en curso a las leyes mineras, promovidas por los gobiernos y las empresas mineras y financieras contienen una abierta violación al derecho internacional, entre ellas, el respeto y fortalecimiento del consentimiento libre, previo e informado de nuestros pueblos, lo mismo que la consulta popular, sin tocar los injustos privilegios al capital financiero, ni fortalecer la capacidad institucional para cumplir con la obligación estatal de proteger y regular los bienes comunes de nuestros pueblos.

Maquillajes de Injusticia Fiscal

El régimen de injustos privilegios fiscales promovidos hace años para atraer inversión extranjera en la actividad minera y seguir alimentado la falsa idea de “desarrollo” minero en nuestro países, está siendo maquillado mediante reformas fiscales donde sin remediar y fortalecer el pago real y oportuno de impuestos y derechos a cualquier actividad que produce ganancias, se propagandiza la introducción o ligero aumento del pago de limosnas denominadas “regalías”.

El creciente impacto ambiental, social, a la salud y a la economía local y nacional por el modelo extractivo minero depredador, nunca se subsanará, ni siquiera mitigará con limosnas fiscales, sean regalías, o falso apoyo de las empresas a las comunidades. Es urgente y necesario que evaluemos el monto de daños provocado por la actividad minera, lo contrastemos con los muy propagandizados “beneficios” y ante todo se adopten políticas preventivas y que pongan alto al creciente pasivo de la minería.

Denunciar los Tribunales Privados Internacionales.

Las empresas mineras legalmente sancionadas en nuestros países por violación a las leyes o por el ejercicio del derecho de nuestros pueblos, han iniciado una campaña de multimillonarias demandas “legales” ante tribunales internacionales privados, promovidos por los Tratados de Libre Comercio. Denunciamos y rechazamos las amenazas y las instancias de las trasnacionales mineras que violan la soberanía de nuestros países.

Llamamos a los parlamentos y gobiernos del área mesoamericana a sumarse a la digna acción de denunciar a los tribunales internacionales cuasi-privados, como el CIADI, donde las empresas trasnacionales pretenden juzgar a los gobiernos y demandar cifras multimillonarias por falsos daños derivados del ejercicio del derecho de nuestros países.

Impulsar y Proteger otras formas de vivir de nuestros pueblos

Reiteramos que nuestros pueblos tenemos y reconstruimos modos de vida diferentes a la lógica y efectos del modelo extractivo minero depredador. Exigimos y luchamos por el respeto a esos modos de vida de nuestros pueblos, y exigimos y luchamos por políticas públicas que respondan, promuevan y faciliten la construcción, ampliación y fortalecimiento de esos modos de vida vinculados con los genuinos intereses de nuestros pueblos y de la naturaleza.

Como movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, exigimos:
1. la derogación de las leyes de minería que afectan nuestros territorios.
2. Exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos.
3. Respeto y cumplimiento al convenio internacional 169 de la OIT, relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta ciudadana, y el respeto y ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. Exigimos el respeto de la Soberanía de nuestros pueblos, ante las empresas mineras transnacionales.
5. Exigimos que los Gobiernos respeten el mecanismo de consulta previo al otorgamiento de una licencia ambiental para la exploración y explotación minera  implementado desde las comunidades, basado en el mecanismo que las comunidades decidan.
6. Que los Gobiernos divulguen la información real de las concesiones otorgadas, ya que las mismas se manejan como secreto de Estado.
7. Exigimos que la lucha por la defensa de la Madre Naturaleza no sea criminalizada.
Finalmente, pero con prioridad política, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero exige la libertad incondicional de nuestro compañero Rubén Herrera, luchador ejemplar por los derechos comunitarios y constructor de futuro y esperanza.

¡De Panamá a Canadá, la minería No Va!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4

Si la ONU quiere acabar con el hambre, debe cambiar las políticas que lo causan

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Si la ONU quiere acabar con el hambre, debe cambiar las políticas que lo causan

Con ocasión de la reunión de alto nivel sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición que Naciones Unidas celebra en Madrid, la Plataforma Rural reivindica la lucha contra la agricultura industrial, el robo de tierras y la especulación financiera.

faoLa Plataforma Rural recuerda que esta reunión se realiza en un momento de crisis financiera y económica global, con precios energéticos y alimentarios crecientes y cada días más volátiles, y una crisis ambiental y social sin precedentes.

La plataforma, compuesta por una veintena de organizaciones campesinas, ecologistas, sociales y de cooperación, desconfía de los anuncios del Gobierno español y de la ONU que dicen querer acabar con el hambre en el mundo, porque la cifra de personas desnutridos en el mundo sigue aumentando y porque no han mostrado voluntad política para garantizar el derecho a la alimentación.

Según UNICEF, actualmente hay 1.300 millones de personas en el mundo que no tienen suficientes alimentos. “Esta emergencia alimentaria tiene causas políticas y económicas, como las políticas de libre comercio de la Organización Mundial de Comercio y de la Unión Europea, los conflictos bélicos por el control de recursos naturales, y los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para pagar la deuda externa en detrimento de la protección y de las ayudas a los pequeños agricultores”, señala la Plataforma Rural.

Ni el gobierno español, ni la Unión Europea han cambiado las políticas que han causado la fuerte crisis alimentaria de 2006-2008, cuando los precios de los alimentos alcanzaron niveles récord, con un aumento del 80% en 18 meses, sino han fomentado la expansión de la agricultura industrial y la especulación financiera lo que ha agravado el hambre en el mundo. Como confirma el reciente estudio de la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas competente en materia de comercio y desarrollo, “Quantification of the High Level Endogeneity and of Structural Regime Shifts in Commodity Markets”: entre el 60 y 70% de las variaciones de los precios de las materias primas se debe a la actividad especulativa.

“Las políticas agrícolas y comerciales neoliberales han convertido los alimentos en una mercancía, han favorecido la especulación financiera con las materias primas alimentarias y el robo de suelo fértil por parte de inversores extranjeros (agroindustria, gobiernos, fondos especulativos, bancos). Todo esto, a su vez, ha disminuido la capacidad de muchos países para autoabastecerse y los ha hecho depender de la importación alimentaria, provocando la expulsión de miles de campesinos de sus tierras y la subida del precio de cereales básicos”, denuncia la Plataforma Rural.

Estos procesos se ven agravado por el calentamiento global, que afectará a las producciones agrarias, suponiendo un impacto directo sobre las poblaciones campesinas. Aun así, el Gobierno español sigue subvencionando la agroindustria y los combustibles fósiles y no tiene voluntad política para frenar el cambio climático mientras ha aniquilado la Ayuda Oficial al Desarrollo, reduciendo su partida un 50%, situándola a niveles de 1990 e infringiendo sus obligaciones internacionales.

«Ahora me quedé sin tierra. El hambre está matando gente. Tenemos que comprar arroz para sobrevivir porque ya no podemos cultivarlo nosotros mismos”, cuenta Zainab Kamara, una de miles de agricultores de Sierra Leona de cuyas tierras se apoderó la empresa suiza Addax Bioenergy con el fin de establecer una plantación de 10.000 hectáreas de caña de azúcar para producir etanol y exportarlo a Europa.

Se estima que la demanda mundial de agrocombustibles ascenderá a 172.000 millones de litros en 2020. En otras palabras: 1.096 acopios de tierras del tamaño del proyecto de Addax Bioenergy en Sierra Leona. La UE es el causante principal de los acaparamientos de tierras para la producción de agrocombustibles porque importa gran parte de las materias prima que utiliza.

Desde 2008 el aumento de las inversiones financieras en la tierra ha contribuido al acaparamiento de cerca de 200 millones de hectáreas de tierra, arrebatados a pequeños agricultores, pescadores y otras comunidades rurales, robándoles sus medios de supervivencia. “Debido a su magnitud, agrava la situación de pobreza, hambre y malnutrición, vulnera el derecho a la alimentación, e implica con frecuencia a desalojos violentos, desplazamientos forzados de personas y violaciones a los derechos humanos”, manifiesta la Plataforma Rural. Además, los bancos y la industria financiera europeos tienen especial responsabilidad por la especulación alimentaria y el robo de tierras.

La Plataforma Rural exige a los gobiernos asistentes a la reunión de la FAO en Madrid que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos, que cesen inmediatamente la transferencia de tierras y recursos naturales a bancos, fondos de pensiones y otros inversionistas, que cancelen los contratos hechos, restituyan las tierras saqueadas y protejan a las comunidades rurales y urbanas del acaparamiento actual y cualquier acaparamiento futuro.

“Exigimos a los gobiernos, a la FAO y a otros organismos internacionales que pongan inmediatamente en práctica los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de 2006, especialmente, garantizar los derechos de los/as usuarios/as de la tierra, la re-activación de procesos de reforma agraria sobre la base de un acceso equitativo a los bienes naturales y el desarrollo rural para el bienestar de todos/as”, añaden.

“Instamos también a rechazar definitivamente los Principios para Inversiones Agrícolas Responsables del Banco Mundial, que son ilegítimos. El BM y los bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de la tierra y del agua al promover políticas y leyes que sólo protegen los inversionistas”, expone la Plataforma Rural.

“Exigimos a los gobiernos y la FAO que apoyen las agriculturas familiares y la producción agro-ecológica, y responder específicamente a las necesidades de las mujeres y de los jóvenes”.

La Plataforma Rural reitera su compromiso a resistir al acaparamiento de tierras y se suma por ello al Día Internacional de las Luchas Campesinas (17 de abril) y convoca a la semana de lucha del 15 al 21 de abril, con movilizaciones en todo el Estado español alrededor de estas fechas. Ecoporta.net

· Javier Sánchez, representante de La Vía Campesina Internacional y de la Plataforma Rural, participará en la reunión de la FAO reivindicando el modelo social de agricultura como garante de la soberanía alimentaria, fuente de empleo y vida en las zonas rurales.

Ecologistas en Accion

REMA

PRONUNCIAMIENTO REMA. ALTO A LA REPRESION EN SOYOPA, SONORA

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ALTO A LA REPRESIÓN EN SOYOPA, SONORA

SOLIDARIDAD CON HABITANTES DEL EJIDO

NI LA REPRESIÓN GUBERNAMENTAL, NI LAS LIMOSNAS EMPRESARIALES SON RESPUESTAS NI REMEDIO A LOS DAÑOS SOCIO-AMBIENTALES EN SOYOPA, SONORA.

El pasado 5 de abril el gobierno del estado de Sonora uso a la policía, entró al ejido de San Antonio de la Huerta, Soyopa, y detuvo y trasladó a Hermosillo a 51 hombres, mujeres y niños que exigían a la empresa minera Luz del Cobre reducir la contaminación y aumentar la cantidad por el pago de arrendamiento de sus tierras.

La minera Luz del Cobre, o Libertad, actual fachada local de la trasnacional canadiense Red Tiger Mining Inc (antes Zaruma Resources Inc) es un proyecto de minería de cobre a tajo abierto, con vida calculada entre 5 y 7 años, en tierras de vieja historia indígena Yaqui, Ópata y Pima.

Aunque los trabajos de la mina todavía no alcanza su actividad extractiva integral, y aunque los ejidatarios sólo les arrendaron 420 hectáreas, el proyecto minero ha mostrado su verdadera cara envenenada, los habitantes finalmente se han dado cuenta que las promesas o “perlas de la virgen” que la empresa minera y los funcionarios locales les prometieron, se vuelven verdaderas lagrimas por la destrucción ambiental y por el engaño económico y social.

Esta calculado que este año el proyecto empiece a escarbar y destruir las tierras ejidales para obtener diariamente 2,800 toneladas de mineral y alcanzar  entre 850 mil y un millón de toneladas de mineral al año.

Así, se ahondará un cráter, o tajo abierto, mientras 35 toneladas diarias o entre 10 mil o 12 mil toneladas de ácido sulfúrico al año se usarán para extraer las entre 6 mil u 8 mil toneladas anuales del codiciado cobre, mientras las nubes de acido venenoso se emiten a la atmósfera y los residuos tóxicos y los líquidos de la lixiviación (o disolución del mineral) tienen un destino desconocido como sucede frecuentemente por la complicidad de instituciones y funcionarios gubernamentales, estatales y federales.

En ese panorama, los ejidatarios que hace 5 años fueron engañados y convencidos para aceptar 40 mil pesotes anuales (3,333 dólares) por arrendar 420 hectáreas, aunque la empresa engañe y presuma ante inversionistas extranjeros que “posee” 11 mil hectáreas del ejido.

Los ejidatarios ahora están exigiendo un aumento de 20 mil pesotes más, sin saber que la empresa en sus informes financieros afirma que anualmente paga 190,444 dólares (2 millones 285 mil pesos) “por cambio de uso de suelo”  (facultad exclusiva del Ejido). Si esos 190 mil dólares son una miseria, pues representa el 0.56% de los 36 millones de gastos declarados por la empresa en 2012, 60 mil pesotes o 20 mil más de los actuales dan risa a cualquier accionista.

Se habían sentado a negociar  con la empresa y funcionarios estatales, pero un gobierno obediente a las trasnacionales aunque no a las leyes o tratados internacionales, decidió repetir la política porfiriana represiva y detener a los ejidatarios para “convencerlos” que la trasnacional es un proyecto “de desarrollo”.

detenidosLos ejidatarios han declarado que “En el nuevo acuerdo que buscábamos firmar con ellos, porque el anterior ya venció, les pedíamos acciones de limpieza del medio ambiente, que detuvieran la contaminación que llega hasta el Río Yaqui, y que aumentaran de 40 mil a 60 mil las aportaciones anuales por ejidatario”, precisó Sergio Acedo Miranda, presidente del comisariado ejidal de San Antonio de la Huerta.

Mucha gente sabe que Sonora, y aún más su capital Hermosillo, vive una situación crítica de escases de agua, de estrés hídrico, y los funcionarios públicos deberían apoyar las demandas ciudadanas de proteger los bienes escasos. Su conducta represiva no abona a una calificación inteligente, sino a una actitud servil a las mineras, aunque se atente contra el futuro de la región.

Los ejidatarios de Soyopa (que dicen que significa “Tierra Caliente” en lengua Yaqui) están solicitando solidaridad, y a la vez están aprendiendo como muchos otros pueblos a lo largo y ancho del país, que ni represión, ni limosnas empresariales son respuestas legales, ni mucho menos solución a los graves daños socio-ambientales del extractivismo minero depredador.

REMA  extiende la mano solidaria a nuestras compañeras y compañeros de San Antonio de la Huerta en su justa lucha contra la abusiva trasnacional minera Red Tiger Inc,

REMA exige al gobierno del Estado, a la Secretaria de Economía, la SEMARNAT, lo mismo que a la PROFEPA, cumplir con su obligación de verificar el cumplimiento de las leyes minera, ambientales y de Derechos Humanos en Soyopa, Sonora.

México, Abril de 2013.
Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA)

Contacto: inforema@gmail.com

Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas. Una vinculación necesaria

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Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas. Una vinculación necesaria

cambio climáticoJulio C. Postigo. [Editor] 

Andrea Lampis. Germán Palacio Castañeda. Gustavo Blanco Well. María Ignacia Fienzalida. Mirta Malvares Miguez. Pablo Chacón Cancino. Julio C. Postigo. Mirta Geary. Fernado Marcelo de la Cuadra. Julio Torres Martínez. Sofía Castro Salvador. [Autores de Capítulo]
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Colección Grupos de Trabajo. ISBN 978-956-351-609-8 CLACSO. ICAL. INTE-PUCP. Santiago de Chile. Marzo de 2013 

El cambio climático amenaza los sistemas humanos y biofísicos de nuestro mundo. Durante las dos últimas décadas a través de Naciones Unidas se creo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), se generó el Protocolo de Kioto y se han realizado casi una veintena de Conferencias de las Partes (COP) con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a niveles seguros sin resultados positivos. Un horizonte sombrío de degradación ambiental y catástrofes se cierne sobre la humanidad. Mitigación, adaptación, riesgo, incertidumbre entre otros son conceptos que dominan la academia, y las consideraciones acerca de qué es mejor para los países subdesarrollados y en vías de desarrollo son parte del debate en las altas esferas de la política internacional. Lo global tiende a imponerse sobre lo local; sin embargo la ciudadanía, los actores y movimientos sociales poseen percepciones, perspectivas y otras lecturas de las agendas oficiales que pueden ser trascendentales en el futuro. Este libro es una contribución a la polémica sobre cambio climático desde la mirada crítica de varios autores latinoamericanos que buscan la discusión interdisciplinaria, la solidaridad intelectual y la esperanza.