COMUNICADO – Amigos de la Tierra Internacional
Lunes, 27 de mayo de 2013
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO E INVERSIÓN EN LA MIRA DE LA SOCIEDAD CIVIL
WASHINGTON (DC), 27 de mayo de 2013 – Al término de la ronda más reciente de negociaciones del acuerdo de asociación transpacífico llevada a cabo en Lima, Perú [1], Amigos de la Tierra Internacional anunció su apoyo a una proclama firmada por 130 organizaciones de la sociedad civil en la que se cuestionan los Acuerdos Internacionales de Inversiones.
La declaración [2] reclama un marco legal alternativo para las relaciones económicas internacionales. Sus signatarios recibieron con beneplácito los pasos radicales anunciados por los gobiernos de América Latina y el Caribe en una Declaración Ministerial presentada en la primera Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales, realizada en Guayaquil, Ecuador, el 22 de abril. [3]
Los Acuerdos Internacionales de Inversiones (AII), como los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los capítulos de inversión presentes en los Tratados de Libre Comercio (TLC), así como los Acuerdos de Asociación, amenazan los derechos de los pueblos y la soberanía y constituciones de los países, la democracia y el interés público, según los signatarios.
Alberto Villarreal de Amigos de la Tierra Uruguay / REDES, dijo: “Los Acuerdos Internacionales de Inversiones otorgan derechos sin precedentes a las empresas e inversionistas extranjeros, como, por ejemplo, el derecho de demandar a los Estados soberanos e impugnar sus políticas de interés público en tribunales internacionales de arbitraje que solo se preocupan por los intereses de los inversionistas. Son armas mortíferas en contra del poder democrático y la protección de los derechos de los pueblos y la justicia ambiental. Se deben apoyar todas las medidas que tomen los gobiernos para poner a los derechos de los pueblos por encima de los derechos de los inversionistas y las empresas transnacionales».
Bill Waren, de Amigos de la Tierra Estados Unidos, afirmó: “Los acuerdos tales como el Acuerdo de Asociación Transpacífico son caballos de Troya que refuerzan el poder de las empresas transnacionales y debilitan los esfuerzos de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos y el medio ambiente. Hay una necesidad urgente de implementar una alternativa del modelo del Acuerdo de Asociación Transpacífico».
Cualquier país que forme parte de un AII puede ser demandado por una empresa transnacional. Por esta razón, los países que firmen estos acuerdos pierden la libertad de implementar leyes y políticas que favorezcan a las personas y el medio ambiente, si estas leyes o políticas van en contra de los intereses de las empresas.
Los signatarios proponen hacer avanzar un marco legal alternativo para las relaciones económicas internacionales que esté basado en principios democráticos y priorice los derechos humanos por sobre los intereses empresariales.
Los signatarios por lo tanto recomiendan que los Estados anulen, denuncien y dejen de firmar estos acuerdos que los someten ilegítimamente a jurisdicciones extranjeras y violan los derechos de las personas; y respaldan la creación de un Observatorio Internacional sobre litigios en materia de inversiones que acordaron los gobiernos en la Conferencia Ministerial de Guayaquil.
Las organizaciones de la sociedad civil le piden a estos gobiernos que tomen medidas rápidas y concretas para crear mecanismos de diálogo permanente con los movimientos y organizaciones sociales en sus debates sobre normas y litigios en materia de inversión, como prometieron hacerlo en la Declaración Ministerial, y ofrecieron su apoyo para contribuir con la tarea.
NOTAS
[1] Las negociaciones culminaron el 24 de mayo, luego de 10 días de reuniones a puertas cerradas.
Video que explica los problemas del Acuerdo de Asociación Transpacífico:
http://www.foei.org/en/what-we-do/economic-justice/peril-in-the-pacific
Los once estados miembro del Acuerdo de Asociación Transpacífico anunciaron sus intenciones de finalizar las negociaciones comerciales a fines de 2013. Los estados miembro del Acuerdo son hasta el momento: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Perú. Otros países son alentados a unirse al acuerdo pero sin reabrir las decisiones tomadas en rondas previas de negociación.
[2] La declaración de la sociedad civil está disponible aquí: http://bit.ly/YwwVMQ
La lista final de signatarios se encuentra aquí: http://bit.ly/12jCL3x
[3] Los países de América Latina comprometidos en la Declaración de Guayaquil son Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.
Su Declaración Ministerial se encuentra disponible aquí: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/22abr_declaracion_transnacionales_eng.pdf
VER TAMBIÉN:
La Alianza del Pacífico resucita en el espíritu del ALCA
La detención de Bertha Cáceres y Tomás Gómez en Santa Bárbara ya es por sí mismo un acto de plena arbitrariedad represiva contra el movimiento popular. Es un acto más del Estado golpista que mantiene su estructura y objetivos intactos. Bertha Cáceres no es una lideresa más del movimiento popular, su arresto con pruebas falseadas (les acusan de portación ilegal de armas en apoyo de los pobladores del Municipio de Rio Blanco, Intíbucá) es solo una consecuencia, una arista del aspecto delincuencial con que opera la policía nacional para tener argumentos en sus relaciones públicas. Un distractivo, sin más. No es ese el punto. Cientos de hondureñas y hondureños han sido inculpados de la misma forma para enviarlos a prisión, y en el peor de los casos, asesinadas y asesinados para luego meter en sus bolsillos «las pruebas».
Exigimos la inmediata libertad de Berta Cáceres, dirigente del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), y de Tomás Gómez Membreño, coordinador de Radio Guarajambala, radio comunitaria del COPINH. Ambos fueron detenidos cuando se trasladaban a la toma de carretera en Río Blanco, que lleva hoy 53 días de resistencia en defensa del Río Gualcarque, amenazado por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Lorena Cabnal se define como feminista comunitaria y representa a las mujeres maya-xinka. Creó la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Jalapa y relata la resistencias de su pueblo contra las multinacionales mineras y contra la violencia sexual.
Los que suscriben con dirección en Circuito Presidentes 62, Col. Emiliano Zapata, Xalapa, Veracruz, teléfono 01 228 841 93 06 y 
Todo el territorio de México es centro de origen y diversidad del maíz, con una riqueza calculada en más de 59 razas de maíz criollo, nativo o autóctono. En Chiapas hay presencia de 12 de estas razas presentes en la milpa chiapaneca.
Los cuatro hacen parte de Amigos de la Tierra, la red ambientalista más grande del mundo, que concentra a unos dos millones de defensores de las luchas populares en 74 países. Exigen que los indígenas, los negros y los campesinos tengan agua limpia y territorio propio, trabajan por la defensa de la cultura, se oponen a las grandes compañías que, para ellos, se enriquecen por cuenta de los recursos ajenos, declaran al capitalismo su principal enemigo. No les molesta que los denominen radicales, creen que sólo un discurso que busque un cambio de raíz puede poner a tambalear a los estados que se olvidaron a sus minorías.
La semana pasada, Monsanto les comunicó a sus accionistas los asombrosos beneficios obtenidos en 2012. Al mismo tiempo, agricultores norteamericanos hacían juicio en Washington para desafiar el derecho de los gigantes de la biotecnología a que demandaran a los agricultores cuyos sembrados habían sido contaminados por las semillas de Monsanto. El 10 de enero comenzaron las presentaciones orales ante la Corte de Apelaciones de EE.UU., para decidir si se invertía el rechazo a la causa, de febrero pasado.
Osgata muestra en detalle cuántos agricultores convencionales han desistido de sembrar determinados cultivos, con la intención de resaltar la monopolización que es consecuencia de la agresiva persecución de Monsanto a los casos de infracción de patente. Se ha estimado que hay un 88% de maíz y un 93% de soja modificados genéticamente, la mayoría, a manos de Monsanto. Bryce Stephens, agricultor de cultivos orgánicos del Noroeste de Kansas, es uno de esos agricultores que ha decidido dejar de cultivar maíz y soja, a consecuencia de la inevitable contaminación que ocurriría.