Juez de Corte Federal de Canadá acepta la posibilidad que Mariano Abarca no hubiera sido asesinado, si la Embajada canadiense en México hubiese actuado de otra manera; No obstante, niega ordenar una investigación

Publicada el 29/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos el boletín de prensan de la Familia Abarca, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), MiningWatch y Otros Mundos respecto al fallo del Juez federal de Canadá- A 29 de julio 2019 >>Descargar en boletín en PDF<<

(Chiapas, Mexico City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no estuviera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.

Lo anterior lo señaló en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca. La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para que acallen las protesas en la comunidad cuando supuieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos que los querellantes identificaron no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en asegurar que fiscalización pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá y en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según los querellantes, la decisión de la corte carece de una examinación seria de porqué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá y sobre las cuales los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.

“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá publica y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.

Para Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano quien también estuvo presente en la audiencia en la Corte federal, la noticia del fallo no le sorprendió. “Como familia, sabíamos de la dificultad para que una corte en Canadá aceptará admitir una investigación por la actuación de funcionarios de la embajada canadiense. No investigar a la embajada de Canadá es tener miedo a conocer la verdad sobre la forma en que operan las empresas mineras en Latinoamérica y sobre todo en México y Chiapas donde funcionarios canadienses ayudan facilitar las operaciones de emprasas mineras canadienses que han causado severos daños ecológicos y atropellos a los derechos humanos. A pesar del fallo, no nos rendiremos y vamos a continuar en esta lucha por la justicia”.

Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, también litigante en el caso, considera que la decisión es emblemática de una problemática generalizada de impunidad para el sector minero canadiense. “El gobierno de Canadá beneficia de las actividades mineras en el exterior, y más allá de que haya razón o no en nuestra acusación, el no querer revisar el caso, ni ordenar una investigación habla de forma muy clara: no quieren que se investigue a su propia gobierno.”

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá presentaron su queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciaron su intención de llevar su denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendan su compromiso para que se efectúe una rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, están preparándose para ejercer su derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.

Para mas informacion:

Yavar Hameed, Hameed Law, yhameed@hameedlaw.ca, (613) 627-2974
Charis Kamphius, Justice and Corporate Accountability Project, ckamphuis@justice-project.org, 250-572-2625
Kirsten Francescone (para información o para organizar entrevistas con la familia o las organizaciones mexicanas), kirsten@miningwatch.ca

Antecedentes

Información que se obtuvo mediante solicitudes al acceso a la información demuestra que la embajada intervino con oficiales del gobierno mexicano para apoyar a la empresa cuando ya se sabía que era sobre el conflicto que ellos tenían con respecto a su proyecto de Blackfire en Chiapas, México, incluyendo a los riesgos que enfrentaba Mariano. Mariano alertó a la embajada sobre las preocupaciones que tenían las comunidades con respecto a los impactos de la mina y amenazas relacionadas. Poco después, Mariano fue detenido sin acusaciones en base a una denuncia que presentó la empresa en su contra. Además, solamente semanas antes que lo asesinaran, la embajada consultó a las autoridades mexicanas que acallen a las protestas en contra las operaciones de Blackfire.

Alrededor del mismo tiempo, oficiales federales se pronunciaron frente al Comité Permanente del Parlamento sobre las Relaciones Exteriores constatando que el rol de las embajadas canadienses es “trabajar muy de cerca con empresas, las comunidades afectadas, gobiernos, pueblos Indígenas y la sociedad civil para facilitar un diálogo informado y abierto entre todo los partes”. Sin embargo, la Embajada canadiense en México negó reunirse con la familia y organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en la comunidad hasta que pasaron meses después del asesinato de Mariano, a pesar de que ellos seguían otorgando apoyo a la empresa.

Documentos:

Decisión de Judge Boswell (inglés) disponible acá.

Resumen de la Queja presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá disponible acá.

Solicitud para la Revisión de la decisión del Comisionado por la Corte Federal de Canadá disponible acá.

Visita el blog: Justicia para Mariano Abarca

Más información:

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

[Nota] Celebran Guelaguetza contra el extractivismo de 41 proyectos de minería

Publicada el 26/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota sobre resistencias contra el extractivismo publicada en Página 3 a través de ChiapasParalelo – A 23 de julio 2019

#AlianzadeMedios | Por Pedro Matías de Página 3

SAN MARTIN DE LOS CANSECO, Oaxaca (pagina3.mx).- Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario“.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Mineríaconvencidos de que hacer comunalidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

Imagen: Página 3

Más información:

Gana en Comitancillo, Oaxaca un Comisariado que Defiende el Territorio

La Red Mexicana de Afectados por la Minería se solidariza con las organizaciones y familiares de los compañeros asesinados en Oaxaca

La minería en México: Un despojo legalizado

[Nota] Pueblo zoque rechaza consultas del INPI y reitera respetar su autonomía

Publicada el 25/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota sobre el Pueblo Zoque publicada en ChiapasParelelo – A 21 de julio 2019

En el marco de la llegada de las consultas a pueblos indígenas de Chiapas, pidieron respeten su autonomía, la vida y la tierra.

Ante la amenaza de utilizar 180 mil hectáreas para proyectos de extracción, energéticos e hidroeléctricos, el Movimiento Indígenas del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (Zodevite) pidió sea respetada su autonomía y su defensa por la Madre Tierra.

En el marco del inicio de consultas por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Chiapas, el Zodetive mencionó que los pueblos originarios siguen con problemas de dominación, despojo y extermino como desde hace 500 años, solo que ahora con nuevas máscaras.

El Movimiento expresó que el despojo avanza en el territorio de los pueblos originarios de Chiapas con los proyectos mineros, eólicos, petroleros, hidroeléctricos, geotérmicos, agroindustrias de monocultivos, todos ellos usan grandes cantidad de agua, tierra, bosque, aire, energía y materiales tóxicos.

Las empresas llegan con la promesa de trabajo asalariado, becas, clínicas, caminos como un sinónimo de progreso y desarrollo de los pueblos, sin embargo, amenazan con destruir lo que son y tienen: la vida, la tierra y el territorio.

El Zodevite afirmó que está proyectado usar 180 mil hectáreas para estos proyectos en los municipios de Ocotepec, Francisco León, Coapilla, Copainalá, Ixtacomitán, Tecpatán, Chapultenango, Chicoasén, Ostuacán, Tapilula, Solosuchiapa, Ixhuatán, Ixtapangajoya, Tapalapa, Juarez.

Los cuales pretenden avanzan mientras el número de pobres y desempleados crecen, lo que hace que deciden irse como migrantes a Estados Unidos, mencionó el Zodetive.

“En los últimos 200 años, el Estado-Gobierno ha menospreciado a nuestros pueblos zoques, entregando las tierras al as compañías extranjeras” afirmaron.

Por tanto, cuestionaron que si las consultas del INPI son sólo trámites para legitimar y legalizar los proyectos extractivos en el territorio zoque, ya que ante los atropellos que viven diariamente no han visto un cambio en su vida.

Desde 2016, de forma autónoma en Francisco león, Ixtacomitán y Chaputenango, se hicieron consultas comunitarias para que ningún proyecto extractivo entre y atente contra la vida de los pueblos y el medio ambiente.

Por último, el Zodevite hizo un llamado para seguir organizando y resistir ante los agravios y despojos para un nuevo despertar de los pueblos.

Imágenes: Chiapas Paralelo julio 2019

Más información:

[VIDEO] Los zoques, 2,500 años en Chiapas, frenan la Reforma Energética: «No entrará. Ni ahora ni nunca»

Las consultas «buenas» no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!

Pueblos organizados de Chiapas nos declaramos en resistencia ante el modelo energético capitalista

¡Somos Pueblos Vivos, Libres del Extractivismo!

El Escaramujo 90 RADIOGRAFÍA DE LAS REPRESAS EN MÉXICO (Parte II)

Publicada el 24/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Los «Escaramujos» son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

>>Descargar en PDF Escaramujo 90<<

Desde 1879 en León, Guanajuato, la fábrica textil “La Americana” instaló una planta termoeléctrica a base de leña, la primera unidad generadora de energía eléctrica en México. Sin embargo, es hasta 1882 que se usó por primera vez en el mundo una corriente de agua para generar hidroelectricidad en Inglaterra, Estados Unidos y Francia.

En México se generó hidroelectricidad por primera vez en 1889 en Batopilas, Chihuahua.1 Sin embargo, otra fuente considera que es en los alrededores de Orizaba, Veracruz, que se instaló la primera unidad hidroeléctrica en 1883 en la fábrica textil de San Lorenzo, y que a finales de esa década había en México alrededor de 50 instalaciones termoeléctricas y 10 hidroeléctricas. Pero es hasta 1888 que la planta hidroeléctrica de Echeverría, aprovechando la caída del agua del Río Atoyac en Puebla, es considerada la primera unidad central de producción hidroeléctrica de una compañía eléctrica en México para el servicio público, que contaba con una presa a todo lo ancho del río Atoyac, una cortina de mampostería de piedra de 90 metros de largo y producía una caída de 10 metros de altura. A 180 mts de la cortina se ubicó la casa de máquinas y se trasvasaba por un acueducto de 42 pulgadas hacia la turbina doble tipo Leffel de eje horizontal con capacidad de 180 caballos.2

Sin embargo, al referirnos a todo tipo de represas y bordos, desde el año 1550 hasta el 2018 la CONAGUA ha logrado documentar que a lo largo de 468 años se han construido un total de 6,225 represas y bordos en todo el país. La primera registrada es en 1550 en el estado de Guanajuato.

RÍOS Y CUENCAS REPRESADAS

Actualmente en México están delimitadas 1,471 corrientes de agua de todos los tamaños que conforman una red hidrográfica de 633.000 km de longitud, que equivale a dar 155 vueltas al mundo sobre la línea ecuatorial cuyo perímetro es de 40.075 Km. De las 1,471 corrientes, 1,389 llegan al mar, ya sea al Golfo de México, al Océano Pacífico o al Mar Caribe; 77 desembocan en lagos o lagunas internas; y las únicas 5 que se infiltran en el subsuelo se localizan en la Península de Yucatán.3

Estas Corrientes de agua, CONAGUA las distingue para la ubicación de las presas y bordos en el país en Ríos, Arroyos, Escurrimientos, Afluentes, Acueductos, Barrancas, Canales, Cañadas, Cañón, Derivación, Manantiales, Derramadero, entre otras. Algunos nombres se repiten en diferentes Corrientes. Otras Corrientes cambian de nombre a su paso por diversas regiones, municipios o entidades. Y otras pocas Corrientes simplemente no tienen registro de nombre. En la siguiente Tabla, de todos los tipos de Corrientes, solo mencionamos los 600 Ríos represados en el país desde 1550 hasta 2018, en base a los nombres actuales; algunos se les conocen con más de un nombre en la misma región; otros Ríos en la base de datos de la CONAGUA están mal escritos o tienen errores tipográficos, por lo que intentamos subsanar estas deficiencias hasta donde fue posible. Cabe señalar que el Río Usumacinta aunque no ha sido represado, está amenazado por los proyecto de 5 represas hidroeléctricas.

>>Seguir leyendo Escaramujo 90<<

Más información:

EL ESCARAMUJO 88 RADIOGRAFÍA DE LAS REPRESAS EN MÉXICO (Parte I)

ESCARAMUJO 89: LA PRESA MILPILLAS La trampa del “desarrollo”

[Artículo] Comunidades de la costa de Chiapas exigen freno a proyectos hidroeléctricos y mineros

Publicada el 23/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos la siguiente nota sobre la resistencia al modelo capitalista y de muerte en la región de costa publicada en Avispa Midia – A 19 de julio de 2019

El 15 de julio pasado, el cabildo del ayuntamiento de Huehuetán en la región del Soconusco aprobó por unanimidad el no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de centrales hidroeléctricas en el municipio chiapaneco.

Esta acción es parte de la lucha de comunidades de dicho municipio y de Tapachula, quienes desde 2012 se oponen a los proyectos hidroeléctricos Coatán y Cuilco, informó La Voz del Pueblo mediante comunicado de prensa difundido el pasado lunes.

Desde el año 2012, dicha organización donde confluyen comunidades de la región costa y sierra chiapanecas han exigido a autoridades locales la cancelación de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades.

“Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y actuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región”, refiere la organización chiapaneca que se opone a la construcción de la represa en la zona media alta de Tapachula entre los ejidos Mexiquito, Congregación Zaragoza y El Cairo, en el municipio de Huehuetán.

Al mismo tiempo las comunidades se oponen al proyecto que pretende instalarse en los ejidos Chespal Nuevo y Chespal Viejo, afectando territorios indígenas Mam de los municipios de Tapachula y Cacahoatán.

De acuerdo al testimonio de Claudia Ytuarte Núñez, integrante de la La Voz del Pueblo, existen por lo menos siete proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas en la región costa sur de Chiapas.

También, en la misma zona existen 78 conseciones mineras (de un total de 99 en todo Chiapas) en los municipios de Escuintla, Chicomuselo, Acacoyagua y Tapachula. Los minerales son extraídos por empresas canadienses y chinas, los cuales van del oro, plata, mercurio, zinc, plomo, hierro hasta el titanio, éste último clave para las industrias tecnológicas, aeronáutica, naval y armamentista.

“En 2014 vimos la relación presa-minería”, relata Ituarte, antropóloga quien ha colaborado con la organización del Soconusco desde su creación. “Dónde había permisos de exploración mineras en la costa fue donde ubicamos un punto cerca de Congregación Zaragoza donde esta la (presa) de Cuilco. La (presa) de Coatán donde está cerca el punto de Aguacaliente. Descubrimos que todos los minerales que son importantes extraer, la mayor parte marcaron desde Ciudad Hidalgo por toda la llanura hasta Mapastepec y el mar; con las presas realmente toda esta franja costera desaparecería porque es un sistema bien interconectado. Por ejemplo, los manglares desde San José hasta Pijijiapan están conectados por la (reserva) Encrucijada”.

Renovables en Chiapas, un atractivo negocio

El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos. Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano. Ubicación del proyecto hidroeléctrico en el río Cuilco. “El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.

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Imagen: Avispa Midia 2019

Más información:

Municipio de Huehuetán se Declara Libre de Represas

4 años luchando por la vida Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» Acacoyagua libre de minería

¡Felicidades! al Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio Por su IV Aniversario y su Acta de Declaratoria de Municipio Libre de Minería

Discurso: La patria murió, ¡¡¡Viva la MATRIA!!!

Publicada el 22/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos el discurso que dio Rubén Albarrán para el foro: “Costos de la masculinidad tóxica” en el Senado de la República – Julio 2019

CDMX, jul. 2019

Respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada.

Por favor, no se ofendan, no lo tomen personal, si bien me siento contento de estar aquí en el Senado, no es a ustedes – trabajadores en este recinto – a quienes me dirijo.

Estas palabras van a todos, a mis hermanas y hermanos con los que comparto un proceso histórico, geográfico y cultural.

Como tales, y si han leído un poco de historia, ¿Cómo podemos negar que nuestro padre fue violador, golpeador, drogadicto; nuestra madre, la chingada, violada, golpeada, sumisa?

Y nosotros, los hijos de la chingada, los chicuarotes, niños de la calle, niños sin sentir amor, despreciando el calor y sabiduría de nuestra vejada y menospreciada madre a manos de nuestro ausente, lejano e indiferente padre…

He allí, en poquísimas palabras, el génesis de nuestra corta historia como país. Reconocer quienes nos dieron vida como pueblo mestizo, tiene una gran valía, pues se abre la posibilidad de trascender aquello que nos formo.

Acepto que así fue, pero no tengo por qué ser aquello.

Perdono, porque así mi corazón y el de aquellos que me hicieron daño se libera; pero no olvido, pues al recordar me libraré de caer en los mismos errores.

¿Cuántas veces sentimos ese enojo al leer en los libros de texto cómo nuestro padre golpeo a nuestra madre?

Así como en la película dirigida por Gael García, la madre implorando: “¡no, por favor!” al padre que se alista para golpearla y nosotros como hijos, desde la habitación, escuchamos aquel infierno de angustia, miedo, encierro y desesperación.

Hablar de los costos de la masculinidad tóxica en nuestra sociedad me parece ya una premisa que proviene de esa misma masculinidad. Y está bien, pues aún cuando deseo que haya muchas mujeres en este recinto, intuyo que han tenido que tomar papeles masculinos para sobrevivir en este ámbito básicamente machista, como lo es de la política; hasta ahora…

Y está bien, porque traducir a costos económicos es hablar en un lenguaje que pueda ser entendido en estos círculos patriarcales.

Gracias a este estudio, se le han asignado valores monetarios a la violencia y al acoso sexual, escolar – se ha omitido el ámbito familiar, privado, dentro del hogar- a la depresión, al suicidio, al consumo de alcohol, a accidentes de tránsito. Pero ello no es más que una traducción del verdadero problema. Es solamente pasar la factura del hospital, por la madriza que le pusieron a la jefa.

Ahora nosotros, como padres y madres de este momento, debemos hacer conscientes que esta cultura patriarcal y machista de la que provenimos no solo nos ha costado dinero; nos está costando la supervivencia, como país, como cultura, como seres vivos. Si no concientizamos que estas actitudes machistas nos están aniquilando, seguiremos repitiendo este patrón destructivo hasta que no quede más nada.

Ese patriarcado es el mismo que permite un abuso como el del derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, sin ser castigado; ese padre golpeador que explota bosques y mares, que pretende un mega-proyecto transístmico y que disfraza su violencia con un paseo dominical por un mal llamado tren maya para que a la familia se le olviden los gritos y los golpes: un padre armado y cobarde que ya se alista a reprimir con una Guardia Nacional en las calles, con el cinturón enredado al puño. Un padre que invita a casa a sus cuates de la cantina, socios, jefes y demás pandilla machista a que violen a las mujeres de casa: “¡cojan, violen, cosifiquen, hagan una orgía de abusos, exploten todo lo que esta tierra brinda!”. “¡Hagan minería, fracking, proyectos turísticos, carreteros, ferroviarios, implanten transgénicos, contaminen el agua, el oxígeno, la tierra!”. “Embrutezcan a los hijos con medios electrónicos hipnotizantes y con contenido igualmente tóxico, que perpetúen esos patrones patriarcales y machistas; embrutezcan a los jóvenes con la peor droga, la mas dañina, alcoholizándolos y haciendo negocios millonarios con toda la miseria que esta adicción genera…y la madre sumisa, que no reacciona, no abandona esa relación tóxica.

Estas palabras van dirigidas a los padres y madres, la parte masculina y femenina, que viven dentro de cada uno de nosotros, que día a día nos dan vida y nos crean como personas, luego como familia y sociedad:

“Pa, ya no te pases, respeta a mi mamá, no la golpees, no abuses más de ella. No le robes, ya estas viejo, agradezco me hayas dado vida, pero no seré más tú, seré yo mismo. Ma, gracias por traerme y darme cuerpo, pero ya reacciona, deja esa relación tóxica, vive tu dignidad. Yo no permitiré que abusen así de mí, ni de mis hijos”. Estas palabras van para ese niño descuidado, abandonado, al que le pusieron pocos limites, enojado y subdesarrollado que vive en todos nosotros: “Hijo, tus padres te dieron la vida, pero su relación es tóxica, no es obligación repetirlos, tú puedes ser otro”.

Celebro esos momentos de lucidez que cada vez son más constantes como el 8M, en el que pienso que la mitad de la humanidad está despertando de esta toxicidad, o el movimiento liderado por la niña activista Greta Thunberg, con el que estamos diciendo un “¡Ya basta!” a los abusos de ese padre sinvergüenza. Ojo, ambos movimientos liderados por mujeres.

Nos celebro a todos nosotros, hermanas y hermanos en quienes surge, nace una nueva humanidad, que ya abandona esos tóxicos patrones patriarcales. Que ya escucha ambas partes, femenina y masculina que nos conforman, viviendo un equilibrio.

Ese mundo machista ya da sus últimos suspiros.

La patria murió, ¡¡¡Viva la MATRIA!!!

#Sevaacaer #8M #YouthforClimate #MadreTierra #CambiemoselDiscurso #NiUnaMás #NiUnaMenos #SeguimosEnLucha #EnPieDeLucha #TodasLasLuchasSonLaMismaLucha MenEngage Alliance #MenEngageLATAM Cómplices por la igualdad

Costa Rica: A 4 meses del asesinato de Sergio Rojas

Publicada el 19/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real (RMR) a 4 meses sin justicia por el asesinato de Sergio Rojas – A 18 de julio 2019

Exigen investigación por crimen de Sergio Rojas

A 4 meses del asesinato «necesitamos respuestas claras desde el Estado para saber por dónde va la investigación», dice Coecoceiba.

Sergio Rojas Ortiz fue asesinado el 18 de marzo de este año en su hogar ubicado en Yeri, territorio ancestral de Salitre, Puntarenas, por el que luchaba desde hace más de una década.

Era líder indígena Bribri, miembro fundador del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra) y el Frente Nacional de los Pueblos Indígenas (FRENAPI).

Se cumplen 4 meses de lo que decenas de movimientos y organizaciones sociales consideran un «asesinato político», responsabilidad del Estado costarricense «por su omisión en cuanto a las medidas cautelares establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y los derechos legítimos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales», según expresaron en un petitorio que presentarán ante la Fiscalía General de la República este jueves 18.

Desde Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica, una organización que apoya la lucha de Sergio Rojas y de su comunidad por recuperar sus tierras y territorios, dijeron a Radio Mundo Real que se necesitan «respuestas y pistas claras desde el Estado para saber por dónde está yendo la investigación sobre el crimen».

Alejandra Porras, integrante de Coecoceiba consideró que «hay buenas intenciones, pero no hay claridad sobre cómo ni quién está haciendo el proceso de investigación. El Estado ha mostrado una apertura muy leve para la investigación y, a cuatro meses del asesinato de Sergio, no vemos que avancen en la verdad y la justicia sobre el crimen», agregó la activista que también forma parte del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

Imagen: ATALC/RMR

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Denuncia y repudio por el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica

Guanajuato: Sector minero en Guanajuato ridiculiza preocupación de Comunidades por el Proyecto Cerro del Gallo

Publicada el 18/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Socioambiental A.C. y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 17 de julio 2019

Luego de que se dieran a conocer las razones por las que comunidades campesinas del Municipio de Dolores Hidalgo se oponen al Proyecto Minero Cerro del Gallo -propiedad de la empresa canadiense Argonaut Gold- el lobby minero las ridiculiza.

El pasado 12 de julio, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera.

Esta declaración revela la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.

El dirigente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos justifica sus declaraciones en los 500 años de extracción minera en el Estado de Guanajuato, pero omite considerar que la canadiense Argonaut Gold plantea, para la explotación de su Proyecto Cerro del Gallo, la técnica a cielo abierto y la lixiviación en pila con una mezcla de cianuro altamente tóxica tanto para la población como para la flora y la fauna del ecosistema regional, todo ello en un contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del Acuífero de la Independencia.

En efecto, el Proyecto Minero Cerro del Gallo se ubica dentro del territorio conocido como Cuenca de la Independencia, el cual ha sido ampliamente estudiado por el Centro de Geociencias de la UNAM. Los estudios científicos de la UNAM, arrojan, entre otros, los siguientes resultados:

1. La realidad geohídrica no se corresponde con la realidad política y/o administrativa. La división de acuíferos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEAG) está basada en límites administrativos y no reales o naturales. En el Norte y Noreste del Estado de Guanajuato, existe un solo acuífero –el Acuífero de la Independencia– que abarca a siete municipios: San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende. Sin embargo, a lo largo de las últimas administraciones, las dependencias han sostenido que se trata de cuatro (CONAGUA) y seis (CEAG) acuíferos. Los criterios oficiales de división agudizan el problema de acceso al agua en toda la región y favorecen, en detrimento de los campesinos, a los grandes capitales de la agroindustria de exportación y la minería.
2. La gestión del agua subterranea no es sustentable. Más del 50% de las concesiones, de los volúmenes de extracción de agua subterránea, autorizadas por la CONAGUA exceden la disponibilidad segura de agua en el acuífero.
3. La mayor parte del agua disponible no es segura. Los resultados de los estudios de calidad del agua muestran la existencia en altas concentraciones de elementos nocivos para la salud como flúor y arsénico, entre otros.

En este sentido, el consumo y exposición de la población a los altos niveles de fluoruro y arsénico en el agua genera intoxicación crónica y provoca una serie de problemas de salud tales como: fluorosis dental, fluorosis esquelética, síntomas cardiovasculares, hematológicos y neurológicos; problemas gastrointestinales, de los riñones, del sistema reproductor, de la piel y cáncer. Los numerosos casos de insuficiencia renal en la región de Dolores Hidalgo son conocidos, sin embargo son sistemáticamente minimizados o invisibilizados por las autoridades federales y estatales, el gobernador y la secretaría de salud, en aras de mantener un modelo económico depredador.

Pese a esta realidad que evidencía una gestión irresponsable de las autoridades, la empresa Argonaut Gold cuenta 8 títulos de concesión que le autorizan a aprovechar un volumen total de 1,440,000,000 m3 de agua subterranea del Acuífero de la Independencia (Cuenca Alta del Río Laja). A ello, habría que sumar los impactos que la minería a cielo abierto -como es el caso del Proyecto Cerro del Gallo- genera sobre el territorio y las comunidades afectadas.

Ha sido ampliamente documentado que ningún otro megaproyecto es tan agresivo con las comunidades y el medio ambiente como la «minería a cielo abierto». Los efectos de su operación son especialmente devastadores. Despoja a las comunidades de sus tierras, remueve y elimina grandes extensiones de suelo fértil, consume y contamina enormes cantidades de agua, contamina la tierra y el aire, genera erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje, contribuye al cambio climático, causa graves daños a la salud de las poblaciones vecinas, divide y debilita el tejido social; en otras palabras, depreda al medio ambiente y vulnera los derechos humanos de las comunidades, todo ello a cambio de algunos empleos precarios.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Firman

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Más información:

Guanajuato: No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

[Artículo] ¿Quién es Grupo México y por qué ha logrado salir impune de los desastres mineros?

Publicada el 17/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Artículo publicado en El Universal – Julio 2019

Por Aleida Azamar Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Grupo México es una macroempresa cuyo origen se dio en 1942. En la actualidad se dedica a múltiples actividades, aunque se le reconoce principalmente por la minería (con presencia en seis países), se dedica de forma importante al transporte ferroviario (de mercancías y personas) y a la planeación logística de transporte; así como a la creación de macro infraestructura energética (plantas de procesamiento de energía, perforación, actividad eólica y construcción en general).

Algunos de los nombres que nos pueden ser más comunes son: Americas Mining Corporation, Souther Copper Corporation, Asarco, Los Frailes, Ferrosur, Ferromex, Controladora de Infraestructura Petrolera, México Compañía Constructora, Controladora de Infraestructura Energética México; estas son filiales de sus diferentes divisiones dedicadas a ampliar la presencia de Grupo México en el mundo evitando así acusaciones de monopolio.

Grupo México es más un resultado político que un esfuerzo empresarial, pues su actual situación deriva de la absorción de paraestatales a través de compadrazgos y asignaciones directas de concesiones en las entidades con mayor riqueza minera nacional en nuestro país. Durante la transición histórica del periodo conocido como mexicanización de la minería (década de los sesenta-setenta) hasta el periodo de liberalización en los años ochenta que se cristalizó con la Ley Minera de 1992.

Originalmente Grupo México era una empresa constructora que poco después de su formación en 1942 comenzó operaciones en la perforación de pozos petroleros de forma casi exclusiva para Petróleos Mexicanos (Pemex) y hasta el día de hoy sigue casi igual, lo cual se ha resultado en acuerdos opacos.

Lo interesante por parte de esta empresa comienza en la década de los sesenta, cuando a raíz de la ley de Mexicanización del sector minero dos de las empresas mineras más grandes del país, que en ese entonces pertenecían a Estados Unidos de América, tuvieron que ceder cierto control accionario a empresarios mexicanos. El grupo que compró dichas acciones fueron los fundadores del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que durante ese periodo accedieron a un notable capital empresarial debido a su estrecha relación política con la administración del país (actualmente dicho grupo tiene gran peso político). Uno de estos hombres fue Germán Larrea quien en la década de los setenta logró el dominio del sector minero a través de la creación de MEDIMSA (hoy Minera México, una de las tantas subsidiarias de Grupo México).

Hay que señalar que gran parte de las empresas que se obtuvieron a través de la Ley Minera fueron sufragadas por el Estado, las cuales permanecieron en un estado proteccionista hasta los noventa cuando fueron adquiridas por Larrea y compañía, antes de abrir el mercado a la inversión extranjera.

Otro de los hechos relevantes es que Jorge Larrea (padre de Germán) llevó a la bancarrota a varias de estas empresas para que el gobierno del país saneara las finanzas, luego el mismo Larrea las volvió a adquirir a un precio mucho más bajo. Estas operaciones se repitieron durante muchos años y fue gracias a la cercanía con los presidentes del país, que en ese entonces eran Carlos Salinas y después Ernesto Zedillo.

Este corporativismo rampante asociado de forma completamente criminal al Estado mexicano ha sido la forma de operar de Grupo México desde su creación y es precisamente la manera en que ha evadido su responsabilidad en los problemas que provoca su actividad minera. Pues no solamente se trata de los daños ecológicos por su irresponsabilidad, como el derrame en Mar de Cortés el pasado 10 de julio, también es por la falta de seguimiento a los problemas que ha causado como lo sucedido en Pasta de Conchos y río Sonora-Bacanuchi, pues en ambos casos no hubo seguimiento adecuado y existe impunidad al respecto.

Si se revisan las Cuentas Económicas y Ecológicas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se contrasta con información de la Auditoría Superior de la Federación se puede observar que gran parte de la degradación ecológica (la tercera parte de esta) que sufre el país es resultado de la minería y estos costos son asumidos por todos los mexicanos sin que el Estado intervenga para que empresas como Grupo México paguen por su responsabilidad.

De acuerdo con los informes de la Auditoria, se requiere casi 30% del valor de la producción minera para subsanar el daño que provoca; es decir, 30 centavos de cada peso. La ausencia de medidas legislativas para solventar esta situación solamente se puede explicar por la gran influencia que ejercen los empresarios de este sector, quienes pertenecen al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios con gran cercanía al Estado mexicano.

Debido a lo comentado es que en los últimos 20 años han sucedido varios incidentes de gran calado que han afectado a la sociedad y al ecosistema en México. Entre los más notables por parte de Grupo México se pueden señalar: la tragedia ocurrida en 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila en donde murieron 65 mineros. El desastre ocurrido en 2014 Sonora en donde los ríos Bacanuchi y Sonora fueron contaminados por el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico. El derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico en el río Santa Cruz en Notales, Sonora en 2014. El derrame de 20 mil litros de agua con sedimentos en San Martín Zacatecas en 2019, a los que ahora se suma lo sucedido el 10 de julio en el Mar de Cortés con un derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico. Todos los “accidentes” anteriores son resultado de la falta de acciones políticas decisivas para poner orden a un sector que ha vivido amparado bajo la sombra del Estado durante décadas. Por lo que es urgente que el nuevo gobierno no solo emita las multas respectivas, sino que revise la función de las actividades extractivas como la minería que deja más daño que beneficio a la sociedad.

Más información:

La nueva perversión del Grupo México

[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles

Honduras: ALERTA URGENTE- Ataque en contra de la comunidad de Río Blanco

Publicada el 16/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 16 de julio 2019

El COPINH denuncia que en horas de la noche miembros de la familia Madrid, asociados de la familia Atala Zablah, destruyeron todas las cosechas de la comunidad de Río Blanco organizada en el COPINH en los sitios de La Vega del Culatón y el Achotal.

La gran mayoría de la cosecha de la comunidad consistente en maíz, sustento principal de la alimentación de la comunidad fue destruida por manos criminales en las tierras ancestrales que la empresa DESA pretendió utilizar para el desarrollo del Proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Por lo menos 25 familias fueron afectadas, de nuevo ,con la destrucción de más de 15 manzanas de tierra cultivada de manera colectiva.

Esto se da como resultado de la violencia instalada por la imposición del proyecto hidroeléctrico de la Familia Atala Zablah. Junto a esta acción son más 22 ocasiones en los que se ataca a la comunidad de Río Blanco en los últimos años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Estas acciones violentas se dan en medio de un ataque a la organización del COPINH por parte de miembros de DINAFROH.

Responsabilizamos al Estado de Honduras por estas acciones violentas debido a la falta certeza jurídica de las tierras y la impunidad de las acciones violentas en contra de la comunidad.

Responsabilizamos al Instituto Nacional Agrario INA, al Ministerio Público, a la dirección Nacional de Pueblos Indígenas y AfroHondureños DINAFROH. Por la seguridad e integridad física de los compañeros y compañeras de la comunidad.

Llamado Urgente a la solidaridad activa

Producto de la acción criminal que se realizó en horas de la noche hacemos un llamado urgente de acción solidaria.

Estamos seguros y seguras que la solidaridad de los pueblos nos hará más fuerte, por que sabemos que las comunidades, los pueblos que resisten en este país, somos mucho pueblos para este gobierno y sus instituciones miserables.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad activa, nacional e internacional, y expresarlo haciendo presencia en la comunidad de Río Blanco, a contribuir económicamente, a donar provisiones de alimentos, a la difusión y a exigir a este gobierno indiferente e incompetente que cumpla con las demandas de los pueblos indígena. Vamos a estar recibiendo donaciones de: toldos, colchonetas, naylon, materiales de construcción y herramientas y sobre todo necesitamos aportes de alimentos porque les han destruido la cosecha de su sustento alimentario básico.

Los centros de acopio serán:

El Progreso- Eric-SJ e Instalaciones de Movimiento Amplio
Tegucigalpa- Catrachas, CDM

También, dejamos la cuenta bancaria del Banco de Occidente 21 301 029 1959, para realizar donaciones en Lempiras para la compra de alimentos para la comunidad.

Les invitamos a llamar a los siguientes números para exigir la pronta solución de este conflicto en Río Blanco:

Instituto Nacional Agrario: +504 2239-8397 Policía Nacional +504 2783-4067
Dirección Policial de Investigaciones: 2240-0400
Dinafroh: +504 2230-1459
Mecanismo de Protección: +504 9874-8595
Encargado de DDHH de la embajada de EE.UU: +504 9463-6353
Ministerio Público:+504 2764-5889
Secretaria de Derechos Humanos en Honduras: +504 9995-5297

Para más información comunicación@copinh.org y el número de teléfono 2783 0817

Municipio de Huehuetán se Declara Libre de Represas

Publicada el 15/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de La Voz del Pueblo- A 15 de julio 2019 >>Descargar comunicado en pdf<<

Huehuetán, Chiapas a 15 de julio del 2019.

Recientemente, la presidenta municipal de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes y su cabildo nos entregaron un extracto del acta de cabildo de la sesión extraordinaria donde el H. Ayuntamiento establece la aprobación por unanimidad de no otorgar ningún tipo de autori-zación a las empresas para la construcción de hidroeléctricas en el municipio durante su administración 2018-2021.

Diversas comunidades del municipio de Huehuetán y Tapachula desde el 2012 nos oponemos al proyecto Hidroeléctrico Cuilco, aunque el proyecto fue aprobado por la SEMARNAT las comuni-dades impedimos el avance de la obra porque pondría en riesgo la vida del río Cuilco que abastece a cientos de comunidades que subsisten de él y a la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada, donde desemboca. Desde entonces seguimos organizados para vigilar la vida del río Cuilco y ac-tuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región.

Las y los integrantes de La Voz del Pueblo nos congratulamos por la decisión del H.Ayuntamiento de Huehuetán porque la decisión de no otorgar ninguna licencia para los proyectos de hidroeléctricas durante tres años de administración nos protege de las conse-cuencias de este tipo de proyectos: deterioro del canal fluvial, erosión del lecho del río, los eco-sistemas que viven en él, evaporación del agua dulce, pérdida de los nutrientes que lleva el río y que alimentan la tierra; así como evitar decisiones restringidas de un bien de uso colectivo ( agua) que se dan en procesos de privatización y mercantilización.

Las hidroeléctricas en el mundo se han construido en los pueblos con el falso discurso de “desarrollo y modernidad”, “oportunidad de em-pleo” o “generación de economía”, pero hemos comprobado en esto que tanto en las presas estata-les como privadas se han beneficiado ciertos grupos: empresas, funcionarios públicos y consumi-dores lejanos y NO los pueblos donde se instalan, a nosotros/as se nos margina de todo tipo de desarrollo comunitario, se destruye nuestro ambiente y por ende se nos despoja de nuestra ciuda-danía o Estado-nación. Eso es ser salvaje.

Atentamente:

La Voz del Pueblo

Organizaciones aliadas: Otros Mundos A.C. Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR)-Chiapas Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)-Chiapas

¡Agua y Energía para los pueblos! ¡Ríos Libres, Pueblos Libres!

>>Descargar comunicado en PDF<<

Más información:

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

#14M Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos

ESCR-NET PROGRAM COORDINATOR ECONOMIC POLICY AND HUMAN RIGHTS WORKING GROUP

Publicada el 15/07/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

ESCR-Net – International Network for Economic, Social and Cultural Rights connects over 280 NGOs, social movements and advocates across more than 75 countries to build a global movement to make human rights and social justice a reality for all. Through ESCR-Net, members exchange information, build solidarity across regions, develop new tools and strategies, and advance collective actions to secure economic and social justice through the human rights framework, with a special focus on economic, social and cultural rights (ESCR). The member-led, collective work of ESCR-Net is guided by core principles of gender and regional balance in leadership and participation, intersectional analysis, and centrality of grassroots groups and social movements.

ESCR-Net is looking for a new member of our program team, with primary responsibility for coordinating ESCR-Net’s Economic Policy and Human Rights Working Group, as well as supporting related cross-working group and network-wide actions. This Working Group offers a platform for members to deepen and popularize a human rights-based critique of the global economic system guided by grassroots struggles, working to support popular political education and collective action and campaigning across ESCR-Net, and to amplify and articulate alternatives to the dominant socio- economic model, grounded in an inclusive vision for realizing human rights and environmental justice. Following a history of more targeted advocacy on trade, export credit agencies and development finance, this working group has taken these new directions over the past couple years, following an ESCR-Net Global Strategy Meeting (November 2016), the hire of its first dedicated program coordinator (July 2017), and a working group strategy meeting in Tunis (February 2018). The Economic Policy Working Group currently involves over 51 member organizations and 6 individual members, both movements and NGOs from all regions. Its systemic critique project is guided by a Project Advisory Group of 10 members, including five movement members.

We value being a member-led network that engages in consensus-building processes, promotes the visibility of our member organizations before our own, and rightfully defers credit to our members. We do the hard work involved in coordinating a participatory network not only because it aligns with our values but also because we believe in its power to achieve systemic change. For a complete overview of ESCR-Net’s work, please visit our website at www.escr-net.org.

For a complete overview of ESCR-Net’s work, please visit our website at www.escr-net.org.

Specific Responsibilities:

• Coordinate and strategically develop the projects and future advocacy of the Economic Policy Working Group and support Network-wide collaborations. Guided by members and in partnership with other secretariat team members, the Program Coordinator will have primary responsibility for:

o Regular coordination and communication with Working Group members to advance projects and activities, and relevant communication with other members and allies;
o Organization and facilitation of in-person and online workshops and strategy meetings, creating spaces for member-led analysis, planning and evaluation; and
o Staying informed about key developments and supporting identification of/guiding strategic opportunities for collective action by the Working Group and across working groups.

• Facilitate a diverse and member-driven Working Group in line with ESCR-Net’s core principles, including outreach to ensure regional and gender balance and the centrality of social movements in working group membership, active engagement and governance structures, as well as supporting wider membership recruitment in collaboration with the secretariat’s membership team. • Facilitate the development of Working Group political education, collaborative research, advocacy interventions, campaign tools, and other resources, as well as maintaining the Working Group website, in collaboration with the secretariat’s communications team.

• Build and maintain strategic alliances, i.e. with environmental groups, unions or academics, within the UN and regional human rights systems, etc.

• Travel internationally and regularly in connection with the Working Group projects and activities, and represent ESCR-Net’s work, mission and principles in a range of forums.

• Support fundraising activities, including drafting or reviewing proposals and reports and engaging with project funders, in collaboration with the secretariat’s development team.

• Contribute to the effective work of the program and wider secretariat team, including via periodic facilitation of program or staff meetings, peer review of documents, input into evolving policies and practices that support operationalizing our Network core principles within the secretariat, and/or support for staff transitions.

• Perform necessary budgetary, administrative and logistical tasks in collaboration with the secretariat’s finance and logistics team.

• Recruit, orient and manage interns, consultants, and potentially junior staff as relevant.

• Engage constructively and consistently with other colleagues, based in multiple locations, and report to the Executive Director.

Qualifications:

The ideal candidate is someone who has a strong grounding in political economy and substantial knowledge of the field of human rights (particularly ESCR), economic theory and history, contemporary economic policy debates and alternative social-economic-political models. The candidate should have strong analytical, interpersonal and coordination skills; work well in collaborative processes with diverse organizations; and be eager to learn and engage with a wide range of issues.

Candidates should have the following qualifications (required):

• Strong background in project management and demonstrated organizing skills which include but are not limited to the design, implementation and facilitation of collaborative strategy meetings, campaigns, trainings and/or workshops;

• Experience working with member-led networks or coalitions, good political judgment, and strong facilitation skills to engage constructively with a diverse range of actors and creatively and strategically coordinate collective action to advance human rights;

• Firm understanding of political education and experience developing political education with grassroots groups or movements;

• A relevant graduate degree, with a strong preference for work in political economy, and at least four years of experience working to advance human rights and economic justice, with knowledge of international human rights law and mechanisms, or a relevant bachelor’s degree and at least seven years of progressive experience working to advance human rights and economic justice, with substantial knowledge of international human rights and strong grounding in political economy and movement-based work;

• Experience applying a feminist intersectional analysis, attentive to overlapping issues of exploitation and oppression; • Experience building solidarity with and across movements and organizations in diverse contexts;

• Ability to represent ESCR-Net and liaise with people at all levels, including effective public speaking skills and clear written communication;

• Ability to quickly grasp new issues through research and in dialogue with members;

• Ability to work effectively and collaboratively in a diverse secretariat with remote colleagues working in multiple time-zones;

• Fluency in oral and written English; and

• Strong working knowledge, both oral and written, of Spanish, Arabic and/or French. In addition to the qualifications noted above, the following skills and experiences are highly desirable:

• Fluency in Spanish, French and/or Arabic;

• Substantial experience organizing or campaigning for economic justice, ESCR or related social justice issues, ideally as part of or in close partnership with grassroots groups and social movements;

• Experience at the intersection of economic policy and women’s rights and/or environmental issues;

• Experience in building new programs and creating governance systems;

• Research and monitoring skills including, for instance, community-led documentation or participatory action research, budget analysis, data analysis and visualization, financial sector research, human rights impact assessment and monitoring, etc.;

• Strong network of connections in one or more regions with diverse civil society organizations;

• Experience engaging with UN and/or other intergovernmental bodies;

• Experience managing online tools for communication and collaboration;

• Experience living and working in multiple regions; and

• Experience with fundraising.