Organizaciones internacionales piden urgente intervención para detener ataques a defensores en Chilón

Compartimos la siguiente nota publicada por Chiapasparalelo – a 11 de Julio 2019 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la campaña de ataques contra organizaciones defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chilón.

Las organizaciones pidieron a las autoridades mexicanas adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para poner fin a la estigmatización y difamación en contra de la Misión jesuita de Bachajón, el sacerdote jesuita Sr. José Javier Avilés Arriola, el CEDIAC A.C., y del MODEVITE.

Asimismo tomar las medidas más apropiadas para garantizar su seguridad e integridad física, así como en general, la de todas las personas defensoras de derechos humanos en México.

Además, incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil.

También, implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre los actos de amenaza, intimidación y difamación contra organizaciones de derechos humanos defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chilón, en el estado de Chiapas, incluyendo la Misión Jesuita de Bachajón[1], en particular contra el sacerdote jesuita y coordinador del área de derechos humanos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, el Sr. José Javier Avilés Arriola[2], el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC A.C.)[3], y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE).

Según la información recibida, el 8 de junio de 2019, en el marco de una asamblea en el ejido San Sebastián Bachajón, autoridades municipales, ejidales y comunitarias del municipio de Chilón que hacían presencia, le dijeron a las comunidades que el sacerdote jesuita Sr. José Javier Avilés Arriola, su equipo pastoral de la Misión de Bachajón y el MODEVITE se oponen “al progreso y al desarrollo de los pueblos”. Estas imágenes fueron difundidas mediante un video en redes sociales. Con posterioridad a estos hechos se han reportado varios hechos de vigilancia en Bachajón, Municipio de Chilón, contra el Sr. Avilés y otros integrantes del CECIAD y de la Misión de Bachajón.

Según la misma información, los referidos señalamientos ocurren en un contexto de intimidación, amenazas y agresiones contra las organizaciones sociales y comunidades, que han venido manifestando su oposición a la construcción de la carretera San Cristóbal Palenque y del Tren Maya, por los impactos que ocasiona al medio ambiente y a sus territorios. Grupos políticos del municipio de Chilón, y autoridades del gobierno estatal y federal, vienen ejerciendo presión sobre las comunidades condicionando los recursos económicos y programas de gobierno y difamando públicamente a las organizaciones sociales, y defensores de derechos humanos de la tierra y el territorio, quienes también vienen siendo víctimas de vigilancias e intimidaciones constantes, particularmente en el caso de la Misión jesuita de Bachajón, CEDIAC A.C. y MODEVITE.

El Observatorio expresa su profunda preocupación por estos actos de difamación, estigmatización e intimidación, que ponen en riesgo sus vidas e integridad física, en un contexto en el cual se han incrementado los asesinatos contra las personas defensoras de derechos humanos en México. Según los recientes datos aportados por la CIDH y la ONU, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en los primeros cuatro meses del año 2019, 8 de ellas defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas[4].

El Observatorio insta a las autoridades mexicanas a abstenerse de realizar actos de intimidación, estigmatización y difamación contra las personas defensoras de derechos humanos, y en particular contra la Misión jesuita de Bachajón, incluyendo específicamente al sacerdote jesuita Sr. José Javier Avilés Arriola, el CEDIAC A.C., y el MODEVITE, y a adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica y reconocer públicamente la legitimidad de su labor.

Foto: Instalan Consejo de Gobierno Comunitario en Chilón, Crédito Chiapasparalelo

Más información: 

¡Por la autodeterminación de los Pueblos! 

Pueblos organizados de Chiapas nos oponemos a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático

[Reportaje] El trazo sucio de la minas, rastreado en tres continentes

Compartimos el siguiente reportaje espcial publicado en Proceso – Junio 2019 

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

 

Por Marion Guégan y Cécile Schilis-Gallego / Forbidden Stories , 21 junio, 2019 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas. 

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”. 

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona. 

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania. 

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

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Imágenes: Foto 1 La mina Proyecto Fénix en El Estor, Guatemala. Foto: Jerson Xitumul. Foto 2 Jóvenes desempleados se arman con machetes o lanzas y escalan el muro que rodea a la mina para intentar extraer oro. Foto: Forbidden Stories. Foto 3 Carlos Maaz fue asesinado por policías durante una protesta contra la mina de El Estor. Foto: Carlos Choc / Prensa Comunitaria.

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Honduras: Declaración de la XII Asamblea General de COPINH. “José Asunción Martínez” -Por la justicia, la unidad y la lucha territorial

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 2 de julio 2019 


Reunidos y reunidas delegadas y delegados de nuestra organización, durante los días 24, 25 y 26 de mayo del presente año en el Centro de Encuentros y Amistad “Utopía”, con representación de los departamentos de: Intibucá, Lempira, La Paz, Santa Bárbara y Comayagua declaramos ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

Nos hemos convocado en memoria del compañero Asunción Martínez, miembro histórico de nuestra organización que aportó con su análisis, su acción coherente y su poesía a las comunidades del pueblo Lenca y en memoria de nuestras ancestras y ancestros que dan fortaleza al trabajo de COPINH y que nos acompañan en su espíritu. Hemos retomado de su recuerdo el compromiso infatigable con nuestra organización, el análisis como parte del aporte a las luchas por la emancipación y la fidelidad con una lucha que debe ser incorruptible.

Durante estos días llegamos a acuerdos y compromisos políticos para darle continuidad a nuestra lucha y hemos reafirmado que las comunidades damos sentido al principio de organización de base, asumiendo que el COPINH es construido por todas y todos y somos las comunidades las que daremos vida a los compromisos políticos y la lucha asumida por nuestra organización en esta asamblea y durante estos 26 años de lucha.

Esto fortaleciendo nuestras estructuras comunitarias como los consejos indígenas, peleando por la participación política de las mujeres, dando espacio a la juventud indígena Lenca que hoy es un actor activo que no puede perder el acompañamiento de los consejos de ancianos y ancianas.

Reafirmamos el compromiso de seguir defendiendo nuestros territorios de los feroces intereses de empresas hondureñas y transnacionales, principalmente de los proyectos de producción de energía que reiteradamente han violentado el derecho de las comunidades indígenas de ser escuchadas y que se están imponiendo bajo el uso de las armas, miedo, división comunitaria y corrupción.

Recordamos en nuestra asamblea, las grandes enseñanzas de nuestra hermana Berta Cáceres que nos enseñó a no vacilar en la defensa de los territorios indígenas que hoy son la esperanza para el mundo ante los estragos del cambio climático del que ya se sienten sus impactos en nuestras comunidades.

En su memoria sabemos que todas las comunidades organizadas al COPINH hemos dicho que el gobierno no va a engañarnos con una falsa justicia ya que sabemos no han sido capturados y enjuiciados los autores intelectuales de su crimen que hoy caminan campantes en libertad haciendo negocio con el futbol, sus empresas financieras y otras sin inmutarse ante la ferviente demanda de que este crimen no quede en la impunidad.

El COPINH se seguirá fortaleciendo y seguirá participando en los procesos por refundar a nuestra Honduras que sigue secuestrada por los intereses golpistas que hoy tienen el rostro de Juan Orlando Hernández que agrede el derecho a la educación y la salud, como ha agredido los derechos territoriales de las comunidades indígenas y campesinas. El pueblo Lenca no será libre ni democrático bajo este gobierno entreguista y dictatorial.

Hemos recogido además el compromiso a ser comunidades en solidaridad con nuestras comunidades vecinas, con las defensa del territorio de otros pueblos y organizaciones a nivel nacional e internacional. Hemos elegido de manera participativas nuestras estructuras representativas: nuestra coordinación general, nuestro consejo de ancianos y el tribunal de honor y, a parte de esto, hemos presentado el consejo permanente de las mujeres. Varios de los liderazgos que ya no están dentro de nuestra coordinación reafirmaron su compromiso de seguir acompañando la lucha, ya que para ello no se ocupa ningún cargo y otras y otros han decidido retirarse de nuestra organización.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Coordinación General del COPINH 2019-2021

 Dado en La Esperanza, Intibucá a los 29 días del mes de mayo del año 2019.

Imagen: COPINH

Más información: 

FE DE ERRATA – Declaración de la 2da. Asamblea general de Mujeres de COPINH 

Proyectos de energía “renovable” en Honduras: corrupción, asesinatos y muerte

[Comunicado] Somos nosotros quienes pedimos derecho de replica Sr. Presidente

Comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala- A 9 de julio 2019 


SOMOS NOSOTROS QUIENES PEDIMOS DERECHO DE REPLICA SR. PRESIDENTE LO INVITAMOS A HUEXCA A INICIAR UN DIALOGO

Carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador

Sr. Presidente, usted en su campaña dijo que escucharía al pueblo, ya como Presidente reafirmó que el pueblo es sabio, que el pueblo debe decidir su propio destino, suponemos… No que una parte del pueblo decida por los demás siguiendo sus designios, Sr. Presidente. El día 8 de julio usted anunció que hablará con los afectados del PIM, que nos va a ir a ver de manera directa y que nos explicará las cifras del proyecto, que buscará convencernos, que el proyecto se tiene que concretar, que no podemos convertir en chatarra los millones invertidos. Pues nosotros le decimos, adelante, lo esperamos en Huexca, usted ponga la hora y el día, nosotros ponemos la organización y el lugar, y platicamos de manera calmada, tranquila.

Usted nos escucha y nosotros lo escuchamos, de manera pública, “nada en lo oscurito”, como usted dijo en su campaña y ahora como Presidente. Usted quiere explicarnos sus razones, adelante, lo escuchamos, pero es justo que también escuche las nuestras y nos conteste de manera honesta y sincera, sin ataques ni descalificaciones de «radicales de izquierda, que (para usted) somos lo mismo que conservadores”.

Usted dice que quiere derecho de réplica, que por eso va buscar el dialogo para exponer porque se tiene que echar andar la termoeléctrica, pero lo suyo no es réplica, lo suyo es un discurso con toda la fuerza del poder presidencial que tiene, con los medios nacionales e internacionales escuchando y reproduciendo lo que usted dice todos los días, eso no es derecho de réplica, lo nuestro sí.

Porque nos llamó y llama ultra radicales conservadores, sin antes escucharnos, por eso nosotros si queremos derecho de réplica, que usted nos escuche y escuche nuestras razones de porque no al PIM. Y le reiteramos, también lo vamos a escuchar, nada más que si va a venir a platicarnos lo que dijo el 8 de julio en medios de comunicación, déjenos adelantarle unas preguntas que tenemos:

– ¿No se le hace incongruente a sus principios de “basta de privilegios” esta frase que dijo: “Si un gasoducto se tiene detenido, tenemos que pagar una multa a las empresas que construyeron esos gasoductos con esos contratos leoninos»? ¿Porque se les tiene que pagar multas a empresas con contratos leoninos? ¿No sería mejor anular esos contratos leoninos, defender el erario ante empresas mañosas y proteger los derechos y territorios de los pueblos?

– Cuando usted dice: “que nos permitan terminar esas obras, porque no fue culpa de nosotros. Estuvieron mal. Eso de los gasoductos fue un exceso, fue un negocio malo para la hacienda pública”. Y habla que los contratos de los gasoductos lo que pretenden es encarecer los costos de la energía eléctrica ¿Por qué quiere usted entonces, que se termine de concluir la ignomia del PIM, si el comprar ese gas natural es un mal negocio y encarece los costos de la energía eléctrica? ¿No acaso nos dijo a los conservadores que estábamos mal sino dejábamos terminar el PIM, porque se estaría dando más dinero a las empresas? ¿Acaso el Gasoducto Morelos no es una empresa extranjera que saldrá muy beneficiada y que actuó con malas prácticas para instalar su negocio? ¿Porque para ellos no hay castigo y a los pueblos nos pide resignación, que debemos renunciar a nuestros derechos? Porque lo que usted nos pide es renunciar a nuestra forma de vida, ver morir el valle de los pueblos del volcán, porque usted mismo ha dicho en los amparos que el PIM es para la industrialización de la zona.

– ¿Porque cuando usted estaba en campaña dijo que no a la termo, no al gasoducto y no al acueducto, que lo apoyáramos a llegar a la Presidencia para cancelar esos proyectos y hoy nos dice que se tiene que hacer? – ¿Porque si la cancelación del aeropuerto es mas cara y el PIM que se ha impuesto, es peligroso, es un mal negocio para el Estado y esta hecho a base de contratos leoninos, no se puede cancelar?

– ¿Quién mató a Samir? ¿Por qué tres días antes de la consulta? ¿Qué empeño y atención a puesto en encontrar a los culpables, caiga quien caiga? ¿Por qué siguen muriendo defensores de derechos humanos?

– ¿La violación al derecho a la consulta y autodeterminación de los pueblos no merece un castigo en la transformación que usted plantea?

– ¿Cuánto vale una vida, la seguridad de la población? ¿Más o menos de 20 mil millones de pesos? Perdón que se lo preguntemos, pero es que no sabemos, nunca hemos vendido una vida, porque si usted nos habla de dinero, nosotros solo podemos hablarle de dignidad.

¿Acepta nuestra invitación o cuando habla de diálogo solo piensa en simularlo con los que están de acuerdo con usted, con los que solo quieren sacar provecho económico del despojo a los pueblos? Nosotros estamos dispuestos a recibirlo, para que por fin dialoguemos, y ya no solo nos descalifique desde el micrófono y desde su templete, lo invitamos a que venga a nuestra casa, pero lo invitamos a usted, sin policía, ni ejército, ni acarreados, ni enviados previos a dividir a la comunidad, nada, respete la casa a donde lo invitan, por favor.

Ti neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero Comité Huexca en Resistencia.

Firma

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Imagen: Facebook Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala

Más información: 

¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 

[Artículo] En esta lucha voy a dar la vida: Samir Flores

[Artículo] ¿Quién mato a Samir Flores?

LLAMADO A PLANTÓN HUEXCA POR LA PAZ 

Guanajuato: No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

Boletín de presa de la Hermandad de la Cuencia de la Independencia, Acción Colectiva Socioambieltal A.C. y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 8 de julio 2019


No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende explotar su Proyecto Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia. De realizarse, su proyecto abarcaría un área total de más de 20,000 hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua.

En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del “Acuífero de la Independencia”, el acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterranea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, la empresa minera canadiense Argonaut Gold pretende iniciar las operaciones de su Proyecto Cerro del Gallo, a ubicarse en el territorio de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.

El Proyecto se ubica dentro la Cuenca de la Independencia, un territorio así denominado por formar parte de un solo Acuífero subterráneo, como ha sido demostrado por los estudios realizados desde 1998 por el Centro de Geociencias de la UNAM, aunque la Comisión Estatal del Agua no lo reconozca así. Este Acuífero abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato, desde San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende. La sobreexplotación del Acuífero es tan grave que el agua está siendo tomada más allá de los límites de extracción sustentable, ello se constata con los pozos que existen en la región que alcanzan entre 400 y 700 metros de profundidad. El agua extraída a esas profundidades, contiene un exceso de elementos químicos como el arsénico y el fluoruro, los cuales son altamente dañinos para la salud de toda la población.

Si el Proyecto Minero del Cerro del Gallo empezara a operar los riesgos para los habitantes se multiplicarían de manera exponencial ya que generaría de inmediato graves afectaciones al equilibrio ecológico de la zona, como de hecho está sucediendo en todas las minas a cielo abierto que se encuentran en el territorio nacional, toda vez que para su operación, además de extraer grandes cantidades de agua, la cual es insuficiente para el consumo humano y las actividades agropecuarias de las familias campesinas, arrasaría un cerro completo, tal como sucedió con el emblemático Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, dejando en su lugar un enorme cráter; además de ello, el proceso de cianurización de las enormes cantidades de material extraído, con el propósito de separar los minerales, generaría gravísimos efectos de contaminación afectando todo tipo de vida.

Por tales razones, los habitantes de las comunidades cercanas al Proyecto Cerro del Gallo han manifestado su rechazo absoluto a la explotación minera de Argonaut Gold, ya que ello conllevaría a la violación de sus derechos humanos, el desplazamiento involuntario de muchos habitantes, impactaría negativamente su economía, y comprometería la calidad de vida de las familias en el presente y en el futuro. Ante esta convicción, las mismas comunidades exigen al Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo que no otorgue ningún tipo de permisos y/o autorizaciones a la empresa Argonaut Gold para su Proyecto Cerro del Gallo.

8 de julio 2019 Dolores Hidalgo, Guanajuato CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

A T E N T A M E N T E

Comunidades Opositoras al Proyecto Minero Cerro del Gallo

SANTA BARBARA | CERRITO DE GUADALUPE | LA COLMENA | EL DURAZNO | PALACIO DE ABAJO | EL POTRERO DE GUADALUPE | SAN JOSÉ DE LA CAMPANA | SAN JOSÉ DE LA PALMA | EL LLANITO | LA VENTILLLA | SAN ISIDRO EL SISOTE | SAN MARCOS | PURISIMA DE CEBOLLETAS | CABAÑA DE SAN JERÓNIMO | LA TINAJA

HERMANDAD DE LA CUENCIA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

[Artículo] Argentina: Corte Suprema declaró que la Ley de Glaciares es Constitucional

Compartimos este artículo publicado por Radio Mundo Real (RMR) – A junio 2019 

Mineras y gobierno de San Juan habían presentado recursos de nulidad e inconstitucionalidad. En el país hay 19 mil glaciares. 

 

Esta decisión del tribunal máximo de Argentina rechaza los recursos judiciales presentados por empresas mineras apoyadas por el gobierno provincial de San Juan, que pretendían anular y declarar inconstitucional la Ley de Glaciares, sancionada en 2010.

En el país sudamericano hay 322 proyectos mineros, de los cuales 77 están en áreas o cuencas hídricas inventariadas (44 en territorios de hielo), siendo los glaciares fuentes de agua.

Al declarar la constitucionalidad de la ley se podrán abordar esos 44 proyectos de minería ubicados en áreas glaciares y periglaciares. “La ley es taxativa: esos proyectos deben clausurarse”, dijo a RMR la activista ambientalista Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina.

>>Escucha la entrevista<< 

EL CASO.

Las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas SA. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., concesionarias del emprendimiento binacional Pascua Lama, y la empresa Minera Argentina Gold S.A., concesionaria del emprendimiento “Veladero”, presentaron hace un tiempo el recurso ante la Justicia argentina para anular y declarar «inconstitucional» a la ley de glaciares vigente en ese país.

El 4 de junio, la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda, considerando que Barrick Gold y Minera Argentina Gold «no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera».

Cabe agregar que el gobierno de la provincia de San Juan, se había sumado al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley. La Corte consideró que tampoco el gobierno pudo explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio e iría contra la Constitución nacional.

De hecho, el fallo recuerda que la Carta Magna argentina «establece que la protección del ambiente es una tarea conjunta del gobierno nacional y de las provincias».

(CC) 2019 Radio Mundo Real

Imagen: No a la Mina- Archivo Radio Mundo Real

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Sicario contratado por David Castillo para asesinar a Berta Cáceres aparece muerto

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 5 de julio de 2019 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH comunica que según informaciones comunitarias el señor Olvin Gustavo García Mejía ha sido encontrado muerto el día de ayer 4 de julio en la comunidad de San Bartolo, en la zona norte de Intibucá, después de haber sido visto por última vez el día sábado 29 de junio. 

Con la muerte de Olvin García Mejía se sepulta un testimonio clave y se oculta la verdad sobre los planes de la empresa DESA para asesinar a Berta Cáceres. García Mejía fue denunciado en reiteradas ocasiones como sicario contratado por la empresa para asesinar a Berta Cáceres y líderes comunitarios. David Castillo lo identifica como “nuestra mejor seguridad en el sitio de presa” en conversaciones con Sergio Rodríguez (ver anexo).

En diciembre de 2015 Olvin García tenía dispuesto asesinar a Berta Cáceres y a líderes de la comunidad bajo orden de la empresa DESA. Sin embargo, el plan fue frustrado debido a su captura el 27 de diciembre de 2015 por el delito de portación ilegal de armas. Cuando, además, tenía pendiente una orden de captura por el asesinato de Bernardo Pérez.

En tan solo 4 días salió en libertad gracias a las labores de David Castillo, Daniel Atala Midence, Sergio Rodríguez y Jorge Ávila, ejecutivos y empleados de la empresa DESA, quienes “trabajaron” testigos, influenciaron al Ministerio Público de La Esperanza y pagaron, por lo menos, la fianza y representación legal de una persona de la cual se han tratado de desvincular.

García Mejía fue liberado en tan solo 4 días por 2 delitos graves con el favor del sistema de justicia hondureño y el dinero de la empresa DESA, sin embargo, nuestros compañeros presos políticos cumplen a la fecha año y medio de prisión injusta.

Olvin García Mejía estuvo involucrado en múltiples crímenes violentos contra la comunidad de Río Blanco, incluyendo asesinatos. A pesar de las múltiples denuncias, nunca fue sancionado por las autoridades.

Nos preguntamos si esta muerte hace parte de un plan para borrar las evidencias y conexiones de David Castillo Mejía con la violencia en la comunidad de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres, junto a su campaña mediática de falsedades y mentiras.

Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades investiguen los hechos de su muerte y los hechos por los cuales esta persona fue contratada para asesinar a Berta y liberada en diciembre de 2015.

Solicitamos que se investiguen las actuaciones de:

  • Hodalma Lizeth Benítez Erazo, representante legal de Olvin bajo pago de DESA.
  • Heidy Gabriela Ordoñez Perdomo y Ela Argentina Argueta Silva, fiscales del caso.
  • Lissien Lisseth Knight Reyes y Victorina Flores Orellana juezas del caso.
  • Los expedientes judiciales corren bajo los números:
    • Caso de Homicidio de Bernardo Pérez – Expediente 1001-2015-00008
    • Caso de Portación Ilegal de Armas – Expediente 1001-2015-00107-B

¡BASTA DE IMPUNIDAD! ¡QUEREMOS LA VERDAD!

Dado en la ciudad de La Esperanza a los 5 días del mes de julio.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

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Compartimos el siguiente artículo publicado por Avispa Midia – Mayo 2019

Por Aldo Santiago

En el 2019, mientras se esparcen movilizaciones en decenas de países para demandar acciones reales para enfrentar las consecuencias del calentamiento global, en México el gobierno federal aumenta la inversión en las industrias más contaminantes del planeta.

Tras el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 -2024, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la administración pública “no se ajustará a los dictados de los organismos financieros internacionales” y pese a ello obtendrá para 2024 un crecimiento económico del seis por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) al final de su periodo y “cuatro por ciento en promedio anual, al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal en 36 años”.

No obstante el discurso oficial que proclama “el final de las políticas neoliberales en México”, la gestión económica actual opera bajo el marco jurídico reformado en el periodo de Enrique Peña Nieto, el cual continúa las políticas que promueven la inversión nacional y extranjera para sectores claves de la economía mexicana como el de la construcción de infraestructura energética, principalmente para la extracción y refinación petrolera en Dos Bocas Tabasco, así como en la construcción de megaproyectos como el Corredor Transístmico en Oaxaca y el Tren Maya en Chiapas.

“Al ponernos una camisa de fuerza nosotros, de no gastar más de lo que ingresa, quiere decir que el motor de la economía será el sector privado”, declaró el ahora jefe de la oficina de la presidencia, el empresario Alfonso Romo, mientras difundía la promesa del nuevo gobierno de izquierda: “México será un paraíso de inversión”.

Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación presentado en el año 2017, documento donde se plasman los fundamentos para las políticas públicas que proponía el equipo de AMLO, entonces candidato presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ya instalado en el sector público en 2019, el empresario ha vinculado a los personajes mas ricos de México en el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia. En dicho grupo convergen ocho de los dueños de las mayores industrias: telecomunicaciones, construcción, bancos, televisoras, hoteles, aerolíneas, entre otras, quienes coordinados por Alfonso Romo se reunirán bimestralmente con AMLO para influenciar sus acciones y planes en materia económica.

El consejo se encuentra vinculado con la estructura del gobierno federal pues cuenta con representación de las secretarías de agricultura, comunicaciones, economía, energía, hacienda, medio ambiente, relaciones exteriores y trabajo, con lo cual se discutirán estrategias transversales para las alianzas de inversión pública y privada en México.

Otros funcionarios federales como la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, han señalado el eje de su política económica al destacar que “en el nuevo PND están convocados los diversos sectores económicos con quienes tienen una estrecha relación, a través de un trabajo cotidiano, nuestras acciones buscan conciliar las necesidades particulares con el interés general”. 

Inversión a fósiles y el lavado verde

Incluso meses antes de la toma de posesión de AMLO, en todo el territorio nacional diversos sectores sociales han manifestado su inconformidad ante las políticas del nuevo gobierno que confluyó en el variopinto grupo de Morena. 

Campesinos demandan la cancelación de megaproyectos en sus tierras y denuncian el mal uso de las “consultas populares”; organizaciones civiles exigen la liberación de presos políticos y la desmilitarización del país; indígenas reclaman respeto a sus formas organizativas, sus semillas nativas, sus territorios.

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros”, enfatizó López Obrador en una de sus recientes visitas a Juchitán, Oaxaca, en la que improvisó una “consulta” a mano alzada a favor de la construcción del Corredor Transístmico.

Muy al contrario, los pueblos de la región del Istmo han denunciado la manipulación del mecanismo de “consulta” emprendida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para legitimar un proyecto que continúa la inversión proyectada en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretadas por el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.

En consonancia con sus acciones, la continuidad en las políticas neoliberales desde la nueva administración dirigida por Morena le otorgan a México ser catalogado como el noveno mejor país del mundo para invertir, de acuerdo a reportes del Foro Económico Mundial.

Entre las principales industrias con las cuales la autodenominada Cuarta Transformación conseguirá la inyección de capital para alcanzar las tasas de crecimiento económico prometidas son, en primera instancia, las que están vinculadas con los mayores motores de la crisis climática global: la extracción de petróleo, carbón, gas, e incluso el uso del fracking, apuestas del nuevo gobierno para que México procure su autosuficiencia energética.

Por ello, mientras en el PND solo menciona fugazmente el “desarrollo sostenible”, el gobierno de izquierda pretende reverdecer su imagen mediante la operación de programas como Sembrando Vida, cuyo objetivo al “reforestar” busca insertar territorios campesinos del sureste mexicano para la producción de plantas tropicales a comercializarse en los mercados nacionales y extranjeros.

“En el mundo existen muchos recursos financieros que están buscando países con potencial de mercado y necesidades de proyectos de inversión”, manifestó Romo durante el anuncio de creación del Consejo Asesor Empresarial en febrero del 2019.

En dicha reunión, Romo destacó el papel de los empresarios reunidos en ese momento para obtener “financiamiento para los sectores y regiones estratégicos del Proyecto de Nación, en concordancia con la Agenda 2030 (de la ONU) y el Plan Nacional de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Como parte de ese lavado verde, el gobierno mexicano asume sin chistar las principales directrices emitidas por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros bajo los proyectos de la ONU y las ONGs de conservación, principales promotores de la implementación de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de Paris en materia de cambio climático.

Mientras en el mundo industrializado de 2019 los jóvenes realizan protestas para demandar un plan contra el calentamiento global, el sistema financiero apoyado por la ONU vocifera la solución a la catástrofe inminente: la consolidación de los mercados verdes para poner precio a los bosques en su afán de “reducir” las emisiones de contaminantes causantes de la crisis climática.

Al tiempo que aumentan las movilizaciones en demanda de acciones concretas como la de mantener los combustibles fósiles bajo el suelo, en Europa, el precio de las emisiones en el mercado de créditos de carbono, o permisos para contaminar, ha incrementado significativamente su valor. Sólo desde 2017 hasta abril de 2019 ha aumentado cinco veces su precio, al pasar de 5 a 25 euros.

Con ello, el boyante negocio de los mercados verdes se consolida gracias a los promotores de estos mecanismos, quienes pertenecen al sector más sucio del planeta: las industrias extractores de combustibles fósiles.

Ante la publicación en mayo de 2019 de un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) donde se demuestra que la actividad humana está amenazando la existencia de más de un millón de especies de plantas y animales, más que nunca antes en la historia de la humanidad, cabe preguntarse si confiar al mercado el futuro del planeta es una acción responsable.

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Foto: Avispa Midia

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A 40 meses del asesinato de la compañera Berta Cáceres exigimos juicio y castigo para autores intelectuales del crimen

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones  Populares e Indígenas de Honduras (COPINH ) a 40 meses del asesinato de Berta Cáceres – A 2 de julio 2019 

Más de 3 años después del asesinato de la compañera Berta Cáceres, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados y, ahora, enfrentamos una campaña mediática que busca mantener en impunidad su caso. A continuación, presentamos una actualización del proceso a #40MesesSinJusticia.


7 meses sin sentencia

El 19 de octubre de 2018 inició el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este juicio se caracterizó por una serie de graves irregularidades practicadas desde el inicio del proceso que violentaron el derecho de la familia de Berta Cáceres y el COPINH al acceso a la verdad y la justicia.

Para el 29 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo en que condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.

A 7 meses de la emisión de este fallo condenatorio aún no se emite sentencia escrita que debe contener la individualización de lapena. Según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia. En este caso la falta de sentencia pone en peligro el fallo emitido contra los autores materiales del crimen y representa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales.

Campaña por la impunidad

El 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, único autor intelectual detenido por el asesinato de Berta Cáceres.

Un año después, en marzo de 2019, la UFECIC en conjunto con la MACCIH, emitió un requerimiento fiscal a 16 funcionarios públicos por los delitos cometidos en la licencia ambiental otorgada a DESA para la imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. A David Castillo se le imputó por Fraude, Negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos falsos.

Posteriormente, a principios de abril de este año se realizó la audiencia preliminar en contra de David Castillo por el asesinato nuestra compañera. En esta audiencia la defensa de David Castillo presentó un nuevo peritaje como medio de prueba en un momento procesal inadecuado, lo que implicó la suspensión de la audiencia que, hasta la fecha, no se ha retomado. ..

Junto a esto, la defensa de David Castillo y de DESA, con anuencia delos medios corporativos de comunicación, han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante tanto para la familia de Berta Cáceres como para el COPINH.

Nuestros pasos en el camino de la justicia

Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, exigimos que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más.

Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades lencas, debe ser cancelada inmediatamente.

Finalmente, es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y, en particular, que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos. 

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#40MesesSinJusticia

#JusticiaParaBerta

#CapturaALosAutoresIntelectuales 

VIDEO: A 40 meses de Impunidad, seguimos exigiendo Justicia para Berta

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[Artículo] Ixtacamaxtitlán: 60 días de tensión por mina canadiense

Compartimos el siguiente artículo publicado en Pie de Página – A 2 de julio 2019 

La Semarnat tiene dos meses para definir si avala o no la propuesta de mina a cielo abierto para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, realizada por la canadiense Almaden Minerals. Durante el proceso, la empresa ejerce presión en el pueblo


Texto: Ana Cristina Ramos

En las playeras amarillas leían “Sí al proyecto Ixtaca”. Era una sesión informativa y pública realizada por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Una minera canadiense, Almaden Minerals, pretende pasar de fase de exploración a la más destructiva: explotación del oro de este pueblo; quienes portaban la playera con esta frase no eran pobladores de la comunidad, si no acarreados llevados por la empresa canadiense desde Veracruz.

El foro público de la Semarnat del 25 de junio se enmarca en el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó la empresa canadiense para poder modificar el permiso que tiene y pasar conseguir pasar a la fase de explotación.

La empresa canadiense entró al municipio el 24 de enero de 2019 con una filial mexicana, Minera Gorrión, directamente a la comunidad más afectada: Santa María Zotoltepec. En febrero entregaron la MIA a la institución federal. Sin embargo, desde 2001 cuenta con oficinas en la zona.

En el documento la empresa anuncia su interés de ocupar 1,044.02 hectáreas de territorio en Ixtacamaxtitlán, donde hay yacimientos de oro y plata en la cuenca alta del río Apulco, y solicita el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para extraer mediante una mina a cielo abierto.

Entraron al evento público realizado por Semarnat favoreciendo la opción de la mina y la población se enfureció y lo denunció mediáticamente y a través de organizaciones sociales como Poder Project. La práctica fue evidente, pues contrasta con las asambleas regionales que organizan comunidades Masehual-Totonaku en defensa del Territorio en las que participan.

Semarnat tiene 60 días para devolver la MIA con su decisión, pero en algunos medios de comunicación se ha manejado el dato de 30, y el antecedente que en abril el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla emitió una resolución que obliga a la canadiense a realizar una consulta con comunidades. Pobladores, sin embargo denuncian desconocer si esta infiltración es parte de ese requisito.

En la Sierra Norte de Puebla existen 105 concesiones mineras, 72 por ciento son de Almaden Minerals; Ixtacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Desde el 2011 que fue realizado el primer conteo, el número de concesiones mineras se ha triplicado. 

Los pobladores de la comunidad más cercana a la mina se han opuesto a su operación en distintas ocasiones, han protestado ante Semarnat, en Palacio Nacional, incluso desde el periodo donde sólo estaba explorando. Ahora que la minera tiene intenciones de operar, recabaron información sobre una serie de puntos que esperan les dé la razón para que la Semarnat no les avale la manifestación. 

El primer argumento que están planteando es que el proyecto está basado en una serie de concesiones que no existen porque se encuentran en litigio.

El amparo es el mismo que interpuso la comunidad de Tecoltémic desde el 9 de abril del 2015, en el Juzgado Segundo en Materia Civil Distrito de Puebla, el cual les otorgó la suspensión provisional y por ello la Secretaría de Economía suscribió en los títulos de concesión minera que éstos no podían revocarse, transferirse o hacerse ningún acto sobre ellos hasta que no concluyera el juicio.

Diana Pérez, abogada de la organización Tiyat Tlalli, que lleva el caso de la comunidad, explicó cuál es la estrategia de la minera: “quieren intentar reducir el número de concesiones; reducir las concesiones es algo así como partir el pastel en varios pedazos pequeños para después desistirse, decir, ‘bueno, yo no quiero estos pedazos’, pedazos que afectaban a Tecoltémic, ésa fue su estrategia para dejar sin estrategia el juicio”.

En marzo de 2018, un Tribunal Colegiado le volvió a dar la razón a Tecoltémic y le dijo a la Secretaría de Economía que no puede modificar los títulos de concesión que abarcan casi 14 mil hectáreas en el municipio –el 80 por ciento del municipio de Ixtacamaxtitlán– porque eso iría en contra de la sentencia que se dictó en el 2015.

Otro de los argumentos de los pobladores es que se omiten los impactos ambientales que el proyecto minero en la región. A lo que la empresa ha prometido en reiteradas ocasiones que la mina funcionará con agua de lluvia y que no hará uso del agua subterránea.

Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua, denuncia que el uso de agua que prevé la mina es desproporcionado con lo que los pobldores utilizan.“Con datos de los ponentes, la conclusión es que no es suficiente llevar a cabo el proyecto minero en tanto que están previendo utilizar cinco millones cuatrocientos mil litros de agua diarios, esta cantidad de agua es el doble de la cantidad de agua que utilizan las 120 comunidades de Ixtacamaxtitlan en su conjunto”, argumenta.

Fotos: Archivo/ Marlene Martínez y María Ruiz

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Conceden a comunidad de Ixtacamatitlán amparo contra minera 

Mujeres contra la mina

[Línea del tiempo] Lucha por la vida y contra el Despojo por el proyecto Presa Milpillas

Compartimos la sguiente línea del tiempo con información recabada por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) sobre la presa Milpillas – Junio 2019 


Los Ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales en el Municipio de Jiménez del Teul Zacatecas luchan por la Defensa del Río Atenco y por no ser despojados de sus tierras por el Proyecto de «Presa Milpillas».

El gobierno de Zacatecas, México intenta desde hace varios años imponer el proyecto de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul que afectará gravemente a 19 comunidades.

Información recopilada por la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería REMA

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Martes 2 de julio, 6 pm Conversatorio:¿CONSULTA NACIONAL A FAVOR DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS? Análisis del impacto de las consultas en México»

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su conversatorio:

«¿CONSULTA NACIONAL A FAVOR DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS?

Análisis del impacto de las consultas en México»

Martes 2 de julio de 2019, a las 18.00h en LA COSECHA CAFÉ Calle Flavio A. Paniagua #2, Centro histórico, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

 

ENTRADA LIBRE



Ahora que estamos en al auge de la consultas para aprobar o no megaproyectos es un buen momento para analizar el impacto de estas en los procesos de autodeterminación de los pueblos y poblaciones afectadas en donde se pretenden instalar estos proyecto.

Acompáñanos a charlar del tema con Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería – REMA, la cita es este martes 2 de julio a las 6 de la tarde en el Café La Cosecha. Te invitamos a disfrutar de un delicioso café y apoyar el comercio justo y solidaria de las comunidades productoras da café en Chiapas.

Sigue la transmisión en vivo a través de Facebook Otros Mundos Chiapas

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