Roberto Savio, alainet.org

Roma, oct. 2014 – Si fuese necesario demostrar que estamos ante la total ausencia de una gobernanza global, la Cumbre Mundial sobre el Clima, convocada excepcionalmente por el inerte Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, sería un muy buen ejemplo.
 
Parece claro que ha despertado finalmente a los líderes políticos ante la evidencia de que hay un problema muy urgente, el cambio climático conjunto en nuestro planeta. Sin embargo, la falta de respuestas concretas, además del uso de lugares comunes generales sobre el tema, ha sido impresionante.

 
Sin dejar de reconocer el problema, muchos líderes han encontrado una manera de esquivar su responsabilidad indicando limitaciones en sus países. Esa fue la fórmula a la que recurrió  Barack Obama para dejar en claro que el Congreso estadounidense no estaría dispuesto a ratificar un tratado internacional sobre el clima.
 
Por supuesto, la ratificación  es válida para cualquier tratado internacional. Pero en este caso se trata de que el Congreso no acepta la vinculación de los EE.UU. debido a su destino excepcional, que no permite que sea objeto de escrutinio o control por parte de quienes no son ciudadanos americanos. Estados Unidos se ha convertido en un país disfuncional, donde el poder judicial, legislativo y ejecutivo no logra cooperar, incluso en temas cruciales.
 
Anant Geete, nuevo ministro indio de Industrias Pesadas y Empresas Públicas, afirmó que el crecimiento de su país tiene prioridad sobre cualquier otra cosa, y por lo tanto la India seguirá el camino de la industrialización y la energía completamente basada en el carbón, mientras que otras energías renovables surgirán progresivamente, incluso si esto hará que de la India eventualmente se convierta en la mayor contaminadora  mundial.
 
La Unión Europea no puede hacer ningún tipo de compromiso, ya que una nueva Comisión debe a asumir el mes próximo  y la persona designada para el puesto de Comisario para la Acción Climática y Energía fue el conservador español Miguel Arias Cañete, uno de los principales accionistas en dos empresas petroleras españolas – Petrolifera Ducal y Petrologis Canarias – hasta que vendió sus acciones para apuntalar el apoyo a su candidatura.
 
Ningún problema, ya que la esposa, el hijo y el cuñado de Cañete, no siguieron este  ejemplo y se mantienen como accionistas e incluso ocupan puestos en los consejos de administración de las empresas.
 
De acuerdo con esta misma sensibilidad política, la nueva más conservadora Comisión Europea ha dado la cartera de Servicios Financieros al bien conocido lobbista de la City de Londres, Lord Jonathan Hill.
 
Tal procedimiento de compromisos políticos es como designar al Conde Drácula administrador de un banco de sangre,  difícilmente un sistema en que sea probable recurrir a los donantes!
 
Lo triste es que no hubo falta de documentos de base para la Cumbre del Clima de la ONU.
 
Además de un informe elaborado por el Consejo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que reúne a 3.200 científicos de todo el mundo,  había por ejemplo, un informe preparado por el Ministerio español de Agricultura (que claramente no es una cartera de un gobierno de izquierda), basado en un detallado estudio de las áreas costeras españolas, que concluye que en 2050 el nivel del mar Mediterráneo subirá un mínimo de 30 centímetros (si se toman las medidas de control climático ahora) hasta un máximo de 60 centímetros (si no se toman medidas).
 
Eso significa que la costa retrocederá entre 20 y 40 metros, con un efecto evidente en el turismo, los puertos y los asentamientos costeros. Hace cien años, sólo se utilizaba 12 por ciento de la costa, llegando a 20 por ciento en 1950,  a 35 por ciento en 1988 y 75 por ciento en 2006.  En España, 15 millones de personas viven en la zona que se verá afectada por el cambio climático.
 
Obviamente, Francia, Grecia, Italia, Túnez y el resto de países mediterráneos compartirán el mismo destino.

Otro estudio más global,  realizado por el grupo de investigación de Estados Unidos Climate Central,  basado en datos más detallados del nivel del mar y que ha estado disponible previamente, informa que aproximadamente uno de cada 40  habitantes  en el mundo,  cerca de 177 millones de personas,  vive en un área que será susceptible a inundaciones en los próximos 100 años.
 
Incluso si se tomaran medidas inmediatas para el control climático, 1,9 por ciento de la población de los países ribereños se vería afectada. En el peor de los casos, la cifra sería de 3,1 por ciento. Para dar un ejemplo concreto, cuatro por ciento de la población china, 50 millones de personas,  podrían verse afectadas. Ocho de los 10 grandes países con mayor riesgo se encuentran en Asia.

La voz de Abdulla Yameen, presidente de las Maldivas, en gran medida pasó a letra muerta  cuando recordó a los líderes en la Cumbre del Clima que los pequeños países insulares — que serían los primeros en sufrir de cualquier aumento de los niveles del mar—han constituido  una federación para defender su derecho a existir.
 
Toda una nueva generación ha nacido desde que se inició el debate sobre el cambio climático, pero no hay señales de que la situación está mejorando.

En una década, de 2002 a 2012, las emisiones globales de CO2 aumentaron en promedio 2,7 por ciento. En 2013, las emisiones eran las más altas de los últimos 30 años. Aún así, el sector de la energía está montando una fuerte campaña para negar que haya algún cambio climático.
 
Los negadores del cambio climático dicen que lo que está sucediendo es parte de un ciclo histórico normal, no el resultado de la actividad humana. Todos los datos que demuestran lo contrario están siendo ignorados y el resultado de esta campaña es que muchas personas creen que el debate sobre la cuestión sigue abierto.

Tal vez lo que pasó hace unos días entre Google y el American Legislative Exchange Council (Consejo Americano de Intercambio Legislativo – ALEC) es sintomático de este “ciclo histórico normal”.
 
El 22 de septiembre, el presidente de Google, Eric Schmidt, anunció que esa empresa de alta tecnología se retiraba de ALEC, explicando que “todo el mundo entiende se está produciendo un cambio climático y las personas que lo niegan están realmente haciendo daño a nuestros hijos y a nuestros nietos y contribuyendo para hacer del mundo un lugar mucho peor. Por lo tanto,  no debemos alinear con esas personas,  porque simplemente están mintiendo”.
 
ALEC es una organización conservadora que ha instado a la derogación de las normas de energía renovable estatales y otras políticas pro-renovables. Este Consejo elabora las propuestas de reglamentación que presenta a los políticos, pidiéndoles que hagan tan sólo el esfuerzo de convertirlas en ley.

En reacción a la decisión de Google, Lisa B. Nelson, CEO de ALEC, dijo: “Es lamentable saber que Google ha puesto fin a su afiliación en el Consejo de Intercambio Legislativo estadounidense como consecuencia de la presión pública de individuos y organizaciones de izquierda que intencionalmente confunden las perspectivas de la política de libre mercado con la negación del cambio climático”.
 
En palabras simples, si una persona está preocupada por el cambio climático, es calificada como un izquierdista que está  en contra del mercado!

El hecho es que los ejecutivos de muchas grandes empresas están muy por encima de los líderes políticos. Ellos pueden tomar decisiones sin trabas de restricción política y han descubierto que trabajar en sentido del control climático, es útil no sólo en términos de relaciones públicas, sino también económicamente.
 
Por ejemplo, cuarenta grandes empresas, entre ellas l’Oreal y Nestlé, emitieron una declaración el 23 de septiembre comprometiéndose a ayudar a reducir la deforestación tropical a la mitad para el año 2020 y detenerlo completamente hacia 2030.  Algunas de estas empresas trabajan con aceite de palma, una producción rentable a expensas de los bosques tropicales, especialmente en Indonesia.

De hecho, tan sólo algunas corporaciones fueron las que asumieron algunos compromisos concretos en la Cumbre de Nueva York.
 
El CEO de Apple, Timothy Cook, dijo que su empresa se había comprometido a centrarse en las emisiones de sus principales proveedores, que representan alrededor del 70 por ciento de los gases de efecto invernadero provenientes de la producción y el uso de productos de la compañía.

Cook rechazó la idea de que la sociedad debe elegir entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, dando como ejemplo una enorme granja solar que su empresa construyó en Carolina del Norte para ayudar a accionar un centro de datos. “La gente nos dijo que esto no podría suceder, que no era posible, pero lo hicimos. Es muy bueno para el medio ambiente y por cierto también es bueno para la economía. “
 
Para no ser menos, Cargill, la gran procesadora de productos básicos estadounidense, se comprometió a ir aún más lejos en un compromiso ya existente de no deforestación en el proceso del aceite de palma y extenderla para cubrir todos sus productos agrícolas. En conjunto con otras empresas de procesamiento de aceite de palma de Indonesia, Cargill ha pedido al gobierno indonesio a sea más duro en relación a la deforestación.

Entre tanto, muchas voces de todo el planeta no han  permanecido indiferentes y en silencio sobre el tema. Salvaguardar el medio ambiente ha sido durante mucho tiempo una bandera de lucha para una gran parte de la sociedad civil en todo el mundo y una de las principales causas de preocupación entre las generaciones más jóvenes.
 
Los cientos de miles de personas que salieron a las calles en todo el mundo antes de la Cumbre de Nueva York en solidaridad con la urgente necesidad de hacer algo sobre el clima, no eran un mero producto de la imaginación de los medios. Pero ¿por qué fueron tan claramente invisibles para quienes toman las decisiones en el planeta?

La próxima fecha importante para la  agenda del clima es la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP21) que se celebrará en París en 2015. ¿Nuestros dirigentes políticos de nuevo van a desperdiciar la oportunidad de hacer algo concreto?  ¿Continuarán a esperar y ver como el tiempo se agota para el planeta y para la humanidad?
 
– Roberto Savio es co-fundador y ex Director General de Inter Press Service (IPS). En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”. Other News . En español: http://www.other-news.info/noticias/ En inglés: http://www.other-net.info/

Por Amy Goodman, Democracy Now!

Algunas horas después de que 400.000 personas participaran en la mayor marcha por el clima de la historia, Estados Unidos comenzó a bombardear Siria y así inició otra guerra. El Pentágono afirma que los objetivos eran instalaciones militares del Estado Islámico en Siria e Irak, además de un nuevo grupo terrorista, Khorasan. El Presidente Barack Obama está iniciando una nueva guerra, mientras no hace nada para combatir el cambio climático, que empeora cada día. El mundo atraviesa dos crisis que están íntimamente ligadas: el calentamiento global y las guerras. Existen soluciones a ambos problemas, pero lanzar bombas no es una de ellas.

“En las guerras de hoy, mueren muchos más civiles que soldados; se siembran las semillas de conflictos futuros, las economías se destruyen; las sociedades civiles se parten en pedazos, se acumulan refugiados y los niños quedan marcados de por vida.” Este fue parte del discurso pronunciado en diciembre de 2009 por el Premio Nobel de la Paz de ese año, el Presidente Barack Obama. Cinco años más tarde, sus declaraciones se parecen a las noticias que recibimos a diario. El grupo pacifista PinkCode está exhortando al Presidente Obama a que devuelva el Premio Nobel.

En el mismo discurso, Obama afirmó: “El mundo debe unirse para hacerle frente al cambio climático. Hay pocos científicos que no estén de acuerdo en que si no hacemos algo, enfrentaremos más sequías, hambruna y desplazamientos masivos que alimentarán más conflictos durante décadas”. Obama también sostuvo: “Por este motivo, no son sólo los científicos y activistas los que proponen medidas prontas y enérgicas; también lo hacen los líderes militares de mi país y otros que comprenden que nuestra seguridad común está en juego”.

De hecho, el Pentágono considera desde hace tiempo que el cambio climático es una gran amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En su Examen Cuatrienal de Defensa de 2014, el Pentágono observó que los diversos efectos del cambio climático “empeorarán otros problemas en el extranjero como la pobreza, la degradación ambiental, la inestabilidad política y las tensiones sociales. Estas condiciones pueden dar lugar a la actividad terrorista y a otras formas de violencia”.

Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué no abordar la amenaza del cambio climático cuando aún estamos a tiempo? Asad Rehman de la federación ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, quien viajó a Nueva York para participar en la Marcha por el clima, me dijo: “Si podemos conseguir los billones [de dólares] que conseguimos para financiar conflictos, ya sea que se trate de una invasión en Irak o Afganistán o ahora para el conflicto en Siria, estoy seguro de que podemos conseguir los fondos necesarios para lograr la transformación que se requiere hacer para brindar energía limpia y renovable a las 1.200 millones de personas que carecen de ella”.

Asad Rehman es un firme opositor del enorme gasto militar. Durante años fue activista contra la guerra y considera que hay un fuerte vínculo entre la guerra y el calentamiento global. “El petróleo ha sido una maldición para la gente de Medio Oriente, ha sido un presagio de los conflictos y de la violencia; de la destrucción de civilizaciones antiguas y de las vidas de millones de personas”.

Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink, coincide con Rehman. Benjamin participó en la histórica Marcha por el clima y se sumó a otros miles de manifestantes al día siguiente para participar en la acción “Inundemos Wall Street” (Flood Wall Street), en la que 100 personas fueron arrestadas. Antes de ir a la Casa Blanca a protestar contra el bombardeo en Siria, Medea me dijo: “El petróleo es la base de la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. Si no fuera por el petróleo de Irak, Estados Unidos nunca hubiera invadido ese país”.

El martes, más de cien líderes mundiales, junto con representantes del sector industrial, participaron en una cumbre no vinculante sobre el clima. La cumbre fue convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con la esperanza de que daría el impulso necesario para las negociaciones formales sobre el cambio climático que procuran lograr un compromiso vinculante de los países del mundo para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento mundial de la temperatura a 2 grados Celsius. Se considera que un aumento de la temperatura de 2 grados es el límite máximo de aumento que el planeta, tal como lo conocemos, puede soportar.

Mientras las negociaciones sobre el clima no tienen mucho éxito ni atención mediática, el ataque del Presidente Obama contra el Estado Islámico y otros grupos considerados amenazas terroristas dominó la sesión de la Asamblea General de la ONU y fue el tema principal de una sesión especial del Consejo de Seguridad presidida por Obama. Al reflexionar sobre el futuro del movimiento mundial para combatir el cambio climático, Asad Rehman dijo: “Creo que los que participaron en la manifestación sin duda salieron de allí con más entusiasmo y con una mayor convicción de que el poder está en nuestras manos y no en ese edificio en Nueva York, no en la cumbre de la ONU”.

Antes de la invasión de Irak en 2003, el General estadounidense Anthony Zinni estimó que solo se podría tener éxito si se enviaba una fuerza de 400.000 soldados. Donald Rumsfeld envío menos de la mitad de soldados y bromeó al respecto: “Se va a la guerra con el ejército que se tiene, no con el ejército que se quisiera tener”. Fueron 400.000 las personas que asistieron a la marcha por el clima el domingo en Nueva York…un ejército de esperanza para un futuro sustentable.

(Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org)

* Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna

Periódico DIAGONAL

TELESUR:
Marchan en Nueva York contra capitalismo de Wall Street
Con el objetivo de “inundar Wall Street” más de 3 mil manifestantes expresaron descontento este lunes por los efectos del capitalismo en el cambio climático en las calles de Nueva York.

-La campaña Tras la Marca y la presión de consumidores y consumidoras lleva a Kellogg’s a anunciar que abordará el cambio climático
-La noticia llega una semana después de que Nestlé declarara Tolerancia Cero con el acaparamiento de tierras.

Saviano Abreu, Oxfam Intermón
en eldiario.es

Servindi presenta un informe sobre los impactos en Asia y en África de los mecanismos de compensación en base al comercio de carbono, conocido como REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación).

El colonialismo y la esclavitud jamás se marcharon: REDD+ en Asia y África

Por Oscar Guerrero Bojorquez*

Mientras los gobiernos del mundo asisten al debate sobre las catastróficas consecuencias que acarrea el calentamiento global, sucediéndose intensas negociaciones entre las delegaciones para llegar a unos términos mínimos de consenso, una estructura mercantil de alcance global amenaza con establecer una nueva forma de subyugación en Asia y África apropiándose de uno de los principales agentes de la vida en la Tierra: los bosques.

El actor central de esta amenaza se denomina REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques), cuenta con el patrocinio de Naciones Unidas y se presenta como una de las soluciones a la problemática del cambio climático. Dicho en términos sencillos la REDD es un esquema donde los países industrializados que más contaminan el planeta pagan a los países no industrializados para que se reduzcan los niveles de emisión de gases de efecto invernadero que provoca la deforestación y degradación de los bosques. Con ello, criminales climáticos como Shell o Chevron-Texaco pueden dormir tranquilos ya que si se sobrepasan en emisiones de carbono podrán comprar un bono equivalente al exceso de contaminación.

En efecto, todos los estudios científicos sobre el tema afirman que aproximadamente un 20 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son producto de la tala de los bosques, siendo los grupos transnacionales los principales responsables de semejante realidad. Por ello preocupa que las fuentes de financiamiento de REDD provengan del sector privado que incluye a las industrias extractivas que tanto daño han causado al medio ambiente.

Aunque los criterios que regirán este nuevo esquema no han sido consensuados en definitiva por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), están en marcha varios planes piloto en distintos países. Pero diversos informes de organizaciones internacionales de la sociedad civil basados en el trabajo que realizan en el terreno muchos especialistas en la materia hablan de que no solo se está lejos de satisfacer las expectativas creadas sino que además muchos pobladores de comunidades indígenas están viéndose severamente afectados en sus derechos más elementales por decir lo menos. Este artículo se centra en el alto costo social y ambiental que han supuesto la implementación de programas REDD en países de Asia y África en el curso de los últimos años.

Panorama REDD en Asia

Papua Nueva Guinea

En el año 2010 los proyectos tipo REDD Kamula Doso para el Manejo Forestal Mejorado y Abril Salumei para el Manejo Sustentable de Bosques solicitaron su aprobación según los estándares de la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA). Sin embargo testimonios recogidos en las comunidades dan cuenta de que la información y la comprensión del proyecto en la región son insuficientes como para concluir que el derecho a la consulta previa se está cumpliendo.

La empresa Nupan de Kirk Roberts creó el proyecto de Kamula Doso con la idea inicial de beneficiar a las comunidades indígenas. Sin embargo, salieron a la luz unos documentos oficiales sobre Créditos de Carbono Voluntarios enviados a la compañía de Roberts por parte de un funcionario del estado. Quedó claro que una empresa privada recibía autorizaciones del estado para llevar adelante sus proyectos a espaldas de las comunidades.

En concreto la propuesta REDD en Abril Salumei no responde a las controversias surgidas en torno a la tenencia de las tierras y la representación de la compañía de los terratenientes en la región. Más aún, los métodos empleados en las asambleas para informar lo que se pretende hacer son deplorables. Los agentes del proyecto REDD Abril Salumei llegan para presionar a la gente de las aldeas dejando sentado desde un inicio que su presencia no es para explicar ni menos responder preguntas, sino para únicamente escuchar un “si” o un “no” al proyecto.

En tales condiciones, las garantías mínimas para iniciar un diálogo brillan por su ausencia, la tala de los bosques no se detiene y los nativos no se están beneficiando de nada, todo lo cual evidencia el desastroso estado en el que se encuentra el comercio del carbono en Papúa Nueva Guinea. Así, los promotores de REDD en este caso han quedado realmente mal parados.

Indonesia

En el Informe de las Naciones Unidas sobre el Índice de Gobernanza de Bosques, Tierras y REDD+ en Indonesia del año 2012 se mencionan cuestiones cruciales como la planificación y la zonificación forestales, los derechos a la tierra y los bosques y la necesidad de una distribución más justa de los beneficios pero no se incide en el tema de fondo, es decir, en la territorialidad. El gobierno del país asiático pretende dar luz verde al desarrollo de sistemas REDD sin haber resuelto antes el tema de la propiedad sobre las tierras y las zonas forestales. ¿Cómo se puede permitir que agentes internacionales desplieguen toda una telaraña de compensaciones en zonas donde no está claro a quién le pertenecen las tierras?

El gobierno de indonesia tiene la obligación de establecer las bases jurídicas sobre los derechos de propiedad de territorios donde hace mucho tiempo viven las comunidades indígenas. Sólo entonces e incluyendo a los pobladores nativos, podrá negociar con los organismos internacionales la eventual implementación y conveniencia de los proyectos REDD.

Desde el año 2009 Naciones Unidas asignó más de 5 millones 500 mil dólares a Indonesia en la implementación de distintos programas REDD+. Y seguramente seguirán dando más. Pero ello no resuelve nada, los pueblos indígenas sienten que no son involucrados en la toma de decisiones y por tanto este mecanismo no puede garantizarles ningún beneficio.

El proyecto REDD de Ulu Masen en Sumatra se proponía generar 3,3 millones de créditos de carbono por año con el fin de financiar proyectos de conservación y desarrollo para los pueblos indígenas. Nuevamente aquí se puso de manifiesto la poca claridad con que se plantean estos esquemas. Un estudio de la consultora Development Alternatives concluyó que el proyecto era inviable a causa de un conjunto de problemas que iban desde cuestiones de tenencia de tierra hasta las actividades sobre el terreno con las comunidades que nunca se habían considerado.

Como si esto fuera poco, a fines de 2013 más de 75 organizaciones de todo el mundo lanzaron en Indonesia un manifiesto denunciando ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) lo que ellos llaman REDD del arroz. Esta inusual práctica consiste en que empresas como  Shell o Chevron utilizan el cultivo de arroz como una compensación por la contaminación que ocasionan sus actividades industriales.

Vietnam

En el año 2013 Vietnam siguió implementando la segunda fase del programa ONU-REDD en seis provincias. Los fondos destinados ascienden a la suma de 4 millones 400 mil dólares. De manera comprensible existe el temor entre las minorías étnicas de que se impongan restricciones al uso de sus tierras y bosques. No obstante, las autoridades vietnamitas llevaron a cabo un proceso de consulta a nivel nacional pero las propuestas que hicieron llegar los indígenas y sus observaciones no fueron atendidas.

En diciembre de 2013 se completó el primer borrador de las Directrices para la aplicación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Si bien es cierto diversas organizaciones no gubernamentales forman parte de la estructura REDD en Vietnam y trabajan coordinadamente con el gobierno, no se han incluido a representantes de minorías étnicas en la mesa de negociaciones. Esto último ha originado que rebroten las dudas sobre el accionar del proyecto y su finalidad.

Panorama REDD en África

Kenia

En el marco de los objetivos de ONU-REDD Kenia realizó en el 2012estudios específicos sobre asuntos de gobernanza basados en tres aspectos relevantes: primero se quería saber de qué manera el país puede fortalecer su marco legal para adaptar el proyecto REDD+. La segunda interrogante tenía que ver con las lecciones que debería sacar Kenia de los proyectos actuales de carbono del suelo para informar a un futuro sistema nacional de beneficios compartidos. Por último se pretendía identificar los riesgos de corrupción del programa REDD+.

Pero la metodología empleada para el estudio no fueron las más apropiadas. Se incluyeron apenas “entrevistas nacionales” y “a nivel de campo”, pero incluso estos datos ONU-REDD sospechosamente no los incluyó en un Informe Semi-anual del año 2013. También se hizo una entrevista en línea y organizaron algunos talleres. No se han registrado otros métodos para informar a las comunidades nativas, lo cual nuevamente viola el derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Lo peor estaba por venir. La ONG Survival International reveló que a inicios de 2014 el gobierno de Kenia ordenó el desalojo violento del Pueblo Sengwer del Bosque Embobut en las Lomas de Cherangany, llegando a incendiar cerca de un millar de casas de la aldea. El portavoz Sengwer, Yator Kiptum, denunció el “desastre” causado por la fuerza combinada del Servicio Forestal de Kenia y de la Administración de Policía declarando que el gobierno está acelerando la extinción del grupo étnico. En esta zona viven alrededor de 13 mil 500 aborígenes y son uno de los pocos grupos de cazadores-recolectores que quedan en el este de África.

Las autoridades han negado estos hechos y lejos de asumir una actitud autocrítica afirman con arrogancia que en los alrededores del bosque Embobut se está “educando” a las comunidades sobre la financiación del carbono. En otros términos, los representantes de REDD+ no solicitan ningún permiso ni ven la necesidad de preguntar a los indígenas lo que piensan sobre el negocio del carbono, simplemente  van y establecen las condiciones del proyecto. Acto seguido dan por clausurada la asamblea no sin antes advertir que quienes se opongan serán castigados. Así funciona REDD+ en Kenia con el contubernio de las autoridades gubernamentales.

Mozambique

Al caer la tarde, Albertina Francisco, campesina de la comunidad de Nhambita, en la provincia de Sofala en Mozambique,  regresa a su casa, cansada, después de otro día de actividad en su granja. Además de ocuparse del maíz, sorgo y mandioca que cultiva, Albertina comenzó a tener una tarea enorme y adicional: cuidar los árboles que plantó hace algunos años, para no verse penalizada a fin de año por la Envirotrade, la empresa británica con la cual tiene un contrato de provisión de carbono. Lo que sucede es que Albertina debe, obligatoriamente, evitar la muerte de las plantas y garantizar su buen desarrollo de tal modo que, por lo menos un 85 por ciento de las plantas recibidas sobrevivan. Como Albertina, 1.400 campesinas y campesinos más de Nhambita y otras comunidades cumplen la misma jornada.

El proyecto se denomina “Nhambita Community Carbon Project”. El objetivo de la empresa Envirotrade consiste en secuestrar carbono a partir de la agro-forestación, comercializar los créditos de carbono en el mercado voluntario, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Comprando créditos de carbono, las empresas de países industrializados pueden “vender” una buena imagen a sus clientes, limpiar su conciencia y proseguir con la contaminación del planeta.

Una falsa solución que incrementa los conflictos

Descritos algunos de los casos, en donde se llevan adelante planes piloto ONU-REDD, los abusos y explotaciones saltan a la vista. Solamente entre los años 2000 y 2010, unos dos millones de kilómetros cuadrados de tierras en Asia, África y América Latina y el Caribe fueron adquiridos o negociados bajo acuerdos firmados en nombre de gobiernos extranjeros o empresas transnacionales.

Los proyectos tipo REDD presionan por los bosques y causan conflicto dentro y entre comunidades indígenas, y otras poblaciones vulnerables. La pérdida del uso tradicional de los bosques, los incentivos financieros, el convertir los bosques en mercancía, la especulación financiera y el despojo de tierras socavan los sistemas tradicionales de gobernanza. Se corre el peligro de hallarnos ante una nueva forma de colonialismo disfrazada de lucha contra el cambio climático.

La solución no está en mercantilizar lo que nos queda de la naturaleza como pregonan los defensores de REDD. Muy por el contrario, es hora de parar la mano, expulsar a los agentes del capitalismo depredador de los bosques, detener la producción consumista a gran escala, golpear la columna vertebral de entidades responsables de crímenes ambientales como el Banco Mundial, volver a nuestros orígenes y reconocer que las comunidades indígenas tienen derecho a seguir conservando y aprovechando los bosques de manera sostenible y de acuerdo a su propia visión del mundo.

Bibliografía

1. Premio Salwan. Los mejores reportajes periodísticos sobre pueblos indígenas amazónicos. Lima, 2013. “Sacadas de vuelta en la Amazonía”. Patricia Wiesse y Gerardo Saravia.

2. “RED”: ¿Alerta Roja? La deforestación evitada y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. 2007. Informe del Forest Peoples Programme.

3. Los pueblos indígenas y REDD-plus. Programa de Conservación de Bosques. Folleto Informativo. 2010. Annelie Fincke.

4. Proyecto RED Alert. Lima. Cartilla del Instituto Nacional de Innovación Agraria.

5. ¿Qué es REDD? Una guía para las comunidades indígenas. Lima, 2010. IWGIA.

6. Perspectivas de los Pueblos Indígenas de los Bosques Tropicales sobre Diversidad Forestal y Cambio Climático. Panamá, 2011. Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales.

7. Más allá de las iniciativas de REDD. La función de los bosques en el cambio climático. Connecticut, 2008. The Forests Dialogue.

8. Construyendo Redd+ Indígena. Adecuación Intercultural del Redd+ Perú a los Derechos Territoriales y Colectivos de los Pueblos Indígenas. Perú, 2011. AIDESEP.

9. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York, 2007. Naciones Unidas.

10. Perspectivas Sobre Redd+. Ginebra, 2010. Programa de las Naciones Unidas ONU-REDD.

11. Deforestación y Cambio Climático. Ucayali, 2011. Boletín del Comité de Coordinación Campaña sobre Deforestación, Cambio Climático y REDD.

12. REDD+ Implementation in Asia and the Concerns of Indigenous Peoples. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP).

13. Desarrollo Con Menos Carbono. Respuestas Latinoamericanas al Desafío del Cambio Climático. Washington, 2009. Augusto de la Torre, Pablo Fajnzylber y John Nash.

14. El Mundo Indígena 2014. Copenhague, 2014. Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas IWGIA. Varios autores.

15. REDD+ en América Latina: Estado actual de las estrategias de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Santiago, 2014. José Eduardo Sanhueza y Mariana Antonissen.

—
*Óscar Guerrero Bojorquez es magíster en Periodismo y especialista en Problemática Internacional.

Boletín de prensa IV
Miércoles 16 de julio 2014
La Caravana Climática es una iniciativa que busca articular experiencias, luchas y formas de resistencia ante la crisis climática que vivimos en la región latinoamericana a través de plataformas de comunicación que posibiliten visibilizar y reflexionar sobre los casos en cada parada, en cada pueblo, nación o país que nos invita. La justicia climática es un derecho que debe seguir posicionándose en la agenda internacional. El despojo, la devastación ambiental y las políticas nacionales e internacionales que lo avalan, son razones suficientes para converger y organizarnos con quienes defienden la tierra, el territorio y la soberanía.

Nosotrxs somos de distintos países de América Latina, México y los Estados Unidos. Somos un grupo de activistas, artistas, educadores, compañeros promotores y trabajadores de la cultura que reunimos nuestros talentos, experiencias y oficios para compartir en las comunidades, pueblos, naciones y países que desean recibirnos en sus espacios durante el tiempo que recorremos nuestro camino hacia el sur del continente.

Actualmente sumamos más de 6 mil km recorridos por tierra y mar desde que salimos el 1 de marzo en el extremo norte de México. Durante nuestro andar hemos atravesado 7 países de Mesoamérica y visitado más de 40 comunidades; 40 distintos escenarios donde los conflictos y resistencias contra el despojo de los bienes comunales (tierra, territorio, aire y agua) desde la defensa de un río que es envasado y drenado ilegalmente; mineras que impunemente destruyen hábitats enteros; empresas que pretenden imponer megaproyectos turísticos, inmensos monocultivos y simulaciones de proyectos de conservación que privatizan los bosques; todo ello “legitimado” por gobiernos quebrantados que responden a intereses corporativistas que violentan sistemáticamente los derechos humanos.

Ahora estamos iniciando la segunda ruta TahuantinsuyoLate, la cual busca continuar con el levantamiento de testimonios y denuncias de los pueblos, comunidades, naciones que dignamente defienden su tierra y la vida. Al mismo tiempo buscamos conectar organizaciones, colectivos e individuos luchan diariamente por la justicia climática en la región.

El camino por andar es áspero, complicado y diverso; por ello las alianzas y articulaciones con los distintos procesos con los que vamos encontrándonos es sumamente importante construir una estrategia que nos permita hacer visible lo negado: la devastación ambiental, la crisis climática y todas sus consecuencias en la vida cotidiana.

Esta segunda ruta inicia el 19 de julio en Venezuela por la región de La Guajira y continúa por los siguientes países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia hasta llegar a Paraguay para preparar nuestra entrada al cono sur. Todo este esfuerzo para accionar las denuncias y reclamos de justicia durante el contexto de la vigésima cumbre sobre cambio climático que convoca las naciones unidas, COP20 a realizarse a fin de año en Lima, Perú.

Consulta los dos informes de la primera ruta “Mesoamérica Resiste” desde nuestra página y en redes sociales. Mantente informado de actividades, rutas, calendarios en:
http://caravanaclimatica.org 

Por Emilio Godoy, IPS Noticias

Las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, al sur de Ciudad de México, preservan 3.000 de sus 7.619 hectáreas de bosques a cambio de pagos por servicios ambientales. Pero en ellas se reproduce una inequidad que es muy poco ecológica.

Son 484 hombres y 120 mujeres que poseen predios de entre media y ocho hectáreas y se organizan en el Comisariado de Bienes Comunales. Por preservar el bosque y cuidar el agua reciben de los gobiernos federal y capitalino beneficios como árboles, semillas, invernaderos y otros insumos. Tareas sobran: desde vigilar el bosque para impedir la tala o los incendios hasta realizar gestiones ante las autoridades.

Y los recursos no son despreciables.

Desde 2012, este grupo de comuneros (campesinos que trabajan tierras comunales) participa del programa de pagos por servicios ambientales financiado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la constructora privada Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que aportan 123 dólares anuales por hectárea para limpiar el bosque, construir barreras vivas y sembrar árboles

No se trabaja en todos los predios al mismo tiempo, sino en forma rotativa, para que los beneficios se vayan moviendo en una superficie de 220 hectáreas.

Además, entre 2012 y 2013, Conafor les concedió unos 300.000 dólares para la restauración de microcuencas. Pero las mujeres solo participan en actividades de reforestación y recolección de basura. “Hasta julio vamos a reforestar, cuando llegue la temporada de lluvia. El problema es que los trabajos para las mujeres son muy limitados”, dijo a IPS una de las 120 comuneras, Alma Reyes, de 42 años y madre de dos niñas y un varón. Reyes venció décadas de exclusión en 2010, cuando se postuló y fue elegida secretaria del Comisariado, uno de los tres cargos más importantes de la organización.

Pero en agosto de 2013 terminó su gestión, y Reyes duda de que esa experiencia se repita con otra mujer.

“Prevalece una mayoría machista, y las leyes no se aplican”, señaló. Las mujeres “no tienen injerencia en lo que se hace, en el reparto de beneficios ni en la toma de decisiones”, cuestionó.

En 2013 se aprobaron pagos similares para 52.000 hectáreas en todo el país. Y para un período de cinco años, Conafor avaló servicios ambientales de unos 77 millones de dólares para 471.000 hectáreas.

A primera vista, estos proyectos rinden: la mayoría de los niños van a la escuela, se come tres veces al día y la gente no abandona las comunidades. Pero faltan indicadores para medir la mejora de las condiciones de vida tanto de los hombres como de las mujeres.

El caso de las comuneras del Ajusco ilustra cómo el rol de las mujeres no es relevante en el marco legal mexicano para responder al cambio climático. La Ley General de Cambio Climático, vigente desde 2012, carece casi de referencias a la participación femenina.

La única mención, en el artículo 71, sostiene que los planes estaduales se elaborarán “procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables”.

“Todas las leyes son perfectibles. Lo estamos revisando, pues al aplicar la ley se hallan detalles. Queremos dar seguimiento a los planes de cambio climático y a cómo los aplica el Poder Ejecutivo”, dijo a IPS la diputada y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lourdes López.

La diputada del Partido Verde Ecologista y coordinadora del capítulo mexicano de la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (GLOBE International), es una de quienes promueven más reformas.

La ley convirtió en obligatoria la meta de reducir en 30 por ciento las emisiones nacionales de gases invernadero para 2020, sujeta a la disponibilidad de recursos financieros y transferencia de tecnología, señala el mayor estudio sobre legislaciones climáticas, que analiza la situación de 66 países y fue publicado en febrero pro GLOBE International, una red mundial de parlamentarios preocupados por los problemas ambientales.

La diputada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Martha Lucía Micher, cree que las leyes y la toma de decisiones deben incluir más y mejor a las mujeres.

“¿Cómo desarrollar políticas si se ignora a las mujeres? ¿Cómo impulsar proyectos sostenibles si ellas no participan? No nos encontramos suficientemente representadas en instancias de decisiones del cambio climático”, cuestionó Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Las dos comisiones legislativas presididas por López y Micher, además de activistas y académicas formaron un grupo de trabajo para plantear cambios a las leyes relativas al cambio climático, con el fin de que contengan perspectiva de género.

Con 118 millones de habitantes, México está muy expuesto a la variabilidad del clima y ya padece manifestaciones como tormentas devastadoras más frecuentes, sequías intensas, elevación del nivel del mar y pérdida de diversidad biológica.

La pobreza afecta a 51,3 por ciento de la población, y una parte importante de las mujeres, sobre todo en zonas rurales, soportan lo peor, pues recaen sobre sus hombros la búsqueda de agua y alimentos y la protección de las familias en caso de desastres.

La ausencia de género en las normas climáticas contrasta con otras áreas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la incorporación del género en todos los programas de gobierno, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

Y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 ordena incorporar “el género en la detección y disminución de riesgos, la atención a emergencias y la reconstrucción en desastres naturales y antropogénicos”, así como “en las políticas ambientales y de sustentabilidad”.

Leticia Gutiérrez, asesora de políticas de la no gubernamental Alianza MéxicoREDD+, dijo a IPS que “aún prevalecen enfoques que ubican a las mujeres como grupo vulnerable y se enfocan en la promoción de proyectos productivos sin que se logre incidir en las causas estructurales de la desigualdad de género”.

La Alianza patrocinó un estudio que analiza las principales leyes y políticas de México, así como el gasto público destinado a la igualdad entre hombres y mujeres en relación con el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques).

El documento, elaborado por la Oficina Global de Género de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), concluyó que si bien existe un marco jurídico y programático que obliga a sumar la perspectiva de género, “aún se observa una insuficiente transversalidad de estos enfoques en las políticas forestales, agrarias, ambientales y climáticas”.

México se ubicó en el lugar 21 del Índice de Género y Ambiente de la UICN, que evaluó a 72 países. Islandia encabezó esta medición, y el último puesto lo ocupó República Democrática del Congo.

Los logros y propuestas “suenan muy bonito”, dijo Alma Reyes. “Ojalá se practiquen, porque en todos lados se pide equidad de género”.