Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades
municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y
ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma
wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha
colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció
el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).
El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de
estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias
contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González
Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.
«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los
responsables y justicia para las víctimas.
A continuación el comunicado completo:
Al pueblo de México A los medios de comunicación
Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y
comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo
de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la
lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.
Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al
servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de
Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo
Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco,
en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban
Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo
Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la
casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad,
apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el
comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que
salga nos lo vamos a chingar”.
Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González
Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon
su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su
puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.
A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo.
Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto
objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha
estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.
Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio
comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos
hechos.
Atentamente
Marzo de 2020
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.
Nunca más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020
Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos
Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del
estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se
encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla.
Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran
diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que
ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y
sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se
convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.
Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de
San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec,
Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre
otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán,
Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y
la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes
de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación
Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente
Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y
organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de
los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña
En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología,
un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los
recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor
expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un
indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de
la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio
geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región
Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y
fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos
minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el
diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la
eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los
objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la
decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y
comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las
concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de
Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca
por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos
de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].
En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal
anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de
explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre
las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos
se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco
Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp,
Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources,
Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius
Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura
Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.
Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano
informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor
potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes
extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no
metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras
internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique
Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales,
contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de
tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas
jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar
los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley
Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los
campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de
sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de
minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la
explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la
producción alimentaria.
Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las
trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el
decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las
cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les
permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la
explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles
que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se
han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al
capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional de
Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen
intereses específicos en Oaxaca.
Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines,
afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero
que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar
otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de
la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las
comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena
relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para
apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin
embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión
de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han
desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los
megaproyectos mineros en sus localidades.
La organización de los pueblos ante la voracidad minera
En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de
30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y
35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.
La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar,
asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y
defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el
estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus
ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio
ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.
A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos
mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009,
la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la
imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne
de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar
su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente,
habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia
para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver
Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.
También en Valles Centrales las comunidades en resistencia
realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron
tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se
declararon “territorios prohibidos para la minería”.
Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la
minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca.
Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y
articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten
sus comunidades y la biodiversidad que poseen.
Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de
división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha
implementado a través de los partidos políticos de todos los colores.
Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas
de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses
mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.
El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca
A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han
otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales,
habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse
en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la
imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades
tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar
acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca,
con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a
mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.
Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales,
a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos,
población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la
asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la
Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los
ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas
que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus
comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico
Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado,
Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con
yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca
oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera
Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos
Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material
pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.
Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó
declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos
y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de
resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus
territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro
Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago
Chazumba.
La minería es feminicida
El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el
modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y
patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en
desaparecernos y enfermarnos”.
Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este
sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e
internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal;
también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos
extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.
Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al
gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el
saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios
parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las
mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la
impunidad, lo haremos nosotras”.
“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”
“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes”
para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro
y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores delGrupo de Investigación Independiente de Oaxaca.
Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las
comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que
avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay
tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de
las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en
un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen
vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos
tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos,
ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho
cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa
concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y
muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.
También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la
mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y
éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal,
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en
Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones
idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil
millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la
República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más
en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en
Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que
AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su
antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley
Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y
después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio
redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.
El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”.
De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la
información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y,
principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal
y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del
gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene
el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido
en las leyes”.
Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para
avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir
información lo más completa y certera posible. También considera que es
fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar
en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas
ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la
asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de
la asamblea comunitaria.
“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para
confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’.
En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la
fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser
conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa
razón es válida”.
Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.
Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio», el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C. – A 23 de marzo de 2020>> Descargar comunicado en pdf<<
El gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por el Lic. Concepción Zavala López, ha convocado a una reunión de trabajo al Frente Popular en Defensa del Soconusco para “dirimir conflictos sociales” sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hayan solicitado. La reunión se llevó a cabo con el empresario Victor Espinoza, representantes de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. El objetivo de la convocatoria fue la de advertir a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras. En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado expresamos nuestra preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas está dando a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua. Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan “el estado de derecho” al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, «el estado de derecho», en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros.
Del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. Misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR. En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente. Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.
En esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V.. Desde entonces las organizaciones advertimos que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos. Además que su apoyo a la empresa contravenía la obligación del estado de proteger los derechos humanos antes que los intereses privados. Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.
Reiteramos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.
Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos. Llamamos a la protección de nuestros derechos y la integridad física y psicológica de los integrantes del FPDS.
Firma
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO “20 DE JUNIO”
Incentivan a empresas mineras a registrarse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)
Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de marzo de 2020
El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), dependiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, hace unos días se congratuló por una capacitación que proporcionó a integrantes del Clúster Minero de Zacatecas para facilitar a que accedan a recursos federales de Conacyt, a través de la promoción de su registro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)1.
Hasta la fecha -según los datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)2-, existe 56 empresas relacionadas con la actividad minera registradas en el RENIECYT en 20 entidades de la república, principalmente en los estados de Coahuila (10 empresas), Sonora (8), Nuevo León (6) y Chihuahua (4), Tabasco (4) y Zacatecas (4). Sin embargo, esta base de datos no detalla cuáles de éstas han sido apoyadas y, en su caso, qué monto económico han recibido ni el motivo de dicho apoyo.
Como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta acción que no sólo busca promover al sector minero, sino cínicamente, se apoya para que la poderosa industria privada minera tenga acceso a recursos públicos, sea directamente o por condonación de impuestos. La explotación minera, ícono de las actividades que más despojo han generado en la historia del país y del planeta, particularmente en su fase neoliberal, no debe ser financiada directa, ni indirectamente por las instituciones públicas, por más que pretendan disfrazar el despojo y el interés privado como “desarrollo” y “oferta de empleo”. El despojo no es de utilidad pública.
Hace un año, la actual directora del CONACYT dio a conocer y denunció las prácticas en las que se había incurrido dentro de esta entidad científica en los sexenios anteriores, justo por la asignación -a fondo perdido-, de recursos públicos a proyectos de empresas privadas. Entre 2009 y 2017, a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), se destinaron 7 mil 367 millones de pesos a 512 grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre ellas IBM, Intel, Ford, General Motors, Monsanto/Bayer, Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera México3. En ese contexto, esta reciente invitación a las empresas mineras para participar dentro del RENIECYT y beneficiarse del erario público de manera directa o indirecta, busca mantener las canonjías de la misma forma en la que se hizo en sexenios anteriores.
El RENIECYT debe orientarse al bien común de manera clara y categórica, y en particular, aquellas empresas e instituciones, sean nacionales o extranjeras, cuyas actividades atentan contra el bien común y contra la integridad de las comunidades y territorios, como es el caso bien fundamentado de las empresas de megaminería tóxica, no deben de ser incorporadas a dicho registro bajo ningún concepto. De otra forma se refrenda la continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores y sin duda alguna se afirman las contradicciones entre los hechos y los dichos del actual gobierno.
El RENIECYT, como instrumento de apoyo y fomento a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación en el país, que es pagado con presupuesto público, es decir, con el esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora, no puede prestarse para apoyar a un sector que viola constantemente los derechos de las comunidades, daña de manera irreversible al ambiente y la salud de la población y quebranta el marco legal nacional, además de recibir una cobertura oficial a su calidad de evasor de impuestos. Como ejemplo de ello, y a pesar de la enorme magnitud económica de los recursos que estas empresas sustraen sistemáticamente del país, durante el periodo 2010-2014 sólo el 1% de los ingresos fiscales totales en México provinieron la actividad minera4, y por lo menos 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales5 durante el 2017.
En tanto, las condiciones que favorecen este despojo no han sido modificadas de manera sustantiva por los legisladores, no a fin de que se incremente la carga fiscal a dichas empresas, sino a fin de suspender de manera categórica sus operaciones por el bien del país, de sus habitantes y de sus territorios.
Los llamados “Clúster Minero” son un ejemplo claro de los mecanismos de asociación entre el gobierno y capital privado del neoliberalismo, mecanismos de compadrazgo y complicidad donde los intereses de la población no sólo quedan fuera, sino desaparecen totalmente. Recordemos que se trata de una figura donde empresas mineras, proveedores de ésta y funcionarios públicos estatales y federales, así como de universidades y fundaciones universitarias se reúnen bajo la figura de una asociación sin fines de lucro, con el fin promover la explotación minera principalmente metálica-, en distintos estados del país, a través de la incidencia en políticas públicas y el acaparamiento de apoyos gubernamentales.
En México, existen cinco agrupaciones de este tipo, mismas que se encuentran en Estados con daños muy graves y un sinfín de actos de violencia por esta actividad: Guerrero, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.
Es importante destacar que el clúster minero de Zacatecas (Clusmin), integrado por siete empresas mineras (Industrias Peñoles, Grupo Frisco, Capstone, FirstMajestic, Newmont/Goldcorp y Mineras Bacis), mantienen un “estrecho” vínculo con varias áreas de universidades mexicanas y extranjeras: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Instituto Lowell, Universidad de Arizona, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland, Australia (SMI), el Centro Norcat en Canadá y el Instituto de Minería Sustentable del Perú (ISEM)6 lo cual, sin duda alguna, significa una pérdida de credibilidad y las coloca en claro conflicto de interés en casos del uso de la “ciencia institucionalizada” para dirimir controversias entre los desastres mineros y las comunidades que inevitablemente acarrea este tipo de extractivismo. Es decir, la ciencia no puede estar financiada para luego ser aprisionada y sometida por interés de particulares.
En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.
En ese marco y para este año, el director del COZCYT anunció que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) empezará la construcción del “Centro de Minería Compatible” en Quantum.
Basta de falsos disfraces para la investigación y desarrollo tecnológico para encubrir actividades que se basan en el extractivismo y en el despojo de las comunidades.
¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA¡
¡CIENCIA, ACADEMIA Y RECURSOS PÚBLICOS A FAVOR DE LOS PUEBLOS Y NO DE QUIENES LOS DESTRUYEN!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en ADN Informa sobre la resistencias a la minería en Morelos- A 27 de febrero de 2020
El territorio que explotarán es equivalente al Bosque de Chapultepec en CDMx y expertos coinciden en que representa graves riesgos para la salud, sociales y al medio ambiente
Morelos.- De acuerdo con la Asociación de Consultoría Ambiental
Geoinnova la minería a cielo abierto es una industria que genera
inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, se basa
en la explotación de recursos no renovables, Morelos está en riesgo de
tenerlos con el reinicio de trabajos de la mina de Tetlama ubicada en
Temixco operada por la empresa canadiense Alamos Gold, a la cual
ciudadanos, especialistas y autoridades han señalado sus riesgos pero
nadie ha podido parar.
Todo inició el 2009 cuando el gobierno federal dio la concesión a la
empresa canadiense Esperanza Silver, el uso del un territorio
equivalente a 695 hectáreas, desmontado 170 de selva baja caducifolia,
con un consumo de agua anual de 760 metros cúbicos de recursos
subterráneos, un territorio equivalente a al del Bosque de Chapultepec
en Ciudad de México. Este permiso tiene una vigencia hasta el 14 de mayo
de 2059. En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en
Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos
Gold.
Desde que se dio a conocer la explotación de recursos naturales en
esta zona ciudadanos, ambientalistas, especialistas en el tema e incluso
las autoridades han señalado las consecuencias que tendrá el ambiente y
las personas que viven en Temixco, Miacatlán y Xochitepec, si opera
esta mina en los cerros El Jumil y Colotepec.
De acuerdo con la arqueóloga Silvia Garza Tarazona del Centro del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, este
proyecto afectará gravemente la zona arqueológica de Xochicalco,
patrimonio cultural de la humanidad, ya que el uso de explosivos para
demolición del suelo pone en riesgo los túneles prehispánicos e incluso
el descubrimiento de nuevos hallazgos.
En 2013 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) a la empresa canadiense Esperanza Silver de México, SA de CV.
El gobierno en curso, señaló afectaciones por la explotación del suelo para extraer oro y plata en el municipio de Temixco.
Entonces expusieron que el proyecto no cuenta con los estudios de
geohidrología, para la categorización del patio de lixiviación, y se
consideró un clima que no corresponde al sitio del proyecto. Además
calculaban una extracción agua menor que la real, Esperanza Silver de
México, SA de CV, calculó 36% de la disponibilidad media del acuífero,
cuando el cálculo correcto es de 51.4% de la disponibilidad existente.
El 29 de mayo del 2013, la UAEM realizó el Foro de análisis
Multidisciplinario sobre Minería a Tajo Abierto en Morelos, donde
expertos coincidieron en que la mina a tajo abierto traerá contaminación
del aire, tierra y agua debido a la utilización de cianuro y metales
pesados altamente tóxicos en el proceso de extracción de oro, afectando a
más de 560 mil habitantes.
Además denunciaron que la empresa Esperanza Silver a través de una
campaña de desinformación y marketing estratégico, pretendió minimizar
el conocimiento sobre los riesgos a la salud humana.
En octubre del 2019, autoridades federales manifestaron que el
proyecto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a pesar de que desde el 2011 se ha cancelado ante el impacto
negativo social y ambiental.
Además los diputados morelenses alertaron sobre posible instalación
ilegal e 2020, pues carece de los permisos estatales para iniciar
operaciones.
Destacaron que en el libro “Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un
reto múltiple”, escrito en colaboración por varios autores y que se
presentó en Morelos el mes de julio de 2018, se documentó como la
minería a tajo abierto provoca destrucción de la cubierta vegetal y del
subsuelo, así como graves riesgos para la salud, debido al uso
indiscriminado de sustancia de alta toxicidad como el cianuro y el
mercurio.
A pesar de todos los señalamientos negativos, las acciones de la empresa minera son latentes para operar en Morelos, pero ¿cuándo actuarán para detenerlos?
El 9 de septiembre de 2019 Paolo Rocca –considerado el
hombre más rico de Argentina– se entrevistó en privado con el presidente
Andrés Manuel López Obrador. Un mes después la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó que la mina Peña
Colorada –que extrae el 33% del hierro del país y de la que Roca es
accionista— pudiera ocupar 155 hectáreas de terreno para construir un
depósito de desechos y nuevas instalaciones industriales. En medio de la
tala de miles de árboles, las comunidades indígenas iniciaron las
protestas debido a que no fueron consultadas.
SIERRA DE MANANTLÁN, (Proceso).– Sin consulta con las comunidades
indígenas de la franja limítrofe de Colima y Jalisco y en medio de un
proceso de autorización ambiental cuestionado, la minera extranjera Peña
Colorada –que extrae de sus yacimientos en la región 33% del hierro que
produce el país– empezó la tala para construir un depósito de desechos y
nuevas instalaciones industriales.
Mediante el proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, con una
inversión estimada de 411.6 millones de pesos y una vida útil de 27
años, la empresa busca elevar casi 10% su producción de concentrado de
hierro, de 4.1 a 4.5 millones de toneladas anuales, y pretende
acondicionar una nueva área para el confinamiento del material estéril
residual resultante de la explotación minera en los próximos ocho años.
Nacido en 1975 como paraestatal, el Consorcio Minero Benito Juárez
Peña Colorada SA de CV –su nombre oficial– fue privatizado en 1991 y
desde 2005 es propiedad, a partes iguales, de las trasnacionales Ternium
y Arcelor Mittal, pertenecientes a los magnates del acero Paolo Rocca,
ítalo-argentino, y Lakshmi Narayan Mittal, indio, respectivamente.
Ternium forma parte del Grupo Techint, invitado por la administración
de Andrés Manuel López Obrador a participar en la licitación de la
refinería Dos Bocas, oferta que, según algunas versiones, declinó por
estimar que para construirla no era suficiente el plazo señalado por el
gobierno federal.
El 9 de septiembre de 2019, Rocca –considerado el hombre más rico de
Argentina– visitó México y se entrevistó en privado con López Obrador.
Al final el mandatario publicó una fotografía y el siguiente mensaje en
Twitter: “La agenda de hoy incluyó un encuentro con Paolo Rocca,
director general de Grupo Techint (Ternium-Tamsa). Me informó de sus
proyectos de inversión en México, con el comentario de que somos un país
atractivo para empresas mundiales por su estabilidad política,
económica y social”.
El 18 de octubre siguiente, en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) le fue aprobado a Peña Colorada el
proyecto “Nuevo taller y terrero oriente”, que quedó sujeto a algunas
medidas de mitigación ambiental, compensación y condicionantes.
Fragmento del texto publicado en la edición 2261 de la revista Proceso, ya en circulación
Compartimos la declaratoria final de Foro Minería y Cambio Climático RD-Haití, reunido en Dajabón durante los días 28 y 29 de febrero del 2020>>Descargar en pdf<<
Que la megaminería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivista violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el rio Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central dominicana y el Plateau Central haitiano, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos.
Esta amenaza igualmente, acelera el proceso de descomposición social que de nuestros pueblos y afecta la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta situación genera incertidumbre frente a la biodiversidad y a todo el sistema de áreas protegidas y el patrimonio cultural que es parte integrante de la memoria histórica de los pueblos que compartimos la isla.
Haití y la República Dominicana, naciones hermanas que comparten una casa común, se encuentran en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático; esta vulnerabilidad es consecuencia de un modelo económico basado en la extracción y expoliación de recursos naturales, entre los cuales la megaminería representa el mayor peligro y riesgo a la estabilidad ecológica, ya que reproduce relaciones coloniales, a lo que se suma el envenenamiento de las aguas y la destrucción de paisajes culturales y ambientales. Este modelo de explotación incrementa la pobreza y se constituye en amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud humana. En ese panorama social y ambiental cobra preocupación la realidad de riesgos y vulnerabilización a que están sometidas las mujeres y los jóvenes.
Denunciamos que la megaminería genera descomposición social y territorial, utiliza recursos económicos como mecanismos de manipulación contra las estructuras organizativas locales, creando falsas esperanzas de desarrollo a través de construcción de infraestructuras comunitarias y proyectos de fomento productivo intrascendentes que no generan desarrollo humano.
Ante esta situación, las organizaciones, plataformas y movimientos sociales de la República Dominicana, Haití y Puerto Rico aquí reunidas, anunciamos que nos constituimos en espacio permanente de articulación para la defensa de los bienes naturales y derechos colectivos, por lo que nos convocamos a desplegar procesos y acciones de movilización ciudadana, educación en torno a los procesos ecológicos y ambientales esenciales, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales. El proceso conlleva impulso de la investigación como herramienta de empoderamiento social, con el objetivo de impedir la expansión de la megaminería, y rechazar su presencia en nuestros territorios y pueblos.
SI A LA VIDA NO A LA EMPLOTACIÓN MINERA
Firman
Plateforma haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), Haití, SJR-Haití- Solidarite Fwontalye, Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Federación de Maestros, Puerto Rico (FMPR), Mouvman Peyizan Papay (MPP), Haití Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA), Haití Comisión Ambiental de la UASD ADEM, Haití Centro de Formación para Mujeres Organizadas María Liberadora, Inc. (CEFORMOMALI), Cotuí, RD Coordinadora Ambiental, Provincia Dajabón (CAPRODA), RD POHDH, Haití Asamblea Ambiental, Dajabón, RD Batay Ouvriye, Haití La Laguna Saladilla no está sola, Carbonera, RD GARR, Haití Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, Haití MAELA dominicana Red Ecológica de Santiago Rodríguez, RD MODEP, Haití Amanecer Ambiental, Mao, RD CE-JILAP, Haití Grupo Ecológico Mundo Libre, RD Redac-CEPOCS, Navarrete; RD Articulación Campesina, RD Justicia Climática «Mártires Castaño», RD Coalición Global de Bosques, SD, RD Mujeres por Miranda, La Vega, RD Mesa Ambiental de Dajabón, RD Consejo de Desarrollo de Los Miches, RD Centro de Madres “Lorenza Rodríguez”, RD Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), RD
Compartimos este comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Sociambiental y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 4 de marzo de 2020
El CISO de Canadá visita y se solidariza con las Comunidades afectadas en su lucha contra el proyecto minero Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo, Guanajuato
El pasado lunes
2 de marzo, las comunidades afectadas por el proyecto minero Cerro del
Gallo propiedad de la minera canadiense Argonaut Gold en Dolores
Hidalgo, Guanajuato, recibieron la visita de una delegación del Centre
International de Solidarité Ouvrière, CISO (Centro Internacional de Solidaridad Obrera) de Quebec Canadá.
La visita de la delegación
del CISO, conformada por 15 mujeres
y hombres, representantes de diferentes sectores sindicales de su país
tales como los de Salud, Educación e Industria Metálica,entre otros, fue posible
gracias a la vinculación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), quien
acompaña el proceso de organización de la Unión de Trabajadores de Desechos
Sólidos Industrializables “Lázaro Cárdenas del Río” del Estado de Guanajuato,
A.C. con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia y la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería.
La delegación del CISO
pudo conocer directamente a las y los habitantes de las comunidades que se
encuentran en riesgo por la amenaza que representa el proyecto minero de la
Argonaut Gold, en las inmediaciones de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de
Dolores Hidalgo.
Recordamos que apenas el pasado 17 de diciembre, la Dirección
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT negó la solicitud
de autorización de cambio de uso de suelo e impacto ambiental del proyecto
minero Cerro del Gallo; recordamos también que en los días posteriores, la
canadiense Argonaut Gold, anunció
que insistiría y volvería a solicitar las autorizaciones respectivas. No
omitimos señalar que si el proyecto fuera autorizado y entrara en operación,
afectaría una superficie de más de 20,000 hectáreas, con
procedimientos altamente tóxicos ya que miles de toneladas de minerales serían tratados con grandes cantidades de cianuro de sodio por medio de la técnica de lixiviación en
pilaque generalmente produce
graves afectaciones a la salud de
las poblaciones cercanas debido a la contaminación
del aire, agua y suelo, además de extraer
y contaminar 1,440 millones de metros
cúbicos de agua en un territorio en el que las comunidades no la
tienen en suficiente cantidad y calidad como para garantizarles su derecho
humano al agua.
En la visita participamos representantes del CISO, del
FAT, de la Unión Lázaro Cárdenas del Río, de la Hermandad de la Cuenca de la
Independencia, de Acción Colectiva y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la
Minería (REMA). Junto a habitantes de la comunidades, realizamos un recorrido por la zona amenazada,
iniciando por un diálogo con habitantes de la comunidad de El Sisote, la más directamente afectada ya que por su cercanía al
Cerro del Gallo, recibiría directamente por gravedad las aguas contaminadas con
cianuro de sodio; a continuación visitamos la comunidad de Santa Bárbara para encontrarnos con algunos habitantes que se
encuentran en un proceso acompañado por la Fundación
de Apoyo Infantil (FAI) -también integrante de la Hermandad-, para
construir cisternas de ferrocemento, para la cosecha de agua de
lluvia; las cisternas, con capacidad de 12,000 litros permitirán a cada familia, contar con agua potable segura, únicamente para beber
y cocinar durante un año; finalmente la visita terminó con una comida
sencilla pero deliciosa, en La Colmena,
en la que hubo palabras de fraternidad y compromiso de los representantes de las
diferentes organizaciones de alzar la voz en México y Canadá para denunciar los
proyectos y empresas del modelo extractivo minero.
Cabe resaltar el enorme interés y compromiso mostrado
por la delegación canadiense, cuyos integrantes tomaron nota de todas las
conversaciones, para informar a sus sindicatos, su expresión de solidaridad con
las y los campesinos, además de manifestar sentir vergüenza por el criminal
comportamiento de las mineras originarias de su país.
Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA
ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Imagen: Hermandad de la Cuenca de la Independencia
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de febrero de 2020
Durante la segunda mitad del 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (SEMARNATH) dirigida por el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, inició el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo (POETH) y hasta el momento se tiene información de que ha concluido con las etapas de Diagnóstico y Pronóstico. Dicho ordenamiento debería ser el principal instrumento de la política ambiental para regular el uso del suelo y para promover el desarrollo sustentable del estado, sin embargo, el Ing. Rico Moreno está utilizando el POETH para facilitar, mediante la desregulación, la entrega del territorio del Estado de Hidalgo a las Compañías Mineras (nacionales y extranjeras) para que éstas puedan saquearlo y devastarlo a placer.
Esto ya que durante las etapas del proceso de actualización del POETH, con el fin de determinar la aptitud del uso del suelo para la minería, la SEMARNATH utilizó mañosamente-, una metodología que consiste en ponderar atributos exclusivamente geográficos y geológicos tales como: concesiones, minas, geología, vías de comunicación y pendiente del terreno; de tal modo que toda aquella área del suelo hidalguense donde existe alguna concesión minera sea considerada por el Gobierno del Estado de Hidalgo como un “ÁREA CON MUY ALTA APTITUD PARA LA MINERÍA”, es decir, un área a disposición de las compañías mineras para su rapiña y destrucción.
Esto es alarmante para los hidalguenses, principalmente, porque; 1) Hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería en el Estado de Hidalgo equivalía a 779,336.38 hectáreas, y 2) La gran mayoría de esa superficie se encuentra sobre comunidades indígenas, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, zonas urbanas, parques nacionales y reservas ecológicas, todas susceptibles de ser despojadas y contaminadas por las actividades mineras.
La minería “moderna” es la actividad más depredadora del medio ambiente que existe, debido al empleo de tecnologías y técnicas que se expanden por el mundo a partir de procesos de explotación bajo procedimientos a cielo abierto, tumbe y relleno, al uso de grandes cantidades de sustancias peligrosas como el Cianuro de Sodio y el Ácido Sulfúrico, al elevadísimo consumo de agua que se asocia también a su contaminación y desaparición de mantos freáticos, a la generación de millones de toneladas de desechos, escombreras y jales repletos de metales pesados que literalmente quedan como pasivos ambientales. Es sumamente decepcionante que sea la SEMARNATH, quien defina como preferente a la actividad minera, en un Estado como el de Hidalgo que está tipificado como uno de los peores ejemplos de la contaminación y del saqueo del extractivismo minero.
Basta señalar que, después de poco más de 400 años de minería:
Del Distrito Minero Real del Monte y Pachuca las compañías mineras extrajeron el 16 % de la plata que circuló a nivel nacional y el 6 % de la plata que circuló a nivel mundial hasta finales del siglo XX, dejando a cambio: 120 millones de toneladas de jales (desechos mineros) repletos de elementos altamente tóxicos como Sílice, Arsénico, Plomo, Cadmio y Mercurio que contaminaron la tierra, el agua y el aire de la zona metropolitana de la Ciudad de Pachuca; miles de mineros enfermos de silicosis quienes murieron lenta y dolorosamente sufriendo una incesante tos que les hizo escupir sus pulmones a pedazos; y, decenas de barrios mineros miserables e insalubres.
Del Distrito Minero de Zimapán las compañías mineras nacionales y extranjeras han extraído millones de toneladas de Plomo, Zinc y Plata, dejando a cambio: 20 millones de metros cúbicos de jales mineros que han contaminado el aire, el suelo y especialmente los mantos acuíferos de la zona, a tal grado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Zimapán después de Bangladesh es el sitio QUE MÁS REBASA LOS LÍMITES DE CONCENTRACIÓN de Arsénico en el agua a nivel mundial; y, miles de personas enfermas de arsenicismo, leucemia y cáncer de mama.
Del Distrito Minero de Molango, la compañía Minera Autlán ha extraído la mayor parte del Manganeso presente en el segundo yacimiento más grande del mundo, dejando a cambio: miles de hectáreas de selva baja deforestadas; un 50 % de la población local con altas concentraciones de Manganeso en sangre que rebasan ampliamente los límites establecidos, lo cual ha causado manganosis que es un padecimiento que daña al cerebro y al sistema nervioso central, genera problemas de movilidad, de comportamiento y retraso cognitivo; y, cientos de mineros enfermos de neumonitis mangánica.
Es perverso que el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, Secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, privilegie los intereses de la industria extractiva sobre la salud de la población y sobre el cuidado de la naturaleza, sin embargo, el designado por el Gobernador Omar Fayad Meneses para el cuidado del medio ambiente, ha dado numerosas muestras de sometimiento y servilismo con las empresas extractivas, por ejemplo, estando al frente de la SEMARNATH Rico Moreno ha presionado una y otra vez para que el Parque Nacional Los Mármoles y el Parque Nacional El Chico sean recategorizados y pierdan su carácter de Área Natural Protegida, con la finalidad de que las compañías mineras puedan explotar las vetas metalíferas existentes en el subsuelo de esos sitios; él mismo, desde finales del 2019, implementó el programa denominado “Confiando en tu palabra” o “3 de 3” el cual consiste en que la SEMARNATH debe entregar a las empresas la autorización de impacto ambiental en tan sólo 3 días si éstas prometen no dañar el medio ambiente y si presentan 3 simples requisitos administrativos, es decir, dispensa a las empresas, que elijan instalarse en Hidalgo, de cumplir con el más mínimo cuidado del medio ambiente.
Además, es preciso señalar que durante las etapas de la actualización del POETH, Rico Moreno organizó una serie de foros evidentemente manipulados y sesgados en los que convocó a diversos sectores para que supuestamente participaran, todo esto con la finalidad de legalizar y legitimar la intervención, el despojo y la destrucción del territorio por las mineras.
Dado que estamos ciertos de que la aprobación y la ratificación de la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo elaborada por Rico Moreno, validaría el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, de la propiedad social (Ejidos), de la propiedad privada, de las zonas urbanas e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales, tanto para la provisión de servicios ambientales, como para la conservación de la flora y la fauna, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA):
Nos pronunciamos en contra del POETH elaborado por Rico Moreno y de cualquier farsa montada por el gobierno federal, estatal o municipal para que las empresas implementen el saqueo y la destrucción de los territorios del Estado de Hidalgo.
Llamamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses para hacer frente a este tipo de manipulaciones, sin miedo y con la convicción de que este tipo de funcionarios deben ser desterrados de la función pública y con la garantía de que si estamos organizados y ejercemos nuestros derechos no hay forma de que el saqueo se implemente.
Convocamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses a retomar sus propios procesos de libre determinación con relación al destino y al uso de sus territorios, así como a emprender la construcción colectiva del buen vivir que nos permita encontrar caminos armoniosos con lo que somos y queremos seguir siendo.
¡Territorios Libres de Minería Ya!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Minera Autlán en Hidalgo. Crédito: La silla rota Hildago
Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)
Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal
Por Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese
a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el
Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su
territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía
Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este
mandato judicial federal.
Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de
la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se
amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una
incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés
Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce,
hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam
de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado
de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente
del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la
decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la
minería”.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la
comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda
de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la
autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera
canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y
otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la
Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y
otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero
dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la
ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su
propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época
prehispánica.
La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de
Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano
y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal
como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.
En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las
concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el
territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa
Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de
Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le
reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad
indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los
intereses de particulares.
Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y
pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido
discriminación y racismo en la impartición de justicia.
Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.
“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la
empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia
la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia
se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando
contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha
de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora
sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.
El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen
30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la
OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y
América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.
Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples
razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han
llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta
sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.
Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado
siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés
Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de
las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario
porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de
la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las
concesiones”.
“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de
Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos
está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad
indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción
en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a
seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.
Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el
dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido
brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca
del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la
cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna
institución han hecho absolutamente nada”.
Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.
Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF
Compartimos esta investigación especial publicada en Sin Embargo sobre los daños ocasionados por la Minería – 19 de enero de 20202
La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de
plata, el tercero más importante de México por su calidad, situado en
tierras del Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera
canadiense llamada Excellon Resources Inc.
Estos campos acolchados de forraje y contaminados con
arsénico, a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los
municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio”
que hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera
Excellon.
Por Jesús Peña
Durango, 19 de enero (Vanguardia).– Desde arriba del gran bordo donde
descansa la vía del ferrocarril, con sus recios rieles y sus toscos
durmientes, se ve un vasto campo sobre el que se extiende una afelpada y
verde alfombra de alfalfa, que en el ocaso estepario da la sensación de
estar en un paraíso.
Debajo del puente, por el que transita el tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece la vista de un oasis en medio del bolsón.
Y todo aquí da la impresión de estar en el edén, la tierra prometida, un vergel.
Parece un vergel, de no ser porque las aguas que bajan por esta rivera caudalosa y clara, son las aguas contaminadas con arsénico, y otros metales pesados, como el plomo y el zinc, que provienen de la mina La Platosa.
Con estas aguas contaminadas se riegan cientos y
cientos de hectáreas de forraje, (entre cinco mil y ocho mil hectáreas
de alfalfa, sorgo, avena, trigo, maíz): alimento de las miles y miles de
vacas que pacen sin malicia en los establos de la Región Lagunera.
Los
procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de
arsénico y conseguir agua es complicado en este ejido. Foto: Jordi
Sifuentes, Vanguardia
La Platosa, como su nombre lo dice, es un yacimiento de plata, el
tercero más importante de México por su calidad, situado en tierras del
Ejido La Sierrita, en Durango, y operado por una minera canadiense llamada Excellon Resources Inc.
Estos campos acolchados de forraje y contaminados con arsénico,
a decir de los ejidatarios de La Sierrita, enclavado entre los
municipios de Tlahualilo y Mapimí, Durango, son el único “beneficio” que
hasta ahora, y desde hace 12 años, ha dejado al pueblo la minera Excellon.
Además de una cansada disputa por el territorio, entre el ejido y la minera, que comenzó en 2012 y aún se libra en los tribunales.
La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe, donde no hay pavimento ni drenaje, sólo el recuerdo de una planta purificadora de agua que ya no funciona y unos talleres de carpintería y costura que están parados por falta de dinero.
En La Sierrita, la mayoría de la gente, unos 100 de los 120
ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en Ciudad Juárez,
Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en una zona
donde su futuro está en peligro de extinción.
“Hay una página de la Excellon que dice que el Ejido La
Sierrita es ejemplo a seguir en Durango. No es cierto, estamos jodidos,
estamos en la ruina”, dirá Carlos Godoy Rivera, el secretario del
comisariado ejidal de este poblado.
“Esa tierra ya no sirve, porque ya tiene más de 10 años que se riega
con esa agua. Pa producir buena alfalfa, buen maíz, ya no. Trae muchos
metales, minerales, mucho arsénico, mucha sal, mucho plomo, zinc. No
está tratada. Es agua contaminada y está contaminando las tierras, los
pastos, la alfalfa, el maíz, la avena, el trigo, todo se está
contaminando aquí”.
Dice César Pulido Barrón, ejidatario y presidente del Consejo de
Vigilancia de La Sierrita, mientras señala a lo lejos, desde lo alto del
bordo del ferrocarril que va y viene de Ciudad Juárez a Torreón, las
campiñas y campiñas tapizadas de forraje que conceden al paisaje
desértico una belleza inusitada.
César denuncia que la minera Excellon Resources Inc vende el agua
contaminada con arsénico, plomo y zinc, a unos 13 pequeños propietarios,
(agricultores productores), socios de las grandes empresas lecheras en
La Laguna tales como Lala, Chilchota, Alpura.
Unos
100 de los 120 ejidatarios, han preferido huir y buscarse la vida en
Ciudad Juárez, Torreón o los Estados Unidos, ante la falta de
oportunidades en una zona donde su futuro está en peligro de extinción.
Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia
Al respecto un empleado de una reconocida empresa lechera, que pidió
no ser identificado, corroboró de manera extraoficial la versión de los
ejidatarios, al ratificar que una parte del agua de la mina la Platosa
es utilizada por más de una docena de agricultores productores, socios
de varias compañías lácteas de la región.
“Desde luego se hace en el marco de la ley, no hay
perjuicio a ningún tercero y sólo se utiliza una parte de total
disponible”, dijo la fuente.
Y deslindó a la firma que representa, de toda responsabilidad sobre
el manejo que sus socios agricultores productores hacen de sus negocios.
“Cada socio tiene la gestión que le puede convenir más
para su negocio en términos de compra de tierra, compra de forrajes,
derechos de agua y noria, y cada uno puede responder de lo que está
haciendo bien o, en su caso, de lo que está haciendo mal…”.
“Eso lo puede hacer la canadiense – dice Miguel Ángel Mijangos Leal,
enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el
estado de Guerrero –, gracias a que en la ley minera, cuando una mina
encuentra agua la norma dice literalmente que puede utilizarla conforme a
los intereses que le empresa defina y ahí lo que definieron fue echarla
para afuera, porque obviamente si no sacan esa agua no pueden sacar la
plata que está allá abajo. Hay empresas que hacen contubernio con la
minera para que les dé esa agua y meten forraje para la industria de
todo el corredor de Tlahualilo, que es muy grande. No sólo es la minera
como tal, sino que se va encadenando a otros megaproyectos como la
producción de forrajes que luego cae a otros intereses vinculados a esa
zona, que tienen que ver con la cuenca lechera”.
Un estudio realizado por Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero
agrónomo, experto en uso y conservación del agua, señala que el volumen
de líquido que sale de la mina, como resultado de su laboreo, asciende a
unos dos mil metros cúbicos por segundo, cantidad que bastaría para
surtir a Gómez Palacio, Durango, y de paso a otros municipios.
“Se dice fácil, pero si lo vemos en una zona desértica es
mucha agua. La Platosa es un proyecto que agota el acuífero principal,
una mancha que viene de una seria de fracturas de la Sierra de
Bermejillo. Y según lo que hemos detectado toda esa sierra está formada
por grandes cavernas de yeso. En todas esas grandes cavernas primero
está el yeso y luego viene la plata. Ellos dicen que no va a pasar nada,
pero sí pasó y la Semarnat les dio permiso: un barreno rompió esas
capas, rompió lo que teóricamente son grandes cavernas que por millones
de años llenaron esas sierras calizas que son las fuentes de que se
alimenta el acuífero principal”.
Un documento relativo a un estudio de impacto ambiental del proyecto
La Platosa, promovido por la empresa Excellon Resources Inc. y publicado
en internet, dice que, “se han detectado estructuras como fallas
rellenas con yeso, cavidades y cavernas de varios metros de ancho…”, y
más adelante dice, “el área se ubica dentro de la unidad hidrológica
denominada acuífero principal, región lagunera, en una zona de veda y en
donde se presentan dos componentes: uno somero, que manifiesta
aportaciones a profundidades de entre 20 y 30 metros de escurrimientos
asociados a infiltraciones de recientes periodos de lluvia; y un
componente profundo del orden de 150 metros, en el que el agua
subterránea presenta concentraciones minerales que le dan un carácter
químico no apta para fines de consumo humano”.
Semanario colectó una muestra de las aguas de la Platosa y
las llevó al Laboratorio de Análisis Químico del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados, (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional,
(IPN), en Ramos Arizpe.
La Sierrita es apenas una trocha polvorienta y seca, bordeada de jacales de adobe. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia
El examen arrojó que dicho líquido contiene 0.468 microgramos de
arsénico por litro de agua, cuando lo permitido por la norma nacional es
de sólo .025.
César dice que hace algunos años habitaban en esta sierra, la sierra
de Bermejillo, Durango, donde se encuentra asentado el ejido, manadas de
venados, jabalíes y otros animales silvestres, sin embargo, muchas de
estas especies han perecido tras beber las aguas del arroyo contaminadas
con metales pesados que extrae la minera de la mina y derrama, sin
permiso, en tierras de la comunidad.
En un estudio de impacto ambiental del proyecto La Platosa, difundido en la red, se lee que entre la fauna que caracteriza a La Sierrita, Durango, se encuentran el águila real, aura, cenzontle, correcaminos, conejo, coyote, gato montés, liebre, víbora de cascabel, zorro, ardilla, cacomiztle norteño, rata cambalachera y ratón, “(….), poco vistas, posiblemente, debido a las perturbaciones por las explosiones mineras realizadas en el área, el movimiento en la zona de cultivo de la zona de influencia o por el tráfico continuo en la carretera, lo que ha ocasionado el desplazamiento de la fauna hacia mejores condiciones del hábitat y menos perturbaciones”.
Y más abajo señala que “la acción de desmonte provoca que la
relativamente escasa fauna silvestre menor presente en la zona, se
desplace a sitios con menos perturbaciones cerca del área del proyecto,
afectando su comportamiento y dinámica poblacional por la migración”.
Esta contaminación, provocada por la minera, ha ocasionado también la
muerte de vacas y cabras propiedad de los ejidatarios, que al no
encontrar abrevaderos en la sierra, se sacian con el líquido letal
derramado por la empresa.
“Las vacas de los mismos ejidatarios que andan aquí
sueltas en el agostadero, se han muerto porque toman agua de ahí y luego
les faltan pedazos de carne a los animales, a las yeguas, a las vacas, a
las chivas. Se están muriendo donde toman agua de ahí”, dice César
Pulido Barrón, ejidatario y presiente del Consejo de Vigilancia de La
Sierrita.
Por estos pueblos proliferan las historias sobre labriegos que se han
encontrado reses muertas, botadas, en el desierto y que tras abrirlas,
tras realizarles una autopsia exprés, han descubierto las carnes
quemadas, ennegrecidas del animal.
“La gente dice, ‘la carne de los animales que toman agua
de esa, sale quemada’, son los daños que está haciendo esta agua
contaminada. Estos animales cuando mueren, que usted los quiere comer,
que los destaza, mira que no sirve la carne, está muy negra”, contará
Juan Enrique Márquez Silva, ingeniero agrónomo, experto en uso y
conservación del agua.
Habla Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero:
“Sí, nosotros medio sabíamos de unas historias, no de
ahorita, de hace unos seis años, sobre varios animales que fueron a
tomar agua, se les infló el vientre y murieron”.
El
tren, corre un arroyo, un canal, una zanja, una acequia, como río de
aguas cristalinas, que se pierde en el horizonte del crepúsculo y ofrece
la vista de un oasis en medio del bolsón. Foto: Jordi Sifuentes,
Vanguardia
“El agua va rodada y pasa por tierras del ejido. Sin permiso la
pasan, les vale… Quieren que salga lo más lejos posible. A parte ellos
están haciendo su negocio, están vendiendo el agua para la siembra y
están tirando el agua que sobra al ejido, sin permiso. Están dañando la
tierra y nomás están ganando, ellos están explotando, están sacando a
diario, no sé cuántas toneladas de plata, plomo, zinc”, dice Juan
Guadalupe Zamarripa González, el presidente del comisariado del Ejido La
Sierrita, un atardecer de vendaval que ha venido con otros ejidatarios
para recorrer el área afectada por la contaminación de la mina.
Carlos Godoy Rivera, secretario del comisariado, dice que al
principio la minera puso unos letreros que decían “agua no apta para
consumo humano”, letreros que más tarde fueron retirados cuando la
empresa comenzó a vender el líquido a los pequeños propietarios.
Camino de la carretera 49 a Ciudad Juárez, que parte las tierras del ejido ubicado a unos cinco kilómetros de Bermejillo, Durango, y a 50 kilómetros de Torreón, el ejidatario César Pulido dice que las aguas que corren por el arroyo situado debajo del puente del ferrocarril, son las aguas que la mina desecha, que le sobran, después de haberlas repartido entre los pequeños propietarios de la región, muchos de los cuales rentan tierras al ejido.
“Esta agua ya está sobrante eh, esta agua ya es sobrante
de la que agarran todos, pero esa agua que están tirando, la que sobra,
ya nos perjudicó todo el terreno, porque ya secó todo el pasto, lo
quemó”.
Y dice que esta contaminación ya ha hecho estragos incluso en la
flora, cactáceas, plantas medicinales y árboles, que vive en este
desierto.
“Aquí había monte de buena calidad. Aquí era buen pasto y
todo, buenos mezquites. Todo eso amarillo que uste mira ya está quemado
con esta agua, ya de ahí no sale nada de pasto ni mezquites, todo eso
amarillo ya está quemado, el terreno ya está quemado. Si se mete usté y
saca ese mezquite lo saca con salitre, ahí sale con salitre ese
mezquite, ya está muerto ese mezquite, la pastura ya está muerta, ahí ya
no sale el zacate”.
Miguel Ángel Mijangos Leal, enlace de la Red Mexicana de Afectados
por la Minería (REMA), en el estado de Guerrero, aclara que esta
deforestación se debe a que, además de ir cargada con altas
concentraciones de arsénico, el agua de la Platosa es rica en carbonato
de calcio y magnesio.
“Además de sacar el arsénico y ponerlo en la superficie
con estos cultivos, también se está salinizando el suelo, es decir,
después de algunos años ese suelo ya no va a quedar ni siquiera para que
crezcan nopales…”.
Los ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo
una noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó
después que la minera iniciara sus actividades de exploración y
explotación.
Los
ejidatarios cuentan que no hace mucho tiempo había en el pueblo una
noria de la que se abastecían los habitantes, pero que se secó después
que la minera iniciara sus actividades de exploración y explotación.
Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia
“Había norias jalando bien bonito. Una pequeña
(propiedad) aquí tenía cinco norias. Se secaron por lo mismo de que la
mina saca el agua y ya las norias no produjeron nada. Muchas de las
norias al derredor de Bermejillo y de Gómez se han secado por culpa de
la mina”, dice César.
“Las mineras canadienses vienen a hacer, en pocas palabras y
discúlpeme, pero puro desmadre”, dice Verónica Pulido Barrón,
ejidataria.
“Con el Gobierno”, la secunda el comisariado Juan Zamarripa,
“Por eso, aunque nosotros vayamos a pedir justicia a todo mundo… Si
son nuestras tierras, ¿por qué ellos vienen a adueñarse de algo que no
es suyo? ¿Y por qué el Gobierno los apoya?, ¿porque tienen dinero y a
nosotros no…?”, dice Verónica.
Los ejidatarios de La Sierrita dicen estar preocupados por los daños a
la tierra, a los animales y a la salud humana, que en el futuro pueda
provocar esta contaminación, causada por la minera.
“Uno que consume leche y todo eso, Lala, riega con esa
agua, Chilchota riega con la misma agua y producen la leche y todo.
Imagínese cómo está la Comarca”, dice el ejidatario César Pulido.
Al respecto una investigación realizada hace una década por la
Facultad de Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado
de Durango (UJED), reveló cómo las aguas contaminas con altas
concentraciones de arsénico que son usadas en el regadío de cultivos,
tienen un impacto negativo en la cadena alimenticia.
“Si regamos con agua contaminada con arsénico o el suelo
está contaminado con arsénico, la planta extrae este metaloide y pasa a
la cadena alimenticia, es acumulativo, no lo podemos degradar. Del agua
pasa al suelo, del suelo a la planta, de la planta al animal y luego nos
comemos la carne o la leche, ahí va la concentración de arsénico. Aquí
en la región tenemos mucho cáncer, tanto en Coahuila como en Durango, y
es debido a eso, a que la concentración de arsénico está muy alta y las
plantas la absorben y luego nos comemos el maíz o el frijol. O el
arsénico se pasa a la carne y lo vamos a acumular hasta que llega a un
nivel de toxicidad”, advierte Cirilo Vázquez Vázquez, director de la
Facultad Agricultura y Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, (UJED, y doctor en recursos naturales.
Tales resultados se obtuvieron de un estudio sobre cultivos, maíz y
frijol, sembrados en suelos con altos niveles de arsénico o regados con
agua de pozos profundos, altamente contaminados con este metaloide, en
el Ejido Batopilas, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.
“Se evaluó y realmente se observó que el arsénico pasa
del agua al suelo y luego a la planta y después a los animales, la carne
o la leche. Los cultivos absorben la concentración de arsénico y sí,
está en lo que nos estamos comiendo”, reitera Vázquez Vázquez.
Con
estas aguas contaminadas se riegan cientos y cientos de hectáreas de
forraje, entre cinco mil y ocho mil hectáreas de alfalfa, sorgo, avena,
trigo, maíz): alimento de las miles y miles de vacas que pacen en los
establos. Foto: Jordi Sifuentes, Vanguardia
Semanario buscó reiteradamente a Sandra Magaña, la directora
de relaciones corporativas de Excellon en México, a fin de que diera su
versión en torno a las acusaciones vertidas por los ejidatarios de La
Sierrita.
Hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de entrevista.
Este medio intento comunicarse, durante casi dos semanas, con Óscar
Gutiérrez Santana, el gerente regional de Cuencas Centrales del Norte de
la Comisión Nacional del Agua, para que fijara su postura sobre este
reportaje.
Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Por su parte, Román Galán Treviño, encargado del despacho de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
delegación Durango, declaró que hasta ahora la dependencia no tiene
ningún comunicado, ninguna denuncia en particular sobre el tema de la
contaminación en La Sierrita.
“Sé que han estado en pláticas con la Comisión Nacional
del Agua, viendo precisamente el problema de la contaminación, Es lo que
hemos sabido extraoficialmente, pero no hemos tenido ninguna petición o
planteamiento del ejido”.
-¿Conocía el problema?
-Conocemos el problema, pero a través de los medios, de la prensa, hasta ahí.
José Luis Reyes, encargado del despacho de la delegación de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa), aclaró que no
es competencia de esta oficina verificar las condiciones de manejo y
uso del agua en las mineras.
Y añadió que es responsabilidad de la Conagua regular este tipo de aprovechamientos.
“Es quien se encarga de verificar todo lo que es el manejo y uso del agua”.
Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de enero de 2020
Las comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, junto a las organizaciones integrantes de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), tenemos la alegría de comunicar a la población de los municipios del territorio de la Cuenca de la Independencia que, después de un largo proceso informativo y de organización, de manifestaciones públicas, así como de múltiples gestiones ante las autoridades competentes -federales y municipales-, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT ha tenido a bien resolver -el pasado 17 de diciembre del 2019- el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad BRegional solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V -filial mexicana de la minera canadiense Argonaut Gold- para el proyecto de “EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS CERRO DEL GALLO” a ubicarse en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en sentido negativo.
La denegación de la autorización solicitada se basa, por un lado, en una serie de inconsistencias, irregularidades y omisiones detectadas por la autoridad en el DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO presentado por la empresa y por otro, en que el proyecto minero en cuestión se ubica en un territorio actualmente considerado para uso forestal y agropecuario de temporal por lo que no es congruente con la vocación natural de la región, ni con los objetivos establecidos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET).
Es importante resaltar la Política Ecológica establecida en el programa mencionado – PEDUOET– para las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s) número 239 y 257, en las que se ubicaría este proyecto minero.
El PEDUOET señala entre otras cosas que, la política ecológica y los lineamientos para estas dos Unidades, son: ”restauración y mejoramiento, recuperación de la cobertura vegetal original y las funciones ecológicas de los ecosistemas, promoción e impulso de actividades alternativas para un aprovechamiento sustentable” de los recursos, que evite la disminución de capital natural, por lo que las actividades compatibles serían: acuacultura, agricultura de temporal, ganadería extensiva, forestal maderable y no maderable, turismo alternativo, entre otras. Y que las actividades no compatibles son: agricultura de riego y de humedad, agroindustria, ganadería intensiva, turismo convencional, asentamientos humanos urbanos, industrias ligera, mediana y pesada y minería, entre otras.
Nos congratulamos de que el gobierno federal haya concluido que es un proyecto inconsistente, incompatible e incongruente con la vocación de la región. Reconocemos también que el C. Miguel Ángel Rayas Ortíz, presidente municipal de Dolores Hidalgo haya honrado su palabra dada a las poblaciones afectadas por el proyecto y no haya otorgado ningun tipo de permiso para la operación del mismo, así como por sus gestiones ante las autoridades federales a favor del territorio y de las comiunidades que lo habitan.
No omitimos señalar que el total de las autoridades a quienes la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT les solicitó una opinión técnica sobre el proyecto, concluyeron que este no era viable. Pese a este triunfo de las comunidades que habitan los territorios de extracción, sabemos que la minera canadiense difícilmente cesará en sus intentos por explotar el Cerro del Gallo. En este sentido, queremos anunciar que continuaremos con el proceso informativo y organizativo con las comuidades para que, en su oportunidad, esten en posición de combatir legalmente un nuevo intento de aprobación.
Finalmente, dado el deterioro ecológico de la región debido en gran medida al abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, esperamos que las instituciones de los tres niveles de gobierno se sensibilicen con la situación y favorezcan la participación de la población organizada de las comunidades campesinas en el diseño y aplicación de proyectos de restauración de los ecosistemas, de aprovechamiento sustentable de los bienes naturales -en especial del agua- en concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET) para reactivar la economía rural en la región y recuperar las capacidades de gestión de sus habitantes.
Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
COMUNIDADES AFECTADAS HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Rueda de prensa Dolores Hidalgo, Gto, México. 22 de enero de 2020
