Categoría: Minería

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada de Zacatecas a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 24 de septiembre de 2019

Con agua concesionada a mineras se podría garantizar el derecho a este recurso de toda la población del estado

■ El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón

■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito

Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.

Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.

Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.

El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.

En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.

Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.

En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.

Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.

Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.

Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.

Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.

No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.

Imagénes: foto 1 mina Peñasquito – Definformemonos.Foto 2: El investigador Federico Guzmán con los conductores del programa radiofónico Sound Politicón, Raymundo Cárdenas y Carlos Galaviz ■ FOTO: ODÍN SALINAS

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AMLO, La minería no es sustentable

Compartimos este artículo sobre proyectos mineros en Wirikuta escrito por  David Avilés– Agosto 2019 

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes del pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto de un proceso de resistencia intensa a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte- Wirikuta, que se prolonga hasta la actualidad y que suspende cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano- Wirikuta.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman así en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni siquiera representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por las transnacionales mineras, en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano norte, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del entorno del Altiplano norte Wirikuta, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hace que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación y por tanto negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), organismo oficial de los wixaritari formados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), emitieron un comunicado público conjunto, en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.

En el manifiesto, comunicaban, a las comunidades y autoridades civiles y agrarias del Altiplano-Wirikuta, a las diferentes autoridades de las tres escalas del gobierno mexicano y a la sociedad civil nacional e internacional en su conjunto, la posición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras y otras actividades que amenazan Wirikuta, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775). 

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos, más bien, queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A.C., saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido, sin ningún pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic. Y por otro, ensayar, una descripción de uno de los aspectos del conflicto en el Altiplano-Wirikuta, que tiene relación con cuestiones relacionales de los habitantes del desierto, de los wixaritari y las empresas mineras con el territorio que enmarca el Altiplano-Wirikuta.

Como es sabido, desde el año 2010, el Altiplano-Wirikuta, está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos de las comunidades.

Las comunidades que conforman el Altiplano tienen un origen colonial y desde finales del siglo XVIII, en el municipio de Real de Catorce se abren diversas minas tradicionales donde se extraía oro y plata, principalmente.

En torno a estas explotaciones mineras, se organizaron las diferentes comunidades campesinas y centros de comercio con artesanos y diferentes profesiones para dar servicio a las poblaciones mineras, configuradas como sociedades complejas, en contraposición al modelo de la megaminería actual, mucho más agresivo en sus formas de extraer los recursos naturales y que ya no produce sociedades complejas como el anterior modelo, sino que, como argumenta Claudio Garibay, produce campamentos mineros, pues los recursos son extraídos, convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Este relato describe someramente el inicio de las comunidades del desierto en torno a la minería colonial y al modelo minero conocido como Real de Minas, un modelo de minería tradicional y de organización social hoy agotado, que contribuyó considerablemente a la conformación de las sociedades mestizas asentadas hoy en día en el Altiplano y que en la actualidad mantienen un modo de vida fundamentalmente campesino y ganadero, además de cierta actividad turística.

Paralelamente a los modos de vida de las comunidades, en el altiplano, existe otra construcción cultural que ha convivido simultáneamente y de forma pacífica con las concepciones mestizas del Altiplano-Wirikuta. 

Wirikuta, es para el pueblo wixarika, el lugar donde se establecieron los acuerdos con los antepasados para que fuera el lugar donde naciera el Sol y se produjera el primer amanecer de la historia de nuestro universo conocido, el lugar donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, convertidos en rocas y lagunas, cuyo recuerdo es mantenido y cuya vitalidad es reactivada trabajosamente por las personas wixaritari a través de peregrinaciones anuales, entrega de ofrendas, cantos y danzas, en prácticas diversas de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Esta lectura que sostienen los wixaritari y esta relación de integración que evita la confrontación entre unos seres humanos y la naturaleza y que a través de los ritos y de las prácticas culturales de los wixarika, cumplen la función de mantener vivos estos lugares de rocas y manantiales como espejos originarios que reflejan la memoria del mundo que, los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen en la matriz de vida que activa Wirikuta y que, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de las personas wixaritari.

Esta construcción múltiple mestiza/wixarika de la territorialidad del desierto, que ha coexistido en el lugar, nos permite contemplar el Altiplano-Wirikuta desde una perspectiva ampliada, más allá de la consideración del lugar como un mero espacio físico, como un espacio culturalmente construido y practicado, un lugar cargado de sentido, por las comunidades, por un lado, como lugar donde se desarrollan sus vidas individuales y colectivas y por otro, por la cultura wixarika, que a la vez carga de sentido esta cultura.

Esta perspectiva, nos permite contemplar Wirikuta como el elemento territorial que da sentido espiritual y material a este pueblo originario, como el lugar donde la cultura del pueblo wixarika toma tierra.

Lo que queremos expresar aquí, es que con la presencia de esta variedad de actores significando el Altiplano-Wirikuta de una forma compatible desde hace, al menos 250 años, tenemos un modelo de territorialidad basado, como afirma Maristella Svampa, en una memoria corta, como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido de forma pacífica con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga y antigua como territorio originario y ancestral.

Una convivencia que ha estado exenta de contradicciones hasta la introducción del modelo extractivista, facilitado por los diferentes niveles del gobierno mexicano que proviene de la matriz capitalista y que introduce una concepción de territorialidad a gran escala, antes ausente en el lugar y que convierte el Altiplano-Wirikuta en un territorio sacrificable, a través de parámetros valorativos reduccionistas del territorio, que se fundan exclusivamente sobre una concepción económica, basada en los valores de los metales en mercados internacionales, que además introducen una nueva dimensión territorial al Altiplano norte-Wirikuta como territorio en disputa.

Este modelo genera tensiones, pues excluye, por incompatibles, las formas preexistentes de territorialidad mestiza y wixarika basadas en lugar, las empresas necesitan los recursos a cualquier coste, pero no necesitan a las comunidades, que cuando se niegan y resisten, se convierten en un problema a solucionar, como han demostrado por cualquier medio, para estas entidades de carácter transnacional.

Con la introducción de estos modelos territoriales externos a las comunidades, nos encontramos ante un conflicto enmarcado dentro de la supervivencia física y cultural de estos pueblos mestizos y wixarika, en base a diferentes construcciones de naturaleza y formas de relacionarse con ella, que implican definiciones incompatibles de territorio, sostenibilidad, así como de uso y aprovechamiento de los recursos y que desembocan en conflictos con dimensiones ecosociales.

Finalmente, Estos conflictos, están enmarcados dentro del ámbito de la supervivencia física y cultural de los pueblos mestizos, habitantes del desierto y wixarika. En este sentido los megaproyectos representan el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

David Avilés

Investigador Universidad Autónoma de Madrid (España).

Área de Antropología de orientación pública.

Imagen: Huicholes en defensa de wirikuta, manifestación en DF/Foto México contaminada

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Compartimos el siguiente artículo publicado en La Jornada – 22 de Agosto 2019

Por Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

Por segunda ocasión en su mandato y «para que no olvidemos», el pasado 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disertó ante la prensa sobre la desaparición del Cerro de San Pedro Potosí. Lo hizo como parte de la respuesta que le dio a una reportera de Querétaro, quien preguntó al mandatario sobre un polígono de 5 mil hectáreas que la ciudadanía queretana desea convertir en área natural protegida en contra de los planes de fraccionadores. AMLO aprovechó el tema para fustigar por enésima ocasión a lo que denomina como antiguo régimen neoliberal, además de reiterar que su gobierno no está al servicio de la minoría rapaz de la que forman parte, entre otros, los dueños de inmobiliarias. «¡Ya cambiaron las cosas!», remató, y en un episodio más de su cruzada moralizante llamó a reflexionar sobre la vergüenza que deben sentir los hijos y nietos de aquellos personajes que permitieron la devastación del Potosí mexicano. El mensaje del Presidente señaló como responsables del despojo a funcionarios mexicanos, quienes habrían otorgado concesiones a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX) para su ecocida proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, la postura presidencial preocupa por ingenua, pues la desaparición del Cerro de San Pedro fue producto de una conspiración criminal que sigue impune y que inauguró, como lo señaló entonces Carlos Montemayor, una nueva forma de delincuencia organizada. Eso es lo que no deben olvidar los mexicanos. Dicha conspiración tuvo a la cabeza dos presidentes apátridas (Vicente Fox y Felipe Calderón), un gobernador panista (Marcelo de los Santos Fraga), el entonces abogado del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, quien al mismo tiempo era abogado de MSX y su traficante de influencias (Ángel Candia Pardo), un primer ministro de Canadá (Stephen Harper) y su cuerpo diplomático en México al servicio de sus mineras, el violento Robert Gallagher, entonces presidente de New Gold, dos serviles gerentes y golpeadores mexicanos encargados de operar el ilegal proyecto minero (Jorge Mendizábal y el ex funcionario zedillista Armando Ortega), varios jueces corruptos, una presidenta municipal inexplicablemente enriquecida (Rosaura Loredo), y además muchos peones insertos en dependencias federales y estatales, incluidos algunos académicos.

El caso no es atribuible, como dice AMLO, a un simple problema de política pública neoliberal que entregó la tercera parte del territorio mexicano a mineras trasnacionales. La conspiración criminal que nos despojó de los vestigios novohispanos del Potosí mexicano, y que nos ha heredado en menos de una década un irreversible ecocidio, se caracterizó por la corrupción de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la procuración de justicia. Fue una corrupción gestionada desde el poder estatal y federal, e impulsada por las autoridades y corporativos canadienses. Esta alianza para delinquir se tradujo en la violación de nuestra soberanía por parte de Canadá, un minero-Estado acostumbrado a intervenir en países jurídicamente débiles y corruptos. Los desastres, muerte y violencia generados por las industrias extractivas canadienses en Asia, África y América Latina han sido plenamente documentados. Sin embargo, es un gravísimo error pensar que dichas industrias se manejan diferente en territorio canadiense.

Alguien, con urgencia, debe acercarle la información correcta a AMLO: Canadá es un país depredador en su propio territorio. Las presiones y despojos a pueblos originarios, el atropello de los derechos ambientales de comunidades, así como la destrucción y contaminación de grandes territorios son prácticas que han instrumentado las mineras canadienses en el propio Canadá. La idealización que AMLO hace de este país nos puede hacer un gran daño como nación, sobre todo porque las mineras canadienses, con apoyo de su gobierno, han violado sistemáticamente la soberanía de México. Recordemos que en el caso del Cerro de San Pedro la sociedad civil organizada demostró, sin violencia y en tribunales, la ilegalidad del proyecto de MSX, el cual fue anulado por sentencias firmes ignoradas por Fox, Calderón, Marcelo de los Santos, MSX y el gobierno canadiense.

¿Sentirán vergüenza los hijos y nietos de quienes conspiraron para violar la ley y la soberanía nacionales, provocando con ello un daño irreversible a nuestro patrimonio ambiental e histórico en el caso Cerro de San Pedro? ¿A los hijos de los fraccionadores les preocupará la integridad moral de sus padres por intentar destruir con sus ecocidas negocios la Sierra de San Miguelito? La respuesta es que se sienten muy orgullosos de ser hijos y nietos de enriquecidos depredadores, como en el caso de Marcelo de los Santos Anaya, hijo de una pieza clave de la conspiración en torno a MSX. Marcelo de los Santos Fraga, al igual que su padre, De los Santos Anaya no sólo se ha enriquecido a la sombra de esa combinación entre poder político y económico que AMLO aspira a erradicar de la vida pública de México, sino que ahora, emulando las hazañas moralmente insolventes de su progenitor, se prepara para ser el candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí. Esperemos que los potosinos logren superar la prueba.

*Investigador de El Colegio de San Luis

Imagen: Cerro de San Pedro – Planoinformativo.com

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 20 de agosto de 2019

Sr. presidente, el Modelo Extractivo Minero por definición no es sustentable, toda vez que se trata de una actividad extractiva que se basa fundamentalmente en el uso de insumos NO RENOVABLES. Si a ello le agregamos que toda actividad minera por si misma genera daños ambientales y a la salud por la lógica de su implementación operativa, tenemos entonces una combinación maquiavélica y perversa, porque los daños son descomunales. Por ello, parte del procedimiento legal debe estar sustentado en una Manifestación de IMPACTO Ambiental. Sumemos a esto que, prácticamente desde hace medio siglo, la minería dio un salto cuántico con el uso de técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas que en conjunto significan cerros enteros, a tal grado que sólo en este periodo de 50 años ya se han extraído poco más del doble de la cantidad de metales que se extrajeron desde la llegada de la corona española a México. 

En este proceso se modificaron las técnicas de extracción y empezaron a implementarse las técnicas A CIELO ABIERTO Y LA DE TUMBE Y RELLENO, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente para lograr procesar la descomunal cantidad de material removido y extraer los metales de su interés con la ayuda de sustancias químicas como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico y otras sustancias ácidas, que ocasionó modificaciones en las leyes mexicanas y ya tiene tiempo que se crearon las NOM para establecer criterios y procedimientos para, a partir de ello, establecer en la ley que la minería tiene UN CARÁCTER TÓXICO. Por lo tanto, debe tener procedimientos de actuación y estar supervisada y vigilada porque potencialmente, como ya lo sabemos, son bombas de tiempo. Si tomamos en cuenta estos aspectos, no hay forma que nadie pueda sostener de manera real, coherente y científica que hay minería verde, sustentable, amigable con el ambiente. Luego entonces quienes promueven ese discurso de matices y maquillajes son los mismos de siempre, las multinacionales que utilizan a la ONU y otras instancias para mentir y seguir engañándonos, al igual que a usted, con que el progreso y desarrollo minero es el camino de los pueblos.

Toda la actividad minera contamina, pero el uso de las nuevas técnicas ha hecho que la contaminación alcance realmente niveles irracionales, entre los cuales, la técnica a Cielo Abierto es esencialmente la más depredadora del medio ambiente. Su elevadísimo consumo de agua, la contaminación de la misma y los millones de toneladas de desechos, terreros, jales, despolves plagados con metales pesados tóxicos y partículas de tamaño PM 10 y 2,5 literalmente expuestas al aire libre, son algunos de sus componentes que generan daños cotidianos, permanentemente e irreversibles, de tal tamaño y tan obvio que a simple vista se pueden discernir cómo es que no hay voluntad política para detener la minería.

Los datos en el mundo son contundentes:

• a. Es el megaproyecto que más destruye suelos, bosques, selvas, y, en consecuencia, provoca afectaciones sociales en todos los sentidos (destrucción del tejido social, daños de severos a graves e irreversibles a la salud, desarticulación familiar por muertes, etc.);
• b. También es el megaproyecto que más impacto induce contra los derechos humanos, a la vivienda, a la alimentación, al paisaje, a la cultura, porque en si mismo SU FIN ES EL DESPOJO y el despojo de territorios es tan brutal, que no se puede mirar el destrozo sin apelar a la mínima consciencia;
• c. Mariano Abarca o Bernardo Vázquez son una muestra de cientos de asesinados por resistir a tal despojo, a tal grado que llenan la geografía del país y de América Latina. Asesinatos que, por cierto, están en total impunidad;
• d. Es el megaproyecto extractivo que mayor acumulación de riqueza para sí mismo genera, y al mismo tiempo que es un mito la generación de muchos empleos, porque en su fórmula nunca cuentan, entre otros factores, los empleos que desplaza, lo cual es el otro componente central de la actividad minera EL DESPLAZAMIENTO FORZADO;
• e. Las concesiones mineras que ha entregado el gobierno mexicano están comprometidas en los Tratados de Libre Comercio para asegurar la ganancia y el extractivismo de las empresas mineras a tal grado que, de amenazar su actividad, demandan a los gobiernos con millones de dólares por impedir su actividad altamente lucrativa a expensas de los pueblos y del medio ambiente, tal como ya sucede en México https://movimientom4.org/2019/06/informe-casino-del-extractivismo-las-empresas-mineras-apuestan-con-la-vida-y-la- soberania-de-america-latina-usando-el-arbitraje-supranacional/, de tal manera que, se le agradece que desde su posición no se entreguen más concesiones, lo cual esperamos obedezca y cumpla el titular del sector;
• f. Es también una actividad extractiva que no asume, ni siquiera sus ridículos procesos creados por ellos mismos relacionados con la responsabilidad social corporativa, los principios rectores empresariales, el código para el buen uso del cianuro, etc., etc., por lo tanto, nunca cumple los costos sociales y ambientales que ellos mismos establecen en la MIA y en los convenios que firman con comunidades. Ni que decir de evasión o desviación o la omisión de los pagos hacendarios/impuestos que realmente corresponderían a sus ganancias y, sobre el pago del impuesto minero a municipios, que ahora se propone sea directo a comunidades, la verdad es que no tiene caso ni opinar al respecto, porque es notorio el desconocimiento de lo que ello significa. No respetan ni las débiles leyes mexicanas, ni las directrices internacionales, ni los convenios con las comunidades que, engañadas firman la depredación de la tierra;
• g. La ley minera que tenemos es un símil que Canadá impuso en toda América Latina, con lo cual le queremos decir, que de ninguna manera es cierto que en Canadá y en Estados Unidos la minería es cumplida, amigable y sustentable, sino todo lo contrario, de ahí mismo es donde viene lo que se implementa en México y en América Latina. Por lo tanto, no sabemos quién le informa e influye en su postura totalmente errónea a lo que realmente sucede, aunque sospechamos que Gómez Urrutia podría ser uno de ellos o los responsables del sector, en especial el Sr Quiroga que sabemos es un exdirector de empresas mineras, por ende, un promovente que le interesa el sector, pero en lo más mínimo los daños que ocasiona, y por ello va a cenar con los empresarios mineros, pero es incapaz de atender a los pueblos afectados por las empresas. De hecho, es lamentable el nivel de injerencia del gobierno canadiense en ese tema y en particular el papel y rol que juega la embajada canadiense en México, que sale a celebrar la inversión minera en una de las zonas de mayor violencia del mundo como sucede en el estado de Guerrero, al mismo tiempo que el gobierno canadienses emite alertas para que los turistas canadienses no visiten Guerrero, más racismo de este tipo no se puede permitir, menos aun seguir generando una opinión de que la minería en México debe seguir el buen comportamiento de la canadiense o estadunidense, porque es totalmente falso. 

Para nosotros como REMA, es mejor exhortarlo a que revise meticulosamente todo esto que le mencionamos, porque se trata de 11 años de narrativa, de vivencias en las comunidades, de apoyos académicos, de procesos de análisis e informativos de medios de comunicación, del intercambio de experiencias nacionales e internacionales, de atrevernos a demandar al gobierno canadiense porque sabemos que tenemos la razón jurídica, de pelearnos contra el despojo y el desplazamiento del mal llamado progreso y desarrollo minero. Todo esto NOS HA ENSEÑADO A DERRIBAR LOS MITOS DE LA MINERÍA CANADIENSE, aceptar lo anterior es una prioridad para usted señor Presidente, porque de verdad si no lo hace, nos quedará un amargo sabor de boca porque pareciera que entonces, también quiere engañar a las comunidades y al conjunto de la sociedad tratando de convencer que la actividad minera es “compatible con el medio ambiente” y que además aporta a la economía del país y dan fuentes de empleo. Este Modelo Extractivo no es verde, no es sustentable, no es responsable, ni aporta al desarrollo del país. Nuestro campo, los pueblos originarios, la gran y prodigiosa diversidad de la naturaleza que tenemos, la fuerza del pueblo de México que ha aguantado el saqueo hasta el cansancio, es lo que tenemos para hacer crecer y cambiar al país, es lo que suponemos debe ser el fondo de la 4T, porque si seguimos en la retórica de la mentira, pero dicho desde la legitimidad que usted se ganó en el proceso electoral, entonces la 4T no es real, sino una idea suya, para usted y para los de siempre.

Desde antes de que asumiera la responsabilidad de ser Presidente le enviamos un comunicado en donde le pedíamos algunos guiños de que somos escuchados, que, para comenzar, cancelara todas las concesiones que son miles, en dónde no hay un sólo proyecto operando, como bien usted señala, sólo favorece la especulación y el engordamiento de vividores en la bolsa de valores, la venta ilegal de concesiones entre quienes las poseen y que debería ser penado con la cárcel en México porque el país no las vende y otros hacen riqueza de la insuficiencia legal que hay al respecto. Habría que solucionar primero el desastre ambiental del Grupo México en el Río Sonora, pero NO DESDE EL ACUERDO CON UN EMPRESARIO que se ha ganado desde hace años el pleno derecho de estar en la cárcel por la cantidad de personas y de miseria que han generado sus múltiples proyectos mineros que tiene en el país y en otros países, sino desde hacer valer el estado de derecho. Por qué negociar con un hampón como el Sr Larrea y continuar sumiso a su negocio. Por otra parte, celebramos la postura adquirida para el rescate de los compañeros del desastre de Pasta de Conchos, al igual que celebramos deje fuera al Senador Gómez Urrutia y al Sr Larrea célebres coparticipes del abandono y no rescate de los 63 trabajadores, porque por lo menos es una luz para que por fin, ellos y sus familias descansen de este terrible agravio en donde el desprecio a la vida se volvió política pública. Le pedimos también sume a su mirada sobre la problemática minera a quienes han sido asesinados por defender la vida y el territorio, porque sus asesinatos son prácticamente carpetas de investigación, folders archivados, familias que se niegan a la impunidad y continúan persiguiendo a la justicia. Bernardo Vázquez, Mariano Abarca, Bety Cariño, Ismael Solorio y su esposa Manuela Ortiz, son algunos de los vacíos del corazón que cargamos por una política basada en el desastre y la violencia, que viven pueblos enteros y que todo ello empeora de manera significativa en aquellos que le dijeron sí a la minería como Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, como en Salaverna, Mazapil, la Colorada y Chalchihuites en Zacatecas, como también sucedió en Cerro San Pedro de San Luis Potosí. Cada pueblo minero de estos y muchos más que por falta de espacio no mencionamos, han sido una parte fundamental de nuestro aprendizaje porque nos han proporcionado los elementos necesarios para construir y tener la total convicción de ser férreos opositores a ese tipo de progreso y desarrollo. No queremos más violencia del Estado para quienes resisten por la vida y luchan en contra del despojo y del desplazamiento forzado. Basta de persecución por parte del Estado en Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, en prácticamente todo el país. No nos parece ni correcto que usted Sr. presidente, establezca agenda con dichos falsos sobre una minería sustentable que no existe ni en México, ni en Canadá, ni en China, y que su regulación y “la buena dirección” de Gómez Urrutia la meterá al orden laboral, porque sabemos como abandona a sus trabajadores gremiales. Tampoco nos parece justo que no escuche, ni hable, ni reciba a las resistencias contra las mineras, pero si convocar a empresarios para “regañarlos” y decirles que se porten bien y que no nos abandonen porque necesitamos sus empleos. Eso es totalmente incongruente con alguien que dice quiere transformar al país. Discutir la problemática minera para nosotros no pasa por un espacio de participación amplio, sino por terminar con las asimetrías y entonces sí darle forma y fondo a un proceso crítico y serio sobre la problemática que existe en torno a la industria minera, como sucede ahora con el INPI: creando consultas amañadas, falsas y sin contenido; entonces da igual y políticamente seguiremos como ya estamos en transiciones de oropel, mientras la gente y los ecosistemas mueren.

Su discurso en torno al respeto al medio ambiente, al combate al cambio climático, al desarrollo sustentable, entre otros “slogans” que posicionó durante su campaña y que continúa mencionando, por cierto con menos enjundia ahora que ya gobierna, no son congruentes con la práctica de las acciones que ya suceden, por lo que, NOS NEGAMOS A RECONOCER SU PALABRA, SI ESTA CONTINÚA OFRECIÉNDOLE APOYO A UNA ACTIVIDAD QUE ESTÁ MATANDO AL PUEBLO DE MÉXICO, a sus bosques, a sus recursos hídricos, a sus suelos y a su soberanía alimentaria.

Nos parece bien que al parecer ya no entregará más concesiones mineras, pero qué hará usted con las existentes que son miles, porque cada que inicia la operación de alguna de ellas daña, no una, sino varias comunidades, varios ríos, varios ecosistemas. Cancelarlas de forma definitiva y de forma permanente es el inicio para resolver los conflictos actuales; penalizar a aquellos dueños de las empresas que han violentado leyes, violado derechos y actuado de forma violenta contra los opositores a dicha actividad es una plataforma urgente para que las empresas empiecen a sentirse que no son más poderosas que el gobierno, ni que el pueblo de México. Eliminar la actividad extractiva a cielo abierto y de tumbe y relleno es una urgente necesidad, porque sólo de esa manera se provocará la transición y el impulso a otras formas de producción y consumo que debemos restituir, reconstruir y reafirmar entre todas y todos. 

Sr. Presidente Andrés Manuel, como se dará cuenta, el tema minero ofrece una amplia gama de problemas que simplemente usted no observa y que, de hecho, acá ni siquiera alcanzamos a mencionarlas porque aun hay más tela de donde seguir cuestionando sobre los por qué luchamos para que no haya minería en México. No faltará quien salga al quite diciendo que necesitamos una Ley Minera moderna e incluyente, así como esperemos que, si nos lee, no salga con la retórica de que somos ingenuos al tema por querer expulsar de México una actividad loable y noble, porque si así lo piensa, le adelantamos que DE FACTO ATACARÁ A PAÍSES Y PROVINCIAS DE OTROS PAÍSES QUE YA HAN PROHIBIDO ESA ACTIVIDAD. Le podemos garantizar que nos podrán seguir criticando por mil cosas, pero no de ser ingenuos o que nos pongan la etiqueta de activistas radicales sin fundamentos ni legales, ni científicos, porque en lo que usted planea el rumbo, nosotros ya hemos pasado por la embajada de Canadá, por la ciencia, por los pueblos, por las empresas, por las leyes, por los trabajadores, por el agua contaminada, por miles de enfermos y, de todo ello hemos aprendido mucho para cuando llegue el momento, poner en ridículo a los dueños y empresarios mineros, lo que haremos cuando existan y se garanticen la igualdad de condiciones, cuando sean ellos quienes den la cara y no envíen a sus gerentes y no sea bajo su asimetría de dinero, la violencia y los políticos afines a ellos.

Usted ha creado una expectativa muy alta de credibilidad en este país la cual, por supuesto ya necesitábamos, pero por la forma en la que de repente hace uso de la palabra, nos preguntamos si sus operadores son tan inútiles que no pueden pasarle una ficha de verdad y no llena de mentiras. Es distinto que usted diga que no le importa si en el país opera una minería rapaz, a que diga que exhorta a que tengamos una minería verde y linda como en Canadá, porque sobre esta última frase, no hay forma que logre encontrar elementos ni técnicos, ni científicos, ni razonables, ni sustentables, ni epistemológicos sociales, por lo tanto, es una gran mentira y, en esas circunstancias no sólo se engaña a sí mismo, sino también al pueblo de México, ese pueblo que hoy le da toda la mano de la credibilidad. Aún es tiempo, no lapide su principal fuerza basada en el apoyo social que ostenta al pretender vender la imagen de una actividad que está matando al planeta como si fuera una actividad sustentable.

¡TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS  Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA

Imagen: Mina Carrizalillo – trabajo movil

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Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas?

Compartimos este reportaje publicado en Píe de Página, a través de ChiapasParalelo – A 5 de agosto 2019

Cinco años después del derrame tóxico más grave en la historia de la minería en México, las comunidades afectadas continúan contaminadas y sin agua potable. Todo lo prometido por Grupo México ha sido hecho a medias. Mientras, Germán Larrea, el presidente de la corporación, sigue siendo el segundo hombre más rico del país

 

#AlianzadeMedios | Por Lydiette Carrión de Pie de Página

BACANUCHI, SONORA.- Ramón Aguirre Moiza era comisario ejidal de Bacanuchi en 2014, cuando ocurrió el desastre: 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado derramados por la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Cuarenta millones de litros –el equivalente a 12 albercas olímpicas llenas– recorrieron más de 300 kilómetros y afectaron directamente siete municipios, hasta llegar a la presa El Molinito, en Hermosillo.

Aquel día, el 6 de agosto, Ramón Aguirre se hallaba fuera del pueblo, de visita con unos parientes, cuando un hermano le habló por teléfono:

–El agua viene mal.

Ramón regresó de inmediato. Usualmente el río era claro y limpio. Aquel día eran lodos cafés y naranjas. Los ejidatarios tomaron muestras a diversas alturas del caudal, se trasladaron a Hermosillo y de su dinero pagaron análisis de laboratorio.

El resultado fue “el esperado: agua envenenada de arsénico y metales pesados”, resume Aguirre. Estos son los únicos análisis completos que la comunidad de Bacanuchi tiene sobre la calidad del agua de su río. Aunque periódicamente vienen autoridades a medir la calidad del agua, jamás publican ni explican los resultados.

“Nunca hemos visto análisis completos”, refrenda Adalberto Vázquez López, el actual comisario, en entrevista aparte. “El Grupo México dice que no afectó, pero usted verá, no es así”.

El 6 de agosto de 2014, una presa de jales (así se les llama a las de deshechos mineros) derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Tinajas, afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. Es el peor desastre en la historia de la minería en México

Edén deshonrado

En 2019 Ramón Aguirre ya no es comisariado ejidal de Bacanuchi. Cumplió 65 años. Ahora se dedica a su parcela; es el primer año que siembra después del derrame: un poco de maíz y alfalfa.

Bacanuchi está enclavado en un paisaje semidesértico. Pero el río obsequia tierras fértiles a lo largo de la ribera. Aquí, las parcelas son hermosas, el clima es húmedo y fresco, los árboles crecen a la orilla de los canales de riego; los cardos presumen su blanca flor entre los surcos.

Antes del derrame, los ejidatarios sembraban de todo: sandías, alfalfa, calabaza, milpa, frijol, sargazo. “Se vivía muy bien”, reconoce uno. Como toda zona fronteriza, los rancheros tienen vocación ganadera. Así que en Bacanuchi preparaban queso, leche y carne.

Después del 6 agosto de 2014, la cosecha de aquel año se tiró. Y en septiembre vino el remate: Minera México envió personal a levantar lo más obvio del derrame: las espumas naranjas. “Las colocaban en carretillas afuera de la ribera, para subirlos a camiones”, explica Aguirre.

En eso llegó la crecida. De esas que ocurren en los ríos del desierto: inesperadas y brutales. El río Bacanuchi se desbordó y arrojó sobre las parcelas todo el contenido de las carretillas.

“Los lodos llegaron hasta allá”, dice Aguirre, mientras señala el final de la parcela. Todo quedó sepultado en porquería.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) estimó al menos 2 mil 519 productores agropecuarios afectados, 5 mil 573 hectáreas agrícolas cultivadas dañadas y alrededor de 72 mil 755 cabezas de ganado bovino perjudicadas.

Fuente: Poder.

Cosechas perdidas

Nadie sembró en Bacanuchi durante dos años. Y hasta la fecha algunas parcelas siguen abandonadas. “No sólo no se podía sembrar”, explica Aguirre. Nadie compraba. “Si era de Bacanuchi, nadie te compraba, decían que estaba contaminado”.

El hombre sigue recorriendo el río casi todos los días. Lo conoce de memoria. Por eso sabe que los árboles que se inundan cuando crece el río ya están muriendo. Ahora nos encontramos en un tramo así. El agua corre muy poco, cristalina. El enorme álamo que bebe a la orilla amarillea.

–El agua está clara. ¿Usted cree que ya está limpio el río?

–Claro que no. Los metales están en el fondo. Siguen ahí, y a veces, con las crecidas [del río], la lluvia, salen.

Según Procuraduría Federal de Protección al ambiente, Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos. A pesar de ello, la dependencia impuso a Buenavista del Cobre una multa de apenas 23 millones de pesos, equivalente al 0.00016 % de los ingresos de la minera ese año. Fuente: Poder.

Consecuencias desconocidas

Este fenómeno lo explicarían más tarde algunos reporteros provenientes de Hermosillo, que han cubierto el desastre desde el día uno. Los metales, que en masa se diseminaron por el río, se asentaron a lo largo del río. Algunos viajaron cientos kilómetros, cada vez más diluidos, hasta llegar a la presa el Molinillo, en Hermosillo.

El Molinillo fue clausurado para uso humano y continúa así. Hasta la fecha no se usa esa presa para abastecer agua potable; aunque la leyenda urbana asegura que cuando hace mucha falta, las autoridades lo permiten. “Sólo usan agua somera, jamás del fondo de la presa”, dice con sorna un reportero.

Pero los metales se remueven y a veces afloran. Aguirre muestra su teléfono celular, un modelo viejito: muestra las fotografías borrosas. En una de ellas, los lodos naranjas se estancan en un brazo del río.

“Ésta la tomé en enero de este año. ¿Ve? Ahí sigue la porquería”.

El derrame de Grupo México afectó a más de 22 mil personas, en siete municipios en la cuenca del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.

Pero los daños podrían alcanzar hasta 1 millón de personas si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo. “Cinco años de impunidad”, informe de prensa grupo Poder.

La comunidad languidece

De 2014 a la fecha, la población de Bacanuchi se redujo a la mitad. Solían vivir ahí unas 400 personas, entre ejidatarios y avecindados. Ahora son alrededor de 200. En vacaciones todavía se duplica la cantidad: muchos originarios que residen habitualmente en Arizona, Estados Unidos, regresan.

“Aquí se vivía bien”, repiten muchos. Lo dice el señor Aguirre en su milpa. Lo asevera Lourdes Quiñones mientras prepara la comida en su cocina. Todos la llaman Yuli. Originaria de Sinaloa, vino a Bacanuchi con su esposo e hijos hace ya 13 años.

Anahí, una de las hijas de Yuly, es maestra de preescolar. Pero el próximo ciclo, no se abrirá su salón porque ya no hay niños en la comunidad. De los cuatro niños que debían pasar a preescolar sólo se quedarán dos en la comunidad. Los demás se han ido con sus mamás al otro lado.

Garrafones infinitos

Yuli prepara un plato de cerdo y maíz en caldo de frijol, muy sabroso, al que llaman “gallina colorada”. La cocina es amplia y de techos bajos; una construcción modular prefabricada, popular en Bacanuchi y herencia de Arizona. La mujer guisa, prepara café y naranjada con agua de garrafón. Porque el agua de la llave está limitada a la ducha (a veces les da comezón) y el quehacer.

Traen garrafones desde Cananea, a dos horas de camino. “¡Es un gasto que no teníamos! Y llevamos así cinco años”.

En 2015, comenzó a operar la purificadora de Bacanuchi. Pero la gente no le tiene confianza porque, explican, el agua “a veces sabe a centavo”. En abril de este 2019, por medio de las gestiones de vecinos, un grupo de la Iglesia Católica se instaló en el centro de Bacanuchi una pequeña purificadora de agua. La gente debe introducir monedas para llenar sus garrafones.

El Fideicomiso de Grupo México entregó a las familias afectadas 15 mil 350 pesos para compra de agua mientras se establecían las 36 plantas potabilizadoras (sólo abrieron 3). A cinco años del derrame, las familias de la región siguen comprando garrafones. El promedio de gasto de una familia en garrafones rebasa los 51 mil pesos en estos cinco años. Fuente: Poder

Sin derecho a la salud

Antes de derrame, había un pequeño centro de salud, atendido por un pasante de medicina. Tras la tragedia, Grupo México prometió construir una pequeña clínica para dar seguimiento a los problemas que se presenten. Pero nunca la construyó. Y ya ni hay médico pasante en el centro de salud; está cerrado desde hace dos años.

La señora Nora muestra fotografías desde una memoria vieja: su hijo, que entonces tenía unos 6 años, con los ojos enrojecidos; otras más: las uñas de los pies destruidas. Por caminar por el río aquel 2014.

La cantidad destinada por el fideicomiso para atender las afectaciones en salud fue poca: casi 8 millones de pesos. Sólo el 10 % del total del rubro en salud. El 90 % restante (71 millones de pesos) se gastó en “Acciones de atención y seguimiento médico en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS)”. De acuerdo con habitantes de Bacanuchi estos seguimientos sólo hacen biometrías hemáticas. Jamás han conocido el nivel de metales pesados en su sangre. Fuente: Poder y testimonios in situ.

Fideicomiso: voracidad sin fin

El 15 de septiembre de 2014, Grupo México firmó el contrato Fideicomiso Río Sonora. Y ahí se comprometió a aportar dos mil millones de pesos, del que saldrían las potabilizadoras prometidas, los tinacos, una clínica y apoyos directos a los afectados.

De las 36 potabilizadoras pactadas en septiembre de 2014, sólo se construyeron tres. Pero sí que se compraron tinacos a los que no llega el agua. Esos tinacos fueron adquiridos en la empresa de un primo de Germán Larrea, presidente de Grupo México.

El Fideicomiso destinó casi 185 millones de pesos para la compra e instalación de 10 mil tinacos, para supuestamente almacenar agua que llegaría de las potabilizadoras prometidas. Las potabilizadoras jamás se instalaron.

El dinero de los tinacos se distribuyó así:

• ➢ El Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora AC: 150 millones de pesos.

• ➢ El Colegio de Ingenieros Ambientales de México AC (institución fundada por Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Medio Ambiente y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso): 28 millones de pesos. La empresa Rotoplas, de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco: 5 millones 502 mil.

  Fuente: Poder

Reparación del daño a discreción

“Les dieron dinero a puros familiares de políticos”, explica un habitante de Bacanuchi. “A gente que tiene su rancho en la sierra, bien lejos de aquí”, reclama.

En efecto, en 2015, la periodista Shaila Rosagel documentó en Sin Embargo, que alcaldes panistas y priistas de varios municipios de la cuenca recibieron elevados montos por parte del Fideicomiso.

Algunos, 100 mil pesos, otros 200 mil. Juanita Barrios, esposa del alcalde de Banamichi, casi un millón de pesos. Quizá no parezcan montos exagerados. “Pero a la gente más afectada les dieron a lo mucho 20 mil pesos”, explica otro habitante de Bacanuchi.

Otros beneficiarios “destacados” por el fideicomiso fueron el hermano y los primos del político priista Alfonso Elías Serrano, quienes en conjunto recibieron un millón de pesos, documenta Rosagel.

No se perforaron los 63 pozos prometidos, pero sí se gastaron 32 millones de pesos en publicidad. “Parte de este dinero fue para proyectar spots sobre la supuesta remediación del río en Cinemex, que es parte de Grupo México”. Poder.

El nuevo monstruo

Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca.

La organización no gubernamental Poder ha dado seguimiento al derrame desde el inicio. Apuesta por la autogestión, y ha buscado que los pobladores se organicen. Actualmente, los habitantes de los pueblos afectados están coordinados en 12 comités en seis municipios.

Uno de estos comités es el de Bacanuchi, que actualmente batalla contra un nuevo monstruo.

El histórico derrame ocurrió en agosto de 2014. En 2015, una nueva presa de desechos tóxicos 100 veces más grande arrancó operaciones. Ninguna autoridad detuvo el proyecto, y nadie informó a las comunidades que pueden ser afectadas.

Los caminos privados de Grupo México

El camino rumbo a Bacanuchi es de tierra y queda inservible en temporada de lluvias. La ciudad más cercana es Cananea; antes les quedaba a hora y media de distancia. Grupo México los despojó del camino. Alegó que era “propiedad privada” y ahora es utilizado para los trabajos de la nueva presa de jales. A Bacanuchi les dieron otra ruta. Ahora hacen hasta dos horas y media a Cananea.

Bajamos de las camionetas a un lado del camino, poco antes de entrar a “propiedad privada”. Esas tierras pertenecían al ejido 16 de septiembre. Por presiones y engaños vendieron. María Elena Bustamante señala la muralla de la presa: una monstruosidad que recuerda el muro del norte, de la serie Game of Thrones. María Elena señala: “Nos empezamos a dar cuenta de que construían la presa porque pasábamos por aquí”, explica. La mujer llora: es un monstruo. Si eso se derrama, se acaba Bacanuchi.

La mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, opera desde hace tres años una enorme presa de desechos tóxicos 100 veces más grande que la derramada en 2014, cuando generó el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México en el Río Sonora.

A la comunidad jamás se le informó nada. Se enteraron cuando la vieron operar, y porque les quitaron el camino. Así que con asesoría de Poder, interpusieron un amparo en 2015. El año pasado llegó hasta la Suprema Corte, quien determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debió respetar el derecho de los pobladores a participar y decidir si estaban de acuerdo con la ampliación de una presa de jales. Batalla legal

Las comunidades afectadas por Buenavista han interpuesto:

• 13 demandas por el derrame de 2014.

• 1 por la presa construida en 2015.

• 8 por las Zonas de Desarrollo Económico.

• 3 amparos ya no procedieron.

• 4 se encuentran en la SCJN.

Daño acumulado

Ninguna investigación ha revisado el daño por exposición y acumulación de metales en el cuerpo de personas y animales en la cuenca. Y los derrames en Río Sonora existen desde que la zona es minera.

Juan Manuel Silva Rodríguez, en su ensayo “100 años de contaminación de la minería en ríos de Sonora 1908-2014”, explica que si bien el derrame de 2014 es considerado el peor desastre causado por la minería en un siglo, no es de lejos el único. Por el contrario, la contaminación del Río Sonora ha sido continua desde al menos 100 años.

Él explica cómo desde los años 1650 se explotaban minas a lo largo del Río Sonora. Y ya para el siglo XX, queda asentado cómo la mayor parte de las solicitudes de explotación de minas se concentra en la cuenca.

Pero hasta 1917 hay normas para prevenir la contaminación. Antes, los derrames de presas de jales no “eran nota” (esta expresión es mía).

El investigador narra cómo es que desde esos años hay registros de agricultores que presentan quejas ante el gobernador porque las minas estropean sus tierras debido al derrame de “jales” en el agua, que inundan sus campos.

Fotos: Foto 1 El derrame de ácido sulfúrico que tornó naranja al río Sonora, Agosto 2014 Crédito: Agencia Reforma. Fotos 2, 3 y 4 % años después del derrame Agosto 2019, Crédito: Lydiette Carrión

Más información:

[Artículo] ¿Quién es Grupo México y por qué ha logrado salir impune de los desastres mineros?

[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles

VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora

Compartimos el siguiente reportaje sobre algunos casas de defensa de los territorios de mineras canadienses publicado en Rights Action – A 23 de julio 2019 

Por Grahame Russell, 23 de julio de 2019

Cada cierto tiempo, la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.

Las demandas en contra de Hudbay Minerals/CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel) interpuestas en Canadá en 2010, y el juicio penal paralelo en contra de Mynor Padilla que se lleva en Guatemala desde 2015, son un ejemplo de este tipo de lucha.

Y aun si han pasado muchos años desde la comisión de estos crímenes vinculados a la Hudbay Minerals y CGN, ambos luchas siguen avanzando.

Lo que está en cuestión en estas luchas – represión causada por la minería (un asesinato, un atentado con disparos que causó parálisis, violaciones sexuales); desalojos forzosos con amplia destrucción; corrupción y colusión con gobiernos, fuerzas de seguridad privadas, policías y fuerzas armadas – son parecidos a tantos otros casos de criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que se vienen produciendo en Guatemala y a través del mundo.

Por varios razones generales y particulares – desde el valor, la dignidad y la fortaleza de las víctimas-querellantes Maya-Q’eqchi’, hasta la astucia, pasión y compromiso de los abogados en Canadá y Guatemala –, estos juicios en Canadá y Guatemala han superado, hasta ahora, todos los obstáculos legales, políticos y tácticos, y se están llevando adelante.

Aunque podría demorar años más, un eventual juicio en Canadá y un eventual nuevo juicio en Guatemala – si es que se llega a eso – estas demandas ya están cambiando la realidad legal y política de la impunidad e inmunidad corporativas de asumir responsabilidades legales.

Los procesos judiciales en Canada y Guatemala

Trece querellantes Q’eqchi’ están demandando a Hudbay Minerales y la CGN por represión vinculada a la minería. Representados por los abogados Murray Klippenstein y Cory Wanless, las tres demandas interrelacionadas fueron interpuestas por:

• Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, con cinco hijos, un dirigente comunal y profesor que en un ataque dirigido el 27 de setiembre de 2009 fue asesinado a machetazos y disparos realizados por personal de seguridad de Hudbay;
• German Chub, un joven padre, que fue víctima de un ataque con disparos por parte de personal de seguridad de Hudbay que lo dejó paralizado, el mismo día en que mataron a Adolfo Ich;
• Margarita Caal, Rosa Elbira Ich Coc y otras nueve mujeres de la aldea de Lote Ocho, quienes fueron violadas por las fuerzas de seguridad de Hudbay Minerals (en ese entonces Skye Resources) y CGN, y por miembros de la policía y de las fuerzas armadas en enero de 2007, durante un desalojo ilegal y violento y la destrucción de su pueblo. 

Dos de estas víctimas (Angelica Choc y German Chub) son partes en el juicio penal que se lleva en Guatemala en contra de Mynor Padilla, el ex jefe de seguridad de Hudbay/CGN. Dada la historia de impunidad que las empresas mineras canadienses han gozado en Canadá, y dada la impunidad, corrupción y represión endémicas en Guatemala (que las empresas multi-nacionales conocen y del que se benefician), la pregunta sigue siendo, ¿será posible alcanzar la justicia en Canadá y/o Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

La minería Canadiense en el territorio Q’eqchi’ desde los años 1960

Desde los años 1960, y sobre todo a partir de los años 1970, la población Q’eqchi’ de El Estor, en el oriente de Guatemala, ha sufrido actos reiterados de represión vinculados a una serie de empresas de extracción de níquel de propiedad canadiense: INCO (Compañía Minera Internacional), 1964-2004; Skye Resources, 2004-2008; y Hudbay Minerals, 2008-2011.

«Canadian Companies Mining With The Genocidal Generals In Guatemala”, by Grahame Russell, 7 April 2019, http://rightsaction.org/canadian-companies-mining-with-the-genocidal-generals-in-guatemala/

Dicha represión recurrente incluye: desalojos ilegales y violentos y destrucción de comunidades; atentados con disparos y ataques que causan discapacidad; asesinatos selectivos de dirigentes comunitarios; violaciones sexuales; criminalización de los defensores comunitarios, etc.

Aclaraciones sobre las empresas: EXMIBAL era la subsidiaria de INCO. Cuando INCO vendió sus intereses a Skye Resources, cambiaron el nombre de EXMIBAL a CGN. La CGN era propiedad de Skye Resources (2004-2008) y luego de Hudbay Minerals (2008-2011). Skye Resources fue incorporado por ex funcionarios de la empresa INCO, y la empresa INCO transfirió su empresa subsidiaria EXMIBAL y la concesión minera que INCO había recibido del gobierno militar de turno durante la década de 1960.

En 2008, Hudbay Minerales compró Skye, incluso todos sus activos (CGN) y sus pasivos.

En 2011, Hudbay vendió la CGN al Solway Investment Group (de la Suiza), pero sigue siendo responsable por los procesos judiciales en Canada.

Ni en Canada, ni en Guatemala, se hizo justicia por las violaciones y represión cometidos por INCO/EXMIBAL, juntos con el ejército Guatemalteco, en los años 70 y entrando en los años 80. Varios de esos casos de represión minera son documentados en el informe final (1999) de la “comisión de la verdad” de las Naciones Unidas – la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

>>Seguir leyendo reportaje<<

Foto: Rights Action, Lucia Caal, Carmelina Caal, Rosa Elvira, Elvira Choc, Irma Yolanda, Angelica Choc, Margarita Caal, Elena Choc, Olivia Asig, Irma Yolanda. Faltan: Amalia Cac y Luisa Caal.

Grahame Russell es un abogado canadiense retirado, profesor en la University of Northern British Columbia, y desde 1995 director de Rights Action (Derechos en Acción). Para mayor información sobre las luchas de los Q’eqchi’ en busca de la justicia, o si desea apoyarlas, comuníquese con: grahame@rightsaction.org, www.rightsaction.org.

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Compartimos esta nota sobre resistencias contra el extractivismo publicada en Página 3 a través de ChiapasParalelo – A 23 de julio 2019 

#AlianzadeMedios | Por Pedro Matías de Página 3 

SAN MARTIN DE LOS CANSECO, Oaxaca (pagina3.mx).- Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario“.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Mineríaconvencidos de que hacer comunalidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

Imagen: Página 3

Más información: 

Gana en Comitancillo, Oaxaca un Comisariado que Defiende el Territorio 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería se solidariza con las organizaciones y familiares de los compañeros asesinados en Oaxaca 

La minería en México: Un despojo legalizado

Comunicado de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Socioambiental A.C. y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 17 de julio 2019 

Luego de que se dieran a conocer las razones por las que comunidades campesinas del Municipio de Dolores Hidalgo se oponen al Proyecto Minero Cerro del Gallo -propiedad de la empresa canadiense Argonaut Gold- el lobby minero las ridiculiza.

El pasado 12 de julio, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera.

Esta declaración revela la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.

El dirigente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos justifica sus declaraciones en los 500 años de extracción minera en el Estado de Guanajuato, pero omite considerar que la canadiense Argonaut Gold plantea, para la explotación de su Proyecto Cerro del Gallo, la técnica a cielo abierto y la lixiviación en pila con una mezcla de cianuro altamente tóxica tanto para la población como para la flora y la fauna del ecosistema regional, todo ello en un contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del Acuífero de la Independencia.

En efecto, el Proyecto Minero Cerro del Gallo se ubica dentro del territorio conocido como Cuenca de la Independencia, el cual ha sido ampliamente estudiado por el Centro de Geociencias de la UNAM. Los estudios científicos de la UNAM, arrojan, entre otros, los siguientes resultados:

• 1. La realidad geohídrica no se corresponde con la realidad política y/o administrativa. La división de acuíferos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEAG) está basada en límites administrativos y no reales o naturales. En el Norte y Noreste del Estado de Guanajuato, existe un solo acuífero –el Acuífero de la Independencia– que abarca a siete municipios: San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende. Sin embargo, a lo largo de las últimas administraciones, las dependencias han sostenido que se trata de cuatro (CONAGUA) y seis (CEAG) acuíferos. Los criterios oficiales de división agudizan el problema de acceso al agua en toda la región y favorecen, en detrimento de los campesinos, a los grandes capitales de la agroindustria de exportación y la minería.
• 2. La gestión del agua subterranea no es sustentable. Más del 50% de las concesiones, de los volúmenes de extracción de agua subterránea, autorizadas por la CONAGUA exceden la disponibilidad segura de agua en el acuífero.
• 3. La mayor parte del agua disponible no es segura. Los resultados de los estudios de calidad del agua muestran la existencia en altas concentraciones de elementos nocivos para la salud como flúor y arsénico, entre otros.

En este sentido, el consumo y exposición de la población a los altos niveles de fluoruro y arsénico en el agua genera intoxicación crónica y provoca una serie de problemas de salud tales como: fluorosis dental, fluorosis esquelética, síntomas cardiovasculares, hematológicos y neurológicos; problemas gastrointestinales, de los riñones, del sistema reproductor, de la piel y cáncer. Los numerosos casos de insuficiencia renal en la región de Dolores Hidalgo son conocidos, sin embargo son sistemáticamente minimizados o invisibilizados por las autoridades federales y estatales, el gobernador y la secretaría de salud, en aras de mantener un modelo económico depredador.

Pese a esta realidad que evidencía una gestión irresponsable de las autoridades, la empresa Argonaut Gold cuenta 8 títulos de concesión que le autorizan a aprovechar un volumen total de 1,440,000,000 m3 de agua subterranea del Acuífero de la Independencia (Cuenca Alta del Río Laja). A ello, habría que sumar los impactos que la minería a cielo abierto -como es el caso del Proyecto Cerro del Gallo- genera sobre el territorio y las comunidades afectadas.

Ha sido ampliamente documentado que ningún otro megaproyecto es tan agresivo con las comunidades y el medio ambiente como la «minería a cielo abierto». Los efectos de su operación son especialmente devastadores. Despoja a las comunidades de sus tierras, remueve y elimina grandes extensiones de suelo fértil, consume y contamina enormes cantidades de agua, contamina la tierra y el aire, genera erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje, contribuye al cambio climático, causa graves daños a la salud de las poblaciones vecinas, divide y debilita el tejido social; en otras palabras, depreda al medio ambiente y vulnera los derechos humanos de las comunidades, todo ello a cambio de algunos empleos precarios.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Firman

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Más información: 

Guanajuato: No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

Compartimos el siguiente reportaje espcial publicado en Proceso – Junio 2019 

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

 

Por Marion Guégan y Cécile Schilis-Gallego / Forbidden Stories , 21 junio, 2019 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas. 

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”. 

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona. 

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania. 

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

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Imágenes: Foto 1 La mina Proyecto Fénix en El Estor, Guatemala. Foto: Jerson Xitumul. Foto 2 Jóvenes desempleados se arman con machetes o lanzas y escalan el muro que rodea a la mina para intentar extraer oro. Foto: Forbidden Stories. Foto 3 Carlos Maaz fue asesinado por policías durante una protesta contra la mina de El Estor. Foto: Carlos Choc / Prensa Comunitaria.

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