Clausuran calera de Chiapa de Corzo, tras 50 años de daño ambiental

Compartimos con alegría la siguiente nota publicada en ChiapasParalelo sobre el cierre de la calera en Chiapa de Corzo – A 30 de diciembre de 2019

Por Isaín Mandujano 30 diciembre, 2019

Depredación del Parque Nacional del Cañón Del Sumidero

Luego de más de 50 años de operación, de contaminar el aire de cientos de familias a su alrededor y de socavar y deforestar el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, este lunes fue clausurado de forma definitiva la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV.

Funcionarios de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría , encabezados por su titular Margarita Aguilar Ruiz, acataron una Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida ante el incumplimiento de una conciliación por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, y la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parque Nacional “Cañón del Sumidero” y sus alrededores, en agravio de habitantes del municipio de Chiapa de Corzo

El 28 de abril pasado, la CNDH emitió la Recomendación Número 12/2019, dirigida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a la Secretaría de Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de detectar que ambas autoridades involucradas no habían desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.

Por muchos años, pobladores de los alrededores de la empresa exigieron la clausura de la calera

Tras varios meses de elegatos por parte de la empresa, primero se le impuso en agosto pasado la Suspensión Total Temporal de Trabajos y Servicios del establecimiento, para efectos de reubicación de la empresa a otro lugar. En esa ocasión se le dejó libre acceso en el portón principal de la entrada a la planta para facilitar los trabajos de reubicación.

Al no cumplir con el plazo otorgado para efectos de la reubicación de 90 días naturales, cumplidos el  31 de octubre de 2019, el caso fue turnado al Departamento de Resoluciones y Sanciones por lo que se resolvió la clausura definitiva total del establecimiento. Notificación que se le hizo el pasado 17 de diciembre de 2019.

Pero fue hasta hoy que se ejecutó la sanción administrativa consistente en la “clausura definitiva total del establecimiento”, por lo que se colocaron las fajillas oficiales de “clausura” en el portón principal de acceso y en el área de la Gerencia; “dejando únicamente el acceso de la puerta del área de recepción para el personal de seguridad, a petición de la parte interesada, para la guarda y custodia de los bienes materiales de la empresa”.

Esta empresa fundada en 1965, y fue motivo de diversas denuncias interpuestas por la población aledaña ante las autoridades municipales, estatales y federales desde el año 2002, motivadas por los daños causados a su salud y al medio ambiente, además de afectaciones a las áreas naturales protegidas y patrimonio de la Nación, sin que hasta la fecha se hubiera obtenido resultados favorables a sus demandas.

Por fin fue clausurada…

“Afortunadamente, en la presente administración del Instituto de Salud se ha logrado integrar un expediente administrativo eficaz y eficiente del caso, que a pesar de diversos recursos de amparo por parte de la empresa, se ha logrado ejecutar las medidas de seguridad para la protección de la población e imponer las sanciones administrativas correspondientes”, dijo Margarita Aguilar Ruiz, titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Esta empresa fue fundada por el empresario de Córdoba, Veracruz, Domingo Muguira, del Grupo San Roke, quien despues de varias décadas de extraer el material pétreo del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, vendió esta empresa hace algunos años a otra empresa privada.

Imágenes: ChiapasParalelo

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Exigen wixaritari cancelar concesiones mineras en Wirikuta

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada sobre las luchas anti mineras y resistencias en Wirikuta – A 6 de enero de 2020

Juan Carlos García Partida Corresponsal Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 22

Guadalajara, Jal., Enfrascados desde 2010 en una disputa legal para impedir actividades mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, los wixaritari (huicholes) exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean canceladas todas las concesiones mineras, que abarcan 70 por ciento del área natural protegida donde la cosmogonía wixárika dice que se origina la vida y nace el Sol.

Exigimos la protección y el reconocimiento efectivo de Wirikuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); además, que se implementen de manera urgente programas y proyectos armónicos con el medio ambiente y no destructivos para los habitantes (ejidatarios mestizos) que son los guardianes de Wirikuta, pidió el Consejo Regional Wixárika.

Wirikuta abarca 140 mil hectáreas de los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí, donde luego de la defensa en tribunales realizada por el consejo que integran autoridades tradicionales de las diversas comunidades wixaritari se logró la suspensión temporal de al menos 78 concesiones mineras a grupos canadienses como First Majestic y Revolution Resources, así como a la minera Frisco del empresario Carlos Slim, aunque todavía faltan las sentencias de fondo.

Exigimos una audiencia o una reunión de trabajo de alto nivel con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de desahogar los puntos anteriores y buscar alternativa de solución, principalmente en lo relativo a las concesiones mineras otorgadas en el lugar sagrado de Wirikuta, expusieron los wixaritari en un comunicado.

En semanas recientes la disputa legal se recrudeció luego de que ejidatarios de la región de Wirikuta acusaron a Santos de la Cruz Carrillo, coordinador jurídico del Consejo Regional Wixárika y uno de los principales activistas y opositores a la minería en el territorio sagrado, de comercializar peyote hacia Europa, lo que motivó a las autoridades tradicionales del pueblo wixárika a emitir un desmentido.

El 23 de diciembre el diario Pulso, de San Luis Potosí, publicó una entrevista con quien identificó como asesor de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, Juan Reyes Hernández, quien declaró que un grupo de huicholes provenientes de Jalisco está comercializando el peyote y lo exportan a Europa.

Santos de la Cruz declaró a La Jornada: La difamación sigue en contra de los que luchamos en favor de nuestro lugar sagrado de Wirikuta. Detrás de todo esto están las empresas mineras.

El líder wixárika recordó que en el territorio de Wirikuta se encuentran las esencias de la vida; es un sitio indispensable y trascendente en su cosmogonía e identidad cultural para dar subsistencia y continuidad a los wixaritari como pueblo originario.

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango; Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, rechazamos esa difamación contra nuestro compañero Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica y defensor de nuestra madre tierra, puntualizaron.

Imagen: Arturo Campos Cedillo

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Ley Minera… Permiso para el despojo

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de diciembre de 2019

En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales; la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza.

Actualmente las consecuencias y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante los últimos 50 años, no hay duda alguna que se deben a causa de la ponderación del enfoque neoliberal, la tecnología de “vanguardia”acompañada por ciencia,científicos y tecnócratas de corte comercial, y la homogeneización del consumo que a nivel planetario se dinamiza literalmente desde la leche que consumimos proveniente de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, durante los procesos de competencia comercial crean despojo y desplazamiento forzado de la población.

Así es como actualmente nos encontramos al inicio de la 4T,y así se encuentra el resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, quienes prácticamente al mismo tiempo transitamos por cambios constitucionales y reformas estructurales que en su conjunto retrocedieron y desregularizaron leyes y reglamentos abonando a la degradación de los derechos colectivos, el abandono del estado en sus funciones sociales, incrementando las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basada en el enfoque comercial, apostando a la descampesinización y en consecuencia al abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales y debilitar las resistencias contra el embate de las empresas que desean bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo, lo que a su vez generó la aglomeración poblacional en zonas urbanas para convertirlos en centros de consumo masivos y homogeneizados creando una alta dependencia de servicios privados.

Esta política tiene décadas que se elabora y se instrumenta desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)por mencionar los más comunes, quienes envían a sus órganos operadores que deben paliar el proceso de despojo utilizando marcos regulatorios amigables, menos violentos, de buen comportamiento,pero que al final funcionan como administradores del despojo,al mismo tiempo que regulan los conflictos, tal como sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU)y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos algunos audaces, otros deprimentes, pero cualquiera que sea tendrá muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio,porque un marco justo en el modelo actual de consumo es contradictorio con el mejoramiento de la calidad de vida.

Luego interviene cada país quienes, de acuerdo a las mal llamadas riquezas naturales que tenga disponibles para el mercado, ajustará el marco normativo que facilite el saqueo en su sentido más amplio o lo matice y lo vuelva adecuado y sustentable si todavía las resistencias y las rebeldías comunitarias no se encuentran totalmente domesticadas al proyecto del consumismo global, que en una simple frase significa invitarlos, por ejemplo,a través delas consultas, a cambiar la calidad de vida (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales que el modelo global pone como bocadillos para la población, a partir de un fuerte despliegue publicitario,de medios y con reglas comerciales que nos atrapan en lo cotidiano.

Por supuesto que esta condición crea paradigmas y confrontaciones y ahí aparecen grupos organizados, sociedad civil, académicos sueltos, pero también desde sus instituciones y agrupaciones, toman la bandera por los derechos humanos y se plantean apoyar y defender a los pueblos, a la naturaleza y otros temas que el propio sistema va degradando,pero que, desde una posición piensan que el despojo del modelo extractivo sí puede resolverse con leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas, más democráticas.

Todo lo anterior viene pasando desde hace varios años en toda la región de Latinoamérica. En cada país, sino al mismo tiempo, sí en términos geopolíticos en la misma fase del neoliberalismo se han abierto y cerrado coyunturas para la participación social en marcos normativos, desde la regulación de consultas, hasta leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista en el contexto latinoamericano y cada caso ha derivado en la administración de conflictos que se dirimen en tribunales, mientras el planeta continúa incrementando su temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el enfoque de los agrotóxicos para los agronegocios, el agua se agota y se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitaren amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, la desigualdad crece y las comunidades se dividen más y más, quedando a la deriva y con la esperanza de que sea la justicia de la ley que finalmente dirima su destino.

La desregulación es un hecho, el cambio climático y sus consecuencia una realidad, el despojo y el desplazamiento forzado una expresión creciente que pronto también empezará a administrase de forma política, aunque muy pronto, como ya sucede en otros lados, sólo se podrá contener con represión mandatada desde los estados y, en esa vorágine, por supuesto el mismo sistema busca más y más fórmulas para legitimar el despojo, tal como sucede, con el paquete de consultas que de manera vergonzosa el INPI y el indigenista Adelfo Regino, opera de forma rampante, en los estados donde se proyecta el Tren Maya,por cierto uno de los proyectos más neoliberales de la 4T, aunque aun hay otro más neoliberal,conocido como Corredor Transístmico, un proyecto que desde hace muchos años AMLO trae en su cabeza.

Entender de facto ese contexto para quienes integramos REMA,nos sirve para evitar enredarnos en lo que legitima el modelo neoliberal, y por ello preferimos dedicar nuestros esfuerzos a cuidar y defenderla continuidad de tener agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria y por ello, no entendemos por qué otros defensores del territorio, continúan aspirando a la incidencia política, cuando son acompañantes de procesos en donde el despojo se ha hecho presente.

Querer garantizar estándares internacionales que han sido construidos desde la estructura vertical del sistema económico que no está dispuesto a cambiar el modelo de producción y consumo, para nosotros es un contrasentido, y sólo debemos abrir un poco los ojos para darnos cuenta que,incluso reconocidos y distinguidos investigadores que hoy ocupan cargos en la 4T ya tienen en el discurso que,“gracias” a que México tiene Litio, podemos ser potencia mundial y que contribuiremos a la transición de un nuevo modelo energético, en el cual venderemos energía solar, etc., poniendo en duda y en evidencia parte de las promesas y de los discursos de la 4T, la cual al parecer, parece terminará por entregar nuevas concesiones a mineras como ya se mira en el horizonte de la explotación de Litio.

El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en si mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aun si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: La minería debe estar prohibida en México.

Sin contexto y realidad,de verdad no entendemos como grupos legislativos, Ong ́s y académicos pretenden caminar una vez más, porque tampoco están transitando en un tema inédito, a seguir impulsando marcos normativos relacionados a la Ley Minera en México, que en sí misma es una actividad violatoria de derechos humanos, agrarios y ambientales que deja a las comunidades en desamparo prácticamente sin opciones para defenderse de estos proyectos.

Hace unos días, en el marco de la conferencia Megaminería en México: escenarios y consecuencias, impulsada por Morena, diputadas del partido sostuvieron que “es necesaria una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente”y apuestan a incorporar la consulta como un mecanismo que la legitime, sin siquiera observar o detenerse a dirimir las barbaridades y vergüenzas que el INPI y Fonatur actualmente implementan en las comunidades de la península maya. Para los no legisladores que actúan en esa misma dirección, creer que la tribuna es una expresión de democracia, participación, igualdad, equidad e incidencia, sin siquiera detenerse a observar por qué el senador Monreal detuvo algo más simple y necesario como la regulación del Outsourcing que daña tanto los derechos laborales de millones de trabajadores, nos parece un sinsentido, pero además consideramos que en el fondo reta, confunde y golpetea la as diversas expresiones para la defensa del territorio que hay en contra de los megaproyectos, en donde la prohibición minera es un proceso que ha y está costando vidas, nos parece aun más grave no se considere en su análisis.De verdad hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun de soñador, es creer que el estado, este gobierno o el que siga, van reconocerlos daños y a atender a la población y el medio ambiente.

La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos,emocionales y afectivos,que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aúnes reducir,a la retórica de las consultas,lo que se considera “justo”para imponer y legitimarla destrucción de la vida de las comunidades. En ese contexto, no tenemos duda alguna; hay un gran desconocimiento de quienes legislan sobre la temática.

Hacer leyes siendo ignorante de diversas temáticas, como en este caso la minería, debería estar prohibido en México, esa si sería una buena ley para el país,porque entonces si aspiraríamos a levantar un país con sujetos políticos que construimos en colectivo nuestro futuro, porque mientras ello no suceda,todo lo que se legisle seguirá teniendo como eje una visión colonialista y neoliberal;de arriba para abajo, de las clase medias, altas y empoderadas para luego preguntarles, a las clases bajas y desposeídas si están de acuerdo en continuar con el despojo de su vida.No hay que mirar muy lejos para corroborar lo anterior, basta observar como la 4T sigue aplicando una política indigenista que tributa bajo el tradicional mecanismo del subsidio y aprovechando esos procesos de coacción para crearla misma situación que ya estaba arraigada desde hace años.La sumisión.

Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos y con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, para ver si esa vivencia les ayuda a reflexionar con mayor seriedad sobre la temática. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitimen el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.

De verdad invitamos a aquellas y aquellos diputadas/os, funcionarios, organizaciones y académicas/os que pretenden impulsar la Ley Minera, para que pasen uno o dos días con nosotros en proyectos mineros, por ejemplo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Zacatecas,y ahí, en el mismísimo infierno,tengamos un análisis y reflexión seria, profunda, con datos concretos, científicos pero también con datos construidos desde la epistemología social y entonces, ahí mismo debatir si hay que mejorar el despojo minero. Reflexionar desde la curul, el salón, el confort, sin saber ni entender cada uno de los vericuetos del modelo extractivo minero y sólo pensar que las normas, los estándar eso lo que manda el Banco Mundial o la ONU es la ruta o lo que dictaminan los derechos humanos,es para nosotros legitimar el despojo. Esto ya ha sucedido en muchos países y acá pareciera que de nuevo estamos descubriendo el agua tibia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo.

Hacemos un llamado a legisladas/es, organizaciones, academia y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos que viven las atrocidades de la minería.

A T E N T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Grupo México. A través de Forbes

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Guanajuato: Comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, visitan Cerro de San Pedro en San Luis Potosí

Compartimos el comunicado de Acción Colectiva Socioambiental, Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 11 de Noviembre de 2019

El pasado sábado 9 de noviembre 2019, habitantes de las comunidades directamente afectadas por el proyecto minero Cerro del Gallo en la zona de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, Guanajuato, madrugamos y con el apoyo de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia nos organizamos para visitar la mina de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, con el propósito de conocer de manera directa los devastadores efectos de la minería a cielo abierto que podrían ocurrir, en nuestro territorio, si la minera canadiense Argonaut Gold llegara a operar su proyecto Cerro del Gallo.

La Hermandad, a través de la organización Acción Colectiva Socioambiental y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) recibió la invitación del Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara e integrantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

Con apoyos económicos de otras organizaciones de la Hermandad, como el Charco del Ingenio A.C. y Caminos de Agua A.C. de San Miguel de Allende, la Parroquia de San Cayetano, en San Luis de la Paz y del propio Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, se contrataron dos autobuses, para llevar a cerca de 90 personas, menores y adultos, mujeres y hombres, provenientes de comunidades de los municipios de Dolores Hidalgo y así como de los municipios de San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, San Diego de la Unión y también de Comonfort donde existe una mina de caolín.

Los integrantes del Frente Opositor, acompañaron la visita con amplias explicaciones sobre los procesos resistencia contra la minera San Xavier, la cual, no escatimó en el uso de mentiras y engaños a la población, así como en actos de corrupción con las autoridades, amenazas, violencia y persecución de los activistas defensores de derechos humanos, que informaban a la gente, con quienes entablaron y ganaron procesos legales en contra de la mina, que luego fueron revertidos impunemente, violando los derechos de la población, por los presidentes Fox y Calderón.

En la visita pudimos observar una amplia zona de desastre que en apariencia no lo es, ya que Cerro de San Pedro está en proceso de convertirse en uno de esos «Pueblos Mágicos», ese tipo de proyectos que despojan y desplazan a la población, para poner bares y restaurantes para turistas desinformados, que no saben del riesgo que corren, ya que los procesos de lixiviación continúan en el camino al sitio, con aspersores que, al día de hoy, continúan regando con cianuro una montaña de desechos. Sobra decir, que el «pueblo mágico» solo beneficia a los inversionistas pero no a los habitantes orginarios.

El desastre de esta mina iniciada en los años 90, ha tenido graves impactos ambientales, como la desaparición de arroyos, una rica biodiversidad de fauna y flora endógena, problemas de salud, y una violencia abierta y soterrada, de pobreza, desigualdad social, conflictos intracomunitarios, amenazas y asesinatos, destrucción de la economía local, corrupción política e impunidad.

La visita fue un éxito, ya que las personas que asistimos, accedimos a través de fuentes fidedignas, a la realidad de la minería a cielo abierto.

En respuesta al interés de los pobladores, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia continuará con los procesos de información a la población, impulsando la organización autogestiva de resistencia en la región del Cerro del Gallo y otras zonas de Guanajuato amenazadas por esta actividad depredadora, apoyada de manera irresponsable por el gobierno estatal.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA

ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Morelos: Quien opera como Delegado de la minera canadiense ALAMOS GOLD, cobra como Delegado en Morelos de la Secretaria de Bienestar

Compartimos el siguiente comunicado del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería por Metales y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 21 de octubre de 2019

A LA OPINIÓN PÚBLICA:QUIEN OPERA COMO DELEGADO DE LA MINERA CANADIENSE ALAMOS GOLD COBRA COMO DELEGADO EN MORELOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

Ante las recientes declaraciones emitidas el pasado nueve de octubre por Hugo Eric Flores, delegado federal de los programas de bienestar en el estado de Morelos, sobre las pretensiones de explotación minera de la empresa “Esperanza Silver” -subsidiaria de la canadiense Alamos Gold-, al afirmar que no ve “ningún riesgo de que entre en operación la minera porque se tiene que desarrollar la economía del país”, y de que “la Secretaría de Economía está revisando los permisos de impacto ambiental y del cuidado de los recursos naturales”, resultan necesarias varias precisiones básicas.

Al parecer el funcionario se encuentra algo confuso. La dependencia donde cobra es la secretaría de Estado encargada del bienestar social, y entiende, en efecto, que su misión como funcionario es la develar por el bienestar, sí,pero el bienestar del proyecto extractivista de la minera canadiense “Alamos Gold”.

Lo anterior, porque hace afirmaciones públicas que no sólo carecen de sustento, sino que no le competen, pasando por alto la responsabilidad de las instituciones oficiales encargadas de aplicar el Principio Precautorio y de evaluar,desde el Bien Común, la viabilidad de los mega proyectos, que además en el rubro ambiental remiten a la Semarnat y no a la Secretaría de Economía.

Conminamos al delegado del “bienestar social” a que se documente antes de asegurar públicamente que en el caso de la iniciativa minera de Alamos Gold“se cuidará el medio ambiente y los recursos naturales”, omitiendo las consecuencias negativas e irreversibles de ese proyecto que por definición no puede ser “sustentable”, ya que generará:

  • Consumo irracional y desmedido de agua en una región ya carente de ella, razón por lo que la Semarnat negó la manifestación de Impacto Ambiental en 2013 para iniciar la explotación a la empresa Esperanza Silver.-
  • Vulneración de la zona arqueológica de Xochicalco, otra de las razones por lo que se le negó en 2013 dicha Manifestación de Impacto Ambiental.Ahora la empresa “Alamos Gold” supone erróneamente que renunciando a la perimetral de la zona arqueológica no dañará a la misma.-
  • Contaminación y acidificación de acuíferos y ríos por metales pesados y por químicos que se usan en el procesamiento de metales.-
  • Contaminación del aíre con polvo derivado de la actividad minera que se encuentra no sólo saturado con metales pesados, sino que se transporta en microparticulado (PM5 y 2.5), altamente dañino para la salud de la población. –
  • Vulneración del tejido social de las comunidades,generando divisionismo, conflictos interno se incertidumbre, en un proceso ya iniciado no sólo en Tetlama,sino en otras comunidades aledañas, dentro y fuera del área concesionada de más de 15 mil hectáreas.-
  • Vulneración de la agricultura, de los sitios sagrados de las comunidades, de la flora y fauna local en áreas de significativa conservación en el estado, así como oferta engañosa de empleos que en realidad son transitorios, a cambio de daño múltiple a largo plazo.Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería por Metales-
  • Impacto irreversible en la salud de los habitantes de toda la región, con mayor afectación en zonas densamente pobladas urbanas y suburbanas cercanas a las explotaciones pretendidas.-
  • Emisión de elementos que favorecen el incremento del calentamiento global.-Desinformación como práctica permanente para la manipulación de la población, la cooptación de autoridades, el hostigamiento sistemático a opositores y el consecuente incremento de la inseguridad. –
  • Afectación al paisaje y al potencial turístico a nivel local y regional.-
  • Afectación ambiental que involucrará progresiva e ineludiblemente a toda la zona metropolitana de Cuernavaca, que abarca los diversos núcleos urbanos de los municipios de Cuernavaca, Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec.

Dicho funcionario repite a su vez la misma oferta empresarial engañosa de trabajo y derrama económica que oculta la precariedad del empleo y el uso de ingresos para tratar sin éxito las enfermedades generadas por esas iniciativas, como sucede en donde operan, en lugar de proponer e impulsar alternativas económicas reales, a largo plazo y adecuadas al cometido de un verdadero bienestar social, y en particular, generadas no a partir de intereses ajenos y externos, sino a partir de los propios proyectos de la población.

Ese funcionario y otros muchos debieran saber que no hay que esperar a que se ahogue el niño para tapar el pozo: cualquiera que sea la modalidad de minería intensiva que se pretende aplicar, todos los efectos ya mencionados son previsibles,y la supuesta “minería sustentable” que anuncia, no es solamente un embuste, sino una clara expresión de la voluntad de despojo por parte de la empresa, y a su vez, expresión evidente de ignorancia y desprecio por las comunidades.

En síntesis,el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar Social parece operar como delegado de la empresa y de sus intereses:carece totalmente de autoridad no sólo técnica, sino moral para pronunciarse promoviendo,como publicista a sueldo,y como operador político y comercial de la empresa, una iniciativa de despojo y desplazamiento forzado que atenta contra la vida en todas sus expresiones y resulta injustificable desde la perspectiva del Principio Precautorio,la Salud Pública y del Bien Común.

Dado lo anterior, cabe sugerirle al Delegado que se tome unas vacaciones en los pueblos mágicos, pintorescos, sitiados por el crimen organizado y ya casi desiertos de Carrizalillo y Nuevo Balsas, en Guerrero, para disfrutar a cabalidad de la “minería sustentable” que anuncia, promete y prescribe, respirando un poco de ese aire, bebiendo un poco de esa agua, y enfermándose un poco de ese cáncer.

Esperamos que agradezca la gentileza de nuestras recomendaciones.

Atentamente

MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LAS CONCESIONES DE MINERÍA POR METALESRED MEXICANA DE AFECTADAS/OSPOR LA MINERÍA (RE

La Empresa Minera Canadiense Torex Gold Resources INC.; Arquetipo de la Violencia en Guerrero

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 4 de octubre de 2019


En las entrañas del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, desde el 2010 la empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., por medio de su subsidiaria “Minera Media Luna S.A. de C.V.” opera, a través de las técnicas a cielo abierto y subterránea, el proyecto para la extracción de oro y plata denominado; “El Limón-Guajes”. Desde su llegada, ha sido una de las empresas “consentidas” de diversos operadores políticos del estado de Guerrero, en especial de los gobernadores en turno, así como también, recurrentemente es visitada por el cuerpo diplomático de la embajada canadiense en México, lo que le ha permitido al Sr. Fred Stanford, presidente, CEO y director de Torex Gold Resources Inc., transitar en total impunidad a pesar de los cientos de agravios cometidos por la empresa y sus violentos operadores, para con las y los pobladores principalmente de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición, Real de Limón y Atzcala. 

El historial de esta empresa en la zona, incluye varios cierres de operaciones por parte de opositores y trabajadores en donde siempre está presente algún acto violento perpetrado por los trabajadores de la CTM y el crimen organizado, el mismo que, desde hace años, opera abiertamente para la empresa controlando entradas y salidas, ofreciendo empleo y sometiendo a sus caprichos a la población. La lista de agravios de esta empresa es igual de grande que la impunidad en la que opera este país; desde los desplazados de la comunidad La Fundición que tuvieron que huir del país o rumbo a otros estados para no ser asesinados, la aparición de falsas escrituras de tierras para despojar a los dueños originarios, la reubicación forzada para cerca de 170 familias de La Fundición y Real del Limón, la contaminación del agua ocasionada por la minera que afectó para siempre la actividad económica y la salud de las y los pescadores de la comunidad de Nvo. Balsas, contaminación que fue distorsionada, por lo tanto falseada, por la Universidad de Guerrero, lo cual no es casualidad si entendemos que dicha Universidad está siendo financiada desde hace años tanto por la Torex Gold como en su momento por la Goldcorp que operaba en Carrizalillo.

También se suman a las agresiones múltiples extorsiones, levantones y secuestros, que nos hacen recordar la ocurrida a los 3 hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas, miembros del ejido Real del Limón, quienes fueron levantados no sin antes haber sido balaceado, el otro hermano, Eligio Rebolledo Salinas, lo que también nos trae a la memoria el asesinato de otros dos hermanos; Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, trabajadores de la empresa que se opusieron a continuar siendo explotados por la empresa y el sindicato de la CTM. Lo “singular” del asesinato de ambos hermanos, es que suceden ante la mirada de unos “militares” adscritos a la patrulla número 0827327 quienes pocos días antes instalaron un reten de seguridad, porque ese proceso se encontraba en un momento álgido del cierre de la empresa ocasionado por poco más de 600 trabajadores quienes luchaban por ejercer su libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva como derechos fundamentales. Poco después asesinaron a otro de los principales líderes de ese movimiento obrero patronal, el Sr. Quintín Salgado Salgado. La Limpia de Luchadores por sus Derechos, por parte de la empresa Torex Gold y sus sicarios, incluye por supuesto, despidos individuales y masivos, y persiste una persecución que raya en lo grotesco, porque continúan las desapariciones de opositores como le ocurrió a Óscar Hernández Romero este 23 de septiembre de este año, a quien desde entonces más de 100 personas salieron a buscarlo en diferentes rincones de Cocula. La causa de esta desaparición es porque 200 trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada, sostienen una demanda contra la empresa. Ahora la seudopolicia comunitaria e integrada por sicarios que opera en la zona a favor de la empresa, ha decidido detener la búsqueda y mantiene amenazada de muerte a las y los amigos que buscan a su líder.

Aquí detenemos este breve relato de los recurrentes agravios de la violenta empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., porque se hace necesario poner en la mira del público una historia no contada o poco analizada, quizás únicamente por el Diario el Sur de Acapulco.

Desde el cierre de las operaciones de la empresa promovido por los poco más de 600 trabajadores de la mina, exigiéndole a la empresa canadiense DESCONOCER el contrato colectivo de trabajo que mantenían con el sindicato de la CTM, poco a poco se fueron presentando una serie de acontecimientos violentos que le fueron dando más y más notoriedad a este caso. Fue así que se intentaron visitas solidarias de diferentes actores, mismas que en el camino a las comunidades fueron detenidas por grupos de sicarios. También aparecieron los más altos niveles del gobierno del estado, el cuerpo diplomático canadiense, la policía estatal y municipal, la gendarmería y el ejercito, así como se presentó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), liderada por el actual Senador Gómez Urrutia quien, utilizando la influencia canadiense de la que goza, hizo participes de este conflicto al Sindicato de los Trabajadores del Acero de Canadá (USW), quienes solicitaron la intervención del primer ministro Justin Trudeau para con las autoridades mexicanas, y detener la represión contra los promoventes del paro laboral. El sindicato canadiense también emitió un boletín denunciando “que la filial de Torex Gold Resources pactó una alianza con la CTM para afiliar a todos sus trabajadores en el sindicato -sin su consentimiento-, y recordó que esta “práctica corrupta” es ilegal, tanto en Canadá, como Estados Unidos”. La asesoría de estos sindicatos, pronto llevó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde por lo menos se efectuaron dos audiencias públicas y determinar fecha en la cual se llevaría a cabo la votación para la selección del sindicato, que claramente apuntaba a la creación de una sección a cargo del STMMSRM.

Por los medios se anunció la fecha en la cual se realizaría el conteo que finalmente definiría el cambio de sindicato. Sin embargo, un día antes de la fecha dispuesta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la empresa movió por todos lados un comunicado, en el cual hacia manifiesto su gusto por finalmente las partes haber establecido un acuerdo interno, con el cual se levantó el bloqueo y así, de un plumazo, quedó en el “olvido público” el conflicto, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, al mismo tiempo que no se supo más tampoco del apoyo nacional que habían recibido los opositores por parte del STMMSRM o del apoyo internacional del USW. Las auto-loas del artífice represor el Sr. Fred Stanford, director de Torex Gold Resources Inc., fueron exuberantes y llenas del buen proceder empresarial, pero todo fue mentira, porque los relatos de los opositores citan que fue el crimen organizado a cargo de la empresa quienes concluyeron con el plantón, se presentaron y de golpe y porrazo las y los amenazaron con masacrarlos a todos, si no terminaban con el paro laboral. Todos se retiraron sin decir nada; sindicatos (nacional y extranjero), gobierno estatal y municipal, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consulado canadiense en México, fuerzas armadas del estado y federales, mientras el Sr. Stanford salía en todos lados celebrando su “el gran acuerdo”.

Esta reseña sirve para ubicar que, la violenta realidad que viven los pueblos del Mpio. de Cocula y de los municipios del rededor, no ha cambiado a favor un sólo milímetro. El gobierno federal sigue ausente de la zona, aun a pesar del efecto creado por el caso de los muchachos de Ayotzinapa, por lo tanto, la impunidad sigue siendo el elemento central del poder corporativo empresarial que tiene sumisos, sometidos y comprados a cada uno de los operadores políticos del estado. El progreso y desarrollo minero, tal cual lo hemos documentado y denunciado hasta el hartazgo como REMA, es por decirlo suavemente una barbaridad.

REMA se solidariza con la lucha de las y los compañeros que viven la violencia sistémica en toda la zona conocida como el “Cinturón Dorado” del Estado de Guerrero. Sabemos que es una lucha que ustedes hacen en soledad absoluta, porque ahí El Estado tiene rato que le pertenece al crimen organizado y a las empresas mineras, y en ese contexto, reconocemos cada uno de sus enormes esfuerzos por mantener la cabeza erguida y seguir luchado por la vida.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA SIMULACIÓN Y LA IMPUNIDAD?

SI LA 4T NO PONE EN PERSPECTIVA ESTE TEMA DE FONDO, TODO LO QUE DIGAN EN LAS MAÑANERAS, ES TOTALMENTE IRRELEVANTE

APARICIÓN CON VIDA DE ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMERO

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina La Media Luna Créditos: Forbes México

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Zacatecas: MINERAS SECAN MÉXICO

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada de Zacatecas a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 24 de septiembre de 2019

Con agua concesionada a mineras se podría garantizar el derecho a este recurso de toda la población del estado

■ El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón

■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito

Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.

Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.

Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.

El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.

En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.

Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.

En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.

Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.

Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.

Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.

Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.

No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.

Imagénes: foto 1 mina Peñasquito – Definformemonos.Foto 2: El investigador Federico Guzmán con los conductores del programa radiofónico Sound Politicón, Raymundo Cárdenas y Carlos Galaviz ■ FOTO: ODÍN SALINAS

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GERMAN LARREA Y GRUPO MÉXICO Símbolos de Deshumanización y Barbarie

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 17 de septiembre de 2019
>>Descargar comunicado en pdf<

En abril de 2013 la compañía Asarco fue declarada en ciudad Juárez como Monumento a la Deshumanización y la Barbarie. Los vecinos de Ciudad Juárez (México) y El Paso (Texas) fueron impactados por más de un siglo por la contaminación ambiental de una antigua fundición perteneciente a la subsidiaria de Grupo México. La compañía llevó a cabo procesos de remediación ambiental del lado del río Bravo, porque en Estados Unidos lograron obligarla, mientras en suelo mexicano, aún hay altos niveles de contaminación. Esto pasó también en antiguas fundiciones de la empresa en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, donde la empresa se ha negado a remediar los sitios que ha impactado por décadas. Estas zonas contaminadas son ahora colonias y parques recreativos, sin importar las abundantes investigaciones que demuestren los altos niveles de metales pesados en la sangre de niños; la compañía sigue impune.

Es el caso de Ilo, comunidad ubicada al suroeste de Perú -donde también hay contaminación por la fundición de la compañía minera Southern Copper (también subsidiaria de Grupo México)- , los niveles de contaminación por dióxido de azufre (SO2) en el distrito de Pacocha, igualmente superaron los límites permitidos. La empresa tampoco se ha hecho responsable de los humos y la contaminación ocasionada por décadas.

Similar ocurre con la misma empresa en Estados Unidos, aunque ahí han prosperado las denuncias ambientales contra la empresa obligándola a invertir en la remediación ambiental de más de 10 antiguos centros mineros altamente contaminados desde principios del siglo XX (Texas, Arizona, Tacoma, Washington), sin que ello signifique que la contaminación desapareció.

En México están contaminados todos los sitios donde ha operado Grupo México y las subsidiarias de esta. La lista es abundante, así como también son constantes los derrames que genera, como el ocurrido en julio de este año en el Mar de Cortés, o el ya emblemático derrame del 2014, en el cual se vertieron 40,000 metros cúbicos de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre (Sonora) al rio Sonora. Sin embargo, no importa el tamaño de los daños que ocasione, lo único visible es la impunidad y el contubernio que mantiene con diferentes estructuras del gobierno.

Grupo México y el Sr Larrea también son responsables del trágico evento sucedido en febrero del 2006, en la mina Pasta de Conchos (Coahuila), cuando por una explosión por acumulación de gas metano, que había sido previamente denunciado, 65 mineros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. Ni empresa ni gobierno actuaron a favor del rescate y hasta la fecha, los trabajadores continúan atrapados en el fondo de la mina.

De la misma forma Grupo México es líder en violación a los contratos colectivos de trabajo; en México tiene varias minas que desde hace varios años están en huelga, como la mina ubicada en Taxco en el estado Guerrero, la cual lleva 12 años sin que exista una solución en el horizonte para los trabajadores, quienes continúan a brazo partido esperando llegue la justicia.

La lista de improperios de Grupo México y sus subsidiarias, la coloca como una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. Su dueño, Germán Larrea Mota Velasco, se hizo multimillonario a partir del saqueo permitido por el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari y, desde entonces, estableció una poderosa red basada en el contubernio con diferentes políticos, además de utilizar, a favor de sus proyectos, varias estructuras gubernamentales, que hace que cada violación que cometa, se mantenga en total impunidad o sea sancionada de manera tenue y vergonzosa. Su riqueza se acrecienta y su compañía constantemente está en expansión, a tal grado, que ya figura como una de las empresas mineras de cobre más poderosas y grandes del mundo.

La contaminación y el saqueo de los bienes naturales, igual lo realiza en el desierto exprimiendo y contaminando al máximo el agua de los mantos freáticos o también devastando regiones naturales enteras, incluyendo las mejor conservadas y ricas en biodiversidad, como sucede con el Área Natural Protegida Valle de los Cirios o en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, en donde también desarrolla un proyecto minero, lo cual nos da una idea del poder político que tiene.

En ese contexto, en México, no nos es ajena la violencia que desde hace años ocasiona el Sr Larrea y Grupo México en su proyecto minero “Tía María”, localizado en el desierto La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra en la provincia de Islay, región Arequipa en Perú, porque es su modus operandi que, al igual como sucede en México, el gobierno peruano le ha solapado los impactos que han dejado las minas de Toquepala y Cuajone desde mediados del siglo XX, además de apoyarlo en sus proyectos de expansión, como sucede en Michiquillay en Cajamarca y los Chancas en Apurimac.

Hoy nos reunimos las resistencias de Latinoamérica para denunciar internacionalmente a este saqueador de la vida, de las leyes, de los derechos colectivos y de la naturaleza. Nos reunimos también para señalar a las y los políticos y estructuras de gobierno que en Perú y en México continúan protegiéndolo, encubriéndolo y solapándole cada uno de sus actos.

Nos solidarizarnos con quienes hemos sufrido los atropellos, abusos y excesos de la empresa Grupo México y sus diferentes subsidiarias, al mismo tiempo que elevamos la voz para que Germán Larrea vaya de inmediato a la cárcel, se le suspendan todos sus proyectos mineros, se congelen sus cuentas bancarias y embargarle su dinero para usarlo en mínimamente resarcir al menos una parte de todos los daños que ha ocasionado a la población y a la naturaleza en donde sus operaciones mineras se han desarrollado.

Desde México enviamos un abrazo combativo y respaldando al pueblo de Cocachacra y todo el Valle del Tambo. Porque defender la vida no es un delito, sino una obligación de todas y todos.

NO AL PROYECTO TIA MARÍA

EL VERDADERO RESPRESOR Y VIOLENTO ES GERMÁN LARREA Y SU EMPRESA GRUPO MÉXICO, NO LA POBLACIÓN QUE DEFIENDE LA VIDA

BASTA DE REPRESIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA POBLACIÓN DE COCACHACRA Y TODO EL VALLE DEL TAMBO

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA


Imagen: Reporte índigo

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AMLO Y SU ERRÓNEA VISIÓN AL DESARROLLO

AMLO Y SU ERRÓNEA VISIÓN AL DESARROLLO

Comunicado de prensa de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 13 de septiembre de 2019


El pasado 6 de septiembre de 2019, Andrés Manuel López Obrador realizó una visita al municipio de Charcas, en San Luis Potosí, en la cual señaló la importancia de hacer que los recursos del coloquialmente llamado “Fondo Minero” (Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros) lleguen efectivamente a la población. Mencionó que el problema del Fondo Minero es que los recursos no están llegando directamente a la gente, sino que se quedan atorados en los ayuntamientos y gobiernos estatales. Ofreció, como solución, que los $24,862,678 que según le corresponden este año al municipio de Charcas sean entregados directamente a los comités de padres de familia de las 33 escuelas primarias que se encuentran en este municipio.

Sin menoscabar las necesidades presupuestales que enfrenta la infraestructura de las escuelas, así como los profesores, alumnos y padres de familia, tanto del municipio de Charcas como del resto del país debido al abandono y negligencia histórico que han enfrentado a manos del gobierno federal, manifestamos que, además de atender estas necesidades a partir del Fondo Minero que inserta a estas comunidades en una perversa lógica de dependencia con respeto a las actividades de despojo a partir de la extracción que realizan las grandes empresas mineras, también descarta de facto los daños al ambiente y a la salud que ocasiona la actividad minera, la cual, en consecuencia, con el uso del Fondo minero lava de manera tenue el tamaño y la permanencia de la problemática que ocasiona.

El gobierno federal en turno no ha comprendido aún que el problema de las actividades mineras en México a gran escala no es uno de redistribución de las ganancias generadas por las empresas mineras, sino de respetar el derecho de las poblaciones a decidir autónomamente sobre los bienes naturales localizados en los territorios y el tipo de actividades que pueden desarrollarse en los mismos.

El gobierno federal tiene la obligación de dotar con recursos suficientes a los planteles educativos y al personal docente que labora en los mismos. Al ligar el cumplimiento del derecho a la educación a la renta de las actividades mineras, se condiciona la garantía de este derecho a la presencia de actividades extractivas profundamente destructivas.

El municipio de Charcas es, trágicamente, un caso que demuestra la gravedad de incurrir en la lógica planteada por López Obrador. En el año 2016, en otro escándalo más involucrando a la empresa Industrial Minera México, 5 trabajadores mineros perdieron la vida en accidentes prevenibles. ¿Acaso los $24 millones de pesos del Fondo Minero justifican el terrible deceso de estos trabajadores? ¿Justifican acaso la contaminación y daños ambientales que los habitantes de Charcas continuarán sufriendo años después de que cierren los proyectos extractivos de Grupo México y el flujo de recursos del Fondo Minero se interrumpa?

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA


Foto:Cuartoscuro

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[Artículo] Megaproyectos mineros en Wirikuta ¿desarrollo para el bien común o etnocidio?

Compartimos este artículo sobre proyectos mineros en Wirikuta escrito por  David Avilés– Agosto 2019 


El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes del pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto de un proceso de resistencia intensa a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte- Wirikuta, que se prolonga hasta la actualidad y que suspende cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano- Wirikuta.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman así en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni siquiera representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por las transnacionales mineras, en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano norte, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del entorno del Altiplano norte Wirikuta, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hace que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación y por tanto negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), organismo oficial de los wixaritari formados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), emitieron un comunicado público conjunto, en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.

En el manifiesto, comunicaban, a las comunidades y autoridades civiles y agrarias del Altiplano-Wirikuta, a las diferentes autoridades de las tres escalas del gobierno mexicano y a la sociedad civil nacional e internacional en su conjunto, la posición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras y otras actividades que amenazan Wirikuta, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775). 

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos, más bien, queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A.C., saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido, sin ningún pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic. Y por otro, ensayar, una descripción de uno de los aspectos del conflicto en el Altiplano-Wirikuta, que tiene relación con cuestiones relacionales de los habitantes del desierto, de los wixaritari y las empresas mineras con el territorio que enmarca el Altiplano-Wirikuta.

Como es sabido, desde el año 2010, el Altiplano-Wirikuta, está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos de las comunidades.

Las comunidades que conforman el Altiplano tienen un origen colonial y desde finales del siglo XVIII, en el municipio de Real de Catorce se abren diversas minas tradicionales donde se extraía oro y plata, principalmente.

En torno a estas explotaciones mineras, se organizaron las diferentes comunidades campesinas y centros de comercio con artesanos y diferentes profesiones para dar servicio a las poblaciones mineras, configuradas como sociedades complejas, en contraposición al modelo de la megaminería actual, mucho más agresivo en sus formas de extraer los recursos naturales y que ya no produce sociedades complejas como el anterior modelo, sino que, como argumenta Claudio Garibay, produce campamentos mineros, pues los recursos son extraídos, convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Este relato describe someramente el inicio de las comunidades del desierto en torno a la minería colonial y al modelo minero conocido como Real de Minas, un modelo de minería tradicional y de organización social hoy agotado, que contribuyó considerablemente a la conformación de las sociedades mestizas asentadas hoy en día en el Altiplano y que en la actualidad mantienen un modo de vida fundamentalmente campesino y ganadero, además de cierta actividad turística.

Paralelamente a los modos de vida de las comunidades, en el altiplano, existe otra construcción cultural que ha convivido simultáneamente y de forma pacífica con las concepciones mestizas del Altiplano-Wirikuta. 

Wirikuta, es para el pueblo wixarika, el lugar donde se establecieron los acuerdos con los antepasados para que fuera el lugar donde naciera el Sol y se produjera el primer amanecer de la historia de nuestro universo conocido, el lugar donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, convertidos en rocas y lagunas, cuyo recuerdo es mantenido y cuya vitalidad es reactivada trabajosamente por las personas wixaritari a través de peregrinaciones anuales, entrega de ofrendas, cantos y danzas, en prácticas diversas de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Esta lectura que sostienen los wixaritari y esta relación de integración que evita la confrontación entre unos seres humanos y la naturaleza y que a través de los ritos y de las prácticas culturales de los wixarika, cumplen la función de mantener vivos estos lugares de rocas y manantiales como espejos originarios que reflejan la memoria del mundo que, los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen en la matriz de vida que activa Wirikuta y que, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de las personas wixaritari.

Esta construcción múltiple mestiza/wixarika de la territorialidad del desierto, que ha coexistido en el lugar, nos permite contemplar el Altiplano-Wirikuta desde una perspectiva ampliada, más allá de la consideración del lugar como un mero espacio físico, como un espacio culturalmente construido y practicado, un lugar cargado de sentido, por las comunidades, por un lado, como lugar donde se desarrollan sus vidas individuales y colectivas y por otro, por la cultura wixarika, que a la vez carga de sentido esta cultura.

Esta perspectiva, nos permite contemplar Wirikuta como el elemento territorial que da sentido espiritual y material a este pueblo originario, como el lugar donde la cultura del pueblo wixarika toma tierra.

Lo que queremos expresar aquí, es que con la presencia de esta variedad de actores significando el Altiplano-Wirikuta de una forma compatible desde hace, al menos 250 años, tenemos un modelo de territorialidad basado, como afirma Maristella Svampa, en una memoria corta, como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido de forma pacífica con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga y antigua como territorio originario y ancestral.

Una convivencia que ha estado exenta de contradicciones hasta la introducción del modelo extractivista, facilitado por los diferentes niveles del gobierno mexicano que proviene de la matriz capitalista y que introduce una concepción de territorialidad a gran escala, antes ausente en el lugar y que convierte el Altiplano-Wirikuta en un territorio sacrificable, a través de parámetros valorativos reduccionistas del territorio, que se fundan exclusivamente sobre una concepción económica, basada en los valores de los metales en mercados internacionales, que además introducen una nueva dimensión territorial al Altiplano norte-Wirikuta como territorio en disputa.

Este modelo genera tensiones, pues excluye, por incompatibles, las formas preexistentes de territorialidad mestiza y wixarika basadas en lugar, las empresas necesitan los recursos a cualquier coste, pero no necesitan a las comunidades, que cuando se niegan y resisten, se convierten en un problema a solucionar, como han demostrado por cualquier medio, para estas entidades de carácter transnacional.

Con la introducción de estos modelos territoriales externos a las comunidades, nos encontramos ante un conflicto enmarcado dentro de la supervivencia física y cultural de estos pueblos mestizos y wixarika, en base a diferentes construcciones de naturaleza y formas de relacionarse con ella, que implican definiciones incompatibles de territorio, sostenibilidad, así como de uso y aprovechamiento de los recursos y que desembocan en conflictos con dimensiones ecosociales.

Finalmente, Estos conflictos, están enmarcados dentro del ámbito de la supervivencia física y cultural de los pueblos mestizos, habitantes del desierto y wixarika. En este sentido los megaproyectos representan el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

David Avilés

Investigador Universidad Autónoma de Madrid (España).

Área de Antropología de orientación pública.


Imagen: Huicholes en defensa de wirikuta, manifestación en DF/Foto México contaminada

Más información:

MINERAS: ¿IMPUNIDAD CON EL PERMISO DEL ESTADO? 

Documental: Agua Sagrada – Minería en Wirikuta

[Artículo] Cerro de San Pedro no se olvida

Compartimos el siguiente artículo publicado en La Jornada – 22 de Agosto 2019

Por Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

Por segunda ocasión en su mandato y «para que no olvidemos», el pasado 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disertó ante la prensa sobre la desaparición del Cerro de San Pedro Potosí. Lo hizo como parte de la respuesta que le dio a una reportera de Querétaro, quien preguntó al mandatario sobre un polígono de 5 mil hectáreas que la ciudadanía queretana desea convertir en área natural protegida en contra de los planes de fraccionadores. AMLO aprovechó el tema para fustigar por enésima ocasión a lo que denomina como antiguo régimen neoliberal, además de reiterar que su gobierno no está al servicio de la minoría rapaz de la que forman parte, entre otros, los dueños de inmobiliarias. «¡Ya cambiaron las cosas!», remató, y en un episodio más de su cruzada moralizante llamó a reflexionar sobre la vergüenza que deben sentir los hijos y nietos de aquellos personajes que permitieron la devastación del Potosí mexicano. El mensaje del Presidente señaló como responsables del despojo a funcionarios mexicanos, quienes habrían otorgado concesiones a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX) para su ecocida proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, la postura presidencial preocupa por ingenua, pues la desaparición del Cerro de San Pedro fue producto de una conspiración criminal que sigue impune y que inauguró, como lo señaló entonces Carlos Montemayor, una nueva forma de delincuencia organizada. Eso es lo que no deben olvidar los mexicanos. Dicha conspiración tuvo a la cabeza dos presidentes apátridas (Vicente Fox y Felipe Calderón), un gobernador panista (Marcelo de los Santos Fraga), el entonces abogado del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, quien al mismo tiempo era abogado de MSX y su traficante de influencias (Ángel Candia Pardo), un primer ministro de Canadá (Stephen Harper) y su cuerpo diplomático en México al servicio de sus mineras, el violento Robert Gallagher, entonces presidente de New Gold, dos serviles gerentes y golpeadores mexicanos encargados de operar el ilegal proyecto minero (Jorge Mendizábal y el ex funcionario zedillista Armando Ortega), varios jueces corruptos, una presidenta municipal inexplicablemente enriquecida (Rosaura Loredo), y además muchos peones insertos en dependencias federales y estatales, incluidos algunos académicos.

El caso no es atribuible, como dice AMLO, a un simple problema de política pública neoliberal que entregó la tercera parte del territorio mexicano a mineras trasnacionales. La conspiración criminal que nos despojó de los vestigios novohispanos del Potosí mexicano, y que nos ha heredado en menos de una década un irreversible ecocidio, se caracterizó por la corrupción de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la procuración de justicia. Fue una corrupción gestionada desde el poder estatal y federal, e impulsada por las autoridades y corporativos canadienses. Esta alianza para delinquir se tradujo en la violación de nuestra soberanía por parte de Canadá, un minero-Estado acostumbrado a intervenir en países jurídicamente débiles y corruptos. Los desastres, muerte y violencia generados por las industrias extractivas canadienses en Asia, África y América Latina han sido plenamente documentados. Sin embargo, es un gravísimo error pensar que dichas industrias se manejan diferente en territorio canadiense.

Alguien, con urgencia, debe acercarle la información correcta a AMLO: Canadá es un país depredador en su propio territorio. Las presiones y despojos a pueblos originarios, el atropello de los derechos ambientales de comunidades, así como la destrucción y contaminación de grandes territorios son prácticas que han instrumentado las mineras canadienses en el propio Canadá. La idealización que AMLO hace de este país nos puede hacer un gran daño como nación, sobre todo porque las mineras canadienses, con apoyo de su gobierno, han violado sistemáticamente la soberanía de México. Recordemos que en el caso del Cerro de San Pedro la sociedad civil organizada demostró, sin violencia y en tribunales, la ilegalidad del proyecto de MSX, el cual fue anulado por sentencias firmes ignoradas por Fox, Calderón, Marcelo de los Santos, MSX y el gobierno canadiense.

¿Sentirán vergüenza los hijos y nietos de quienes conspiraron para violar la ley y la soberanía nacionales, provocando con ello un daño irreversible a nuestro patrimonio ambiental e histórico en el caso Cerro de San Pedro? ¿A los hijos de los fraccionadores les preocupará la integridad moral de sus padres por intentar destruir con sus ecocidas negocios la Sierra de San Miguelito? La respuesta es que se sienten muy orgullosos de ser hijos y nietos de enriquecidos depredadores, como en el caso de Marcelo de los Santos Anaya, hijo de una pieza clave de la conspiración en torno a MSX. Marcelo de los Santos Fraga, al igual que su padre, De los Santos Anaya no sólo se ha enriquecido a la sombra de esa combinación entre poder político y económico que AMLO aspira a erradicar de la vida pública de México, sino que ahora, emulando las hazañas moralmente insolventes de su progenitor, se prepara para ser el candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí. Esperemos que los potosinos logren superar la prueba.

*Investigador de El Colegio de San Luis


Imagen: Cerro de San Pedro – Planoinformativo.com

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 20 de agosto de 2019

Sr. presidente, el Modelo Extractivo Minero por definición no es sustentable, toda vez que se trata de una actividad extractiva que se basa fundamentalmente en el uso de insumos NO RENOVABLES. Si a ello le agregamos que toda actividad minera por si misma genera daños ambientales y a la salud por la lógica de su implementación operativa, tenemos entonces una combinación maquiavélica y perversa, porque los daños son descomunales. Por ello, parte del procedimiento legal debe estar sustentado en una Manifestación de IMPACTO Ambiental. Sumemos a esto que, prácticamente desde hace medio siglo, la minería dio un salto cuántico con el uso de técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas que en conjunto significan cerros enteros, a tal grado que sólo en este periodo de 50 años ya se han extraído poco más del doble de la cantidad de metales que se extrajeron desde la llegada de la corona española a México. 

En este proceso se modificaron las técnicas de extracción y empezaron a implementarse las técnicas A CIELO ABIERTO Y LA DE TUMBE Y RELLENO, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente para lograr procesar la descomunal cantidad de material removido y extraer los metales de su interés con la ayuda de sustancias químicas como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico y otras sustancias ácidas, que ocasionó modificaciones en las leyes mexicanas y ya tiene tiempo que se crearon las NOM para establecer criterios y procedimientos para, a partir de ello, establecer en la ley que la minería tiene UN CARÁCTER TÓXICO. Por lo tanto, debe tener procedimientos de actuación y estar supervisada y vigilada porque potencialmente, como ya lo sabemos, son bombas de tiempo. Si tomamos en cuenta estos aspectos, no hay forma que nadie pueda sostener de manera real, coherente y científica que hay minería verde, sustentable, amigable con el ambiente. Luego entonces quienes promueven ese discurso de matices y maquillajes son los mismos de siempre, las multinacionales que utilizan a la ONU y otras instancias para mentir y seguir engañándonos, al igual que a usted, con que el progreso y desarrollo minero es el camino de los pueblos.

Toda la actividad minera contamina, pero el uso de las nuevas técnicas ha hecho que la contaminación alcance realmente niveles irracionales, entre los cuales, la técnica a Cielo Abierto es esencialmente la más depredadora del medio ambiente. Su elevadísimo consumo de agua, la contaminación de la misma y los millones de toneladas de desechos, terreros, jales, despolves plagados con metales pesados tóxicos y partículas de tamaño PM 10 y 2,5 literalmente expuestas al aire libre, son algunos de sus componentes que generan daños cotidianos, permanentemente e irreversibles, de tal tamaño y tan obvio que a simple vista se pueden discernir cómo es que no hay voluntad política para detener la minería.

Los datos en el mundo son contundentes:

  • a. Es el megaproyecto que más destruye suelos, bosques, selvas, y, en consecuencia, provoca afectaciones sociales en todos los sentidos (destrucción del tejido social, daños de severos a graves e irreversibles a la salud, desarticulación familiar por muertes, etc.);
  • b. También es el megaproyecto que más impacto induce contra los derechos humanos, a la vivienda, a la alimentación, al paisaje, a la cultura, porque en si mismo SU FIN ES EL DESPOJO y el despojo de territorios es tan brutal, que no se puede mirar el destrozo sin apelar a la mínima consciencia;
  • c. Mariano Abarca o Bernardo Vázquez son una muestra de cientos de asesinados por resistir a tal despojo, a tal grado que llenan la geografía del país y de América Latina. Asesinatos que, por cierto, están en total impunidad;
  • d. Es el megaproyecto extractivo que mayor acumulación de riqueza para sí mismo genera, y al mismo tiempo que es un mito la generación de muchos empleos, porque en su fórmula nunca cuentan, entre otros factores, los empleos que desplaza, lo cual es el otro componente central de la actividad minera EL DESPLAZAMIENTO FORZADO;
  • e. Las concesiones mineras que ha entregado el gobierno mexicano están comprometidas en los Tratados de Libre Comercio para asegurar la ganancia y el extractivismo de las empresas mineras a tal grado que, de amenazar su actividad, demandan a los gobiernos con millones de dólares por impedir su actividad altamente lucrativa a expensas de los pueblos y del medio ambiente, tal como ya sucede en México https://movimientom4.org/2019/06/informe-casino-del-extractivismo-las-empresas-mineras-apuestan-con-la-vida-y-la- soberania-de-america-latina-usando-el-arbitraje-supranacional/, de tal manera que, se le agradece que desde su posición no se entreguen más concesiones, lo cual esperamos obedezca y cumpla el titular del sector;
  • f. Es también una actividad extractiva que no asume, ni siquiera sus ridículos procesos creados por ellos mismos relacionados con la responsabilidad social corporativa, los principios rectores empresariales, el código para el buen uso del cianuro, etc., etc., por lo tanto, nunca cumple los costos sociales y ambientales que ellos mismos establecen en la MIA y en los convenios que firman con comunidades. Ni que decir de evasión o desviación o la omisión de los pagos hacendarios/impuestos que realmente corresponderían a sus ganancias y, sobre el pago del impuesto minero a municipios, que ahora se propone sea directo a comunidades, la verdad es que no tiene caso ni opinar al respecto, porque es notorio el desconocimiento de lo que ello significa. No respetan ni las débiles leyes mexicanas, ni las directrices internacionales, ni los convenios con las comunidades que, engañadas firman la depredación de la tierra;
  • g. La ley minera que tenemos es un símil que Canadá impuso en toda América Latina, con lo cual le queremos decir, que de ninguna manera es cierto que en Canadá y en Estados Unidos la minería es cumplida, amigable y sustentable, sino todo lo contrario, de ahí mismo es donde viene lo que se implementa en México y en América Latina. Por lo tanto, no sabemos quién le informa e influye en su postura totalmente errónea a lo que realmente sucede, aunque sospechamos que Gómez Urrutia podría ser uno de ellos o los responsables del sector, en especial el Sr Quiroga que sabemos es un exdirector de empresas mineras, por ende, un promovente que le interesa el sector, pero en lo más mínimo los daños que ocasiona, y por ello va a cenar con los empresarios mineros, pero es incapaz de atender a los pueblos afectados por las empresas. De hecho, es lamentable el nivel de injerencia del gobierno canadiense en ese tema y en particular el papel y rol que juega la embajada canadiense en México, que sale a celebrar la inversión minera en una de las zonas de mayor violencia del mundo como sucede en el estado de Guerrero, al mismo tiempo que el gobierno canadienses emite alertas para que los turistas canadienses no visiten Guerrero, más racismo de este tipo no se puede permitir, menos aun seguir generando una opinión de que la minería en México debe seguir el buen comportamiento de la canadiense o estadunidense, porque es totalmente falso. 

Para nosotros como REMA, es mejor exhortarlo a que revise meticulosamente todo esto que le mencionamos, porque se trata de 11 años de narrativa, de vivencias en las comunidades, de apoyos académicos, de procesos de análisis e informativos de medios de comunicación, del intercambio de experiencias nacionales e internacionales, de atrevernos a demandar al gobierno canadiense porque sabemos que tenemos la razón jurídica, de pelearnos contra el despojo y el desplazamiento del mal llamado progreso y desarrollo minero. Todo esto NOS HA ENSEÑADO A DERRIBAR LOS MITOS DE LA MINERÍA CANADIENSE, aceptar lo anterior es una prioridad para usted señor Presidente, porque de verdad si no lo hace, nos quedará un amargo sabor de boca porque pareciera que entonces, también quiere engañar a las comunidades y al conjunto de la sociedad tratando de convencer que la actividad minera es “compatible con el medio ambiente” y que además aporta a la economía del país y dan fuentes de empleo. Este Modelo Extractivo no es verde, no es sustentable, no es responsable, ni aporta al desarrollo del país. Nuestro campo, los pueblos originarios, la gran y prodigiosa diversidad de la naturaleza que tenemos, la fuerza del pueblo de México que ha aguantado el saqueo hasta el cansancio, es lo que tenemos para hacer crecer y cambiar al país, es lo que suponemos debe ser el fondo de la 4T, porque si seguimos en la retórica de la mentira, pero dicho desde la legitimidad que usted se ganó en el proceso electoral, entonces la 4T no es real, sino una idea suya, para usted y para los de siempre.

Desde antes de que asumiera la responsabilidad de ser Presidente le enviamos un comunicado en donde le pedíamos algunos guiños de que somos escuchados, que, para comenzar, cancelara todas las concesiones que son miles, en dónde no hay un sólo proyecto operando, como bien usted señala, sólo favorece la especulación y el engordamiento de vividores en la bolsa de valores, la venta ilegal de concesiones entre quienes las poseen y que debería ser penado con la cárcel en México porque el país no las vende y otros hacen riqueza de la insuficiencia legal que hay al respecto. Habría que solucionar primero el desastre ambiental del Grupo México en el Río Sonora, pero NO DESDE EL ACUERDO CON UN EMPRESARIO que se ha ganado desde hace años el pleno derecho de estar en la cárcel por la cantidad de personas y de miseria que han generado sus múltiples proyectos mineros que tiene en el país y en otros países, sino desde hacer valer el estado de derecho. Por qué negociar con un hampón como el Sr Larrea y continuar sumiso a su negocio. Por otra parte, celebramos la postura adquirida para el rescate de los compañeros del desastre de Pasta de Conchos, al igual que celebramos deje fuera al Senador Gómez Urrutia y al Sr Larrea célebres coparticipes del abandono y no rescate de los 63 trabajadores, porque por lo menos es una luz para que por fin, ellos y sus familias descansen de este terrible agravio en donde el desprecio a la vida se volvió política pública. Le pedimos también sume a su mirada sobre la problemática minera a quienes han sido asesinados por defender la vida y el territorio, porque sus asesinatos son prácticamente carpetas de investigación, folders archivados, familias que se niegan a la impunidad y continúan persiguiendo a la justicia. Bernardo Vázquez, Mariano Abarca, Bety Cariño, Ismael Solorio y su esposa Manuela Ortiz, son algunos de los vacíos del corazón que cargamos por una política basada en el desastre y la violencia, que viven pueblos enteros y que todo ello empeora de manera significativa en aquellos que le dijeron sí a la minería como Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, como en Salaverna, Mazapil, la Colorada y Chalchihuites en Zacatecas, como también sucedió en Cerro San Pedro de San Luis Potosí. Cada pueblo minero de estos y muchos más que por falta de espacio no mencionamos, han sido una parte fundamental de nuestro aprendizaje porque nos han proporcionado los elementos necesarios para construir y tener la total convicción de ser férreos opositores a ese tipo de progreso y desarrollo. No queremos más violencia del Estado para quienes resisten por la vida y luchan en contra del despojo y del desplazamiento forzado. Basta de persecución por parte del Estado en Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, en prácticamente todo el país. No nos parece ni correcto que usted Sr. presidente, establezca agenda con dichos falsos sobre una minería sustentable que no existe ni en México, ni en Canadá, ni en China, y que su regulación y “la buena dirección” de Gómez Urrutia la meterá al orden laboral, porque sabemos como abandona a sus trabajadores gremiales. Tampoco nos parece justo que no escuche, ni hable, ni reciba a las resistencias contra las mineras, pero si convocar a empresarios para “regañarlos” y decirles que se porten bien y que no nos abandonen porque necesitamos sus empleos. Eso es totalmente incongruente con alguien que dice quiere transformar al país. Discutir la problemática minera para nosotros no pasa por un espacio de participación amplio, sino por terminar con las asimetrías y entonces sí darle forma y fondo a un proceso crítico y serio sobre la problemática que existe en torno a la industria minera, como sucede ahora con el INPI: creando consultas amañadas, falsas y sin contenido; entonces da igual y políticamente seguiremos como ya estamos en transiciones de oropel, mientras la gente y los ecosistemas mueren.

Su discurso en torno al respeto al medio ambiente, al combate al cambio climático, al desarrollo sustentable, entre otros “slogans” que posicionó durante su campaña y que continúa mencionando, por cierto con menos enjundia ahora que ya gobierna, no son congruentes con la práctica de las acciones que ya suceden, por lo que, NOS NEGAMOS A RECONOCER SU PALABRA, SI ESTA CONTINÚA OFRECIÉNDOLE APOYO A UNA ACTIVIDAD QUE ESTÁ MATANDO AL PUEBLO DE MÉXICO, a sus bosques, a sus recursos hídricos, a sus suelos y a su soberanía alimentaria.

Nos parece bien que al parecer ya no entregará más concesiones mineras, pero qué hará usted con las existentes que son miles, porque cada que inicia la operación de alguna de ellas daña, no una, sino varias comunidades, varios ríos, varios ecosistemas. Cancelarlas de forma definitiva y de forma permanente es el inicio para resolver los conflictos actuales; penalizar a aquellos dueños de las empresas que han violentado leyes, violado derechos y actuado de forma violenta contra los opositores a dicha actividad es una plataforma urgente para que las empresas empiecen a sentirse que no son más poderosas que el gobierno, ni que el pueblo de México. Eliminar la actividad extractiva a cielo abierto y de tumbe y relleno es una urgente necesidad, porque sólo de esa manera se provocará la transición y el impulso a otras formas de producción y consumo que debemos restituir, reconstruir y reafirmar entre todas y todos. 

Sr. Presidente Andrés Manuel, como se dará cuenta, el tema minero ofrece una amplia gama de problemas que simplemente usted no observa y que, de hecho, acá ni siquiera alcanzamos a mencionarlas porque aun hay más tela de donde seguir cuestionando sobre los por qué luchamos para que no haya minería en México. No faltará quien salga al quite diciendo que necesitamos una Ley Minera moderna e incluyente, así como esperemos que, si nos lee, no salga con la retórica de que somos ingenuos al tema por querer expulsar de México una actividad loable y noble, porque si así lo piensa, le adelantamos que DE FACTO ATACARÁ A PAÍSES Y PROVINCIAS DE OTROS PAÍSES QUE YA HAN PROHIBIDO ESA ACTIVIDAD. Le podemos garantizar que nos podrán seguir criticando por mil cosas, pero no de ser ingenuos o que nos pongan la etiqueta de activistas radicales sin fundamentos ni legales, ni científicos, porque en lo que usted planea el rumbo, nosotros ya hemos pasado por la embajada de Canadá, por la ciencia, por los pueblos, por las empresas, por las leyes, por los trabajadores, por el agua contaminada, por miles de enfermos y, de todo ello hemos aprendido mucho para cuando llegue el momento, poner en ridículo a los dueños y empresarios mineros, lo que haremos cuando existan y se garanticen la igualdad de condiciones, cuando sean ellos quienes den la cara y no envíen a sus gerentes y no sea bajo su asimetría de dinero, la violencia y los políticos afines a ellos.

Usted ha creado una expectativa muy alta de credibilidad en este país la cual, por supuesto ya necesitábamos, pero por la forma en la que de repente hace uso de la palabra, nos preguntamos si sus operadores son tan inútiles que no pueden pasarle una ficha de verdad y no llena de mentiras. Es distinto que usted diga que no le importa si en el país opera una minería rapaz, a que diga que exhorta a que tengamos una minería verde y linda como en Canadá, porque sobre esta última frase, no hay forma que logre encontrar elementos ni técnicos, ni científicos, ni razonables, ni sustentables, ni epistemológicos sociales, por lo tanto, es una gran mentira y, en esas circunstancias no sólo se engaña a sí mismo, sino también al pueblo de México, ese pueblo que hoy le da toda la mano de la credibilidad. Aún es tiempo, no lapide su principal fuerza basada en el apoyo social que ostenta al pretender vender la imagen de una actividad que está matando al planeta como si fuera una actividad sustentable.

¡TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS  Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA

Imagen: Mina Carrizalillo – trabajo movil

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