#AlertaHonduras: ¡No al fraude electoral, la represión y los ataques al derecho a la información!

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

¡Alerta! ¡El pueblo de Honduras está siendo víctima de una serie de violaciones a los Derechos Humanos desde las Elecciones Generales del 26 de noviembre. Ante el flagrante fraude electoral orquestrado por el Partido Nacional y el Tribunal Superior Electoral (TSE) a favor del presidente Juan Orlando Hernandez (JOH), miles de Hondureños y Hondureñas llevan casi dos semanas protestando en las calles exigiendo el respeto de su voto y gritando «¡Fuera JOH!». No quieren que se repita el golpe de Estado militar del 2009 a través del cual el Partido Nacional destituyó al Partido Liberal de Manuel Zelaya para instalar un gobierno autoritario apoyado por los Estados Unidos de América. Pero la respuesta del Estado que buscar accallar las voces anti-fraude es la violencia.

>> Carta: Señor Videgaray, le llamamos a alzar la voz contra el fraude electoral y la represión en Honduras <<

LA REPRESIÓN

El 11 de diciembre, se llevaron a cabo grandes marchas y tomas de carretera en varias partes del país en el marco de un paro nacional convocado por Salvador Nasralla, el candidato de la Alianza de Oposición a la Dictadura, que reivindica la victoria en las elecciones. Hubo una fuerte represión en el sur, donde la Policía Militar lanzó gas lacrimógeno contra los manifestantes y «hasta dispararon contra la población e incluso contra un vehículo de un medio de comunicación en el que transportaba una comunicadora y su camarógrafo», informó Radio Progreso, agregando que «se reportan algunas personas heridas».

Ayer 12 de diciembre, las protestas y tomas de carretera seguían en varias partes del país. En el oeste, integrantes del Consejo Cívico de Organiaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fueron retenidos por la Policía Militar cuando se dirigían en bus hacia un bloqueo de carretera cerca de Siguatepeque, departamento de Comayagua. En otro vehículo viajaba la coordinadora Bertha Zúniga Cáceres, quien también fue retenida. «Durante la retención ilegal los militares han tomado fotografías de los documentos de identidad de cada unx de nosotrxs y por esto responsabilizamos al gobierno y sus fuerzas represivas de cualquier acto en contra de nuestras vidas y seguridad», denunció la organización en un comunicado. «Les instamos a seguir pendientes porque aquí la ALERTA sigue, hasta cuando caerá esta dictadura», advirtió.

«Este tipo de acciones de parte de las fuerzas militares y policiales ahondan las condiciones de vulnerabilidad para las y los luchadores sociales como consecuencia del régimen impuesto por Juan Orlando Hernández», reaccionó Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC).

Según el informe «Honduras: crisis política post electoral y su impacto en los derechos humanos», presentado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) el 6 de diciembre, a esa fecha se reportaban 14 personas asesinadas y 51 heridos, de los cuales 7 graves, en el marco de las protestas. La población fue particularmente indignada por la muerte de Kimberly Dayana Fonseca, de 19 años, asesinada en la noche del viernes al sábado en Tegucigalpa, víctima de los disparos de militares contra un grupo de manifestantes.

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Además, COFADEH reporta que 844 personas fueron detenidas. 501 de estas detenciones se dieron en el marco de la suspensión de las Garantías Constitucionales decretada por el gobierno del 1ero de diciembre al 11 de diciembre. Durante estos diez días, el decreto preveía, entre otro:

– Artículo 1: «Se prohíbe la libre circulación de las personas, prohibición que podrá aplicarse en horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., en todo o parte del territorio nacional en atención a los hechos que ocasiona la restricción de esta libertad a recomendación de autoridad competente»;

– Artículo 2: «Las Fuerzas Armadas, apoyarán conjunta o separadamente cuando la situación así lo requiera, a la Policía Nacional; debiendo poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad de la República y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos»;

– Artículo 3: «Se ordena lo siguiente detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera sea sospechoso de causar daños a las personas o sus bienes, aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos o esté en peligro su propia vida.»

«La suspensión de garantías restringe y vulnera de forma arbitraria derechos democráticos fundamentales de los y las hondureñas, particularmente el derecho a la protesta, con el objetivo de acallar, inhibir y reprimir las masivas manifestaciones desarrolladas en todo el país ante las patentes irregularidades del proceso electoral para imponer la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández», denunció la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) en un comunicado publicado el 2 de diciembre.

Datos publicado en el informe de COFADEH

Marcha contra el Golpe en Tegucigalpa el 3 de diciembre (Giorgio Trucchi)

LOS ATAQUES AL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Radio Progreso, la radio nacional jesuita que da voz a los defensores y defensoras de los Derechos Humanos en Honduras y ha cubierto todas las protestas anti-fraude, fue víctima de un sabotaje que le impide estar al aire en Tegucigalpa. Su antena se cayó en la noche del 9 al 10 de diciembre y el equipo de la radio se dio cuenta de que sus tensores habían sido desatornillados. «Estamos con los datos suficientes para afirmar ante la comunidad nacional e internacional que Radio Progreso ha sufrido un sabotaje en las torres que permiten la transmision de RP en la zona central», denunció el director de la radio el Padre Ismael Moreno. «Responsabilizamos a Juan Orlando Hernández y a su grupo de ser los que sabotearon la voz de Radio Progreso», agregó.

En un comunicado publicado este 7 de diciembre, el equipo de producción del documental «Berta Soy Yo», actualmente en proceso de grabación, denunció que fue «objeto de seguimiento y registro fotográfico, especialmente en Tegucigalpa dando cobertura a las protestas y la actividad en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y postas policiales». En este documento titulado «Bajo amenazas y hostigamientos seguiremos filmando, es nuestro deber» los directores Sam Vinal y Katia Lara exponen cómo durante una visita al TSE fueron «hostigados por militares, censurados por funcionarios del Tribunal y obligados a abandonar el lugar».

>> FIRMAR EL COMUNICADO <<

Además, el 6 de diciembre, tres corresponsales extranjeros fueron expulsados del país al llegar al puesto de migración, tras ser sometidos a largos interragotorios. Entre ellos, Reed Lindsay, quien había cubierto el golpe de estado del 2009 para Telesur y realizado el documental «Detrás del Golpe» sobre cómo la complicidad del gobierno de Estados Unidos en este ataque contra el gobierno de Manuel Zelaya.

EL FRAUDE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tardó casi dos semanas en divulgar los resultados finales de las Elecciones que fueron publicados hasta el 10 de diciembre: 42.98% para Juan Orlando Hernández del Partido Nacional y 41.38% para Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición a la Dictadura.

En las primeras horas y los primeros días después del cierre de la jornada electoral del 26, los resultados eran a favor de Salvador Nasralla con una ventaja de 5 puntos (45% VS 40%). El 28 de noviembre en la noche, seguía en primera posición pero sus resultados empezaban a bajar a cada actualización a favor de JOH. Aún así, el 29 noviembre, los analistas, y hasta el mismo TSE, seguían considerando que la tendencia inicial que favorecía a Nasralla era irreversible. El sistema de conteo del TSE se cayó tres veces durante el proceso y los resultados de JOH subían a cada reactivación.

Los primeros resultados divulgados por el TSE (TSE)

El 4 de diciembre, el TSE divulgó resultados casi finales (faltaban 0.04% de las mesas electorales registradas por procesar) casi identicos a los del 10 (42.98% VS 41.39%), desatando una ola de indignación y de sospechas de fraude a nivel nacional e internacional. «Exigimos la inmediata renuncia del gobierno tirano y usurpador de la voluntad popular», expresaba la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) en un comunicado publicado ese día. Instaba «a que de forma inmediata se instale un Gobierno Provisional el que funja hasta el 27 de enero de 2018 compuesto por integrantes del movimiento popular y de los sectores democráticos del país, mientras asuma el presidente Salvador Nasralla, electo legítimamente por el pueblo hondureño.»

 

El fraude no solo fue denunciado a nivel nacional sino internacional. «Hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras, y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes», destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, el 11 de diciembre, llamando además a las autoridades hondureñas a «adoptar medidas inmediatas para garantizar la credibilidad de las elecciones generales y respetar el derecho a la protesta pacífica.»

El 12 de diciembre, la Alianza de Oposición contra la Dictadura entregó a las Misiones de Obseravción Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) las 14,364 actas de mesas electorales que representan al 80% transmitidas de forma remota desde los centros de votación de todo el país para que las revisen. Además, les entregó una carta en la que denuncia las irrregularidades del conteo, entre las cuales el no respeto del protocolo de seguridad durante el transporte de las actas en camión hacia el centro d conteo, y la clonación de actas.

LOS POLICÍAS EN HUELGA

El 4 de diciembre, los agentes del Escuadrón COBRAS de la Policía Nacional de Honduras anunciaron que dejarán de reprimir al pueblo y se mantendrán «encuartelados mientras no se resuelva este conflicto político». «Instamos al TSE, observadores internacionales, que respete la voluntad del pueblo hondureño expresado en las urnas, contando voto por voto en su totalidad para dar transparencia a este proceso electoral y que el pueblo este conforme», agregó el portavoz, haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras, «institución hermana», a que hagan lo mismo.

«La dignidad y fuerza de la lucha del pueblo en en la calle es la que ha llevado a la Policía Nacional y al escuadrón COBRAS a deponer sus armas contra el pueblo», reaccionó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en un comunicado. «Saludamos esa digna acción y llamamos a las Fuerzas Armadas y demás cuerpos represivos del Estado a entender su papel como miembros del pueblo y su deber a respetar los mandatos del mismo», agregó la organización

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Defensores y defensoras de Derechos Humanos de todo el mundo levantan la voz contra el fraude y la represión:

Amnistía Internacional: «El gobierno hondureño está desplegando tácticas peligrosas e ilegales para silenciar las voces de disenso en el marco de una de las peores crisis políticas que ha atravesado el país en una década, entre otras, evitando que abogados o activistas de derechos humanos visiten a manifestantes detenidos, indicó Amnistía Internacional luego de una visita a Honduras después de las disputadas elecciones presidenciales del 26 de noviembre.»

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4): «Repudiamos la decisión de suspender las garantías constitucionales y responsabilizamos a todo el aparato de gobierno por los muertos y heridos durante las manifestaciones, así como por todo hecho de violencia que ocurra contra la población en el futuro. Es inaceptable que un gobierno violente impunemente una y otra vez a su pueblo y pretenda continuar dirigiendo a su país.»

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA): «Exigimos que el Tribunal Supremo Electoral deje de actuar y enturbiar el proceso electoral al demorar la información, y validar una caída del sistema que lo único que fomenta es su actuación sin transparencia y sin legalidad. Exigimos se respete la libre voluntad del pueblo hondureño para manifestarse de forma libre, plena y pacífica en las calles de Honduras, sin intromisión e intervención de las fuerzas armadas legales e ilegales del estado hondureño.»

Amigos de la Tierrra América Latina y el Caribe (ATALC): «Desde ATALC, llamamos a América Latina y al Caribe, y a las organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo a denunciar y evidenciar la Dictadura que se impone en Honduras, y que ahora pretende además con el Estado de Sitio despojar a las y los hondureños de sus derechos constitucionales, señalando a las y los opositores a la Dictadura (periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, etcétera) como terroristas y poniendo en mayor riesgo sus vidas.»

Movimiento de Afectados por Represas de América Latina (MAR): «Exigimos que cese la represión, al Congreso de la República que declare Inconstitucional el Estado de Sitio para el restablecimiento del Estado de Derecho en Honduras; a la OEA exigimos justicia y esclarecimiento del fraude electoral como lo demanda la Alianza de Oposición contra la Dictadura de Honduras.»

La Campaña Global para Desmantelar y Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el poder de las Transnacionales y poner fin a la impunidad: «Desde 2009, año del golpe contra Manuel Zelaya, Honduras es un país capturado por las empresas transnacionales (ETN), que han impuesto su poder en todos los asuntos de la sociedad  y del estado. El fraude que se concreta ahora es la consolidación del poder de las ETN, representadas en Juan Orlando Hernández, su partido y demás poderes asociados. La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la Impunidad expresa su más profunda preocupación la situación en Honduras.»

En las Embajadas de Honduras de varias capitales del mundo, personas solidarias con el pueblo Hondureño expresaron su rechazo al Golpe de Estado:

Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 4 de diciembre

San Salvador, El Salvador, el 4 de diciembre

Ciudad de México, México, el 4 de diciembre

Más info:

Carta: Señor Videgaray, le llamamos a alzar la voz contra el fraude electoral y la represión en Honduras

EE UU se mantiene en silencio y libera millones de dólares en fondos a Honduras a pesar de muertes de manifestantes y denuncias de fraude en la represión electoral

Dibujos contra el Golpe de Estado en Honduras

AUDIO: Entrevista con Carlos H Reyes, del movimiento sindical hondureño, sobre las claves internas y externas del fraude electoral y la continuidad del Juan Orlando Hernández

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos «#FueraOMC – Construyendo soberanía»

Compartimos esta declaración de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC – construyendo soberanía» – Buenos Aires, Argentina, a 13 de diciembre 2017

La Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC, construyendo soberanía» se reunió los días 11, 12 y 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo.

Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras estrategias.

Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas.

La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista.

Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada.

¡No en nuestro nombre!

Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadores y sus familias. La excluyente prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo.

El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al desarrollo local y regional de las comunidades migrantes.

La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad.

Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como protagonistas de las políticas que se impulsen.

La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de «alternativas verdes», pero en definitiva solo sostienen el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del capitalismo, que no solo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos las alternativas populares, como el «buen vivir» propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general.

Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la construcción de un proyecto alternativo. No solo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos.

El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte para los pueblos.

Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes.

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a la educación en un bien comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable.

En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales.

Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista de Israel.

La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares terroristas como ISIS.

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.

Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es transformar!

La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos.

¡Fuera OMC! ¡Fuera G-20!

FIRMA:

Asamblea de los Pueblos

Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC, construyendo soberanía»

Más información:

VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

 

Desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó: los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil alertan sobre creciente crisis humanitaria

Compartimos el comunicado de los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil sobre la situación de desplazamiento forzado en la que se encuentran más de 5.000 personas de Chenalhó y Chalchihuitán – A 12 de diciembre

CÓMO APOYAR:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

Foto: Radio Zapatista

San Cristóbal de las Casas, a 12 de diciembre 2017

           Desde la cercanía que nos da el ser parroquias vecinas de lengua Tsotsil, en continuidad con la declaración del 28 de noviembre del Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, con grande preocupación e impotencia vemos crecer el conflicto entre los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán y consideramos indispensable dar a conocer a la opinión pública la situación que prevalece.

  1. La crisis humanitaria crece día con día por el desabasto, ya cercano a un mes, provocado por el bloqueo de los tres accesos al municipio de Chalchihuitán, sumado a los efectos de las lluvias, el frio y la condición de desplazamiento de numerosas familias, muy mayoritariamente del municipio de Chalchihuitán.
  2. Crecen los reportes de crecientes problemas de salud y el limitado acceso a servicios médicos y medicamentos ofrecidos por personas de la sociedad civil y alguna presencia puntual de personal de instituciones públicas. Se informa ya de algunas defunciones de niños y ancianos, por hambre o por enfermedad.
  3. La dotación de ayuda humanitaria de la diócesis y de la sociedad civil está siendo insuficiente, dada la magnitud de las necesidades y la dificultad para hacerla llegar hasta las personas desplazadas.
  4. Continúan los reportes de disparos que mantienen el nivel del miedo y la imposibilidad de retornar a sus viviendas para la mayoría de los desplazados.
  5. Los acuerdos de las autoridades de Chenalhó de permitir sólo paso peatonal no significaron alivio alguno para la población de Chalchihuitán, pues no permiten el paso seguro de vehículos con víveres, personas y gasolina.
  6. Aunque el gobierno estatal ha tomado algunas medidas para atender la emergencia alimentaria y sanitaria, ha sido insuficiente. Lo más grave es que no se ve que procure un proceso de solución de fondo del conflicto.
  7. El problema limítrofe entre Chenalhó y Chalchihuitán ha crecido hasta parecer inmanejable. Se anuncia como inminente la resolución del Tribunal Agrario sobre este conflicto, pero nos preocupa cuál sea su sentido. No basta un documento de escritorio desde la ciudad de México, sin un consenso armónico entre los pueblos. Sin esto, las consecuencias pueden ser graves.
  8. La larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no solo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar.
  9. Esto se hace evidente porque la asamblea de agentes municipales y comisariados convocados por la presidenta municipal Chenalhó, indicó el 5 de diciembre que «en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la Resolución Definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó» (Ver Acuerdo Segundo del acta de asamblea abajo)
  10. Un grupo armado ha puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán y no entendemos por qué las autoridades estatales y federales lo han permitido. Recibimos noticias de que los armados están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial, para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado en curso.
  11. Se da de hecho un estado de excepción en el que niegan los derechos fundamentales y las garantía individuales a los habitantes de todas las comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana.

Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos.

Ya hubo en el pasado un intento serio de encontrar una solución justa y respetuosa de los derechos de ambos municipios, con la creación de un «Comité Técnico para la Atención del Conflicto de Límites entre las Comunidades de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán». Después de aproximadamente dos años de trabajo, ese esfuerzo se abandonó inexplicablemente.

Pensamos que hoy es posible recuperar el estudio encomendado por el Comité Técnico a un Grupo de estudio Interdisciplinario que en 2010 indicaba:

«Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica resulta aceptable para las dos partes en disputa, por lo que no será socialmente sostenible sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión; cualquiera que fuera la resolución de los Tribunales, produce el riesgo de perpetuar la actual incertidumbre jurídica sobre todo el edificio de los dos procesos de RTBC (Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales)».[Recomendación no. 1 contenida en el Resumen Ejecutivo del Informe del GEI al Comité Técnico].

En otra Recomendación (No. 6) se afirma: «Consideramos inaplazable que se concerte y se instale una mesa de diálogo político y comisión tripartita, considerando en condiciones de equidad a los Bienes Comunales de Chenalhó y Chalchihuitán así como al Gobierno del Estado», pero no solo éstos sino otro actores coadyuvantes al proceso de diálogo tales como «ancianos y autoridades indígenas actuales y pasadas» y «expertos de la sociedad civil, así como de los organismos multilaterales especializados» (Recomendaciones 10 y 11).

Instamos al gobierno federal, al estatal y a los municipales a que retomen el camino de una solución integral al problema, dado que en esta ocasión el conflicto se ha agravado más que en ninguna otra ocasión que se recuerde, por la creciente participación de grupos armados.

Urgimos y, en nombre de las víctimas, exigimos, a las autoridades tres niveles de intervención inmediata:

  1. Reconocer el conflicto violento y el desplazamiento forzado, imponiendo y garantizando un alto a cualquier acto de violencia, con la consiguiente determinación de responsabilidades de las graves violaciones a los Derechos Humanos y a la Constitución.
  2. Garantizar de manera inmediata un convoy de ayuda humanitaria, suficiente y continua, hasta atender a total de las familias desplazadas de ambos municipios y los efectos del desabasto en la población de Chalchihuitán.
  3. Hacer un verdadero desagravio a los dos pueblos, puesto que el conflicto surge a partir de la intervención gubernamental federal y es acrecentado por los intereses de partidos políticos, como condición para instalar una impostergable mesa de diálogo de alto nivel, encabezada por el gobierno federal, con participación de la sociedad civil y otros actores institucionales.

Por los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil

Fray Gonzalo Ituarte Verduzco O.P.

Vicario de Justicia y Paz

Con la anuencia de

+ Felipe Arizmendi Esquivel

Administrador Apostólico de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

CÓMO APOYAR:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

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Más info:

Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas a 28 de noviembre 2017

Comunicado de la Misión de Observación de Derechos Humanos en Chalchihuitán a 13 de diciembre: «Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado»

Fallecen 4 niños y 2 adultos de Chlachiuitán, víctimas del desplazamiento forzado en Chiapas (Chiapas Paralelo)

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? (Radio Zapatista)

ueren otros 2 desplazados en Chalchihuitán: Iglesia Católica; suman 9

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://chiapas.quadratin.com.mx/principal/mueren-otros-2-desplazados-chalchihuitan-iglesia-catolica-suman-9/

Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2016.

Reunión de la OMC en Buenos Aires: Porqué los pueblos dicen «¡Fuera OMC!»

En junio 2017, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra firmamos la Declaración «Los pueblos nos ponemos de pie frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires» en el marco del Encuentro Nacional contra la OMC organizado en la capital argentina. LLamábamos a relizar una Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la OMC que está teniendo lugar ahora (10-13 de diciembre) en dicha ciudad, para fortalecer «la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza», «visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial».

Hoy, segundo día de la Conferencia y primer día de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC – Construyendo Soberanía», les compartimos un artículo de Leandro Morgenfel, co-coordinador del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) de Estudios sobre Estados Unidos y miembro de la Confluencia «Fuera OMC», para entender la situación:

¿Por qué decimos NO a la OMC?

Por primera vez, la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se hace en América del Sur. Las grandes corporaciones trasnacionales van a intentar imponer sus intereses. En paralelo, organizaciones sociales y políticas de todo el mundo nos movilizamos en Buenos Aires para rechazar la agenda de la OMC y debatir sobre las alternativas.

¿Qué es la OMC?

Al final de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevas instituciones multilaterales. En 1948, se estableció el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT por sus siglas en inglés), que funcionó hasta 1994. Sus sucesivas rondas de negociación promovieron reglas para liberalizar el comercio de manufacturas, pero no el de bienes agrícolas y servicios. En efecto, se disminuyeron progresivamente las tarifas y barreras comerciales a escala global. En la Ronda Uruguay (1986-1994), corporaciones farmacéuticas y agropecuarias, entre otras, presionaron para incorporar nuevos temas comerciales. Se creó una nueva institución, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Surgida en el particular contexto de la posguerra fría, la OMC fue el marco para garantizar que el proceso de acumulación del capital, tras el derrumbe del llamado «mundo socialista», operara a escala planetaria. Paralelamente, estos temas se fueron incorporando en los nuevos acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Hoy, la OMC está compuesta por 164 de los cerca de 200 países existentes. Su actual director general es un brasilero, Roberto Azevedo, pero la máxima autoridad del organismo es la Reunión Ministerial que se realiza cada dos años.

La XI Reunión Ministerial se realiza en Buenos Aires, Argentina, entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017. Allí, las grandes corporaciones de los países centrales pretenderán relanzar esta institución, luego de la parálisis de los mega-acuerdos regionales, generada, en parte, tras el Brexit y la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Intentarán que se dé por clausurada la Ronda de Doha, conocida como Ronda del Desarrollo, que se inició en 2001; también procurarán introducir nuevos temas en la agenda.

Más allá de estos objetivos, en la cumbre de la OMC se expondrán las contradicciones internas: por un lado, las críticas de Trump, que prefiere los acuerdos bilaterales y expresó su desdén hacia la OMC y otros organismos multilaterales; por el otro, las demandas de los países menos desarrollados, que no quieren dar por muerta la Ronda del Desarrollo; y, frente a ellas, las de las organizaciones sociales y políticas que proponen agendas alternativas.

A la vez que las corporaciones trasnacionales promovieron sus intereses en esta institución global, emergieron resistencias. En noviembre de 1999 se produjo la famosa «Batalla de Seattle», más de 40 mil manifestantes bloquearon la reunión ministerial, iniciando el movimiento por la alter-globalización. Cuatro años más tarde, en Cancún, hubo enormes protestas de organizaciones sindicales, ecologistas y campesinas, lideradas por La Vía Campesina, que lograron que colapsara la ministerial. Allí, los gobiernos de países no centrales, muchos de ellos perjudicados por los subsidios agrícolas de Estados Unidos, Europa y Japón, entendieron que antes que conseguir un mal acuerdo era mejor que no hubiera ninguno.

Ante la parálisis de las negociaciones multilaterales, las potencias impulsaron los tratados mega-regionales, que incorporan nuevos temas como la llamada «coherencia regulatoria»: ningún país miembro podría establecer una nueva regulación sin acordarla con los demás, afectando así la capacidad de los estados de desplegar políticas públicas, ya sea en materia laboral, medioambiental, de salud o educación.

En la XI Reunión Ministerial de la OMC, uno de los tópicos centrales será el de comercio electrónico. Como bien señalan Francisco Cantamutto y Mariano Treacy en un reciente artículo, «… la OMC busca abrir una nueva frontera de negocios como salida -siempre precaria- a la crisis global». De la mano de la revolución tecnológica en curso, las grandes multinacionales pretenden que la OMC en Buenos Aires sea sede de una globalización «recargada» donde se consolide la regulación de los «nuevos temas» como el comercio de servicios o la propiedad intelectual. En este sentido, uno de los puntos más peligrosos en curso es que se busca lograr una suerte de desregulación preventiva del comercio electrónico y del tráfico de datos.

Deborah James, coordinadora de la red Nuestro mundo no está en venta, explicó en un detallado análisis de la Ministerial de Buenos Aires de qué manera la agenda que intentan imponer los países ricos en la OMC refuerza las asimetrías a nivel global, en detrimento de los países menos desarrollados, a la vez que limita la posibilidad de que estos últimos, a través de políticas regulatorias, reduzcan esas diferencias. En su artículo «Malestar en el libro comercio», Clara Weinhardt y Fabian Bohnenberger explican las crecientes impugnaciones a la liberalización que promueve la OMC, «…la oposición pública frente a la liberalización del comercio en muchas sociedades occidentales se alimenta de la preocupación por su efecto en el proceso democrático de formulación de leyes, en especial si los acuerdos comerciales conducen a una erosión de las ‘regulaciones sociales’ tales como la protección al consumidor y los estándares laborales y medioambientales. Mientras tanto, en muchas regiones de países en desarrollo –como América Latina–, la preocupación por la privatización y la desregulación ya había conducido previamente a una crítica de la agenda de globalización neoliberal en respuesta al desempleo creciente».

La resistencia en Buenos Aires

Este año se conformó en la Argentina la Confluencia Fuera OMC, integrada por organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas que hace años rechazamos los acuerdos de libre comercio. Lo hicimos con el ALCA, hasta su derrota en 2005, y con los que se vienen negociando en los últimos años: Mercosur-Unión Europea, Transatlántico (TTIP), Transpacífico (TTP) y de Servicios (TISA).

El 24 de junio de 2017, se realizó en Buenos Aires el primer Encuentro Nacional para promover la Semana de Acción Global contra el libre comercio, que está teniendo lugar ahora mismo en la capital argentina, en forma paralela a la ministerial de la OMC. En julio, se dio a conocer nuestra primera Declaración, a la cual adhirieron numerosas organizaciones y redes de diversos países:

«Llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el marco de la XI Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017. Para ello, convocamos a realizar una Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza, y que avance en visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial.

Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones, ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.

Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional, sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años. 
La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, en 2005, habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región. La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales. En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias» (..)

El 30 de septiembre se hizo un segundo encuentro y se lanzó la Confluencia Fuera OMC, que organiza ahora el Encuentro de los Pueblos contra el libre comercio y por las alternativas (11 y el 13 de diciembre) en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e impulsa las movilizaciones que se realizarán durante esos días en la ciudad.

Recogiendo las mejores tradiciones de coordinación de las luchas globales, la Campaña está llamando a recuperar el espíritu de Mar del Plata, y de anteriores batallas, como la de Seattle y Cancún. Aquella lucha contra el proyecto hegemónico con el cual Estados Unidos pretendía consolidar su dominio continental, se ganó hace casi 12años.

>> Programa <<

Domingo 10 de diciembre. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tomó la palabra durante el Festival «Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida» en la Plaza de los Congresos, Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

Lunes 11 de diciembre. Cecilia Olivet, de Transnational Institute (TNI), durante el Foro «Derechos y soberanía frente al libre comercio, la deuda y el poder corporativo» en el marco de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC-Construyendo Soberanía»

Frente a la OMC y al G20: Foro Mundial del Pensamiento Crítico

La lucha contra la ministerial de la OMC atraerá la atención mundial hacia Buenos Aires; la Cumbre Presidencial del G20, que el presidente argentino Mauricio Macri insistió en que se realizara en la Argentina, también.

En 2016, se repudió la visita de Obama a la Argentina, que coincidió con el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Más allá de las masivas movilizaciones promovidas por los organismos de derechos humanos, hubo que soportar el enorme embelesamiento de la prensa hegemónica local con la familia Obama. Con Trump, la situación no será igual: si sobrevive a las iniciativas para realizarle un juicio político y todavía es presidente a mediados de 2018, visitará la Argentina para asistir a la Cumbre Presidencial del G20. Allí va a enfrentar en las calles concentraciones similares a las que se produjeron en Mar del Plata, durante la IV Cumbre de las Américas, en noviembre del 2005, con las consignas No al ALCA y Fuera Bush de Argentina y América Latina.

Enfrentamos grandes desafíos. Tanto los defensores de la globalización neoliberal como los nuevos líderes xenófobos de las potencias centrales defienden a los intereses de las grandes corporaciones. La llegada de Trump a la Casa Blanca es un gran peligro. Sus iniciativas misóginas, xenófobas, anti-obreras, plutocráticas, militaristas, injerencistas y contra cualquier protección del medio ambiente son una amenaza para el mundo entero, pero a la vez una oportunidad, por el rechazo que genera, para retomar el debate sobre nuevas agendas y estrategias, con una perspectiva antiimperialista y anticapitalista. También, para ampliar la coordinación y cooperación políticas, confluyendo con las organizaciones populares que lo enfrentan en Estados Unidos.

Trump expresa descarnadamente el afán de dominio imperial de Estados Unidos sobre Nuestra América. Y eso puede incrementar aún más el rechazo a la subordinación claudicante que proponen las derechas regionales como único camino posible. Pero esto, de ninguna manera, debe llevarnos a abrazar la estrategia neoliberal que, en contra del discurso de Trump, edulcora y promociona una agenda corporativa que sólo beneficia al 1% que concentra cada vez más riquezas a expensas del resto de la sociedad y de la depredación de los bienes comunes de la tierra. Más “libre comercio” no equivale a más desarrollo, ni a menos pobreza ni a menor desigualdad. Las opciones que nos ofrecen los defensores de la OMC y los críticos como Trump son en realidad funcionales a distintas fracciones de las clases dominantes de los países centrales. Frente a ese escenario, la salida no es optar por esa falsa disyuntiva, ni limitarse a aceptar meras reformas cosméticas de la OMC, sino avanzar en la construcción de un orden social menos desigual y depredatorio.

El gran desafío para las izquierdas, los movimientos populares y las fuerzas progresistas, es articular las luchas globales, regionales y nacionales –»pensar global y actual local»-, y ofrecer una alternativa favorable a nuestros pueblos y a la preservación de los bienes comunes de la tierra. La lucha contra los mega-acuerdos de libre comercio y la agenda pro corporaciones que promueven las potencias en la OMC y el G20 es una oportunidad para coordinar con las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, migrantes, LGBT y de derechos humanos que resisten en todo el mundo.

En noviembre de 2018 se realizará también en Buenos Aires el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, impulsado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Esa cita, sin lugar a dudas, será un acontecimiento histórico, no sólo para enfrentar la ofensiva del capital contra el trabajo a escala global sino para avanzar en la construcción de nuestras agendas alternativas.

Más información:

La página web de la Confluencia «Fuera OMC»

Argentina: Carta a Macri tras su decisión de excluir a activistas y expertos de la Conferencia de la OMC en Buenos Aires

Nuestra América XXI, Desafíos y Alternativas – con artículos sobre la OMC en Argentina

Reconstrucción post-sismo en la Costa de Chiapas: Voluntariado del 19 al 22 de diciembre y del 2 al 5 de enero

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y el Colectivo Bio-Reconstruye Chiapas necesitan entre 10 y 15 voluntari@s del 19 al 22 de diciembre y del 2 al 5 de enero para producir adobe en la comunidad de Nueva Urbina, municipio de Pijijiapan, zona costa de Chiapas, con el fin de apoyar a Tomás y Lupita a reconstruir su casa tras el sismo del 7 de septiembre 2017.

>> Regístrate: cambalache@autoproduzioni.net <<

 

>> DESCARGAR Y DIFUNDIR EL AUDIO DE LA CONVOCATORIA <<

Tras el sismo del 7 de septiembre que golpeó la Costa de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y el Colectivo Bioreconstruye Chiapas visitaron las comunidades afectadas de los municipios de Tonalá y Pijijiapan para evaluar daños en las viviendas, tanto parciales como totales. «Después de haber hecho todo un diagnóstico de necesidades, de platicar con la gente y conocer a las familias afectadas, hemos llegado a la conclusión, junto con la gente local, de que hay una voluntad de recuperar la tradición constructiva local, que es el adobe«, explica Marianne Decorme, arquitecta e integrante del Colectivo Bio-Reconstruye Chiapas.

El adobe es una mezcla de la arcilla con arena y paja moldeada en forma de ladrillo. Es con este material que Tomás y Lupita, pareja de la comunidad de Nueva urbina (Pijijiapan), quieren reconstruir su casa ahora. La casa, co-diseñada con Bio-Reconstruye Chiapas, medirá 68 metros cuadrados. «La intención para esta casa es aprovechar los recursos que ellos recibieron del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para que no se usen solamente para construir una casa de bloc sino para ir fortaleciendo todo el sistema constructivo de adobe, con una buena cimentación, un bien piso, una cubierta digna y buena ventilación», agrega Marianne.

Tras recibir un acompañamiento técnico, Tomás, Lupita y sus familiares hicieron el trazo de la casa, excavaron y cimentaron una parte, además de fabricar los moldes de adobe. Del 27 al 29 de noviembre, produjeron 100 adobes y del 5 al 8 de diciembre un primer grupo de voluntarios llegó a apoyarles para producir otros 277.

¡Pero falta producir 1623 adobes para llegar a un total de 2000! Se necesita entre 10-15 voluntarios para producirlos, además de apoyar en sacar los escombros de la otra parte de la casa aún no excavada.

No se requiere ninguna experiencia en construcción. Los organizadores ofrecen el transporte desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas hasta Nueva Urbina, el alojamiento en una zona de camping (es importante llevar su casa de campaña o su hamaca) y la alimentación.

«Esto es una oportunidad para conocer la técnica constructiva tradicional de la región que es el adobe, en un ambiente de compañerismo y de solidaridad, apoyando un proceso autónomo y autogestivo», concluye Marianne.

FOTOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE TOMÁS Y LUPITA (4-8 DE DICIEMBRE):

Crédito: Bio-Reconstruye Chiapas

AUDIO: Ayúdanos a construir un albergue en nuestro centro ecológico «Alter Natos»

Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, dio una entrevista al programa Kilombo de la Radio Ibero 90.9 el 30 de noviembre 2017, para dar a conocer nuestra campaña de recaudación de fondos con la que buscamos financiar la construcción de una albergue de 320 metros cuadrados en materiales naturales en donde recibiremos a tod@s l@s quienes quieran compartir alternativas en nuestro Centro Ecológico Alternativo «Alter Natos».

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Kilombo: Qué tipo de actividades realiza el centro ecológico alternativo «Alter Natos» en Chiapas?

Claudia Ramos: Otros Mundos A.C. somos una organización que forma parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional. Tenemos 10 años de estar constituidos en San Cristobal de las Casas, Chiapas, caminando junto a las comunidades y organizaciones campesinas en la defensa de los ríos, la soberanía alimentaria, la salud, la tierra y los territorios ante la depredación del sistema capitalista.

Este acompañamiento y este análisis nos han llevado a dar seguimiento a procesos de resistencia en contra de megaproyectos como minería y represas y a darnos cuenta de que no podemos estar solo resistiendo frente al modelo, sino que debemos generar alternativas. Muchas ya están desarrolladas desde los pueblos y las podemos compartir. De allí nace nuestra propuesta de los «Alter Natos» que son formas de vida diferentes al modelo dominante, que nacen desde abajo, desde los pueblos.

Para esto, desde febrero 2015, hemos iniciado la creación de este centro ecológico alternativo «Alter Natos» como un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo. El centro tiene la particularidad de estar construido con materiales naturales y ecotecnologías que están en harmonía con el entorno. Contamos con sistemas de captación de agua de lluvia, manejo de residuos sólidos con baños secos, etc.

Queremos brindar opciones compartidas y espacios de construcción compartidos que se pueden vivir desde los mismos centros urbanos. Aunque San Cristóbal de las Casas es una ciudad pequeña, tiene también muchos problemas de tratamiento de agua, de construcción convencional con mampostería y cemento y las minas de arena que tenemos alrededor de la ciudad son un gran problema. El centro «Alter Natos», aunque está ubicado en las afueras de la ciudad, representa una alternativa ante lo avasallador de los sistemas de construcción convencionales y demuestra que en los espacios urbanos, otras formas de vivir y de relacionarnos con nuestro medio son posibles.

Kilombo: En este centro se pretende ampliar los servicios construyendo un albergue y para eso están solicitando la ayuda de la gente.

Claudia Ramos: Hasta ahora hemos avanzado un 75% del centro. Ahora necesitamos apoyo para construir el albergue de 320 metros cuadrados para 40 personas con 10 habitaciones compartidas que recibiría mucha gente en este espacio de intercambio que será «Alter Natos». Recibimos a muchas personas en el Centro cuando se organizan talleres, por ejemplo ahora mismo se está dando un taller de construcción con barro allí.En la página web de Otros Mundos A.C., encontrarán información sobre cómo pueden ayudarnos a construir este sueño.

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ESTAMOS BUSCANDO VOLUNTARIOS

Dibujos contra el Golpe de Estado en Honduras

#AlertaHonduras #HondurasNoEstásSola

Lamentablemente, hoy estos dibujos que nacieron de las imágenes de esas luchas en las calles, son vigentes de nuevo. Les compartimos algunos como aportes a la protesta contra el fraude electoral actual y para que las utilicen si les sirven en sus acciones y materiales de denuncia contra este nuevo Golpe de Estado en Honduras y contra la Represión.

Ilustraciones: Nieves Capote

>> Descargar el documento completo de «La Declaración de las Caminatas» aquí <<

>> Descargar todos los dibujos en alta calidad <<

>> Descargar todos los dibujos en Facebook (baja calidad) <<

Más información:

#AlertaHonduras: ¡No a un nuevo golpe de Estado y alto a la represión!

AUDIO: Entrevista con Carlos H Reyes, del movimiento sindical hondureño, sobre las claves internas y externas del fraude electoral y la continuidad del Juan Orlando Hernández

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

¡Alto a la violencia policiaca y militar contra el pueblo de Honduras!

Comunicado urgente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 1 de diciembre 2017

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería condenamos enérgicamente la violencia que ha desatado el gobierno golpista de Juan Orlando Hernández, contra el pueblo hondureño que ha salido a las calles, a manifestar su hartazgo por el evidente fraude electoral perpetrado desde el gobierno actual que, en consecuencia, atenta y viola de manera directa el respeto y voluntad de las mayorías para, de forma pacífica, elegir a su presidente nacional.

Hemos recibido comunicados de organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos amigas, quienes de forma dramática nos indican que la violencia perpetrada desde el estado nacional, ya empezó a cobrar sus primeras víctimas mortales.

Los hechos se enmarcan en el proceso electoral realizado este 26 de noviembre del año en curso, en el cual el presidente Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección presidencial, ha utilizado a las instituciones del estado para que maquilen y manipulen tanto el sistema de cómputo, como a la propia autoridad electoral, y con ello dar un sesgo y evitar reconocer los resultados que ya daban por virtual y estadísticamente ganador al candidato de la Alianza de Oposición, el C. Salvador Narsalla.

Es importante recordar que Juan Orlando Hernández asume el poder en Honduras tras el golpe de Estado que en el 2009 se llevó cabo, en una clara colusión y alianza con Estados Unidos. Desde entonces su mandato ha sumido al pueblo hondureño en una profunda crisis social, económica de seguridad y de mercado global para facilitar la libre entrada de empresas transnacionales, que desde esas fechas han estado saqueando a las comunidades de sus bienes comunes, además de hacer brutales actos de despojo del territorio a partir de asesinar a cientos de defensoras y defensores que se oponen a ello, tal como sucedió con nuestra querida compañera Berta Cáceres, integrante del COPINH.

Exigimos que el Tribunal Supremo Electoral deje de actuar y enturbiar el proceso electoral al demorar la información, y validar una caída del sistema que lo único que fomenta es su actuación sin transparencia y sin legalidad.

Exigimos se respete la libre voluntad del pueblo hondureño para manifestarse de forma libre, plena y pacífica en las calles de Honduras, sin intromisión e intervención de las fuerzas armadas legales e ilegales del estado hondureño.

¡Respeto a la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas!

Exigimos al gobierno de Juan Orlando Hernández detener la persecución, criminalización y represión que ha desatado contra la población.

¡¡Alto al Fraude Electoral en Honduras!!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más lectura:

#AlertaHonduras: ¡No a un nuevo golpe de Estado y alto a la represión!

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

[AUDIO] Bertha Zúñiga: Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben «poner el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen las empresas»

 

REDD y derechos: lo bueno, lo malo y lo feo

Artículo de Ivonne Yánez, integrante de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, publicado en el Boletín Nº234 – Noviembre 2017 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés)

«El fundamento del pensamiento crítico, entonces, está en la disconformidad
con el estado de cosas existentes y en la búsqueda de alternativas,
a partir de caracterizaciones de la situación presente, cuyas
causas pueden, evidentemente, ser buscadas en el pasado.» (1)
in memorian Hector Alimonda

La propuesta de incluir los bosques en las negociaciones sobre clima de la ONU cumplirá 10 años. Desde 2007, cuando se llevó a cabo la conferencia sobre clima en Bali, Indonesia, en el marco del avance del mecanismo REDD+ (2), el tema de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las comunidades locales, entre otros, ha sido un ir y venir de actores, guiones, escenarios, repartos, comedias, pero sobre todo han primado los efectos especiales y el arte del maquillaje.

LO BUENO

Hay que reconocer que el hecho de que en estos años se haya tratado de abordar el asunto de los derechos de los pueblos ante un problema tan grave como es el cambio climático es algo bueno. Quienes hemos levantado la voz desde hace veinte años, clamando por verdaderas soluciones al calentamiento global como la de dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo, apelamos siempre a los derechos de los pueblos en donde se los extraen, a los derechos de las comunidades en donde se han aplicado proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) u otros de compensación de carbono, o también a los derechos de la naturaleza.

Así, desde que se empezó a discutir el mecanismo REDD+ en las negociaciones sobre clima, muchas organizaciones sobre todo a nivel internacional presionaban para que se incluyera el término de derechos de los pueblos indígenas. Esta presión se encaminó eventualmente hacia la propuesta de «No Rights, no REDD+” (sin derechos no hay REDD+) en diciembre de 2008. Sin embargo, estas justas demandas tomaron otro curso en los años siguientes.

Un ejemplo es el del derecho al territorio que es un derecho colectivo que ha sido reivindicado por decenios, en particular el de la titulación de tierras y territorios. Si bien este último es un derecho ajeno a las prácticas consuetudinarias de demarcar y organizar sus territorios, ha sido necesario demandarlo ante la arremetida de los Estados.

En este contexto, el mecanismo REDD+ y los programas tipo REDD+ a nivel nacional, claramente están tergiversando este derecho esencial de los pueblos, puesto que para que el negocio del carbono funcione, a la propiedad colectiva se le debe dar un uso privado, pues en la transacción de créditos de carbono tiene que estar claro quién es el dueño de qué, en qué cantidad y, para este caso, en dónde y en qué extensión. Los compradores serán dueños de un título de propiedad sobre el carbono que se encuentra en una determinada –delimitada y titularizada- cantidad de tierra cubierta por bosques. La titulación de tierras entonces está siendo promovida y utilizada en este caso por los mercaderes de carbono para presentar ante los compradores una garantía de propiedad del carbono contenido.

Lo bueno de que los derechos humanos y de los pueblos hayan podido ser parte de la base de cualquier medida frente al cambio climático se corrompió.

LO MALO

Quienes han dominado las negociaciones sobre clima, desde actores corporativos, financieros hasta ONGs de la conservación y representantes gubernamentales hegemónicos, entienden y asumen el tema de los derechos de una manera totalmente diferente a la de los pueblos indígenas y otras comunidades locales. Los derechos humanos y de la naturaleza han sido sometidos al capital y a supuestos derechos empresariales y financieros. Los espacios de lobby y negociación empresarial que cooptan las cumbres sobre cambio climático han garantizado que los intereses corporativos primen por sobre el sentido común bajo el guion de que son los superhéroes salvadores del planeta. Así se establece un claro conflicto de derechos pues el dinero, como capital, ha pasado a ser sujeto de derechos, por encima del humano y de todas las formas de vida.

El Acuerdo de París, firmado en las negociaciones sobre clima de 2016, COP21, presenta una nueva escenografía pero con los mismos protagonistas. Entre otros inconvenientes, ratifica (Art. 5) la inclusión de los bosques «para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero». Esto profundizará la pérdida de derechos de los pueblos a nivel local y, con la posibilidad de compensar las emisiones a través de proyectos tipo REDD+, se seguirá aumentando la extracción y quema de petróleo, gas y carbón y ahondará el problema del cambio climático. El Acuerdo de París, al mejor estilo de la Comedie-Française con su troupe permanente de actores, perenniza el reparto de cuotas de contaminación entre los más contaminantes y la posibilidad de hacer un negocio global, ya no solo con empresas sino también entre Estados.

Con el Acuerdo de París, la lógica de entregar los bosques para compensar contaminación se imprime con carácter planetario. Si bien REDD+ incluye plantaciones forestales, agricultura y suelos, es decir, cualquier vegetación o suelo que pueda contener carbono, pone la mira principalmente sobre los bosques de África, Asia y América Latina, que están en su mayor parte bajo sistemas de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y son, por esta misma razón, los mejor cuidados y los de mayor extensión.

REDD+ convierte a los pueblos indígenas y a la naturaleza en proveedores permanentes de servicios ambientales o ecosistémicos, por lo que podemos afirmar también que REDD+, no solamente contribuye a más pérdida de derechos de los pueblos y hace que empeore el cambio climático sino que, además, viola los derechos de la naturaleza, sometiéndola –como se hace con los pueblos- a procesos de esclavitud, servidumbre, y apropiación de sus obras, al convertir a sus ciclos biológicos, funciones, la recreación de la vida y ciclos reproductivos en un trabajo y mercancías que pueden ser compradas y vendidas.

LO FEO

Entre los objetivos de los promotores de REDD+ está el de tratar de disminuir las resistencias a la implementación de los proyectos en territorios indígenas, principalmente, y buscan convencer a las organizaciones para que el mecanismo REDD+ sea bien visto y aceptado.

Así, como un efecto especial cinematográfico, los derechos humanos y de los pueblos en las negociaciones sobre el clima se han ido esfumando o sufrieron metamorfosis. Derechos se convirtieron en estándares; derechos de las mujeres se transformaron en salvaguardas voluntarias; otros derechos se convirtieron en participación e involucramiento en el reporte y monitoreo; derechos colectivos y territoriales se convirtieron en gobernanza forestal; la protección y exigibilidad de derechos pasó a ser solo promoción o algo que se tomará en cuenta; derechos se convirtieron en establecer modelos operacionales para cumplir con las salvaguardas y consolidar los co-beneficios es decir «beneficios no-carbono» como señala la iniciativa  REDD+ Indígena que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) sostiene a nivel internacional (3).

En definitiva, la inclusión de los derechos humanos en REDD+ no es más que un maquillaje para que se vea bonito, para tratar de detener la rebelión de los pueblos y para ocultar la verdad detrás de estos proyectos.

Ante esto, se debe proteger el derecho a la resistencia, a decir NO a proyectos de compensación de carbono, a no ser desplazados, a no ver restringido el acceso y uso tradicional de sus territorios, o a no ser utilizados para que compañías petroleras o mineras puedan violar los derechos de otra comunidad en algún otro lugar del planeta, a no ser manipuladas por el mercado internacional para que la maquinaria siga funcionando.

EPÍLOGO

Para terminar, se debe acotar más el sentido al que nos referimos cuando decimos derechos.

Aun cuando sabemos que los derechos son inherentes a los sujetos -humanos y no humanos-, estos no son estáticos. Los derechos son un proceso: histórico, político, social y natural.  Son una cuestión de dignidad y van surgiendo como una reacción frente a la opresión, la discriminación, la pérdida del sustento de vida. Son un ideal a conquistar y no son donados por Naciones Unidas, ni menos por el Banco Mundial o las transnacionales de la conservación.

REDD+ asume que los derechos son una realidad ya conseguida, adjudicados por los operadores de este tipo de proyectos y los tergiversa al considerarlos una cuestión de gobernanza, burocracia o ingeniería institucional. También pervierte los derechos porque los «universaliza» en un marco de modernidad occidental capitalista; hoy los derechos por circunstancias históricas y políticas están embebidos de pluriversalidad cultural y natural.

Cuando se incluye el concepto de derechos en las negociaciones sobre el clima, como en el binomio REDD-derechos, se prioriza el beneficio del libre mercado y al mismo tiempo se anulan los contextos culturales y políticos de los pueblos en donde se desarrollan este tipo de programas y proyectos.

La propuesta de incluir los derechos en REDD+ debiera haber exigido el derecho a la real práctica de los derechos colectivos que se nutren de, según el mexicano Enrique Leff, los «derechos del ser cultural a la construcción de mundos de vida diversos», de los «derechos a reinventar sus identidades culturales», o de los «derechos para reconstruir mundos de vida y diseñar futuros posibles». (4) REDD+ claramente impide el ejercicio de estos derechos.

(1) CLACSO. Pensamientos críticos contemporáneos: análisis desde Latinoamérica. Piedrahita C., Díaz A., Vommaro P. (comp.). Bogotá, 2015.

2) «Por ejemplo REDD+ aspira a cubrir 4.000 millones de hectáreas, es decir el 31 por ciento de la superficie de la tierra (no marina)». Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Presentación REDD+ COMO UN CASO DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. Lima, 2014.

(3) CBC-GIZ. REDD+ INDÍGENA EN EL PERÚ: Perspectivas, avances, negociaciones y desafíos desde la mirada de los actores involucrado. Pinto, V. Molero, M. (Eds). Lima, febrero 2014.

(4) Leff, Enrique. “Las relaciones de poder del conocimiento en el campo de la ecología política: una mirada desde el sur”. En: ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA. VOLUMEN I. Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. CLACSO. Héctor Alimonda [et al.] (Coords). Buenos Aires 2017.

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Foto: Manifestación contra REDD en Chiapas

8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad

Comunicado de prensa de la Familia Abarca Montejo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Chicomuselo, Chiapas, México
A 27 de noviembre del 2017

8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad

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El 27 de noviembre 2009, nuestro compañero de lucha y padre de familia Mariano Abarca Roblero fue asesinado afuera de su casa en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, por oponerse a la empresa canadiense Blackfire que explotaba una mina de barita en su pueblo. Anteriormente él y diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivos, movimientos, estudiantes y comunicadores/as de diferentes países advertimos al gobierno de Chiapas y al gobierno federal el peligro en el que se encontraba Mariano por defender a las comunidades de la extracción minera.

A ocho años de los hechos, la familia Abarca Montejo, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) exigimos una vez más a los gobiernos de México y de Chiapas que se haga justicia, fortalecidos por las muestras de solidaridad que se multiplicaron en el transcurso de todo el año 2017.

En junio, interpusimos entre los cuatro una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la vida de Mariano Abarca. Esta acción colectiva es de suma importancia tanto para los que exigimos justicia para nuestro compañero, como para todo/as lo/as defensore/as de los territorios y los derechos colectivos que sufren el patrón de criminalización y de muerte impuesto por el poder corporativo y el modelo extractivo canadiense. Más de 200 organizaciones y personas nos han expresado su apoyo en este proceso legal de largo aliento al firmar nuestra petición en línea.

> Firma: Exigimos a los gobiernos de Chiapas y de México, Justicia para Mariano Abarca <

Este año hemos denunciado en reiteradas ocasiones el infame papel que tuvo el gobierno canadiense en el crimen. Antes del asesinato, Mariano y sus compañeros de lucha habíamos informado a la Embajada de Canadá en México que Blackfire mostraba intención de atentar contra su vida. Sin embargo él no fue escuchado, ni su familia ni quienes fuimos testigos/as de las amenazas que recibía: allanamiento en su casa, detención arbitraria, amenazas de muerte a su familia. Por ser promotora de la minería en México y América Latina, la Embajada no mostró disposición de tomar medidas para evitar una muerte humana.

Es hora de que la impunidad de la mineras canadienses, que solo traen muerte y contaminación en México y toda América Latina, acabe ya. El presidente canadiense Justin Trudeau debe prestar atención a las múltiples denuncias que le están llegando dede la REMA y de defensores latinoamericanos. Apenas el 19 de noviembre, dos trabajadores de la mina Media Luna de la empresa canadiense Torex Gold Resources fueron asesinados y no quisiéramos que se continuara derramando más sangre a nombre del mercado del oro y de la avaricia de las empresas mineras canadienses.

Nuestra denuncia ante la CIDH permitió que se reabriera el caso, sin embargo la Fiscalía del Estado de Chiapas no ha mostrado voluntad de llevar a cabo una investigación seria, profunda y objetiva que permita la consignación ante los tribunales de los autores materiales e intelectuales del crimen. Desde las primeras investigaciones, se negó a abordar la línea de investigación que sugiere que el crimen pudo haber sido ordenado por un alto funcionario del Gobierno de Juan Sabines Guerrero en coordinación con la empresa Blackfire.

El esclarecimiento del homicidio requiere de las declaraciones de funcionarios de alto nivel en Chiapas, así como de los directivos de la empresa. Pero hasta ahora, la Fiscalía no ha querido obtener esas declaraciones, pese a que la esposa de Mariano, Mirna Montejo, ha solicitado formalmente que se les llame a declarar.

Solicitamos su apoyo para continuar haciendo presión hasta obtener esas declaraciones y encontrar a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano Abarca Roblero. La solidaridad nacional e internacional es necesaria para lograr que las empresas mineras canadienses dejen de asesinar a más personas y despojar los bienes comunes naturales.

Firman:

Familia Abarca Montejo
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

> Firma: Exigimos a los gobiernos de Chiapas y de México, Justicia para Mariano Abarca <

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Materiales:

Comunicado de MiningWatch Canada: ¡Justicia! Ocho años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas, México

La petición en línea

La historia de un asesinato anunciado

El resumen de nuestra petición a la CIDH contra el Estado mexicano

En la prensa:

En Chiapas claman justicia a ochos años del asesinato del activista Mariano Abarca (Proceso)

Mariano Abarca; defendió su tierra de las mineras canadienses y a ocho años sigue sin obtener justicia (Chiapas Paralelo)

Mariano Abarca, ocho años de impunidad (Contralínea)

Se cumplen 8 años del asesinato de líder comunitario de Chiapas (La Jornada)

Claman por justicia en Chiapas a ocho años del asesinato del activista Mariano Abarca (Contra Poder)

En Chiapas claman justicia a ochos años del asesinato del activista Mariano Abarca (Noticias TLN)

#AlertaMaíz: la supensión de la siembra de maíz transgénico en México se mantiene por ahora

Este viernes 24 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito decidieron que sí se mantiene en México la prohibición de la siembra de maíz transgénico a nivel nacional. Esta prohibición existe desde septiembre del 2013 gracias a los esfuerzos de la «Demanda Colectiva Maíz». Se trata de un grupo de abogados, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos quienes emprendieron una batalla legal contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cinco transnacionales -Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto-, que pudieron ganar al obtener la implementación de una Medida Precautoria.

«Se mantiene esta suspensión» y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito «remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estudie la constitucionalidad del Código Federal de Procedimiento Civil», informó el abogado René Sánchez Galindo, de la «Demanda Colectiva Maíz», al salir de la sesión.

Desde el 2013, la prohibición se enfrenta a los constantes intentos del gobierno federal y de las transnacionaes de revocarla.»Les llamamos a seguir de cerca esta resolución ya que sabemos que hay un embate muy fuerte de (des)información en torno a los transgénicos que tenemos que aplacar desde la sociedad dando información verídica en nuestros centros de trabajo, en universidades», agregó la Demanda en un mesaje video difundido en las redes sociales.

Compartimos el boletín de prensa de la Demanda Colectiva Maíz previo a la sesión del Tribunal de este viernes – México, A 22 de noviembre 2017

Primer Boletín de prensa extraordinario

  • A votación la medida precautoria que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico en México
  • Futuro del maíz en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
  • Afectaciones irreversibles si se autoriza sembrar millones de hectáreas

Este viernes 24 de noviembre los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, decidirán si se conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por más de 4 años en todo el país.

La suspensión judicial fue solicitada por un colectivo de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos que en 2013 promovieron una demanda de acción colectiva. Hasta el momento la acción ha soportado 26 juicios de amparo y decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales.

 

Los ojos del mundo están puestos sobre México, nuestro país es centro de origen y diversificación constante del maíz. Hoy contamos con las reservas genéticas más importantes en el mundo, que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas.

México representa un escenario único en el que uno de los cultivos más importantes del mundo se siembra en diversos sistemas agroecológicos en algunas áreas, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos, en otros.

Para México el maíz constituye el 69% del sostenimiento de la alimentación de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado.

Sin embargo, en el mundo el maíz como alimento apenas alcanza el 13%, mientras que como forraje alcanza el 56%. Puede decirse que en México el maíz es un alimento básico y corazón del cocina tradicional reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, mientras que el mundo lo utiliza como forraje.

Esta diferencia en la utilización del maíz, aunada al carácter de país de origen, representan la importancia de conservar nuestros maíces nativos y de evitar el riesgo de la siembra de maíces transgénicos en más de tres millones de hectáreas.

¿Se mantendrá la medida cautelar otorgada desde septiembre de 2013, por lo menos mientras el juicio principal se resuelve? o ¿se levantará la medida, provocando afectaciones irreversibles en la conservación, utilización e intercambio de maíces nativos y sus parientes silvestres, además de los riesgos para la salud?

Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248

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[AUDIO] Bertha Zúñiga: Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben «poner el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen las empresas»

Compartimos el audio de la participación de Bertha Zúñiga Cáceres, actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hija de Berta Cáceres, en el cine-debate organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México el 21 de noviembre en el Foro Cultural Kinoki * en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo 2016 por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la contsrucción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa
Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en Honduras.

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO <<

Otros Mundos A.C.: ¿Nos puedes hablar de lo que salió ahora en el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) titulado «Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres» que permitió sacar a nivel internacional la información de que el asesinato de Berta Cáceres fue planeado desde la empresa DESA?

Bertha Zúñiga Cáceres (por videollamada):

Tiene algunos hallazgos importantes que yo creo que reafirman  objetivamente lo que siempre hemos venido diciendo. Como que empieza a demostrar con más claridad el tema de cómo operaban las empresas y a nombrar y tener más identificadas a las personas que participaron directamente en el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo 2016.

Una cosa bastante importante es que este informe aquí muestra las grandes negligencias que han habido en el proceso y sobre todo la poca voluntad de investigar el autor intelectual del crimen.

Otro punto importante del informe es poder tener más certeza de que realmente los bancos financiadores del proyecto Agua Zarca como el banco holandés FMO y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sí tenían un amplio conocimiento de lo que estaba pasando en la zona y no hicieron nada para frenar el financiamiento aún teniendo violaciones muy graves.

Otra cosa importante es poder demostrar el nivel de planificación que tenía este asesinato. Este informe tiene un anexo en el que vienen algunos de los chats que se intercambiaba la junta directiva de DESA que tenía un chat específicamente para abordar el tema de Berta Cáceres y del COPINH considerados como un estorbo para continuar con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.

En este informe no se ponen los nombres de las personas que se miran ya con bastante claridad como autores intelectuales del crimen pero nosotros sabemos a quienes pertenecen estos números de teléfono.

También algo que se muestra mucho en el informe y que es algo de lo que hablaba mucho mi mami es el tema del racismo tan grande que expresan estos proyectos, estos bancos y estos funcionarios del Estado. Se refieren en reiteradas oportunidades a los pueblos indígenas de maneras extremadamente despectivas, hablando de que son ignorantes y expresando su desprecio. Sienten que los suelos indígenas no somos sujetos de derechos y que no tienen porque consultarnos o darnos explicación. Aquí hay expresiones bastante terribles como por ejemplo: «Estos indios no paran de joder».

Ellos refieren que siempre una de las ventajas o cualidades que tienen es que tienen muchos contactos con funcionarios del Estado y que eso les daría seguridad a los bancos inversores de meter su dinero en este proyecto. Se identifica que la familia Atala, que nosotros mencionamos, está muy involucrada en el tema de la autoría intelectual. Aparecen los que son parte de la junta directiva de DESA: Jacobo Atala, Pedro Atala, José Eduardo Atala, Daniel Atala, que no solo son dueños de esta represa, sino que tienen una equipo de fútbol, que su principal inversión es el tema financiero, que tienen un montón de proyectos, o sea que no son cualquier persona en este país. La familia Atala es financiadora de la campaña del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, candidato a la presidencia nuevamente.

En síntesis, yo creo que un crimen de esta magnitud, muy pocas veces tiene la posibilidad de encontrar unas pruebas tan claras y que involucren tan claramente muchas personas como éste. Nosotros decimos eso: que sea un caso para poner un poco el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen estas empresas hidroeléctricas, que tienen los bancos financiadores, que tienen los funcionarios del Estado, especialmente las fuerzas de seguridad que aparecen muy muy claramente.

Entendemos que bajo estos gobiernos que tienen un carácter dictatorial, va a ser muy difícil, pero que con el trancurso de los años, como suele pasar, van a revelarse los nombres y vamos a llegar a enjuiciarlos. Son tareas de largo aliento. Mientras tengamos también el enfoque de la lucha integral, es decir de que no solo se trata de la justicia sino de construir un proceso organizativo, apoyar los movimientos sociales y apoyar a las luchas contra todo este modelo de despojo y de saqueo, allí se está contribuyendo realmente a esa ganancia por la justicia.

Las exigencias que hemos posicionado a partir de este informe son:

– Seguir exigiendo la captura, el juicio y la condena de los autores intelectuales del crimen contra nuestra coordinadora y contra nuestro compañero Gustavo Castro;

– Cancelar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que sigue intacto es una prioridad;

– Tener la certeza que la veeduría internacional en el proceso de justicia en los tribunales es fundamental;

– Pedir por la seguridad, sobre todo para nuestro equipo legal que está haciendo bastante acciones legales contra los autores intelectuales, con los nombres de varios de ellos y que nosotras sabemos que esta gente es bastante poderosa y tiene mucha influencia y muchos contactos. Obviamente aquí hay un temor casi permanente por la vida de todas la personas que estamos en la búsqueda de justicia.

*Se proyectó el nuevo documental «Berta no se murió, se multiplicó», realizado este año por el director estadounidense Sam Vinal, de Mutual Aid Media:

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Más lectura sobre el caso Berta Cáceres:

Petición: Más de 600 organizaciones y personalidades exigimos Justicia para Berta Cáceres

Comunicado del COPINH: ¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya

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«Guancasco de Medios»:

Un sitio web para seguir las elecciones en Honduras desde la perspectiva de los Derechos Humanos

Les invitamos a descubrir la página web «Guancasco de Medios»: ya que se acercan las Elecciones Generales del 26 noviembre 2017 en Honduras, es hora de informarse sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que se están perpetrando en ese país centroamericano