Guerrero: ¡Alto a los actos criminales de la minera canadiense Torex Gold Resources!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 29 de enero 2017

Pasando por alto el derecho de asociación sindical de los trabajadores de la mina «Media Luna» en el municipio de Cocula, Guerrero, la empresa canadiense Torex Gold Resources recurre a la acción de pistoleros de grupos delincuenciales para mantener sujetos a quienes trabajan en ella a un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) acorde con los intereses de dicha compañía.

Ahora, ante las acciones de defensa legítima de los trabajadores en paro ante la agresión de dicha gente armada al servicio de la empresa, los cuales asesinaron el pasado 24 de enero a Quintin Salgado Salgado, uno de los dirigentes obreros, un contingente de las policías estatal y ministerial y del ejército, luego de entrar con lujo de violencia en las comunidades de La Fundición y Real de Limón, ocuparon las instalaciones de la mina, amedrentando a los trabajadores y escalando la confrontación.

Este problema tiene un marco, y es el de la política federal y estatal actual de entrega de recursos y de apoyo irrestricto y servil a las empresas nacionales y extranjeras que imponen este tipo de explotaciones, afectando a los territoriosde manera irreversible en términos ambientales, sociales y sanitarios. Una vez intaladas, las empresas, como parte de la devastación múltiple que generan, colocan a sus trabajadores locales en condiciones de explotación intensiva violando sus derechos con apoyo gubernamental. Es importante señalar que lo anterior pone de nuevo en manifesto:

1. La clara articulación entre estas empresas y los grupos delincuenciales «pistoleros» a los que financian para su protección;

2. Que a solicitud de una empresa trasnacional, el estado envía a su ejército y a su policía para no poner en riesgo al proyecto con mayor inversión extranjera directa en el estado de Guerrero.

¡Alto a las agresiones y represalias contra los trabajadores en paro de la empresa canadiense Torex Gold Resources!

¡Alto a la complicidad y la acción violenta del gobierno federal y estatal en contra de los trabajadores mineros y las poblaciones!

¡Alto a la entrega del país a intereses ajenos a nuestra población y a la vida en nuestros territorios!

Correo: rema@remamx.org Facebook: REMAMX Twiter: @MXREMA Página web: www.remamx.org

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Solidaridad con Palestina: Firma la declaración del movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel en México

Compartimos la Declaración del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel en México que les invitamos a firmar

En el 2004 nace la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel. Se trata de un llamado lanzado por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina a la comunidad internacional pidiéndole que aplique dichas medidas coercitivas «hasta que Israel cumpla con el Derecho Internacional y los principios universales de los Derechos Humanos».

El objetivo principal del BDS es dar fin a las políticas que el régimen sionista implementa en Palestina desde 1948, cuyos tres rasgos principales son: ocupación, colonización y apartheid.

La campaña no se dirige contra las ciudadanas y ciudadanos del Estado judío, ni mucho menos contra los judíos del mundo (muchos judíos participan en el BDS, también dentro de Israel), sino contra las instituciones que sostienen y financian dicho régimen opresor.

Razón por la cual, como organizaciones, grupos y colectivos defensores de los derechos humanos, protectores del medio ambiente y promotores culturales en México, los abajo firmantes nos unimos al llamamiento de la sociedad palestina para no consumir productos provenientes de los territorios ocupados y productos cómplices de la ocupación en Palestina. Y además nos comprometemos a apoyar cada una de las campañas dirigidas a exponer los crímenes de ocupación y apartheid que el régimen ocupante sionista comete contra el pueblo Palestino.

El presente boicot se mantendrá, tal y como lo exige el pueblo Palestino, hasta que Israel cumpla su obligación de reconocer el derecho inalienable del pueblo Palestino a la autodeterminación, y acate completamente los principios de la legislación internacional por medio de:

1. La finalización de su ocupación y colonización de todas las tierras palestinas y el desmantelamiento del Muro;
2. El reconocimiento de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos árabe-palestinos de Israel y su total igualdad ante la ley.
3. El respeto, la protección y la promoción del derecho de las y los palestinos refugiados de retornar a sus casas y propiedades, tal como lo estipuló la resolución 194 de las Naciones Unidas.

Si deseas sumarte puedes escribirnos a bdsmexicomx@gmail.com

Firman:

  1. Brigada Une, AC
  2. Casa Experimenta (Galeria de Arte Feminista en Ecatepec)
  3. Colectivo DILE (Artes Escénicas Ecatepec)
  4. Colectivo de Estudios Autogestivos – Agoras de Fuego
  5. Colectivo Huitzilin Ahimsa
  6. Colectivo Revuelta Verde
  7. Colectivo Sonora Caos
  8. Colectivo Solo Miradas y Bordados de Memorias
  9. Colectivo Trueke de Ideas Zalihuitl
  10. Colectivo Unitierra Tehuiloyocan
  11. Colectivo Unitierra Xochiteopan
  12. Colectivo Utopía Puebla
  13. Comunidad Palestina en México
  14. Compañía Multidisciplinaria Cuarto Para Después.
  15. Gaza News
  16. Mexicanos Unidos
  17. Molcajete, proyecto de justicia alimentaria.
  18. Movimiento BDS en México
  19. No Fracking Tamaulipas
  20. Laboratorio en Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, LIDECS
  21. La Sexta con Palestina
  22. Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
  23. Periódico Derecho de Réplica
  24. Promotora cultural Dread Pirate Roberts
  25. Proyecto 21. Colectivo artístico
  26. Red feminista La lechuza buza.
  27. Sustentartenatural
  28. Universidad de la Tierra Puebla
  29. Voz Ciudadana

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Foto: BDS México

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

Análisis del colectivo Geocomunes – Enero 2018

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE): nueva amenaza neoliberal a los bienes comunes

Parte I: Territorialización de los decretos de ZEE de Lázaro Cardenas, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Salina Cruz

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Los 28 septiembre y 18 de diciembre del 2017, el presidente de la República Enrique Peña Nieto firmó los primeros decretos de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Progreso. La firma de estos decretos representa una avance en el desarrollo de este proyecto neoliberal al definir las áreas geográficas para la implantación de las poligonales de las tres primeras ZEE. Nos parece importante detallar cómo se territorializa la firma de esos decretos en las distintas regiones.

1 – ¿Qué son las Zonas Económicas Especiales (ZEE)?

Para el gobierno, las ZEE son un lugar o área con «un excepcional ambiente de negocios» en que las empresas privadas nacionales o extranjeras tienen la facultad de definir la organización de esa área a partir de sus intereses económicos. Áreas que «tienen ciertas ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en regiones altamente productivas».

Una ZEE es definida como un área geográfica delimitada que tiene un régimen para el pago de impuestos especial y diferente a cualquier otra parte del país. Al interior de una ZEE se pueden realizar actividades de manufactura, agroindustria, transformación de materias primas, innovación y desarrollo científico y tecnológico, etc, por medio de clústers (o parques industriales) en los que se concentran un conjunto de empresas que funcionarán como las «maquiladoras» que sobreexplotan a l@s trabajador@s además de beneficiarse de las ventajas fiscales que la ZEE les ofrece.

ZEE: concentra los clústers o parques industriales que pueden ser dedicados a diferentes sectores (agroindustria, automotriz, textil, etc). Recibe las materias primas desde la zona de influencia y exporta los productos transformados por el medio de una infraestuctura de transporte masiva (ej: puerto).

Área de Influencia: son las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la ZEE donde se desarrollan un conjunto de proyectos de infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarril) o energética (gasoductos, parques eólicos, hidroeléctricas) necesarios para abastecer las actividades de la ZEE.

Otros proyectos exctivos como la minería o la actividad petrolera que necesitan también este tipo de infraestructura para operar pueden ser favorecidos en el área de influencia.

Algunos elementos definidos por los decretos de las ZEE:

  • La poligonal de la ZEE con sus coordenadas geográficas y superficie total (artículo II).
  • Los municipios que conforman el área de influencia de las ZEE (artículo IV).
  • La modalidad de la ZEE (artículo II). Para los cinco decretos hasta la fecha, se definió la modalidad por secciones y la poligonal detallada de la primera sección a cargo de la autoridad federal y la lista de los inmuebles que la conforman (artículo III).
  • Las actividades de refinación de petróleo y procesamiento de gas natural no se desarrollarán dentro de las secciones (artículo VII) con la justificación de que ya «están siendo impulsadas a través de los instrumentos previstos en la reforma energética».
  • Exclusión de las instalaciones de los distintos puertos de la poligonal y de los posibles inmuebles de las ZEE.
  • Precisiones sobre las ventajas fiscales dentro de la ZEE (IVA, ISR) de las cuales destacan:

          – el descuento del 100% del sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para empresas durante los primeros diez años y un descuento de 50% durante los siguientes cinco años.
          – la ausencia de Impuesto de Valor Agregado (IVA) para los productos introducidos en la ZEE o para los productos extraídos de la ZEE (ya no existirán impuestos sobre los recursos extraídos dentro de las ZEE y destinados a la exportación al extranjero).

La ley de ZEE aparece claramente como una nueva etapa en el desarrollo de un proyecto neoliberal que pasa por profundos cambios al marco legal. En las dos últimas décadas se han realizado varios cambios para «legalizar» el saqueo de los territorios y permitir la participación del sector privado en este proceso como son la ley minera (1992), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), la ley de bioseguridad (2005), la ley de inversión extranjera (2012), la ley de asociación pública-privada (2012) y la reforma energética (2016). Después de haber permitido la participación del sector privado y de empresas extranjeras en este saqueo, la ley de ZEE aparece ahora como el instrumento legal para favorecer la participación delsector privado por medio de las númerosas ventajas citadas previamente.

¿Dónde se ubican las ZEE y en qué fase están?

Existen actualmente 9 proyectos de ZEE en México todos localizados en la parte sur y sureste del país que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Primera etapa: Son las 5 ZEE que cuentan con los dictámenes aprobados desde junio 2017 y los decretos firmados. Los decretos de Lázaro Cárdenas (Michoacán y Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz) y Puerto Chiapas (Chiapas) fueron firmados en septiembre y los de Salina Cruz (Oaxaca) y Puerto Progreso (Yucatán) en diciembre de 2017.

Segunda etapa: Las ZEE de Puerto Dos Bocas (Tabasco) y Champotón (Camp eche) podrian tener sus dictámenes aprobadas antes del cierre del año 2017 (noviembre o diciembre). Estas dos ZEE conforman un corredor entre Tabasco y Campeche que se pretende dedicar principalmente a la extracción de hidrocarburos.

Tercera etapa: En una tercera etapa están previstas dos ZEE en Hidalgo y Puebla con especializaciones respectivamente en textil y autopartes. En el caso de Puebla se ha anunciado que la ZEE será la Ciudad Modelo de la automotriz Audi y para Hidalgo por el momento no está definida la ubicación precisa.

Según la versión oficial, la ubicación de las ZEE tiene por objetivo mejorar las condiciones económicas en los estados del sur del país, que siempre han sido los más marginados, y reducir las desigualdades existentes al nivel nacional en cuestión de pobreza y de ingreso per cápita. Sin embargo el mapa anterior permite vizualizar que existen otros intereses que influyen en la ubicación de las ZEE.

Como se puede observar en el mapa, en el contexto nacional la zona del sur-sureste del país es muy codiciada para la extracción de minerales e hidrocarburos mediante numerosas concesiones. También es una zona con una gran valor ambiental y altos niveles de biodiversidad que se ven amenazados por el conjunto de proyectos que estimulará el desarrollo de las ZEE (extactivos, energéticos, de transporte, etc) y que podría ser aprovechada y mercantilizada mediante proyectos dentro de las ZEE (biomasa, industria del papel, agroindustria, biopirateia, etc). Además las ZEE están relacionadas con corredores multimodales que consisten en infraestructura de transporte de mercancías (carreteras, vías férreas, puertos) o de energía (gasoductos) que permiten el saqueo de esos recursos.

En el contexto mesoaméricano el establecimiento de las ZEE permitiría reactivar ciertos proyectos de corredores que se trataron de llevar a cabo por medio del Plan Puebla Panamá ahora llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. En el mapa está muy claro como varias ZEE (Chipas, Veracruz y Puebla) están conectadas por la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), uno de los proyectos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. El desarrollo de esas ZEE permitirá dar vida al famoso corredor atlántico que se intento impulsar por el medio del Plan Puebla Panamá. De la misma manera las ZEE de Coatzacoalcos y Salina Cruz pretenden reactivar el muy deseado corredor transístmico, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que se ha intentado desarrollar desde hace muchos años y sobre el cual hablaremos más adelante.

Además como se ve en el mapa, esos corredores y de manera general la ubicación de todas las ZEE coinciden con las principales rutas migratorias en México. Esos flujos migratorios ofrecen una mano de obra sobre explotable para las distintas maquiladoras previstas dentro de las ZEE. La superposición de las rutas migratorias y de las ZEE ofrece además una justificación para la militarización y el control socioterritorial de la zona sur del país.

A escala continental e internacional es interesante analizar el papel que tendrán las ZEE en el reacomodo géopolitico actual. En 1994 México, EEUU y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para estimular los intercambios de mercancías entre esos tres países. Por esta razón las relaciones comerciales actuales de México son muy dependientes del mercado estadounidense (representan 81% de las exportaciones y 47% de las importaciones totales de México en 2016). El TLCAN ha acelerado el proceso de industrialización en México para la exportación de productos manufacturados hacia EEUU (el sector manufacturero representó el 90% de las exportaciones total en 2016), principalmente en la zona del Bajío y en el norte del país por medio de maquiladoras. La implantación de las ZEE tiene por objetivo ampliar a la zona sur del país este modelo industrial explotador y subordinado a los intereses de las transnacionales.

Sin embargo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU el contexto géopolitico ha cambiado bastante. Existe una probabilidad de que se termine el TLCAN y que se abre la puerta a posible acuerdos bilaterales entre los tres países. También el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) fue cancelado por la decisión de EEUU al retirase del mismo a principios del año 2017, lo que incitó a los 11 países restantes a buscar otras alternativas. En este sentido se reunieron en marzo de 2017 con China y Corea del Sur para discutir las posibilidades de un nuevo pacto de libre comercio entre los países del pacifico o posibles acuerdos bilaterales. Frente a las medidas proteccionistas impulsadas por Trump existe ahora un reacomodo géopolitico para México y los demás países de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia y Perú) para orientarse hacia el mercado asiático en busqueda de nuevos acuerdos de libre comercio.

En este contexto no es casual que todas las ZEE de la primera y segunda etapa están ubicadas en puertos con vínculos hacia los dos océanos. Un tercio de la carga total en México se transporta actualmente por vía marítima y el objetivo es duplicar la capacidad de carga total de 260 a 520 millones de toneladas anuales, por medio de la ampliación de puertos y algunos proyectos de las ZEE relacionados.

Con la entrada en vigor de la reforma energética la presencia de cuatro ZEE en la zona del golfo (donde se concentran las principales reservas petroleras del país) resulta estratégica para la exportación de hidrocarburos hacia EEUU o la Unión Europea (con quién México está actualmente negociando un nuevo tratado de libre comercio). La nueva red de gasoductos actualmente en construcción por todo el país permitirá además mover el gas extraído en México (o importado de EEUU) bajo la técnica de fracking hacia las ZEE ubicadas en el litoral pacífico para su exportación hacia Centroamérica.

Además de los nuevos flujos comerciales que se pueden generar con centroamérica, las tres ZEE situadas en el litoral pacífico resultan estratégicas para desarrollar nuevas relaciones comerciales con el mercado asiático. Aún que México cuenta actualmente con 12 tratados de libre comercio con 44 países diferentes solo existe uno con un país asiático (Japón). Uno de los principales países asiáticos con quién México podría aumentar sus intercambios en un futuro cercano es China. Siendo la segunda fuente de importación y el tercer destino de exportaciones China es actualmente el segundo socio comercial de México, después de EEUU. Por esta razón ambos países han discutido las posibilidades de un tratado de libre comercio y varias empresas chinas se han mostrado interesadas por invertir en México sobre todo en el sector energético en el contexto de la reforma energética y de las ZEE. Las autoridades mexicanas hicieron también, en octubre del 2017, una gira asiática para promover oportunidades de inversión dentro de las ZEE con gobiernos y empresas de Singapur, Vietnam y Indonesia. En el caso de Singapur, IE Singapore una agencia de gobierno está interesada en competir para la administración de las ZEE de Coatzacoalcos y Lázaro Cardenas.

Más información:

El Escaramujo 65: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

El Escaramujo 66: LAS ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES 2

Rosy Govela, ¡Siempre estarás presente!

Compartimos la carta de la Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dirigida a la compañera Rosy Govela, fallecida el 19 de enero 2018, y a su familia. Rosy dirigió la licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) en Zautla, Puebla e integró el Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla, el cual forma parte de la REMA.

19 de enero de 2018

QUERIDÍSIMA ROSY

Te has adelantado en este camino, en el que con cariño coincidimos, en donde la esperanza, la lucha, las risas y los alientos de las resistencias seguirán acompañándote en abundancia, porque tú las sembraste en nosotros y nosotras.

Tu partida nos deja un gran vacío, nos pone tristes y cabizbajos, al mismo tiempo que la fuerza de tu espíritu ya revolotea en nuestros corazones, alentando y renovando nuestros ánimos para que juntos y juntas continuemos defendiendo el territorio comunitario.

Querido Rafa, hermano, no tenemos palabras para atenuar el dolor que suscita la partida tan inesperada y pronta de la querida Rosy, tu compañera de vida, pero te abrazamos muy fuerte, fraterna y solidariamente.

Queridos Emilio y Xavier, hermanitos, les mandamos todo nuestro apapacho y cariño para acompañar su tristeza. Sabemos que son fuertes y seguirán caminando y creciendo con el gran amor de su madre que nunca los abandonará.

Buen viaje al Mictlán, Queridísima Rosy

Tu familia de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Más lectura:

Rosa Govela, en memoria

Chiapas: habitantes de San Cristóbal de las Casas protestan contra el saqueo de los humedales María Eugenia

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

>> EVENTO EL 2 DE FEBRERO 2018 EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS <<

Expo Ecocidio 2018 Jornada Por Los Humedales Y Bosques

 

El 10 de enero, representantes de 20 colonias del sur, norte y oriente del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se agruparon en la entrada de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en el sureste de la ciudad para realizar la clausura simbólica de la construcción de locales comerciales en la zona de los humedales de montaña María Eugenia.

Los habitantes habían sido testigos el día anterior de la entrada de una maquinaria pesada en un terreno ubicado dentro de esta zona de 115 hectáreas de la cual proviene el 70% del agua potable de la ciudad a través del sistema de bombeo del Sistema de Agua Potable y alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal de las Casas. «Vemos con mucha preocupación que solo en este humedal de María Eugenia existen más de 15 lugares que han sido alterados, con superficies que van desde 100 metros cuadrados hasta 5 hectáreas», denuncia León Ávila, representante de la colonia FSTSE 2001 quien participó en la protesta.

En el 2008 la zona fue declarada «Área Natural Protegida con el carácter Zona Sujeta a Conservación Ecológica» por el estado de Chiapas (Decreto Número 138). El objetivo oficial de este decreto era «preservar, conservar y rehabilitar los ecosistemas de la zona, sus recursos naturales, biodiversidad y procesos evolutivos, así como inducir y orientar un aprovechamiento ordenado de los componentes naturales que permita su permanencia para las generaciones futuras». Además, en el 2012, fue incorporada a la lista de los 142 sitios RAMSAR que cuenta México, es decir a la lista de los humedales mexicanos considerados de importancia internacional. Ese reconocimiento obliga al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a garantizar su conservación en virtud del Convenio de Ramsar (Irán) al cual México se adhirió en el 1986.

«Estamos preocupados por el futuro de nuestra ciudad y de nuestros hijos, pero el gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas, en lugar de hacer su labor y evitar que este espacio se deteriore, da permisos para destruirlo», se indigna el León Ávila, también profesor en Desarrollo Sustentable en la UNICH.

Los humedales María Eugenia no solo abastecen la ciudad en agua limpia a los más de 250.000 habitantes de San Cristóbal de las Casas, sino que son esenciales para captar las aguas pluviales y evitar inundaciones. Son también el hábitat de numerosas especies de peces, reptiles y anfibios, incluyendo 10 especies endémicas como el pez popoyote (Profundulus hildebrandi), y el chipe cabeza plateada (Ergaticus versicolor), ambos en peligro de extinción.

Desgraciadamente, no todos los habitantes ven a los humedales Maria Eugenia como un tesoro ecológico que deben cuidar. Para algunos, la declaratoria del 2008 y el reconocimiento del 2012 son un estorbo que les impide sacar provecho de estas tierras. Se trata de los dueños de los terrenos que se encuentran dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP), que el Estado de Chiapas, por falta de presupuesto y de voluntad política, no expropió al momento de publicar el decreto.

En la ley mexicana, rellenar un humedal es un delito, pero en San Cristóbal de las Casas, el poder del dinero y los vínculos políticos sirven de inmunidad. Los que pretenden actualmente construir los locales comerciales en frente de la UNICH son de la familia Rovelo, dentro de la cual Héctor Rovelo funge como secretario adjunto del PRI estatal. En otro sitio de los humedales, hubo en el 2015 un intento de construir un fraccionamiento de lujo con 60 casas por parte de Ricardo Díaz Ochoa, familiar del diputado local del Partido Verde Mariano Díaz Ochoa quien había recibido permisos ilegales de la cual afortunadamente los habitantes lograron obtener una suspensión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La lucha por la defensa de los humedales María Eugenia no ha sido fácil. En el 2015, los que se opusieron al fraccionamiento de Díaz Ochoa sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos por proteger este bien común natural. Las mujeres fueron agredidas y amenazadas por los constructores, y varios inconformes recibieron demandas por parte de los constructores.

A pesar la criminalización de su lucha, los habitantes siguen resistiendo y exigiendo el respeto de la ley que obliga al Estado proteger los humedales. Interpusieron una demanda ante la PROFEPA contra los constructores de los locales comerciales que se pretenden en frente de la UNICH. «El gobierno federal tiene la obligación de garantizar para todos los Mexicanos un medio ambiente sano, es una obligación constitucional y es lo que queremos», concluyó León Ávila, quien a nombre de los representantes de las 20 colonias que participaron en la acción del 10 de enero exige la clausura de los 15 proyectos de construcción que existen actualmente en la zona de los humedales María Eugenia.

Fotos: Clausura simbólica de la construcción de locales comerciales en los humedales María Eugenia el 10 de enero (León Ávila)

>> EVENTO EL 2 DE FEBRERO 2018 EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS <<

Expo Ecocidio 2018 Jornada Por Los Humedales Y Bosques

 

Crece la resistencia a la explotación de recursos naturales en México

Artículo publicado el 30 de diciembre del 2017 en la revista en línea Sputnik Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La resistencia a la «voracidad de las multinacionales» que extraen minerales y petróleo y explotan gigantescos proyectos hidroeléctricos, es una creciente batalla social de las comunidades originarias, dijo a Sputnik la dirigente de la asociación civil Otros Mundos, Claudia Ramos.

«La resistencia contra la agudización del modelo extractivo es notable hace más de 10 años en estados del sur del país, como Chiapas [fronterizo con Guatemala], frente a la agresiva expansión de la minería de empresas canadienses, británicas y chinas», dijo la activista.

Esos conflictos entre ambientalistas y empresas multinacionales dedicadas a explotar recursos no renovables, ocurren «más allá de la coyuntura electoral, porque el modelo extractivo amoral es un despojo con una lógica depredadora que no cambia en las ofertas políticas«, observó.

Según Ramos, hay por lo menos un centenar de concesiones mineras en Chiapas, y la cuarta parte de ellas se concentran en dos municipios, Escuintla y Acacoyagua, corazón de la histórica región del Soconusco que desde la época colonial conectó el centro de México con América Central a través del istmo de Tehuantepec.

Según los testimonios recogidos por Otros Mundos, que integra la red internacional Amigos de la Tierra, en el centro de los conflictos de las comunidades indígenas están los intereses de empresas extranjeras, como la china Honour Up Trading, o las canadienses Riverside Resources y Blackfire Exploration.

Esta última explota 360.000 toneladas anuales de barita (sulfato de bario), utilizada para los lodos que se inyectan en la construcción de pozos petroleros.

Estas compañías han demostrado su agresividad para defender las concesiones otorgadas por el Estado, según la activista.

Además, «muchas concesiones mineras en manos de particulares operan con testaferros de origen mexicano», dijo.

El Observatorio de Conflictos Mineros detectó casi medio centenar de conflictos de pueblos originarios con empresas mineras trasnacionales, y unas 20 compañías de capital canadiense se destacan en casi la mitad de ellos.

Otros nombres de origen anglosajón, como British Gold, Millrock Resources, Mining Corporation o Radius Gold se han vuelto familiares para las comunidades indígenas que resisten agresiones por oponerse a las consecuencias de esos «megaproyectos», indicó Ramos.

En la región costera del Pacífico sur mexicano, los ecologistas calculan que casi 1,6 millones de hectáreas son blanco de grandes proyectos extractivos que abarcan casi 15 por ciento de la superficie de Chiapas.

A contracorriente

El trabajo de Otros Mundos y varias organizaciones ecologistas se ha enfocado en la urgencia de producir investigaciones independientes sobre los grandes proyectos de explotación de recursos naturales de la exuberante naturaleza de la zona fronteriza con Centroamérica.

Entre las consecuencias de esos proyectos están, en primer lugar, que «las poblaciones son desplazadas sin consulta para construir represas y explotar el subsuelo», dijo.

En segundo lugar, los proyectos ambientales llamados de Reducción de Emisiones por Desforestación y Degradación (REDD), «son fondos de los países desarrollados para que sus empresas reduzcan las emisiones» de gases de efecto invernadero y justificar así la explotación de riquezas naturales en suelos extranjeros, aseguró.

Pero el llamado «modelo de explotación extractivista» deviene en «otras formas de control del territorio, que acusa a las comunidades por realizar sus actividades agrícolas tradicionales», afirmó Ramos.

Otras inversiones que comprometen el cambio climático que calienta el planeta, derriten los polos y aumentan desastres naturales por inundaciones y huracanes, «están relacionadas con la expansión de ganadería extensiva, el cultivo masivo de palma aceitera y plantíos maderables«, enumeró.

Esos proyectos son promovidos por los gobiernos que «expanden los monocultivos de exportación«, aseguró.

Frente a esa avalancha, las redes ciudadanas «buscamos clarificar otras formas de relacionarnos con los recursos naturales, resistir a la creación de grupos de poder que amedrentan a líderes comunitarios y criminalizan a quienes defienden su tierra y su forma de vida«, dijo la responsable de Otros Mundos.

En el norte de Chiapas, ante la promesa de explotación de una docena de pozos petroleros, «los pueblos de la etnia zoque se oponen al despojo de sus bienes naturales comunes», sostuvo Ramos.

El fenómeno se extiende a otros estados del sur del país, como Guerrero y Oaxaca, con predominio de empobrecidas poblaciones indígenas, donde se concentran las etnias prehispánicas que viven en extrema pobreza.

Los grandes proyectos de desarrollo «siempre vienen acompañados de control social, que obliga a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades en defensa de los territorios donde coexisten la milpa o el bosque», dijo.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) vinculan al sur de México con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

La vinculación de Otros Mundos con Centroamérica llevó a que uno de sus fundadores, el sociólogo Gustavo Castro Soto, fuera baleado en Honduras el año pasado y sobreviviera al mismo atentado en el que fue asesinada la líder ambientalista Berta Cáceres, por oponerse a un proyecto hidroeléctrico.

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Chiapas: Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Compartimos el comunicado del Movimiento Reddeldía de los Montes Azules que firmamos como Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, Chiapas, México
A 10 de enero del 2018

Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Denunciamos que ayer, martes 9 de enero, entró el Ejército mexicano a nuestro territorio, usando la fuerza para provocar y asustar a la población. Entre las 13 y 16 horas, dos aviones del Ejército mexicano sobrevolaron toda la zona de Amador Hernández, es decir los ejidos Amador Hernández, Pichucalco, Nuevo Chapultepec, El Guanal, Plan de Guadalupe y Candelaria del municipio de Ocosingo, en la Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, en el estado de Chiapas, México.

 
Después de que se retiraran los aviones, llegó un helicóptero del Ejército mexicano que en un primer intento, aterrizó cerca de una casa dentro del Ejido Amador Hernández, desprendiendo su techo. Finalmente, aterrizó a un costado de la pista de aterrizaje que usamos en el ejido para transportarnos en casos de emergencia.
 
Del helicóptero bajaron 9 elementos del Ejército, a quienes la autoridad de la comunidad fue a preguntar qué estaban haciendo en nuestro territorio. Contestaron que estaban «buscando una avioneta que se había caído en la zona» y pidieron permiso para revisar la zona, agregando que «no tenían idea» de dónde se encontraban. La autoridad explicó que no podían pasar ya que existe un acuerdo comunitario que prohíbe la entrada del Ejercito a la comunidad. Poco a poco se juntaron alrededor de 300 personas de la comunidad, con la mujeres en primera fila, que llevaron pacíficamente a los militares hacia la carretera para que regresaran al 38º Batallón de Infantería ubicado en el poblado de San Quintín, en Ocosingo, de donde provenían.
 
Mientras tanto, el helicóptero que había aterrizado y en el que se había quedado el piloto regresó a buscar refuerzos al 38º Batallón. Cuando volvió el helicóptero, aterrizó nuevamente en un potrero en la entrada del ejido y bajaron otros 9 elementos del Ejército. Cuando se juntaron los 18 elementos del Ejército, la comunidad, otra vez encabezada por las mujeres, les fue a repetir que se retiraran y pidió a un camión de volteo que pasaba en la carretera que los llevara a su Batallón. La población se quedó asustada y preocupada, pero también organizada, al pendiente de un nuevo intento del Ejercito de invadir su territorio.
 
Consideramos que la explicación que nos dieron los militares no justifica un despliegue tan importante del Ejército y sabemos que no es posible que elementos del Ejército no sepan donde se encuentran geográficamente cuando sobrevuelan una zona. Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la implementación de la Gendarmería Ambiental anunciada en el 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de «garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas» y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas. Bien sabemos que somos una molestia para el gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y todos los proyectos extractivos de biodiversidad.
 
Condenamos la agresión que sufrimos el 9 de enero y exigimos al gobierno mexicano que se respeten nuestros usos y costumbres. Sabemos organizarnos de manera autónoma y cuidar la selva. No es cierto que somos destructores y no queremos ser víctimas de la política conservacionista del gobierno que solo sirve de herramienta para reprimir y desplazar a los pueblos campesinos, como fue el caso en la comunidad Laguna Larga del Petén en Guatemala, donde los hermanos y hermanas Guatemaltecos fueron obligados a abandonar sus casas por la Comisión de Areas Naturales huyendo de los militares.
 
Sabemos también que la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Senado en diciembre del 2017 favorece la militarización de los territorios en México. Prevé que el Estado solicite la intervención del Ejército mexicano en situaciones de amenaza o riesgo a la seguridad interior sin definir en qué contextos, lo que implica la presencia de las fuerzas armadas en situaciones que no les incube. Se puede llegar a vulnerar los derechos de las personas que participan en protestas en las ciudades, pero también de nosotros los pueblos campesinos.
 
Rechazamos rotundamente la política mexicana que consiste en otorgar cada vez más poder a las fuerzas armadas y cada vez menos a nosotros los pueblos que defendemos legítimamente los territorios y nuestros derechos.

 
¡Basta de militarización!
¡Basta de hostigamiento a los pueblos campesinos de los Montes Azules!


Firmamos:
Movimiento Reddeldía de los Montes Azules
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
 
En la prensa:
Chiapas: comunidades denuncian «injustificado» despliegue militar que busca provocar miedo en las comunidades (RADIO MUNDO REAL)
Indígenas defienden la reserva de Montes Azules, en Chiapas, y el Ejército los hostiga, denuncian (SIN EMBARGO)
Ejército Mexicano irrumpió en comunidades de Montes Azules, Chiapas (CONTRALÍNEA)
Denuncian hostigamiento del Ejército Mexicano a comunidades de los Montes Azules (SOMOS EL MEDIO)
Tseltales expulsan de la Selva Lacandona a 17 marinos que entraron en su territorio sin permiso (PROCESO)
 
Más lectura:
Conservación y areas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México
ATALC denuncia el desplazamiento forzado de las comunidades del Petén en Guatemala

16 de enero-30 de marzo: Súmate a las brigadas de reconstrucción tras el sismo en la costa de Chiapas

A casi cuatro meses del sismo del 7 de septiembre 2017 que destrozó las viviendas de miles de familias en la costa de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y el Colectivo Bio-Reconstruye Chiapas siguen impulsando un proceso de reconstrucción comunitaria con la población.

Necesitan voluntarios y voluntarias entre el 16 de enero y el 30 de marzo 2018 para producir los adobes con los que se construirán las casas de 4 familias afectadas en las comunidades de Nueva Urbina y Gustavo López, municipio de Pijijiapan.

El adobe es una mezcla de la arcilla con arena y paja moldeada en forma de ladrillo. «Después de haber hecho todo un diagnóstico de necesidades, de platicar con la gente y conocer a las familias afectadas, hemos llegado a la conclusión, junto con la gente local, de que hay una voluntad de recuperar la tradición constructiva local, que es el adobe», explica Mariana Decorme, arquitecta e integrante del Colectivo Bio-Reconstruye Chiapas.

>> Regístrate: cambalache@autoproduzioni.net <<

El Acuerdo REDD+ entre California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión

> ENGLISH VERSION: REDD+ The carbon market and the California-Acre-Chiapas cooperation

Compartimos el informe de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) “El Acuerdo California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión” (Junio 2017) en el que participó Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Aborda el tema de la implementación del programa de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación d los Bosques (REDD+) en el estado de Chiapas (México) como mecanismo de compensación de las emisiones de gases a efecto invernadero del estado de California (Estados Unidos) y de sus empresas.

Autora: Fabrina Furtado
Equipo de trabajo: Isaac Rojas (Amigos de la Tierra Internacional), Claudia Ramos (Otros Mundos – Amigos de la Tierra México), Gary Hughes y Jeff Conan (Amigos de la Tierra Estados Unidos), Lúcia Ortiz y Fernando Campos Costa (Amigos de la Tierra Brasil). Diseño: Nicolás Medina

>> DESCARGAR EL INFORME EN PDF <<

Introducción:

Desde la firma en 1997 del Protocolo de Kioto, que es un tratado complementario a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el mercado de carbono viene siendo promovido como uno de los principales instrumentos de enfrentamiento al cambio climático. La posibilidad de comprarle el derecho a emitir carbono más allá de la meta establecida por la CMNUCC, a otra parte cuyas emisiones son inferiores a esa meta, no solo ha demostrado la incapacidad de reducir emisiones y enfrentar el problema del clima, sino que ha tenido como resultado la generación de nuevos conflictos ambientales. Aunque cuestionados y deslegitimados, tanto el sistema de “topes y comercio” (Cap and Trade, en inglés), como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), instalaron la perspectiva de la comercialización y compensación (offset, en inglés) de emisiones, y llevaron a crear iniciativas como REDD+1 (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques), una propuesta de Pago por Servicios Ambientales (PSA). De esta manera, sigue prevaleciendo la idea de que los mecanismos, prácticas y lenguaje de la lógica mercantil y del sistema financiero, que son un traje a la medida de las empresas, deben seguir dominando las políticas y el pensamiento sobre el medio ambiente, el clima y la biodiversidad.

En este contexto, el gobierno de California viene buscando hacer una articulación entre su sistema de topes y comercio, mediante el cual comercializó el primer crédito de carbono en 2013, y otros programas subnacionales, así como insertar compensaciones sectoriales a nivel internacional, especialmente a través de REDD+. Sería el primer programa vinculante que permitiría la compra de créditos de carbono a partir de programas jurisdiccionales de REDD+ para compensar sus propias emisiones sectoriales. La propuesta de mecanismos de REDD+, que incluye inversiones públicas y privadas en manejo, conservación y aumento de la reserva de carbono forestal, permite remunerar a quienes mantienen sus bosques en pie, sin deforestar, con el fin de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la deforestación y la degradación forestal.

Al mismo tiempo, en 2010 en Acre, el estado amazónico brasileño conocido por la lucha de los trabajadores del caucho en la que fue asesinado el dirigente histórico Chico Mendes, se creó el Sistema de Incentivos a los Servicios Ambientales (SISA), con el objetivo de fomentar el mantenimiento y ampliación de la “oferta de servicios y productos ecosistémicos” en ese estado. El primero de los seis programas del SISA fue el Programa de Servicios Ambientales de Carbono (ISACarbono), considerado el programa jurisdiccional de REDD+ más avanzado en el mundo, con potencial de generar lecciones relevantes para otros regímenes de REDD+ y de PSA en el mundo.

En 2009 en el estado mexicano de Chiapas, que tiene una amplia historia de lucha que incluye al referente internacional Movimiento Zapatista, se comenzó a desarrollar un Programa de acción ante el Cambio Climático, cuya prioridad fue la implementación de un sistema jurisdiccional de REDD+.

El estado ya venía implementando programas de REDD+ en la Selva Lacandona, territorio en el que conviven grupos indígenas como los Choles, Tzeltales, Tzotziles, cuya posesión fue reconocida por decreto presidencial a los Maya Lacandones en 1978. La Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático del estado de Chiapas fue aprobada en 2010 incorporando acciones de REDD y la creación y uso de sistemas PSA, impulsados de manera “voluntaria” por organizaciones conservacionistas.

De esta manera, en noviembre de 2010, los gobiernos de California, Acre y Chiapas, firmaron un Memorando de entendimiento sobre Cooperación Ambiental (Memorandum of Understanding (MOU) on Environmental Cooperation) con el propósito de crear un sistema de créditos de carbono de REDD+ entre los tres estados, posibilitando así el financiamiento de REDD+ en Acre y en Chiapas y la compensación de emisiones en el estado de California.

Hasta el momento, la cooperación ha avanzado poco más allá de debates y publicaciones, debido a que el programa de comercialización de carbono de California todavía no permite que sus empresas compren créditos provenientes de iniciativas de reducción de emisiones en Chiapas y Acre con el objetivo de compensar sus propias emisiones.

Sin embargo, este proceso puede avanzar en 2017 junto a otras propuestas subnacionales, tanto en Brasil y México, como en China y otros países. Los errores del pasado se siguen cometiendo, ocultando e ignorando. Son muchas las lecciones que se pueden sacar de la cooperación California-Acre-Chiapas y de los impactos de REDD en estos estados, en su relación con los procesos internacionales y nacionales que avanzan en el sentido de lo que llamamos mercantilización y financierización de la naturaleza. Se trata de un proceso que viene siendo cuestionado por los grupos de Amigos de la Tierra Internacional en los tres países, y desde el Programa de Bosques y Biodiversidad, debido a su importancia en términos del establecimiento de un precedente para las políticas de clima y biodiversidad.

Los análisis contenidos aquí fueron elaborados a partir de investigaciones de fuentes secundarias, entrevistas con integrantes de organizaciones de los tres países y de los gobiernos de California y Acre, así como de actividades con dirigentes indígenas y campesinos. La primera parte de este informe aborda el memorando en sí, sus orígenes, objetivos y resultados, destacando los actores centrales en este proceso; la segunda, la política de California desde la perspectiva de las organizaciones sociales de EEUU; la tercera y cuarta, los impactos de las políticas y proyectos REDD en Acre y Chiapas respectivamente; y en la quinta, se comparten algunas reflexiones que esta cooperación tiene para enseñarnos, especialmente a partir de la idea de participación, de la incorporación de valores indígenas, tradicionales y de género, así como del papel de las grandes organizaciones conservacionistas; de la construcción e implementación de salvaguardas; y de algunos conceptos y prácticas fundantes como los de comunidad, deforestación evitada, servicios ambientales, y la idea del consenso respecto de las políticas sobre cambio climático. Por último, presentamos algunas recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones más impactadas por el cambio climático y la lógica fundante de REDD+ en el contexto de la cooperación California-Acre-Chiapas.

Foto: Extracción de madera, fruto del ‘manejo forestal sustentable» en el ancho de la carretera entre Rio Branco y Xapuri, Acre. (Crédito: Amigos da Terra Brasil)

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Honduras: El pueblo no reconoce la victoria de Juan Orlando Hernández y denuncia un fraude

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

El 17 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras anunció, en medio de grandes sospechas de fraude electoral, que «el próximo presidente del país es el abogado Juan Orlando Hernández», o «JOH», del Partido Nacional, quien preside el país desde el 2014 y violó la Constitución al ser candidato a su propia reelección el pasado 26 de noviembre. Su partido tomó el poder en el 2009 a través de un golpe de Estado militar que destituyó al ex-presidente Manuel Zelaya. Los resultados finales son: 42.95% para JOH; 41.42% para Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura (de la cual forma parte Manuel Zelaya); 14.73 % para el Partido Liberal.

EL RECHAZO

«Repudiamos la resolución del Tribunal Supremo Electoral que da como vencedor a Juan Orlando Hernández como presidente reelecto y por lo tanto, rechazamos el fraude generalizado dirigido por el Partido Nacional, la oligarquía nacional y el gobierno de los Estados Unidos a través de su encargada de negocios en Honduras», declaró la Plataforma del Movimiento Social y popular de Honduras (PMSPH) pocas horas después del anuncio.

A su vez, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llamó «a la movilización y organización permanente en las calles a todo el pueblo lenca y hondureño en la legítima exigencia de que JOH salga inmediatamente del poder». En un comunicado publicado este 18 de diciembre, propone «en su defecto, que se llame a un nuevo proceso electoral con garantías y transparencia, supervisado por la comunidad internacional».

La victoria de JOH tampoco satisfizo la Organización de Estados Americanos (OEA), quien llamó a organizar nuevas elecciones: «Ante la imposibilidad de determinar un ganador, el único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales, dentro del marco del más estricto respeto al Estado de Derecho, con las garantías de un TSE que goce de la capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía y los partidos políticos.»

LA REPRESIÓN

Las protestas contra el fraude se multiplican en varias partes del país pero la respuesta del Estado es la represión.

Este 18 de diciembre, más de 50 agentes de la Policía Militar entraron con bombas lacrimógenas y armas de fuego en la comunidad de Sambo Creek (norte), donde viven y luchan lxs compañerxs garífunas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). El compañero Bryant Lopez de la OFRANEH se encuentra herido. «El día de hoy, la comunidad y el pueblo garífuna han enfrentando una situación sin precedentes (…) cuando el Ejército y la Policía Militar entraron a Sambo Creek en una verdadera cacería contra el pueblo garífuna», denunció la coordinadora de la organización Miriam Miranda.

Protesta pacífica de la OFRANEH en Sambo Creek este 18 de diciembre (Crédito:OFRANEH)

Población de Sambo Creek atacada con bombas lacrimógenas este 18 de diciembre (ver video) (Crédito:OFRANEH)

En los barrios populares de Tegucigalpa, capital del país, se desplegaron decenas de miembros de la Policía Militar en respuesta a las protestas pacíficas. En la Colonia Villanueva por ejemplo, atacaron a la población con bombas lacrimógenas hasta dentro de sus casas.

Colonia Villanueva, Tegucigalpa, el 18 de diciembre (DR)

Colonia Villanueva, Tegucigalpa, el 18 de diciembre (DR)

Colonia Villanueva, Tegucigalpa, el 18 de diciembre (DR)

EL FRAUDE

El anuncio del TSE se dio tres semanas después del cierre de las Elecciones Generales organizadas el 26 de noviembre. La oposición y gran parte de la población denuncian un fraude electoral a favor del Partido Nacional, obviado por la anormalmente larga duración del proceso de divulgación de los resultados. En los primeros resultados parciales, Salvador Nasralla tenía una ventaja de 5 punto (45% VS 40%) y era el favorito hasta el 29 de noviembre, día en que los resultados empezaron a invertirse a favor de JOH después de varias fallas técnicas. Ese día estallaron numerosas marchas en varias partes del país en las que los manifestantes gritaban «¡Fuera JOH!». Fueron violentamente reprimidas: entre el 29 de diciembre y el 6 de diciembre, hubo 14 personas asesinadas y 51 heridos, de los cuales 7 graves, en el marco de las protestas.

El 10 de diciembre, el TSE anunció resultados presentando como «finales»: 42.98% para JOH y 41.38% para Salvador Nasralla. Provocaron más protestas y bloques, en las que fueron retenidos lxs compañerxs del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). La población seguía denunciando un fraude, respaldada por la organización Human Rights Watch, cuyo director para las Américas José Miguel Vivanco denunció ese día que «hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras, y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes».

En un último intento de volver a la tendencia inicial, Salvador Nasrallo entregó el 12 de diciembre a las Misiones de Obseravción Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) una carta denunciando el fraude así como 14.364 actas electorales que comprobaban según él su victoria, pero no las 18.128 actas restantes. No tuvo exito: el veredicto de la Misión de la UE fue que «tras el cotejo de una gran muestra aleatoria de las copias de las actas entregadas por la Alianza y de los originales publicados en la web del Tribunal, la Misión constató que los resultados de ambos grupos de actas no presentaban prácticamente ninguna diferencia.» Tampoco tuvieron efecto los recursos de nulidad interpuestos por la Alianza y el Partido Liberal.

Más info:

Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra América latina y el Caribe ante la declaración de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE – UE) en Honduras

 

Informe por grave situación en Honduras (Amigos de la Tierra América latina y el Caribe – ATALC)

#AlertaHonduras: ¡No al fraude electoral, la represión y los ataques al derecho a la información!

Desplazados de Chalchihuitán: «Perturbador y cuestionable» el fallo a favor de Chenalhó según la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Compartimos este comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas que recibimos el día de hoy

Un fallo perturbador y cuestionable

Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
14 de diciembre de 2017

«La obra de la justicia, será la paz,
y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre»
(Isaías 32,17)

1.- El 28 de noviembre pasado, el Consejo de Pastoral de esta diócesis advertía la grave situación provocada por el desplazamiento demiles de personas, agredidas por grupos armados ilegales que habían quemado viviendas, robado pertenencias  y aterrorizado a lapoblación con disparos de día y de noche, por la disputa limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó, con violación masiva de derechos humanos, con riesgos para la salud y la vida de las personas desplazadas, creando una grave emergencia humanitaria. El Consejo Diocesano reclamaba la relativa acción de las autoridades y la impunidad de los violentos. Expresaba la petición a las autoridades federales, estatales y municipales que garantizaran la seguridad de quienes llevaban la ayuda humanitaria a los desplazados, que se abocaran a la solución profunda de las causas, y a no dejar impunes los múltiples delitos que hasta entonces se habían cometido.

2.- Ante la prolongación y agravamiento del conflicto, las once parroquias de la zona tsotsil emitieron un comunicado, anteayer, en que denunciaban la amenaza explícita hecha por la asamblea de agentes municipales y comisariados de Chenalhó, convocados por la presidenta municipal, el 5 de diciembre, como consta en un documento firmado y sellado que dice: «En caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó». Este párrafo se eliminó, posteriormente, para proteger a la autoridad local, pero el pacto es auténtico. (Ver abajo el acta de asamblea original del 5 de diciembre)


Hemos sabido también que los grupos armados exigían a pobladores del municipio de Chenalhó a colaborar en la vigilancia.

Las parroquias denunciaban que el grupo armado había puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán, y no entendían por qué las autoridades estatales y federales lo habían permitido. También hacían notar que «se da de hecho un estado de excepción, en el que se niegan los derechos fundamentales y las garantías individuales a los habitantes de comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana». Y agregaban: «Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto… que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos».

3.- Ahora, ante la comunicación a las partes del fallo del Tribunal Unitario Agrario, que tuvo lugar ayer, 13 de diciembre, invalidando el deslinde anterior, que la misma Secretaría de la Reforma Agraria había hecho hace 45 años, y ordenando a la SEDATU a realizar un nuevo deslinde, afirmamos que este hecho es un despojo de las hectáreas que el mismo gobierno había dotado legalmente a Chalchihuitán. Quienes habitaron esas tierras, no eran invasores, sino campesinos pobres que poseyeron de buena fe lo que se les entregó con documentos de una resolución presidencial.

Recordamos que, desde 2010, una comisión interdisciplinar indicaba: «Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica será socialmente sostenible, sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión, cualquiera que fuera la resolución de los tribunales.» Esto no se tuvo en cuenta.

Los agentes de pastoral de la diócesis, reunidos en nuestro encuentro anual, presididos por don Felipe Arizmendi Esquivel, estamos desconcertados y preocupados ante la resolución hecha por el Tribunal Agrario, así como por la gravedad de la situación. Se dio un fallo en favor del municipio de Chenalhó, sin que mediara un diálogo previo y un proceso necesario e indispensable para resolver un conflicto tan profundo e histórico entre las dos partes. Se da con la oferta de una compensación a Chalchihuitán en dinero y vivienda del todo insuficiente, pues ahora los desplazados son despojados, sin acceso a la tierra.

Nos preocupa sobremanera descubrir que la resolución del Tribunal está fechada el 6 de noviembre de 2017, y las autoridades la dan a conocer hasta el día 13 de diciembre de 2017, mediando más de un mes en el que la población desplazada ha sufrido miedo, frío, hambre, hostigamiento, enfermedades, daño psicológico y hasta la muerte de varios infantes y adultos. Consideramos que las autoridades gubernamentales deben dar una explicación a la sociedad sobre el motivo por el que se aplazó la comunicación del resolutivo del Tribunal Agrario. Fue un tiempo en que los grupos armados ilegales sometieron a la población de Chalchihuitán y de Chenalhó a los sufrimientos ya descritos. Cualquiera que sea la razón, el hecho lo consideramos totalmente reprobable, ilegítimo e inhumano.

En esta etapa del conflicto, no se ha hecho el menor intento de escuchar a la población; por el contrario, se ha dado una solución impuesta a nivel exclusivamente de autoridades, lo cual hace muy frágil el fallo y no resuelve las divisiones.

El imprudente y cuestionable fallo se dio en favor de quien ha ejercido más violencia, del que ha gozado de impunidad, del que había hecho amenaza pública, de quien provocaba el desplazamiento forzado de tan numerosas familias, de quien usa armas ilegales, de quien ahora aparece como responsable de la muerte de varias personas.

Al no haber construido una solución con la participación de los pueblos implicados, al tener en una situación de sometimiento por medios violentos a una de las partes, al no haber creado condiciones de diálogo y buscar una solución consensuada a partir de la cultura, de las necesidades, de las alternativas posibles, en que no resultara una parte ganadora y la otra derrotada y despojada, se hace muy cuestionable y perturbadora la aplicación del resolutivo del Tribunal, aunque sea «legal».

Tememos que continúe la violencia. Tememos que los despojados de sus tierras no sean resarcidos integralmente, puesto que se les priva de su medio fundamental de subsistencia. Tememos que se aleje cada vez más la posibilidad de una paz basada en la justicia. Tememos que sea muy difícil, por no decir casi imposible, restaurar las relaciones armónicas entre los pueblos.

Urgimos a la autoridad federal, la causante de esta falta de conocimiento de la realidad histórica y cultural de estos pueblos, que se aboque a dotar a los despojados de condiciones de una vida digna, de buscar la forma de dotarles de tierra en algún lugar, de construirles casas adecuadas, de procurar su salud y su sostenimiento, pues se quedaron sin nada, sin casa y sin medios de subsistencia. Esto es lo mínimo en justicia y en humanidad. En vez de gastar tanto en campañas electorales, que demuestren su amor al pueblo haciendo lo más posible por proteger a estos hermanos.

Como cristianos, ante el dolor de los pueblos, vemos la urgencia de abrir un espacio a la esperanza y al diálogo; esto será una contribución a la paz tan deseada para los dos pueblos. Por nuestra parte, seguiremos impulsando la solidaridad con los despojados, y compartiendo con ellos la Palabra de Dios, que nos invita a construir la paz, siempre en base a la justicia y el respeto a los derechos de los demás.

Por los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas,

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel
Pbro. Luis Manuel López Alfaro
Hna. María del Refugio Esparza, MIF
Hna. María Isabel Hernández, O.P.
Pbro. Juan Manuel Hurtado López
Pbro. Víctor Manuel Pérez Hernández
Pbro. Marcelo Pérez Pérez
Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, O.P.

CÓMO APOYAR:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

Más info:

Más de 5 mil desplazados no podrán regresar, Tribunal Agrario resuelve controversia de límites a favor de Chenalhó (Chiapas Paralelo)

«Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas»: organizaciones de Chiapas exigen el desarme de los paramilitares tras el fallo (CDH Frayba)

10 personas muertas en el desplazamiento forzado (Informe de Brigada Médica CAM-SADEC)

Foto: Padre Marcelo de la Parroquia de Simojovel (25 de noviembre)

 

VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

Del 11 al 13 de diciembre, cientos de hombres y mujeres de todo el mundo reunidos dentro de la Confluencia «Fuera OMC» levaron a cabo la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC-Construyendo Soberanía» en Buenos Aires, en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibida por el presidente Mauricio Macri en la capital argentina.

«Creemos que es muy importante esta confluencia que venimos organizando desde hace varios meses con muchísimas organizaciones sociales, ambientales, sindicales, docentes y de todo tipo, porque ante la apertura neoliberal que está sufriendo nuestro país, es necesario que nos organicemos. Creeemos que la venida de la OMC a Argentina es una muestra del rumbo que va a tomar en los proximos años, especialmente conociendo que el proximos años recibiremos el G20″, explica Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, en un video publicado hoy por la Confluencia.

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En la víspera de su apertura oficial, la Cumbre organizó el festival «Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida» el 10 de diciembre, primer día de la Reunión Ministerial. Los participantes, reunidos en la Plaza de los Congresos, leyeron la Declaración de la Confluencia, firmada en junio 2017 por más de 250 organizaciones y personalidades incluyendo Otros Mundos A.C.: «Veinte años de tratados de ‘libre’ comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente. Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas sociales, políticas, económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente.»

La Cumbre fue un espacio de formación políticia intensa y de contra-propuestas ante las decisiones neoliberales tomadas en la Reunión Ministerial. Se organizaron decenas de ponencias y debates en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una serie de foros y seminarios paralelos, como el Foro «Soberanía Sanitaria: El impacto del Neoliberalismo sobre el Derecho a la Salud», el Foro Feminista Frente al Libre Comercio, el Foro «Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder corporativo» o el Foro «Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética», entre otros. (Ver el programa completo aquí)

«Para nosotros la Cumbre Fuera OMC es muy importante porque la OMC forma parte de la arquitectura que está asegurando la impunidad de las empresas transnacionales», explicó Monica Vargas, miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en otro video realizado por la Confluencia.

«Estamos creando un movimiento de solidaridad transnacional para enfrenter el poder transnacional», agregó la activista, cuya Campaña estuvo presente en octubre en Ginebra, Suiza, para presionar a los países miembros de la ONU durante su tercera ronda de negociaciones hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La Campaña había presentando su propia propuesta de texto, que incluía entre otro la creación de una «Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos» y un «Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales», y espera será tomada en cuenta durante la próxima ronda de negociaciones en marzo 2018. (Leer la propuesta completa aquí)

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El 12 de diciembre en la tarde, la Confluencia organizó una gran marcha pacífica en las calles de Buenos Aires desde la Plaza de los Congresos. «Nuestra movilización fue masiva y diversa expresando voces que surgen desde la sociedad civil y no acuerdan con las políticas económicas que busca constantemente instalar organizaciones como la OM», declaró la Conflluencia en su página Facebook después de la marcha.

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La Confluencia denunció que la Policía intervinó, reprimió y detuvo a manifestantes. El 13 de diciembre, seguían detenidas tres personas: «lxs detenidxs son un docente de SUTEBA Escobar, una integrante de la Defensoría de Géneroa y un hombre en situación de calle», informó la Confluencia. «La otra novedad del estado de excepción del macrismo fue bloquear el paso a las abogadas e intentar impedirnos el ingreso a la comisaría para atender a nuestrxs defendidxs. Aflojaron ante la amenaza de denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y por negar el derecho a la defensa», agregó la Confluencia.

Fotos de la marcha y la represión policial del 12 de diciembre en Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

Más lectura:

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I Was Banned From The WTO For Defending People’s Rights (Alberto Villareal)

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