Categoría: ANÁLISIS

Asambleas Comunitarias: la conspiración de personas valientes

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Artículo publicado en La Jornada del Campo por Gustavo Lozano Guerrero, miembro de Acción Colectiva A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 18 de agosto 2018

Foto: Asamblea agraria, comunidad Vergel de Bernalejo, San Luis de la Paz, Guanajuato.

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó «Tierra Arrasada», su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé «REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios», a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez años del surgimiento de la REMA– es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’- mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer «Territorios Libres de Minería». Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país han logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear «Territorios Libres de Minería», sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear «Territorios Libres de Minería», por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, «solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades».

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir «Territorios Libres de Minería», sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

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Emisiones imposibles: Cómo están calentando el planeta las grandes empresas de carne y lácteos

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Informe de GRAIN y el Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)

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Las más grandes compañías de cárnicos y de lácteos del mundo podrían superar a Exxon, Shell y BP como los contaminadores climáticos más grandes del mundo en los próximos decenios. En un momento en que el planeta debe reducir drásticamente sus emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI), estas corporaciones gigantes de las proteínas animales globales están impulsando el consumo mediante el aumento de la producción y las exportaciones. GRAIN y el IATP examinaron las 35 compañías más grandes del mundo y encontraron que la mayoría de ellas no está reportando los datos de sus emisiones de GEI y pocas se han fijado metas con el fin de reducir sus emisiones totales. Necesitamos con urgencia construir sistemas alimentarios que satisfagan las necesidades del planeta, los agricultores y los consumidores. Para hacerlo, debemos romper el poder de los grandes conglomerados productores de carne y lácteos, y lograr que rindan cuentas por su inmensa huella climática.

Esta nueva investigación de GRAIN y el IATP demuestra que:

  • En su conjunto, las cinco principales corporaciones productoras de carne y lácteos del mundo, son actualmente responsables de un mayor número de emisiones anuales de gases con efecto de invernadero que Exxon, Shell o BP.
  • Para el año 2050 debemos reducir las emisiones globales en 38 mil millones de toneladas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Si todos los demás sectores siguen esta tendencias en tanto las industrias productoras de carnes y productos lácteos continúan creciendo según lo previsto, el sector ganadero podría dar cuenta de hasta el 80% de los GEI permisibles en sólo 32 años.
  • La mayoría de los 35 gigantes productores de carne y productos lácteos subregistran o de plano no reportan sus emisiones. Sólo cuatro de ellos ofrecen cálculos completos y fidedignos de las emisiones.
  • Catorce de las 35 compañías han anunciado algún tipo de objetivos de reducción de emisiones. De éstas, tan sólo seis tienen objetivos que incluyen emisiones de la cadena de suministro, aun cuando estas emisiones pueden representar hasta el 90% del total de las emisiones. Las seis compañías que prometen recortes de emisiones en la cadena de suministro están presionando simultáneamente hacia un crecimiento de la producción y de las exportaciones, impulsando un aumento en sus emisiones globales más allá de su intención de reducir las emisiones por kilo de leche o carne producida.

Para evitar la catástrofe climática, debemos reducir la producción y el consumo de carne y productos lácteos en países superproductores y superconsumidores, en las poblaciones opulentas en todo el mundo, y al mismo tiempo apoyar la transición hacia la agroecología.

Ganancias versus el planeta

El 25 de marzo de 2014, los altos ejecutivos de JBS, la gigante brasilera productora de carne, estuvieron en Nueva York para celebrar el «Día JBS», encuentro anual de la compañía, donde anunciaron los resultados financieros del año. El mayor productor mundial de carne tenía un mensaje triunfal para Wall Street: El consumo mundial de carne estaba subiendo y JBS se iba a beneficiar inmensamente de este crecimiento. [1] La compañía, con sede en Brasil, dijo a sus accionistas que el pilar de su estrategia era que se proyectaba un aumento del 30% en el consumo mundial de carne per cápita, pasando, de un máximo de 37 kg por persona en 1999, a 48 kg para 2030. [2]

Aquél día, JBS olvidó mencionar a sus inversionistas el crítico problema subyacente en su estrategia de crecimiento: el cambio climático. Si la producción mundial de carne aumentara a 48 kg per cápita, sería imposible evitar el aumento de la temperatura global a niveles peligrosos. [3] Para poner en perspectiva las cifras de JBS, un nuevo informe de Greenpeace considera que el promedio de consumo de carne per cápita debe bajar a 22 kg en 2030, y luego a 16 kg en 2050, para evitar un cambio climático peligroso. [4]

En su presentación, JBS no hizo ninguna mención acerca del cambio climático pero, como con los otros conglomerados mundiales de productos cárnicos y lácteos, es su deber conocer el impacto climático que conlleva el aumento de la producción. Hace más de una década, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) publicó el primer informe mundial de contabilidad de emisiones de gases con efecto de invernadero procedentes de la industria de productos cárnicos y lácteos, en el cual se demostró el papel global del sector pecuario mundial que exacerba el cambio climático. [5] Algunos estudios posteriores respaldan esta evaluación inicial. [6] A pesar de estas conclusiones, las más grandes compañías cárnicas y lácteas siguen comprometidas con niveles de crecimiento que van en total contradicción con el acuerdo logrado por los gobiernos del mundo en París en 2015 con el fin de mantener el aumento de la temperatura mundial «por debajo de 2 grados centígrados (°C)», con el objetivo de limitarlo a 1.5 °C. [7]

Si queremos alcanzar el objetivo de 1.5 °C, el total de las emisiones mundiales debe declinar rápidamente de 51 gigatoneladas a 13 gigatoneladas [8] en 2050. Si sectores como la energía, el transporte y otros reducen exitosamente las emisiones en conformidad con los objetivos de París, mientras las compañías cárnicas y lácteas continúan aumentando su producción, el sector ganadero representará una porción cada vez más grande de las emisiones disponibles de GEI de 13 gigatoneladas. En el escenario sin cambios donde todos quieren seguir con el negocio, el sector ganadero puede consumir más del 80% del presupuesto, por lo que resulta virtualmente imposible impedir que la temperatura suba a niveles peligrosos por encima de 1.5 °C.[9]

En directa contradicción con las perspectivas de un fuerte crecimiento de JBS, los imperativos del cambio climático exigen una reducción pronta y significativa de la producción por parte de las más grandes compañías cárnicas y lácteas del mundo.

Este informe se centra en los más grandes actores de la industria cárnica y de lácteos. Lo que está en juego es de gran importancia: sin recortes drásticos en sus emisiones de GEI, el mundo bien podría fracasar en su intento de evitar un cambio climático catastrófico. Estas compañías generan no solamente una enorme huella climática —comparable a las grandes compañías de combustibles fósiles— sino que dominan la producción de carne y productos de lácteos en aquellos lugares del mundo donde se presentan excedentes de producción y altos niveles de sobreconsumo de carne y productos lácteos.[10] Éstos son los lugares del mundo donde se hace más necesario implementar abruptas reducciones de emisiones procedentes de la producción de carne y productos lácteos. Esto incluye las exportaciones que alimentan el consumo excesivo entre las más opulentos clases medias y altas de los países en desarrollo.

La huella climática de los grandes productores de carne y lácteos

A diferencia de sus homólogos en el sector de la energía, las grandes compañías cárnicas y de lácteos han escapado hasta ahora al escrutinio público acerca de su impacto en el cambio climático. La falta de información pública sobre la magnitud de sus huellas de GEI es uno de los factores que contribuyen a esto. GRAIN y el IATP han examinado los esfuerzos emprendidos por las 35 compañías más grandes del mundo [11] productoras de carne de res, cerdo, aves de corral y las compañías de lácteos, con el fin de cuantificar sus emisiones de GEI. Encontramos que los datos disponibles públicamente acerca de sus emisiones son incompletos, incomparables entre compañías o años y, en la mayoría de los casos, simplemente son inexistentes. Tan sólo cuatro compañías —NH Foods (Japón), Nestlé (Suiza), FrieslandCampina (Países Bajos) y Danone (Francia)— ofrecen cálculos completos y confiables acerca de las emisiones. Sin embargo, en las actuales circunstancias, incluso estas cuatro compañías no están obligadas a reducir sus emisiones. La mayor parte de las compañías que informan acerca de las emisiones han infravalorado seriamente sus emisiones y no han incluido en sus cálculos la mayor parte de las emisiones de su cadena de suministro.

Estas emisiones de la cadena de suministro, que abarcan todo, de la producción de cultivos para la alimentación animal al metano emitido por el ganado, generalmente representan del 80% al 90% de las emisiones de la industria cárnica y láctea. [12] Sin embargo, las grandes compañías de cárnicos y lácteos tienen la responsabilidad particular de incluir en su contabilidad estas emisiones ascendentes de la cadena de suministro. Siendo compañías integradas verticalmente ejercen un importante control, a menudo directo, sobre sus cadenas de suministro, incluyendo las unidades de engorda y las operaciones de procesamiento, los sistemas de agricultura por contrato y las unidades de producción de piensos. Por ello es imprescindible que las grandes compañías cárnicas y de lácteos sean consideradas directamente responsables de las emisiones de la cadena de suministro ascendente, y se les niegue la posibilidad de trasladar la responsabilidad (y los costos) a sus proveedores agrícolas o al público.

En ausencia de datos completos y transparentes de las compañías más grandes, GRAIN y el IATP realizaron cálculos aproximados de las emisiones procedentes de las divisiones de producción de carne y lácteos de estas compañías. Para ello utilizamos una nueva metodología para el cálculo de emisiones y de datos regionales acerca de las emisiones procedentes de la producción ganadera, desarrollada por la FAO, llamada Modelo Interactivo de Contabilidad Ambiental para la Ganadería Mundial (Global Livestock Environmental Assessment Model, GLEAM), combinado con datos corporativos de los volúmenes de producción disponibles públicamente (véase el anexo). Las cifras son estremecedoras: las emisiones combinadas de las cinco principales compañías están a la par de las de Exxon y significativamente superiores a las de Shell o BP (ver Gráfica 4). En su conjunto, los 20 principales emisores de industria cárnica y de lácteos producen más emisiones que muchos países de la OCDE.

(…)

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[1] JBS, JBS Day New York, 4Q13 and 2013 Results Presentation, 25 de marzo de 2014. Http://jbss.infoinvest.com.br/enu/2892/JBSDayNY_4Q13_eng.pdf

[2] JBS, «JBS Day Transcription – 2013 and 4Q13 results», 25 de marzo de 2014. Https://docslide.com.br/documents/jbs-day-transcription-2013-and-4q13-results.html

[3] Para un buen resumen de literatura revisada por pares, que asocia el aumento del consumo de ganado con un cambio climático catastrófico, véase Kim, B., Neff, R., Santo, R. & Vigorito, J. «The importance of reducing animal product consumption and wasted food in mitigating catastrophic climate change», Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for a Livable Future, 2015. https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/2015-12-07e-role-of-diet-food-waste-in-cc-targets.pdf

Las cifras de crecimiento citadas por JBS se basan en los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación acerca del aumento de la producción de carne de vacuno, cerdo, aves de corral y carne ovina, datos que constituyen también la base de las proyecciones de las emisiones presentadas en la Figura 1 del presente informe.

[4] Greenpeace International, «Less is more: Reducing meat and dairy for a healthier life and planet,» 2018. http://www.greenpeace.org/livestock_vision.

[5] FAO, «Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options», 29 de noviembre de 2006. Http://www.fao.org/3/a-a0701e.pdf

[6] P.J. Gerber et al. «Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities,» FAO, 2013. Http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf

[7] «El objetivo central del Acuerdo de París es fortalecer la respuesta mundial frente a la amenaza del cambio climático, manteniendo un aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de 2 °C, por encima de los niveles pre-industriales y continuar los esfuerzos para limitar aún más el aumento de temperatura hasta hacia 1.5 °C.» https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

[8] 1 gigatonelada = 1 mil millones de toneladas

[9] Aquí nos referimos a un presupuesto basado en la cantidad acumulada de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas durante un periodo de tiempo para mantener los aumentos promedio de la temperatura global dentro de 1.5 °C.

[10] Con base en las emisiones de las compañías de productos de ganadería, incluyendo las emisiones de los sistemas de ganadería y los sistemas de combustibles fósiles que incluyen las emisiones finales.

[11] En términos de volumen de producción.

[12] P.J. Gerber et al. «Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities,» FAO, 2013. http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf

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[AUDIO] Las cooperativas de mujeres, una alternativa al sistema capitalista

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Rosalinda Santiz, presidenta del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik A.C. (CEFOCAM), fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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Foto: Rosalinda Santiz durante el seminario de Otros Mundos A.C. el 1 de mayo 2018 (Crédito: Otros Mundos A.C.)

Yo voy a hablar sobre el tema de las cooperativas como una alternativa al sistema capitalista. En 2016, se conformó la Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR), una red de cooperativas en diferentes estados del país (Quintana Roo, Oaxaca, Michoacan, Guerrero y Chiapas). Nosotras no nos llamamos feministas, porque al final este concepto no nace desde aquí, desde los pueblos. A lo mejor se puede decir de otra manera, no lo sé, tampoco lo hemos encontrado todavía. Sin embargo, las mujeres creemos que las luchas de las mujeres han sido de muchas maneras. El caminar de las mujeres es super importante.

Para nosotras es muy importante ver cómo desde las cooperativas podemos defender el territorio, las tierras y nuestros propios recursos naturales. Es una forma de luchar, de unirnos como mujeres y también de lograr la autonomía económica porque antes no existía. El que administraba los pocos pagos que las mujeres recibían de sus productos o tejidos eran los hombres. A las mujeres no nos educan a participar, ni siquiera a tomar decisiones. Sin embargo, uno de los logros que han habido dentro de las cooperativas es la toma de decisiones y también el hecho de que las mujeres conozcan sus propios derechos, aunque han habido diferentes dificultades en el camino. Hasta han habido muertes de mujeres. Las quisieron violar porque estaban participando y tomando decisiones.

Una de las cosas que queremos también defender es nuestro patrimonio cultural, porque se ha ido perdiendo de muchas maneras. Otra de las cosas que estamos defendiendo como red de cooperativas es la defensa de la propiedad intelectual de nuestros diseños. Es un problema muy grande que está pasando en el país, no solo en México, sino también en Guatemala y otros países. Todos nuestros diseños se los están llevando a otros países y cada vez es menos lo que nos está quedando.

Y otra de las cosas que estamos empezando a construir en nuestra red entre todas es valorar el trabajo entre nosotras, las mujeres, rescatando el trabajo de las pocas mujeres mayores que quedan. Uno de los trabajos que queremos seguir haciendo es que se sumen otras cooperativas de mujeres, otros esfuerzos, otros colectivos. Si somos más grupos de mujeres, tendremos más fuerza para enfrentar las situaciones.

Actividades organizadas con la cooperativa de mujeres Jolom Mayaetik en Chiapas (Crédito: CEFOCAM)

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Pensar desde los comunes, un libro colaborativo disponible en .PDF

Nicaragua: alto a la criminalización y represión de las defensoras de derechos humanos

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Pronunciamiento lanzado por la Iniciativa Mesoamerica de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Agosto 2018

>> Organizaciones y articulaciones locales, nacionales e internacionales pueden firmar el pronunciamiento en línea aquí <<

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante la sistemática campaña de represión, hostigamiento, amenazas, ataques y criminalización por parte del Estado, actores parapoliciales y otros vinculados al gobierno, que están enfrentando en Nicaragua las mujeres defensoras y sus organizaciones en el marco de la crisis política y de derechos humanos desencadenada en el país desde el pasado 19 de abril.

Desde el inicio de la crisis, las mujeres defensoras y sus organizaciones han desarrollado un papel fundamental en los movimientos de resistencia pacífica en todo el país, jugando roles importantes de liderazgo en distintos niveles, contribuyendo también al monitoreo, verificación, denuncia y acompañamiento de las numerosas violaciones a derechos humanos en todo el país. Por este motivo se han convertido en blanco sistemático y reiterado de ataques de toda índole y gravedad, tal y como reflejan las veinte #AlertaDefensoras, individuales y colectivas, emitidas en los últimos tres meses y que afectan a más de cien defensoras.

Pese a la presión internacional, las recomendaciones y auditoría de instancias oficiales de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lejos de detenerse, estos ataques se intensifican y se complejizan a través de iniciativas gubernamentales como las recientemente aprobadas «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva», claramente orientadas a fiscalizar y criminalizar la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la protesta social.

Evidencia de ello es el reciente señalamiento vertido en redes sociales contra el Grupo Venancia, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y La Finca – Campamento de Vida Joven, organizaciones de Matagalpa de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, donde se las acusa de apoyar a «terroristas» y se pide que «les hagan auditorías y las cierren por ser parte de los vándalos y los delincuentes».

Este tipo de señalamientos en redes sociales no son inocuos ya que muchas veces son el preámbulo de agresiones más graves, como por ejemplo, el levantamiento de cargos por terrorismo en contra de defensoras, sus organizaciones y/o movimientos, como lo hemos visto ya en otros casos. En relación a esto, en comunicado emitido el pasado 9 de agosto un grupo de expertos de la ONU (1) expresa su preocupación ante el hecho que «estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas».

Ante ello, las organizaciones firmantes señalamos al Estado nicaragüense como responsable de cualquier agresión, sea cual sea su índole o gravedad, que pueda producirse contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país, y le exigimos:

  • En sintonía con el reciente comunicado conjunto de las Relatorías de la ONU, el cese inmediato de la «caza de brujas» contra las organizaciones y personas que defienden y ejercen los derechos humanos en Nicaragua, poniendo un alto a distintas formas de violencia y represión contra actores de movimientos autoconvocados.
  • La derogación de las anticonstitucionales «Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)» y «Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva».
  • El cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CIDH el 21 de mayo tras su visita al país.
  • Proporcionar todo el apoyo a la Misión en Nicaragua del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y a la Misión de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH (MESENI), para que puedan tener acceso a información relevante y diferentes instancias (como centros de detención), trasladarse en condiciones de seguridad, para que puedan cumplir a cabalidad con su papel crucial ante esta crisis.
  • La libertad inmediata y sin cargos de todas las defensoras víctimas de detención arbitraria y criminalización por ejercer su legítimo derecho a la protesta social y a defender derechos.
  • Apoyar el retorno a una mesa de diálogo verdadero, que contribuya a asegurar una salida pacífica y democrática a la crisis actual, en el que las voces de los diversos movimientos autoconvocados, incluyendo las mujeres, tengan una participación fundamental.

(1) Los Expertos: El Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; el Sr. Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; el Sr. Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; la Sra. Ivana Radačić, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; la Sra. Fionnuala Ní Aoláin; Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; el Sr. Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; el Sr. Seong-Phil Hong, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.

Foto:Una estudiante se cubre con una bandera de Nicaragua mientras realizaba vigilancia en una barricada, ubicada en semáforos de la Rafaela Herrera. Carlos Herrera| Niú (más fotos aquí)

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Caso Berta Cáceres: no quieren que se siente un precedente de justicia

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Artículo del periodista Giorgio Trucchi, publicado en la Agencia latinoamericana de Información (ALAI) el 6 de agosto 2018

Del 10 al 28 de septiembre se llevará a cabo en Honduras el debate oral y público contra ocho personas acusadas de participar en la preparación y ejecución del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres. Entre ellas figuran ex militares y militares activos, así como directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Durante años, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -organización de la cual Cáceres fue coordinadora- ha luchado con ahínco para frenar el intento de DESA y de la empresa estatal china de construcción Sinohydro de realizar el proyecto. Una obra que nunca fue socializada con las comunidades de la zona y que generaría graves impactos ambientales, en especial al río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

El largo conflicto generó enfrentamientos y divisiones. La zona de Río Blanco, Intibucá, fue repetidamente militarizada y miembros de las comunidades lencas locales fueron perseguidos y reprimidos, sufrieron atentados, su lucha fue criminalizada y judicializada. Los ataques contra el Copinh dejaron un saldo de varios activistas heridos y asesinados.

Fue en este contexto de defensa del territorio y los bienes comunes, de persecución y represión, que Berta Cáceres fue asesinada en la noche entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por un comando armado.

Faltan los autores intelectuales

Tanto el COPINH como los familiares de la dirigente indígena asesinada aseguran que aún no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.

Durante una entrevista con Radio Mundo Real, Bertha Zúñiga, actual coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, habló de la importancia del juicio. «No es el juicio que nosotros queremos porque no juzga la autoría intelectual del crimen. Más bien es un gesto que el gobierno quiere hacer hacia la comunidad internacional que está exigiendo justicia. Pese a eso, va a ser algo histórico que va a dar una señal importante contra la injusticia. Queremos -continuó Zúñiga- que este juicio no sea solo ‘justicia para Berta’, sino que contribuya a producir cambios estructurales en el país. Que sirva a denunciar y transformar situaciones de fondo que ocurren en Honduras, como asesinatos, persecución y represión que quedan en la impunidad”, manifestó durante la entrevista.

Lamentablemente, no parecen ser estos los planes de las autoridades hondureñas. Antes bien, en los últimos meses se ha desatado una ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el trabajo investigativo independiente. Tampoco puede ser considerado casual que dicha ofensiva se esté dando a un mes del inicio del juicio en contra de los acusados del asesinato de la lideresa indígena.

Como distorsionar la realidad

Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo sobre el asesinato de Cáceres realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE). El objetivo sería sembrar dudas sobre la posible vinculación de la empresa con el brutal asesinato.

La investigación del Grupo de expertos internacionales concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.

Pese las fuertes acusaciones y a la decisión de los bancos europeos FMO de Holanda y FinnFund de Finlandia, de retirarse del proyecto Agua Zarca, la empresa prefirió no cerrarlo definitivamente, optando por suspenderlo temporáneamente. Lamentablemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mantiene su financiamiento de 24 millones de dólares a DESA.

«DESA mantiene la ilegal concesión de 50 años sobre el río Gualcarque, lo que significa que el proyecto no se cierra, sino que está en suspensión esperando que pase el tiempo para reanudar sus operaciones. Ratificamos nuestra lucha permanente por la expulsión definitiva del proyecto Agua Zarca, y denunciamos a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados«, explicó el COPINH en un comunicado.

La decisión de no cerrar el proyecto hidroeléctrico y de contratar a un experto penalista internacional para deslegitimar el trabajo del GAIPE sería parte de una ofensiva mucho más amplia, «que incluye pseudo biografías de Berta Cáceres y textos que tienen el propósito de distorsionar hechos y crear nuevas y espurias líneas de investigación«.

Tampoco ha parado «el trabajo de manipulación y ataque contra las comunidades de Río Blanco«, así como «el fortalecimiento de estructuras comunitarias paralelas» para dividir a la población y mantener vivo el conflicto, señala el COPINH en la nota.

La organización indígena lenca alertó también sobre el reiterado incumplimiento de parte del Ministerio Público (MP) de entregar la información del caso a los representantes legales de la familia de Cáceres. En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar dicha información. «La falta de acceso a la información se utiliza para ocultar verdades, para beneficiar a los culpables de la muerte de nuestra compañera Berta. Se utiliza para manipular la verdad y evitar que los máximos responsables de su muerte enfrenten a la justicia», denunció el COPINH el 3 de agosto.

La información que el MP sigue ocultando es la que fue recabada en los allanamientos a la empresa DESA, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el COPINH. También oculta la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.

El mismo año en que asesinaron a Berta Cáceres, Honduras fue señalado por la organización británica Global Witness como el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Negocios que matan

Dos años después, el nuevo informe de la organización británica «¿A qué precio?» señala que en 2017 fueron 207 las personas asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes en el mundo. Se trata de la cantidad más alta jamás registrada. Cifras escalofriantes que, incluso, ocultan un considerable subregistro de casos debido a la dificultad de detectar, identificar y denunciar asesinatos.

La agroindustria resulta ser el sector de negocios más vinculado a los ataques, seguido por la minería y la industria extractiva. También hubo un aumento considerable de los asesinatos múltiples (masacres). Casi una cuarta parte de las personas asesinadas en 2017 se oponían a proyectos agrícolas. Esto representa un aumento del 50 por ciento respecto del año anterior.

América Latina es la región más peligrosa. El 60 por ciento de las muertes ocurrieron en esta región. Brasil (57), Filipinas (48), Colombia (24), México (15) y Congo (13) encabezan la trágica lista de asesinatos. México fue el país que registró el mayor aumento del número de víctimas mortales en comparación con el 2016.

Asimismo, cientos de personas en el mundo fueron atacadas, perseguidas, amenazadas, estigmatizadas, criminalizadas y judicializadas por tener la valentía de hablar abiertamente y denunciar los ataques contra sus comunidades, su forma de vida y su ambiente.

En el caso de Honduras, el informe de Global Witness evidencia una disminución de los asesinatos. «Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016. Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los fiscales”, se lee en el informe.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (Oea), está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del oficialista Partido Nacional y empresas que ganaron licitaciones para desarrollar proyectos hidroeléctricos, incluido Agua Zarca. El informe señaló también que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores, advirtió Global Witness.

Negocios irresponsables

Para la organización británica, los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado. «Cuando bosques tropicales son arrasados para sembrar monocultivos, cuando se explota la tierra para la minería, cuando se acapara la tierra, se pone en riesgo el futuro de las comunidades cercanas. Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible», increpó.

Gobiernos cómplices

La colusión o la inacción de los gobiernos ha permitido la impunidad sistémica en los delitos cometidos contra defensores y defensoras. Impunidad que alienta más violaciones de derechos humanos. «Los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria», señala el informe.

Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos, y a fuerzas no estatales con al menos 90 casos más. «A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situación. Pero su discurso y sus promesas aún no se ha traducido en políticas convincentes y cambios concretos».

Ante esta situación, Global Witness pidió a los diferentes actores abordar las causas fundamentales de la violencia contra personas defensoras, entre otras, la falta de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades.

También exigió apoyo y protección para defensores y defensoras en riesgo, así como garantizar la investigación, captura y castigo para los responsables de los ataques. «Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia”, concluye el informe «¿A qué precio?».

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Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

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Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 16 de agosto 2018

  • Fumigación con fipronil, un producto agrotóxico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, afectó a 335 colmenas en 18 apiarios ubicados en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, Quintana Roo
  • Daños económicos ascienden a más de dos millones de pesos
  • La cosecha de miel del segundo semestre del año se perdió

José María Morelos, Quintana Roo.- Más de 300 colmenas de abejas, de 18 apicultores en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, fueron afectadas por un empresario, quien aplicó un químico altamente tóxico para fumigar su terreno y sembrar chile habanero, lo cual provocó la muerte de cientos de miles de abejas en un radio de cuatro kilómetros de distancia.

Wilson Ayala Mex, uno de los apicultores afectados, no duda en ubicar la tragedia, como la muerte de abejas más numerosa de que se tenga memoria en la historia de los pobladores del Ejido Candelaria.

Desanimado y preocupado, explica que las repercusiones del desastre no se reducen a un tema ambiental. «Cada colmena tiene capacidad para brindar abrigo a 50 mil abejas y, su muerte, representa un golpe económico devastador, pues los volúmenes de miel para la cosecha más cercana, entre octubre y noviembre de este año, se han perdido y, con ello, los ingresos de familias mayas que viven de la producción mielera.»

Las pérdidas por las abejas, la cera y la miel, se estiman en un promedio de dos millones 300 mil pesos, de acuerdo con un cálculo preliminar elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – Península de Yucatán (CCMSS-PY), que junto con jóvenes de los ejidos de Candelaria I y II, echaron a andar la iniciativa «Desarrollo Inclusivo de la Apicultura en José María Morelos».

En el proyecto participan más de 30 jóvenes de nueve ejidos de dicho municipio, para fortalecer los medios de vida de las juventudes que ven en sus comunidades una oportunidad de crecimiento.

Los ocho jóvenes de Candelaria I y II, todos menores de 24 años, emprendieron su iniciativa con 28 colmenas que subieron a 30 en el primer semestre de 2018, y apenas el siete de agosto habían recibido una visita técnica para evaluar su desempeño, que fue calificado como exitoso, de acuerdo con María del Carmen Sánchez, asistente técnico de la iniciativa.

 

«Un día después de la visita, empleados de un empresario originario de Yucatán, identificado como Pablo Mendoza, hicieron una fumigación en un terreno para una plantación de chile habanero y utilizaron un químico llamado Regenet 4SC, cuyo efecto abarcó cuatro kilómetros y mató a miles de abejas de los apicultores», narró.

Los daños aún siguen cuantificándose, pero de manera preliminar, el Consejo Civil contabilizó -con ayuda de los apicultores afectados- entre 331 y 335 colmenas de abejas Apis melífera impactadas, sin poder determinar la afectación a las abejas silvestres, importantes polinizadores de la selva.

Wilson detalla que desde el miércoles ocho de agosto, algunos apicultores detectaron un comportamiento «inusual» en las abejas, que fue traduciéndose en una mortandad masiva en los días subsecuentes.

El viernes fueron a revisar otros apiarios, en donde encontraron el suelo tapizado de abejas muertas. Las pérdidas -dijo- fueron totales. «También se habló con el dueño del terreno, que al principio tuvo resistencias y se negaba a dar crédito de lo que pasó. Estaba muy renuente, hasta que él mismo vio. Se quedó impactado», expresó.

Los empleados del empresario de Yucatán dieron el nombre del químico usado para la fumigación. Se trata de fipronil, un químico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, altamente tóxico para las abejas. Este compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un plaguicida de Clase II.

Sin embargo, al ver la magnitud de lo sucedido, modificaron su versión inicial y aseguraron que se uso un químico orgánico.

Los apicultores intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público, en José María Morelos, pero la autoridad -inicialmente- les negó ese derecho, bajo dos argumentos.

Uno de ellos que la institución carece de competencia para intervenir en la muerte de animales; otro, que la muerte de abejas no es un delito. «Luego también nos dijeron que como el dueño fumigó en su terreno, pues que no hay delito», agregó Wilson.

El argumento es inexacto, toda vez que el Código Penal de Quintana Roo, posee un capítulo que versa sobre los Delitos en Materia de Apicultura y, en su artículo 147, fracción II, indica que incurren en ese delito, los que «destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas».

Finalmente, cuatro días después, la denuncia fue admitida. La autoridad ministerial tendrá que enviar personal a la zona impactada para recabar evidencias. Además, el viernes, uno de los jóvenes apicultores acudirá al ministerio público para programar la fecha en que se ampliarán las declaraciones. Las más de 300 colmenas afectadas y las cientos de miles de abejas muertas, debido a la fumigación con fipronil, cumplen con el tipo penal marcado.

Aurora Xolalpa, especialista en abejas, quien labora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), está apoyando a los apicultores con la toma de varias muestras de abejas muertas.

Ayala Mex se llevó al menos 100 de ellas, para entregarlas a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como al comité estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.

(Foto: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible)

[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

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Astrid Cuero, feminista afro-colombiana, fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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«Lo que más conozco es la experiencia del Pacífico colombiano, en la costa occidental de Colombia. Es un territorio selvático con salida al mar, con mucha diversidad y muchos recursos naturales, donde la minería ha tenido una función esencial dentro del capitalismo y la economía extractivista.

Este territorio está habitado por una población afro-colombiana e indígena. Desde los años 1990 ha sido objeto de la presencia de multinacionales, en especial mineras como la AngloGold Ashanti (de capital sudafricano). Este territorio está siendo disputado por muchos actores, incluso armados, porque allí también se siembran cultivos ilícitos como la cocaína, la amapola, la mariguana, en complicidad con el estado.

Es un territorio disputado por las guerrillas y por paramilitares que han sido pagados por narcotraficantes como por las empresas multinacionales. Esto ha generado una situación de destierro en las poblaciones afro-colombianas. Los hombres negros han sido los que han sido más asesinados en todo el conflicto en el pacífico colombiano. En particular las mujeres negras son las que quedan sobreviviendo y resistiendo, intentando reconstruir su vida. Han sufrido violencias de todo tipo porque aparte de que destruyen a sus familias, matan a sus esposos y sus compañeros, también han sido violadas y violentadas por los actores armados, sobre todo militares y paramilitares.

Además, muchas de ellas han sido desplazadas, desterradas de sus territorios, han tenido que llegar a las ciudades con sus hijos, para intentar sobrevivir, enfrentándose a condiciones de pobreza y de racismo. Es una lucha muy profunda y muy dura contra un sistema que es patriarcal, y capitalista, pero que también es racista. Es fundamental darnos cuenta de ese racismo estructural que las mujeres negras tienen que enfrentar para sobrevivir y defender sus territorios. Algunas han podido seguir intentando defender su territorio desde sus lugares, pero a muchas les ha tocado salir.

Mujeres como Francia Márquez (Premio Goldman 2018) y Marilyn Machado, entre otras, hacen parte de todo un proceso de comunidades negras y de la Red de movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, quienes no se definen como feministas pero están ejerciendo un feminismo negro. Estas mujeres negras que han defendido la vida, el territorio y la relación integral que existe entre la naturaleza y el humano, son mujeres que no se definen como feministas, pero que en sus practicas políticas están generando una vida alternativa al sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista.»

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Más información:

Así es Francia Márquez, la colombiana que ganó el «Nobel» ambiental

La fuerza de las mujeres en la defensa del territorio (comunicado de la REMA)

PDF: Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida

AUDIO: «Los principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados por Berta Cáceres»

Foto: Astrid Cuero tomando la palabra en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado «Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo», organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. A su lado, están: Marilia de Madeiros Gonçalvez, Guadalupe Vásquez Luna y Rosalindo Santis.

No, Carlos Slim no es un «ejemplo a seguir», como lo pretende AMLO: REMA

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 12 de agosto de 2018

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro «Ingeniería es soberanía», presentando ahí 25 «proyectos estratégicos» que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona «honesta», como «modelo a seguir» y «un ejemplo para México y el mundo».

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como «presunto evasor» en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de «desarrollo» extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene «inversiones», como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde este supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el grupo de empresarios al que pertenece Slim sólo se había visto favorecido en sus negocios por los gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo.

¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto «ejemplar» para nuestro país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién importa ahora quedar bien?

Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué «desarrollo» estamos hablando, y ese «desarrollo», es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte.

Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM.

Entre los «proyectos estratégicos» a impulsar por el gobierno de AMLO, están también los de desarrollo minero. ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto? Tres afirmaciones básicas:

1. Que las mineras «cuiden el medio ambiente» en su actuar;

2. Que «se les pague mejor» a los trabajadores;

3. Que «se paguen más impuestos al Estado».

Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa alternativa alguna de «desarrollo»: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en procesos sistemáticos de desposesión y destrucción.

Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta conseguir nuestra plena autonomía.

Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y afectables.

¡LA SOBERANÍA RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO!

¡NO AL FRACKING!

¡NO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS Y DE DESPOJO!

¡LOS DESPOJADORES NO SON NI SERÁN JAMÁS MODELO A SEGUIR!

ATENTAMENTE,

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

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Aborto Legal, seguro y gratuito: la lucha sigue tras el rechazo de su legalización por el Senado de Argentina

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Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 9 de agosto 2018
 
El miércoles 8 de agosto 2018 fue un día histórico para los derechos de las mujeres en Argentina. El proyecto de ley que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E.) hasta la semana 14 de gestación se debatió en el Senado tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio. Desgraciadamente, a las 02:45 en la madrugada del jueves 9 de agosto, el texto fue rechazado, con 38 votos en contra y 31 a favor. Siendo 72 senadores en la Cámara Alta, se necesitaban 37 votos a favor (la mitad de los senadores + 1) para que la ley pasara.
 
El voto en la Cámara de Diputados no había sido fácil, pero se había logrado su aprobación con 129 votos a favor y 125 en contra, tras 23 horas de debate, gracias a la movilización de un millón de personas en la calle. Ayer también, las mujeres argentinas inundaron las calles afuera del Congreso para presionar a sus representantes, pero fue suficiente para luchar contra el conservadurismo de los senadores y las senadoras.
 
 
Intervención de la Senadora Norma Durango, del Partido Justicialista (PJ), a favor de la Ley:
 
 
Intervención del Senador Gerardo Montenegro, del Partido Justicialista (PJ), en contra de la Ley:
 
 
Muchos de los argumentos de los senadores y senadoras a favor del texto, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner, anteriormente en contra, se enfocaban en el grave problema de salud pública que genera la prohibición del aborto en el país, donde se practican 450.000 abortos clandestinos al año, es decir 51 abortos por hora, según Amnistía Internacional Argentina. «Las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna durante los últimos 30 años», puntualiza la organización no gubernamental en su recién informe titulado «Aportes de Amnistía Internacional al debate sobre la despenalización del aborto». «Desde 1983 hasta ahora murieron al menos 3.030 mujeres por abortos inseguros», es decir 86 al año, reporta el informe.
 
«La responsabilidad por cada mujer que tenga un problema de este tipo, especialmente si muere, va a ser de estos 38 individuos que se dicen representantes, seguramente del clero y de algunos poderes económicos como las clínicas clandestinas, pero no de los dos millones de personas que estuvimos en las puertas del Congreso», denunció Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina en entrevista con Otros Mundos A.C. después del cierre del voto.
 

«La calle ya dijo que sí»

Ella y todas las feministas argentinas tendrán que esperar uno o dos años antes de poder volver a dar la pelea legislativa. En 2019 se podrá introducir un nuevo proyecto, pero será hasta 2020 que será posible volver a meter el mismo texto discutido ayer sin modificaciones. «No lo van a poder frenar con argumentos retrógrados, machistas o directamente misóginos porque muchas veces en las discusiones, lo que menos se discutía era la vida de esas mujeres en riesgo y el derecho de esas mujeres en riesgo y de todas las mujeres a disfrutar de nuestros cuerpos y decidir sobre nuestros cuerpos», asegura Natalia.
 

A pesar de no haber logrado cambiar la tendencia conservdora del voto, las dos millones de personas que inundaron las calles afuera del Congreso con sus pañuelos verdes, símbolos de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina, cambiaron las mentes, según Natalia. «La calle ya dijo que sí. Nosotros hemos subido un escalón. Le hemos quitado la condena moral al aborto, y ahora vamos por quitarle la condena legal».

 
 Foto: Movilización a favor de la ley en Buenos Aires, Argentina (Crédito: Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina)
 
Hubo «pañuelazos» verdes en todo el mundo el 8 de agosto (#8A) en solidaridad con las compañeras argentinas, incluso en varias ciudades de México, donde recordamos que a nivel nacional el aborto es legal únicamente en caso de violación, o cuando «de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte», según el Código Penal Federal. Cuando lo practican sin responder a una de esas tres condiciones, corren entre 6 meses y 5 años de prisión. Solo en la Ciudad de México existe el derecho a la I.V.E. antes de las 12 semanas sin condiciones.
 
A continuación compartimos fotos de la movilización en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un estado donde una mujer puede abortar solo en tres casos: si fue víctima de violación; si «el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves»; si el embarazo pone a la mujer «en peligro de muerte».
 
En Chiapas no existen cifras oficiales sobre el número de abortos practicados en la clandestinidad porque la Secretaria de Salud del estado los registra como abortos espontáneos. «Pero, desde la Alianza Nacional por el derecho a decidir, estamos acompañando aproximadamente a 50 personas cada mes en del estado de Chiapas», señala Samantha Peña Hernández, integrante de Católicas por el derecho a decidir, que forma parte de la Alianza. Tampoco existen registro de muertes por abortos clandestinos, pero Chiapas está ocupando el primer lugar en número de muertes maternas -46 en lo que va de año 2018, según el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM)- y «de seguro hay casos de abortos clandestinos dentro de esta cifra para Chiapas», alerta Samantha.
 
 
Foto: Movilización a favor del aborto legal, seguro y gratuito en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México (Crédito: Luís Enrique Aguilar)
 
La penalización del aborto es un grave problema en el estado, donde varias mujeres han sido encarceladas por practicar el aborto, siendo acusadas no de aborto ilegal sino de «homicidio en razón de parentesco». La raíz del problema está en la defición del aborto como «la muerte del producto de la concepción» tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal del Estado de Chiapas. «El primer paso que queríamos tomar con la Alianza Nacional por el derecho a decidir era quitar del código penal el momento del embarazo definido desde la concepción. Eso es un tope muy grande para Chiapas, porque si no modificamos primero eso, no vamos a poder avanzar.»
 

En cuanto a la intención de la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de impulsar la legalización del I.V.E. antes de las 12 semanas en todo el país, Samantha se dice esperanzada. «Sin embargo, sabemos que los grupos pro vida en México están organizados y que va a ser un camino largo para ir sensibilizando.»

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Guatemala: Impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres de la Costa Sur

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Artículo de Awex Mejia Cipriano y Elias Raymundo Raymundo, publicado en el informe «Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central» de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

1. Introducción

Hoy día, los grandes productores de la caña de azúcar, que se aglutinan en la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), se vanaglorian de las 283,898.85 hectáreas que tienen sembradas con este cultivo, que a nivel de América Latina y El Caribe, Guatemala es el segundo productor y a nivel mundial es el cuarto país exportador y el tercer productor por hectárea; que el cultivo de azúcar crea 425,000 empleos de forma directa e indirecta, de los cuales 32,000 son de cortadores de caña, de representar el 3% del PIB nacional y el 15.36% de las exportaciones totales de Guatemala, y que, además, la industria de la caña de azúcar utiliza el bagazo de la caña para la producción del 25% de la energía eléctrica en la época de zafra en el Sistema Nacional Interconectado -SNI-, y que es uno de los principales fabricantes de alcohol originario en Centro América. (PNUD, 2016).

En cambio, ocultan que su riqueza se basa en la explotación de la tierra y de la mano de obra, en el acaparamiento de las tierras, en la extinción de la biodiversidad, y en la extracción desmedida del agua. No dicen que la mayoría de trabajadores en las grandes plantaciones de caña de azúcar no poseen contratos escritos de trabajo, lo que impide determinar con claridad la temporalidad del contrato, la naturaleza del trabajo o las condiciones de pago, además de no contar con prestaciones de ley; tampoco dicen que la jornada laboral de los trabajadores temporales es de doce horas o más, iniciando a las cuatro o cinco de la mañana, dependiendo de la distancia a la que se encuentren del área de corte, lo que incide en la hora de regreso al descanso; y que las condiciones de alimentación, higiene y espacios para descanso son precarias y no son adecuadas para la reproducción digna de la vida. (PNUD, 2016).

En general, el 90% de los jornaleros gana un salario mensual por debajo del salario mínimo, el salario más bajo es devengado por las mujeres. El 94.7% de la población que trabaja en agricultura no cuenta con seguro social y es común el trabajo infantil, no hay espacios para la organización de los trabajadores y existe la ausencia del Estado en la inspección laboral de las fincas. (PNUD, 2016). Mucho menos se hace algo por garantizar las condiciones de vida digna para las mujeres. Se ha reportado que les pagan menos que a los hombres aunque hagan el mismo trabajo, les tratan de una forma humillante, no tienen ni tiempo para comer, y no les dan trabajo si no se acuestan con el encargado. (Castro, N. 2017).

Tampoco dicen que las enormes extensiones de monocultivo de caña de azúcar requieren grandes cantidades de agua, para lo cual la extraen del subsuelo construyendo profundos pozos industriales que dejan secos los pozos artesanales de las comunidades campesinas. Seguir visibilizando y denunciando el impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres en la costa sur, es el objetivo de CEIBA al realizar este trabajo, con la finalidad de seguir posicionando las acciones y principales demandas desde la perspectiva de las mujeres.

2. Antecedentes y marco de conceptos

Se entiende por monocultivo a las grandes extensiones de terrenos cultivados con una sola especie, la cual puede ser de tipo agrícola, forestal, pecuario o hidrobiológico. Uno de los principales monocultivos en Guatemala hoy en día, es el de la caña de azúcar, alrededor del cual se ha desarrollado un proceso de concentración y acaparamiento de las tierras, toda una industria, infraestructura de servicios e institucionalidad para cumplir con el objetivo de colocarse en el mercado de exportación, sin importar las condiciones sociales y ambientales en el que se sustenta y el que provoca.

Pero la caña de azúcar como especie no es el problema. En la economía de muchas familias campesinas, la caña de azúcar es parte de su estrategia biodiversa: se usa como barrera viva para retener el suelo de la erosión y proteger el talud de las acequias, en los campos de frijol y de maíz, o asociado a los muchos otros cultivos en las parcelas campesinas; su jugo es extraído en los trapiches para elaborar la panela artesanal y la melcocha, es fuente de azúcar que endulza la bebida o para la elaboración de postres, y que se comercializa en ferias regionales. También se usa para la alimentación del ganado, y la población lo consume como jugo o como fruto.

Contrario a la economía campesina, la gran industria de la caña de azúcar ha convertido 278,880 ha en monocultivo (INE, 2015), mismos que son cultivados por aproximadamente 2,500 agricultores, y procesados y exportados como azúcar por los 12 ingenios existentes en Guatemala, concentrados en la región de la Costa Sur (Melgar, 2011). El empeño puesto en una economía basada en este producto se observa en el hecho de que en 1960 se estimaban 15,000 ha del cultivo, para el año 2000 se reportaban 180,000 hectáreas, y en el año 2010 llego a abarcar 230,000 hectáreas (CENCIGAÑA, 2014). Es decir, que en 55 años la superficie creció 18.6 veces.

En la imagen 2, puede apreciarse la franja de color verde limón, la cual es el área que se emplea para siembra de caña de azúcar en la Costa Sur de Guatemala (Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos y Santa Rosa), sin variedad de otros cultivos y con uso excesivo de agroquímicos. El impacto al territorio, entendiendo este como el conjunto de elementos, es decir; ríos, océanos, lagos, lagunas, suelos, aire, seres vivos (árboles, plantas, animales, humanos) y superficie terrestre con el cual interacciona y se interconecta el ser humano y su acción en el territorio; el impacto se traduce en pérdida de biodiversidad, excesivo uso del agua, contaminación particularmente la causada por el uso de agrotóxicos, la expropiación de forma ilegal de la tierra y la expulsión de la población utilizando la violencia.

El monocultivo de la caña de azúcar genera grandes impactos como el desgaste del suelo, la quema de los productos (el humo, que se propaga en todo el territorio, contamina el aire durante días), los vertederos inadecuados de residuos llegan a los ríos y estos llevan las aguas hacia zonas más bajas o hacia el mar, las extensiones de tierras en manos de pocas personas, en contraste con la escasa tierra permitida a la mayoría de la población, que en los mejores casos apenas tiene tierra para una vivienda. Además, los espacios laborales en las fincas tienden a ser desgastantes y enfermizos para trabajadores y trabajadoras, quienes carecen de falta de atención adecuada en salud, propiciando que se propaguen enfermedades como las gastrointestinales principalmente en la niñez.

3. Impacto de la caña de azúcar en las mujeres de comunidades de Champerico

El monocultivo de caña de azúcar es un cerco a las comunidades de Cuchuapán, la Gomera, Monte Cristo y el Triunfo, Comunidades de Champerico, Retalhuleu, en la costa sur de Guatemala. Dos ingenios se sitúan aledaños a dichas comunidades: Ingenio Magdalena e Ingenio El Pilar, los cuales trabajan para la producción, procesamiento y comercialización de azúcar a nivel nacional e internacional.

El Ingenio Magdalena, es uno de los mayores productores y exportadores de azúcar a nivel Centroamericano. La producción y comercialización del azúcar parece bien desde su perspectiva, sin embargo, el sistema de producción que emplean ha generado inconformidad en las comunidades aledañas, debido al cambio en el uso de la tierra, a la práctica irracional de productos químicos en los cultivos que contaminan y degradan las tierras y el agua, así como el uso excesivo de agua que demandan para la producción, llegando a desabastecer a las comunidades.

De modo que el monocultivo de la caña de azúcar ha generado impactos en la población de comunidades cercanas, en especial en las mujeres, pues son ellas, quienes se encargan, en la mayoría de los casos, de cuidar y velar por la siembra y producción de los huertos y parcelas integrales, situación que se deriva de que los hombres trabajan en los ingenios, fincas y dejan de atender su propia siembra y producción.En contraste con las grandes extensiones de monocultivo de caña de azúcar, las pequeñas parcelas y/o huertos campesinos en las comunidades son altamente diversificadas con alrededor de 25 especies entre hortalizas, frutales y plantas medicinales, y tienen el objetivo primario de producir para el consumo familiar, y sólo si hay excedentes los comercializan en la comunidad.

A la vez, contrario al manejo agroquímico del monocultivo de la caña de azúcar, los cultivos de las comunidades son cuidados con abonos, insecticidas y foliares orgánicos, elaborados a base de plantas locales, en un trabajo familiar. Como una forma de resistencia ante los monocultivos intensivos, colectivos de mujeres decidieron apostar desde hace varios años a la protección de la tierra y el cultivo de productos orgánicos. «Las plantas, hierbas y otros cultivos como el maíz y frijol, son importantes en la vida de la mujer, somos maíz y no podemos comer otro tipo de alimento que no sean los nuestros», dijo María Santos.

Es constante la preocupación de las mujeres por la falta de agua, que se ha ido agudizando a causa de los ingenios, ya que no cuentan con suficiente agua para mantener sus cultivos y la poca que tienen está contaminada. Esto implica a las mujeres la búsqueda de medios para abastecer a la familia de alimentos nutritivos, viéndose obligadas a comprar hortalizas y verduras en el mercado local, movilizarse por varias horas, e invertir en el transporte sus escasos recursos económicos.

Esta situación las obliga a vender sus animales de patio para poder comprar alimentos que no tienen y requieren, incrementando su carga de trabajo por un rol culturalmente preestablecido, señalándolas a ellas como las principales responsables de abastecer de alimentos a la familia. Las mujeres de la Gomera, Monte Cristo, Cuchuapán y el Triunfo de Champerico, Retalhuleu, asegurán que los pozos se han secado o que es insuficiente el agua que tienen para abastecerse, debido a que los ingenios Magdalena y El Pilar emplean maquinarias para desviar los ríos hacia su producción, dejando una mínima parte para el uso de las comunidades cercanas.

Las mujeres relatan que en tiempos anteriores los pozos artesanales de agua no eran tan profundos, sin embargo, en la actualidad han tenido que escarbar más profundo para poder encontrar agua y en algunos casos no han encontrado agua, tan solo pozos secos. Así mismo, las mujeres manifiestan que esta situación les afecta en las actividades que realizan dentro del hogar. Son ellas las encargadas de velar porque la familia tenga acceso al agua para uso en la limpieza personal, lavar los alimentos y prepararlos, lavar ropa y trastos, así mismo velar porque se tenga agua para uso y consumo de los hijos, hijas y esposo.

Señalan que su problemática se ha ido agravando. Ahora, además de la escasez, la poca agua que tienen está contaminada por los químicos que esparcen en las fincas para  madurar su producción en horarios de la mañana y la ceniza que resulta como producto de la quema de caña, lo que ha generado principalmente enfermedades de la piel (ronchas y manchas) en mujeres, ya que son ellas las que más se exponen a espacios descubiertos, al ir al motor a moler nixtamal, al dejar a sus hijos e hijas a la escuela y cuando salen a trabajar a sus huertos o parcelas, actividades que realizan en horarios de la mañana, aprovechando su tiempo. Igualmente, el agua contaminada ha provocado enfermedades gastrointestinales en niñas y niños que tienden a ser los más vulnerables y que, a raíz de los patrones culturales impuestos, recae en las mujeres velar por su alivio y crear las condiciones necesarias para que se recuperen. Se ha incrementado también la presencia de moscas y zancudos, generando dengue y alimentos contaminados que en su mayoría son consumidos por mujeres embarazadas, niños y niñas, lo que impacta en su sistema inmunológico y puede ocasionar desnutrición principalmente en mujeres embarazadas.

Otros efectos del monocultivo de la caña de azúcar son los daños severos a los cultivos en las parcelas y/o huertos campesinos a causa del uso de madurativos aéreos, que son dispersados de 6 a 9 de la mañana sobre las extensas plantaciones de caña de azúcar, lo cual recae sobre los cultivos de las viviendas cercanas y ello genera que los frutos y verduras se maduren y caigan antes del punto natural de corte y cosecha, lo que ha ocasionado grandes pérdidas de cultivos, principalmente en ajonjolí, aguacate, pepino, papaya, mango y tomate, llevando a pérdidas cuantitativas. Una familia de la Gomera reportó pérdidas por hasta US $3,750.00 en un año por esta causa. Esto implica limitaciones para generar alimentos en el hogar y para comercializar.

Las mujeres de la localidad muestran su preocupación ya que empleaban la venta de frutas tropicales como un medio para generar ingresos familiares, sin embargo, la situación provoca en las familias mayor escala de pobreza, lo que implica para las mujeres, según sus relatos, el limitar de alimentos a su familia, y una carga más el tener que buscar otros medios para abastecer a su familia de alimentos nutritivos y a costos inalcanzables para sus ingresos, aunado a ello hay mujeres solteras y viudas que son las encargadas de velar por el acceso a alimentos de su familia y se ven más limitadas.

A esto se suman las consecuencias de la quema de la caña de azúcar, acción que se realiza en todas las épocas de la producción de la caña por motivo de la zafra o corte de la caña, y que dura alrededor de 4 a 6 meses. Contaminación de humo y ceniza es lo que al ambiente, a las mujeres y a la vida comunitaria significa el inicio de la época de la zafra en Champerico.

En Retalhuleu, se tiende a contaminar y generar basura en las carreteras, y a dañar las mismas por el paso constante de los camiones recolectores de caña. En plena carretera internacional los camiones trasladan, para su procesamiento, la caña cortada hacia los ingenios, lo que limita el paso del transporte público provocando tráfico a todas horas, limitando a las mujeres a movilizarse para realizar sus múltiples actividades y llevándolas a caminar largas horas por las distancias y generar un desgaste físico en ellas, extra al que se genera desde sus actividades cotidianas.

Ante esta situación vivida día a día, las mujeres de las comunidades posicionan la demanda sobre el goce de sus derechos y el acceso al agua en calidad y cantidad. Las mujeres aseguran que el agua es un bien de la comunidad, les permite vivir y convivir en armonía, producir sus propios alimentos con calidad. Manifiestan que como mujeres y principales afectadas, han llevado acciones a nivel de la zona, se han reunido con dirigentes de los ingenios para manifestarles de forma verbal los daños que la caña de azúcar y su proceso de producción está generando. Les han hecho ver las pérdidas cuantitativas por parte de los ingenios, y les han pedido hacerse responsable respecto al tema y retribuir esas pérdidas a la comunidad. Sin hacerse responsables, pero aparentando hacer algo por las comunidades, los propietarios de los ingenios están empleando como estrategia:

1) generar un «aporte” a la comunidad, como pasar maquinaria en las calles de terracería en la Gomera;

2) ofrecer láminas y jornadas médicas en Monte Cristo;

3) generar empleos en Cuchuapan y El Triunfo.

En su mayoría, las comunidades no han cedido a las regalías, más bien han posicionado su interés fundamental de acceso al agua y a comunidades libres de contaminación de químicos y residuos.A pesar de la doble jornada de trabajo que realizan como actividades cotidianas dentro de la casa, y trabajo no remunerado, las mujeres con mucha más frecuencia están participando en procesos de organización comunitaria, que les abren oportunidades de formación para adquirir habilidades productivas como el cultivo de sus huertos dentro del marco de las prácticas ancestrales de producción que les han sido muchas veces arrebatadas, además los espacios de organización y formación les permiten formarse, adquirir conocimientos y análisis de la realidad y de sus derechos para construir formas y herramientas para enfrentar a los propietarios del monocultivo y agroindustria de la caña de azúcar.

Los efectos lesivos del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres, las ha llevado a defender sus derechos y a participar constantemente en mesas de diálogo, talleres, foros y conferencias que les permitan manifestar y visibilizar el impacto que tienen los monocultivos en su vida y la de su comunidad, ante personalidades públicas como diputados, alcaldes y maestros, así mismo, a crear redes con entidades privadas en defensa del ambiente y de sus derechos.

En acompañamiento a dicho proceso, CEIBA Amigos de la Tierra Guatemala impulsa la implementación de huertos y parcelas integrales agroecológicas, a fin de contrarrestar las pérdidas de cosecha, y difundir el uso de foliares, abonos e insecticidas orgánicos en las diferentes comunidades, a fin de posicionar técnicas agroecológicas a menores costos y que nutren la tierra y les permita tener una producción amigable con el ambiente. Para hacer incidencia de forma más precisa, se promueve el análisis participativo de los impactos que generan los monocultivos con la población afectada, para sensibilizar y unir esfuerzos bajo los intereses de la colectividad. Se fortalece también la organización comunitaria, en defensa de sus derechos principalmente el acceso a tierras, el agua y zonas libres de monocultivo.

4. Conclusiones

  • El monocultivo de la caña de azúcar en Guatemala sigue creciendo, arrebatando grandes extensiones de tierra y despojando a la población de su territorio y profundizando el acaparamiento de tierras.
  • El sistema de producción y cosecha de la caña de azúcar ha generado impactos negativos principalmente en la vida de las mujeres, ocasionando el acceso limitado del agua, enfermedades gastrointestinales, daños materiales a techos de las viviendas y el daño a la producción de huertos y parcelas.
  • La población de las comunidades y las mujeres cuentan con una organización comunitaria, propia, están empoderadas, y han tomado la decisión de dialogar, de denunciar y de exigir sus derechos violentados por la práctica de los monocultivos y el apetito voraz por el dinero que tienen los propietarios del monocultivo y agroindustria de la caña de azúcar, y que insisten en mantener a la mujer en un rol pasivo, sumiso, sedentario, de encierro, sin oportunidades para el desarrollo de todo su potencial como persona humana.

5. Referencias

– Castro, N. 2017. Tener sed por culpa de la caña de azúcar. Disponible aquí.

– INE, I. N. 2015. Encuesta Agropecuaria Nacional 2014. Guatemala: Inkscape.

– PNUD. 2016. (Guatemala, 2016).

– CENGICAÑA (Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar).2012. El Cultivo de la Caña de Azúcar en Guatemala. Melgar, M.; Meneses, A.; Orozco, H.;Pérez, O.; y Espinosa, R. (eds.). Guatemala. 512 p.

– Melgar, M. 2011. Fuente: «Estrategias de investigación y desarrollo en la agroindustria azucarera de Guatemala». Presentación en Power Point en el seminario para la constitución del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA). Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado de la República Mexicana. 16de noviembre 2011.

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El Ministerio Público de Honduras perpetúa la impunidad en el crimen de Berta Cáceres

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Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – Tegucigalpa, Honduras, a 7 de agosto 2018

>> Video de la conferencia de prensa el 7 de agosto 2018 en Tegucigalpa <<

El COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo de abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), nos presentamos ante la opinión pública para alertar sobre el futuro del proceso judicial por el asesinato de nuestra compañera y coordinadora general, Berta Cáceres, y el intento de asesinato de nuestro compañero Gustavo Castro.

En pocos días nos vamos a presentar a una audiencia de proposición de pruebas sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia recolectada desde hace más de 2 años en allanamientos y diligencias judiciales e investigativas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). En por lo menos 35 ocasiones la fiscalía del caso se ha negado a entregar información o lo ha hecho de forma parcial, segmentada o de manera irregular.

Hemos presentado solicitudes específicas de la información necesaria para asistir a un juicio con las garantías debidas y el Ministerio Público las ha ignorado, así como ha ignorado reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado, después del vencimiento del término de 5 días.

Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo.

Debemos denunciar que esta actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de Berta Cáceres, a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.

El juicio al que nos enfrentamos es contra las personas que fueron pagadas para asesinar a Berta Cáceres; sicarios y mediadores, quienes son vínculos básicos con quienes dieron la orden de asesinar a la lideresa del COPINH. Sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades se busca limitar el acceso a conocer estas vinculaciones y procesar a los autores materiales.

La ausencia de persecución de quienes, desde cargos directivos, mandaron a asesinar a Berta Cáceres es responsabilidad del fiscal general Óscar Chinchilla, quien desde su posición ha sido complaciente a las irregularidades y la falta de investigación de los autores intelectuales obvios del crimen.

Debe saberse que David Castillo Mejía, gerente general de Desarrollos Energéticos S.A. DESA, perseguidor y acosador de Berta Cáceres fue capturado no por voluntad o investigación del Ministerio Público sino por una denuncia hecha por nuestro equipo. La cual no fue presentada únicamente para él sino para una serie de personas de la empresa DESA y no hay ninguna respuesta.

En este juicio se emula la realidad de los territorios indígenas y campesinos de Honduras en los que las comunidades organizadas se enfrentan a las empresas. En este juicio no nos enfrentamos a la defensa de Sergio Rodríguez, el exgerente ambiental de DESA, sino a la defensa de la empresa DESA, de sus directivos y dueños. Nos enfrentamos también a unas autoridades complacientes con la impunidad, tal como en las violaciones de los derechos de las comunidades.

Con el beneplácito del Estado se busca acabar con la oposición a una cierta forma de desarrollo que trae hambre, destrucción, lágrimas y sangre a las comunidades más abandonadas por el mismo Estado. Con su beneplácito se niega incluso la condición de víctima del COPINH.

Reiteramos y alertamos que nos enfrentaremos en la mayor desventaja a un proceso judicial con enormes irregularidades y violaciones a los derechos de las víctimas.

Fotos: Conferencia de prensa del COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo de abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) el 7 de agosto 2018 (Crédito: COPINH)

Más información:

Se vence el plazo del Ministerio Público para entregar información del Caso de Berta Cáceres

CIDH expresó su preocupación por la falta de acceso a la información en el caso de Berta Cáceres

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[VIDEOS] Informe Río Sonora: La omisión que quitó vida a miles

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Este reportaje fue realizado por la periodista Priscila Cárdenas, la fotografía, realización y edición del video es de Aarón Alcaraz, para Proyecto Puente y Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS – A 6 de agosto 2018 (Disponible en Proyecto Puente y Connectas)

El derrame tóxico en el Río Sonora, pudo haberse evitado. Así lo revela esta investigación que a cuatro años de la peor tragedia ambiental de México muestra cómo para sobrevivir los siete pueblos afectados solo consumen agua embotellada, mientras la siembra, que fuera una de sus actividades, quedó prácticamente aniquilada.

Omisiones de las autoridades tanto locales como federales, así como una multa ínfima, comparada contra el daño, han dejado bien librada a Buenavista del Cobre, responsable de desencadenar el desastre ambiental que aún no termina.

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Un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, puesto en los techos y patios de las casas de siete poblados, parece la huella que quedó de la tragedia ambiental que el 6 de agosto de 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos el Río Sonora. Una tragedia que Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo, pudo haber evitado.

Óscar Encinas Gámez, de 64 años, uno de los afectados, dejó de sembrar maíz y alfalfa al saber que la toxicidad del agua, provocada por un derrame en la mina Buenavista del Cobre, duraría más de 90 años. Como él, un total de 22 mil personas se vieron afectadas de manera directa, por la omisión de autoridades federales y locales, al no haber realizado las inspecciones de rutina en la minera.
 
Así lo revela esta investigación de Priscila Cárdenas para Proyecto Puente y Aristegui Noticias con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS, que demuestra cómo ninguna autoridad supervisó a la minera perteneciente a Grupo México durante los últimos 14 años. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo revisó las instalaciones cuando el desastre ya había ocurrido. Su anterior visita había sido diez años atrás.
Desabasto de agua potable, mermas económicas y daños a la salud son algunas de las afectaciones de una tragedia que siguen padeciendo la mayoría de los habitantes cercanos a la zona, y que pudo prevenirse si las autoridades mexicanas hubieran hecho su trabajo.
 

En su momento, Grupo México, dueña de la minera, informó que el derrame fue ocasionado por el exceso de lluvias en la zona, pero la versión fue desmentida, al comprobarse que durante los días previos no hubo precipitaciones.

La realidad que se quería ocultar era que Buenavista del Cobre no cumplía con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades no lo sabían, pues tenían más de 14 años sin inspeccionarlos.

Datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información de la Profepa, revelan que de 2000 al 2018, funcionarios solo visitaron dos veces la mina: el 9 septiembre y el 1 diciembre de 2014, después de ocurrido el derrame.

En estas revisiones se detectaron 55 irregularidades plasmadas en cuatro expedientes, que en un total de 8.128 hojas confirman que la mina operaba con fallas, violando la ley e incumpliendo con regulaciones elementales.

Las autoridades mexicanas no hicieron públicos los hallazgos ni tampoco revelaron que se multó a la empresa con 22 millones 959 mil pesos, es decir, 2 millones de dólares al día de hoy. Un monto insignificante contra los multimillonarios beneficios económicos que produce la mina para sus accionistas, entre ellos Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país.

Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER, explicó que a la empresa le resultaba menos costoso pagar la multa que cumplir con las especificaciones mínimas para evitar el derrame. «Cualquiera podría preguntarse cómo es que una empresa que causó el peor desastre de la industria minera puede estar tan tranquila, seguir en operaciones… No le cuesta nada cuando a la gente de la región le costó todo. Hace sospechar de un sistema de impunidad, de un sistema que no funciona».

En el expediente PFPA/32.2/2C.27.1/0078-14 se detalla que la mina no contaba con sistemas de detección para garantizar que los residuos tóxicos almacenados no fueran vertidos al exterior. «Cuando un derrame de sustancias peligrosas permanece sin ser atendido, puede causar daños constantes y crecientes al suelo, subsuelo, agua y a otros recursos naturales», señalaba la notificación que ordenó la clausura temporal de las instalaciones.

Buenavista del Cobre no dio aviso inmediato a las autoridades cuando ocurrió el derrame, lo que provocó que mucha gente siguiera utilizando el agua para riego, para lavar, para bañarse e incluso para consumo.

«Del día del evento al momento en que se avisó vía telefónica habían transcurrido más de 25 horas (7 de agosto de 2014 a las 11 hrs.)», detalla el informe.

En el documento también se puede observar que hubo negligencia, pues las instalaciones donde ocurrió el derrame aún estaban en construcción, lo que permitió la fuga de los químicos.

«Se nos acabó la tranquilidad porque empezaron a venir enfermedades de la piel, y al día de hoy mucha gente está saliendo con cáncer, son enfermedades que antes no se veían aquí en la zona del río», recuerda María del Socorro Domínguez Valenzuela, una de las pobladoras de la comunidad de El Sauz. Fue así como de ordeñar vacas, sembrar chile verde y fabricar quesos algunos de los habitantes se familiarizaron con las cámaras, con la presencia de reporteros que empezaron a acudir a sus pueblos para comprobar cómo es vivir en una zona de desastre.

Sin embargo, en muchos aún persiste la sensación de abandono en la tragedia, al recordar que pese a la dimensión de la misma nunca se hizo presente el presidente de México Enrique Peña Nieto.

Profepa advirtió que la empresa debía mejorar las instalaciones para el manejo de residuos tóxicos, como se detalló en el expediente PFPA/3.2/2C.27.5/00003-14.

En el mismo reporte se explica que la mina no contaba con pozos de monitoreo de los procesos de lixiviación. Esto quiere decir que los químicos que se usaban para extraer el mineral no eran monitoreados ni tampoco había medidas para evitar que fauna silvestre ingresara a zonas donde estaban minerales como el sulfato de cobre acidulado. «No se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo», apunta.

El expediente PFPA/3.2/2C.27.1/00018-14 resume que la compañía que Buenavista del Cobre contrató para el manejo de residuos peligrosos tampoco estaba autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con esta fórmula, concluye el informe, la minera obtuvo beneficios económicos al violar la normatividad de no dar un manejo adecuado de sus contaminantes.

En otro informe de Profepa, se habla sobre si la minera cumplía con la normatividad en materia de prevención y control de contaminación de la atmósfera. Este documento detalla que, además de carecer de Licencia Ambiental Única, Buenavista del Cobre no reportaba los resultados de las evaluaciones sobre emisión de gases y concluye que «las infracciones se consideran graves porque pueden provocar daños a la salud pública (..) además pueden generar desequilibrios ecológicos y provocar afectación de los recursos naturales o de la biodiversidad».

Todos estos reportes se hicieron después de ocurrido el derrame tóxico.

Perdiendo la vida todos los días

Como si el termómetro no marcara 45 grados centígrados a la sombra, un hombre cruza caminando la plaza del municipio de Ures, cargando un garrafón de agua vacío en la mano. Su trayecto finaliza en un negocio que -con letras rojas y grandes- tiene escrito en la pared «elaborada bajo proceso de filtros de arena, carbón activado, suavizadores, ósmosis inversa y rayos ultravioleta«. Ya con el recipiente de 20 litros lleno -después de haber gastado 12 pesos por ello, casi un dólar- el hombre regresa a su casa, pero pronto deberá repetir el camino porque en Ures y en otros seis pueblos de Sonora, la gente utiliza agua purificada para todo.

Abrir la llave dejó de ser opción desde el fatídico 6 de agosto de 2014.

Ese día, la mina Buenavista del Cobre, la principal explotadora de este metal en México, derramó en el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos compuestos por metales pesados como níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio. Una contaminación que se esparció por el afluente que alimenta los municipios de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.

Además de perjudicar el ecosistema, la emergencia les marcó la vida a los pobladores. Quienes tenían vacas tuvieron que tirar la leche y cesaron en la fabricación de quesos y otros productos derivados, pues sus animales bebían del afluente contaminado. Para los agricultores, la toxicidad en el Río Sonora significó dejar de sembrar, pues el agua con la que regaban sus cosechas estaba contaminada.

La noticia ahuyentó a los visitantes que acostumbraban pasear por la zona los fines de semana dejando en la ruina a restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Nadie quería arriesgarse.

El Gobierno de México ordenó cerrar los pozos, exhortó a la gente a no acercarse al río y anunció que implementaría un plan de emergencia para atender el caso. También responsabilizó a la empresa minera Buenavista del Cobre por lo sucedido y anunció que Grupo México sería multado y obligado a pagar económicamente por todos y cada uno de los daños ocasionados.

Sin embargo, a cuatro años de ocurrida esta catástrofe, el plan de remediación no revirtió el daño.

Grupo México destinó, desde el 15 de septiembre de 2014, dos mil millones de pesos a través del Fideicomiso Río Sonora. De acuerdo con el contrato el Gobierno Mexicano, mediante un comité técnico se encargó de administrar el dinero y también de vigilar que se cumpliera la limpieza del río, la instalación de 36 plantas potabilizadoras de agua e indemnización económica.

También hubo el compromiso con quienes presentaran afectaciones a la salud derivadas por la exposición por metales pesados, por lo que construirían una clínica enfocada exclusivamente a atender y vigilar estos casos.

Pero el dinero no alcanzó, las afectaciones al agua contaminada continúan, y ni siquiera existen plantas potabilizadoras que funcionen u hospitales de atención especializada.

«Las acciones no han servido de nada, de tantas plantas potabilizadoras de agua que iban a poner nomás pusieron una. Hoy compré seis galones de agua a la semana y no me alcanzan», comentó Dolores Valenzuela, habitante de El Sauz, un ejido ubicado en el municipio de Ures.

Así como Dolores, los pobladores le reclaman al gobierno mexicano la mala administración del dinero del fideicomiso, pues se hizo sin transparencia y con el fin de favorecer a la empresa por encima de los pobladores.

No se instalaron las 36 plantas potabilizadoras. El hospital que supuestamente serviría para atender a los enfermos, hoy está abandonado y nunca fue inaugurado.

Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de PODER, organización que impulsa la defensa legal de los habitantes afectados por la contaminación del Río Sonora, expone que las autoridades no han hecho nada para mejorar la situación de las personas y en contraste, la minera no ha tenido ninguna afectación económica. Al contrario. Sus números han ido en aumento.

«A la empresa no le significó costo o pérdida contaminar con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el agua de 22 mil personas. A la empresa le salió más barato violar la Ley y pagar la multa, que hacer todo lo que necesita hacer para proteger el medio ambiente», asegura Lamberti.

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Más información:

VIDEO: «Minas, Metales y Poderes», reportaje sobre el ecocidio generado por Grupo México en Sonora