El cambio climático elevó en 2014 la intensidad de 14 desastres naturales

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE UU (NOAA, por sus siglas en inglés) ha difundido este jueves su informe sobre los fenómenos climáticos extremos de 2014. Lo hace a menos de un mes para que comience en París la cumbre sobre cambio climático, donde se espera un gran acuerdo mundial para intentar atajar este problema.

Y la principal consecuencia de este informe, donde se analizan 28 fenómenos extremos de todo planeta, es que las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso del suelo —es decir, las actividades humanas— han incrementado la intensidad de ciclones, lluvias torrenciales, sequías y olas de calor. «El cambio climático es real y está aquí», ha concluido Stephanie Herring, coordinadora del informe de la NOAA, en una conferencia de prensa telefónica.

Además del aumento medio de las temperaturas del planeta, un fenómeno del que lleva alertando mes a mes esta agencia, el cambio climático también está detrás de algunos eventos extremos. En el informe se identifican 14 casos en los que el cambio global ha hecho que sean más probables o más fuertes.

Esta es la cuarta edición de este informe, que a su vez es una compilación de los estudios de 32 grupos científicos. En las conclusiones se remacha que hay una relación directa entre el cambio climático y los episodios de calor extremos registrados en 2014 en Argentina, Europa, China, Corea, Australia, el Atlántico Norte y el Pacífico. Herring ha detallado que en el 95% de los casos estudiados hay «una influencia humana».

Donde no es tan directa y frecuente la relación es con las precipitaciones. En el 40% de los casos de lluvias extremas la NOAA ha encontrado una vinculación con el cambio climático, detalló Herring. Pero el informe también identifica algunos casos concretos. Por ejemplo, se apunta a que «cada vez son más probables debido al cambio climático y otras influencias humanas» inundaciones «devastadoras» como las de Yakarta (Indonesia) de enero de 2014. 26 personas murieron y los daños ascendieron a más de 350 millones.
Ciclones

En el estudio también se apunta al cambio climático como responsable del aumento de los ciclones tropicales en Hawái. También ocurre algo parecido con el incremento de las tormentas de nieve que se registró en 2014 en el Himalaya.

Sin embargo, en el informe no se logra establecer una relación directa entre el cambio climático y los incendios del año pasado en California. Eso sí, la NOAA sostiene que la «probabilidad de incendios forestales» en este Estado «ha aumentado debido al cambio climático». En el análisis de esta agencia tampoco encuentra relación entre las bajas temperaturas que se registraron en EE UU en 2014 y el cambio global.

El País

Las 782 personas más ricas del mundo podrían abastecer de electricidad a la mitad del mundo mediante energías renovables

AVISO A LA PRENSA

Amigos de la Tierra Internacional
23 de noviembre de 2015

París, Francia,  23 de noviembre de 2015 – Las fortunas personales de las 782 personas más ricas del planeta, muchas de ellas presidentes de las principales empresas del mundo, podrían abastecer de electricidad a África, América Latina y gran parte de Asia mediante un 100% de energías renovables para el año 2030, afirmó Amigos de la Tierra Internacional en un nuevo informe publicado hoy. [1]

El informe, que fue publicado una semana antes de que comience la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en París, ilustra que existen fondos para una revolución energética, pero hay una gran ausencia de voluntad política para generar la transformación.

Algunas de las principales conclusiones del nuevo informe titulado “An Energy revolution is possible” (Una revolución energética es posible) son:

– La fortuna de las 53 personas más ricas del planeta podría abastecer de electricidad a todo África a través de un 100% de energía renovable para 2030.

– La fortuna de las 32 personas más ricas del mundo podría abastecer de electricidad a América Latina mediante un 100% de energía renovable para 2030.

– Se necesitaría una inversión adicional de 5,148 billones de dólares para generar el 100% de electricidad mediante energía renovable para abastecer a la mitad del planeta para 2030. Se trata de una inversión equivalente a la riqueza actual del 0,00001% de la población mundial, es decir 782 personas.

“El informe es  una llamada de alerta para los políticos y los Gobiernos. El mundo afronta dos crisis destructivas interrelacionadas: la creciente desigualdad y el cambio climático. Ha llegado el momento de abordarlas al mismo tiempo”, afirmó Sam Cossar-Gilbert de Amigos de la Tierra Internacional.

El cambio climático ya está sucediendo y está provocando destrucción en comunidades y ecosistemas de todo el mundo. Si no se adoptan medidas drásticas de inmediato para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, afrontaremos efectos aún más devastadores del cambio climático que superarán lo que hemos visto hasta el momento y afectarán principalmente a las personas y los países más pobres, que son los menos responsables del cambio climático.

La generación de energía a partir de combustibles fósiles es una de las principales causas de los elevados niveles de emisiones de carbono y abordarla es fundamental para impedir un desastre climático.

“Ya no podemos continuar como hasta ahora. Las emisiones de carbono siguen aumentando. Necesitamos una revolución energética”, sostuvo Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional.

“La transformación energética implica no solo pasar de los combustibles fósiles a la energía renovable, sino también una transformación más profunda que incluya la propiedad democrática de los recursos de energía renovable”, añadió.

La comparación con la fortuna de las personas se utiliza como una indicación de que hay fondos disponibles para detener el cambio climático. El informe no sugiere que la riqueza de algunas personas pueda o deba utilizarse directamente para llevar a cabo la transformación energética necesaria.

NOTA:
[1] Un resumen del nuevo informe “An energy revolution is possible” está disponible en: http://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/publicaciones-por-tema/justicia-climatica-energia-publicaciones/energy-revolution-possible

El informe completo está disponible en inglés: http://www.foei.org/wp-content/uploads/2015/11/foe-energy-revolution-full-report-web.pdf

Dejar los combustibles fósiles debajo de la Tierra: Una declaración por la salud de la Madre Tierra

Esta declaración será publicada en el marco de la COP21 para llamar la atención sobre la necesidad de mantener los combustibles fósiles bajo tierra, sin quemarlos, mientras respaldamos una transición justa hacía un futuro de energía limpia. La misma fue elaborada durante la Sesión Estratégica sobre Equidad Climática realizada en abril de 2015 en San Francisco, convocada por Amazon Watch y Sierra Club. Se reciben adhesiones.

OILWATCH

Nos hemos juntamos, reconociendo los derechos de la naturaleza y nuestra relación interdependiente y espiritual con la Madre Tierra.

Honramos el conocimiento espiritual y sagrado que los Pueblos Indígenas tienen con la Madre Tierra y su relación con ella. Respetamos su liderazgo en la restauración de una relación sagrada y saludable con el mundo natural.

Reconocemos que la extracción, transporte y consumo de combustibles fósiles ha causado un daño severo a la tierra, aire, agua, atmósfera y a todas las formas de vida, y es el mayor contribuyente al cambio climático y la extinción masiva. Estos daños son desproporcionadamente asumidos por gente que no se beneficia de los sistemas económicos y políticos que los ha causado? por gente que no tiene responsabilidad por la crisis y carece de recursos adecuados para adaptarse a un clima cambiante. Esto incluye comunidades directamente afectadas por la extracción y uso de combustibles fósiles y a comunidades al frente de la lucha al cambio climático.

Reconocemos que para evitar la exacerbación de la crisis climática y volver a tener una relación saludable con la Madre Tierra, la vasta mayoría de combustible fósiles del mundo tienen que mantenerse debajo de la tierra. Los gobiernos tienen que priorizar las necesidades de la gente y las comunidades por encima de las ganancias corporativas a través de acciones contundentes e inmediatas para acabar con la extracción de combustibles fósiles ya que el mundo natural no puede esperar más. Foros internacionales como la 21ra Conferencia de Partidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Paris brindan importantes oportunidades para que líderes mundiales fortalezcan la energía común por ambiciosos avances hacía dejar los combustibles fósiles debajo de la tierra.

Nos esforzamos por un mundo en cual todas las personas y nuestros gobiernos e instituciones:

-Respeten los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas, de las comunidades inmigrantes y comunidades forzadas a emigrar, de las mujeres, de las comunidades al frente de la lucha al cambio climático, y de las futuras generaciones, incluso el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado, y su derecho a decir “no” a actividades extractivas en sus territorios tradicionales?
-Reparen los daños causados por siglos de colonialismo, racismo, genocidio ambiental y economías extractivas?
-Promuevan una economía basada en la interdependencia con y responsabilidad hacia la Madre Tierra que se mantenga dentro de los límites ecológicos? y que se redefina la riqueza fuera de la acumulacion financiera hacia la suficiencia y el bienestar? y
-Hacer una transición hacia energía democratizada, equitativa, limpia y 100% renovable.

Para lograr esta visión, exigimos:

-El reconocimiento y apoyo pleno, ­ incluyendo financiamiento adecuado y directo ­ de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades impactadas y al frente de la lucha al cambio climático, y su liderazgo y participación informado y eficaz en el desarrollo e implementación de esta visión?
-Que se mantengan los combustibles fósiles debajo de la tierra poniendo fin a la nueva exploración y explotación para la protección de la Madre Tierra, manteniéndose en línea con el conocimiento indígena y los límites climáticos establecidos por la ciencia?
-Poner fin inmediatamente al financiamiento público y todo tipo de subsidio de la exploración, explotación e infraestructura petrolera, y realizar la inversión de recursos necesarios para poner en marcha una transición justa a una economía limpia y renovable para todos, priorizando a las comunidades al frente de la lucha al cambio climático?
-Poner fin al monopolio que tiene la industria petrolera con nuestros sistemas políticos y de gobernanza en todos los niveles para asegurar que las políticas energéticas sigan políticas climáticas basadas en la equidad y la ciencia para que los intereses reales de todos sean protegidos. Para empezar, se tiene que terminar la influencia indebida de la industria petrolera en el desarrollo de políticas internacionales y nacionales y no podemos permitir que la industria participe en las negociaciones climáticas internacionales?
-Rechazo a las ‘soluciones falsas’ que perpetúan y justifican la extracción y el uso de los combustible fósiles, o que mantienen y crean nuevas amenazas a nuestro aire, agua, tierras, comunidades y clima?
-Rechazo a todos los mecanismos basados en el mercado que aumentan la inequidad, violan derechos humanos, agilizan la destrucción de ecosistemas o permiten que los que contaminan eviten la eliminación de la contaminación en su fuente?
-Provisión de suficiente apoyo financiero y de otro para asegurar que los individuos y comunidades más vulnerables al cambio climático de nuestra Madre Tierra puedan adaptarse?
-Desinversión de actividades que apoyen la extracción continua de combustibles fósiles y la opresión de pueblos indígenas y comunidades al frente de la lucha al cambio climático, y fomentar la inversión en actividades que empoderen a las comunidades para tomar el control de su futuro energético? y
-Una transición inmediata a un futuro energético decentralizado y democratizado, iluminado por fuentes energéticas 100% renovables y sostenibles.

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OILWATCH
http://www.oilwatchsudamerica.org/

El TPP corona de la estrategia trasnacional

Alejandro Villamar,
Revista América Latina en Movimiento, n.509 A diez años de la derrota del ALCA

La recién conclusión formal de las negociaciones del mega-tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) pretende y apunta a alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde la década de los ochenta. Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994), seguido de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC,1995).

Recién creada la OMC, y tratando de introducir los temas Financieros y Derechos de Propiedad Intelectual (Agenda de Singapur-1996), lo mismo que un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el director general de la OMC, Renato Ruggiero, describió cínicamente el momento: «Estamos escribiendo la Constitución para una sola economía mundial.» (Singapur, 1996)

Diez y nueve años después de Ruggiero resurge el discurso de la hegemonía y la economía mundial con el TPP: «En virtud de este acuerdo, nosotros, en vez de países como China, estamos escribiendo las reglas para la economía mundial.» B. Obama, octubre de 2015

Sin embargo, el objetivo nunca se ha restringido a la economía mundial, ni regional, ni se busca la prosperidad, la seguridad y sustentabilidad global, y menos la democracia, sino la transformación de las reglas del orden mundial a las necesidades de la globalización del capital transnacional.

A lo largo de más de 20 años de luchas de resistencia, redes de activistas sociales, de personalidades, académicos y de gobiernos, han demostrado que detrás del cliché de “acuerdo de libre comercio” su núcleo duro son objetivos esencialmente políticos como el eliminar las facultades del Estado para regular con fines sociales, poner los derechos corporativos del capital por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, crear mecanismos de gobernanza global de la economía sin ninguna legitimidad o control democrático.

Los tratados como instrumentos de la política trasnacional
Los Estado Unidos han acumulado en los últimos 30 años una experiencia y fracasos por tratar de imponer las reglas mundiales, escritas en Tratados, que consoliden los intereses de la globalización trasnacional. Los tratados de libre comercio (TLC), han sido una de esas vías y el más conocido cliché para imponer esa estrategia corporativa.

EEUU, después de alcanzar un TLC, primero con Israel (1985) y otro con Canadá (1987), así como un TLC regional (TLCAN, 1994), desplegó una estrategia mundial para alcanzar un Tratado Multilateral (en la OMC), o  mediante tratados bilaterales o regionales tanto de tipo TLC, como del tipo de Protección de Inversiones, de Protección de Propiedad Intelectual, o preparando el terreno político diplomático mediante los llamados Acuerdos Marco de Comercio e Inversión. El terreno privilegiado para la ofensiva de los TLC fue el espacio latinoamericano:11 TLC, de un total de 20 tratados, alcanzados antes de pretender coronar su estrategia con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). USTR. 2015.

Dentro de esta estrategia la prioridad ha sido puesta en materia de inversión y propiedad intelectual. Los  Tratados, eufemísticamente llamados Tratados Bilaterales, de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (TBI), fueron impuestos mundialmente entre el mundo de países subdesarrollados. De los 42 tratados TBI que EEUU ha firmado, el espacio elegido en la década 1994-2004, fueron los llamados países en transición (16 países), sólo 8 países latinoamericanos, carentes de TLC, fueron añadidos a ese acervo. Cálculos con la estadística del USTR, 2015. En este campo, los países europeos son dominantes mundiales con el 30% de los aproximadamente 4,600 TBI en vigor. Cálculos con datos UNCTAD.

Una estrategia muy defendida por los monopolios trasnacionales han sido los Tratados Multilaterales y bilaterales de la llamada protección de la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales y otros), área dominada mundialmente por los países desarrollados, 51% de los 2.3 millones de solicitudes de patentes. Sin embargo, la importancia de China es indudable, con 28% del total, mayor que el 23% de los EEUU. En solicitudes de marcas China alcanza el 25% y EEUU el 17% de las  6.5 millones de solicitudes Cálculos con Datos y cifras de la OMPI sobre P.I.

En esta estratégica materia, de los 34 tratados de protección a la Propiedad Intelectual, 24 han sido acuerdos bilaterales con 24 países (13 antes de la OMC y 11 después). Dos Tratados Multilaterales han precedido a 8 acuerdos multilaterales o reformas específicas surgidas con la OMC o después. Cálculos a partir de estadística del USTR

Una estrategia de tres pistas
Los intereses trasnacionales, encabezados por la triada del gobierno de EEUU, la Unión Europea y Japón, desde hace tres décadas han venido empujando sus iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales. A partir de las neoliberales reglas alcanzadas en el TLC de América del Norte (TLCAN), su reproducción en la OMC, y la búsqueda de su extensión a todo el hemisferio mediante el ALCA, se trasformaron las condiciones en que Japón venia desarrollando su articulación productiva en el área asiática mediante el Foro APEC, lo mismo que las condiciones en que la Comunidad Europea-Unión Europea venía manteniendo su relación neocolonial con los Acuerdos de Lomé-a-Cotonou con los países ACP (sus 79 ex colonias de Asia, Caribe y Pacífico).

La triada buscó infructuosamente incorporar temas adicionales a la agenda de la OMC y se encontró con la sorpresiva movilización civil y la oposición de varios bloques de países, encabezados por los de África y los más desposeídos en la tercera cumbre ministerial en Seattle, Washington (1999); Cuatro años antes, la  Cumbre de APEC en Osaka (1995) había entrado en crisis por la pretensión de transformar un foro de diálogo político-económico en espacio de desregulación obligatoria de varios temas. Y lo mismo se repitió durante la fracasada quinta Cumbre de OMC en Cancún, septiembre de 2003.

El espacio regional donde ya se habían sembrado los temas controversiales en el corazón de los 11 TLC con países latinoamericanos, animó a EEUU a insistir y pretender llegar a obtener la aceptación del proyecto hemisférico de TLC, el ALCA. Sin embargo, en la histórica Cumbre de las Américas en Mar del Plata (noviembre de 2005), el presidente de los EEUU (G. W. Bush) y sus destacados aliados de México (V. Fox) y Chile (R. Lagos) sufrieron una estrepitosa derrota a manos de una inusitada alianza entre gobiernos opositores al ALCA y redes sociales hemisféricas alternativas, como la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental contra el ALCA.

«Lo bueno es que no tuvimos que hacer el trabajo. Los mexicanos y chilenos estaban más enojados que nosotros.»: Thomas h. Shannon, Secretario Adjunto para América Latina y Caribe del Departamento de Estado, en declaración a la prensa.

Cambio de estrategia, usar lo disponible para alcanzar lo deseable.
Con un rosario de fracasos y una estrategia desgastada y claramente impopular, la coalición neoliberal, sobre todo la estadounidense cambió de estrategia al adoptar una agenda multivariada de un “soft power” renovado como “poder inteligente”, que facilite el debilitamiento de las resistencias y adopte las políticas buscadas.  Para ese propósito se propusieron 1) fortalecer y profundizar la agenda y la labor de las instituciones oficiales hemisféricas, la mayoría surgidas desde la primera Cumbre de las Américas (Miami, 2004); 2) coordinar las políticas de las organizaciones financieras regionales, y dar continuidad a la agenda de asesoría en desregulación o “modernización competitiva” de los gobiernos latinoamericanos y las cúpulas de las organizaciones empresariales, 3) apoyar de manera firme la labor de cabildeo de las organizaciones estadounidenses con agenda latinoamericana, como el Consejo de las Américas, las instituciones académicas, 4) usar intensivamente el apoyo de los poderosos grupos mediáticos, y 5) apoyar y fortalecer la oposición empresarial a los gobiernos latinoamericanos que buscan enfrentar este modelo dominante, llegando incluso a impulsar golpes de Estado (duros o suaves)  

En palabras de la ex Secretario de Estado, Hilary Clinton en julio de 2009: En “Nuestro enfoque de política exterior..los hechos exigen una estructura mundial distinta… trabajaremos a través de instituciones existentes y las reformaremos. Transcenderemos a los estados y crearemos oportunidades para que instituciones no estatales y particulares puedan contribuir a las soluciones…colaboramos con nuestros principales aliados de tratados, como Japón y Corea, Australia, Tailandia, las Filipinas y otros socios para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, así como las instituciones transpacíficas. Somos al mismo tiempo un país transatlántico y transpacífico.

La Sra. Clinton decía en público lo que sin aspavientos ya venían haciendo bajo el mandato de las nunca enterradas 23 Iniciativas temáticas del Plan de Acción de la Cumbre de Miami (1994)  e intensificándolo después del 2005 con las alianza público-privada mediante las reuniones periódicas de Ministros de las Américas en Finanzas, en Energía, en Agricultura, en Minas, en Defensa, y una docena más de temas, bajo el paraguas formal del BID, de la OEA, del IICA.

A la par, una red de instituciones y organizaciones “civiles” íntimamente ligada a la política del Departamento de Estado de EEUU, ha venido “modernizando” mediante la “reforma regulatoria” y la “competitividad” la política pública de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y del caribe, así como creando alianzas con las cúpulas empresariales de nuestros países.

Así, el bufete de ex funcionarios privatizadores, Jacobs-Cordoba y As., autores directos de 11 de los programas de reforma (des)regulatoria de gobiernos latinoamericanos (de un total de 74 gobiernos “asesorados” en el mundo), son también los “super-expertos” de la Red Inter-Americana de Competitividad RIAC http://www.riacnet.org/ de la Federación Global de Consejos de Competitividad articulado al Foro Económico Mundial, la Cumbre de las trasnacionales.

Por su parte la organización empresarial, creada por D. Rockefeler, Consejo de las Américas desde 2006 ha intensificado su programa hemisférico de promoción neoliberal y de relaciones políticas; 75 reuniones en 16 ciudades capitales; cabildeos convertidos en culto por las cúpulas empresariales, gubernamentales, incluyendo a algunos presidentes afines.

Así bancos, tecnócratas, cabilderos, académicos y poderosísimos monopolios de medios de comunicación corporativos han continuado trabajando cotidianamente, en coordinación con funcionarios y algunas organizaciones civiles, desde dentro de nuestros países con programa e ideología trasnacional, que no terminamos de enterrar, ni con gobiernos progresistas.

Desde 2007 advertimos de esta peligrosa estrategia que no sólo ha propiciado la Alianza del Pacífico, sino que ahora se convierte en el apoyo político del TPP; ese peligroso brazo de la nueva tenaza trasnacional, y mañana podría serlo del tratado gemelo Tras-Atlántico.

El TTP busca superar la derrota del ALCA y coronar en triunfo esta larga y multiforme estrategia para crear un mundo adaptado a sus intereses. Solo la movilización social global y unitaria podrá presionar a los legisladores y gobiernos, que pueda volver a derrotar a este SUPER-ALCA. 

Ciudad de México, 30 de octubre de 2015.

San Miguel del Progreso, un pueblo que paró a las mineras

Vania Pigeonutt, trinchera-politicaycultura.com

«Originario de San Miguel del Progreso –Juìba Wajiìin, en su lengua materna, me’phaa–, un pueblo de Malinaltepec donde la gente dijo ¡no! a las mineras, Anastacio Basurto considera que su lucha no es por ellos, sino “por las generaciones futuras”, y se niega a que sus hijos pierdan la libertad que les dan sus tierras.

Don Tacho estuvo varios años en el Ejército, conoce la injusticia de las instituciones, porque, dice, “el gobierno siempre hace leyes que nos afectan para beneficiar a los ricos; a los pobres siempre nos afectan”.

Perteneciente a la Montaña, San Miguel tiene tres climas: templado, frío y caluroso; sus cuatro mil habitantes comen papayas, mangos, guayabas, todo el día; hay mucha fruta, y el olor del café acaricia el olfato sólo de pisar la primera calle de ese pueblo rodeado de grandes cerros y paisajes como puestos allí por la mano de un pintor.

Anastacio Basurto fue en 2011 presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales de San Miguel, tiempo en el que la Procuraduría Agraria (PA) quiso imponer la llegada de Hochschild México, empresa británica que pretendía extraer zinc, plata y otros minerales de abajo de los cerros de la comunidad indígena. Pero, con la asesoría de organizaciones no gubernamentales, San Miguel logró ampararse contra la Ley Minera.

Su comunidad, de la que Tacho se siente muy orgulloso, es un ejemplo a escala nacional de cómo un pueblo organizado pudo argumentar jurídicamente que una ley no puede estar por encima de la autonomía de una comunidad indígena; una legislación no puede estar sobre sus derechos constitucionales como pueblos originarios.

Aun con la concesión minera que otorgó el gobierno federal, a la fecha la vida de los habitantes es placentera, como ellos la quieren: le rezan a sus santos, bailan la danza de Los 12 pares de Francia, van a los cerros a ofrendar para que llueva; sigue oliendo a café, las papayas aún se comen en abundancia.

“¡No van a entrar las mineras, no van a entrar, así tengamos que dar la vida!”, me dijo don Tacho el año pasado. Y se sostiene en lo mismo hasta la fecha. Su vida, su pueblo, su territorio, sus árboles frutales, su café y sus familias, valen más que cualquier arreglo con alguna transnacional. “No queremos estar como aquellos pueblos que se están enfermando, que cambiaron sus tierras y se están muriendo”, advierte.

***

El 15 de julio de 2013, San Miguel del Progreso interpuso una demanda de amparo que quedó radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Guerrero, bajo el número de expediente 1131/2013. En la demanda contra la Ley Minera, la comunidad, con el apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que las concesiones entregadas a la empresa minera violentaban la autonomía de un pueblo a decidir sobre su territorio.

Sin embargo, el gobierno federal no aceptó la demanda de amparo y actualmente sigue en revisión. Tlachinollan solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el Amparo en Revisión 167/2014, donde cuestionan la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la cual avala otorgar concesiones sin consultar a los pueblos y violando derechos humanos de sus habitantes.

El área jurídica de Tlachinollan explica que la SCJN aún no ha contestado su petición de atracción, pero mientras haya un juicio en revisión, la empresa británica, que pretende realizar la minería a cielo abierto, contaminar bosques, mantos, dejar infértil la tierra, no podrá entrar a San Miguel.

Mientras la SCJN revisa la atracción del caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito Judicial lo revisa, luego de que las autoridades no reconocieron como válida la demanda de San Miguel para que se respete la decisión de una comunidad indígena que no quiere que se exploten minerales en su territorio, porque antes de que hubiera ley minera (1992) ellos estaban allí.

La acción legal incorpora además el reclamo concerniente a que la Justicia Federal analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque la demanda esté aún en trámite, es un caso que sentó un precedente, porque en el proceso han sido señaladas como responsables 17 autoridades, incluyendo tanto a las adscritas a la Secretaría de Economía que participaron en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones, como a aquellas de los poderes Ejecutivo y Legislativo que participaron en el procedimiento legislativo que concluyó con la promulgación de la Ley Minera en vigor.

San Miguel del Progreso ha contenido la explotación de minerales por las concesiones otorgadas en Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861) en su territorio, porque de acuerdo a don Tacho, gracias a la asesoría de Tlachinollan y a que ellos tomaron conciencia de que no podían vender sus vidas a cambio de oro mantienen esa lucha.

La gente de San Miguel aún se reúne a hablar de la defensa de su territorio, se siente afortunada porque gracias a que se enteraron en un tiempo adecuado lo que pretendían hacer con su territorio –despojarlos, pagarles sus tierras y enviarlos a otros lugares, a olvidar sus orígenes, a dispersarse, no volver a ver a tus vecinos, amigos, parientes– supieron que esa oferta no era una opción, contó don Tacho.

Otras comunidades como Paraje Montero, en Malinaltepec, no pudieron promover a tiempo un amparo y sufren las consecuencias, porque allí ya hay fases de exploración para que se instalen las transnacionales.

El área jurídica de Tlahinollan asegura que hay muchas posibilidades de que se gane la lucha, porque el Estado ha firmado tratados internacionales que les dan carácter de propiedad de su territorio y respeto a la cosmovisión de las comunidades indígenas; la Ley Minera viola dichos acuerdos.

Entre los argumentos del amparo, justo está el despojo que habría de su territorio, sus tradiciones y su forma de vida, si se le permite la entrada a la empresa Minera Hochschild México S.A. de C.V. de capital británico.

Además de que la sentencia incorpora los estándares que emanan del derecho internacional de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas.

“Hemos visto que sí hay una política a nivel nacional que busca profundizar el auge de la minería, incluso ignorando el derecho de la comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, lo único que queda es la organización de la gente y la defensa de las comunidades son acciones legales”, señaló Tlachinollan.

Es urgente, consideran, porque el modelo de la Ley Minera está presente en las nuevas iniciativas, por ejemplo en materia energética, donde hay una ausencia de consultar e ignorar el derecho al territorio, que llevaría a las empresas transnacionales a despojar a las comunidades de manera legal.

De acuerdo a la organización, en 2005 existían en Guerrero 417 títulos de concesión minera, equivalentes a 388 mil 225 hectáreas. Sin embargo, después de los “exitosos” resultados de extracción de oro y plata de la empresa canadiense GoldCorp en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, incrementó el número de solicitud de títulos de concesión. Hay actualmente al menos 600. En Guerrero se han concesionado alrededor de 704 mil 736 hectaìreas.

Las regiones de la Montaña y Costa Chica, que concentran a la mayor población indígena de Guerrero, han despertado interés en el sector minero debido a los 42 yacimientos mineros que en su territorio se encuentran. El gobierno federal ha otorgado alrededor de 30 concesiones por 50 años para que transnacionales trabajen en terrenos de la mayoría de los 19 municipios de la Montaña.

***

Tacho me contó que veía mucha ignorancia en la gente, que a él mismo le costó trabajo entender que tenían que iniciar una lucha por sus tierras; no conocían los estragos de la minería a cielo abierto, hasta que tomaron consciencia.

En 2011, funcionarios de la PA le dijeron a Anastacio Basurto, en ese entonces presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales, que los habitantes de San Miguel podrían progresar, ganar mucho dinero, si permitían explorar sus tierras, porque había oro, plata y zinc, entre otros minerales que potenciarían el desarrollo de la región, si cedían.

Primero él se la creyó y llevó el tema a la asamblea de la comunidad, que como en la mayoría de las poblaciones indígenas de La Montaña –Nahuas, Ñuu Saavi y Me’phaa–, ponderan sus decisiones de manera colectiva. Primero pensaron que era una excelente idea porque sólo sería “rentar” sus terrenos.

Luego, el sacerdote del pueblo, Melitón Santillán advirtió de los riesgos para una comunidad, que se ejerza la minería a cielo abierto: enfermedades, destrucción de sus cerros sagrados, huertas de frutas, de café; sus manantiales y sus tres climas, que no hay en otro pueblo alrededor.

Él fue a convenciones en varios estados para conocer el tema minero, y Roberto Gamboa, activista de Tlachinollan, expuso lo peligroso que sería permitir la entrada a Hochschild. Nada fue sencillo. Tuvieron que hablar, hablar y hablar, pero al final todos se convencieron de que tenían que ser autoridades agrarias para poder demostrar su autonomía como pueblo de manera legal.

Desde el 12 de abril de 2011 solicitaron su inscripción como autoridad agraria en el Registro Agrario Nacional, lo que les fue concedido el 13 de septiembre de 2012. Desde esa fecha, en San Miguel hay más autonomía. Un consejo que don Tacho da a todas las comunidades que estén a tiempo de frenar que la minería.

La gente de ese pueblo dice que no cambiaría su tierra por nada en el mundo. Sus árboles de hojas de diferentes tonalidades de verde, son majestuosos todo el año; los altos cerros, altos, con fragancias inefables; decenas de manantiales. Vida, mucha vida.

Los tratados comerciales, el agronegocio y la crisis climática

GRAIN

Las negociaciones sobre el clima que se realizarán en diciembre de este año en París son consideradas la última oportunidad para que los gobiernos del mundo se comprometan de modo vinculante con objetivos que pudieran detener nuestra marcha hacia la catástrofe. Pero en la cuenta regresiva hacia París, muchos de estos mismos gobiernos ya firmaron o están impulsando una serie de ambiciosos tratados comerciales y de inversión que inviabilizarán las medidas que se podrían tomar para enfrentar el cambio climático (el Acuerdo Económico y Comercial Global, entre la Unión Europea y Canadá; el Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico; el Tratado sobre Comercio de Servicios, negociado secretamente entre 40 países fuera de la Organización Mundial de Comercio; la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos; el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, firmado por 14 países de ambos lados del Pacífico; y la Asociación Económica General Regional, entre diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y seis vecinos).

Lo que sabemos hasta el momento acerca de estos acuerdos, a partir de los pocos documentos que se han filtrado de las negociaciones secretas, es que originarán una mayor producción, más comercio y más consumo de combustibles fósiles, y que serán usados para revertir las medidas populares que pudieran afectar las ganancias de las industrias contaminantes (1).
 
Menos aún se ha dicho acerca de cómo afectarán nuestro clima las disposiciones sobre producción de alimentos y agricultura incluidas en estos acuerdos. Pero la pregunta es de extrema importancia, porque la producción de alimentos y la agricultura tienen un enorme impacto sobre el cambio climático (2). Consideramos que existen siete formas mediante las cuales la producción de alimentos y la agricultura, como componentes de los actuales acuerdos comerciales y de inversión, harán que la crisis climática empeore.
 
1. Aumentar la producción, el comercio y el consumo de alimentos que emiten grandes cantidades de gases con efecto de invernadero.
 
En términos de producción agrícola, la carne y los lácteos son los principales contribuyentes al cambio climático. Solamente el 11% de toda la carne producida se comercializa internacionalmente, pero a nivel global, la producción y el consumo de carne tienen una proyección de crecimiento de 17% para el 2024 y, en definitiva, una duplicación para 2050 (3). Se espera que el aumento del comercio juegue un papel en este crecimiento y parte de éste se originará a partir de los acuerdos comerciales más recientes, lo cual podría cambiar bastante la dinámica actual del comercio de la carne (4). Por supuesto, no podemos predecir cuánto aumentará el comercio y el consumo como resultado directo de estos acuerdos, pero se estima que las disminuciones de aranceles y los estándares más bajos, provocarán un aumento de la oferta y, por consiguiente, también del consumo en los países importadores. Eso, después de todo, es lo que los grupos de cabildeo de las empresas intentan lograr. Se espera que los mercados crezcan para algunas compañías del agronegocio y sus inversionistas debido a la dilución de las regulaciones sobre sanidad alimentaria y las leyes de etiquetado, como resultado de estos nuevos acuerdos.
 
2. La promoción de la agricultura industrial de exportación en desmedro de los sistemas de agricultura y producción de alimentos locales
 
La expansión de los mercados para las aves de corral y la leche en polvo de Europa ha sido, desde hace tiempo, un aspecto importante en la agenda de la liberalización de los mercados de la Unión Europea, como bien saben los agricultores y los pequeños ganaderos de África, que se han estado movilizando desde hace años para detener el comercio desleal de pollos y excedentes lácteos altamente subsidiados, provenientes de Europa. Estas luchas están cada vez más conectadas con el cambio climático. La producción industrial de aves de corral, después de todo, es una importante fuente de emisiones de gases con efecto de invernadero. Los pollos Broiler, que son criados por su carne, producen siete veces más emisiones de GEI que las aves criadas de forma doméstica. Y las gallinas ponedoras, que son criadas por sus huevos, producen cuatro veces más (6). El consumo de pollos está aumentando en muchos países debido a que es una carne de bajo costo y, en consecuencia, se espera que el comercio global de aves de corral aumente. Todo este comercio se origina en las granjas avícolas industriales, que provocan mayores emisiones que la crianza casera o a pequeña escala de aves.
 
3. El fomento de los supermercados globales y los alimentos altamente procesados
 
Las principales actores del comercio de alimentos en supermercados están apuntando al crecimiento tanto en Asia como en África y América Latina, mediante los diversos nuevos acuerdos comerciales. La expansión de los supermercados globales trae consigo una expansión en la producción, comercio y consumo de alimentos procesados. Por ejemplo, bajo el TLCAN (tratado de libre comercio de América del Norte), la producción y el consumo de los alimentos procesados se disparó en México, trayendo consigo serios problemas de salud pública y el comercio minorista ha pasado a ser controlado por las grandes cadenas globales (7).
 
Los alimentos procesados —producidos por Mondelez, Nestlé, Pepsico, Danone, Unilever y similares— son importantes emisores de gases con efecto de invernadero, no sólo debido a la gran cantidad de energía usada en el envasado, procesamiento y transporte de los alimentos, sino también debido a las emisiones generadas en las plantaciones propiamente y las derivadas de la deforestación que trae consigo el aumento de dichos monocultivos.. Los alimentos procesados son producidos a partir de la materia prima más barata que las compañías puedan conseguir en el mundo entero. Un paquete estándar de alimento de supermercado, puede contener leche en polvo de Nueva Zelandia, maíz de los Estados Unidos, azúcar de Brasil, soja de Argentina y aceite de palma de Indonesia —todos alimentos que están en lo más alto de la escala de emisiones.
 
4. Fraude climático: la externalización de las emisiones
 
Los acuerdos comerciales favorecen la producción de alimentos en países con bajos costos y/o una producción altamente subsidiada, con altos niveles de emisión. Estos países tienen poderosos grupos de cabildeo a favor de la agricultura industrial y a menudo dependen fuertemente de las exportaciones agrícolas para obtener sus ingresos provenientes del extranjero. Es altamente improbable que estos países implementen medidas para reducir las emisiones que pudieran afectar la competitividad de sus productos agrícolas. Ya hemos visto a estos países actuando junto con sus compañías, para atajar los esfuerzos internacionales por lograr recortes significativos en las emisiones originadas por la agricultura, por ejemplo, promoviendo la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente, dominada por el agronegocio.
 
Es poco probable que las emisiones importadas junto con los alimentos sean tomadas en cuenta por alguno de los países importadores. Aun así, si algún país importador quisiera implementar medidas para reducir la importación de ciertas materias primas que provocan altas emisiones de gases con efecto de invernadero, podrían ser impugnadas, bajo los nuevos tratados, como restricciones desleales al comercio.
 
5. Más agro-combustibles
 
Los agro-combustibles son otra forma de energía contaminante que, junto con los combustibles fósiles, podrían aumentar a causa de los últimos acuerdos comerciales. Esto ocurre especialmente cuando los capítulos de inversión de los tratados comerciales buscan “nivelar el campo de juego” para los inversionistas extranjeros, estableciendo reglas sobre “tratamiento nacional” y “la nación más favorecida”, lo que facilita mucho el acceso a la tierra para producir combustibles agroindustriales más fácilmente. Hoy, las políticas climáticas de la Unión Europea han consolidado el acaparamiento de tierras en África para la producción de etanol para los mercados europeos.
 
6. Quebrantando el apoyo a las economías locales de producción de alimentos
 
Bajo la llamada doctrina de libre comercio, los programas de “compre lo nacional” o “compre lo local”, son consideradas generalmente discriminatorias y distorsionadoras del comercio. La Organización Mundial de Comercio (OMC) no ha hecho mucho para desalentar estas iniciativas, pero los nuevos tratados comerciales bilaterales y regionales podrían ir mucho más allá. Los grupos que han luchado por la soberanía alimentaria ven esto como una amenaza potencial para las economías alimentarias locales que han estado construyendo esforzadamente durante las últimas décadas (por ejemplo, iniciativas de los consejos sobre políticas alimentarias para apoyar el uso de alimentos producidos localmente en servicios públicos como colegios y hospitales) (8). Cualquier acción para hacer que las iniciativas para comprar o utilizar productos locales sean ilegales en el sector de los alimentos, resultará automáticamente en una mayor desestabilización climática (9). Lo mismo es cierto para las iniciativas que apoyan las compras “verdes” o los programas que exigen comprar a las medianas y pequeñas empresas, en nombre de la mitigación del cambio climático.
 
7. Declarar ilegales las medidas de seguridad alimentaria
 
En el año 2013, diversos gobiernos intentaron promulgar una regla de la OMC con la que las compras públicas de alimentos en tiempos de crisis debían ser consideradas una forma de subsidio agrícola distorsionador del comercio. Muchos gobiernos compran productos agrícolas a los agricultores para estabilizar los mercados, garantizar precios y generar reservas o sistemas de distribución en el interés público. Los estragos causados por el cambio climático en un mundo de desregulación y concentración empresarial hacen que la escasez de alimentos se torne más común y más amenazante. Esto significa que cada vez son más necesarias estas medidas básicas en materia de seguridad alimentaria así como los programas de compras públicas.
 
¡Es momento de parar la desestabilización del clima!
 
Los patrones de consumo de alimentos están cambiando. La llamada dieta “occidental” se está expandiendo, particularmente en el Sur global, llevando consigo no solamente problemas de salud sino también aumentando la presión sobre el clima. Los comerciantes de materias primas agrícolas, las empresas del agronegocio, las cadenas de supermercados, los grupos de inversión y otros tipos de corporaciones, que financian y conducen el sistema industrial de alimentos, tienen un gran interés por expandir los negocios justamente en esos mercados, y los tratados comerciales son una gran herramienta para lograrlo.
 
Tenemos que sacar cuentas. Si queremos afrontar el cambio climático, tenemos que detener el consumo de algunos alimentos y eso significa parar la producción y también el comercio. Afortunadamente, se puede hacer. Pero requiere una reducción estructural progresiva de las grandes empresas alimentarias, de los grandes supermercados y de aquéllos que lo financian. En su lugar, las pequeñas y medianas fincas, las formas de procesamiento y los mercados a pequeña y mediana escala, respaldados por las adquisiciones y el financiamiento públicos, harían un mejor trabajo. Esto requiere una arremetida y unir las luchas en torno al cambio climático a las luchas por la soberanía alimentaria y en contra de los tratados comerciales promovidos por las empresas.

Atlas del Carbón 2015

Datos y cifras muestran impacto social y ambiental de la producción de carbón

Bruselas, Bélgica, noviembre de 2015 – La fundación Heinrich-Böll y Amigos de la Tierra Internacional publicaron hoy en Bruselas la primera edición en inglés del Atlas del Carbón 2015. El atlas contiene los últimos datos y cifras sobre el uso del carbón y sus consecuencias sociales y ambientales. Mediante más de 60 infografías detalladas, el atlas ilustra los efectos de la industria del carbón en la naturaleza, la salud, el trabajo, los derechos humanos y la política.

Además, arroja luz sobre los beneficiarios de la producción de carbón y muestra los proyectos que se están desarrollando actualmente en el sector en China, India, Estados Unidos, Rusia y Alemania.

El atlas está disponible en forma gratuita en papel y en formato digital en: www.boell.de/coalatlas

El carbón contribuye más a la crisis climática que cualquier otra fuente de energía. En 2014 fue responsable de 14,2 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2), el equivalente al 44% de todas las emisiones de dióxido de carbono generadas por la energía producida a partir del carbón y más de un cuarto de todas las emisiones de gas invernadero. Además, la extracción y quema de carbón provoca daños irreversibles en el medio ambiente y la salud de las personas.

Tan solo en la Unión Europea, los problemas relacionados con la salud cuestan alrededor de 43.000 millones de euros al año. Otros efectos de la industria del carbón son los desplazamientos forzosos y la represión de los habitantes locales.

“El Atlas del Carbón 2015 demuestra que no existe el carbón limpio”, afirma Jagoda Munic, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional. Munic añadió: “Europa sigue siendo uno de los principales consumidores de carbón. Aún en 2015, Europa sigue sufriendo daños en su medio ambiente provocados por grandes proyectos de minería de carbón, especialmente en Alemania, y por las emisiones tóxicas en los países que dependen del carbón como Polonia. La resistencia a la eliminación progresiva del carbón en Europa demuestra que la Unión Europea es presa del poderoso lobby del carbón industrial. Sin embargo, el Atlas del Carbón deja claro que Europa necesita cambiar su sistema energético antidemocrático, irresponsable e injusto y adoptar uno justo, controlado por la sociedad y que proporcione seguridad climática”.

Barbara Unmüßig y Ralf Fücks, presidentes de la fundación Heinrich-Böll-Stiftung, instan a la UE a que adopte medidas al respecto:

“Europa tiene una deuda de emisiones histórica y actual que pagar. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de acelerar la transición de su actual sistema energético mixto hacia uno libre de emisiones. Los últimos años se ha demostrado en Alemania y los países de la Unión Europea que un fuerte aumento de la proporción de energía renovable utilizada no solamente sería perfectamente compatible con los requisitos de las economías industrializadas, sino que además tendría efectos importantes en la innovación y el empleo. Por este motivo la UE necesita mejorar sus instrumentos políticos para lograr una transición hacia una era sin emisiones. Una estrategia fundamental para ello es cambiar la unión energética por metas muchas más ambiciosas, como un precio razonable de las emisiones de CO2”. Esto implicaría también un fuerte enfoque a las subvenciones a la industria del carbón: los Estados miembros de la UE y la propia UE se han mostrado reticentes a adoptar medidas contra los proyectos de carbón y siguen destinando casi 10.000 millones de euros al año en subvenciones a las empresas que realizan actividades vinculadas con el carbón.

“Esa es la otra decisión inevitable: la UE y sus países miembros deben dejar de apoyar proyectos de carbón con dinero de los contribuyentes”, señalaron Unmüßig y Fücks. “No solamente en Alemania, donde las empresas mineras se han beneficiado de subvenciones de alrededor de 327.000 millones de euros en términos reales desde 1970, sino también a nivel mundial, la UE está subvencionando sus inversiones en la industria del carbón, generando múltiples conflictos sociales y ambientales. Hay algo indiscutible: la Unión Europea debe enviar una señal clara para eliminar progresivamente los combustibles fósiles y en primer lugar el carbón si desea liderar la transición mundial hacia un planeta libre de emisiones e influir en un posible acuerdo sobre el clima en la COP21 en París”.

Lucy Cadena, coordinadora del programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional afirmó: “Europa se ha enriquecido mediante la quema de carbón durante más de 150 años, debido a este efecto “retardado”, estas emisiones han causado el aumento de 1°C de la temperatura que estamos experimentando en 2015. La UE se dirige a las negociaciones sobre el clima en París afirmando ser el líder en cuestiones de clima, pero los hechos no coinciden con la realidad: Europa sigue extrayendo y quemando carbón en el continente. A nivel mundial, los países europeos utilizan dinero público para financiar proyectos sucios de carbón que violan los derechos humanos en todo el mundo, mientras tercerizan las emisiones provenientes de la quema de carbón a países del Sur Global, como China, para producir bienes para el consumo europeo. Estas emisiones ‘ocultas’ se suman a una gran huella de carbono y el compromiso actual de la UE es completamente insuficiente con respecto a su responsabilidad en las emisiones. El Atlas del Carbón arroja luz sobre la gran falta de ambición de la que somos testigos mientras nos acercamos a la cumbre sobre el clima en París, y la necesidad de un cambio radical que elimine el uso del carbón”.

Sin embargo, otros actores mundiales están comenzando a considerar fuentes de energía alternativas. En 2014, el consumo de carbón de China disminuyó por primera vez en más de treinta años. Mientras tanto, el Gobierno chino está presionando para que haya una rápida expansión de la energía renovable. En Estados Unidos, las empresas de carbón están al borde de la quiebra debido al cambio en el mercado hacia las energías renovables y otras fuentes de energía. Por su parte, India y Rusia siguen dependiendo del consumo de carbón para mantener el crecimiento económico. Esto es posible únicamente gracias a las subvenciones: sin ellas, la electricidad generada a partir del carbón costaría el doble del precio actual.

El atlas está disponible en forma gratuita en versión en papel y digital en: www.boell.de/coalatlas

Posicionamiento Político de organizaciones sociales de América Latina y el Caribe hacia la COP 21

Noviembre 2015

Los abajo firmantes, organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe:

CONSIDERAMOS
Que la crisis actual no se trata únicamente del calentamiento global. Es también una crisis socio-económica, política, alimentaria, energética y ecológica. En suma, una crisis sistémica cuyas afectaciones son visibles a nivel global. Esta crisis tiene origen en el sistema capitalista que a su vez se sustenta en un modelo de producción y consumo extractivista, depredador de los bienes comunes y de la fuerza de trabajo, creado en función de favorecer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.
Entre los efectos de la crisis vemos el incremento de la discriminación y la violencia en especial contra las mujeres, las migraciones forzosas, la pérdida de soberanía sobre el patrimonio natural y la imposibilidad de seguir existiendo como comunidades originarias y de vivir en armonía con la Madre Tierra.

Si bien los impactos de la crisis climática son evidentes a nivel global, es en el Sur global donde esas consecuencias se están manifestando de forma aguda por medio de los eventos climáticos extremos, deslaves, deshielos, inundaciones, sequías, entre otras manifestaciones.
Para hacer frente a esta crisis creemos que es necesario un cambio de sistema, que modifique radicalmente nuestros patrones de producción y consumo, y que tenga como objetivo la protección del medio ambiente como forma de hacer posible la sustentabilidad de la vida.

DENUNCIAMOS Y RECHAZAMOS
1. Que el proceso multilateral de las negociaciones del clima, en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), ha conducido cada vez más a la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza y los bienes comunes, desatendiendo las verdaderas causas estructurales del cambio climático. Asimismo, en las tratativas los estados desarrollados han logrado salirse de sus obligaciones y responsabilidades históricas por la crisis del clima. Actualmente se cuenta con una negocación basada en promesas de reducción de emisiones y que implicaría a todos los estados miembros de la Convención.

2. La captura corporativa de la Convención del Clima, que debe ser combatida urgentemente como forma también de proteger el multilateralismo. Somos defensores de ese multilateralismo, crucial para que todos los países puedan participar en las negociaciones y que así los estados en desarrollo puedan reivindicar sus posiciones. No obstante, es necesario seguir alertando de la captura corporativa de la CMNUCC y luchar para erradicarla.

3. La aceleración de los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza como parte de las estrategias utilizadas por las corporaciones, basados en los principios de la economía verde, que no son otra cosa que falsas soluciones a la crisis climática. Esas falsas soluciones a su vez intensifican el acaparamiento de tierras y territorios y profundizan la violación de derechos de las comunidades locales. Así lo hemos reafirmado en la Conferencia Latinoamericana sobre Financiarización de la Naturaleza que realizamos en agosto de este año en Belém do Pará, Brasil, muchas de las organizaciones y movimientos sociales abajo firmantes.

4. Las falsas soluciones, que están siendo promovidas y profundizadas para el posible Acuerdo de París. Algunas de ellas son: los mercados de carbono, proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), transgénicos, agrocombustibles, megaproyectos hidroeléctricos, centrales nucleares, fractura hidráulica (“fracking”), agricultura climáticamente inteligente, manipulación en gran escala de los sistemas de La Tierra (Geoingeniería), Economía de los Ecosistemas y de la Biodiversidad (TEEB).

5. A las grandes empresas, instituciones financieras internacionales, agencias de desarrollo, entre otros actores que, en complicidad con muchos gobiernos, promueven los marcos institucionales para avanzar aún más en la mercantilización y despojo de nuestros territorios. De esa forma se otorgan nuevos derechos a las grandes corporaciones transnacionales por encima inclusive de la soberanía de nuestros pueblos. Esta arquitectura de la impunidad se expresa en los Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), el Acuerdo Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y todos aquellos que atentan contra la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Respaldamos el proceso de negociación en el marco del “Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”, creado por el Consejo de Derechos Humanos de ONU para instaurar un tratado legal que obligue a las corporaciones transnacionales a respetar los derechos humanos. Seguiremos vigilantes y activos en las negociaciones de ese Grupo de Trabajo.

6. El modelo de dominación y opresión que sustenta la deuda, que a través del pago de los servicios de la deuda externa e interna, continúa desviando los ya de por si limitados recursos existentes para la inversión social. Los recursos desviados podrían utilizarse para hacer frente a las consecuencias que el cambio climático tiene en la vida de nuestros pueblos. Hablamos de una deuda económica, pero también climática, social, ecológica.

DEMANDAMOS
En el camino para la construcción de soluciones reales a la crisis, es urgente:
1. Que los países desarrollados se comprometan a reducciones de emisiones drásticas en base a su responsabilidad histórica y capacidades respectivas, a transferencia de fondos para adaptación y mitigación del cambio climático en el Sur global y a transferencia de tecnologías.
2. Poner fin a los procesos de persecución, desaparición, torturas y asesinatos de luchadores sociales y defensores de los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, ordenados por corporaciones en América Latina y diversas partes del mundo. Además, parar con la represión y criminalización de la protesta social de parte de numerosos gobiernos.
3. La incorporación y reconocimiento de alternativas para el Buen Vivir, la sustentabilidad de la vida, la defensa de los bienes comunes y la Madre Tierra. En este sentido, reivindicamos las formas de vida de los pueblos indígenas y campesinos, y su cosmovisión en absoluta armonía con la naturaleza, basados en principios de justicia ambiental, social y climática.
4. Que se promueva la libre determinación territorial y el autogobierno, la soberanía alimentaria, un cambio global de la matriz de energía que lleve a la transición de los combustibles fósiles y de lugar a la soberanía energética, la economía solidaria y feminista, el manejo comunitario de los bosques y territorios y del agua. Esto hace parte del paquete de soluciones reales que consideramos urgentes para hacer frente a la crisis sistémica.
5. El cambio de sistema debe implicar una transición justa, a ser construida con los trabajadores y trabajadoras y el conjunto de la sociedad. Esta transición pasa además por asegurar el empleo decente, la libertad de organización, la garantía de derechos fundamentales como la negociación colectiva, la huelga, el acceso a la salud, el diálogo social, mecanismos que aseguren la recalificación profesional. Pasa también por el establecimiento de una amplia red de seguridad y protección social, entendida como un derecho humano, además de políticas públicas que garanticen formas de trabajo dignas.
6. En ese sentido, reivindicamos la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) desarrollada por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las América (CSA), que contiene entre otras cosas el marco y el camino de la transición justa que demandamos.
7. Estas ideas presuponen también la ampliación del concepto de trabajo, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y el equilibrio entre la producción y reproducción, para que esta última no sea una atribución exclusiva de las mujeres.

DESDE AMÉRICA LATINA NOS SUMAMOS A LAS MOVILIZACIONES
Estamos respaldando el proceso de trabajo e impulso a las manifestaciones de la Coalición Francesa, que aglutina a diversas agrupaciones sociales y organiza las actividades para que nosotros y nosotras, como pueblos del mundo, coloquemos nuestras denucias y demandas en París, y al mismo tiempo en numerosas partes del planeta.
Lo hacemos desde el acumulado que hemos trazado en las luchas y proceso comunes, en momentos como la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba (Abril 2010, y que tuvo su segunda edición del 9 al 12 de octubre pasados), la Cumbre de los Pueblos de Río+20 (Junio 2012), la Pre Cop Social de Isla Margarita (Noviembre 2014) y la Cumbre de los Pueblos de Lima (Diciembre 2014).

En este camino que estamos transitando llamamos a fortalecer los lazos de hermandad, solidaridad y acción, en procesos que apunten a la construcción de sociedades y colectividades justas, equitativas, donde los derechos de los pueblos y los de nuestra tierra se respeten.

Convocamos a profundizar las resistencias locales, regionales y globales contra la implementación de las falsas y peligrosas soluciones al cambio climático, al tiempo que aumentar la promoción de las verdaderas soluciones que ya existen y provienen de los pueblos.

Exhortamos a mantener las movilizaciones y la denuncia activa del curso de las negociaciones del clima, que favorece a las grandes corporaciones transnacionales y gobiernos de los países desarrollados.

Finalmente, llamamos a manifestarnos en todos los espacios y territorios para apoyar las más de dos semanas de movilizaciones de París 2015 (del 28 de noviembre al 12 de diciembre). Entendemos que esa instancia será un momento importante de convergencia con organizaciones y movimientos sociales de diversas regiones, en un camino mucho más largo por la justicia climática, que nos debe aportar para acumular fuerzas y seguir adelante en nuestras luchas comunes.

FIRMANTES
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA)
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina)
Marcha Mundial de las Mujeres (MMM)
Jubileo Sur/Américas
Grupo Carta de Belém
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

El cambio climático se la juega en París

La Cumbre del Clima, marcada por los atentados del viernes, arranca en la capital francesa el 30 de noviembre. Es la última oportunidad para un acuerdo global y vinculante de reducción de emisiones, pero los compromisos de los 195 estados no son suficientes para frenar el calentamiento global.

LUCÍA VILLA, publico.es

En los últimos 135 años el planeta no ha experimentado un mes tan cálido como el del pasado julio. La cantidad de gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera batió de nuevo todos los récords en 2014 y la extensión de hielo ártico disminuye a ritmos desconocidos. Son tres evidencias de que el cambio climático, el mismo que muchos negaron poco tiempo atrás, nos pisa los talones.

La Cumbre del Clima de Naciones Unidas que arrancará en París el 30 de noviembre pese a los antentados del pasado viernes que hicieron temer incluso por su celebración, supone la última oportunidad de hacerle frente. Una cita determinante en la que 195 estados tratarán por primera vez de alcanzar un acuerdo global y vinculante contra el calentamiento del planeta y sus impactos.

El objetivo a corto plazo es lograr una prórroga del frustrado Protocolo de Kioto, que venció en 2012, y que sólo obligaba a algunos de los países más desarrollados a reducir sus emisiones de dióxido de carbono (EEUU, Canadá o Japón, por ejemplo, no lo firmaron). En la cumbre que se celebró en Lima hace un año se entendió por fin que el acuerdo debía comprometer a todos, pero la meta es mucho más ambiciosa. Se trata de conseguir que la temperatura de la Tierra no suba a final de siglo más de 2ºC, el límite establecido por los científicos si se quiere evitar un desenlace catastrófico.

“Dos grados es el punto de no retorno, momento en el que, aunque las emisiones se redujeran a cero, la propia inercia del clima haría que se llegara de forma segura a los tres grados, y aquí los efectos son mucho más imprevisibles”, dice a Público Jonathan Gómez Cantero, climatólogo especializado en riesgos ambientales y miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), la mayor red de expertos sobre la materia. Este organismo calcula que, de seguir al ritmo actual, la temperatura del planeta subiría aproximadamente unos 4ºC en 85 años.

Pero poner de acuerdo a casi 200 mandatarios, con sus respectivos intereses, deja poco espacio al optimismo. De hecho, esta última cuestión llega a París ya fracasada. Según ha declarado la secretaria de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Christiana Figueres, sumando los compromisos voluntarios de reducción de emisiones que ya han presentado la mayoría de los países, estaríamos ante un escenario de un aumento de la temperatura de 2,7ºC, aunque otras fuentes creen que esta es una cifra optimista y que en realidad se sobrepasarían los tres grados. Sea la que sea, resulta del todo insuficiente.

¿No hay nada que hacer, entonces? Sí y no. El relativo éxito, al menos para salvar la buena imagen de la cumbre, estriba en un mecanismo para que todos los países revisen sus compromisos de emisiones contaminantes cada cinco años. Aunque en este punto hay amplio consenso, los flecos sueltos son numerosos. En el último borrador del acuerdo aprobado la semana pasada, (una maraña de propuestas entre corchetes en la que todo está aún por decidir) no se ha fijado todavía si habrá revisión, cada cuánto tiempo será y, en caso de haberla, si será para ampliar los compromisos y no reducirlos.

“Esto es a lo que se agarran los líderes políticos. Son conscientes de que no se han presentado compromisos suficientes y crean un mecanismo que permite revisarlos. Pero volver a preguntar a los países dentro de cinco años no implica que vayan a cambiarlos, pueden no hacerlo”, explica Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción.

La mala noticia no es sólo que en sucesivas cumbres nadie se mueva un ápice de lo ya comprometido, sino que el tiempo se agota. “El clima lleva una inercia. Es como un coche acelerado: si quieres frenarlo no puedes esperar al último momento. Personalmente sí creo que esperar cinco años a objetivos más ambiciosos sería demasiado tarde”, dice Gómez Cantero.

Además, tampoco hay acuerdo sobre el grado de legalidad del texto. La gran apuesta de la Unión Europea, que opera como un solo estado en la cumbre, es que se trate de un pacto vinculante que entre a formar parte de la legislaciones nacionales, del mismo modo que funcionan las directivas europeas de reducción de emisiones para los estados miembros. Pero aquí el principal obstáculo es EEUU, que suele entender este tipo de obligaciones como una injerencia política, como ya pasó con Kioto, y sin él un acuerdo no tiene sentido. El país norteamericano es el segundo más contaminante del mundo y el responsable del 14,4% del total de emisiones de CO2. Lo que no se contempla en ningún caso es aplicar sanciones.

Financiación insuficiente y sin garantías

El otro gran problema, como de costumbre, es el dinero. En el capítulo dedicado a la adaptación al cambio climático existe el compromiso para un ‘fondo verde’ de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, que es cuando entra en vigor el acuerdo. En principio, sólo los países desarrollados (aplicando criterios de 1990) son los que están obligados a aportar al fondo a través de financiación pública y privada, aunque ninguna empresa ha anunciado de momento que vaya a colaborar. China, por ejemplo, no está obligada a contribuir al fondo y esto es algo que se quiere negociar.

En cualquier caso la ONU ya alertó de que era una cifra insuficiente y de que, al menos, haría falta triplicar o incluso cuadruplicar esa cantidad. Los países menos desarrollados, que son lo que resultarían más afectados por el cambio climático, quieren que el acuerdo contemple un capítulo separado de ‘pérdidas y daños’, que supondría financiación aparte. Pero los países ricos y más contaminantes prefieren que este capítulo se incluya en el de ‘adaptación’, dentro de los 100.000 millones. Algunos países del sur han condicionado sus compromisos a que esto cambie.

Pero no es sólo un problema de cuantía, sino también de seguridad en la provisión: el acuerdo no contempla un método que garantice que el dinero va a seguir llegando año a año.

París es la cumbre de las cumbres, el encuentro para el que se han postergado todas las decisiones y donde el Gobierno francés, como anfitrión, se juega su reputación. El presidente François Hollande ha puesto en marcha todo su potencial diplomático para conseguir un acuerdo «histórico, definitivo y vinculante», consciente de que más allá del planeta, está en juego sobre todo su propia figura política. Lleva meses negociando con los principales mandatarios con la vista puesta en 1948, cuando Francia acogió la cumbre que aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Un fracaso se entendería como su fracaso y el de todo su ejecutivo en un momento en el que su popularidad no está precisamente por las nubes.

Pero aún así muy pocos son positivos y las esperanzas son tímidas, mucho más después del chasco monumental de la cumbre de Copenhague en 2009. Los grupos ecologistas, decepcionados por los políticos, prefieren poner ahora sus ojos en los movimientos sociales para combatir la mayor amenaza que enfrentará el mundo en los años venideros.

“El mal resultado de Copenhague se llevó por delante la lucha contra el cambio climático porque estaba demasiado volcada en el lobby político. Independientemente de que es necesario que en París se alcancen acuerdos, lo que es evidente es que el cambio climático no lo van a solucionar los políticos”, dice en conversación con este diario Juantxo López de Uralde, expresidente de Greenpeace España que fue encarcelado por intentar irrumpir en la cena de gala para líderes mundiales de la cumbre del clima en Dinamarca.

MAPDER XII: Un ventarrón de protesta se levanta en Jalcomulco

Encuentro XII Mapder

Jalcomulco, Veracruz, 12 de noviembre de 2015

En 2010 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer los 510 proyectos hidroeléctricos programados a nivel nacional para el periodo 2011-2015, de los cuales 112 corresponden al estado de Veracruz: presas, plantas hidroeléctricas, acueductos, trasvases, todo orientado a la privatización del recurso más vital, el agua. Los pueblos y organizaciones de la sociedad civil que participan en el XII encuentro nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), coinciden en que estos proyectos, lejos de contribuir al desarrollo social de las comunidades rurales y urbanas, son sinónimo de muerte y destrucción.

Los testimonios de resistencia y arraigo que nacen de los pueblos veracruzanos, en particular de Jalcomulco, donde se desenvuelve el encuentro, son tan dolorosos como esperanzadores para los diversos movimientos que acuden de todo el país al evento, pues aquí, a pesar de la represión y del poderío empresarial, muchos ríos siguen corriendo libres.

«Sacaremos a Odebrecht de la barranca»

Melesio García Morales, campesino de Limones, municipio de Cosautlán, inauguró la jornada de intercambio con sus corridos populares dedicados, entre otras, a la empresa brasileña Odebrecht, que desde 2010 amenaza con destruir la cuenca La Antigua. Este vasto sistema hídrico comprende los ríos Pixquíac, Pintores, Paso Limón, Texolo, Río Chico y Tlaltetela; atraviesa 12 municipios y soporta cerca de 1 millón de habitantes. Sus aguas caudalosas descienden por las faldas del Cofre de Perote entre barrancas y cascadas, para confluir a la altura de Jalcomulco y después seguir su camino pausado hasta el Golfo de México, ya como un sólo río: Los Pescados.

Por su ubicación geográfica pero sobre todo, por el valor de su gente, Jalcomulco es el centro neurálgico de la resistencia contra las represas proyectada por grandes potentados económicos nacionales y extranjeros sobre esta cuenca. A escasos 3 kilómetros río arriba, es donde la transnacional Odebrecht planeaba levantar la faraónica presa de derivación Propósitos Múltiples Xalapa.

Los habitantes de este poblado, famoso por su oferta ecoturística, fueron los primeros en desenmascarar este proyecto de muerte cuando en 2010 se acercaron personas desconocidas para hacer una Manifestación de Impacto Ambiental —aseguró Gabriela Maciel, vocera de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), la organización regional anfitriona del encuentro. Fue entonces cuando las y los jalcomulquenses comenzaron a entender el tamaño de la amenaza: no sólo se trataba de construir una cortina de concreto de 100 metros de alto por 700 de ancho a orillas del ejido de Tuzamapan –supuestamente para bombear y vender agua a Xalapa (1000 metros arriba) y generar energía eléctrica para la población–, sino de producir un conjunto de obras río arriba, incluyendo la presa Matlacobatl y el complejo de «mini-presas» Isletas 2, que serviría para impulsar el «desarrollo» de la economía maquiladora y la industria extractiva en la región.

«Nos dimos a la tarea de hacer una labor de información a lo largo de toda la cuenca, que incluyó 42 comunidades albergadas en 12 municipios», explicó Gabriela. El proyecto inundaría 400 hectáreas de tierra afectando las actividades pesqueras, la ganadería, la agricultura (café, caña, mango, limón, naranja, papaya) y el ecoturismo. Lo que es peor, la sismisidad de la zona auguraba un futuro funesto a Jalcomulco y a todas las comunidades ubicadas río abajo.

La lucha se intensificó en octubre de 2013 cuando los pobladores vieron entrar la maquinaria de Odebrecht. Para impedir que la transnacional colocara la primera piedra del gigante de concreto, los defensores del río instalaron un campamento en el predio Tamarindo, bloqueando la pequeña desviación carretera que conduce al sitio previsto para la obra. Así nacieron los «Centinelas del Río», habitantes de toda la cuenca que se turnan para vigilar la zona día y noche, los 365 días del año, desde enero de 2014. Esta lucha pacífica, documentada por el colectivo Espora en La Antigua: Sangre que nutre,  «ha logrado penetrar el corazón de cada uno de los habitantes que están en la cuenca alta y baja» celebró José Luís Hernández, del tal forma que Odebrecht no ha podido empezar a construir su presa.

Además, los defensores del río están llevando una lucha jurídica sin concesiones. Reunidos en la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, presentaron una demanda colectiva contra la empresa, la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Energía y el gobierno de Veracruz, ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Mixta, con sede en Xalapa, por «acción de obra peligrosa» que causa daños al medio ambiente. Las mil 800 personas que firmaron esta demanda siguen esperando la decisión del tribunal.

>> Audio: las palabras de Gabriela Maciel durante el encuentro

>> Video: Entrevistas con los defensores de los ríos del estado de Veracruz durante el encuentro

La presa El Naranjal

La codicia sobre los recursos naturales de Veracruz es enorme. El proyecto que quiere imponer la empresa Hidroeléctrica Naranjal SAPI de CV en el Río Blanco, afecta a las comunidades campesinas de ocho municipios: Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, Naranjal, Cuichapa, Yanga, Coetzala, Amatlán de los Reyes y Omealca. La empresa «ingresó a nuestras comunidades con engaños y violencia contra ejidatarios y comuneros que poseen las tierras», denunciaron durante el encuentro Lilia Jiménez Romero y Marta Galiote, habitantes de Amatlán de los Reyes y miembros del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, al cual pertenecía Noé Vásquez Ortiz, asesinado por sicarios durante el X encuentro nacional del MAPDER con sede en este municipio.

La lucha de Noé y de Defensa Verde también inició en 2010. Las visitas de agentes extraños que pedían permiso para realizar estudios de suelo en sus terrenos los alertó. Estos agentes encubiertos hacían creer a las comunidades que su objetivo era inventar nuevos fertilizantes para mejorar los cultivos y quienes se atrevían a impedirles el paso, empezaron a ser sujetos de intimidaciones, incluso armadas. Por un tiempo la constructora propiedad de Guillermo X González Guajardo, quien encabeza una red de empresas dedicadas al sector energético, consiguió realizar algunos estudios, pero muy pronto se tuvo que enfrentar al rechazo sistemático de los habitantes.

Prevista para 2013, la presa se encuentra parada gracias al trabajo de Defensa Verde, que junto a La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), se dio a la tarea de investigar e informar a las comunidades sobre los impactos del megaproyecto «para que la gente conozca sus derechos» y decidan libremente si van a vender o no sus tierras —dijeron las compañeras.

Según lo asentado en la Pre-audiencia sobre «Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad» del Tribunal Permanente de Los Pueblos (TPP), El Naranjal afectaría mucho más que la vida de los ríos, también mermaría la agricultura, la ganadería y el ecosistema en su conjunto.

De realizarse, El Naranjal sería la hidroeléctrica más grande de Veracruz y la novena del país. Las aguas embalsadas de los ríos Blanco y Metlac serían desviadas a través de un canal de 23 kilómetros antes de llegar a la casa de máquinas, consistente en 2 turbinas con potencia de 180 megavatios cada una. Sin embargo, ante la creciente oposición de la gente, la empresa tuvo que modificar el proyecto inicial y ahora propone enterrar el canal a unos 100 metros de profundidad. Pero a la gente no le bastó el argumento. «El problema es que el agua del río Blanco es muy sucia porque las industrias descargan sus desechos químicos allí y tememos que contaminen nuestros mantos acuíferos en caso de fisura», explicó Lilia Jiménez Romero en entrevista.

«Tenemos que luchar por nuestras tierras, por nuestra gente, por nuestras familias, por nuestros ríos», insistieron las compañeras de Amatlán ante el pleno. «El objetivo es que la empresa no lleve a cabo el proyecto en nuestras tierras porque no lo estamos pidiendo, son ellos que lo quieren imponer y deben respetar nuestra decisión».

Entre las acciones de defensa jurídica, se interpuso un amparo contra las dependencias que dieron los permisos a la empresa sin informar a las comunidades, pero éste fue rechazado por el juzgado de Córdoba. Ahora está en proceso de revisión ante el magistrado en Boca del Río. Mientras tanto, los promotores del proyecto siguen con su campaña de mentiras esperando así consumar el despojo.

>> Audio: El testimonio del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre

>> Mapa: los proyectos de represas y trasvases en el estado de Veracruz

La defensa del río Atoyac contra los trasvases

En el 1998, el ex-gobernador de Veracruz Fidel Herrera manifestó su intención de construir un acueducto para llevarse el agua del río Atoyac, que nace en las alturas del municipio de Amatlán, hacia la ciudad de Córdoba. «Nos movilizamos contra este proyecto porque el río sustenta el sistema de riego de 120 mil hectáreas de cultivos básicos de los municipios de Atoyac, Carrillo Puerto, Yanga, Cuitláhuac y Amatlán», explicó en entrevista José Enedino González Nava, presidente de Pueblos Unidos Pro Derechos Constitucionales A.C. «Iban a sacar muchísima agua: 14 pulgadas por segundo», puntualizó.

Como salido de ultratumba, el proyecto revivió en 2012 y fue necesario instalar un campamento en la localidad de Ojo de Agua Grande para impedir la entrada de la maquinaria. Al igual que en Jalcomulco, el campamento se ha mantenido para enfrentar cualquier reactivación de la construcción y recibe regularmente visitas solidarias de organizaciones veracruzanas, nacionales e internacionales.

Todavía en 2014, el ayuntamiento de Amatlán propuso derivar las aguas del Atoyac hacia la zona industrial vecina donde se ubican empresas como Bimbo, Coca Cola y San Roque. Las consecuencias de la reiterada movilización y rechazo público por parte de los defensores del río fueron claras: «las autoridades nos dejaron sin obras y casi sin programas sociales», aseveró José Enedino.

>> Audio: El testimonio de José Enedino González Nava ante el pleno

La cuenca del Bobos-Nautla y las mini-hidroeléctricas

Existen 22 proyectos de hidroeléctricas en esta cuenca ubicada en el norte del estado, entre los cuales están las tres «mini-hidroeléctricas» (PH1, PH3 y Ocampo-Cuetzalin) que promueve la española Impulsa Generación Renovable (IGR) sobre el río Jalacingo. «Nuestra lucha ha sido difícil», sopesó Aurora Juárez Barriento, de la comunidad de Epapa, quien forma parte de la Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Bobos-Nautla.

Desde el 2009, la Alianza ha contenido la construcción de los «mini» proyectos y evitado sus «mega» afectaciones. En abril de este año, los habitantes de Jalacingo ganaron un amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, que ordenó la suspensión provisional de las tres obras, evitando «que se afecte el entorno ecológico de las comunidades indígenas, en específico el derecho humano al agua, impidiéndose un daño irreversible en los manantiales situados en dichos sectores desprotegidos de la vida nacional», como indica el fallo de tribunal.

Ganaron una batalla pero siguen en resistencia contra la campaña de desinformación de IGR. «Hace unos 15 días estuvieron los de la empresa con integrantes de Pronatura (una organización ambientalista). Llevaron oficios a las autoridades comunitarias porque dicen que quieren dar pláticas a los niños y a los jóvenes y hablar de la importancia de la reforestación que están haciendo», contó Aurora. «En ese oficio dice que para aminorar los impactos que van a causar las hidroeléctricas van a reforestar y enseñar a los niños a cuidar a la naturaleza. Que contradicción!» —se ofendió.

Además de enfrentar la hipocresía, los opositores a las presas son señalados por la autoridad municipal que los acusa de estar «en contra del progreso» de su comunidad. «Vamos a seguir en resistencia», aseguró la luchadora.

>> Audio: El testimonio de Aurora Juárez Barriento

Teocelo protege al Río Matlacóbatl

Los habitantes del municipio de Teocelo, organizados en la Asamblea Matlacóbatl Teocelo (AMA Teocelo), combaten desde el 2012 la construcción de dos proyectos complementarios de «mini-hidroeléctricas» que fueron autorizados sin la más mínima consulta de las comunidades afectadas. El primero, Sistema de Generación Hidroeléctrica Matlacóbatl, es un proyecto de Constanza Energética, SA de CV. sobre el río Matlacóbatl (Serpiento Azul en nahuatl), al sur de Xalapa, en la cuenca de La Antigua. El segundo, bautizado «Isletas», está a cargo de Perseveranza Energética, SA de CV. e involucra a los municipios de Coatepec y Xico. Las tres «mini-hidroeléctricas» de Isletas afectarían irremediablemente a los ríos Texolo, Limón y Pintores. Ya que por más «minis» que sean, «el impacto ambiental es el mismo», sentenció Cristel Martínez, habitante de Teocelo e integrante de AMA Teocelo.

En este caso, los empresarios amenazan con destruir la barranca Matlacóbatl, «un lugar de diversidad increíble» reconocido por la Convención Ramsar relativa a los humedales de importancia internacional. A su vez las cascadas del Infiernillo y Tocuapan, reconocidas por la gente del lugar, prácticamente desaparecerán.

>> Audio: El testimonio de Cristal Martínez de AMA Teocelo

Los desplazados de Barranca Grande

En 2008, la comunidad de Barranca Grande, ubicada en las cañadas del municipio de Ixhuacán de los Reyes, sufrió un deslave que destruyó una decena de viviendas y cobró la vida de dos personas. Con este pretexto, la comunidad fue decretada zona de desastre y se dio inicio a la reubicación de 355 familias en la flamante ciudad rural de Barranca Nueva, construida a unos 10 kilómetros de ahí.

Las medidas de presión para forzar a la gente a mudarse a las «nuevas casas lujosas de cartón» —como las califican los habitantes más renuentes al desplazamiento— han ido en aumento: primero se les negó la educación a los hijos de las familias que decidieron quedarse en Barranca Grande de tal forma que la escuela del pueblo se ha quedado sin maestros; ahora el Instituto Federal Electoral se niega a empadronar a estas familias, como una medida para evitar el regreso de muchas otras que empiezan a entender el tamaño del engaño y que lamentan su nueva situación. En efecto, al mudarse a Barranca Nueva, tuvieron que dejar sus tierras y sus huertos, que eran precarias pero verdaderas fuentes de sustento cotidiano.

Hoy, la comunidad se encuentra fatalmente dividida. No son raros los casos de jefas de familia que se mudaron a la ciudad rural para garantizar la educación de sus hijos, dejando a sus maridos a cargo de las antiguas viviendas, más amplias y mejor acopladas a los gustos y necesidades de la gente. Mientras algunos desplazados retornan hacia el paraíso ecológico que dejaron al fondo de la barranca, otros siguen a la espera y comienzan a poner en duda las verdaderas intenciones del gobierno. ¿Desde cuándo las autoridades veracruzanas se han preocupado por la seguridad de los asentamientos humanos? ¿No fueron las propias autoridades de protección civil las que reubicaron en Barranca Grande a las víctimas del huracán de 2008?

El crecimiento de lucha contra las preseas, así como la articulación desde 2010 de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), no han hecho más que profundizar una sospecha que se lee en el paisaje: tal vez, al desplazar a los habitantes de Barranca Grande, el gobierno estaba preparándose para instalar sus presas e inundar la cuenca alta de La Antigua.

>> Audio: Testimonio de uno de los desplazados de Barranca Grande

  VIDEO: Habitantes de Barranca Grande vs el desplazamiento

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El agua de Veracruz, abundante pero amenazada por la contaminación y la privatización

Jalcomulco, Veracruz, miércoles 12 de noviembre de 2015

«El problema en Veracruz no es la escasez del agua, sino su calidad», analizó Hipólito Rodríguez durante el XII Encuetro Nacional del Moviemento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rios (MAPDER) en Jalcomulco, Veracruz. El investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Unidad Golfo, Xalapa) recordó que la entidad con sus seis cuencas (Panuco, Pantepec, Nautla, Antigua y Papaloapan y Coatzacoalcos) representan el 30% del agua que escurre en todo el país. Esta abundancia se debe a importantes precipitaciones y a numerosos bosques que capturan la humedad, pero está amenazada por la contaminación industrial. «Muchas industrias como la industria del azúcar obtienen grandes ganancias pero no invierten en el tratamiento del agua que utilizan, causando problemas de escasez en ciertas zonas donde el agua ya no puede ser utilizada para el consumo humano», explicó el investigador, miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA).

 

En ciertas ciudades, al problema de la contaminación se suma una mala gestión de la distribución de agua potable como en la ciudad de Xalapa donde se registran muchas fugas. ¿Cómo las autoridades de la capital del estado piensan resolverlo? ¿Invirtiendo en nuevas infraestructuras o darle mantenimiento a las existentes? No. Construyendo una presa de 100 metros de altura y 700 metros de ancho en Jalcomulco para trasladar agua limpia del río Pescados a los capitalinos. Este proyecto, conocido como «Propósitos Múltiples Xalapa», promovido por el gobierno estatal y llevado por la empresa brasileña Odebrecht, fue detenido hasta el día de hoy gracias a la movilización de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL). Este tipo de infraestructura «no resuelve nada», advirtió Hipólito Rodríguez, según quien urge «que las ciudades aprendan a cuidar el agua.»

«Los ríos son de la población»

En vez de promover gestiones comunitarias y sustentables del agua cuenca por cuenca, muchas municipalidades prefieren entregar los servicios de distribución de agua potable al sector privado. En Xalapa, Odebrecht no sólo quiere construir una presa sino también gestionar el sistema municipal de distribución del agua. Ya lo logró en la ciudad de Veracruz, donde acaba de obtener un contrato de 30 años para gestionar su sistema de agua junto con la empresa Aguas de Barcelona, filial del grupo francés Suez  Environnement.

No dejar el manejo de las cuencas a las poblaciones locales puede llevar a que ocurran aberraciones. Como quitar el agua de los Veracruzanos para alimentar hogares y empresas en otros estados. De esta lógica nació un proyecto de presa en el río Panuco para desviar agua hacia la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, donde a pesar de la escasez de agua se están multiplicando los proyectos de extracción de gas de lutita. Este gas no convencional se extrae mediante la técnica ultra contaminante de la fractura hidráulica, que consuma millones de litros de agua. Hipólito Rodríguez invitó al público a «participar en consejos de cuencas ciudadanos» para enfrentar la amenaza de la privatización, recordando que «los ríos son de la población.»

>> AUDIO de la presentación de Hipólito Rodríguez

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